SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:14).

               –La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a las autoridades de la Presidencia de la República, para analizar lo relativo al inciso 02 en este proyecto de ley de rendición de cuentas.

               Tienen ustedes la palabra.

SEÑOR ROBALLO.-  Muchas gracias, señora presidenta.

               Como siempre, es un gusto estar aquí e intercambiar opiniones con los miembros del Parlamento sobre las políticas públicas que llevamos adelante desde Presidencia. Si bien tenemos pocos artículos, hay muchos elementos que quizá puedan ser objeto de intercambio.

               Quisiera saber si corresponde que en lo que tiene que ver concretamente con el articulado, ceda la palabra a los responsables de cada área para que den su explicación. Y, por supuesto, quedamos a las órdenes para todas las consultas o aclaraciones que los señores senadores quieran hacer.

SEÑORA PRESIDENTA.-  El mecanismo que hemos venido utilizando es que se realice una presentación general del inciso para luego considerar artículo por artículo. En ese caso podrá indicar quién va a hacer uso de la palabra; así hemos procedido. Además, puede haber alguna interrupción.

SEÑOR ROBALLO.- Muy bien, señora presidenta.

Por mi parte, simplemente quiero dar cuenta de que hemos ido avanzando bastante en diferentes aspectos que están bajo nuestra órbita de responsabilidad. Solo para poner un ejemplo, voy a mencionar la puesta en funcionamiento y el trabajo que ha significado la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Justamente, nos acompaña aquí el ingeniero Colacce. Son aspectos que discutimos en la instancia anterior de esta misma naturaleza y hoy, felizmente, podemos rendir cuentas de un trabajo hecho, de un camino realizado.

               Si la señora presidenta lo permite, entonces, sería importante que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García, realizara una introducción.

SEÑOR GARCÍA.- Buenas tardes; saludamos con mucho gusto a todos los senadores y senadoras  presentes.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene un artículo, que no es el primero del inciso de Presidencia, pero es muy sencillo. Se trata del artículo 27, en donde estamos solicitando un cambio de fecha en la presentación de los balances y estados financieros de los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado. Actualmente deben realizarse antes del 31 de mayo del año siguiente al cierre del ejercicio y ahora deberían realizarse antes del 31 de marzo del año siguiente al cierre del ejercicio. Esto es simplemente porque se ha identificado la necesidad de contar con dos meses más de análisis y poder disponer de la información de cada uno de los entes con esa antelación, lo que entendemos es perfectamente factible.

SEÑOR ROBALLO.- Nos gustaría que el ingeniero César Falcón, quien preside la Ursea, pueda hacer referencia a los artículos 18 y siguientes, que tienen que ver con el área que él dirige.

SEÑORA PRESIDENTA.- Creo que el señor senador Delgado quiere formular una pregunta antes de pasar a esos artículos.

SEÑOR DELGADO.- Gracias, señora presidenta.

               No es por arruinar el día de la nostalgia, pero queríamos consultar sobre otros artículos del inciso 02, «Presidencia de la República» antes de avanzar en alguna de las reparticiones en particular. El contador Álvaro García ya comenzó a hablar de la OPP, ahora viene la Ursea y después vendrá el resto de los organismos.

Estábamos viendo algunas de las planillas –es un contagio que hemos tenido del señor senador Heber– correspondientes a la ejecución presupuestal año 2016 de Presidencia de la República que figura en el tomo III. Vemos que hay siete programas de la Presidencia incluidos en el cuadro de inversiones y existe un total de 25 proyectos de inversión ejecutados por las distintas unidades del inciso. Empezamos a hurgar en ellos y vimos que tres de esos 25 proyectos de inversión representan el 91 % de la ejecución total del inciso.

El proyecto 714 refiere a la construcción de piscinas cerradas y climatizadas, una ejecución del 40 % de las inversiones del inciso, casi US$ 4:000.000. Informática –que es común a varios programas– equivale al 16,7 %. Inmuebles equivale al 34,3 %. Esto representa, repito, el 91 % de las inversiones del inciso.

Por tanto, pregunto –porque no tenemos la información; tal vez esté en algunas planillas y pedimos las disculpas en ese caso– dónde fueron hechas las piscinas cerradas climatizadas del año 2016 para las que se destinaron US$ 4:000.000 y, a su vez, cuáles son las inversiones previstas en el proyecto 973 por concepto de inversiones en inmuebles, año 2016, equivalentes a US$ 3:300.000.

SEÑOR ROBALLO.- Si la señora presidenta está de acuerdo, nos gustaría que el profesor Cáceres –secretario de la Secretaría de Deporte– hiciera uso de la palabra para referirse a todos estos temas.

SEÑOR CÁCERES.- Con todo respeto, señor senador, no llegué a entender cuál es la pregunta.

(Dialogados).

SEÑOR DELGADO.- La repito. Estaba viendo las inversiones en el inciso 02,  «Presidencia de la República»  de la rendición de cuentas de 2016, incluidas en el tomo III, Ejecución presupuestal 2016, y dentro de ellas se ve que hay siete programas de la Presidencia incluidos en el cuadro de inversiones, con un total de 25 proyectos de inversión, ejecutados obviamente por las distintas unidades del inciso.

               Dentro de esos 25 proyectos de inversión existen tres que representan el 91 % de la ejecución total. Uno de ellos es el 714 –Construcción de piscinas cerradas y climatizadas–, por casi US$ 4:000.000; otro es el 972 –Informática–, US$ 1:600.000, y el 973 –Inmuebles–, equivalente a US$ 3:300.000.

               La pregunta es dónde se construyeron las piscinas del proyecto 714 del año 2016, por casi US$ 4:000.000, y cuáles son las inversiones en inmuebles, del año 2016, por un monto de casi US$ 3:300.000.

SEÑOR CÁCERES.- Vamos a revisar esas cifras, porque no me consta que hayamos dispuesto de ese dinero. Sí puedo informar que hay obras planificadas hasta el final del ejercicio pero –como dije– deberíamos hacer una revisión antes de contestar para poder dar una respuesta precisa.

SEÑOR DELGADO.- Eso figura en la parte superior de la página 386 del distribuido 1414, anexo XII, tomo III, «Funcionamiento e inversiones», programa 282, Deporte comunitario, proyecto 714, Construcción de piscinas cerradas y climatizadas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a pasar a otra pregunta mientras se busca la información correspondiente.

SEÑOR DELGADO.- La otra interrogante tiene que ver con el programa 343, proyecto 973 –que figura en la misma página–, al cual le fueron asignados USD 3:300.000 para inmuebles. Me gustaría saber cuáles fueron las inversiones en inmuebles del año 2016 correspondientes al proyecto 973.

SEÑOR ROBALLO.- Ese proyecto está relacionado con el financiamiento de un edificio anexo a la Torre Ejecutiva, que se construyó con la finalidad de albergar algunas  oficinas  que se  encontraban  funcionando  en  edificios  vetustos y alquilados –como por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, que recientemente se mudó allí–, y para referirse a ello cedo el uso de la palabra al contador Juan Serra.

SEÑOR SERRA.- Buenas tardes, señora presidenta y miembros de la comisión.  

               Para ubicarnos en el contexto que mencionaba el señor senador, el inciso 02 ejecuta parte de sus inversiones en el propio inciso, pero la mayoría de ellas –por eso se ve en términos relativos como un peso muy grande– se realizan por medio del inciso 24, unidad ejecutora 002, donde están las inversiones de Agesic y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, todo lo relacionado con las intendencias y demás. Lo que figura allí en inmuebles del proyecto 973 fue lo que ejecutó el programa 481, Política de gobierno, de la unidad ejecutora 001, que se destinó, básicamente, a la finalización y equipamiento del edificio anexo a la Torre Ejecutiva. Y la parte de informática también está relacionada con eso, porque hubo que ampliar la capacidad del Datacenter de Presidencia de la República y demás. Ese es el equipamiento que figura en el inciso 02.

SEÑOR DELGADO.- ¿Es el anexo que está atrás de Presidencia?

SEÑOR SERRA.- Exactamente.

SEÑOR ROBALLO.- Corresponde pasar a los artículos 18 a 25, que refieren a la Ursea, para lo que cedería la palabra al ingeniero César Falcón.

SEÑOR FALCÓN.- Estos artículos tienen que ver con el control de los generadores de vapor, asunto que llegó a la Ursea en el año 2010, a través de la Ley de Presupuesto. Con anterioridad este tema había estado en la órbita de otros organismos, como el ministerio de trabajo o el de industria y, como decía, finalmente llegó a la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua.

               El control de los generadores de vapor está en normas muy dispersas, algunas muy viejas –inclusive, hay algunas de principios de siglo XX–, por lo que entendimos pertinente aunarlas de acuerdo con las tecnologías actuales, dado que no se tenía claro si algunas seguían teniendo validez.

               En definitiva, en los artículos 18 a 25 se incluyen distintos aspectos relativos al control de los generadores de vapor, tarea que la Ursea tiene la responsabilidad de llevar a cabo.

               Otro aspecto importante en estos artículos tiene que ver con el tributo por los servicios de inspección que realiza la Ursea a los distintos generadores de vapor. En el marco normativo anterior, la tasa era lineal y proporcional a la superficie de intercambio de cada generador. Ahora bien; ocurre que ha entrado al país una nueva gama de generadores de vapor de grandes volúmenes, por lo que, si seguimos basándonos en el mismo marco normativo y la tabla que teníamos para cobrar los tributos por servicios de inspección, se llegaba a cifras siderales, enormes. Eso nos pasó con algún generador de grandes dimensiones. Entonces, en este paquete de artículos rectificamos ese aspecto, acotando los montos que se pueden cobrar por los servicios de inspección. Además, se hace en forma escalonada, en función del servicio que se presta por inspección, dado que encontramos que era más justo.

               Ese es el contexto general, señora presidenta, pero si lo consideran necesario podemos ir viendo artículo por artículo.

SEÑOR DELGADO.- Entre otras cosas, en estos artículos se crea una tasa de control de generadores de vapor y mi pregunta tiene que ver con la recaudación.

               Según se establece en la página 9 del anexo II, «Costo y fundamentación del articulado», la nueva tasa aparentemente sería suficiente para financiar las actividades de control que se prevé por parte de la Ursea.

               ¿Cuánto se estima recaudar con los nuevos valores de la tasa de control de generadores de vapor fijada en el artículo 23 de este proyecto? Nos interesaría saber cuál es el horizonte de recaudación previsto.

               A su vez, nos llamó la atención el hecho de que al final del artículo se dice que el 50 % de lo recaudado se destinará a rentas generales y el resto a la Ursea.  Uno tiene la presunción de que se fijaron tasas acordes para financiar el servicio de regulación y control de generadores a vapor. Me cuesta entender por qué la mitad de lo que se recauda va a la Ursea y la otra a rentas generales. Me gustaría conocer alguna fundamentación al respecto.

SEÑOR FALCÓN.- El monto que se espera recaudar con la tasa es de alrededor de $ 8:000.000 anuales. Esa cifra es menor que la que se recaudaría con el marco normativo anterior que, como hemos expresado, no topeaba en función del tamaño del generador de vapor y, por lo tanto, se podría llegar a cobrar cifras muy importantes ya que, como dijimos, hay generadores de vapor nuevos de suma importancia.

               Con respecto a cómo se realizó el cálculo, no hemos traído el informe que refiere a cuáles son los costos reales en los que se incurre para realizar el servicio de inspección –en el estudio participó el equipo económico de la Ursea– que nos permitió calcular los montos que hoy estamos plasmando en el articulado.

               En cuanto al monto que va a la Ursea y a rentas generales, debo decir que fue el Ministerio de Economía y Finanzas el que nos solicitó que incorporáramos el artículo. De todas formas, ello no hace a los ingresos a la unidad reguladora, ya que están estipulados por la ley de presupuesto de la unidad.

SEÑORA AVIAGA.- Quisiera hacer algunas consultas sobre la Ursea.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sugiero a la comisión terminar con las consideraciones del articulado y luego pasar a las preguntas atinentes a los distintos estamentos de Presidencia.

SEÑOR ROBALLO.- Cedo la palabra a la señora Nalberte para referirse al artículo 26.

SEÑORA NALBARTE.- El artículo 26 refiere a la reasignación de créditos, cargos y funcionarios afectados al Proyecto 605. La reasignación va en financiación 00 de Funcionamiento General. En realidad, es una forma de ordenar y emprolijar la gestión.

               El Proyecto 605 refiere a la Encuesta Continua de Hogares, que el año que viene cumple cincuenta años. Es una tarea permanente y continua de la institución. Lo que se ha hecho a través de los años fue modificarla para llegar a la cobertura nacional. Este proyecto comenzó en el año 2006 y lo que hemos logrado hasta ahora fue deshacernos de algunas trabas burocráticas, a los efectos de ordenarnos y demostrar que es un proyecto transparente y permanente. Por tal motivo, solicitamos la reasignación de los créditos al financiamiento general de la institución.

SEÑOR ROBALLO.- El director de la OPP ya se ha referido al artículo 27.

SEÑOR DELGADO.-  Tengo la  memoria anual 2016 de la Ursea y  quiero consultar a sus representantes si tienen en carpeta la creación de un fideicomiso de eficiencia, calidad y seguridad al servicio de la energía y el agua. Esto en realidad se planteó con respecto al aumento de competencias adicionales que el sector de energías renovables y generadores de vapor ha tenido por parte de la Ursea y por la necesidad de mayores recursos por las actividades de fiscalización. Sé que está planteado un fideicomiso que se crearía con los excedentes de recaudación de la tasa de control del marco regulatorio de energía y agua. 

Este es un tema que se ha planteado y me gustaría conocer la opinión de los integrantes del directorio de la Ursea.

SEÑOR FALCÓN.-  Efectivamente, en el anuario de 2016 se hace un comentario con respecto a ese fideicomiso. En realidad, nosotros elevamos un expediente al Poder Ejecutivo, sabemos que se está estudiando, pero todavía no recibimos una respuesta.

SEÑOR ROBALLO.-  Para referirse al artículo 28, nos gustaría que hiciera uso de la palabra el ingeniero José Clastornik que está a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información.

SEÑOR BORDABERRY.-  Antes de continuar, quiero volver al artículo 27 porque se me presentó una duda y solicité la Constitución de la República.

               El artículo 27  establece que los entes autónomos y servicios descentralizados «deberán cumplir con lo establecido en los numerales 1) y 2) del artículo 128 de este Título, en lo referente a la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos y formular sus balances y estados financieros de acuerdo con la naturaleza de la explotación a su cargo y con sujeción a las respectivas leyes orgánicas, publicarlos conforme al artículo 191 de la Constitución de la República y remitirlos al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio respectivo, antes del 31 de marzo del año siguiente al cierre del ejercicio, para su presentación a la Asamblea General». Obviamente, el cierre del ejercicio es el 31 de diciembre.

Tengo entendido que la exigencia del Tribunal de Cuentas es que se le envíen los balances y las rendiciones de cuentas antes del 31 de marzo y ahí recién se pronuncia.

Lo que puede suceder con este artículo es que se envíe un balance que todavía no esté aprobado por el Tribunal de Cuentas y que después este lo observe, tenga que modificarlo y la información no sea la correcta. No sé si han previsto esa temporalidad entre una cosa y la otra. Incluso, hemos visto en otras comisiones que hay demoras en la entrega de esos balances al Tribunal de Cuentas. Si al 31 de marzo hay que enviarlo al Tribunal de Cuentas, ahí recién va a empezar a estudiarlo y en esa fecha también hay que enviarlo al Poder Ejecutivo, puede haber un desfase en la información. Quería solucionar ese tema y por eso solicité la Constitución y no atendí la respuesta que se dio cuando se consideró ese artículo.

SEÑOR GARCÍA.-  Procuraremos que no exista esa discrepancia en el entendido de que el objetivo del artículo es tratar de anticipar en mayor medida –dos meses antes de lo que sucede actualmente– la presentación de los balances al Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, las empresas deberán tener los balances con anterioridad y de la manera que requieren ser presentados ante el Tribunal de Cuentas para que no existan discrepancias entre las dos fechas. En caso de aprobarse este artículo, sería el 31 de marzo del año siguiente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Para referirse al artículo 28 tiene la palabra el director de Agesic.

SEÑOR CLASTORNIK.- Muchas gracias, señora presidenta.

Una de las claves para la construcción del gobierno digital es la utilización de la firma electrónica, tanto de la persona física como de la persona jurídica, con el valor legal de una firma autenticada por escribano público. Los instrumentos originales previstos en la ley anterior estaban relacionados con elementos físicos; se podía aportar un token o la cédula de identidad.

El avance de la tecnología permite que existan alternativas que universalizan el uso de la firma electrónica a través de una app que permite firmar con el celular. Existen diferentes alternativas. Nosotros optamos por una app con la que está trabajando la comunidad europea porque en estos temas hay que visualizar la coherencia y la compatibilidad con otros países o regiones. Se parte de la base de que se pueda invocar desde una app a una autoridad que custodia las firmas, que hace que se firme con la orden de la app u otro instrumento que haya en ese momento. Eso implica la existencia de esas autoridades, que ellas hagan la certificación y que haya un marco legal que extienda los cometidos que tenía la Unidad de Certificación Electrónica para regular este nuevo mecanismo.

SEÑOR ROBALLO.- Señora presidenta: como no tenemos más artículos, creo que estamos en condiciones de que la Secretaría Nacional de Deporte responda la pregunta que se hizo al inicio de la sesión.

SEÑOR CÁCERES.- La denominación del proyecto presupuestal 714 no comprende todos los proyectos de inversión que finalmente fueron incorporados a este proyecto. Dice: «construcción de piscinas cerradas y climatizadas» y eso obedece a respuestas que estuvimos dando en el camino.

               Detallaremos adónde se destinaron los fondos de este proyecto. Hubo que invertir $ 48:000.000 –en un proceso de licitación que todavía está en curso– en el cerramiento y la climatización de la piscina de Dolores. A su vez, sustituimos la construcción de una piscina por la reparación de varias que, después de haber sido construidas hace mucho tiempo, tuvieron algunos desperfectos, algunas en el vaso y otras en instalaciones complementarias.

A modo de detalle, la piscina de Bella Unión en el departamento de Artigas, insumió $ 7:585.000; la de Canelones, que tuvo desperfectos en su construcción, requirió una inversión de $ 6:406.000 y en Tarariras, departamento de Colonia, un viejo problema en la construcción de la piscina significó una inversión de $ 453.000. Por su parte, en Montevideo la cifra por un total de $ 25:313.930 tiene que ver con la adecuación de varias piscinas de diferentes plazas de deportes.

               Luego hay dos casos excepcionales, que son las pistas de atletismo de Durazno y Paysandú. En ambos lugares existen piscinas, pero son espacios de desarrollo deportivo de valor regional y, según el programa de inversiones, se debe comenzar por esta construcción de pistas de atletismo, cuyo llamado a licitación está en curso y, tanto en Durazno como en Paysandú, asciende a $ 13:273.791. El total es de $ 116:305.829.

SEÑOR DELGADO.- Agradezco la información brindada.

               Las cifras más o menos coinciden con los números manejados en el proyecto 714, es decir, son aproximadamente USD 4:000.000.

               Quiero formular una pregunta simplemente por curiosidad. Si no entendí mal, la primera piscina que mencionó tuvo un costo de $ 48:000.000, o sea, USD 1:500.000. ¿Esto es así? ¿Tiene ese valor o presenta alguna característica diferente a las demás?

SEÑOR CÁCERES.- Por supuesto que no todas las piscinas ascienden al mismo valor. En el caso de Dolores se trata del cerramiento y climatización, pues el vaso era preexistente; o sea que estamos por debajo del costo total de una piscina. En este caso, se trató de cerramiento, climatización y algunas construcciones complementarias. El costo de una piscina, si se comienza de cero, es bastante más alto que eso.

SEÑOR HEBER.- Para ahorrar tiempo a la comisión, quiero hacer un comentario sobre el tema de las piscinas, que fue tan discutido.

               En realidad, lo que quiero decir no tiene que ver con este artículo, sino con una preocupación del señor senador Carámbula y de quien habla cuando tuvimos la oportunidad de estar en Las Piedras. Me refiero al Club Solís. Este club viene haciendo un esfuerzo muy grande, a través de la celebración de convenios con los liceos y las escuelas, para adecuar la piscina y brindar servicios, naturalmente gratuitos, en función de obtener un crédito o una ayuda económica para ponerla en condiciones. En tal sentido, con el señor senador Carámbula nos hemos comprometido a hablar sobre este tema, que no es partidario, sino social y es importante en Las Piedras. Todos conocen la vinculación que muchos tenemos con un club tan tradicional, prestigioso y antiguo como el Club Solís de Las Piedras. Es más, iremos a golpearles la puerta para pedir por ello. No se precisa un millón de dólares, sino mucho menos. Esto ayudaría muchísimo a una población urbana muy importante que, en muchos kilómetros a la redonda, no tiene otra instalación como el Club Solís para aprender a nadar y competir.

               Dejamos planteada esta inquietud a modo de constancia y reiteramos el compromiso del señor senador Carámbula –no integra esta comisión, pero está muy vinculado al club– y de quien habla por el Club Solís.

               Pido excusas a la comisión pero, aprovechando la presencia del señor prosecretario de la presidencia –a quien damos la bienvenida al igual que a toda la delegación que lo acompaña, porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo antes–, quiero referirme a los artículos 29 y 30 que fueron introducidos en la Cámara de Representantes. Quizás podríamos recibir algún comentario al respecto.

               Antes de escucharlo, quiero señalar que en la Cámara de Representantes el señor representante Gandini hizo referencia al Decreto de Presidencia de la República CM/397, de 12 de setiembre de 2016, que establece que «los Incisos de la Administración Central deberán identificar las Personas Jurídicas de Derecho Público no Estatal que funcionen en su órbita, o que se conecten con el Poder Ejecutivo por su vía, debiendo remitir en un plazo de 90 días a la Secretaría de la Presidencia de la República el resultado de la misma».

               Hay dos o tres artículos complementarios, pero lo importante es el plazo de 90 días.

Como se trataba de setiembre del año 2016, el señor representante Gandini pedía –y nosotros lo repetimos hoy– al prosecretario que le alcanzara la información. El prosecretario le contestó al diputado Gandini: «Nos comprometemos en remitir esta información a la brevedad. Podemos proceder a enviarla en 24 o 48 horas como máximo, si están de acuerdo».

Ya pasaron  más de 24 y más de 48 horas y ni el señor representante Gandini ni ningún miembro de la comisión recibió la información, que para nosotros es importante.

No pido que se comprometa a enviar esta información en 24 o en 48 horas, pero sí que nos la alcance antes de que el tema pase al plenario, si es tan amable, nuestro amigo, el doctor Andrés Roballo.

Son datos que nos gustaría tener a la hora de informar al cuerpo sobre algo que hasta ahora no sabemos bien, que es hasta dónde va, en qué consiste y qué tipo de relación  tiene el Estado con estas empresas. Algunas, por supuesto, las conocemos muy bien,  pero no sabemos si las conocemos a todas.

Por lo tanto, pido al señor Roballo que nos alcance esa información que para nosotros es muy importante y que los señores representantes no recibieron.

SEÑOR ROBALLO.- Tiene razón el señor senador Heber y la verdad es que vamos a chequear la razón por la cual no le llegó esa información a la Cámara de Representantes y concretamente al señor representante Gandini.

               La información respectiva la tenemos aquí. Nosotros nos comprometimos a alcanzar esos datos y otros que refieren al trabajo realizado por la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático y ahora tengo la duda de si habrán llegado o no. De todas maneras, aquí está el secretario para brindar los datos.

               Evidentemente siempre tenemos la obligación, pero también el gusto de compartir la información, discutir sobre ella, etcétera.

               Si la presidencia está de acuerdo, me gustaría que hiciera uso de la palabra el doctor Scavarelli para que precisamente se refiera a todos esos puntos que debieron llegar a la comisión de la Cámara de Representantes. Vamos a ver qué sucedió, pero en todo caso no es un problema de la Oficina Nacional del Servicio Civil, sino un tema burocrático de Presidencia de la República.

               Como mencioné, la información está aquí y, si se está de acuerdo, el doctor Scavarelli puede proporcionarla en este momento.

SEÑORA PRESIDENTA.- Con mucho gusto, la presidencia concede el uso de la palabra a nuestro querido compañero de Cámara, el doctor Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Efectivamente, cuando tomamos conocimiento de lo que establecen los artículos 29 y 30, aditivos propuestos en la Cámara de Representantes y aprobados por unanimidad, la Oficina Nacional del Servicio Civil desplegó un equipo para ir preparándose, en la presunción de que seguramente la Cámara de Senadores lo iba  a acompañar.

               En realidad, entre que se produce la aprobación de la norma y su entrada en vigencia, y si se aprueba en estos términos, establecer los mecanismos de contralor, el tiempo de que disponemos es muy corto.

               Debo aclarar que los mecanismos de contralor significan para la Oficina Nacional del Servicio Civil, un incremento del 87 % del número de entidades a controlar y, por lo tanto, requiere el despliegue de un enorme esfuerzo.

Antes que nada, para llegar al número de cuál era nuestra nueva responsabilidad en esta norma recurrimos a las fuentes de información que ya se mencionaron, complementadas con la información que tiene registrada por balance la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y por el sistema de contralor que la ley pone de su cargo el Banco Central del Uruguay, una para las personas jurídicas de derecho público no estatal y la otra para las sociedades anónimas con participación estatal, que son controladas por el Banco Central del Uruguay. Una proviene de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la otra del Banco Central del Uruguay, cosa que agradecemos mucho porque vino como respuesta a la información de presidencia ya había recogido en función del decreto que mencioné. Tenemos la lista, no deberíamos esperar ni 24 horas en entregársela. No tengo inconvenientes en dejársela para que la tengan disponible o, si les es más fácil, se las enviaremos en formato digital para que puedan procesarla.

Es una lista larga pero muy importante porque es la fuente que nos rige. La norma de la Cámara de Representantes, a diferencia de lo que establece para el Tribunal de Cuentas, atribuye la competencia a la Oficina Nacional del Servicio Civil –le da media sanción– para aquellas entidades, en el caso de las sociedades, que tengan mayoría de participación estatal. Hay otras sociedades en las que el Estado tiene una participación, en algunos casos, hasta simbólica, pero no están comprendidas en la norma que propuso el legislador en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, de acuerdo con la información que tengo, si se cree conveniente puedo dejar esa lista en el entendido de que hay otras que nosotros no hemos considerado; el proyecto que se aprobó no comprende a las sociedades en las que el Estado no es accionista mayoritario, por decirlo de algún modo.

               A continuación, me voy a referir a los artículos 29 y 30, teniendo en cuenta que la Oficina Nacional del Servicio Civil va a tener el honor de estar aquí el día 30 para presentar como siempre toda la información, que este año viene más detallada y nos va a permitir un seguimiento más importante.

En los artículos 29 y 30 se crean los dos mecanismos que se agregan a la Oficina Nacional del Servicio Civil como contralor. Ha sido largamente debatido en el Parlamento nacional y esta vez ha salido por unanimidad en la Cámara de Representantes.

Por un lado, el artículo 29 establece que «la Oficina Nacional del Servicio Civil deberá incluir anualmente en la Rendición de Cuentas, un informe del número de vínculos laborales con el Estado, las personas de derecho público no estatal y las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea  participación mayoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica, la naturaleza de su vínculo y su financiación, correspondiente a diciembre del año anterior, discriminado por tipo de vínculo y organismo, determinándose asimismo su distribución por sexo.

El referido deberá contener además información relativa a las altas producidas según  mecanismo de selección utilizado y la cantidad de renovaciones, así como las bajas generadas en el año inmediato anterior por tipo de vínculo».

               El artículo 30 establece: «Créase el Registro de Vínculos del Estado (RVE) –al que me referiré ahora muy brevemente– administrado por la Oficina Nacional del Servicio Civil, que es el que contiene una base de datos que cuenta con los datos personales y funcionales de quienes tienen un vínculo de carácter funcional con el Estado, las personas de derecho público no estatal y las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica, la naturaleza de su vínculo y su financiación.

Las personas designadas nexos en cada inciso –esta parte es muy importante para la Oficina Nacional del Servicio Civil– serán responsables de la veracidad y la actualización de la información que registren. El incumplimiento de lo dispuesto precedentemente configurará falta administrativa pasible de sanción».

El Registro de Vínculos del Estado –que ha tenido un enorme desarrollo– junto con el observatorio –que después de la reestructura pasó a ser laboratorio de los datos de la administración del Estado que lleva el servicio civil– se alimenta de una información que proviene de los organismos, la procesa, la articula, la coteja y, en virtud del convenio que tenemos con el Banco de Previsión Social, hace el cruzamiento para ver si hay algún error en la información procedente de los organismos de origen porque los cuadros son complejos. De ahí la importancia de los nexos.

               Como la Oficina Nacional del Servicio Civil –en este articulado hay una norma importante– tenía la obligación de informar y ahora vamos a tener la capacidad de apretar determinados mecanismos para que se cumpla con las cuotas de afrodescendencia y discapacidad –justamente lo propuso la Oficina Nacional del Servicio Civil y el día 30 lo analizaremos–, ya tenemos una experiencia de relacionamiento con nexos de los organismos paraestatales. No tenemos experiencia con las personas que forman parte de las sociedades anónimas con participación estatal, que no son las paraestatales clásicas.

               Con ellas tendremos que desarrollar un arduo trabajo que va a comprometer también a la Escuela Nacional de Administración Pública que permitirá formar a los nexos. Por otra parte, todo nuestro departamento tecnológico debe establecer un mecanismo que permita el volcado de la información que procede de los distintos organismos y, en este caso, de distintas empresas, sobre todo las sociedades comerciales que no están acostumbradas a este tipo de remisión de datos.

               Por un lado, estamos en condiciones de dar cumplimiento inmediato al planteo en relación con todas las paraestatales y las sociedades comerciales con participación mayoritaria del Estado, sin perjuicio de que podemos remitirles las que faltan, que son aquellas que no tienen esa cuota de titularidad superior al 50 %. Por otro lado, en la Oficina Nacional del Servicio Civil, pese a que la norma recién está en curso de aprobación y no conocemos su destino, no esperamos a que se aprobara, sino que ya tenemos los vínculos establecidos y estamos esperando para ampliar el convenio con el Banco de Previsión Social, a los efectos de que los datos a cruzar puedan comprender vínculos de tipo privado –porque el convenio que tenemos es para funcionarios públicos– para cotejar las sociedades comerciales cuyos vínculos laborales son de naturaleza privada.

               Tendría más para decir, pero básicamente es lo manifestado. Quiero recalcar a todos los efectos que esto implica un 87 % en el incremento de la actividad que lleva a cabo la Oficina Nacional del Servicio Civil en materia de entidades y organizaciones a controlar.  

SEÑOR BORDABERRY.- Hace algunos días se publicó información sobre la flota oficial que me llamó la atención. Se dice que en 2017 la flota oficial tiene 14.648 autos y, por lo que estuve leyendo, en 2010 tenía 6.145. Me pareció que la información debía estar mal. Fui más atrás y en 2000 la flota era de 871 vehículos. Antes de que se pongan nerviosos quiero decirles que llegué a la respuesta: en el año 2000 se puso en funcionamiento el Sistema de Control Vehicular y evidentemente esta información no es correcta o lo es a medias. En realidad, es la flota oficial que está dentro del Sistema de Control Vehicular. Esa debe ser la respuesta.

               De todas formas, quisiera saber si alguien controla la flota oficial y, en caso de que así sea, quién es. Supongo que será la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. No sé quién hace el control; los datos son del Sistema de Control Vehicular.

               Recuerdo que cuando me tocó ser ministro el control lo hacía el ex presidente Batlle. Era una especie de control personal. Me preguntaba: ¿Cuántos autos tenés en el ministerio? Yo le respondía: «En el Ministerio de Turismo hay diez». Un día me dijo: «Vamos al 50 %, vendé la mitad».  Supongo que debe haber algún sistema de control vehicular en el Estado un poco más preciso. Me gustaría saber si esto es así, qué porcentaje de autos están dentro de ese sistema de control vehicular y si hay algún tipo de discriminación por organismo. Son preguntas muy específicas y nuestros invitados no tienen por qué tener las respuestas ahora. Si las envían después, no hay problema.

SEÑOR HEBER.- Hay una cifra que me llamó la atención. Quizás se pueda justificar, pero nuestro deber es preguntar. En el inciso «Presidencia de la República», dentro de «Servicios no personales», está el objeto 291, «Servicios de vigilancia y custodia». Naturalmente, nadie cuestiona el hecho de que tenga que haber un servicio de este tipo, seguramente para el señor presidente de la república. Pero me llama la atención el número, porque son unos $ 53:000.000, es decir, casi USD 1:800.000. ¿Tanto cuesta la custodia del señor presidente de la república? Quizás nos puedan decir cuánto personal hay para poder justificar esta cifra. Supongo que no serán pocos; deben ser muchos, porque estamos hablando de una cifra importante, en un momento en que estamos buscando recursos. No sé si la pueden justificar.

SEÑOR ROBALLO.- En primer lugar, voy a referirme a la consulta anterior, que tiene que ver con el Sisconve, el Sistema de Control Vehicular de la flota del Estado. Este sistema fue un gran paso, porque se realiza, además –por medio de un formato electrónico, un software–, un control a través de Ancap y de los diferentes organismos a los que pertenece cada parte de la flota. Tendremos que ver bien si el número que señaló el señor senador es correcto, pero estamos casi seguros de que sí. Evidentemente, también está discriminado por organismo, por inciso, por unidad ejecutora, etcétera. A través de esa herramienta se puede controlar no solo el número de vehículos, sino el consumo de combustible, por donde se desplazan, las velocidades, etcétera. Es decir que se obtiene una gran cantidad de información. Y hay un control por parte de este ente público, pero también es un sistema que le permite a cada jefe de flota de cada inciso de la Administración central y otros organismos verificar en línea incluso la velocidad con la que se va trasladando el vehículo. De hecho, los jefes de flota tienen un sistema en el cual cuando hay un vehículo bajo su órbita que está excediendo la velocidad permitida, salta una alarma y hay una comunicación a los efectos de advertir esa situación, controlarla, etcétera.

               El otro elemento que es muy importante es el control de los consumos de combustible y también de los lugares a los que se desplazan los vehículos porque genera una especie de trazabilidad y también permite un análisis de eficiencia de la utilización de la flota. Lo que nosotros podríamos hacer es lograr la información sobre el número exacto de los vehículos que integran la flota del Estado que está incluida en este sistema, así como la división por organismo, a los efectos de que los señores legisladores puedan analizarlo.

               Este sistema resultó ser muy bueno porque ordenó mucho y permite un contralor ajustado para lograr la debida utilización de una herramienta de trabajo, tal como son los diversos tipos de vehículos pertenecientes a la flota del Estado. Por tanto, también nos permite hacer una ponderación, un análisis para saber si se están utilizando bien.

               Es de hacer notar que, incluso se han dado situaciones de auxilio o préstamo de vehículos entre diferentes organismos del Estado porque también existe el objetivo de racionalización, de buena administración de una herramienta de estas características. Así que, con mucho gusto, proporcionaremos esa información.

SEÑOR BORDABERRY.- Conozco las bondades del sistema. Es más, empezó a funcionar cuando ocupé cargos ejecutivos. Lo conozco bien y sé que ha ido mejorando.

               Más que los que están adentro, me interesan los que no lo están, si es que hay alguno en esa situación. Me parece que ahora estamos llegando a la etapa de maduración en el sistema que va a permitir que todo esté allí adentro y que el control sea mejor. No sé si hay algunos que no lo están. Creo que ahora hay una obligación legal de que esté incluido en el sistema. Esa es la información que más me interesa, a modo de complemento de la otra.

               Gracias.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Quisiéramos pedirle al doctor Scavarelli, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que nos dé algunos avances relativos a la Ley n.°  19.122. Creo que es importante e interesante ratificar la línea en la que el gobierno ha trabajado desde que esta ley se instaló para que se efectivice.

               En este sentido, aquí tenemos el Distribuido n.º 1414/2017, que es muy importante, muy rico y creo que esta comisión no puede obviarlo en virtud de la profundidad del informe que nos acerca el Poder Ejecutivo.

               Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR ROBALLO.- Para terminar de complementar la información que se le brindó al señor senador Bordaberry, ahora me están confirmando que, efectivamente, en el sistema está toda la Administración central, entes autónomos y servicios descentralizados, y también la mayoría de los gobiernos departamentales de las intendencias salvo algunas –que ahora no sé cuáles son– que todavía no están en el sistema. Presumo que, en el caso de los gobiernos departamentales, tiene que ver con que a partir de la autonomía de la que gozan es de ingreso voluntario al sistema, pero eso lo vamos a transmitir rápidamente a la comisión.

               Por otra parte, como nos entusiasmamos con el tema anterior, quedó pendiente la respuesta a la pregunta realizada por el señor senador Heber.

               Efectivamente, esa no es una cifra vinculada a los servicios de seguridad presidencial que están a mi cargo. Es un servicio de seguridad presidencial que está integrado por funcionarios del Ministerio del Interior y también por personal civil, como históricamente ha sucedido. También, entre el Servicio de Seguridad Presidencial y el Ministerio del Interior se provee de esta herramienta que tiene que ver con el cuidado de la integridad de la persona del presidente y de los expresidentes.  De todas maneras, esa cifra no se refiere a este tema porque la seguridad presidencial está integrada por un equipo de aproximadamente 130 funcionarios, la mitad de los cuales son del Ministerio del Interior.

Para explicitar a qué área refiere la cifra que manejaba el señor senador, solicito se conceda el uso de la palabra al contador Juan Serra.

SEÑOR SERRA.- Acaban de alcanzarme la información porque uno no viene munido de absolutamente todos los detalles, y esto es algo que se agrega porque pertenece a todo el inciso. Según los datos de que disponemos, por unidad ejecutora, el gasto se distribuye de la siguiente manera: el INE tiene un gasto aproximado de $ 3:500.000; la Ursec, también $ 3:500.000; y el componente mayor es el que corresponde a deportes, pero seguramente –y esta es una presunción– las sedes que funcionan fuera del edificio de Presidencia de la república contratan servicio de vigilancia. En el caso de deportes, como está extendido territorialmente a lo largo de todo el país, son muchos los lugares donde debe haber vigilancia, por eso tienen el gasto más importante –en términos relativos–, que es de unos $ 44:000.000. Eso cierra la cantidad mencionada, porque las unidades ejecutoras que están en el edificio sede de Presidencia de la república –como bien dijo el doctor Roballo– tienen la custodia del servicio de seguridad presidencial, o sea que no tienen gasto en este rubro.

SEÑOR SCAVARELLI.- Esto parece un anticipo de un programa de televisión, pero el día 30 vamos a traer todo el informe detallado.

Creo que a lo que se refiere el señor senador, es a que, felizmente, haya tenido recepción la propuesta que hicimos en su momento de que la Oficina Nacional del Servicio Civil tenía como competencia ser informante; o sea, nosotros recogíamos información y la volcábamos. Nos preocupaba, nos parecía bien, mal o regular, pero no teníamos cómo incidir en el mecanismo de discapacidad y afrodescendencia, que es lo que el señor senador planteó. Afortunadamente, el sistema normativo que estamos tratando de aprobar va a obligar a todas las entidades del Estado a publicar en Uruguay Concursa los llamados que surjan para permitirnos controlar esos llamados públicos, que tienen un sistema de contralor mediante otra competencia que se dio a la Comisión de Análisis Retributivo y Organizacional –la CARO, que preside la Oficina Nacional del Servicio Civil–, en cuanto a que cada jerarca de inciso tiene que justificar oportunidad y mérito de cada llamado que haga. Todos estos mecanismos nuevos generan fuertes competencias, con gran honor para la Oficina Nacional del Servicio Civil. En concreto, la medida de importancia es que los llamados que se produzcan van a tener que reservar, necesariamente, la cuotaparte presupuestal correspondiente a los ingresos autorizados por la CARO del Poder Ejecutivo para cubrir, por primera vez en el país, las cuotas de discapacidad y afrodescendencia. El día 30 daremos más detalles; por supuesto que todos sabemos que las cifras todavía son deficitarias como para llegar a los porcentajes, pero esperamos que con este mecanismo tengamos un sistema en el que la entidad que llama sabe que tiene que separar las cuotas del 4 % y del 8 % para discapacidad y afrodescendencia, que además cotejaremos con la obligatoriedad de todas las organizaciones del Estado –sin excepción– de publicar en Uruguay Concursa, la totalidad de los llamados que se realicen.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Simplemente quiero agradecer al doctor Scavarelli la información brindada y decirle que, sin lugar a dudas, constituye una base más que destacable.

SEÑOR ROBALLO.- Deseo referirme al tema anterior y dar un complemento a la información, quizás, para no dejar una imagen equivocada.

               Cuando hablé de una cantidad de funcionarios del entorno de los 130 o 140, obviamente, no me refería a la custodia personal del presidente. Eso es lo que se llama la custodia móvil, que es un puñado pequeño de funcionarios.

               Si bien, por razones obvias, yo no debería profundizar demasiado en este aspecto, lo cierto es que ese núcleo de funcionarios, en realidad, tiene a cargo la custodia de todos los edificios en los que trabaja el presidente: la Torre Ejecutiva –que tiene custodia fija y custodia móvil– y su anexo, la residencia presidencial de la calle Suárez –en la proporción adecuada– y el edificio Estévez.

               Se ha hecho un trabajo serio y profesional para la utilización de esos recursos de la manera más inteligente y sobria. En realidad, esto es así desde el primer Gobierno del doctor Vázquez, lo que se continuó en el Gobierno del expresidente Mujica. Se trata de utilizar mucho más la inteligencia y las tecnologías, y, como todos sabemos, eventualmente, en determinadas ocasiones, se cuenta con el apoyo de diversos organismos del Estado, como el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior o la Dirección Nacional de Bomberos.

SEÑORA AVIAGA.- No quiero dejar pasar la oportunidad sin hacerle un comentario al doctor Scavarelli sobre lo que ha dicho.

               Si bien es bueno el avance que acaban de mostrar, es triste que avancen tan lento. Si no me equivoco, la Ley n.º 18.651 fue aprobada en el año 2008 y recién ahora se están felicitando porque van a empezar a controlar que eso se cumpla dentro del propio Estado. El año pasado teníamos la esperanza de que este año ustedes trajeran mejores índices, ya que solo el 0,3 % de las vacantes del Estado habían sido llenadas con personas con discapacidad, cuando debería ser el 4 %. Hoy ya vimos el informe y este año ese porcentaje es de 0,6 %, es decir que hubo un avance muy lento. Y se congratulan porque para el año que viene o no sé para cuándo van a poder fiscalizar que eso se cumpla en toda la actividad pública.

               La verdad es que es bueno que hayan avanzado un poquito, pero es totalmente insuficiente, señor Scavarelli. No es para felicitarse.

SEÑOR SCAVARELLI.- Sin entrar en otras consideraciones –que seguramente haré oportunamente–, quiero dejar muy claro que la utilización de los términos debe ser absolutamente precisa, sobre todo y nada menos que en el Senado de la república. 

               Queda claro que lo que se advirtió es que una cosa es la función de informar cómo viene el proceso y otra los mecanismos de fortalecimiento para facilitar el cumplimiento de las cuotas.

               También es importante tener en cuenta –y todos nosotros deberíamos saberlo muy bien– el hecho de que, por ejemplo, para determinados tipos de discapacidad recién el país está comenzando a solucionar problemas tales como accesibilidad del público a los lugares públicos. Ingresar personas con cierta discapacidad en los ámbitos laborales –lo estamos trabajando con la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social– requiere adecuaciones edilicias de importancia, como, por ejemplo, instalar baños especiales. Lo que queda claro –y es una corriente internacional de protección de derechos humanos– es que a veces en la intención de querer solucionar un ingreso, por la falta de infraestructura, se somete a un funcionario a un verdadero sacrificio. Por lo tanto, el mecanismo viene en paralelo.

Lo que queremos decir es que está bien si se juzga la velocidad con que se llevan a cabo las acciones. Incluso, estamos de acuerdo en que deberían realizarse de manera más veloz, pero lo que importa es el rumbo y que haya un trabajo lineal con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que los llamados permitan que aquellas personas con discapacidades complejas –como por ejemplo, personas con problemas de retención urinaria o que necesitan tener un acompañante para poder desempeñar determinadas tareas porque no todas las discapacidades son iguales– puedan ingresar. Cabe destacar que cuando se hacen llamados, los organismos establecen ciertos tipos de incapacidad o discapacidad y en ellas se incluye a las psiquiátricas y a las patológicas, que están controladas y acreditadas por la comisión. Recordemos que la condición de afrodescendiente es autodeclarada, mientras que la discapacidad es una condición absolutamente acreditada. En esas situaciones acreditadas exigimos que en los llamados no solo se pretenda cubrir la cuota, sino que además se respeten los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad, proveyéndolas de la infraestructura necesaria para convivir. Recordemos que de acuerdo a la normativa vigente, esas personas entran a trabajar por el grado más bajo del escalafón, de manera provisoria y que cumplen ocho horas de trabajo diario. Por lo tanto, no solo debemos apuntar a que se cumpla con la cuota, sino con la calidad humana.

               Quería dejar claro ese tema y que estos números nos apenan a todos y más a quien les habla, por ser hijo de un discapacitado.

Para finalizar, quiero decir que hemos asumido un compromiso con el presidente de la república de establecer, en el menor plazo posible, la mejor calidad para la obtención de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

SEÑORA AVIAGA.- Queríamos aprovechar la presencia del ingeniero Colacce para que nos cuente acerca de su trabajo en la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático.

Deseo, además, que nos informe acerca de los aspectos que están bajo su órbita  que refieren al cambio climático, al agua y al ambiente, a los objetivos, a las funciones y a la articulación que realiza con los distintos organismos. Por último, quisiera saber si estas se superponen con algún organismo en particular o si su trabajo es transversal.

SEÑOR COLACCE.- La Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático comenzó a funcionar en el mes de junio de 2016, luego de que quedara firmado el decreto que reglamentó su funcionamiento. En ese decreto se creó, además, el Sistema Nacional Ambiental y el Gabinete Nacional Ambiental. Todo esto jerarquiza, prioriza y da una visión mucho más integrada de lo que son los temas ambientales, de agua y de cambio climático.

Como ya sabemos estos temas son cada vez más transversales y merecen, entonces, este tipo de gobernanza, de institucionalidad, que ya tiene algunos antecedentes en nuestro país. En el año 2009, se creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático bajo un concepto similar, esto es, teniendo en cuenta lo que es la transversalidad de estos temas. Siempre comento que cuando asisto a convenciones internacionales de cambio climático, biodiversidad, etcétera, generalmente las delegaciones nacionales no están presididas por el ministro de medio ambiente, sino por el ministro de economía, justamente por esa visión de desarrollo sostenible que es lo que hoy rige como paradigma, esto es, el equilibrio entre producción y medioambiente basado en la sustentabilidad. Otras veces, incluso, según la importancia de las reuniones, concurren los propios presidentes de la república.

               Los objetivos de esta secretaría –mirando estrictamente lo establecido por ley y por el decreto– están basados fundamentalmente en una articulación transversal, concreta, desde presidencia. Además tenemos todo lo que oficia como secretaría desde el  Sistema Nacional Ambiental y el Gabinete Nacional Ambiental un poco articulando el funcionamiento de esta nueva institucionalidad.

               Básicamente se arrancó de cero, lo que quiere decir que hubo que dotarla de personal. Por la situación apremiante de comenzar a trabajar cuanto antes se recurrió básicamente a pases en comisión de funcionarios con amplia trayectoria en estos temas de otros organismos e, incluso, hubo un aporte directo de personal desde Presidencia. Se conformó así un grupo pequeño, pero muy bien capacitado para estas actividades.

               En  una primera etapa se identificó claramente todo lo que es la institucionalidad actual y los distintos ámbitos – que son muy numerosos– vinculados a estos temas, tanto de carácter gubernamental público, como ONG y organismos de participación,  que son muchos. 

               En función de eso trazamos una primera agenda sobre aquellos temas que tenían más apremio o donde era más visible la importancia de una articulación interinstitucional. Allí figuran, obviamente, temas vinculados a cambio climático con el resultado reciente –de fines de abril–  de haber aprobado una política nacional en el Gabinete Nacional Ambiental. También está el Plan Nacional de Aguas, que tuvo un largo proceso y hoy contamos con su aprobación e, incluso, con su decreto correspondiente que fue aprobado previo pasaje por el Gabinete Nacional Ambiental.

               Hay temas muy variados en la interacción con distintos organismos del Estado. Obviamente, nuestros vínculos diarios más fuertes son con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por su actividad en la producción agropecuaria del país. Con respecto a  estas actividades de articulación transversal,  justamente en el día de hoy comenzó la puesta en manifiesto de las NDC, que son los compromisos que cada país presenta a la ONU, más precisamente al Acuerdo de París, en el marco de la convención de cambio climático. Este documento se va a poder ver a partir de hoy en la página web del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y además están previstas instancias concretas para presentarlo en distintos ámbitos y someterlo a la discusión pública. Me adelanto a decir que lo  que allí se expresa como compromiso que ha asumido o puede asumir el país, especialmente en lo que es la mitigación del cambio climático, la reducción o la captación de gases con efecto invernadero a nivel nacional, ha dado resultados muy buenos en cuanto a la imagen de nuestro comportamiento en este tema, a nivel mundial.

               En ese documento podrán observar que, a pesar del crecimiento del PBI desde 1990 a la fecha, en el año 2025 podemos llegar a tener la misma emisión de gases con efecto invernadero que en 1990; incluso, lo podemos comparar con lo que sería el escenario contrafáctico de haber tenido un aumento de emisiones proporcional a lo que ha sido el aumento del PBI nacional. Me anticiparía a decir que no creo que este resultado haya sido obtenido por ningún país del mundo y no es casualidad que haya sido producto de políticas de Estado que han dado resultado, orientadas a la mejora de la producción y a la mejora económica, pero que además tienen asociadas –en un efecto «gana-gana»– mejoras en las políticas de medio ambiente, como la política forestal –que tiene décadas y es una de las responsables– las políticas nacionales en el uso y  manejo del suelo, y en el cambio de la matriz energética; todos, ejemplos claros que nos permiten tener estos resultados.

               Antes de terminar, quiero comentar ciertas actividades que hacemos en la órbita de coordinación, como la identificación de algunos aspectos en que la gestión del Estado presentaba un vacío. En ese sentido, estamos llevando adelante un plan de acción para la universalización de la cobertura de saneamiento a nivel nacional, no con la óptica tradicional, y equivocada, de que solamente tendré saneamiento si la red de OSE o de la intendencia de Montevideo pasa por mi puerta, porque hay muchos tipos de saneamiento. Muchas veces los saneamientos más adecuados no son los más convencionales como la red dinámica de desagote. Por tal razón, muchas veces los problemas no están en la toma de partido, sino en la forma de gestión de esos saneamientos y es ahí donde estamos trabajando en un grupo interdisciplinario interinstitucional. Voy a poner como ejemplo aquellos lugares donde la secretaría incursiona en aspectos de gestión que, justamente, por tener más complicada su gobernanza no han sido suficientemente trabajados a nivel nacional, como es el ofrecer por parte de los gobiernos municipales el uso de servicios barométricos.

También estamos trabajando en una labor identificada como propia de esta nueva gobernanza, en un nuevo plan de acción con medidas de mejoramiento de calidad de las aguas del Río Santa Lucía. Estas medidas que se han venido desarrollando desde 2013, después de cuatro años merecen una actualización y lo estamos haciendo a través de la experiencia en el funcionamiento de esas medidas, incorporando otras y, fundamentalmente, dotándolas de una modalidad de plan de acción y no en función  de un  listado de medidas mediante el uso de cronogramas, la definición de objetivos y metas, con la interacción y responsabilidad de los distintos organismos para llevarlas adelante. Resultaría muy extenso comentar ahora todo lo que ello implica.

               Otra acción aprobada por decreto es la conformación de la Infraestructura Nacional de Datos para la Gestión Ambiental, un debe que tenemos hace mucho tiempo.

               El intercambio de información entre los distintos organismos –cualquiera sea el tema, pero en particular en lo referente al ambiente, donde la temática es muy vasta y depende de muchos organismos– siempre ha sido complejo, tanto por motivos burocráticos como por definiciones sobre datos que eventualmente pueden ser confidenciales o que pueden ser objeto de distinto manejo por parte de las diferentes instituciones. Hoy por hoy, la tecnología –tal cual fue establecido en el decreto– nos permite tener definidos totalmente, no solo la celeridad y el intercambio automático de datos necesarios de cada organismo para esta gestión ambiental, sino también cualquier protocolo vinculado a la confidencialidad o a cualquier asunto de gobernanza de estos datos. Estamos trabajando con Antel, con la Agesic y con los ministerios competentes en estos temas. Creemos que este sería un gran logro. Seguramente, todos quienes están abocados al estudio de los temas ambientales saben la importancia que tiene el intercambio de la información.

               Finalizo aquí mi exposición porque me extendí demasiado, pero es muy difícil contar todo lo que venimos haciendo en la materia. De todas formas, quedamos a las órdenes de la comisión para cualquier ampliación de la información.

SEÑORA AVIAGA.- Muchas gracias por el informe. Ahora me voy a dirigir a ingeniero Falcón, de la Ursea.

               Nos quedan algunas dudas, en particular, sobre un documento que nos hicieron llegar sea a nuestros despachos, titulado: «Informe de situación de las medidas que se están implementado para el aseguramiento de la potabilización del agua del sistema de abastecimiento de Montevideo y Laguna del Sauce».

               Este informe que fue encargado y distribuido por ustedes, imagino que a todos los señores legisladores, nos deja muy preocupados acerca de las medidas que se impulsaron desde 2013 en la Cuenca del Santa Lucía para asegurar la calidad del agua potable de Montevideo y de las que se tomaron en 2015 sobre la Cuenca de la Laguna del Sauce para asegurar, no ya la calidad, sino el agua potable a gran parte de Maldonado.

               Me gustaría que el ingeniero Falcón hiciera una breve referencia a las conclusiones de este informe que, en verdad, son muy interesantes e importantes.

SEÑOR FALCÓN.- Ante todo, definiremos el ámbito de competencia de la Ursea.

               La Ursea tiene especial competencia en el contralor del agua potable, en lo que ocurre desde la planta de tratamiento hasta que llega al consumidor. Es ahí donde nosotros, mediante un convenio con la Facultad de Química, hemos establecido una serie de controles en todo el país, con el fin de realizar un monitoreo permanente de la situación del agua potable con su gran prestador, como es OSE. Si se detecta un problema, hay un protocolo establecido que hace que se informe inmediatamente a OSE y al Ministerio de Salud Pública, y se continúa monitoreando hasta que la situación se corrige. Pero, ¿qué ocurre? El control del agua bruta, es decir, antes de entrar a la planta de tratamiento, no es de injerencia directa de la Ursea, pero sí puede tener repercusiones posteriores en el agua potable.  Para evitarlo, se implementaron estas once medidas por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para la Cuenca del Santa Lucía y la Cuenca de la Laguna del Sauce.

               Creemos que es bueno tener en cuenta que esto que implementamos, que tiene mucho en común con la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, fue coordinado con el ingeniero Carlos Colacce –tal como manifestó–, inclusive, antes de haber asumido formalmente su cargo. Ambos estuvimos de acuerdo en continuar con este trabajo y el seguimiento de la consultoría fue hecho por personal de la Ursea y de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Para hacer el seguimiento de este estudio había contrapartes técnicas en cantidades iguales.

               Lo que el estudio arroja, en sí, es una diversidad en los avances que han tenido las distintas instituciones en la implementación de medidas, que correspondían al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a OSE y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Repito: lo que hay es una diversidad de avances.

               También es bueno tener presente –y esto es contundente– que no hemos identificado problemas en la calidad del agua que venimos monitoreando –realmente, es así–, tanto en el sistema metropolitano de la laguna del Sauce, de Maldonado, como en el resto de los servicios del país, de acuerdo a los análisis que, repito, venimos monitoreando con la facultad de química.

               ¿Qué ocurre? Si de repente hay un aumento explosivo de algas y no hay alertas, ese aumento explosivo puede darse por aportes importantes de carga orgánica en la cuenca, lo que puede generar dificultades, y por eso se implementaron estas medidas.

               A partir de este avance surge concretamente que hay diversidad en  las distintas instituciones para llevar adelante las medidas. Nos pareció sano –una vez que tuvimos el resultado– hacerlo llegar a las distintas autoridades, así como también a los legisladores.

SEÑORA AVIAGA.- En verdad, con respecto a las conclusiones que presenta este informe, si bien entendemos que la jurisdicción de esta secretaría es asegurar cómo sale el agua desde OSE hacia el consumidor, creemos que esto no se puede separar de lo que pasó antes. Una cosa es consecuencia de la otra.

               En este estudio que la secretaría realizó queda claro y se pone de manifiesto la inoperancia del Gobierno y la falta de aplicación de medidas en el territorio, en muchísimos aspectos.            

                Si bien el Ministerio de Industria, Energía y Minería –dice el informe– ha hecho un gran avance en la reconversión, y en la transición que han tenido las empresas para reconvertirse y dejar de contaminar de la manera en que lo hacían, en amplias zonas el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –por ejemplo– está en falta.

               Entonces, no está claro a quién corresponde el control. Si bien esto corresponde al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, también tienen que ver los demás. Y acá entra todo el tema del gabinete ambiental integrado y el desarrollo sostenible.

               Según dice el informe –no lo digo yo–, hay un gran problema en la cuenca en cuanto al uso y el manejo del suelo.

               Entonces, me parece que si esta secretaría manda hacer un informe que arroja esos resultados,  también debería tratar de que esas medidas realmente se cumplan. De otro modo, ¿qué pasa? Peligran los objetivos que se buscan con ellas. Por esa razón, hoy hacemos estas preguntas.

               Es bueno que hoy esté presente el señor Falcón y también el ingeniero Colacce, que, transversalmente, tiene acceso a las políticas que se llevan adelante con respecto al agua, el ambiente y el cambio climático.  

SEÑOR OTHEGUY.- Creo que todos compartimos que la presidencia se ha manejado con flexibilidad, pero hay que volver a insistir en que lo que se está discutiendo es la rendición de cuentas. Se están planteando una serie de consideraciones y de temas que se pueden introducir y que quizá ameriten una explicación breve, somera, pero la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda no es el ámbito para discutir la política ambiental del gobierno. En el Senado hay comisiones en las que se puede discutir todos estos temas con la profundidad que lo ameritan. Insisto con esto porque creo que, si no, se desvirtúa el trabajo de esta comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero expresar que hice esa misma observación al inicio de la sesión, pero me parece violento decirles, a señoras y señores senadores con experiencia, que están casi fuera de tema.

SEÑORA AVIAGA.- No estamos fuera de tema porque esto es materia de presupuesto. Las medidas que se van a aplicar en las distintas cuentas del río Santa Lucía para asegurar el agua potable de todo Montevideo y en la Laguna del Sauce para asegurar el agua potable de Maldonado son cuestión de presupuesto porque esas medidas no funcionan solas, si no les damos presupuesto. Insisto, señora presidenta, en que estamos en materia.

SEÑORA PRESIDENTA.- Creo que este punto fue suficientemente discutido. Todavía nos queda por discutir el inciso 24.

SEÑOR ROBALLO.- Sin ánimo de polemizar, corresponde que dejemos constancia de que de ninguna manera este es un tema secundario para el gobierno o al que no se le preste atención. Desde el primer momento –en realidad, desde el gobierno pasado– ha habido acciones para abordar esta temática con seriedad, que han implicado institucionalidad nueva, transversalidad o trabajo interinstitucional a través de los ministerios correspondientes. Quiero recordar que, incluso, en el año 2015 se creó un ámbito encabezado por el propio Presidente de la República y que, además de delinear todas las acciones que se llevaron adelante, se conformó la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático y se acordaron inversiones muy importantes, gracias a las cuales hoy no tenemos estas contingencias en la cuenca del río Santa Lucía y en Maldonado, sin perjuicio de que, por las realidades vinculadas al cambio climático, al ambiente, etcétera, puedan darse. Hay muchas más herramientas institucionales, incluso a partir de la inversión que se ha hecho, para abordarlas con seriedad, con la institucionalidad nueva.  Creo que, precisamente, estos informes constituyen una acción, una posición muy transparente del gobierno, que pone la información arriba de la mesa para que se discuta, pero –con todo el respeto que me merece la señora senadora Aviaga– no podemos aceptar que se insinúe que hay una falta de atención hacia estas políticas. Por supuesto que las acciones llevadas adelante por el gobierno son total y absolutamente opinables, pero quería dejar esta constancia.

SEÑOR DELGADO.-  Cuando compareció el subsecretario de Economía y Finanzas por el inciso «Ministerio de Economía y Finanzas»  nos dijo que respecto al inciso 24, «Diversos Créditos», habláramos con el señor Álvaro García. Por lo tanto, vamos a referirnos al inciso 24, fundamentalmente a dos artículos. Uno de ellos es el artículo 238, que hace referencia a una reasignación del subsidio de AFE. En el ejercicio 2016 fueron USD 23:000.000 para el pago de incentivos de retiro a los funcionarios de AFE. Ahora se reasigna un monto de USD 5:000.000 que pasará a cargo de la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Cuál es el fundamento para que los incentivos de retiro de los funcionarios de AFE los pague la Oficina Nacional del Servicio Civil, cuando en realidad debería hacerlo el propio organismo? ¿Es un tema de seguridad de fondos, de administración, de gestión? ¿Cuál es el fundamento de este artículo?

SEÑOR SCAVARELLI.- La Oficina Nacional del Servicio Civil tiene una trayectoria –que no es de ahora– en hacerse cargo de remanentes funcionales para ir pagando las retribuciones de personas que quedan en situación intermedia. Por supuesto que eso implica la transferencia de los recursos necesarios. Cuando se consultó por parte del Poder Ejecutivo –el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio organismo–, si la Oficina Nacional del Servicio Civil podía hacerse cargo, nos reunimos con el directorio del organismo y convenimos el mecanismo a través del cual se transferirían los recursos necesarios –económicamente hablando– para pagar las partidas salariales, pero desde la propia infraestructura del organismo en materia de liquidación de haberes, con la base de la liquidación previa que estable la propia AFE. Para decirlo de otro modo, esto viene de suyo desde hace mucho tiempo y pasa con el personal que ha quedado pendiente de ser redistribuido, lo que también tiene que ver con partidas que paga la Oficina Nacional del Servicio Civil. En una palabra, es un lugar remanente –si se quiere– donde para seguridad del manejo y separación del funcionamiento de los organismos de fondo –ya sean suprimidos, modificados o alterados– queda a cargo de ese organismo, el que fue consultado y está en condiciones de poder cumplir. Lo hará con mucho gusto, con capacidad de trabajo propio y los recursos transferidos a ese efecto, que no son más que los propios recursos que se les paga a las personas que tienen que cobrar. El organismo no recibe absolutamente ninguna diferencia económica por ese concepto.

SEÑOR DELGADO.-  Respecto a las expresiones que empleó anteriormente el señor Scavarelli, en el Senado de la república debemos ser muy precisos con los términos. En ese sentido voy a leer el inciso primero del artículo 238: «Encomiéndase a la Oficina Nacional del Servicio Civil la liquidación y pago de los Incentivos de Retiro para funcionarios de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) existentes a la fecha de la presente ley a partir del 1º de enero de 2018, a cuyos efectos AFE transferirá la información pertinente en forma mensual». Después refiere a las partidas correspondientes. En realidad, eso es competencia de AFE y no de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Queremos saber cuál es el fundamento. ¿Por qué ese organismo se hace cargo de los incentivos de retiro de los funcionarios de AFE y no lo hace AFE como lo venía haciendo hasta el momento?

SEÑOR SCAVARELLI.-  Respecto a las palabras que mencioné, por supuesto que es sí. Tanto en este ámbito como a veces en la prensa escuchamos algunos términos que nos preocupan, incluso algunos referidos a mi persona. Por lo tanto, seguiremos insistiendo en ese punto de vista que algunas veces nos parece que está rayano entre la incomprensión y, lamentablemente, en algunos casos, la grosería, pero no me estoy refiriendo a usted, señor senador.

               La ley nos encomienda una competencia específica, que tiene otra ley que es la que habilita la transferencia de los recursos. Es competencia del organismo autónomo manejar sus recursos de acuerdo con los procedimientos que mejor faciliten su funcionamiento en una etapa como la de AFE, a la que habría que preguntarle, porque en realidad esta iniciativa no es de la Oficina Nacional del Servicio Civil, es decir, no se trata de un artículo que este organismo promoviera ni pidiera como función. Por lo tanto, entendemos que esta pregunta debería realizarla al organismo correspondiente. Lo que sí le puedo decir es que tenemos fuente legal para hacerlo y, cuando se habla de liquidación y pago de los incentivos de retiro para funcionarios, se hace referencia a eso: a que con habilitación legal pueda realizarse una acción de este tipo. Luego se verá si eso se puede hacer con las mayorías alcanzadas o no; dependerá de lo que el Parlamento termine votando.

SEÑOR DELGADO.- No estoy discutiendo el marco legal, sino el fundamento. Le voy a cambiar la pregunta: ¿en cuántos organismos la Oficina Nacional del Servicio Civil paga el retiro incentivado? ¿Hay muchos otros? Y como AFE no va a venir en el transcurso de la discusión de esta rendición de cuentas, voy a preguntarle al señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por qué AFE no paga los retiros incentivados –como lo venía haciendo–, sino que lo transfiere para que lo haga la Oficina Nacional del Servicio Civil. En realidad nos pareció, por lo menos, sintomático, extraño, curioso, y queríamos saber cuál es el fundamento.

SEÑOR SCAVARELLI.- La Oficina Nacional del Servicio Civil hace lo mismo con personal de Pluna, es decir, no es la primera vez que esto tiene fuente legal. Ahora bien, no es competencia de la Oficina Nacional del Servicio Civil –y me tengo que ceñir estrictamente a esto– explicar los fundamentos. Son razones que tienen que ver con una decisión tomada a nivel del Gobierno. La Oficina Nacional del Servicio Civil solo se puede expedir sobre la juridicidad y sobre si tiene la capacidad para llevarlo adelante. Las dos cosas quedan reflejadas en mi respuesta anterior. Tenemos la capacidad jurídica de hacerlo si se atribuye –como se está haciendo con Pluna, por ejemplo, desde hace mucho tiempo– y se puede realizar desde el punto de vista práctico, porque nuestro programa de liquidación nos permite efectuarlo con cooperación de AFE, que es la que nos estará suministrando información. La pregunta del señor senador no se refiere al mecanismo legal ni a la capacidad operativa de la oficina que tengo el honor de dirigir, sino al fundamento. Justamente, esa es la pregunta que no hago desde mi función cuando se me pide cooperación en una medida de gobierno superior. Yo solo respondo si tengo la capacidad de hacerlo y si tengo un marco legal habilitado. El fundamento deberá buscarse en una decisión del Gobierno, que no es la que adopta la Oficina Nacional del Servicio Civil, naturalmente.

SEÑOR DELGADO.- Voy a serle muy franco. En realidad, no quedé nada satisfecho con la respuesta, sino que quedé con más dudas que antes. Y cuando se agrega a Pluna, que está en proceso de liquidación, me surgen muchas más dudas todavía sobre cuál es el fundamento de esta medida.

SEÑOR SCAVARELLI.- En el caso de Pluna, fue votado por el Parlamento.

SEÑOR DELGADO.- Pero igualmente me quedan dudas. Sé que si la Oficina Nacional del Servicio Civil tiene capacidad para hacerlo, lo va a hacer, pero lo que me interesa son los fundamentos.

               Por otra parte, en el artículo 240 se reasignan partidas dentro de la unidad ejecutora 002, Presidencia de la República, al objeto del gasto 799.000 «Otros gastos». La cifra es de unos USD 162.000. Quisiéramos saber a qué se refiere esta reasignación.

SEÑOR GARCÍA.- Voy a aprovechar para volver hacia atrás y complementar una respuesta a una pregunta del señor senador Bordaberry sobre la que creo que había quedado alguna duda.

               Efectivamente, el 31 de marzo es la fecha tope para presentar los balances de las empresas públicas ante el Tribunal de Cuentas. En algunos casos son presentados con auditoría externa y, en otros, no hay obligación. Pero muchas de las empresas ya lo presentaban al 31 de marzo con auditoría externa.

               Hay un desfase con la fecha en la que la empresa tenía la obligación de presentarlo en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, estamos trayendo la misma fecha, lo que va a provocar que algunas de las empresas que no lo presentaban con auditoría externa ante el Tribunal de Cuentas tengan la necesidad de anticiparla para tener en las dos fechas la presentación, que corre por canales paralelos.

               Nosotros, de cualquier manera, después recibimos el informe del Tribunal de Cuentas y cotejamos con el análisis que hacemos, pero nos parece importante contar con esos dos meses que, de no tenerlos, la empresa no está obligada y consideramos que es importante anticipar ese tiempo. No sé si queda clara la respuesta.

SEÑOR BORDABERRY.- En realidad, era un aporte que estaba haciendo porque es algo práctico que le va a pasar. Muchas veces, cuando le mandan los balances y las rendiciones de cuentas al Tribunal de Cuentas, este pide información ampliatoria y les dice que cambien algo. Entonces, el comentario que estaba haciendo era más un aporte, es decir, que le iba a ocurrir eso: que quizás usted iba a tener un balance al 31, que después iba a ser cambiado por la observación y la auditoría del Tribunal de Cuentas.

               El Tribunal de Cuentas no va a poner solo un sello y dice que se lo presentó sino que, obviamente, lo analiza. Entonces, si hay cambios, va a haber dos balances distintos.

               Lo que dije fue solo una advertencia para que lo tenga en cuenta, nada más. Como lo vi, me pareció que correspondía.

               Entiendo que lo mejor sería que todos estuvieran prontos el 31 y que el 30 de enero mandaran al Tribunal de Cuentas, este le pusiera el sello y usted lo recibiera el 31 de marzo. Eso sería un mundo ideal; ojalá suceda, y creo que puede ocurrir. Pero, repito, se lo señalé para que lo vean.

SEÑOR GARCÍA.- Con referencia al artículo 240, el señor senador Delgado hacía una consulta. Efectivamente, es una redistribución de partidas presupuestales. Corresponden a partidas para contratos temporales de derecho público que no van a ser utilizados, no van a realizarse contrataciones de este tipo. Y hay una serie de acciones que tienen que ver con control presupuestal, con mejora de la gestión. Básicamente están vinculados con un programa de calidad de la gestión que venimos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, y con el proceso de evaluaciones de la gestión pública que se realiza desde la Dirección de Gestión y Evaluación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

               En el caso de que el Parlamento lo apruebe, vamos a utilizar esos recursos a favor de estos programas que implican, entre otras cosas, capacitaciones en cada uno de los organismos para tener una mirada de mejora de gestión en cada uno de los casos. Entendemos que esto brindará un beneficio en materia de eficiencia. Es simplemente eso, señor senador. Son $ 4:682.000 que le estamos solicitando al Parlamento hacer la reasignación.

SEÑOR DELGADO.- Quería aprovechar para hacer otra pregunta –la última por mi parte– al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil en función de un organismo que concurrió a esta comisión: la Corte Electoral.

               La Corte Electoral presentó cuatro artículos en su presupuesto. El Poder Ejecutivo en su mensaje le incluye solamente uno. De esos cuatro artículos, dos de ellos tenían costo y los otros dos, no. Y hay otro que no tenía costo que, en realidad, por recomendación del Poder Ejecutivo fue a informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Estoy hablando del artículo 4º del presupuesto de la Corte Electoral. Según la información que tenemos, hubo un informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil para que este artículo sin costo pudiera ser legal y técnicamente viable. Había un informe favorable avalando su impulso.

               Lamentablemente, este artículo sin costo no vino en el mensaje original. Vamos a tratar de –si San Expedito nos ayuda– poder incorporarlo a la Rendición de Cuentas. Para nosotros es clave porque nos dijeron que era casi preceptivo un informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, casi preceptivo. Queremos saber, entonces, si el informe se hizo y si es verdad la información que tenemos.

SEÑOR SCAVARELLI.- Lamentablemente, no tengo esa información aquí debido al volumen de expedientes que trajimos –más de 5.000– pero con mucho gusto puedo confirmar si eso ya fue informado; por supuesto que cuando esté pronto, va a llegar por la vía correspondiente, pero aquí no dispongo de la información ni tampoco lo recuerdan los directores de las áreas jurídicas que manejan el tema, que están presentes. Podría estar en proceso o quizás ya haya salido; realmente, no lo tengo presente.

SEÑOR DELGADO.- Con suma benevolencia, pediría que si el informe está finalizado pudiera ser remitido a la comisión, sobre todo antes de que se ponga a votación esta rendición de cuentas y sea elevada al Senado. Como nos dijeron que el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil era casi preceptivo, si estuviera pronto y fuera favorable, nos ayudaría a intentar convencer al Gobierno de que en algunos asuntos vale la pena abrir la rendición de cuentas.

SEÑOR SCAVARELLI.- Sinceramente, no tenemos presente el pedido de la comisión; no lo tengo yo ni tampoco lo tiene nuestro equipo asesor. Es de suponer que haya llegado o puede ser que esté en curso, pero verificaremos en qué etapa está ya que tenemos el mecanismo para poder saberlo. Reitero: no lo tenemos presente, no solo yo

–que podría no tenerlo– sino tampoco nuestros servicios, cuyas áreas están aquí representadas. Así que lo averiguaremos y de no haber llegado, reclamaremos que nos lo hagan llegar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos profundamente toda la información que nos han brindado.

               No habiendo más consultas, se levanta la sesión.

(Son las 17:17).