SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 17:23).

               Hoy vamos a seguir abordando el proyecto de ley sobre sitios de memoria histórica del pasado reciente. Para esta sesión hemos invitado –y agradecemos mucho su presencia– a los representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, las doctoras Mirtha Guianze y Ariela Peralta; a distintas organizaciones sobre los sitios, a la señora Bibiana Duffau, integrante de la Comisión de Memoria, Justicia y contra la Impunidad, de Soriano. También recibimos a Irma Correa, de Familiares; a Antonia Yáñez, de la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria. En nombre del Ministerio de Educación y Cultura concurre el señor Nicolás Pons, y en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, el señor Raúl Olivera.

               Como decía, les agradecemos mucho que hayan concurrido. La comisión ha recibido el proyecto de ley y lo primero que corresponde realizar es una convocatoria a aquellas organizaciones que han trabajado en el asunto, ya sean de tipo social, como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Educación y Cultura a partir de la ley de Reparación en los temas de memoria, de sitio, de marcas de la memoria. Por tanto, a la comisión le importa mucho conocer las opiniones que a ustedes les genere el proyecto de ley presentado y todo lo que quieran abundar sobre el tema.

               Si no les parece mal, comenzamos con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, las distintas organizaciones que la acompañan, Ministerio de Educación y Cultura, y la representación del PIT-CNT en materia de derechos humanos.

               Le damos la palabra, entonces, a la doctora Ariela Peralta.

SEÑORA PERALTA.- Muchas gracias.

               En nombre de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, de su consejo directivo y de los integrantes del consejo que no están presentes por distintas razones, quiero decirles que nos es muy grato que nos hayan invitado. Consideramos que este tema es muy importante, y ha sido un asunto de dedicación y trabajo.  

La institución formó un grupo interno de trabajo sobre este tema que, por supuesto, trabaja con las demás organizaciones. Por el consejo directivo, lo integramos la doctora Mirtha Guianze y quien habla, pero realmente la persona central  en este tema ha sido la doctora Guianze. La psicóloga Mariana Risso también es parte del grupo y ha sido un gran apoyo para el intercambio que hemos tenido con otras organizaciones.

               Por último, insisto en que este es un tema central para la institución.

SEÑORA GUIANZE.-  Buenas tardes.

               Se nos hizo llegar el proyecto de ley de sitios de memoria y las distintas organizaciones concordamos en que se adecuaba a las directrices elaboradas por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, principios fundamentales que fueron aprobados en Porto Alegre, en  2012. 

               Se hizo una convocatoria a las distintas organizaciones. Primero se reunieron en forma externa a nuestra institución pero cuando tuvimos nuestro local lo empezamos a hacer allí. Siempre tuvimos una gran afluencia de gente de distintos lugares del país para brindar sus aportes y lo mismo sucedió en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, que es anual y se realizó en junio. En esa sesión participaron Serpaj, Cosameddhh, Memoria de la Costa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, el colectivo comunitario La Bruja, el grupo La Esperanza –de familiares de personas con esquizofrenia, Memorias de Soriano  –de la que hoy está presente Bibiana Duffau–, la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Canelones, Gustavo Valiente por el Grupo Verdad y Memoria de Guichón y también  participaron delegados de  Bella Unión y de distintos lugares donde en este momento hay sitios de memoria.

               Este proyecto de ley nos parece adecuado –quizás hubo algún desfase entre la primera y la segunda versión–, pero le hicimos algunas observaciones de redacción que ya les enviamos; algunas tienen que ver con cuestiones de redacción y otras hacen al fondo de la cuestión.

La comisión estaría integrada por nueve miembros y presidida por un delegado de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La idea fue que tuviera independencia, de acuerdo a los principios de París, y por eso se  entendió que podía estar presidida por la institución. 

               Otro punto que nos pareció importante resaltar es que la comisión va a estar integrada por dos delegados de dos organizaciones sociales destacadas en la lucha por la memoria y los derechos humanos inscriptas en el registro de organizaciones sociales de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que serán electos en una instancia presencial convocada a tales efectos. Se prevé un procedimiento de elección dado que el siguiente tema es la Red de Sitios de Memoria. Nosotros y todas las organizaciones que se han acercado hicimos de hecho lo que se llama la «Red Pro Sitios», porque todavía no está constituida pero tenemos que oficializarlo en la Red de Sitios. Ese es un tema que hay que conversar y poner arriba de la mesa, pero en realidad queremos agrupar a todas las redes que existen en Sudamérica. En América Central también hay redes a las que aspiramos integrar, con las cuales nos estamos relacionando.

               Después está el tema presupuestal. Para llevar adelante esos fines propusimos que se contará con el presupuesto que se asignará especialmente a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Los señores senadores estudiarán este punto, pero consideramos que parte de la construcción de los sitios de memoria van a estar a cargo de la sociedad civil, y un ejemplo de ello es Soriano. También hay apoyo de la UdelaR y de todos aquellos que quisieron colaborar, pero tal vez en materia presupuestal sería importante contar con un fondo que se pudiera destinar a ese fin. Quizá sería más viable que el presupuesto se asigne a la Institución Nacional de Derechos Humanos y no en el presupuesto nacional donde normalmente los recursos son más restringidos.

               Por otro lado, hay cuestiones terminológicas que fuimos marcando y las podemos rever y discutir, pero el problema es que no sé si estamos trabajando sobre el mismo proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Después lo revisaremos.

SEÑORA GUIANZE.- Me gustaría cederle la palabra a los demás compañeros porque ellos son quienes realmente han venido trabajando en la memoria. Nosotros recién empezamos a trabajar sobre nuestro sitio. Los que nos vamos del Consejo igual estamos interesados en seguir trabajando en lo que sería el primer sitio de memoria construido en un lugar donde hubo personas detenidas y además contamos con la colaboración de los propios protagonistas sobrevivientes. Hay otros lugares donde también se han construido sitios de memoria en el sentido amplio que le dimos en esta ley, como en el ejemplo que di de Mercedes. En el MUME no hubo personas detenidas pero que es un ejemplo de sitio de construcción de memoria.

               Esto era lo que tenía para decir como introducción, aunque después podemos seguir hablando.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿En nombre de las organizaciones sociales alguien quiere expresar algo?

SEÑORA CORREA.- Represento a Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.   

               Me parece que lo planteado por la doctora Guianze es lo que habíamos visto en la última reunión y me gustaría saber qué piensan los señores senadores del texto corregido. Digo esto porque, aparentemente, no sabemos con qué texto estamos trabajando.

               La semana pasada en la Red de Sitios de Memoria trabajamos en función del texto que nos fue enviado y le dimos un término que nos pareció el adecuado.

               En fin, nos gustaría saber con qué texto nos estamos manejando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los miembros de la comisión están de acuerdo, podríamos escuchar las exposiciones de los representantes del Ministerio de Educación y Cultura y demás organizaciones sobre los aspectos generales del proyecto de ley para luego abordar aquellos puntos sobre los que existan dudas y así hacer una puesta al día.

SEÑOR PONS.-  Buenas tardes.

               Soy director de Cooperación del Ministerio de Educación y Cultura y tengo como tarea delegada por la señora ministra la presidencia ante la comisión especial de la Ley n.º 18.596, integrada por los ministerios de Educación y Cultura –que la preside–, de Economía y Finanzas y Salud Pública y por dos organizaciones sociales, como la Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay –Crysol–  y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

               Quiero agradecer la invitación al señor presidente de la Comisión y, por extensión, obviamente al resto de los integrantes señores senadores.

               Según lo analizado a nivel del Ministerio de Educación y Cultura, voy a organizar mi intervención a partir de la versión del proyecto de ley que vino acompañado de la convocatoria a esta comisión y la distribuiré en tres grandes bloques. El primero tiene que ver con un resumen ejecutivo de la comisión especial y su vinculación con la temática que hoy nos convoca; el segundo está vinculado a las consideraciones generales y específicas sobre el proyecto de ley y, el último, está referido a las inquietudes sobre el proyecto de ley y a algunas sugerencias para que, de entenderlo pertinente, la comisión pueda considerarlas en su debido momento.

               Con relación al resumen ejecutivo de la comisión especial quiero compartir con los señores senadores que el cometido de la Ley n.º 18.596 es reparar, de forma integral, a todas aquellas personas que por acción u omisión del Estado se consideren víctimas de la actuación ilegítima del Estado y/o del terrorismo de Estado y que hayan sufrido violaciones a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad. La norma expresa que dicha reparación deberá efectivizarse cuando correspondiere con medidas adecuadas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

               En ese sentido, la comisión especial tiene tres grandes capítulos de reparación: económica, de salud y simbólica.

               En la última consideración sobre las reparaciones simbólicas  –y en el marco de las competencias de los artículos 7º y 8º– se han dispuesto las acciones por parte de la comisión vinculadas a las medidas sobre política de memoria histórica para el pasado reciente y el señalamiento de sitios de memoria, tema al que me referiré más adelante.

               Sucintamente quiero comentar a los señores senadores que, fruto de las competencias en materia de reparación, entre 2010 –año en el que empezó a funcionar– y 2017, esta comisión ha reparado a través de una indemnización económica a 432 personas y que, a nivel de las competencias que nos otorga en materia de reparación de salud, ha reparado a 417 personas, según las solicitudes que se han considerado hasta el momento.

               En materia de la reparación simbólica la comisión ha procedido a reparar y a entregar el certificado de responsabilidad del Estado a 902 solicitantes. Ha desestimado, por no corresponder, 116 solicitudes. Al día de la fecha hemos ingresado a las sesiones de la comisión 1350 expedientes, restando aún por expedirnos, 40 documentos.

               Hemos resuelto afirmativamente cinco recursos, y vinculado específicamente a las políticas de memoria histórica para el pasado reciente, los artículos 7º y 8º. Debo decir que la comisión, entre 2015 y 2017, ha procedido a colocar 42 placas recordatorias. A su vez, ha dispuesto dos fechas conmemorativas y ha resuelto tres destinos de memorial. Esto nos ubica, al día de la fecha, en 31 sitios de memoria dispuestos en 11 departamentos de todo el territorio nacional. El eje central de las acciones vinculadas a estos dos artículos ha tenido que ver con lo que ha impulsado el Estado, a través de esta comisión, en materia de señalización de sitios de memoria bajo el lema de concientización para la no repetición de aquellos sucesos.

               El segundo bloque al que hice referencia al comienzo de mi intervención tiene que ver con la vinculación que en este caso, como ministerio, tenemos en términos institucionales con la propuesta del proyecto que hoy nos convoca y, por lo tanto, voy a hacer algunas consideraciones generales y otras específicas sobre el mismo.

               En primer lugar, queremos transmitirle a la comisión que el Ministerio de Educación y Cultura acuerda, en la fundamentación jurídica, entre otros compromisos internacionales ratificados por el país, la mención específica en la exposición de motivos a la resolución n.º 60.147 de las Naciones Unidas, principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales. En segundo término, acuerda el fundamento que tiene el principio emanado por la reunión de altas autoridades de derechos humanos del Mercosur a partir de los fundamentos aprobados en el año 2012, donde se consideran las orientaciones y sugerencias para los países del bloque en la materia. Su propósito, obviamente, es la garantía de justicia, de verdad, de memoria y de reparación.

               En segundo término, el Ministerio de Educación y Cultura comparte la pertinencia en términos específicos del objeto del proyecto en cuanto a la declaración y creación de sitios de memoria histórica del pasado reciente. Además, valora especialmente del proyecto cinco puntos que queremos dejar manifiestos en esta reunión como componentes especialmente significativos.

               En primer lugar, el proyecto adjudica una mayor especificidad, la cual se otorga a la política de memoria histórica para el pasado reciente. En segundo término, se contemplan los fundamentos actuales en la comisión especial creada por la Ley n.º 18.596 sobre el concepto de reparación a las víctimas. En tercer lugar, el Ministerio de Educación y Cultura comparte que se circunscriban los mismos períodos de alcance temporal vinculados a la adjudicación de determinados lugares en calidad de sitios de memoria. Me refiero específicamente al período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, y al segundo, que es el que va del 27 de junio de 1973  al 28 de febrero de 1985. En cuarto lugar, el Ministerio de Educación y Cultura también entiende fundamental la incorporación explícita, como posibles sitios de memoria, de los lugares donde hubo actos de resistencia y manifiesta construcción de expresiones sociales para la recuperación de la democracia. En quinto término, entendemos también determinante este paso que incorpora el proyecto en cuanto a la creación de una red nacional de sitios de memoria, hoy figura inexistente. ¿Por qué? Porque, evidentemente, es una forma de garantizar la difusión pública de estos sitios y de dar continuidad a los ya existentes –a los que hacíamos referencia al comienzo de nuestra exposición, en el marco de la agenda que la comisión especial ha dispuesto hasta el momento–, lo que nos permite generar conocimiento social de las razones y los porqué de estos lugares; también posibilita la necesaria promoción educativa y de investigación que esto requiere, y, por último, porque valoramos significativamente la conformación de una ruta territorial de la memoria dando enlace a todos los lugares que componen el puzle de memoria nacional, departamental o municipal.

               A continuación me voy a referir, como tercer punto de mi exposición, a las inquietudes que despiertan el análisis que hemos realizado en el Ministerio de Educación y Cultura desde la comisión especial con la asesoría jurídica que nos corresponde en materia del proyecto, y vamos a hacer algunas sugerencias que nos parece pertinente compartir con los señores senadores.

               La primera inquietud tiene que ver con la integración de la Comisión nacional de Sitios de Memoria contemplada en el proyecto de ley. Queremos señalar que el Poder Ejecutivo queda exclusivamente representado por el Ministerio de Educación y Cultura –según la propuesta que tuvimos oportunidad de analizar– en una relación de uno en siete. No se logra interpretar con claridad el alcance justo de que la Comisión  Nacional de Sitios de Memoria dependa de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, según el artículo 7.º del proyecto de ley. Al estar integrada por ocho miembros –insisto, según la versión que tuvimos oportunidad de analizar– y no figurar entre ellos la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, desconocíamos hasta el momento el grado de vinculación horizontal o jerárquico que tendrá con la Comisión Nacional de Sitios de Memoria, según el artículo 8º. Todo esto es en cuanto a la integración de la comisión.

               Con respecto a la dependencia de la Comisión Nacional de Sitios de Memoria, según la Ley n.º 18.446, que crea la Institución Nacional de Derechos Humanos, entendemos que se genera inquietud en el Ministerio de Educación y Cultura por corroborar si la mencionada institución tiene efectivamente competencia atribuida para la ejecución de políticas públicas como la que se dispone.

               En lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal de la Comisión Nacional de Sitios de Memoria, esta tendrá que ejecutar o definir fondos para la materialización de sus acciones. Entonces, en este punto surge como inquietud que el destino de los fondos quede sometido a las consideraciones de sus integrantes, que son cinco representantes de la sociedad civil, dos representantes de entes autónomos –ANEP y la UdelaR– y un solo miembro del Poder Ejecutivo, en este caso, el Ministerio de Educación y Cultura. Teniendo presente que la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, según el artículo 2º de su ley constituyente dispone, relativo a su autonomía –y cito textualmente– que:  «La INDDHH no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad», vemos con dificultad visualizar con claridad el dispositivo y/o los mecanismos institucionales vinculados al financiamiento de las actividades que compongan la agenda de la nueva comisión nacional.

               Ante lo expuesto sobre la composición, gobernanza y funcionamiento de la Comisión Nacional de Sitios de Memoria, el Ministerio de Educación y Cultura sugiere, para su consideración eventual de esta comisión, que la presidencia de dicha comisión esté bajo la órbita del Poder Ejecutivo; sumar a la secretaría de derechos humanos de presidencia de la República como ámbito de competencia transversal a todo el Estado en la materia, y suprimir la representación de los tres delegados de la Red de Sitios de Memoria, por cuanto en el proyecto ya fueron contemplados dos delegados de las organizaciones sociales más representativas en la lucha por la memoria y los derechos humanos. En este último caso, además, entendemos que la presencia de los representantes de la Red de Sitios de Memoria debiese orientarse al ámbito del Consejo Asesor y Consultivo que luce en el artículo 11. Este ámbito, del cual compartimos su pertinencia, resulta especialmente habilitado para canalizar los aportes de la mayor cantidad de instituciones que tienen que ver con la materia. Por tanto, a los cuatro representantes institucionales a quienes el proyecto les otorga participación en este ámbito asesor y consultivo –me refiero a la Presidencia de la República, al Poder Judicial, al Congreso de Intendentes y al Plenario de los Municipios–, entendemos deberían sumarse los representantes de la Red de Sitios de Memoria, así como otros actores que tienen una destacada trayectoria y un destacado rol de la sociedad civil en materia de derechos humanos.

               Es cuanto tengo para informar a la comisión.

SEÑOR OLIVERA.- Me sumo al reconocimiento que han hecho los distintos exponentes a la iniciativa de democratizar el debate con la participación de la sociedad civil, en un tema que, sin ninguna duda, nos compete y debería ser asumido justamente con esa impronta.

               Nosotros estuvimos leyendo uno de los proyectos que nos llegó y estuvimos tentados de mirar el articulado en la lógica que planteaba el representante del Ministerio de Educación y Cultura, pero optamos por hacer algunas consideraciones de carácter más general.

               Los sitios de la memoria o los elementos que, de alguna manera, han intentado rescatar o reivindicar –en el sentido de las víctimas, desde luego– determinadas situaciones que vivió el país tienen una larga historia. Son actividades que generalmente se hicieron a nivel de gobiernos municipales. En el caso concreto del Gobierno de Montevideo, podemos mencionar el espacio existente en el Cerro de Montevideo y algunas placas que se colocaron antes de que se instalara este nuevo mecanismo de identificación de los lugares donde existieron violaciones de los derechos humanos.

               Hace un par de años el Ministerio de Educación y Cultura solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT una opinión sobre el trabajo con el tema de los sitios de la memoria y en aquel momento hicimos una reflexión que creo que es válida para hoy. Los sitios de la memoria se refieren, justamente, a temas del pasado. Supongamos, por ejemplo, que hay una plazoleta que tiene una placa sobre la desaparición de Chaves Sosa. La placa dice «Aquí desapareció Chaves Sosa» y ahí se terminó la historia. Sin embargo, no solamente apareció Chaves Sosa, sino que también han procesado a gente responsable. Entonces, pensamos que los sitios de la memoria tienen que ser lugares vivos, porque la resistencia no terminó en el año 1985. Aún hoy estamos en resistencia frente a las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en el pasado y que en muchos casos siguen ocurriendo, porque no hay un proceso de justicia o porque no aparecen los restos de los desaparecidos.

               Entonces, nadie se puede oponer efectivamente a que haya una norma, que puede ser perfeccionada, estudiada y balanceada desde el punto de vista de las responsabilidades, pero el Estado uruguayo ha estado mirando la realidad del pasado reciente por parcelas. El Poder Ejecutivo ha colocado placas en algunos lugares que dicen, «aquí se torturó gente». Bueno, ahí se cometió un delito pero, ¿el Estado actúa contra los responsables? No; no actúa, lo hace la sociedad civil. Entonces, cuando se discute acerca de los equilibrios que debe haber en una ley entre la sociedad civil y el Poder Ejecutivo, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, creemos que, por parte del Estado uruguayo, ha habido y sigue habiendo un comportamiento muy ecléctico con relación a la defensa de los derechos humanos. La reparación –contenida en una sentencia de la Corte– es una obligación que el Estado uruguayo  ha incumplido, solamente se estableció la colocación de una placa donde ahora funciona la Institución Nacional de Derechos Humanos como parte de la reparación histórica, cuando se supone que lo que se decidió para un caso particular, también debería haber abarcado al resto de las víctimas. En el caso Gelman, la propia sentencia establece que el Estado tiene obligación de cumplirla.

La gran preocupación que tenemos es que los sitios de la memoria deben ser sitios vivos, y a veces la proliferación, de alguna manera, lleva a que con el correr del tiempo pierdan sentido. Si bien pueden discutirse las iniciativas que tomamos de la sociedad civil, debería haber una norma que contuviera los elementos que garantizaran efectivamente la permanencia. Muchas veces, cuando el balance de las organizaciones con responsabilidad en esto está a cargo del Poder Ejecutivo de los distintos gobiernos, se corre un gran riesgo, porque no olvidemos que en estos temas el Uruguay no tiene una posición unánime. Por lo tanto, debería haber determinados mecanismos para que una ley de este tipo, que tiene un propósito bueno, no pudiera ser bastardeada por determinados tipos de políticas futuras. Eso en cuanto a una reflexión de carácter general que nosotros queremos dejar planteada, porque las reparaciones no solo deben ser simbólicas, ya que el derecho a la justicia también es una reparación. En ese sentido, esto tiene que ver –como dijimos anteriormente– con el comportamiento ecléctico asumido por el gobierno en cuanto al conjunto de responsabilidades que debería tener sobre el pasado reciente.

               Por último, Uruguay tiene una abundante legislación y muchos organismos que supuestamente deberían cumplir algunas funciones; sin embargo, uno no se explica por qué hay cosas que no marchan. En ese sentido, creemos que no debe transformarse en un organismo burocrático y pesado, que aunque pueda estar bien pensado para el momento actual, termine siendo poco efectivo con el transcurso del tiempo. A pesar de las desprolijidades y dificultades que pueda tener cualquier norma, es respetable y saludamos el hecho de que se encare el tema.

               Muchas gracias.

SEÑORA PASSADA.- En primer término, quiero agradecer la iniciativa que ha tenido el señor presidente, en el sentido de complementar el trabajo que se está llevando a cabo en esta materia. Nos ha parecido oportuno escuchar estas intervenciones, ya que nos van a ayudar en el momento de discutir la ley, puesto que los planteos aquí realizados, sin dudas, van a enriquecer ese debate. Asimismo, estoy partiendo de la base de que todos estamos de acuerdo con que esta iniciativa es importante y pertinente; posteriormente veremos cómo actualizamos los planteos realizados cuando se trate la ley en este ámbito.

               Supongo que el señor presidente dará un detalle de la forma en que se está actualizando el proyecto de ley.

SEÑORA BERAMENDI.- En principio, quiero agradecer esta oportunidad de establecer un diálogo y un espacio que enriquezca el proyecto de ley presentado. Entiendo que ese es el sentido de esta reunión; en este momento estoy incorporándome a la actividad parlamentaria y, por lo tanto, tratando de ponerme al día con la marcha del proyecto. Comparto la idea de que el motor para poner este tema en la agenda pública se encuentra en las organizaciones sociales. Creo que la ley deberá expresar, de la forma más adecuada, una conformación que contemple la necesidad de que la composición de la comisión dé cuenta de la naturaleza de este tema. En ese camino estamos ya que, según tengo entendido, hay aspectos que aquí se han señalado que ya están contemplados, pero como no estamos trabajando con el mismo texto, resulta difícil avanzar más en los detalles. De todos modos, por lo que he sabido y por lo que puedo ver por el texto que está en mis manos, hay cuestiones que aquí se han planteado que ya están siendo consideradas por la comisión. Reitero que este proyecto, sin dudas, se verá enriquecido por la visión que aquí se ha expresado por parte de nuestros invitados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero agradecer el aporte que aquí se ha hecho sobre el proyecto en general, a través de distintas consideraciones. Efectivamente, la iniciativa que llegó aquí para ser considerada no recoge lo que habíamos acordado con las distintas instituciones vinculadas a este tema, por lo que asumo la responsabilidad que me corresponde. De todas maneras, entiendo que estamos a tiempo de trabajar en el proyecto y mejorarlo, teniendo en cuenta las sugerencias que nuestros invitados han realizado.

               Si estamos todos de acuerdo, pediría a la doctora Guianze que hiciera un repaso de los cuatro o cinco puntos que se han marcado en el articulado con sus sugerencias, de modo que queden registradas.

SEÑORA GUIANZE.- Pensamos que la diferencia de fondo en este tema radica en el hecho de si el Poder Ejecutivo será el que presida esta comisión. Hemos visto que la idea de todas las organizaciones sociales del país que han trabajado en memoria durante estos años es que se les respete un ámbito independiente, de manera que tengan peso en el trabajo a llevar a cabo y la comisión no se convierta en otro organismo burocrático. Hay muchos lugares que tienen como cometido lo relativo a los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Esto sería diferente porque se prevé que el sitio de memoria lo construya la gente del lugar y que no sea solo una placa, como bien decía Raúl, sino un lugar del que se expanda el conocimiento, la memoria, la verdad y lo que ahí pasó, como es el caso de Soriano. Vuelvo al caso de Soriano porque es un ejemplo, está siendo visitado por liceos, y constituye una experiencia que sirve para mostrar cómo la sociedad civil está en primer lugar y construye, mientras que el Estado ayuda y aporta.

               Luego habría algunos detalles, pero nosotros les trajimos un material que se podría ir mirando en otro momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Seguramente ésta no será la última visita de ustedes a este ámbito; nosotros recogemos los planteos que nos hacen para luego analizarlos en la comisión. Como dije, es seguro que tendremos oportunidad de recibirlos nuevamente con el proyecto de ley más acabado.

SEÑORA GUIANZE.- Quería comentar que en una sesión multitudinaria nos constituimos en Red Pro Sitios, pero en este momento estamos en condiciones de constituir la Red de Sitios; entonces, lo que haría esta iniciativa sería reconocer la existencia de esa Red de Sitios, sin crearla, porque la ley no puede hacerlo si la sociedad civil no ha establecido un sitio de memoria en el lugar.

SEÑORA YÁÑEZ.- Creo que estamos ante una buena instancia para redondear este proceso de intercambio de materiales que pueden o no ajustarse a la última interpretación, pero que ayuda a sensibilizarnos en torno al tema. No hay que minimizar. Estamos con este reclamo, dando nuestra posición. Se trata de un trabajo de red importante que involucra muchos sitios y que realmente hacía falta porque no se había hecho. Es más, podríamos decir que había una ausencia.

Los prólogos a estas instancias tuvieron muchísima importancia. Se constituyeron las placas o los recordatorios que tienen carácter institucional y que reivindico porque a la sociedad civil le costó cuatro años trabajar esto en la Junta Departamental para que se llegara a la aprobación de 29 lugares en Montevideo. Hablamos de 29 lugares de resistencia o en los que se produjeron atropellos a los derechos humanos durante la dictadura. Podemos hablar de la ley que reivindica el MEC con su integración y con su proceso de marcas. Es cierto; existen y son importantes,  pero siempre decimos que no alcanza. Por tanto, constituir un proyecto que sea específico en esto, que realmente recoja el caudal de lugares que representen memoria con el respaldo de personas que están vivas y que pueden capitalizar esa experiencia, es importante. Luego se pueden instituir en un proceso que irá a la educación formal y a las distintas organizaciones sociales constituyéndose, en definitiva, en un patrimonio de toda la sociedad.

               Simplemente queremos valorar que estamos ante un proceso en el que se puede ir a más porque, de alguna manera, la sociedad lo está planteando dado que existían estas ausencias.

SEÑORA DUFFAU.- Pertenezco a la Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad, de Soriano, y quiero destacar la voz del interior.

               Quiero resaltar que la idea de estas organizaciones de constituirnos en una comisión pro sitios de memoria surge a partir de unos talleres que organizó el MuMe hace más de un año y medio para trabajar sobre la memoria. A partir de eso es que este grupo de organizaciones ha venido trabajando y haciendo aportes para que estos sitios se construyan y se logre la ley.

               Asimismo quiero destacar que este es un espacio en el que la gente del interior ha encontrado un lugar donde poner nuestra voz y hacer conocer lo que sucede en el interior del país, ya que muchas veces no se conoce. Eso nos parece importante y por eso estamos hoy acá. Esta comisión ha valorado que en el interior se están haciendo cosas importantes al respecto. Se ha mencionado el memorial que hicimos, que fue construido en parte con mano de obra de la intendencia, pero con muchas más horas de la sociedad civil, por medio de jornadas que se realizaron con participación de vecinos, gremios, estudiantes, etcétera.

               A partir de ahí descubrimos que la sociedad de Mercedes se ha ido apropiando del lugar. Permanentemente está siendo visitado: hay gente que va a tomar mate, otros van a hacer gimnasia, los maestros hicieron una intervención artística con telas.

               Lo interesante es que Soriano es el departamento que tiene más desaparecidos luego de Montevideo. Son diez, y hoy en día todavía existe familia, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, que recuerda a estas personas. Entonces, creo que es muy oportuno haber hecho este espacio y también que se integre a esta red.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si hay acuerdo, trabajaremos sobre lo que nos han traído y nos mantendremos en contacto en el momento de la elaboración de la ley.

               Muchas gracias por la visita, que ha sido muy valiosa.

SEÑORA DUFFAU.- Muchas gracias a ustedes por recibirnos.

(Se retiran de sala las integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, doctoras Mirtha Guianze y Ariela Peralta, acompañadas de integrantes de la Red de Sitios de Memoria, el Presidente de la Comisión Especial de Reconocimiento y Reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado, señor Nicolás Pons y el representante de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT).

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:).

               «Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por la señora senadora Constanza Moreira, por el que se regulan algunas profesiones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Carpeta n.º 869/2017 – Distribuido n.º 1402/2017).»

A su vez, hay un pedido de audiencia que presenta una asociación de vecinos de Malvín y Punta Gorda llamada Amigos del Molino. Ellos solicitan audiencia para referirse a una resolución de la Intendencia de Montevideo por la que se le otorga la custodia del Molino de Pérez a la Fundación Gonzalo Rodríguez, medida con la que no están de acuerdo.

–Damos entrada a los asuntos presentados.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

               –No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 18:16).