SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:09).

               –La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a las autoridades de la Corte Electoral.

               Tienen ustedes la palabra.

SEÑOR AROCENA.- Señora presidenta y señores senadores: en el  marco de la planificación 2017-2020, la Corte Electoral está llevando adelante varias acciones tendientes a organizar y prever desde ya las distintas fases preparatorias del período electoral, así como continuar desarrollando el proceso inscripcional.

               El plan define las metas y objetivos a alcanzar y al mismo tiempo plantea la ejecución de los cambios necesarios en la gestión de la corte para poder cumplir mejor con su misión. Quisiera detenerme unos minutos en materia de informatización de la gestión; sobre este punto quiero destacar tres procesos que se están llevando adelante.

El primero refiere a la implementación de un sistema de gestión integral, SAP, en base a módulos informáticos que empezó en 2016 y operó a partir de febrero de este año. Este sistema genera una mayor seguridad en todo lo relativo a la contabilidad, las adquisiciones, los inventarios, el stock, etcétera.

La segunda iniciativa, también desarrollada en el correr del presente año, consiste en un diagnóstico y una propuesta de rediseño del sector informático de la corte. Esto lo hemos hecho con el asesoramiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en el marco del convenio que tenemos. El objetivo de esta propuesta es tener un centro de cómputos que cuente con técnicos que puedan asumir, en primer lugar, el mantenimiento de los sistemas informáticos que, por cierto, hoy nos sale bastante caro con la tercerización. La idea es que se brinde mejor atención al usuario interno y que se constituyan en contraparte de las empresas externas contratadas.          La Facultad de Ingeniería hizo el diagnóstico y planteó una propuesta que está a consideración de la Corte.

El tercer proyecto de naturaleza informática es la introducción del expediente electrónico. A comienzos de este año la Corte firmó un convenio con Agesic, que permite contar con el asesoramiento de esta agencia para el proceso de instalación del expediente electrónico. Con respecto a esto, ya se están llevando a cabo las primeras fases de esta cooperación, que involucran a todas las oficinas de la Corte Electoral en todo el país.

               También estamos desarrollando un programa intensivo de capacitación electoral de los funcionarios. Este programa se desarrollará en los meses que quedan de este año y durante el primer semestre del próximo. Además de estas líneas claves de acción, la corte está considerando la posibilidad de llevar adelante la trasmisión electrónica de los resultados del escrutinio primario desde cada comisión receptora de votos a los centros de digitación. Se están dando los primeros pasos para estudiar la factibilidad de esta innovación, que disminuiría los tiempos de comunicación de los resultados a la ciudadanía.

               La modernización de la Corte Electoral es un proceso a mediano plazo, que ha comenzado desde hace algunos años. Dada la relevancia de nuestro organismo para el pleno desarrollo de nuestra democracia, es necesario actualizar su modo de funcionamiento, mejorar sus prestaciones y mantener las garantías que han sido características de nuestros procesos electorales. Ese es el objetivo de los artículos que hemos presentado en esta rendición de cuentas.

               El articulado está integrado por cuatro disposiciones: dos de ellas tienen costo y las otras dos, no. El primero de ellos plantea un problema que la Corte Electoral ha presentado en rendiciones de cuentas anteriores, que hoy reiteramos otorgándole una particular relevancia, vinculado a los gastos de funcionamiento. En los fundamentos de este artículo se destaca el largo período de dieciocho años transcurridos sin que se haya ajustado el monto de este rubro por la variación de precios al consumo. En efecto, el último ajuste de este rubro por IPC se realizó a comienzos del año 1999. Desde entonces han aumentado los gastos de funcionamiento, como también se señala en los fundamentos del artículo. Además de la derogación de la franquicia postal y de los gastos en sistemas de seguridad electrónica que han debido instalarse, quiero destacar que el 20 % de los gastos de funcionamiento del organismo se destinan al pago del mantenimiento del sistema informático diseñado y desarrollado por UTE-Conex. El costo de este mantenimiento se actualiza semestralmente en función de una fórmula paramétrica que se aproxima al incremento del IPC. Quiere decir que estamos pagando un costo que se incrementa semestralmente por IPC cuando la Corte Electoral no tiene sus gastos actualizados desde el año 1999. Debo agregar que este mantenimiento que periódicamente realiza UTE-Conex se debe a que la Corte Electoral no cuenta con un cuerpo técnico capaz de llevar a cabo este servicio de mantenimiento. Esta deficiencia está relacionada con lo que la Corte solicita en el artículo 4.º de la presentación de la rendición de cuentas, que trataré más en detalle en unos minutos.

               Es fácil y evidente comprender que un organismo en el que aumentan de manera importante los gastos sin que el rubro destinado a financiarlo se actualice, está destinado a caer en un creciente déficit presupuestal. Eso es lo que está sucediendo en la Corte Electoral, que no ha tenido más remedio que suspender algunos servicios de mantenimiento. A su vez, también ha tenido que limitar servicios de vigilancia.

               Obviamente, no se financian viajes al exterior desde hace mucho tiempo. Solamente se realizan aquellos que cuentan con financiación total del país o del organismo que invita.

               Actualmente la Corte Electoral no tiene recursos para hacer frente a gastos básicos para su funcionamiento. Esta falta de recursos en este rubro está impidiendo que se proceda a la realización de actividades orientadas al proceso electoral como, por ejemplo, un plan integral de capacitación electoral en todo el país. En este sentido, hay un conjunto de actividades preparatorias de las elecciones que pueden desarrollarse en el correr del año 2018, pero su realización está supeditada a que la Corte disponga del monto que se solicita a partir del 1.º de enero de 2018.

               Me he referido exclusivamente a los gastos de funcionamiento porque lo considero el rubro que tiene que ser contemplado más urgentemente. Está de más decir que esta problemática incide sobre todas las áreas de la Corte Electoral.

               Si estos $ 17:000.000 –nada más que $ 17:000.000– fueran aprobados, estaríamos a tiempo para hacer frente, en 2018, a un sinnúmero de gastos en vistas al proceso electoral del año 2019.

               Permítaseme, por lo tanto, concluir la presentación del artículo 1.º manifestando nuestros temores de que la crisis de financiamiento que padece la Corte Electoral en este rubro disminuya la calidad de las prestaciones que se realizan en el período electoral.

               En el artículo 2.º, la Corte plantea otra necesidad que condiciona también todo el funcionamiento. Lo hemos planteado en el presupuesto y en rendiciones de cuentas anteriores. Se trata del departamento de personal. Las funciones de este departamento no tienen en cuenta la atención integral del funcionario. En el fundamento de este artículo se encuentra una lista de funciones y tareas que hoy no se cumplen. Para corregir esta situación es necesario emprender una reforma de base de este departamento. No es posible contar con un funcionariado integralmente comprometido con su trabajo si el organismo no cumple, al menos, con los temas que se señalan en los fundamentos del artículo. Para procesar estos cambios es necesario contar, en un corto período, con un asesor en gestión humana.             La Corte Electoral tiene un convenio con la Oficina Nacional del Servicio Civil que permitiría esta contratación con una pequeña erogación que en el artículo se estima en $ 765.000 y por única vez.  Las consecuencias de esta inversión en la calidad de la atención al funcionario seguramente se verían en el corto plazo.

               En el tercer artículo se hace una pequeña modificación de la redacción del inciso segundo del artículo 656 de la Ley n.º 18719, que se refiere a los gastos que demanda la informatización del registro cívico. Se solicita mejorar la redacción de ese inciso dando mejor cuenta de lo que ya hace la Corte Electoral cuando comunica a la Contaduría General de la Nación la distribución de la partida correspondiente entre los conceptos de remuneraciones personales y de gastos corrientes. Obviamente este artículo no tiene costo y es simplemente una modificación de un inciso de un artículo de la Ley n.º 18719.

               El cuarto artículo se refiere a los contratos de trabajo que la corte necesita realizar para reorganizar el área informática del organismo, a la que me referí al comienzo de esta presentación. Con este fin se utilizarán los créditos vigentes que tiene la Corte Electoral en los tres objetos del gasto detallados en el artículo. Son créditos vigentes, atribuidos a la Corte Electoral presupuestalmente. Por esta razón, este artículo no tiene costo en términos presupuestales; evidentemente tiene gasto pero no costo. Simplemente –y no tan simplemente– se trata de hacer operativos créditos que la Corte tiene adjudicados para estos fines. En anteriores rendiciones de cuentas, y en particular en la del año pasado, la Corte dio cuenta de la forma cómo venía financiando los profesionales contratados en el área informática. Se informó entonces que a partir de junio de 2016 esos profesionales no serían más financiados con cargo al rubro gastos, por las razones que ya expuse cuando me referí al artículo 1.º. Las remuneraciones de esos profesionales fueron entonces con cargo a los fondos de libre disponibilidad –proventos– y a fines del año 2016 se previó la finalización de esos contratos por no contar con recursos suficientes. Como lo he señalado antes, es imperioso que la Corte Electoral cuente con una unidad informática capaz de hacer frente a las necesidades generadas a partir del proceso de informatización del organismo. No podemos informatizar un organismo sin responder a las necesidades que esta informatización exige y en particular la del registro cívico. Si no se autoriza la ejecución de estos créditos que la Corte posee, seguirá aumentando el proceso de dependencia de empresas externas, como es el caso de UTE-Conex, sin ninguna posibilidad de actuar como una contraparte efectiva de las tercerizaciones que se lleven a cabo. Obviamente, la Corte no quiere convertirse en una pequeña empresa informática; por el contrario, seguirá sirviéndose de servicios informáticos de empresas externas. Pero esto exige un pequeño plantel de técnicos altamente especializados que asesore a la Corte en esta materia y que tenga la capacidad de realizar un seguimiento técnico a la actividad de las empresas tercerizadas. De esto hoy no somos capaces. Esta es una parte de las recomendaciones de los ingenieros de la Facultad de Ingeniería a las que llegaron después de un intenso trabajo de diagnóstico que constató la alarmante deficiencia actual en esta materia. No es necesario destacar la relevancia que tiene para la Corte este artículo 4.º. Se está jugando nada menos que la construcción de un centro de cómputos que dé garantías en materia de control técnico de los sistemas informáticos, es decir que se está jugando la independencia de la Corte Electoral, pues hoy no la tiene en la medida que depende de una empresa externa para realizar estos controles. En materia informática, la Corte tiene hoy una gran debilidad que incide directamente en una limitación de la independencia que le asigna el mandato constitucional.

               Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR DELGADO.- Primero quisiera dar la bienvenida a los representantes de la Corte Electoral. Teníamos tres preguntas vinculadas con ese organismo y si bien algunas respuestas estuvieron incluidas en la exposición del presidente Arocena, quisiéramos profundizarlas.

               La Corte Electoral envió cuatro artículos, de los cuales dos no tienen costo. Uno es una partida única de aproximadamente USD 26.500 y el otro tiene un costo anual de unos USD 614.000. En el mensaje del Poder Ejecutivo se introdujo el artículo 3.º que no tiene costo y mi pregunta –incluida tangencialmente en alguna de las expresiones del presidente Arocena– refiere a cómo afectan los otros dos artículos que sí lo tienen, qué consecuencias pueden ocasionar y qué explicaciones recibieron por la no inclusión del artículo 4.º en el mensaje del Poder Ejecutivo que, como se dijo, no tiene costo y que ustedes lo estaban reclamando como muy importante para el funcionamiento porque, nada más ni nada menos, se hablaba de la independencia de la Corte Electoral.

               Paso a la segunda pregunta. El presidente Arocena en la fundamentación del articulado y con referencia al artículo 1.º decía que desde el 1.º de enero de 1999 los créditos presupuestales no han sido ajustados por IPC. Con la inclusión del artículo 1.º, tal como viene propuesto por la Corte Electoral, ¿se estaría subsanando esa situación de ajuste por IPC de las partidas de los créditos presupuestales?

               La tercera pregunta tiene alguna consideración que nos asusta y preocupa. En la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, el presidente Arocena manifestó que de no incluirse el artículo 1.º se podría caer en una crisis indeseada y que podría tener –y cito textualmente–  «alguna repercusión indeseada en los procesos electorales que tendrían lugar dentro de dos años» Me interesaría que se profundizara al respecto y que se aclarara a qué se estaba haciendo referencia, porque se trata de una afirmación que nos sorprendió por la contundencia y las repercusiones que puede generar en un tema donde la Corte Electoral es garantía.

SEÑOR AROCENA.- Voy a contestar la primera pregunta. En realidad cuando enviamos los artículos al Ministerio de Economía y Finanzas, nos solicitaron que mandáramos los dos artículos sin costo, es decir, el 3.º y 4.º. El problema que hubo con el artículo 4.º es que el Ministerio de Economía y Finanzas hizo una consulta a la Oficina Nacional del Servicio Civil por aspectos de redacción y fundamentos legales de esa disposición. La respuesta de la Oficina Nacional del Servicio Civil fue muy clara, nos dio los fundamentos legales del planteo, sin ninguna observación, pero cuando nos llegó la respuesta ya se había presentado el mensaje de la rendición de cuentas al Parlamento y, por tanto, se había excluido el artículo 4.º. Esa fue la razón por la cual dicho artículo no vino en el mensaje enviado al Parlamento.

               Quiero destacar que en la respuesta de la Oficina Nacional del Servicio Civil no hay ninguna observación de tipo legal; es más, fundamentan la legitimidad del pedido.

SEÑOR DELGADO.- El tema es importante porque mañana viene el Ministerio de Economía y Finanzas a la comisión y esto se lo vamos a trasladar. Por eso, sería importante tener el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil para poder agregar el artículo que, según se nos dice, por una cuestión de tiempos, no se incluyó.

SEÑOR AROCENA.- Le haremos llegar el informe.

               Para contestar la segunda pregunta, referida al artículo 1º, solicito que pueda hacer uso de la palabra el vicepresidente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el ministro Penco.

SEÑOR PENCO.- Este artículo, como explicaba el doctor Arocena, se viene incorporando desde hace mucho tiempo a los proyectos de rendición de cuentas presentados por la Corte Electoral al Parlamento porque como el doctor Arocena muy bien precisó, el no ajuste por IPC se viene realizando desde el año 1999.

               ¿Cómo nos hemos arreglado hasta ahora ante este incremento del déficit que la Corte ha tenido?  Naturalmente a través de recortes, tal como dijo el doctor Arocena, como también al pedido de algunos refuerzos de rubros, que el Poder Ejecutivo ha otorgado en muchas oportunidades. También la Corte cuenta con proventos, a los cuales ha tenido que recurrir en muchas oportunidades para tratar de salvar determinadas situaciones que se plantean en esta materia.

               Y para el período electoral propiamente dicho, la Corte, como en todos los casos, solicita al Poder Ejecutivo refuerzos especiales porque existen gastos extraordinarios que derivan de ese propio proceso. Por supuesto que este planteo que hace la Corte permitiría prescindir de esos refuerzos de rubros y funcionar sin ningún tipo de recortes.

SEÑOR AROCENA.- Sobre la tercera pregunta planteada por el senador Delgado debo decir que nosotros planteamos en la Cámara de Representantes lo que él recordaba y lo vuelvo a decir en la presentación pero de otra manera. Creo que las carencias en materia de funcionamiento van a afectar la calidad de las prestaciones de la Corte. Esto lo relaciono, fundamentalmente, con el año 2018. En el 2019 hay refuerzos presupuestales, tal como dijo el vicepresidente, porque en todos los períodos electorales estos se vuelcan a la Corte, no así en el 2018. En la perspectiva que tenemos en la Corte Electoral, el 2018 es un año muy importante. El organismo actualmente tiene un nuevo sistema de retribuciones para el personal, el cual permite ordenar el trabajo de la Corte mucho mejor que antes. Antiguamente las horas extra famosas comenzaban el 1º de enero del año electoral. Ahora, de acuerdo al nuevo sistema retributivo, no se pagan más horas extra, sino que hay una permanencia a la orden; hay un complemento que se le paga al funcionario por tal circunstancia.  Por supuesto que existe un acuerdo con el sindicato sobre cómo deben ser escalonadas las extensiones horarias a medida que se acerque el período electoral. No es lo mismo una extensión horaria un año antes del período electoral que dos meses antes. Por tanto, existe un escalonamiento que figura en el artículo correspondiente aprobado en la rendición de cuentas del año pasado. Entonces, esta nueva manera de organizar el trabajo nos permite hacer del 2018 un año mucho más fructífero de lo que eran antes los años preelectorales porque la compensación por permanencia a la orden existe desde ya. Es decir, no tienen por qué esperar a que lluevan las horas extra para empezar a cumplir con las obligaciones. Creo que esta fue una muy buena iniciativa –aprobada el año pasado–, compartida entre la corte y el sindicato, y además fue ampliamente promovida en el Parlamento. Por tanto, en esa perspectiva de un 2018 importante, nosotros quisiéramos que a partir del 1º de enero de ese año tuviéramos una mayor facilidad de disponibilidad, sobre todo de gastos de funcionamiento, los cuales inciden en todo el trabajo del proceso electoral; no hay nada que escape a gastos de funcionamiento. Solamente no está el gasto de personal, el rubro 0, pero lo demás es gasto de funcionamiento; exceptuamos también los recursos de inversión. Por consiguiente, el gasto de funcionamiento es básico para el proceso electoral. Entonces, en vez de tener todo, como decía el ministro Penco, en vez de que llueva todo en esos recursos del 2019, la preparación previa en el año 2018, en el marco de este nuevo sistema retributivo, nos permitirá trabajar mejor si contamos con mejores recursos en materia de funcionamiento.

SEÑOR DELGADO.- Creo que la pregunta era pertinente porque la expresión «alguna repercusión indeseada en los procesos electorales que tendrían lugar dentro de dos años», nos parecía –hablando en términos dramáticos y por decirlo de una manera diplomática– muy peligrosa. Por eso era importante especificar a qué se refería y dejar la debida constancia en la versión taquigráfica de la sesión de la comisión.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Al principio de la exposición, el señor presidente de la Corte Electoral habló del desarrollo del plan de inscripciones. En ese sentido, quisiera saber si las dificultades presupuestales inciden en el desarrollo de ese plan de inscripciones y en la depuración del padrón o ello corre por otros rubros ya solventados.

SEÑOR PENCO.- Todo lo relacionado con la inscripción cívica y con la informatización del registro electoral, que es consecuencia, en parte, de los planes inscripcionales –a esto llamamos renovación auténtica y digitalización auténtica del registro–, está previsto en el artículo 657 de la Ley n.º 18719. A su vez, está referido en el artículo 3.º de este proyecto de ley en cuanto a los procedimientos de distribución de lo que son remuneraciones de los funcionarios, que fundamentalmente salen a los pueblos del interior del país a recoger inscripciones, y los gastos de funcionamiento que esa movilización incluye. Es decir que todo lo vinculado a la inscripción cívica y a la digitalización del registro electoral se encuentra contemplado en el artículo 3.º del proyecto de ley y no en el artículo 1.º.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más preguntas para formular, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda les agradece mucho la información brindada y queda a las órdenes.

(Se retiran de sala las autoridades de la Corte Electoral).

(Ingresan a sala representantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo).

–La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, concretamente, a su presidenta, doctora Alicia Castro Rivera, y al contador Eduardo Beati.

 Tiene la palabra la ministra Castro. 

SEÑORA CASTRO.- Buenas tardes, y muchas gracias por recibirnos.

               Venimos de un organismo pequeñito pero con cierta importancia institucional.        Teniendo en cuenta que el pedido realizado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue muy escueto, nos llama la atención el hecho de que no haya sido incluido en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Ya hicimos uso de la palabra en nuestra comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes y tuvimos oportunidad de encontrar nuestras expresiones reproducidas en un artículo del semanario Búsqueda, dos jueves atrás. Por lo tanto, para no ser reiterativa, brevemente haré un punteo de lo que estuvimos solicitando, para que pudiera revisarse de ser posible; y junto con el contador Beati quedamos a la espera de lo que quieran preguntar.

               En concreto, pedimos cinco cosas. En primer lugar, un refuerzo para algunos rubros de gastos ya existentes. Hablamos de refuerzos chicos y, en realidad, no nos complica mucho que no nos den nada de eso porque ya desde años anteriores la Presidencia de la República viene auxiliándonos en forma regular en esta clase de pedidos.

En segundo lugar, tenemos la sustitución de un ingreso que dejaríamos de cobrar, y me voy a detener en ello porque tal vez cueste entenderlo.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue pionero en varios aspectos, entre ellos, en tener una base de jurisprudencia on-line y un sistema de gestión on-line, pero lo hizo en una época en que era de estilo cobrar y eso generaba proventos. Hace más de 25 años que sigue funcionando así, y hoy en día no es ni siquiera razonable cobrar para que la gente tenga acceso a la documentación pública. Las sentencias son documentos públicos, y el sistema de gestión es enormemente facilitador para los que litigan en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque evita la ida a la baranda de los juzgados     –no sé si acá hay algún abogado que haya padecido esto– y hace que puedan informarse desde sus casas. Eso puede hacerse en el tribunal pero genera una especie de abono mensual que pagan, en un 60%, los organismos públicos, y en un 40%, los estudios importantes. Un abogado de a pie no tiene esa facilidad, de modo que estamos haciendo una especie de apelativo a la transparencia y a una mayor equidad entre los litigantes. Puedo asegurar que el Estado no perdería nada. Lo que estoy planteando cuesta $ 1:200.000 por año, lo que en las cifras que normalmente se manejan en presupuestos y rendiciones de cuentas constituye un monto muy poco significativo. Sobre este punto me gustaría despertar el interés de los señores senadores, con algunos de los cuales ya he podido conversar al respecto. Realmente creo que sería una pena que este pedido pasara inadvertido.

               Hay otro tema de sentido económico pero muy pequeño, que tiene que ver con la inclusión de los secretarios del Tribunal en un acuerdo similar al que se aprobó para los jueces; los ministros del Tribunal tenemos acuerdo pero los secretarios no pudieron acceder por una letra del escalafón que no es la misma en el Poder Judicial que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

               Hay otros dos puntos que quiero mencionar y que representan costo cero. El primero de ellos es trivial, consiste en consolidar en menos rubros algunos de los que cobran los funcionarios; el contador podrá explicar esto mejor que yo. Aclaro que no cambiaría nada más que la estructura de las liquidaciones de sueldos.

               Por último, voy a mencionar un aspecto que para mí es tan importante como el de la transparencia. Me refiero a unas muy pequeñas modificaciones que pedimos se incorporaran al Decreto-Ley n.º 15524, vigente desde enero de 1984 y que ha sido objeto de un pequeño retoque por una ley posterior pero que mantiene una estructura arcaica desde el punto de vista procesal, por lo que entendemos debe revisarse todo y a fondo.

Lo que estamos pidiendo en esta oportunidad son cosas muy puntuales, que no pueden despertar la menor resistencia y que, sin dudas, contribuirían a hacer más fluidos algunos aspectos de los juicios.

               Finalizo recordando a los señores senadores que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un único tribunal para toda la república, única instancia y juicio escrito regido por el Código del Proceso, que es del año 1878.

               Es cuanto tenía para manifestar, y agradezco a los señores senadores por habernos recibido. Estamos a su disposición para responder las preguntas que quieran formular.

SEÑOR BORDABERRY.- Agradecemos la presencia de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del señor contador que la acompaña.

               Una de las preguntas que quería formular era si la síntesis de rubros a que se hizo referencia implicaba costo, lo que ya ha sido respondido. Supongo que eso es para facilitar el trabajo del contador. Ahora bien; si no tiene costo, de acuerdo con lo manifestado, ciertamente no entiendo por qué no se aprueba.

               Por otro lado, quiero destacar la importancia del artículo 7.º original, relacionado con las reformas que se harán al pasar del viejo Código del Procedimiento Civil a un conjunto de normas de inmediatez y de saneamiento básicas. El hecho de que todavía en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se continúe con normas del Código de Procedimiento Civil que incluyen la propuesta de prueba en la etapa probatoria y sin audiencia de saneamiento, hace que salude la muy buena iniciativa que ha tenido el tribunal. Este cambio puede parecer tímido pero, en realidad, facilita mucho, porque el hecho de que se adjunte la prueba con la demanda y la prueba con la contestación y se haga una audiencia de saneamiento, sin dudas, va a disminuir mucho los plazos al tiempo que generará una inmediatez y una mejor forma de trabajar. Pregunto si se ha dado una respuesta en este sentido, dado que esto no tiene costo presupuestal. Esta es la primera pregunta que se me ocurre, porque se trata de algo que me llama la atención. Por lo general, cuando no vienen los artículos es porque implicaban un aumento de gasto, y ahí hay una decisión de no aumentar el gasto; pero esto es beneficio puro.

Lo otro que me parece importante, que sí genera aumento de costo y que quizás no valoramos, es esa puesta en funcionamiento de la base de datos jurisprudencial y el acceso para todos. Es algo que también facilitaría mucho el trabajo, no solo de los abogados sino del propio Tribunal, porque al tener acceso a eso algunas demandas no se plantearían en la forma en que se plantean; hay pedidos que no se harían por conocerse de antemano qué es lo que pasaría. Quizá no sean reformas profundísimas en la teoría procesalista o administrativista, pero en lo práctico sí lo son –sin lugar a dudas– y no involucran mucho dinero; creo que estamos hablando de USD 30.000 o      USD 40.000. En lo personal, considero que sería un avance importante. Efectivamente, quienes tienen el acceso a todas esas bases, porque ellos mismos las van ingresando, son los grandes estudios jurídicos; entonces, al abogado que litiga de a uno hoy lo estamos dejando en desventaja porque, obviamente, el posible cliente prefiere ir a los grandes estudios, que tienen más información. En ese sentido, sería bueno considerarlo.

De todas formas, me interesa mucho más lo del artículo 7.º original en lo que tiene que ver con ese cambio en el procedimiento que, de no ser aprobado en esta comisión, podría serlo en la de Constitución y Legislación. En esta Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda hay varios miembros de esa otra asesora y creo que al menos deberíamos darle estado parlamentario y tratarlo en ese ámbito para su eventual aprobación. De modo que me gustaría que se profundizara un poco más en la propuesta a fin de ayudarme a convencer a los compañeros de la Comisión de Constitución y Legislación, de que efectivamente es muy buena.

SEÑORA CASTRO.- Me alegra advertir que se ha comprendido la intención de ambas cosas. En realidad, se plantearon en la Rendición de Cuentas por una cuestión de oportunidad; son reformas muy mínimas y era viable que salieran. Ahora bien; si nos vamos a poner a revisar el procedimiento, también estaría muy bueno y quizás deberíamos hacer una revisión más cuidadosa, es decir, cambiar bastante más el decreto-ley de ajuste. En caso de que esto no pudiera aprobarse ahora, creo que la Comisión de Constitución y Legislación va a tener un trabajo mayor. Es claro que igual debería hacerlo.

               Estas son cosas que, aparte de no tener costo, no significan un cambio profundo, es decir, se trata de ajustes muy menores pero necesarios. Y como ha dicho el señor senador Bordaberry, de alguna forma constituyen facilitaciones para que las cosas se desarrollen de manera más ágil.

               Le agradezco mucho.

SEÑOR DELGADO.- Saludo a la delegación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que hoy nos visita.

               Por mi parte, tengo dos preguntas para formular.

Ante todo, nos sorprendió que no viniera ninguna disposición vinculada al organismo en el mensaje del Poder Ejecutivo. De los siete artículos que ustedes presentaron, hay algunos que tienen costo –en algunos casos muy mínimo–, pero hay otros que no lo tienen. Quiero saber si hubo algún tipo de comunicación en este sentido; es decir, en cuanto a los artículos que no tienen costo me pregunto por qué no fueron incluidos en el mensaje del Poder Ejecutivo. Por nuestra parte, vamos a tratar de incluirlos. Precisamente, mañana vendrá a esta comisión el Ministerio de Economía y Finanzas.

               La otra pregunta que quería formular tiene que ver con el artículo 6.º, donde se plantea una equiparación a la situación de los secretarios letrados. Es la misma situación que se da con la Suprema Corte de Justicia. Los secretarios de la Suprema Corte de Justicia están en el mismo escalafón que los magistrados, y los secretarios del TCA no están. El artículo 6.º los equipara en ese sentido. En la Cámara de Representantes habían manifestado que habían llegado a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, pero ese artículo tampoco está. Me gustaría saber en qué consistió el acuerdo con el Poder Ejecutivo, si era por este artículo o por otros que no vinieron en el mensaje.

SEÑORA CASTRO.- En lo personal, desconozco si se llegó a un acuerdo, pero quizás a lo que se esté refiriendo el señor senador sea a otra cosa. En su momento lo mencioné rápidamente y tal vez no haya sido lo suficientemente clara.

               Todos recordarán que los magistrados, los jueces, llegaron a un acuerdo con el Poder Ejecutivo el año pasado y, efectivamente, tanto los que habían hecho juicio como los que no lo habíamos hecho estamos cobrando de un modo acordado y terminamos toda situación litigiosa.

               Estas dos personas integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y nosotros planteamos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la posibilidad de que llegaran al mismo acuerdo. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social estuvo afín a eso y lo envió al Ministerio de Economía y Finanzas, que encontró ese problema del escalafón, por lo cual la respuesta fue separarlos. Que yo sepa, no hubo otra cosa después.

               En cuanto a la primera pregunta que formuló el señor senador –que en realidad no me la hizo a mí, pero quizás pueda aportar alguna explicación al respecto–, nosotros hablamos en Presidencia y también llevamos esto al Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que ocurre es que el Ministerio de Economía y Finanzas cerró el plazo un poco antes, y estamos hablando de un organismo chico. Esto es poco significativo; entonces, en los grandes números no contaba.

SEÑOR DELGADO.- La misma situación se da con el organismo que concurrió anteriormente, la Corte Electoral. En ese caso también algún artículo que no tiene costo no llegó a tiempo para ser incluido en el mensaje. Por eso le pedimos a la Corte Electoral el informe de Servicio Civil, que era necesario para incluirlo y que llegó después de que el mensaje vino al Parlamento. La idea es tratar de insistir, cuando venga el Ministerio de Economía y Finanzas, para que por lo menos los artículos sin costo de los organismos sean incluidos por la vía del trámite legislativo en el Senado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más preguntas para formular, agradecemos a la delegación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo su presencia en la sesión de hoy y la información brindada, y quedamos en contacto en el transcurso de esta discusión.

SEÑORA CASTRO.- Muchas gracias a todos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se levanta la sesión.

(Son las 16:17).