SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:12).

               –Buenos días. En la sesión de hoy vamos a analizar el inciso 35, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Damos la bienvenida a los integrantes del directorio del instituto y al resto del equipo que los acompaña.

SEÑORA FULCO.- Buenos días para todos. Es un placer y un honor estar aquí. Voy a presentar al equipo de trabajo que nos acompaña. A mi derecha está el director Álvaro Viviano y también están presentes la contadora Laura Medina, el doctor Diego Camaño, la asistente social Betty Policar, las doctoras Andrea Caffiro y Alicia Díaz y el gerente de la institución, señor Barragán.

               En aras de economizar el tiempo, como se pedía, voy a hacer un resumen de lo que ha sido el trabajo en el último período. Mientras que se resuelve un tema técnico para poder proyectar las estadísticas, voy a comenzar a hacer algunos comentarios para ilustrar a los señores senadores sobre lo que ha sido el volumen de trabajo y a cuánto asciende la población de jóvenes privados de libertad.

               El primer cuadro muestra la población atendida según género, por mes y el segundo cuadro va a referir a la población atendida por edad, por mes, señalando a la franja entre 16 y 17 años como la de mayor concentración.

               La población alcanzó la mayor concentración de adolescentes privados de libertad en el mes de febrero, con 687 y en noviembre, con 685, respectivamente. Hasta la fecha, el total de la población atendida es de 459. Hemos tenido entonces una oscilación que promedia los 500 jóvenes.

               A fin de cumplir con la misión prevista en la ley de creación del Inisa, los datos relativos al personal destinado al trato directo son los siguientes. Tenemos 87 coordinadores, lo que representa un promedio de 5 por centro para hacerse cargo de 6 turnos. En realidad, sería necesario un coordinador por cada centro y un séptimo funcionario que permitiera cubrir el usufructo de licencias reglamentarias de los seis trabajadores fijos.

               Asimismo, hay 508 educadores distribuidos en 6 turnos, lo que arroja un promedio de 4 educadores por turno y, de alguna manera, esto dista mucho de una relación ideal educador–educando  de dos a uno, lo que permitiría intervenir con mayor eficiencia en el proceso socioeducativo.

               Con respecto al área de asistencia técnica que asesora al sistema de justicia en el Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación –Ciedd–, cabe destacar que hay 9 técnicos profesionales asignados al área pericial para un promedio de jóvenes que oscila entre 80 y 100 ingresos, y la tarea debe ser cumplida en un plazo de aproximadamente veinte días; me refiero a la remisión de informes en el período cautelar.

               A modo de recordatorio, simplemente queremos dar un marco a la información y poner un énfasis en que nuestra guía está asentada en todo lo que tiene que ver con la normativa internacional y nacional vigente en materia de protección; en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aludiendo específicamente al Objetivo 16, cuyo texto comienza refiriéndose a la «promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles». El Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016-2020 también nos comprende, aunque no lo voy a leer porque sé que los señores senadores tienen conocimiento de su contenido.

               Quisiera recordar que cuando hablamos de población vulnerable o vulnerabilizada tenemos en cuenta que es algo que, en general, deviene de procesos tempranos, de situaciones difíciles que llamamos de victimización temprana. Se trata de niños y adolescentes que en una etapa crucial y de alta complejidad para su desarrollo llegan de alguna manera a esta situación de privación de la libertad; en consecuencia, son ciudadanos con un mayor grado de vulnerabilidad en la mencionada situación de pérdida de su libertad. Estos jóvenes se encuentran alejados de su familia, en un período difícil de su vida transitan por situaciones difíciles y están bajo las medidas de control social punitivo. Sin embargo, no han perdido sus derechos y eso es lo que debemos tener en cuenta cuando delineamos una política de intervención a nivel del sistema de privación de libertad.

               Me gustaría agregar que en este período se han dado logros importantes y avances en aquella tarea para la cual nos comprometimos; me refiero, fundamentalmente, a generar la estructura de una nueva institucionalidad y, sobre todo, a dotar de contenido a esta privación de libertad para que la rehabilitación sea efectiva en este tramo durante el cual los jóvenes están con nosotros.

               En ese sentido, entendemos que no solo se trata de la rehabilitación sino que hay un después del egreso que hemos estado fortaleciendo para que estos jóvenes –algunos aún con ciertas dificultades– puedan tener un acompañamiento al egresar; tema del que daremos cuenta más adelante.

               A continuación, haré mención a los principales ejes de intervención que hemos tenido. En el año 2015 pudimos aprovechar el Programa Justicia e Inclusión financiado por la Unión Europea que nos brindó algunas herramientas para el diagnóstico sobre la situación del sistema; de ahí se desplegaron las primeras instancias de formación en todos los niveles. Por lo tanto, hoy en el Inisa tenemos formación continua en clave de derechos humanos, que es sumamente necesaria para ir preparando a todo el personal en una visión diferente respecto a la privación de libertad.

               Otro de los principios ha sido la tolerancia cero a cualquier forma de violencia institucional, razón por la cual hicimos una revisión de los protocolos de seguridad, sanciones y visitas con el apoyo de la oficina de la coordinadora residente de las Naciones Unidas, de Unicef y de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Eso nos permitió, junto con una consulta internacional con expertos, “aggiornar” y ajustar los protocolos de seguridad, sanciones y visitas a la normativa internacional que ya está funcionando plenamente.

               Además, se diligenciaron ochenta y cuatro investigaciones administrativas y diecinueve procedimientos de instrucción de sumario administrativo. Como consecuencia de esos procedimientos, se llegó a la cifra de dieciséis funcionarios separados del cargo. Asimismo, se presentaron alrededor de ochenta y cuatro denuncias penales.

               Por otro lado, contamos con el Ciedd –Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación–, ya que  al cumplirse el plazo judicial de noventa días y habiéndose definido la imposición de una medida socioeducativa, el adolescente debe ser derivado a un centro de permanencia. Al resultado emergente del estudio, se agregó la creación de una junta de traslado como segunda instancia de evaluación y transparencia para ajustar algunas dificultades percibidas dentro del sistema. Eso brinda mejores garantías y ayuda a que la derivación se ajuste básicamente al perfil detectado en cada uno de los jóvenes.

               También se crearon las juntas de tratamiento en cada centro de permanencia. Se trata de un órgano interdisciplinario a cargo del diseño de un plan personalizado para el desarrollo de la media socioeducativa, la correcta evaluación de posibles sanciones, la remisión de informes al sistema de justicia sobre solicitudes de medidas sustitutivas, permisos de salidas domiciliarias, permisos de inserción en cupos laborales externos por convenio y la coordinación con el núcleo familiar. Las juntas de tratamiento constituyen hoy un importante pulmón para el sistema en tanto su interdisciplinaridad y articulación con el exterior habilitan muchas más posibilidades para los jóvenes, sobre todo en cuanto a las salidas y permisos educativos y laborales.

               Se instalaron programas de salud mental a partir del desarrollo de grupos terapéuticos y de atención a las adicciones, tema que no es menor porque diariamente se trabaja a nivel grupal e individual en problemáticas básicas que llevaron a pasar del impulso al acto, que también son determinantes y están en las raíces de la comisión delictiva. Los grupos psicoterapéuticos, que hoy funcionan en el 100 % de los centros, trabajan en el manejo de la ira, en temas de convivencia, de respeto de valores, de solidaridad y en cuestiones relacionadas con su historicidad y su familia. Por eso decía que dotar de contenido a la privación de libertad tiene todos estos puntos que son esenciales a la hora de la intervención.

               También se creó la figura del retén, que consiste en la atención psicológica social las 24 horas posteriores a la ocurrencia de algún incidente, que puede ser un conflicto entre pares, un intento de autoagresión, de fuga o cualquier otro hecho que amerite una intervención de urgencia. En ese caso, se dispone, por guardias, que un psicólogo atienda en las primeras 24 horas al joven, trabaje con él y su familia, que también es convocada. Nosotros insistimos mucho en que la familia no puede quedar afuera de este proceso, porque continúa siendo un proceso de crianza por la edad que tienen los jóvenes. Por lo tanto, tiene que estar en conocimiento de lo que ha pasado con su hijo y saber por qué se aplica una sanción en determinado momento. Quiere decir que se busca el apoyo de los padres y que todo transite como una medida grupal entre el servicio técnico, los padres y el joven que ha cometido alguna infracción interna.

               Por otro lado, también hemos dicho que la educación se iba a constituir en el centro de los programas de rehabilitación. La franja etaria de 13 a 17 años y más, requiere dar continuidad al proceso educativo y para eso se estableció una meta de estudio de 365 días apoyada en un convenio con el Consejo de Educación Secundaria. Esto nos pareció sumamente importante, porque no podemos seguir el ritmo común, de afuera, en el sentido de que las clases terminan el 30 de noviembre y retoman en marzo o abril, porque nos quedan muertos, desperdiciados, los meses de diciembre, enero y febrero; el asunto es exprimir el tiempo al máximo tratando de recuperar el rezago educativo que pueda tener el joven.

               Entonces, se inauguró el Centro de Educación Inclusiva Adolescente, que hoy tiene la sigla Cedina, en el Complejo Belloni. Esto ha sido un paso sustancial, como decía, para reafirmar la prevalencia de la educación como eje estructurante de la rehabilitación. A ello se sumaron talleres de plástica, escritura, cine foro, teatro, informática, comunicación, expresión en comunicación, cestería, ajedrez, orfebrería, artesanía, huerta, boxeo, panadería, repostería, hip hop, tambo, etcétera. Tratamos de representar todas estas actividades en este video que estamos mostrando que es un compendio que hicimos porque no nos daría el tiempo de detenernos en cada una de las oportunidades de oficios y expresión que se han incorporado al sistema. Se impulsó, sobre todo, el desarrollo del deporte, a partir del fútbol, rugby, canotaje y equitación, no solamente porque estamos en una etapa donde el desarrollo físico debe ser acompañado de la correspondiente posibilidad de un mejor fortalecimiento, sino también por todo lo que sabemos que incluye en cuanto a la convivencia, a la integración de valores, solidaridad y, sobre todo, despejar la cabeza de la situación de privación de libertad en la que están. Dentro de los buenos resultados que ha tenido podemos destacar la enorme baja en la demanda de psicofármacos. Por lo tanto, esto nos demuestra que estamos bien en cuanto a la protección de la salud mental.

               El Plan Ceibal también desembarcó con fuerza previéndose el otorgamiento gradual de una tablet para cada interno como apoyo al proceso educativo y el acceso a la cultura. Entonces, como necesariamente se quedan un tiempo en la habitación, después del almuerzo, para que no sean horas vacías, el joven puede estar, como en cualquier casa, con su tablet, jugando, accediendo a material cultural o haciendo algún deber que le quede pendiente que fue determinado en horas de la mañana cuando generalmente se desarrollan las áreas educativas. Esto es progresivo; ahora nos faltan algunas tablets para cubrir las necesidades de los internos, pero nos pareció que era un paso importante y además un derecho, pues si estuvieran afuera tendrían la misma posibilidad.

               Habitualmente se dice que la voz de los jóvenes debe ser escuchada en las etapas de planificación de programas  –tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño– y es por ello que hoy cada centro cuenta con sus delegados elegidos por medio de un proceso eleccionario garantista, en el que han participado el cien por ciento de los internos. Le damos un gran valor a esto, que es un paso inédito dentro de este sistema; no se había introducido hasta la fecha. Más allá de la construcción de ciudadanía, por medio de un proceso de elecciones, de campañas de cada uno de los jóvenes que quisieron ser candidatos a delegados, para lo que se desarrollaron varias actividades a tales efectos, hoy en día estamos construyendo un nuevo rol, ya que ellos participan mensualmente en nuestro directorio –instancia en la que pueden plantear sus inquietudes e iniciativas y aquellos aspectos negativos que pueda haber–, pero también cada 15 días participan de las juntas de tratamiento en sus propios centros o módulos. En ese ámbito, pueden volcar sus inquietudes al equipo interdisciplinario. Cabe destacar que la introducción del rol del delegado tuvo una repercusión en la baja de los niveles de conflictividad que había en los centros. De modo que, en términos de contenido en los procesos socioeducativos, este ha sido un paso muy importante.

               En cuanto al área de la salud, debo señalar que es en la que tenemos más dificultades en tanto tenemos un escaso número de personal, sobre todo, a nivel de salud mental, pues contamos solamente con dos psiquiatras. Me acaban de decir que uno se ha jubilado, así que tenemos solo uno. Obviamente, esta es un área que necesitamos reforzar. No obstante, en términos de salud se avanzó y se mejoró mucho. Por ejemplo, se destaca la alimentación; toda la población está inmunizada y tiene su esquema de vacunación al día; se dispone de un excelente servicio odontológico que, al inicio de 2015, se pudo instaurar gracias al apoyo económico de la Unión Europea –por tanto es un servicio de primer nivel– y funciona en el centro de ingreso, por lo que cuando se determina el centro de permanencia el joven sale hacia allí con la atención odontológica resuelta; se brinda información sobre prevención en el área de la salud y se está trabajando en la historia clínica electrónica, lo que facilita mucho el trabajo.

               Por otra parte, el programa reinserción social y comunitaria ha tenido un importante cambio de orientación y en la actualidad participa en las juntas de tratamiento en los centros de permanencia. Este es un cambio a nivel de las articulaciones internas determinado por nosotros, con el fin de planificar con anticipación el proyecto a futuro de cada uno de los adolescentes.

               El convenio con Mides - INJU por medio de Jóvenes en red asegura el apoyo al egreso de los jóvenes en todas las áreas, así como a la familia y, con igual propósito, se articula con el INAU, a través de la División Atención Integral a la Familia, el fortalecimiento de la continuidad de estrategias en la prevención terciaria del delito, que es lo que nos compete. Como dije al principio, procuramos asegurar el acompañamiento al egreso, por el tiempo que cada joven necesite, el que, obviamente, es distinto en cada uno de ellos. En general, son familias que ya han sido detectadas y con las que el Ministerio de Desarrollo Social ha trabajado o está trabajando. En estos casos, se incorpora la visión de que la situación de privación de libertad de uno de sus miembros genera matices en la familia y hace que requiera de ese apoyo. También se apunta a asegurar la continuidad de los ciclos educativos y de otros oficios que se hayan aprendido o alguna integración en las áreas laborales que nos han permitido llevar adelante los convenios que firmamos. Hemos concretado convenios públicos y privados los que, hasta la fecha, brindan 274 plazas educativas laborales ocupadas y 21 pasantías laborales educativas.

               Para cumplir con el principio de que la privación de libertad debe ser el último recurso, uno de los cambios sustantivos lo constituye el nuevo modelo para el desarrollo de las medidas no privativas de libertad, que fuera presentado en noviembre de 2015 al sistema de justicia.  Nos pareció un paso importante porque habíamos vislumbrado que las medidas no privativas de libertad no tenían mucha fuerza en su desarrollo y, generalmente, eran escasas. Entendimos que la falta de algunas garantías para que el sistema de justicia las otorgara era un tema en el que debíamos intervenir.  El modelo fue modificado, se presentó al sistema de justicia y a las organizaciones con convenio y a partir de allí se impulsó la creación de una comisión que comenzó a trabajar en marzo de este año y que está integrada por dos jueces designados por la Suprema Corte de Justicia, dos fiscales designados por la Fiscalía, dos defensores, una representación de las organizaciones en convenio y nosotros. Lo que ha aportado Unicef es el financiamiento de una experta internacional con la que estamos trabajando para protocolizar el modelo, el que estará pronto para el 30 de noviembre. Eso nos permitirá estandarizar la respuesta de las medidas no privativas a nivel nacional.  Por tanto, no importará dónde el joven esté desarrollando una medida no privativa porque será igual en cualquier punto del país, tanto en lo que administra el INAU, como nosotros en Montevideo, Canelones y Lavalleja. Nos parece que se trata de un paso importante para revertir lo que se tenía y cumplir con el principio de que la privación de libertad debe ser el último recurso. Consideramos que es un paso significativo, más aun contando con una comisión en la que están representados todos los organismos competentes en la materia.

               Por otra parte, el programa de semilibertad también ha sido rediseñado, está dando sus primeros pasos y tenemos la seguridad de que brindará un servicio de mejor calidad que alcanzará a un número mayor de beneficiarios, en línea con lo que ocurría con las medidas no privativas o sustitutivas. En ese sentido, como decíamos, la junta de tratamiento es un pulmón importante para promover la medida sustitutiva y estar, en forma permanente, informando a los jueces, solicitando su presencia en los centros y explicándoles que a cierta altura del proceso de la medida socioeducativa, algunos jóvenes estarían en condiciones de pasar a una medida sustitutiva,  porque más tiempo en el sistema no aportaría grandes beneficios sino que, por el contrario, podrían sobrevenir los efectos de lo que se conoce como «prisionización». Por tanto, ser proactivos en el pedido de medidas sustitutivas también es un cambio cualitativo importante.

               En la reestructura administrativa se ha contado con el estrecho apoyo de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la que agradecemos día a día. Se diseñó el organigrama de la institución con la descripción de objetivos generales, específicos y funciones de cada uno de los sectores hasta el nivel de departamentos. Además, la Oficina Nacional del Servicio Civil colaboró en el proceso de regularización de los talleristas, verificando en cada una de las carpetas toda la documentación requerida para el ingreso a la función pública y definiendo el escalafón que le corresponde a cada uno de acuerdo con la función desempeñada y la formación mínima requerida. También nos ha apoyado en otras cuestiones en la estructuración de la nueva institución con la separación del INAU. Por ese motivo, se realizan consultas diarias desde el área administrativa.

               Por otra parte, la Dirección Nacional de Seguridad se ha construido de cero –es importante decirlo también–, en base a una rigurosa selección y capacitación del personal que está equipado con tecnología de cámaras coproup para el registro de las intervenciones y brindar garantías en la protección de los derechos de los jóvenes y de los funcionarios. Sin embargo, todavía nos quedan algunas áreas para fortalecer en este sistema de seguridad. Aspiramos a tener, en algún momento, escáneres de alta tecnología para el control de ingreso de sustancias y elementos no prohibidos. Estos controles ayudan a combatir situaciones de corrupción y también en ese sentido los apoyos económicos son importantes.

               Para el proyecto de construcción del nuevo complejo en el predio de La Tablada  –con  fondos ya otorgados– se constituyó un fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que está en la etapa de anteproyecto. En realidad, próximamente comienza la etapa de la licitación para la que se contó con la colaboración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y también del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

               Estos dieciocho puntos y un poco el respaldo de lo que los senadores están viendo allí como despliegue de actividades, son apenas un resumen del esfuerzo creativo y la perseverancia por sacar adelante a esta institución en crecimiento. Siempre va a quedar mucho por hacer porque este tipo de instituciones continuamente se tienen que revisar, en la medida en que la población privada de libertad –sea joven o adulta–, va cambiando y modificando su perfil, con el paso del tiempo, con los cambios sociales, económicos, los impactos de la globalidad la criminalidad a nivel mundial y el crimen organizado. Consideramos que es una tarea continua y siempre debe ser revisada en tiempos prudenciales –estimamos que debe ser un año– sobre todo en prácticas de contenidos, de cambio de cultura, de ajustes de protocolos y de intervención. Siempre estamos hablando de una tarea de largo plazo, más allá que obviamente en algunas emergencias tenemos que definir qué intervenimos primero y cuál es el mediano y el largo plazo para algunos componentes del sistema.

               Entendemos que en la actualidad el equipo y el sistema están ordenados. Los niveles de conflictividad han bajado sustancialmente y los jóvenes están casi en un cien por ciento ocupados en las actividades que hemos mencionado. Hay una actividad continua en los centros. Si los señores senadores han tenido la oportunidad de hacer alguna visita lo han podido ver. Las áreas, sobre todo de salud, educación y de intervención, específicamente en lo que se llama la medida socioeducativa, están desplegadas y seguirán creciendo y por supuesto que hay otros planes e intervenciones que se han llevado adelante en el presente año que nos auguran un crecimiento positivo y continuo. Tenemos muchas esperanzas de que al finalizar el período vamos a dejar una plataforma sólida e importante de esta nueva institucionalidad y a partir de allí habrá que seguir mejorando y creciendo.

               Para repartirnos un poco el trabajo solicito autorización a la señora presidenta para cederle el uso de la palabra al director Viviano que se va a centrar específicamente en el tema del articulado.

SEÑOR VIVIANO.- Desconozco la mecánica de la comisión, simplemente voy a pautar cómo fue el proceso de elaboración del articulado.

               Obviamente, hubo una discusión previa con el Ministerio de Economía y Finanzas en diferentes etapas, lo que nos permitió arribar a un número importante de artículos en esa propuesta que, naturalmente, no tienen costo.

Luego hubo una serie de propuestas –que consideramos vitales para el funcionamiento del organismo y que fue lo que justificó, en definitiva, la presentación de una propuesta independiente– en función de las facultades otorgadas por el artículo 220 de la Constitución. Contienen algunos artículos vinculados al funcionamiento y a la corrección de cuestiones no previstas en la ley de creación del organismo y otros que tienen claramente un impacto presupuestal en cuestiones que creemos que, hoy por hoy, son vitales para consolidar la separación con el INAU, formando dependencias y unidades que no existen actualmente y que, sin recursos adicionales, no podrían llevarse adelante. En segundo lugar, se trata de fortalecer la generación de un proyecto de gestión independiente de la administración del gobierno de turno. En tercer término, obviamente se busca promover y diseñar la expansión de los servicios a una competencia nacional que otorga la ley a esta institución y que, obviamente, con los actuales medios no puede desplegar.

Eso ha dado lugar a un número importante de artículos propuestos originalmente que luego fueron agregados a una propuesta adicional, y otros que fueron tratados, analizados y contemplados por la Cámara de Representantes. Sin perjuicio de la dinámica de trabajo de la comisión, si se entiende oportuno podemos comenzar a comentarlos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Como es de estilo, se hace una presentación general –que acaba de realizar la señora presidenta Fulco– y, no habiendo ninguna intervención respecto a las generalidades, ingresamos al análisis del articulado. En general, se presenta artículo por artículo y luego los senadores hacen preguntas. Esa es la dinámica de trabajo.

SEÑOR VIVIANO.- En la propuesta inicial del instituto que formó parte del proyecto del Poder Ejecutivo en el artículo 221, y del aprobado por la Cámara de Representantes y remitido al Senado con el número 215, se corrige en definitiva y se otorgan al organismo facultades que tiene cualquiera de los comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República y fueron, como dije, circunstancias no previstas originalmente en la ley de creación.

               El artículo 2.º de la propuesta del Inisa también está vinculado a lo mismo, en este caso a otorgar al organismo la facultad de redactar y dar su propia normativa interna a través de los reglamentos.

               El artículo 3.º, que es el artículo 226 del proyecto del Poder Ejecutivo y el 217 del aprobado por la Cámara de Representantes, fue un acuerdo del INAU, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Inisa, y está vinculado a fijar una pauta de certezas en la liquidación de los sueldos de directores que no estaba prevista.

               De aquí en más y si se considera del caso, podemos seguir el orden del articulado del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, porque es el que estamos siguiendo nosotros.

SEÑOR VIVIANO.- Perfecto.

               El artículo 217 también es el de la reglamentación y el que impone modificaciones a la ley de creación del organismo.

               El artículo 218 tiene que ver con simplificar un poco la interpretación de las distintas normas referidas al organismo en el contexto legislativo. Es decir, este organismo tuvo previamente diferentes formas y nominaciones, y a los efectos de dar certeza jurídica a las decisiones que se van tomando y que tienen como referencia normas anteriores, se optó por esta forma con el objetivo de simplificar la lectura de la legislación.

               El artículo 219 está vinculado a la dedicación total y su mejor explicitación de la modificación de la ley original de creación del instituto.

               El artículo 220 –que ya había comentado– es un acuerdo entre el INAU, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Inisa, con el objetivo de precisar una forma de liquidación de haberes que no estaba clara y superar algunas inequidades que se estaban formando en los organismos vinculados a los propios sueldos de los funcionarios de cada uno de los organismos.

               El artículo 221 toma una forma paralela a facultades del INAU y en este caso tiende a darle, a la recientemente creada gerencia del organismo, asistentes a efectos de poder llevar a cabo su gestión y tiene, como ya dije, el antecedente de la figura del INAU.

               El artículo 222 es una norma básicamente contable que tiene que ver con las trasposiciones de fondo.

               El artículo 223 refiere a la exoneración de tasas vinculadas a normas de carácter general que son tradicionales.

               El artículo 224 se discutió bastante –incluso en la Cámara de Representantes– y nosotros lo incorporamos. Tiene que ver, obviamente, con los procesos de formación de la institución. Indudablemente las carencias son muchas –en cuanto a lugares y a técnicos–  para poder desarrollar a cabalidad la separación con el INAU; muchas tienen que ver con las áreas de finanzas, de planeamiento y apoyo logístico, y si no están contempladas en el pedido más contundente que ha hecho el organismo para la designación de funcionarios tendríamos que proveernos de otros mecanismos para tratar de resolver esta situación y palearla hasta que se pueda encontrar una solución. Este régimen especial de pases en comisión para el organismo que votó la Cámara de Representantes, nos provee de un mecanismo adicional que nos permite resolver alguna de las problemáticas.

En esa misma línea está el artículo 225, como tiene ASSE o algún otro organismo del Estado para proteger, al menos mínimamente, la salida de funcionarios técnicos en el área de la salud generando un régimen de acumulación un poco diferente, pero con el tope de la carga horaria que tienen leyes que regulan la materia con la idea de mantener y evitar la dispersión de los técnicos en el área de la salud.

A modo de comentario, y para que la comisión esté en conocimiento, se realizaron dos propuestas más: una está vinculada a la recuperación acordada en el presupuesto para los funcionarios INAU-Inisa del 3,5 %. La Cámara de Representantes lo tuvo en cuenta en las reasignaciones presupuestales, no la totalidad del 3,5 %, pero sí una buena parte de lo solicitado. No sucedió lo mismo con una partida solicitada por el organismo para el ingreso de funcionarios –que ya lo hablábamos previo a enumerar los artículos– con el fin de llevar adelante la separación efectiva con el INAU y reforzar áreas muy sensibles que hoy la administración tiene como deficitarias, particularmente, en el área de atención directa. Además, en aras de poder fortalecer un proceso nuevo de gestión, pensamos que la presencia en el interior del país –con todo lo que eso implica– sería una de las estrategias más razonables. Por distintas razones, hoy no podemos hacer eso y parte de estos recursos solicitados aquí para funcionarios estaban destinados a ello. En ese sentido, hay una partida especial no contemplada, del entorno de los $ 236:000.000 para atender la designación de unos 400 funcionarios. Esto figura en el estudio que tengo en mi poder y, si la comisión así lo entiende, podemos proporcionarlo.

               Existen otros artículos que fueron presentados inicialmente en la propuesta del organismo, vinculados a adelantar un dinero previsto por el presupuesto quinquenal, de 2019 a 2018, a fin de asegurar la continuidad de las obras que estamos proponiendo en el predio de La Tablada para 150 adolescentes privados de libertad en la primera etapa, y 260 en la segunda. Eso no fue atendido. Asimismo, hay otras partidas solicitadas en la propuesta del organismo, del rubro funcionamiento e inversiones, con las que se buscaba tratar de asegurar mantenimientos edilicios muy complejos y contar con los elementos de seguridad que no tenemos –como mencionaba la presidenta son sumamente necesarios para gestionar organismos de esta naturaleza– y con el equipamiento que es clave para el desarrollo de soporte de gestión, que tampoco tenemos, particularmente el equipamiento informático. Esas son partidas especiales que fueron incorporadas en un artículo a tales efectos, que en términos económicos representa $ 36:000.000 y que no fue contemplada inicialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas ni tampoco tuvo andamiento en la Cámara de Representantes.

               Estos son, someramente, los antecedentes de los artículos que presentamos. Estamos a las órdenes para contestar las preguntas que se quieran formular.

SEÑORA ALONSO.- Antes que nada, quiero saludar a toda la delegación, especialmente a la presidenta.

               Hoy escuchamos mejores noticias que la última vez que en esta Casa tuvimos la oportunidad de compartir con las autoridades del Inisa. En aquella oportunidad, producto de la situación que heredaba el nuevo directorio de este organismo, se hablaba –lo recuerdo muy bien por la preocupación que nos generó– de violencia institucional estructural, hacinamiento, violación de derechos humanos y construcciones edilicias lamentables. Todos quedamos muy preocupados en ese momento, en el que también felicitábamos a la presidenta por el coraje y por animarse a decir lo que había que decir. Por eso hoy la saludamos especialmente porque escuchamos mejores noticias, y no solamente referidas a la reducción de las fugas. Entonces, un año después queremos conocer en qué condiciones se encuentran varios de estos edificios en los que, a decir del exdirector Katz resultaba imposible rehabilitar.

Hago un paréntesis para comentar que nos enteramos hoy por la prensa de la renuncia del director Katz, y nos gustaría escuchar alguna apreciación en este sentido. Siempre una baja, una renuncia, es una situación compleja, en especial en la búsqueda de la concreción de los objetivos que se ha planteado este nuevo equipo. Cuando hay un equipo trabajando seguramente estas cosas alteran o modifican los objetivos trazados.

               Como dijimos, nos gustaría conocer el estado de la infraestructura edilicia del organismo y si se han habilitado nuevos espacios. La pregunta también está relacionada con aquella apreciación que se hizo en la última comparecencia con respecto a que había hacinamiento; queremos saber si hoy eso sigue existiendo. También recuerdo que en aquella oportunidad quedamos muy preocupados por los reclamos penales a las empresas que habían entregado algo muy diferente a lo que se había contratado.

               Por otro lado, tengo algunas consultas relativas a los artículos que tienen costo presupuestal, a los que hacía referencia el director Viviano. Como muy bien decía, uno fue aprobado en la Cámara de Representantes y quisiera confirmar que ese 3,4, que en realidad no fue el 3,5, los $ 31:000.000 y no los $ 36:000.000 como se había pedido por parte del organismo, sería destinado a lo que denominan como fortalecimiento del sistema de incentivos. Si no me equivoco, esto corresponde a un reclamo gremial por el cumplimiento de un convenio que recoge una corrección salarial, que se cumplió en el presupuesto de los dos primeros años, pero luego no se continuó. Dado que se habla del fortalecimiento de un convenio en función de un sistema de incentivos, la duda es si esto es para pagar a todos o depende de alcanzar ciertas metas o planes determinados.

               Otra consulta tiene que ver con el planteo que hace el organismo vinculado a la solicitud de ingreso de nuevos funcionarios. La presidenta dijo –y lo planteo para saber si estoy equivocada– que hay un promedio de 500 adolescentes privados de libertad en todo el país. Decía que en noviembre del año pasado había 687 pero que al día de hoy el total de la población es de 459. También recuerdo que en la última comparecencia, justamente el ex director Katz hizo referencia a que cuando se hizo la separación seguramente en ese divorcio el Inisa resultó menos favorecido, esto está en la versión taquigráfica del año pasado–, al hacer el corte, se tomó como parámetro cuántos funcionarios pertenecientes al Inau trabajaban en el  Sirpa. En ese momento, Katz decía que estos 1.582 funcionarios –cifra aproximada– pasaron a desempeñar funciones en el Inisa y el resto continuó en la órbita del INAU. La pregunta concreta es cuántos funcionarios hay hoy en el Inisa. Hace un momento escuchamos a la presidenta decir que hay 87 coordinadores y 508 educadores distribuidos en seis turnos. Nuestra preocupación radica en que aquí se viene a solicitar el ingreso de 400 funcionarios. Entre otros, se pide 50 cocineros, 20 administrativos contables, 20 choferes y 22 psicólogos. Quizás no estoy entendiendo la relación porque se dice que hay 500 jóvenes privados de libertad, algunos con medidas privativas. Entonces, ¿cuántos funcionarios se necesitan? Realmente la ecuación me confunde y no puedo relacionar cuántos funcionarios se necesitan por joven. Aquí también surge la pregunta de cuál es el costo de cada uno de estos jóvenes y sería bueno conocer cuántos han sido rehabilitados y cuál es la relación entre los que salen del organismo y los que entran. 

               Sinceramente, esto me genera una interrogante importante sobre todo por la eficiencia, respecto a la que el Inisa plantea el ingreso de 400 funcionarios, que implica –como bien decía el director Viviano– un monto de    $ 235:947.000.

               Hacemos estas consultas y seguramente en función de las respuestas tendremos otras consideraciones o apreciaciones para hacer.

SEÑOR AMORÍN.- Doy la bienvenida a la presidenta del Inisa y sus asesores.

               Concuerdo con la señora senadora Alonso en que la exposición realizada por el Inisa en el día de hoy fue distinta y más esperanzadora que la del año pasado, que nos dejó a todos enormemente preocupados.

               En realidad, hubiera sido mejor despertarse en la mañana a leer la prensa de hoy y no ver algunos inconvenientes. Aclaro que no entraré en los comentarios emitidos por el señor López –integrante del secretariado del PIT   – CNT–, porque alude a temas personales. Los temas personales, si no tienen reflejo en la actividad del organismo, a nosotros no nos interesan.

               Ahora bien, hay algunos asuntos que tienen que ver con lo que hablamos el año pasado y donde aparece una denuncia clara sobre la gestión, que se dice desastrosa.

               En una nota del diario “El País” el señor López menciona: «El problema es que la gestión sigue siendo desastrosa». Más adelante dice: «estos días de abundantes lluvias la situación de los locales del Inisa "es calamitosa" porque "se inundan los módulos”. Por una decisión de la propia administración, y principalmente de la presidente –aquí hay algún temita personal que mencioné porque va directo hacia la presidenta–, no se deja que se arregle nada porque hay un litigio con unas empresas constructoras que tiene como dos años, entonces no dejan arreglar nada para demostrar que está todo mal».

               En realidad, sí me gustaría recibir algún comentario al respecto. Reitero que no nos interesa la primera denuncia, porque tiene que ver con temas personales, pero sí nos interesa saber cómo están los locales y si es cierto la situación con las empresas constructores y cuál es el futuro.

               Básicamente estas son mis consultas. Muchas gracias.

SEÑORA FULCO.- Son varias las preguntas de la señora senadora Alonso y no me dio el tiempo de anotarlas a todas. Les pido que me las reiteren si es que salteo alguna. No es la intención. Las iré contestando, aunque quizás no en orden.

               Evidentemente en primer lugar se plantea la preocupación o la distancia que hay entre la presentación anterior y esta. Creo que la explicación radica en que este es un equipo de trabajo que ha profundizado en la construcción paulatina y progresiva de la nueva institucionalidad y, sobre todo –insisto– en dotar de contenidos a la privación de libertad. Eso hace a la mayor parte de los cambios alcanzados.

               Es claro que hasta que nosotros no tengamos las nuevas construcciones previstas –y para las cuales ya se otorgaron fondos– debo decir que las que tenemos son las que estaban y siguen estando. Hay un proyecto a futuro de cierre de la Colonia Berro –por las razones que todos conocemos y que hemos reiterado muchas veces– porque está dentro de las construcciones que nos permitirían trabajar alcanzando la máxima excelencia en los programas de privación de libertad.

               Estas son las adversidades existentes respecto a las construcciones, a pesar de las cuales desarrollamos estrategias de intervención como también lo hacemos en otras situaciones. Justamente hoy tenemos el problema de las inundaciones en todo el país, donde intervenimos para solucionar esa adversidad.  Por lo tanto, desde el momento en que las construcciones no constituyen espacios en los que los jóvenes permanezcan encerrados en esa situación hostil –que podría ser el estar en situación de ocio o de poca actividad–, pasan a un «segundo plano», dicho esto entre comillas. Diríamos que estos jóvenes desarrollan actividades todo el día y las construcciones se utilizan como dormitorio y para momentos en los cuales se alimentan, porque no hablamos de instalaciones en las que podamos decir que hay comedores y todos van ahí a almorzar o a cenar.

               Un signo claro –y, según creo, apreciado por todos– ha sido la disminución de la conflictividad en el sistema, que se ha dado de manera paulatina y en base a esfuerzo, intervención y creatividad. Al día de hoy, estos programas han crecido a tal punto que si los señores senadores van a cualquier sistema podrán ver que todos los jóvenes están realizando actividades.

               Las construcciones no han cambiado; lo que hemos estado haciendo ha sido tratar de solucionar algunos problemas urgentes que se presentan todos los días y que son, sobre todo, de corte edilicio, provocados por factores climáticos. De todas maneras, ellos no pasan a ser el centro de la cuestión; sí lo son las tareas que desarrollan los jóvenes en lo cotidiano y generalmente en forma externa.

Queremos recordar que todo lo relativo a las construcciones todavía está en un largo proceso de litigio entre las empresas –algo que generalmente ocurre–; por lo tanto, no podríamos estar tocando las instalaciones porque ellas deben quedar como están para hacer las pruebas técnicas y periciales que se requieran. Ahora bien, cuando debemos intervenir en una determinada construcción recurrimos a una fórmula que encontramos, consistente en documentar a través de un escribano público todo arreglo puntual que se haga en algún área. De esta forma se va arreglando alguna cosa, lo que no quiere decir que sea una solución definitiva, porque las soluciones definitivas son las que estamos proyectando.

               Hasta aquí he respondido las preguntas sobre las construcciones.

               La separación con el INAU es un proceso en el que todavía nos encontramos. De ahí que los señores legisladores hayan sido informados recientemente sobre la firma de un convenio con el INAU para que, por el momento, continúe haciéndose cargo de las medidas no privativas en el país, salvo en los departamentos de Montevideo, Canelones, Lavalleja y Salto. Creemos que este proceso mediante el cual el Inisa podrá cumplir sus responsabilidades a nivel nacional, tal como lo consagra la ley, insumirá algo más de tiempo y seguramente alcance el final de este período. Estamos trabajando en ese proceso de una forma muy positiva con el INAU.

Por otro lado, quiero decir que teníamos una consultoría del proyecto Inclusión Social, del BID, que nos había permitido conocer la situación del interior de la república y que antes el ex Sirpa no gestionaba. Con ese panorama sobre cómo se despliegan las medidas no privativas en el interior del país –que tenemos claro– estamos trabajando junto al INAU para que eso, por el momento, continúe. Esto se vincula con la comisión que mencioné, sobre reforma del modelo de las medidas no privativas y la protocolización que estamos realizando, lo cual representa un avance. En realidad, no importa que esas medidas privativas las esté realizando por el momento el INAU o el Inisa en los departamentos que correspondan, lo que nos da garantías es que ellas serán ejecutadas y desarrolladas de la misma manera a nivel nacional a partir del 1.º de enero de 2018. Entonces, ahí también tenemos un equilibrio y es un paso positivo.

También vamos a mencionar diversos planteos que hemos presentado en función de la necesidad de personal y de la reestructuración que estamos haciendo desde el punto de vista administrativo. A continuación le voy a ceder el uso de la palabra a la gerenta del área administrativa para que detalle lo relativo a la separación con el INAU y al número del personal, que a la fecha es de 1570 funcionarios. Evidentemente, la demanda de personal por áreas responde a la dimensión nacional de la gestión. Esto nos va a permitir, en algún momento, alcanzar esa responsabilidad a nivel nacional. Mientras tanto, pasamos por el tránsito institucional que se está dando.

               Por otro lado, recordemos que estamos en un proceso de ingreso de 200 funcionarios, de acuerdo con lo aprobado en la rendición de cuentas anterior. Son procesos largos. En este momento estamos casi en la etapa final de ingreso de aproximadamente 120 funcionarios de trato directo, lo que permitirá reforzar esta área y la de seguridad. O sea que respecto a los 200 cargos que tenemos, hemos priorizado el área de trato directo, ya que es el sector de mayor vulnerabilidad para la atención  y el desarrollo de nuestros programas. Esto es inminente, los funcionarios están por entrar en virtud de que los procesos administrativos han culminado, y luego comenzaría la etapa de inducción-capacitación.

               Respecto al tema del personal, repito, voy a ceder la palabra a la gerenta administrativa y luego continuaré respondiendo las preguntas formuladas por los señores senadores.

SEÑORA DÍAZ.- Es un gusto volver a esta casa, adonde tuve oportunidad de concurrir en la instancia anterior.

Quiero destacar mi sentido de pertenencia a una institución como el  INAU. Entré al instituto hace mucho tiempo, como educadora –con orgullo, como digo siempre–, y hoy circunstancialmente me toca estar en la línea de gestión trabajando con otros compañeros para poder construir la nueva institucionalidad, o sea, el Inisa. En otro momento formamos parte del Interj, del Sirpa y del Cemeji. Por lo tanto, para nosotros fue un paso importante que el instituto  tomara como objetivo la privación de libertad. Ese sentido de pertenencia hace que hoy tenga un especial afecto por el origen de mi gestión. Eso me permite a veces estar en esta área administrativa con conocimiento de lo interno. Sabemos, por lo tanto, que cuando se habla del ingreso de funcionarios –sobre todo en la atención directa– estamos haciéndonos eco del planteo de ellos mismos, de la funcionaria y de la educadora que fui. Cuando uno se propone una intervención en una gestión que no es custodial, que tiene que ver con un enfoque socioeducativo, tratando de generar actividades y luchando contra una situación de vulnerabilidad en la población objetivo que toca atender, sabe que debe tener un educador que no sea solamente un «llavero», como le llaman los gurises, sino una persona que oficie de referente, que pueda hacer realmente una intervención socioeducativa, que pueda servir de escucha y que pueda llevar adelante la gestión con responsabilidad, sabiéndose capaz de abordar esa problemática. Siempre digo que trabajar dentro de un módulo como educador no es un trabajo como cualquier otro, pues implica una disposición. Por eso es necesario contar con un número suficiente de educadores. Cuando decimos el número frío del total de educadores y mencionamos su distribución en los turnos parecería que esa cifra fuera demasiado, pero cuando uno sabe que tiene un centro en la modalidad de complejos –como sucede ahora–, con determinada cantidad de chiquilines –por ejemplo, 80, 67 o 50– y se debe atender toda la dinámica de lo cotidiano así como las actividades de salud, las socioeducativas, las recreativas, de inserción social o judiciales y para ello también se necesita hacer traslados, no podemos quedarnos –como a veces nos sucede– con un solo referente dentro de un nivel o de un módulo. En ese sentido, también es necesario reforzar la medida alternativa a la privación de libertad, lo que implica hacer el acompañamiento en una medida que debería ser la privilegiada en el sistema porque, de acuerdo con la norma, la privación de libertad es el último recurso. Por eso también se justifica que en este caso tengamos más recursos y más gente capacitada.         

               La separación del INAU nos dotó de determinada cantidad de funcionarios que decidieron permanecer dentro del sistema por uno u otro motivo; creo que en el caso de los educadores fue por un sentido de pertenencia y por la vocación de trabajo. Ahora bien; ellos están esperando verse reforzados en su tarea porque están cansados. Y tampoco es menor el hecho de que la separación que se dio no implicó igualdad de condiciones desde el punto de vista administrativo. Precisamente, en esta creación hay dos sectores que resultan neurálgicos para permitir el apoyo a la gestión desde lo logístico y son las áreas administrativas. Hasta ahora nos hemos estado apoyando en el INAU, pero todo lo que es la división financiero contable implica varios lugares de gestión técnica, con un trabajo especializado y lo que nosotros denominamos apoyo logístico –en otro organismo esto puede ser el equivalente a los servicios generales–, y toda esa red requiere personal administrativo que tenga determinada idoneidad en la materia. Hemos recurrido a la gente que tenemos en la interna, lo que implica menguar a veces el trato directo; hemos intentado capacitarlos mediante procesos de inducción internos –muchas veces con el apoyo del INAU– o externos –y para ello recurrimos a la ENAP o a otros organismos– y los compañeros han apoyado la gestión, lo que nos ha permitido lograr el avance que tuvimos hasta hoy. Sin embargo, para las áreas que aún no creamos y para otras que pretendemos crear –por ejemplo, dentro de la privación de libertad, lo que permitiría mejorar la gestión– se requiere del ingreso de recursos humanos.

               Muchas gracias.

SEÑOR CAMAÑO.- Por mi parte, quisiera aclarar conceptualmente la inquietud –que me parece válida– respecto a cuántos funcionarios pensamos que se necesitan y cómo hacemos el cálculo. 

Cuando uno dice que hay 1.570 funcionarios para aproximadamente 500 adolescentes privados de libertad y razona de manera lisa y llana, puede llegar a la conclusión de que son 3 funcionarios por adolescente. En realidad eso es una simplificación, porque la relación de los funcionarios que importa es la de aquellos que tienen trato directo con el adolescente. No olvidemos que en esos tres funcionarios por adolescente privado de libertad también estamos incluyendo, por ejemplo, a quienes estamos en las oficinas administrativas o a otras personas que no están dentro de los módulos, además de los de trato directo. Entonces, ese cálculo de funcionarios no representa la realidad; no son tres funcionarios por cada adolescente sino que son de la institución. Además, en el caso del Inisa, el cálculo se complejiza porque se trata de una nueva institución y existe una cantidad de áreas que no tiene. Por ejemplo, no hay un departamento financiero contable. Sabemos que ninguna institución del Estado puede funcionar sin un departamento de esa naturaleza y eso requiere, entre otras cosas, de personal, es decir que además de las necesidades que tienen que ver con el trabajo directo con los adolescentes en los centros, hay otras que se derivan de la nueva institucionalidad. Hay departamentos que el Inisa no tiene y lo cierto es que nos hemos estado apoyando en el INAU para poder sobrevivir, por decirlo de alguna manera.

               Simplemente quería hacer esta aclaración.

SEÑORA ALONSO.- Agradezco la aclaración realizada por el doctor Camaño pero, de todas maneras, permítaseme relativizar lo que dijo: hay 1.570 funcionarios más 200, a los que hizo referencia la presidenta –si no estoy equivocada–, y se viene a solicitar 400 más. Quiere decir que serían 2.170 funcionarios para 500 adolescentes privados de libertad. Quisiera saber cuántos están con medidas privativas y cuántos con medidas no privativas, porque estos últimos están realizando otras tareas en el mientras tanto. A mí me da una ecuación de casi 4,30 funcionarios por joven que, si bien puede ser una apreciación muy llana y lisa, definitivamente tiene que ver con una cuestión de fondo que es hasta de gestión, de administración. Mirando el requerimiento que se hace de recursos humanos, particularmente en función de las metas, de los objetivos, de medidas socioeducativas, se advierte que docentes de educación física se pide 2 cuando parecería razonable que se pidiera un número mayor; maestros: 6; sin embargo, hay 50 cocineros, 23 administrativos más 20 administrativos contables, es decir, 43 administrativos. Puedo entender el hecho de que esta es una nueva institucionalidad pero, a veces, estas relaciones terminan siendo un elefante pesado, burocrático e ineficiente. Entonces, sinceramente, esto no me cierra.

SEÑOR AMORÍN.- Quiero referirme a este mismo tema.

               Me gustaría saber exactamente cuántos funcionarios tiene el Inisa hoy, cuántos más se quiere, y cuál se entiende que es la proporción ideal entre funcionarios y jóvenes que están internados.

En realidad, lo que dice el doctor Camaño es atendible: importa cuántas personas están en contacto directo con estos jóvenes; ahora bien, no deja de ser importante cuántas no lo están, porque la noticia de que se requieren cuatro funcionarios por joven internado, es muy significativa desde el punto de vista del costo que representa al país. Estoy totalmente de acuerdo con que es sustancial sacar adelante a estos jóvenes para que puedan tener un futuro, pero también el país tiene que saber cuánto cuesta esto, porque son cuatro funcionarios por joven, más instalaciones, más comida, más un funcionamiento muy importante. En lo grueso uno piensa que esta es una inversión muy importante que está haciendo el Estado, y lo que debemos hacer no es quitarla, sino obtener el mejor resultado posible con una inversión que sea lo más razonable posible. Se nos dice que posiblemente haya tres o cuatro funcionarios de apoyo en contacto directo con los jóvenes. A lo mejor está bien o quizás sea mucho; entonces, quiero saber cuál sería, para ustedes, el número ideal.

SEÑORA POLICAR.- Buenos días a todos.

En números fríos, de una planilla, es imposible trasmitir de lo que se trata. Voy a reiterar lo que dijo la doctora Díaz: nosotros trabajamos en un sistema de medidas socioeducativas y no en un sistema custodial. En un sistema puramente custodial, ya sabemos cómo se pueden desarrollar las cosas, y ese no es el cometido de la institución.

               Esto como primer punto a destacar, porque nos marca el camino a la hora de plantear todas las necesidades.

               En segundo término, en un sistema como el nuestro, de medidas socioeducativas a nivel nacional, como lo decía la presidenta y lo ha reiterado el doctor Viviano, tenemos competencias que no hemos podido asumir totalmente; diría que hemos asumido competencias en forma parcial y por ello hemos celebrado convenios con el INAU. De modo que cuando pensamos en el personal, es para la población que atendemos actualmente y para la que deberemos atender en algún momento más cercano en el tiempo. Hoy, vía convenios, contamos con la colaboración del INAU para atender gran parte del país.

               El siguiente punto a aclarar es que cuando se hace la cuenta de cuatro funcionarios por cada joven, es una ecuación matemática, pero, en realidad, cualquier centro debe contar con personal de atención directa en seis turnos, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, los trescientos sesenta y cinco días del año. Cualquier director de un centro tiene que disponer de las previsiones correspondientes para el caso de licencias –reglamentaria, por maternidad y por enfermedad– y contar con el servicio de cocina desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas, si es que no queremos que todas las noches los chiquilines coman guiso recalentado porque no hay personal de cocina. ¿Por qué se pide más cocineros que maestros? Porque, por suerte, maestros, hoy por hoy, tenemos un número interesante. Además, tenemos convenios con Áreas pedagógicas de educación secundaria –profesores de secundaria trabajan en nuestros centros–, así como con educación primaria, por lo que tenemos una cobertura también interesante.

En este momento, haciendo un balance, la necesidad de maestros aparece con un número menor al de cocineros. No es que no demos importancia al rol de los maestros, sino que lo que precisamos son cocineros. Pero cocineros de verdad, no personal con muy buena voluntad que adapte su conocimiento al trabajo en una cocina para un establecimiento donde se debe atender 25, 30, 45 o 60 jóvenes.

               Disponemos de otras áreas, como la de psicología, trabajo social, medicina, odontología –que está bien– y educadores sociales, pero debo insistir en que el nuestro es un sistema de medidas socioeducativas y tenemos que pensar en términos sociales y educativos. Pido disculpas al Ministerio de Economía y Finanzas, pero en nuestro caso no hacemos cuentas, no hacemos cálculos en materia de cuánto cuesta cada joven, sino que calculamos todo lo que debemos hacer para cumplir con el mandato del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y no solamente en relación con la privación de libertad, sino también con las medidas no privativas de libertad, que requieren el acompañamiento de personal de atención directa, además de las vinculadas con las medidas de semilibertad, que significan que el joven, autorizado por el Poder Judicial, por algunas horas puede hacer actividades fuera del centro. Una medida de este tipo, significa acompañamiento fuera de los centros, acompañamiento a los centros educativos si corresponde, etcétera.

No quiero abundar en el trabajo cotidiano, pero debemos entender que cuando se habla de personal se está hablando de todas las áreas y que la dinámica diaria de un centro implica el trabajo en seis turnos, los siete días de la semana, los trescientos sesenta y cinco días del año. Y trabajamos con personas, es decir, quienes atienden a los jóvenes son personas, no son máquinas, ni robots, sino seres humanos que tienen que hacer su tarea dignamente. No es posible que para cubrir todas las actividades haya que pensar en el horario normal del personal, más horas extras. Las opciones son las siguientes: nos centramos en que son medidas socioeducativas y nos sale caro o nos centramos  en medidas custodiales que, tal vez, sea menos costosas en dinero, pero en otros términos nos saldrá carísimo.

SEÑORA FULCO.- Simplemente quisiera agregar a lo manifestado por la asistente Policar que dentro de este compendio de medidas socioeducativas se dan otras situaciones que tienen que ver con la tramitación. Por ejemplo, hay un número equis de jóvenes que salen a audiencias judiciales y deben ir acompañados de educadores. Por tanto, esos funcionarios deben salir del centro, lo que hace que disminuya el número de los que quedan. Si da la casualidad de que en un día se fijaron muchas audiencias, saldrán muchos jóvenes acompañados de dos educadores cada uno. Ese es un trámite externo.

               Por otra parte, las internaciones en hospitales o centros de salud también requieren del acompañamiento de educadores. A su vez, las medidas de semilibertad no solo exigen a la institución tener educadores dentro del centro, sino que durante las ocho horas que los jóvenes salen, deben estar acompañados y supervisados. También el amplio rango de los convenios que hemos suscrito en el último año hace que un número mayor de jóvenes requiera del acompañamiento de educadores en las salidas.  Todo esto sirve para ampliar lo que explicó la asistente social.    

               Además, quisiera recordar que teniendo 13 centros todo se multiplica por ese número. Es por ello que la visión de futuro apunta a ir hacia este complejo que permitirá cerrar la Colonia Berro y, eventualmente, a apostar a que las medidas no privativas sean la norma y no la excepción, lo que hará disminuir el número de jóvenes privados de libertad y también los costos. Por tanto, estamos promoviendo enérgicamente esas medidas, y por eso se creó la comisión que cuenta con el consenso del sistema de justicia; por primera vez estamos trabajando juntos para hacer realidad que las medidas no privativas sean la norma y no la excepción.

               No quiero dejar pasar la referencia hecha por los señores senadores sobre el retiro, a partir de hoy, del director Eduardo Katz. Como ha sido de público conocimiento, su alejamiento se ha debido a razones personales, lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros en cualquier momento de la gestión, pues nadie está exento de ello.  Al tratarse de una razón de tipo personal, puede ser variada y también, evidentemente, íntima y reservada, por tanto, no exige que se den más explicaciones. De todos modos, esto no afecta la institucionalidad dado que ésta tiene una buena estructura, está en marcha y seguirá el mismo programa que se había fijado. Eventualmente,  se nombrará un nuevo director o directora y continuaremos. En ese sentido, garantizamos que no hay ningún tipo de afectación en lo que hace a los planes de gestión que han sido delineados.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido disculpas porque, debido a un compromiso, llegué tarde.

               Me gustaría hacer algunas consultas sobre los artículos específicos y también plantear una duda de índole jurídica que tengo con relación a algunos de ellos.

La primera consulta tiene que ver con el artículo 217. Creo que todos estamos de acuerdo en que el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ya está instalado. Ahora se nos pide una modificación del artículo 24, que establece: «El Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) proyectará dentro del plazo de noventa días de su instalación el Reglamento General del Servicio». Me gustaría saber si proyectaron el reglamento, si está aprobado y, si no lo está, por qué.

Por otro lado, con todo respeto, si Kelsen ve el segundo inciso, creo que le da un infarto inmediatamente –me hace acordar a aquel viejo libro de Augusto Roa Bastos, Yo el supremo–, porque dice: «Hasta tanto no se apruebe un Reglamento General del Servicio,» –qué supongo que estará proyectado pero no aprobado– «regirá la normativa aplicable» –no sé para qué lo decimos porque, evidentemente, siempre rige la normativa aplicable– «en cuanto no se oponga a los preceptos de la presente ley»; obviamente, la normativa aplicable es la que no se tendría que oponer a los preceptos de la presente ley. Y aquí aparece el personaje de Roa Bastos, porque  se agrega: «o a lo expresamente establecido por las autoridades de Inisa». Es decir, entonces, que lo expresamente establecido por las autoridades del Inisa está por encima de la normativa aplicable, que no se opone a los preceptos de la presente ley, que es la que obliga a aprobar el Reglamento General del Servicio. Discúlpenme, pero me parece que esto termina siendo un poco complicado desde el punto de vista jurídico. Esa es la primera consulta sobre un artículo que me cuesta un poco entender desde ese punto de vista, máxime cuando se les da esa potestad      –que creo es inconstitucional– a las autoridades del Inisa de pasar por encima de la normativa vigente. Además, tal como está redactado, se contradice.

En segundo lugar, con respecto al artículo 218 voy a reiterar una cruzada personal que tengo en el Parlamento: en lugar de hablar de Sirpa,  Semeji, INAU, Inisa, ¿no podríamos desarrollar los nombres en la redacción de las leyes?

(Dialogados).

–En el artículo 219, no digo que aparezca Roa Bastos, pero ocurre algo similar. Se faculta al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente a determinar los cargos o funciones que serán desempeñados en régimen de dedicación total, los que serán compatibles con el ejercicio de la docencia, etcétera. La norma anterior establecía expresamente cuáles eran los cargos de dedicación total: directores y subdirectores de programas nacionales o directores regionales, directores de centros de atención directa, directores de divisiones administrativas, profesionales y técnicos. Ahora ya no se dice cuáles son, sino que es el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente el que va a determinarlo. Me gustaría saber qué criterio van a seguir en este caso para ver cuáles cargos serán o no de dedicación total. Se establece que se podrá autorizar por motivos fundados la renuncia al régimen de dedicación total, pero si el funcionario quiere renunciar, no puede hacerlo, y el directorio puede designar en régimen de dedicación total a cualquier cargo. Supongamos que un funcionario, que hoy no tiene dedicación total, queda alcanzado por ese régimen y, por ejemplo, plantea que tiene otro trabajo, etcétera; estamos hablando de un funcionario cualquiera del Inisa. Hoy, por esta vía indirecta, pueden terminar provocando que tenga que irse del instituto. Me parece que es importante, desde el punto de vista de las garantías de todo trabajador, establecer en la norma los criterios que se van a aplicar, tal como sucedía antes. Esto con respecto al artículo 219.

               Según el artículo 221, sobre el que ya adelantó algo el señor Viviano, adhiriéndose a una política existente –en este momento no está presente el señor senador Heber, pero él siempre hace referencia a ese tema–, cada director y la gerencia general podrán contratar hasta dos asistentes en forma simultánea para desempeñar tareas de apoyo directo. Quisiera saber qué tareas específicas van a prestar como asistentes y cómo se va a hacer esa selección. A su vez, me interesa saber si esto no debería estar ya incluido en la previsión del artículo 224 de este propio proyecto, que les permite tener pases en comisión. O sea que, en realidad, no solamente están contratando asistentes sino que, además, en este aumento de funcionarios les asiste la posibilidad de tener pases en comisión. No voy a mencionar lo que decía el contador Davrieux –que fue quien me tocó como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto– cuando aparecían estas normas porque creo que no viene al caso, pero sería bueno que nos ampliaran la información en ese sentido.

               Muchas gracias.

SEÑORA FULCO.- El asesor, doctor Diego Camaño, y luego la directora del Departamento Jurídico, Andrea Caffiro, explicarán lo que se acaba de consultar.

SEÑOR CAMAÑO.- Comparto la preocupación manifestada por lo que diría Kelsen sobre un artículo así, pero para entender un poco su lógica diré que concordamos en que para una nueva institución es necesario tener un Reglamento General del Servicio. Hay una comisión que está trabajando y efectivamente se cuenta con un proyecto.

               El segundo inciso es el que genera la preocupación del señor senador Bordaberry. ¿Qué sucede? Hasta que no se apruebe ese reglamento, el artículo dice que rige la normativa aplicable. El señor senador dirá: «¡Sí, qué novedad!». Está bien, pero la normativa aplicable en este caso no deja de plantear algunos problemas o dificultades interpretativas porque, en primer lugar, es la normativa del INAU, pero hay que ver hasta qué punto y en qué medida. Por eso, la aclaración siguiente: «en cuanto no se oponga a los preceptos de la presente ley», que es la de creación del Inisa. Esto ya significa una salvedad en cuanto a que la normativa del INAU no se aplica entera, lisa y llanamente al Inisa.

               Finalmente, la referencia a «lo expresamente establecido por las autoridades de Inisa» tiene que ver con toda esa normativa –que podríamos llamar de soft law– que han emitido diversos directorios y que, aunque no tenga el rango de ley –porque son circulares, órdenes de servicio, situaciones concretas–, se ha ido adoptando a partir de una serie de decisiones vinculadas con derechos de distintos funcionarios. Si bien la redacción puede no ser la mejor, espero haber aclarado el porqué de ese giro que quizás resulte un poco tortuoso, pero de lo que se trata es de que al día de hoy rige la normativa del INAU en tanto no se oponga a la ley de creación del Inisa y, en forma supletoria, la normativa que surja de todas las decisiones adoptadas por los sucesivos directorios hasta el momento. No podemos desconocer que si bien los funcionarios del Inisa anteriormente pertenecían al INAU, también eran objeto de decisiones emanadas de lo que era anteriormente la Comisión Delegada y lo que fue el directorio a partir de la ley de creación del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Entonces, un poco en base a todo eso es que esa comisión está trabajando en la proyección del Reglamento General del Servicio.

               Seguramente, la directora del Departamento Jurídico –que, como adelantó la presidenta Fulco, hará uso de la palabra a continuación– será más específica.

SEÑORA CAFFIRO.- En primer lugar, respecto al Reglamento General informamos que el proyecto ya está terminado y, para que cuente con todas las garantías y controles jurídicos, preferimos hacer un convenio marco con la Universidad de la República; ahora estamos gestionando otro específico con la Facultad de Derecho y la Cátedra de Derecho Administrativo para que lo revise, avale o vise, porque nos parece que es un documento muy importante ya que va a regir la situación, en muchos aspectos, de los funcionarios de la institución. Si bien hemos trabajado mucho, preferimos manejarnos con humildad y contar con el visado de la Universidad de la República, que creo es una garantía para todos.

               Con respecto al segundo aspecto, considero que el doctor Camaño lo ha explicado muy bien. En este momento tenemos un problema porque a nuestro instituto se le aplica toda la normativa que rige el INAU. Sin embargo, hay normas que no nos comprenden, ya sea por el ámbito de aplicación o por el ámbito subjetivo. Con este artículo –que originalmente fue redactado de otra forma, pero como ha sufrido pequeñas variaciones quizás sea allí donde estén las contradicciones, y comprendemos que tienen razón– pretendíamos que nuestra institución no quedara con un vacío normativo y que ante situaciones cotidianas pudiéramos aplicar con seguridad las normas a que referimos.

               Con respecto a la dedicación total, es verdad que el artículo 16 de la Ley n.º 19367 expresa con claridad cuáles son los cargos o funciones que están comprendidos en dicho régimen. Sin embargo, también es verdad que nuestra institución todavía no se dio una estructura, o sea, no tiene el organigrama aprobado, si bien en eso también estamos trabajando con la Oficina Nacional del Servicio Civil. Entonces, vemos que algunos de los cargos o funciones que están mencionados en la ley original, una vez aprobado el organigrama van a quedar contradictorios con la estructura de cargos que nosotros estamos proyectando. Esa es la razón por la cual, en una primera instancia, puede parecer que queremos asumir potestades demasiados grandes, cuando en realidad lo que pretendemos es adelantarnos para que, cuando quede aprobada la estructura de cargos, podamos, según lo proyectado, prever el régimen de dedicación total para algunas funciones.

SEÑOR BORDABERRY.- Lo cierto es que la respuesta no me satisface desde el punto de vista jurídico porque todos sabemos que acá hay dos principios: el de la pirámide normativa –constitución, ley, decreto reglamentario, resolución– y el del tiempo: la ley posterior en el tiempo que contradice una anterior la deroga automáticamente. Entonces, con todo respeto, me parece que la manera en que está redactado el artículo 217, en realidad lleva a pretender que las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social del Adolescente pueden dictar normas que contradicen las leyes vigentes porque, en la medida en que establece que «Regirá la normativa aplicable, en cuanto no se oponga a los preceptos de la presente o a lo expresamente establecido por las autoridades del Inisa», evidentemente se está arrogando una facultad que no debería tener. Creo que eso es claro.

En realidad, la solución a esto sería que rápidamente se apruebe el Reglamento. Y esa es la parte que no me quedó tan clara porque, si entendí bien, el Reglamento se proyectó, pero no se ha sometido a la aprobación de quien debe aprobarlo y se mandó a la Universidad de la República. Quiero recordar que esta obligación debió haberse cumplido dentro de los 90 días de instalado el directorio; sin embargo, ya ha transcurrido un largo tiempo. Pero estos son los tiempos del Estado uruguayo. Entiendo las complejidades y aclaro que no me gustaría estar en la posición de quien tiene que redactar un reglamento de estos. Sí creo que no deberíamos tomar por el camino de que mientras no se apruebe, vamos a hacer esto, porque estaremos en la nada jurídica. El doctor Camaño me dice que no con la cabeza, pero debo decir que la libertad de opinión de cada uno es justamente en lo que trabajamos aquí en el Parlamento. Así como estoy abierto a que el doctor Camaño me convenza, espero que él también esté abierto a que yo lo pueda convencer, siempre con argumentos y respeto; creo que ese es el camino.

               Con respecto a la dedicación total, nuevamente veo que estamos sin las bases suficientes. Se pasa de tener establecidos exactamente cuáles son los cargos de dedicación total, a que ahora no estén establecidos y los determine el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Eso tampoco es bueno, ya que estamos dando a los jerarcas un instrumento que me parece excesivo, especialmente por los efectos que va a tener. De un día para otro deciden que tal cargo es de dedicación exclusiva, y si ese funcionario tiene otro trabajo, automáticamente deberá optar entre el otro trabajo o la dedicación total y exclusiva. Siempre es bueno que se proyecten criterios para esto y se sea más específico, más allá de que no estén aun determinados los cargos.

En el día de ayer estuve releyendo el que creo es el mejor libro de derecho, que se llama Tratado general de filosofía del Derecho, de Luis Recasens Siches; una maravilla. En uno de sus capítulos habla de las funciones del derecho en la vida social, destacando justamente que tiene que buscar la justicia pero cumpliendo la función de certeza y seguridad jurídica que necesitamos todos los hombres para vivir en sociedad. Entonces, puedo compartir el objetivo que están buscando con esto, pero nunca debemos pasar por encima de las necesarias certeza y seguridad jurídica que necesitan los ciudadanos para vivir en sociedad. Recomiendo este libro porque de vez en cuando vuelvo a él; lamentablemente, no es lo suficientemente conocido en nuestro país. En la Biblioteca del Palacio está disponible, por si alguien lo quiere solicitar.

SEÑORA FULCO.- Antes de ceder el uso de la palabra al doctor Camaño, quiero simplemente recordar algún detalle con respecto a esta institución.

Los cargos de dedicación total que competen a los directores de cada uno de los centros actualmente son encargaturas. Nosotros estamos en un proceso de concurso de los cargos de dirección, como corresponde, y los aspirantes al cargo tendrán todas las garantías y los requisitos que hacen al cargo para poder presentarse. Evidentemente, cuando uno se presenta al llamado para un cargo con dedicación total, sabe que ningún otro trabajo puede ser un argumento para no cumplir con este régimen. Simplemente quiero recordar que hoy en día se trata de encargaturas que vienen de otro período. Ya se realizó el primer concurso en el Programa de Inserción Social y Comunitaria y el cargo fue otorgado a un abogado que se desempeñaba en el departamento jurídico y que se interesó por desempeñar esa tarea en la institución. De esta forma, progresivamente, vamos a proveer los otros cargos.

Este es un pequeño detalle, pero no es algo menor porque todavía faltan algunas instancias. De todos modos, destaco el espíritu de que cuando las personas asumen una función tienen que tener claras las tareas, los objetivos y los principios que rigen a la institución, sobre todo con respecto a este aspecto de la dedicación total, para poder cumplir al cien por ciento con eficiencia y honestidad. Nuestra intención también es contemplar las situaciones personales y familiares de los funcionarios, pero estamos en un proceso de recambio de directores, subdirectores y coordinadores, ajustando los perfiles a los que consideramos apropiados para el funcionamiento de la institución.

Por lo tanto, simplemente quiero reiterar que nuestra principal preocupación son los jóvenes privados de libertad y la protección de sus derechos, así como la salud ocupacional de nuestros funcionarios. Si bien no mencioné este tema anteriormente, aquí tenemos un documento de casi ochenta páginas que estará a disposición de todos los legisladores, en el que se detalla lo que se ha trabajado hasta la fecha y los avances que se han hecho.

SEÑOR CAMAÑO.- Cuando dos abogados hablamos en base a Kelsen, seguramente se producen estas situaciones porque compartimos las mismas preocupaciones y lecturas. Quizás quienes no son abogados no entienden por qué cuando se invoca a Kelsen, los abogados discuten acaloradamente, que creo es lo que ha sucedido.

               Simplemente quiero aclarar que se cumplió la obligación de proyectar dentro de los noventa días porque, como bien dijo la directora de jurídica, el proyecto está, aunque todavía no fue aprobado. En cuanto al segundo inciso, aunque quizás pueda no satisfacerle la solución, me interesa hacer una aclaración que puede ayudar a entender el sentido del artículo, que no es alterar para nada la pirámide de Kelsen y tampoco el principio de las leyes posteriores en el tiempo. Hay que aclarar que cuando habla de la normativa aplicable en cuanto no se oponga a los preceptos de la presente ley o a lo expresamente establecido por las autoridades del Inisa, se está abarcando las leyes y también las normas administrativas. Quiere decir que si hay una norma dictada por el directorio del INAU que contradice a una dictada por el del Inisa, esta última es la que rige. Quizás concordemos en que podría ajustarse la redacción, pero me parece que seguramente compartimos que esta es la solución. No pretendemos alterar para nada la jerarquía entre las normas y tampoco la regla de que las leyes o normas posteriores derogan a las anteriores.

SEÑORA CAFFIRO.- En cuanto al tema del Reglamento, integro esa comisión y entiendo que era una obligación legal tener aprobado el proyecto en los noventa días, pero quiero explicar que es un Reglamento General de funciones. Por lo tanto, como nos encontramos en una etapa de reformulación de la institución, donde tenemos la convivencia de varios regímenes horarios y otras situaciones, hemos tenido que reelaborar el Reglamento. Sí sabemos que el Reglamento tenía que estar proyectado en noventa días y así lo hicimos, pero sufrió algunas modificaciones en función de los cambios que se van proyectando en una nueva institución.

               Por otro lado, con respecto a la dedicación total –no tengo presente cuál es el artículo– en realidad tratamos de darnos el mismo régimen que tiene INAU, que es abierto para designar los cargos y funciones de dedicación total. En casi toda la normativa que propusimos tratamos de tener el mismo régimen que INAU. Por ejemplo –me tomo el atrevimiento de hacer esta acotación, que no tiene relación con estos artículos–, en cuanto a los asistentes para la gerencia, el Inisa tiene exactamente la misma normativa que el INAU para la dirección general.

               Nada más. Gracias.

SEÑOR VIVIANO.- Obviamente que tomamos como de quien viene –de un senador de la república– las expresiones vinculadas a estos artículos. Es una opinión muy respetada, que la tomamos porque corresponde. En este momento nos cabe nada más que apurar lo que creemos es la solución definitiva del tema: la aprobación final del reglamento.

               El Inisa es una institución muy particular, que nace muy carente pero también con una debilidad institucionalidad muy potente, que a veces nos hace perder de vista las verdaderas herramientas que tenemos en la mano para poder gestionar y bien. Muchas veces llegamos a soluciones de este tipo porque son las únicas que hoy tenemos en las manos. Sí está clara la voluntad de este directorio de recorrer todos aquellos caminos que, desde el punto de vista jurídico y administrativo, sean los que corresponden para enderezar un carro que no es sencillo poner a andar.

               Quiero hacer dos o tres precisiones vinculadas a preguntar anteriores realizadas por los señores senadores Amorín y Alonso.

               Con relación al 3,5, hay que decir que fue incorporado en el presupuesto quinquenal por dos años, sujeto a rediscusión. En esta etapa, a raíz de un acuerdo con los funcionarios del INAU y el Inisa, se volvió a incorporar en la propuesta presupuestal; el tema fue discutido en la Cámara de Representantes durante la redefinición de recursos y se consiguieron aportes, que indudablemente distan de la partida inicial. Se trata de una partida que se venía pagando, que forma parte de acuerdos funcionales y que ya tenía un tiempo en ejecución, que de 3,5 quedó hoy en 2,9. El total de nuestra aspiración –lo que veníamos pagando– eran 36 millones. Eso seguramente tendrá un recorte fruto de la partida otorgada.

La presentación de aspiraciones funcionales que está expuesta en la propuesta del organismo –que estamos dispuestos a rediscutir; nosotros lo hacemos internamente– seguramente representa una fotografía del ideal de institución que imaginamos, sobre todo la ampliación de nuestras facultades vinculadas a la ley, que tienen que ver con la expansión de servicios de carácter nacional. Por ejemplo, las no privativas deberíamos ejecutarlas y dirigirlas nosotros, pero no lo podemos hacer. Por ejemplo, en Montevideo, en gestión propia de no privativas, atendemos a un núcleo de setenta adolescentes con 7 u 8 funcionarios de nuestra unidad, denominada Promesem, pero debemos gestionar con convenios todo el resto, que a lo largo y ancho del país son aproximadamente unas doscientas situaciones.

               Se preguntó cuál es el ideal de funcionarios en que estamos pensando. Al respecto, hay un equipo que trabaja en la elaboración de un ratio funcional. Seguramente, el trato directo termine indicando que por cada adolescente privado de libertad –sin incluir no privativas–, el ratio indique dos funcionarios por adolescente. Teniendo en cuenta la dotación funcional que actualmente tenemos –que oscila los 560 funcionarios–, podríamos decir que estamos bastante lejos de ello.

               Los llamados que están en curso seguramente nos representen el ingreso de 120 educadores –son los que tienen trato directo con los jóvenes– y 20 más en seguridad. Creemos que esto va a ayudar a paliar la situación; es más, si realizamos algunos ajustes, hasta podríamos llegar al ideal de funcionamiento que nos hemos planteado para la institución, del cual hoy estamos bastante lejos.

               El señor senador Amorín preguntó sobre el costo que cada uno de los adolescentes le representa al sistema. Este número no lo hemos hecho pero nos hemos guiado por algún trabajo que hemos compartido, elaborado por el BID –que se está discutiendo– con relación a varios aspectos de funcionamiento del Inisa. Obviamente que el costo por adolescente privado de libertad es bastante más caro del de mayores pero, si mal no recuerdo, oscila en los $ 80.000 mensuales.

SEÑOR BORDABERRY.- Quiero plantear una inquietud sobre el artículo 220, referido a las erogaciones del presidente del directorio del Inisa y demás miembros y a la remisión a la Ley n.º 16170.

               Me gustaría saber cuánto se percibe actualmente y qué porcentaje afectará en las remuneraciones porque, tal como está redactada la norma, hay que ir al antecedente para saber de qué se trata que, en este caso, establece: «Inclúyese al Presidente del Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente en lo dispuesto por el literal A) del artículo 9 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley           Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y a los miembros del Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente en lo dispuesto por el literal B) del artículo 9 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990».

               En definitiva, debemos recurrir a la Ley n.º 16170 que se refiere al ministro de Estado, secretario de la Presidencia de la República y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 115 %. En función de esto, quisiera saber cómo quedarán las remuneraciones del presidente del directorio del Inisa y demás miembros.

SEÑOR BARRAGÁN.- No tengo en mi poder los números correspondientes, pero los sueldos del directorio del Inisa no se van a asimilar a los de los ministros.

               Sabido es que los sueldos del INAU –que tomaré como referencia porque repercuten en el Inisa– no fueron ajustados cuando sí se ajustaron ciertos cargos en la ley de presupuesto anterior. Por lo tanto, se siguen rigiendo por el 100 % del sueldo del subsecretario.

               No sé si me explico. No puedo hablar de incremento porque no hice los números, pero lo llevaríamos al 115 % que es lo que, según la Ley n.º 15809, ganaba el subsecretario. Reitero que no puedo proporcionar porcentajes porque no los tengo.

SEÑOR BORDABERRY.- La verdad que no me queda claro, pero hay un aumento.

SEÑOR BARRAGÁN.- Sí, hay un incremento.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido al directorio del Inisa que cuando tenga los números correspondientes nos los hagan llegar.

SEÑOR BARRAGÁN.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la presencia y la información brindada por las autoridades del Inisa.

               No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 12:15).