SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

                                                                          (Son las 15:09).

–La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social había acordado empezar hoy un cronograma de audiencias para tratar el proyecto de ley sobre la reforma del sistema de previsión social militar. Por lo tanto, contamos con la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Murro, el prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Roballo, el director nacional de seguridad social, doctor Baumgartner y el doctor Rodríguez.

SEÑOR MINISTRO.-  Es un gusto estar nuevamente en esta comisión. Quisiéramos hacer una presentación de este proyecto de ley que está a consideración del Parlamento.

Compartimos la delegación con el prosecretario de la presidencia de la República, con el director nacional de seguridad social, doctor Baumgartner y con un asesor del ministerio, doctor Rodríguez.

               En primer lugar, entendemos que estamos ante un tema trascendente para el país porque es muy importante avanzar en esta reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. A nivel del Poder Ejecutivo, este tema fue tratado en tres ministerios y en la Secretaría y Prosecretaría de la Presidencia de la República. En cuanto a los ministerios, esto se analizó en la órbita de los Ministerios de Defensa Nacional, de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social. Finalmente, el Poder Ejecutivo aprobó este proyecto de ley que fue enviado recientemente al Poder Legislativo. Entendemos que esta iniciativa es razonable, posible y necesaria, en el marco del conjunto de acciones que se vienen desarrollando en el país. Esto fue previsto ya en el año 1995 cuando se aprobó la Ley n.º 16.713, con el objetivo de reformar las otras cajas –así se las denomina–, cosa que ya se ha hecho en el caso de la policial, la bancaria, la profesional y la notarial. Sin embargo, hasta ahora no se había podido avanzar en la reforma de la caja militar o del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

               Creemos que este es el momento de hacerlo y que este es un proyecto de ley posible, razonable y gradual, que tiene como objetivo reformar el régimen más antiguo del país, anterior a la primera Constitución de la república.

Si bien es un régimen que ha tenido modificaciones a lo largo de la historia, entendemos que ahora es el momento de hacer un cambio importante basado en los dos objetivos que figuran en el proyecto de ley que se presenta. Uno de ellos es tener en cuenta la especificidad de las Fuerzas Armadas, es decir los aspectos concretos de su gestión, accionar, competencia y responsabilidad, y el otro, acercar los aspectos de seguridad social de las Fuerzas Armadas del país al régimen general. Así estuvo previsto desde hace muchos años a través de variados antecedentes y proyectos, y en particular con la Ley n.º 16.713.

               Nuestra presentación inicial –reiterándonos a disposición de los señores senadores, incluso de los grupos políticos que deseen conversar específicamente sobre este tema, que entendemos trascendente para el país– está dividida en cinco capítulos: antecedentes históricos, datos sobre la situación del servicio de retiros actuales, evolución normativa a lo largo de los años, resumen del régimen vigente y resumen del proyecto de reforma que los señores senadores tienen en consideración.

               Con respecto al primer capítulo, relativo a los antecedentes históricos, el origen de la normativa referida a las Fuerzas Armadas o a los militares es anterior a la primera Constitución de la república. Estamos hablando de la primera ley con fecha 13 de marzo de 1829. Incluso, en 1837 y hacia fines del siglo XIX, en 1884, y principios del siglo XX, concretamente en 1911, se crea la Caja de Pensiones Militares. Por tanto, estamos hablando de un régimen de larga historia en un país que feliz y comparativamente tiene una rica y muy buena historia de seguridad social, y que aún en la actualidad sigue teniendo.

               En el segundo capítulo de nuestra presentación figuran algunos datos básicos relacionados a datos cuantitativos. Por ejemplo, en 2015 hay 49.500 retirados y pensionistas y 28.600 personas en actividad, de las cuales 15.000 están en el Ejército, 5.000 en la Armada, 2.300 en la Fuerza Aérea y 3.600 en el Hospital Militar. Se trata de un sistema que ha ido reclamando una asistencia financiera creciente por parte del Estado, que para el año 2016 ubicamos aproximadamente en unos USD 450:000.000.

El tercer capítulo refiere a lo que señalábamos como la evolución normativa, de la que ya hemos dado cuenta cuando nos referimos a los antecedentes históricos. En 1920, por ejemplo, el comité ejecutivo de la caja advirtió al entonces presidente de la república que las finanzas se encontraban en lo que podría calificarse como un estado de verdadera liquidación. Y fue por ello que en ese mismo año se aprobó una ley que atendía la situación económica y financiera de la caja.

               Podemos hablar de dos leyes fundamentales del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, que son el Decreto Ley n.º 14.157, de 1974, y la Ley n.º 16.333, de 1992. También podemos hacer referencia al estudio que ha hecho el Poder Ejecutivo y a la reflexión que han hecho los tres ministerios, la Presidencia de la República y la Secretaría y Prosecretaría de la Presidencia. Nos hemos reunido en múltiples oportunidades entre nosotros, con representantes de las Fuerzas Armadas en actividad y con representantes de los militares retirados. Nos interesa particularmente destacar esto. En estos meses de trabajo y de elaboración hemos conversado en varias oportunidades entre nosotros, con los señores comandantes de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor de la Defensa y de los grupos de retirados militares, y hemos tratado de escuchar, de atender y fundamentalmente de aprender –y lo seguiremos haciendo–, para llevar adelante la mejor reforma posible, para que resulte conveniente. Digo esto porque nos parece importante que se conozca. A los militares en actividad –a través de sus máximas jerarquías– y a los retirados, les consta que hemos conversado en reiteradas ocasiones. Incluso, en el grupo de trabajo del Poder Ejecutivo participaron varios ministros.

               El otro aspecto que nos importa destacar sobre la evolución normativa tiene que ver con que nos hemos encontrado con una proliferación de normas muy grande, es decir, con una cantidad de leyes, decretos y resoluciones que muchas veces nos ha costado resumir y comprender. Este es un aspecto importante del proceso. También nos ha costado obtener toda la información necesaria para lograr un mejor estudio de la situación. Creo que este es uno de los aspectos que el proyecto de ley pretende cambiar: que este régimen, servicio o caja provea permanente y suficientemente toda la información que sea necesaria para su mejor desarrollo y conocimiento.

Este tema no ha sido fácil pero, al mismo tiempo que señalamos esto, nos complace indicar que, a partir del diálogo que hemos establecido en los últimos tiempos –diría que desde el año pasado y lo que va de este–, hemos mejorado el acceso a la información imprescindible para poder conocer esta realidad y proyectar las reformas correspondientes.

Señalo esto porque es una diferencia importante que hemos encontrado respecto a cuando hemos tenido que encarar otras cajas y otros regímenes. Los señores senadores, por ejemplo,  pueden ver en línea toda la información del BPS o de las otras cajas; esto ha acontecido, particularmente, en los últimos años, pero inicialmente nos resultó muy difícil. Ahora ha resultado menos difícil pero todavía cuesta conseguir la información aunque, reitero, debemos destacar que en eso se ha mejorado y que hemos encontrado una mejor respuesta en las Fuerzas Armadas para obtener información imprescindible para el análisis.

Creo que eso es parte del proceso que se ha hecho en este último año o año y medio y que nos ha llevado a tener una propuesta que, como dijimos al principio, consideramos razonable, posible y gradual, y que atiende los aspectos específicos y generales de la reforma de un sistema o de un régimen de seguridad social.

El cuarto capítulo es el resumen del régimen vigente, tal como indicamos al comienzo. Lo que rige actualmente es el compendio de una serie de leyes, decretos y resoluciones. Insisto en esto porque hemos tenido que ver las resoluciones que existen, por ejemplo, accediendo a la página web del servicio de retiros que, a veces, cambia como lo ha hecho recientemente; algunas normas cambiaron. Esto creo que es parte del proceso que estamos llevando adelante de diálogo, transparencia, discusión y de análisis de lo que existe para ver qué es lo  que modificamos.

En el régimen vigente podemos hablar de dos grandes grupos: uno es el del retiro voluntario y, otro, el del retiro obligatorio por límite de edad y según los grados.

En el caso del retiro voluntario, estamos hablando de que los oficiales se pueden retirar con 20 años simples de servicio y, los subalternos, con 20 años simples y 38 años de edad.

En el caso del retiro obligatorio por límite de edad, hay edades establecidas según los grados. Por ejemplo, para teniente general, brigadier general, vicealmirante, general, brigadier y contraalmirante es a los 60 años; para coronel y capitán de navío, a los 55 años; para teniente coronel y capitán de fragata, 52 años; para mayor y capitán de corbeta, 48 años y para capitán, teniente de navío, teniente 1º, alférez de navío, teniente 2º, alférez de fragata, alférez y guardiamarina, 44 años; hasta aquí es la parte de los oficiales.

En la parte de personal subalterno, de tropa, los suboficiales mayores se retiran  con 55 años; los sargentos 1º y suboficiales 1ª clase, con 52 años; los sargentos y suboficiales 2ª clase, con 50 años, al igual que los soldados especialistas; los cabos de 1ª clase, con 48 años y los de 2º, con 46; los soldados de 1ª clase y los marineros de 1ª clase con 45 años y los soldados de 2ª clase y los marineros de 2ª clase, con 40 años. Al mismo tiempo, en el régimen vigente debe contarse con diez años de servicio en todos los casos. Se computan los años de liceo militar, de preparatorio naval y de la escuela de formación de oficiales. También se computan años de estudio con y sin aportes.

El haber básicos de retiro o lo que se toma en cuenta para calcular el retiro –lo que en otras cajas se llama jubilación– es la asignación mensual sujeta a montepío del mes anterior al inicio de la gestión de retiro. Reitero, se toma en cuenta el mes anterior a la solicitud de retiro. Esta es una diferencia muy importante. Los haberes para el retiro se calculan a partir del básico que ya mencioné y con 30 años de servicio en adelante, con un 100 %. Después, hay una graduación en treintavas partes –si tomamos los treinta años– y se agregan dos cosas que hacen que no estemos hablando del 100 % sino que en los hechos podemos hablar del 120 % o del 140 % del sueldo que tenía en actividad, a diferencia de lo que se plantea inicialmente con el 100 % del mes en que se solicitó el retiro. Por ejemplo, en esto inciden las llamadas comparativas. Las comparativas establecen que cuando alguien se retira, si supera lo anterior, el haber no podrá ser inferior al que le corresponda a otro militar ya retirado, con la misma jerarquía y los mismos datos presupuestales; quiere decir que si alguien se retiró antes en estas condiciones, aunque le correspondiera menos a quien se retire después, por las llamadas comparativas va a cobrar por lo menos lo mismo que el que se retiró antes. Esta también es una particularidad muy específica del Servicio de Retiros y Pensiones Militares. Este tema de las comparativas, inicialmente fue para quienes tuvieran 25 años de servicio militar y algunas otras condiciones, pero no quiero entrar en detalles. Posteriormente, por otras normativas se fue agregando otro personal como, por ejemplo, el del propio servicio de retiros, el de la justicia militar y hasta el de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, que ingresó a este sistema tan específico y tan particular de las comparativas.

Otro aspecto diferencial del régimen vigente lo constituye el grado inmediato superior, que es un ascenso de grado al momento del retiro obligatorio, si se cuenta con 25 años de servicio. Este factor incrementa lo que se va a cobrar en el retiro y rige para todas las Fuerzas Armadas. En este aspecto también debe tenerse en cuenta –por lo que hemos ido estudiando y aprendiendo, y seguramente por lo que aprenderemos en los próximos tiempos– que aparecen cuestiones que tienen incidencia, como lo que se resuelve en actividad por los jerarcas correspondientes y los impactos que eso tiene  en el retiro. En este aspecto hemos encontrado una correspondencia. Perdonen la digresión, pero si habláramos en términos de BPS, cuando  los jerarcas de la empresa en la cual uno trabaja –ya sea pública o privada– toman decisiones, eso tiene una incidencia importante en la caja de jubilaciones. Como ustedes saben, existe la colectividad militar y, en este aspecto, eso tiene su importancia; por ejemplo, a los efectos del retiro, hay que calificar si la persona fue apta o muy apta; si hizo o no horas docentes; si voló o no voló; si dirigió o no dirigió un barco y en caso afirmativo, por cuánto tiempo lo hizo y si efectivamente lo hizo. Perdonen que insista en esto último pero existe una norma en relación con la Fuerza Aérea que dice que si no lo hizo este año pero sí lo efectuó durante el año pasado, se considera que igual lo hizo. Eso llama un poco la atención a los efectos del impacto que tienen las decisiones cuando se está en actividad en relación con el retiro.

 

               Por último, pasamos al quinto capítulo que es el resumen del proyecto de reforma.

 

En este resumen, esquemáticamente podríamos trazar tres líneas: dos verticales y una horizontal. Al trazar dos rayas verticales definimos tres colectivos: los que tienen más de 20 años de servicio; los que tienen entre 10 y 20 años , y los que tienen menos de 10 años. Ese es uno de los ejes del proyecto de ley que los señores senadores tienen a consideración. Luego podemos pasar una raya horizontal en la que podemos establecer dos categorías: el retiro voluntario y el retiro obligatorio.  En ese esquema podemos sintetizar, de alguna manera, el proyecto de reforma.

 

En primer lugar, debemos destacar que esta propuesta busca respetar los derechos adquiridos y los que están en vías de adquisición para el personal que tiene más de 20 años de servicios militares efectivos. En este aspecto, estamos ante la reforma más generosa de todas las que se han aprobado desde 1995 a la fecha. La Ley n.º 16.713, por ejemplo, que reforma el régimen previsional del BPS, cambió algunas cosas de un día para el otro. Acá estamos hablando de que hay un respeto a los derechos adquiridos y en vías de adquisición para el personal que tenga 20 años de servicios efectivos. Para el personal que tenga entre 10 y 20 años de servicios, hay un régimen de transición. En general, ese régimen es de 10 años. Y para el personal que tenga menos de 10 años efectivos estamos hablando de un nuevo régimen. Reitero que en cuanto a la gradualidad, esta es la reforma más generosa de todas las que se han aprobado. Por ello creemos que este es uno de los aspectos, entre otros, que atiende la especificidad de la reforma.

 

               Los cambios son graduales. Se crean regímenes de transición, como decíamos, para el personal que tiene entre 10 y 19 años de servicios, tanto en el incremento gradual de los requisitos que se exigen para el retiro, como en la reducción del monto de retiro, ya sea por la edad de retiro obligatorio –que también se aumenta razonable y gradualmente–, como por los años de servicio, el haber básico de retiro, el haber de retiro y el tope máximo de retiro.

 

               En ese sentido, lo que se está proponiendo es una atención a la especificidad de las Fuerzas Armadas, cosa que hemos tratado de tener en cuenta, y una gradualidad en la implantación del nuevo sistema, como también en el impacto financiero y social, humano, del personal en actividad.

 

               En el proyecto de ley se aumentan las edades de retiro y los años de servicios, o sea, se aumentan los aportes del 13% al 15%. Se grava la totalidad del salario. Esta es otra particularidad del régimen. Por ejemplo, en el caso de la mayoría del personal, los soldados, hoy tienen un 75% de lo que cobran con aporte y un 25% sin aporte. Queremos que se grave todo, como corresponde, como está establecido en todas las normas, como en la propia Constitución de la república. En el caso del personal superior es menor el porcentaje no gravado, pero también existen partidas no gravadas en todos los grados de la escala del personal militar de las tres fuerzas.

 

               Otro aspecto que entendemos importante es el de suprimir la comparativa y el grado inmediato superior.

 

               En este proyecto de reforma también consideramos esencial beneficiar el retiro obligatorio por sobre el retiro voluntario. Creemos que el retiro obligatorio debe ser especialmente considerado porque se trata de los militares que aguantan, que desarrollan  las Fuerzas Armadas y se quedan hasta el límite de edad de su grado. Entiendo que eso debe ser reconocido por la sociedad y por la legislación, así que hacemos diferencias importantes entre aquellos que se vayan voluntariamente y quienes se retiren de manera obligatoria por haber llegado a la edad  establecida, que se aumenta.

 

               Nos hemos encontrado con lo que se ha dado en llamar actividades bonificadas, un aspecto particular de las  Fuerzas Armadas que comprende una importante cantidad de actividades. Por ejemplo, todo el personal del Hospital Militar está bonificado, cosa que no existe en ningún sector de actividad de la salud privada ni pública en el Uruguay. Cuando hablo de todo el personal no me refiero solamente al de enfermería o al médico, sino a todo el personal del Hospital Militar. Me parece que en ese sentido tendremos que hacer un tránsito desde la situación actual hacia una nueva situación.

 

Aclaro de antemano que en el proyecto de ley de reforma estamos planteando, incluso, una bonificación general para todas las Fuerzas Armadas, tomando en consideración su especificidad, sus competencias, el servicio que prestan a la sociedad y sus condiciones particulares de trabajo, que difieren a las de otros trabajadores. Pero acá también encontramos esa fuerte correlación –comparativamente hablando– entre quien determina en actividad y la incidencia que las determinaciones de las jerarquías en actividad tienen en el retiro.

 

También nos parece importante que, tal como sucede en todas las cajas o institutos de seguridad social –como nos gusta llamarlos–, exista en su dirección una participación plural. Es algo que también pretendemos que se cambie. En el BPS el Gobierno puede designar a cuatro directores, con la venia del Senado,  y hay tres directores sociales que representan a empresarios, a trabajadores y a jubilados y pensionistas. En las otras cajas paraestatales el Gobierno es minoría y solo preside la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. En el caso del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas participan solamente el Ministerio de Defensa Nacional y los militares, pero creemos que debe haber una mayor participación del Poder Ejecutivo. Esto se puede lograr si se integra a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque entendemos que se trata de un sistema importante para el país y se debe tener una participación mayor en la dirección de su gestión.

 

               Algo también importante  es que lo que se propone en este proyecto de ley de reforma es continuar con la idea de que este sea un régimen estatal de seguridad social. O sea, se sigue el camino  que se ha seguido con las cajas paraestatales y la policial, a diferencia del Banco de Previsión Social, un régimen estatal.

 

               Yendo específicamente a los contenidos, señalamos que en esa franja horizontal tenemos el  retiro voluntario y el retiro obligatorio. El retiro voluntario lo estamos planteando con 60 años de edad y 30 de servicio –igual que en el BPS–; es un cambio sustantivo. Y en el caso del retiro obligatorio estamos hablando de un aumento promedio de las edades, según los grados, de ocho años –en algunos casos aumenta dos o tres años y, en otros,  diez o doce– y gradualmente. Estamos hablando de un incremento de los años de servicios efectivos. Recordamos que en el régimen actual alcanza con diez años y se plantea que pasemos a veintidós en el caso de personal subalterno y a veinticinco en el del personal superior. Subrayo que en este tema también se da la gradualidad. Por otro lado, se va a computar como años de trabajo solamente los años de escuela de formación de oficiales, que son años que tienen una partida y tienen aporte; no  se computarían los otros años de estudio como sí sucede en el régimen actual.

 

               En lo que hace al haber básico de retiro, planteamos también una gradualidad. Recordemos  que actualmente se trata del mes de solicitud del retiro –reitero, es un mes–, que también puede ser un mes especial por determinadas  circunstancias. En atención a la especificidad de las Fuerzas Armadas y también a la necesidad de racionalizar el sistema, estamos planteando pasar a sesenta meses, es decir, cinco años, en forma gradual. Se plantea partir de cinco meses e ir avanzando gradualmente cada año hasta llegar a los sesenta meses.

 

               Otro  aspecto importante de cambio del proyecto de ley  tiene que ver con la tasa de remplazo o la asignación de retiro, o sea, el porcentaje del retiro en relación al salario en actividad. Ante todo recordamos que se propone gravar todo, el 100% de lo que se percibe. En ese sentido, lo que estamos planteando es una diferencia según sea el retiro voluntario u obligatorio.  Van a ver los señores senadores que en el caso del retiro obligatorio, también atendiendo a la especificidad de las Fuerzas Armadas, estamos proponiendo una tasa de remplazo que es la más alta de todos los regímenes actualmente existentes, pero en el retiro voluntario estamos planteando la misma tasa de remplazo  del BPS que va del 45 % al 82,5 %.

 

En el caso del retiro obligatorio, recordarán los señores senadores que en el BPS es del 82 % con 70 años de edad y 50 de trabajo; acá planteamos el 90 %, con 33,33 años de trabajo efectivo que, computados según la bonificación que proponemos –que después explicaremos–, significa 40 años de servicio computados y 33,33 años de servicio efectivo. Esto, además, en el caso del retiro obligatorio disminuirá gradualmente. Recordarán también los señores senadores que en el régimen actual era por treinta avas partes pero ahora proponemos que sea por cuarenta avas partes, con menos años de servicio. Por ejemplo, en lugar de 90 % con cuarenta años de servicio computados, o sea 33,33 años reales, si se tienen 35 años computados, que significan 29,16 reales, la tasa de remplazo será el 78,75 %. Si habláramos de 30 años computados, que son 25 reales, estaríamos hablando del 67,5 %.

 

Como se puede observar, en todos estos casos, atendiendo la especificidad de las Fuerzas Armadas,  se hace referencia a una tasa de remplazo de retiro de un porcentaje superior al del resto de las cajas.

 

Asimismo, se establece un tope máximo de retiro. En la actualidad, dicho tope es de $ 101.108, lo que corresponde a 28 bases de prestaciones y contribuciones. Este monto que se fija como tope máximo, también es una consideración hacia la especificidad de las Fuerzas Armadas, ya que es notoriamente superior al del BPS: si se cobra solo por este régimen, ese tope es de $ 60.000; si se está en BPS y en una AFAP, es de $ 40.000 por BPS más lo que se cobre por AFAP; si se tienen dos jubilaciones con el BPS, hablamos de un tope de $ 84.000, pero acá en cambio sería de $ 101.000.

 

En el proyecto de reforma también se incluyen otras modificaciones.

 

Hoy hablábamos del tema de la actividad bonificada. Tal como saben los señores senadores –por las dudas, recordémoslo–, la actividad bonificada es aquella que realizan los maestros, a quienes cada tres años de trabajo se les consideran cuatro. Como podrán observar, en relación con alguna de estas actividades en el proyecto de ley se dispone que se faculta al Poder Ejecutivo a su consideración. Esto se debe a que no hemos podido llegar al detalle de algunas de ellas. Por eso planteamos, atendiendo a la especificidad, la competencia, la responsabilidad y los servicios que brindan las Fuerzas Armadas a la sociedad, establecer una bonificación general del seis por cinco y mantener otras más específicas, como pueden ser las del personal del Hospital Militar –en particular, de los radiólogos–, del personal que trabaja con explosivos, de los buzos. Pero sí estamos planteando racionalizar, ordenar toda otra serie de bonificaciones que existen que además, reitero, se complejizan con esa relación que existe entre el personal, las jerarquías en actividad y en retiro. Por ejemplo, la bonificación por volar se adquiere solo con 60 horas anuales de vuelo, y eso genera una bonificación de dos por uno. Y hemos tenido algunas informaciones que nos llevan a tener que analizar más este tema. Estamos planteando una bonificación general de servicios del seis por cinco, que nos parece importante y, en el caso del personal del Hospital Militar o de la sanidad de las Fuerzas Armadas, una transición en cinco años del actual cuatro por tres al seis por cinco; al mismo tiempo, iremos viendo a quien efectivamente le corresponde.

 

               Los otros aspectos tienen que ver con el régimen de pensiones de viudez y sobrevivencia, que se regula en forma muy similar al régimen del BPS. Hoy tienen un régimen de pensiones muy especial.

 

               Por otro lado, también se crea un par de beneficios que las Fuerzas Armadas hoy no tienen y nos parecen importantes por los cambios positivos que se han dado. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que establece la Ley n.º 18.395, que es el reconocimiento de un año por hijo para las mujeres, que ya existe en el régimen general pero no para las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos proponiendo que exista este beneficio dado el incremento positivo del personal femenino en las Fuerzas Armadas. Y también estamos creando dos nuevas causales que no existen en el régimen del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas –sí existen en el régimen general del BPS– que es la causal por edad avanzada y el subsidio transitorio por incapacidad parcial. Entonces, proponemos que estos beneficios también se extiendan al personal de las Fuerzas Armadas.

 

               Hemos hecho un resumen de lo que se propone en el proyecto de ley. Quedamos a las órdenes de los señores senadores. No sé si alguno de los integrantes de mi delegación quiere hacer alguna corrección sobre algo que haya dicho incorrectamente, o modificar o ampliar la información.

 

SEÑOR ROBALLO.- Simple y sucintamente, quisiera reafirmar un par de conceptos que me parecen destacables en el proceso de elaboración de este proyecto de ley. Ante todo, que tuvo una amplia participación de los ministerios involucrados, del Poder Ejecutivo, pero también de actores del Poder Legislativo en intercambio y de los propios implicados, es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas, a través de sus comandantes.

 

               Y lo otro es que fue un verdadero diálogo, puesto que se incorporaron al proyecto los diferentes puntos o aspectos en los que los diferentes actores hicieron especial hincapié, es decir, ninguno quedó afuera de lo que fue tratamiento y la incorporación al proyecto de ley. Obviamente, el Poder Ejecutivo asumió la responsabilidad de laudar, como corresponde,  las distintas visiones o las diferencias de grado, y no quedó ningún punto afuera. Era imposible tomar el 100 % de todas las propuestas, pero creemos que todos los actores van a poder encontrar en el proyecto de ley, en términos generales, los aspectos que se han planteado. En ese sentido, queremos reafirmar que es un proyecto que tuvo mucho trabajo de elaboración y que, de alguna manera, consideramos equilibrado y ponderado; contiene un dispositivo que se aplica de forma gradual  y, de alguna manera, da flexibilidad y presta atención a las particularidades del área que se está regulando y a las personas que integran las Fuerzas Armadas.

 

Simplemente quería reafirmar ese aspecto –a pesar de que el ministro ha hecho un relato exhaustivo y completo del contenido del proyecto– porque creo que es importante desde el punto de vista político para que, de alguna manera, impregne la discusión que de aquí en adelante se va a dar.

               Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Por supuesto que agrademos la presentación que se ha hecho; obviamente que el tema de la seguridad social es complejo y difícil de analizar y de interpretar en todos sus aspectos, sobre todo cuando se plantea la modificación de un régimen; ha sido así en cada circunstancia. Hemos señalado que nos parecía pertinente la consideración del tema, pero por su complejidad tenemos que analizar las soluciones con tiempo y con mucha cautela para tener una idea cabal de cómo esto impacta en los colectivos que son objeto de esta modificación.

Voy a hacer una precisión, que si no tengo mal los datos debería ser correcta. Dijo el señor ministro que la modificación de la seguridad social para los que están en los procesos de camino es más beneficiosa que las modificaciones anteriores. Según mis cálculos, estamos en el mismo corte; si se toma en cuenta los 20 años de servicios, que son los que quedan fuera de las modificaciones, estamos hablando de gente que está en el entorno de los 40 años, y precisamente ese es el corte que se utilizó cuando se reformó la seguridad social en 1996, cuando no se tocó a los mayores de 40 años. Quizás me estoy equivocando en algo, pero no es algo relevante sino simplemente una cuestión de detalle.

               Voy a realizar dos preguntas. En primer lugar, el prosecretario de la Presidencia de la República hizo referencia a que este proyecto es resultado de un diálogo, entre otros actores, con parlamentarios. Por lo tanto, sería bueno saber con quiénes y cómo se dio, porque formalmente a nivel de las comisiones parlamentarias no hubo ningún tipo de participación. Nosotros no participamos en ninguna discusión previa y tampoco lo hicimos en esta comisión.

               En segundo término, quiero hacer una pregunta que reconozco es bastante difícil, pero me parece clave. ¿El gobierno tiene una idea de cuál va a ser el impacto en las Fuerzas Armadas en cuanto a aliento, desaliento, incentivo o desincentivo para los componentes que se verían afectados? ¿Se ha hecho una evaluación de en qué medida esto promueve –esto se ha dicho por ahí y es bueno saberlo– un rápido retiro de parte del colectivo militar? ¿Esto produce un desestímulo para el ingreso de personal subalterno a la carrera militar? Reitero que creo que esto es clave porque he dicho y sigo pensando que hay un debate previo que no se ha dado. El señor senador Mujica ha dicho –y yo lo comparto– que primero deberíamos tener una discusión en profundidad sobre qué dibujo de estructura de las Fuerzas Armadas es requerido para cumplir la función de defensa para, en función de eso, diseñar un sistema de retiros. De hecho, la modificación de estas normas impacta sobre la estructura de las Fuerzas Armadas en cuanto puede alentar al retiro, a que se elija ingresar a una fuerza y no a otra, o a que se afecte al personal subalterno y no a la oficialidad. En síntesis, me gustaría saber qué evaluación ha hecho el Gobierno con respecto a los impactos que va a generar la aprobación de este proyecto de ley de reforma sobre la estructura de las Fuerzas Armadas.

SEÑOR ROBALLO.- Corresponde hacer una aclaración. Efectivamente, desde el punto de vista formal, recién en la tarde de hoy y en esta sesión este proyecto de ley ingresa a la consideración del Parlamento de manera global y para todos los partidos políticos. Quizás debimos ser más específicos y decir que esto no lo discutió el Poder Ejecutivo a puertas cerradas sino que hubo un intercambio, al menos con la bancada oficialista, y quizás también informalmente con legisladores de otros partidos, fuera del proceso formal que debe darse en el Parlamento. A su vez, en ese capítulo de diálogo  –más allá de la estricta formalidad–, también se dio la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, de algunos comandantes y de oficiales retirados a algunas comisiones del Parlamento en las que se ha tratado el tema directa o indirectamente. Por lo tanto, esto ha estado sobre la mesa y los puntos que acabamos de plantear no son ajenos al Parlamento y a los legisladores. Sin duda, no lo son para la bancada oficialista, pero entiendo que tampoco para los de los demás partidos. De todos modos, no hay ninguna duda de que hoy comienza el tratamiento formal del tema.

SEÑOR MIERES.- Quiero dejar una constancia porque con respecto al Partido Independiente debo decir que no tuvimos ningún tipo de contacto formal o informal.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a hacer algunas reflexiones sobre los planteamientos que hizo el señor senador Mieres.

               Queremos insistir en que la gradualidad de esta reforma es muy superior a todas las anteriores, y eso es notorio. En la reforma promovida por la Ley n.º 16.713, de setiembre de 1995, que entró en vigencia el 1.º de abril de 1996, había cosas muy importantes que cambiaban de un día para otro; en este caso estamos hablando de una gradualidad muy importante. El tema de tener veinte años de servicio es un aspecto, pero también hay una gradualidad en otra cantidad de cosas; ninguna norma anterior ha sido tan gradual. Bastaría con repasar las versiones taquigráficas de la discusión parlamentaria de 1995 para advertirlo. Creemos que la gradualidad, la progresividad y la integralidad con la cual se hacen los cambios –atendiendo, reitero, a las especificidades de las Fuerzas Armadas y a las generalidades que debemos considerar como sociedad– constituyen una fortaleza que tiene este proyecto de ley.

               Por otro lado, no hemos sentido los síntomas de la huida, sino solamente los dichos. Cuando uno mira los datos que se nos han proporcionado –a los que hemos ido accediendo en forma gradual; reconocemos que esta situación ha ido mejorando–, podemos sentir los gritos, pero no vemos hechos. Y esto es parte del juego de la democracia.

SEÑOR MIERES.- Aprovecho para advertir que a las 16:30 horas debo retirarme debido a que presido la Comisión de Asuntos Internacionales. Por lo tanto, agradezco respuestas rápidas.

               Está bien: sé que son dichos y hasta que no se le vean las patas a la sota y cuánto se avanza en esto, seguramente esos dichos serán dichos. Pero lo que me interesa saber es si se ha hecho algún estudio sobre los impactos eventuales que se pueden generar en las decisiones de los involucrados. Me gustaría tener una idea de en qué medida esto va a tener una modificación en la figura, es decir, en el dibujo de las Fuerzas Armadas actuales. Obviamente, no es el que queremos, pero tampoco queremos cualquier otro.

SEÑOR MINISTRO.- En este año y medio hemos estado haciendo un curso rápido. Es una de las changas que nos ha tocado hacer.

               Una de las cosas que hemos aprendido –y seguiremos aprendiendo– es que hay que pensar en leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas. Se lo hemos escuchado decir a los militares cuando nos reunimos con ellos, a representantes del Ministerio de Defensa Nacional y al propio presidente de la república. Por más que las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas no son temas que competan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, creemos que son cosas que hay que hacer y que, además, no son contradictorias ni incompatibles con este proyecto de ley de reforma. De eso estamos convencidos. También entiendo que tenemos que avanzar en esto porque en el artículo 1º o 2º –no recuerdo cuál– de la Ley n.º 16.713 se establece que había que concretar la reforma en un año. Y bueno, acá estamos.

               Creo que esto es necesario y hay que hacerlo por el país y por las Fuerzas Armadas. Evidentemente, las leyes orgánicas se tratarán con las autoridades y con la participación de los involucrados que corresponda.

               También decimos que, al mismo tiempo que estamos haciendo esto, seguimos estudiando el tema por esa dificultad inicial que tuvimos en el acceso a la información. Creo que esta es una cuestión que el país, la sociedad uruguaya y los poderes del Estado deben resolver, porque una cosa son los secretos que deben existir por seguridad del Estado, y otra es el derecho a la información. Considero que todos tenemos derecho a saber cuántos militares hay, cuánto ganan, cuántos están en cada lado, todas las normas que existen al respecto, cuántos efectivos hay en actividad, cuántos en retiro, etcétera. Tenemos derecho –el Estado, la sociedad y el Poder Legislativo– a saber todo eso.  Reitero: salvo aquellas cosas que hagan a la seguridad del Estado, tenemos derecho a conocer todo lo demás. Estamos sabiendo más al respecto y volvemos a decir que en este proceso hemos ido encontrando, en las Fuerzas Armadas, una creciente sensibilidad para proporcionar información, pero todavía falta. Precisamente, en estas horas estamos pidiendo información para tener más datos que necesitamos porque, a medida que vamos aprendiendo, vamos sabiendo qué es lo que tenemos que preguntar. Aprendí, por ejemplo, que es distinto volar en la Fuerza Aérea que en la Marina; me explicaron también el origen histórico de ello, pero no sé si hoy sigue siendo igual. Otro ejemplo es el tema de la actividad bonificada: en la Fuerza Aérea se computa con 60 horas anuales mientras que en la Marina se requieren 30. También encontramos una norma que establecía que si el efectivo había volado un año sí y otro no, había que tomar en cuenta los dos.

               Me parece que tenemos que saber estas cosas, lo que implica hacer cálculos y estudios porque es muy diferente el retiro –y este es otro ejemplo– si se dice que el efectivo voló que si se dice que no voló –lo haya hecho o no–, y esto no es igual a lo que sucede en otros sectores de la actividad. Entonces, importa mucho tener información de la actividad y del retiro.

               Reitero que si los señores senadores tuvieran el gusto y la decisión de convocarnos dentro de 15 días, es posible que en esa oportunidad les demos alguna información que hoy no tenemos.

 Creo que esta es de las cosas lindas y buenas que están pasando en el  país; me refiero a abrir esta discusión para que todos contribuyamos, también, a integrar cada día más a este sector a la sociedad democrática e igualitaria en la que queremos vivir. Estamos en ese proceso y vamos bien. Me parece que todos debemos seguir contribuyendo a eso.

SEÑOR CAMY.- Saludamos la presencia del señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, del señor prosecretario de la Presidencia de la República y de los asesores que completan la delegación. Aprovechamos también para, particularmente, saludar la presencia de un ministro que siempre ha sido abierto y ha estado dispuesto a dialogar e intercambiar opiniones en el encuentro o desencuentro de las ideas. 

Señor presidente: creo que hoy se ingresa a un tema bastante particular que no podemos analizar sin tener en cuenta lo que significan las Fuerzas Armadas en el contexto general de este país. En otras oportunidades ya lo he señalado en este ámbito legislativo, pero ahora reitero que a mi juicio este es uno de los temas que provoca un corte generacional. Algunos integramos una generación que seguramente considera que se vio poco afectado por lo que en realidad fue el traumático y reprochable proceso de la dictadura que vivió el país. Tenemos la impresión de que esa generación se plantea el rol o la existencia de las Fuerzas Armadas en función de que no se formó durante la dictadura y de que no fue protagonista. Otra generación quizá opine otra cosa porque fue protagonista de ese episodio; entonces, es muy difícil que lo que vivió no le afecte cuando analiza el rol de las Fuerzas Armadas. Ni hablar de la gente más joven. Este tema incluso está instalado dentro de las Fuerzas Armadas porque cuando uno habla con un oficial o con un alférez actual no le puede atribuir ningún tipo de vinculación con las cosas que pasaron, aunque a otros sí se les podrían reprochar. Esa es una impresión muy personal y tengo la libertad de expresarlo.

               Recientemente este tema se ha planteado en el Senado y creo que el Uruguay tiene pendiente un análisis sobre si queremos Fuerzas Armadas y qué tipo de fuerzas serían. Hemos incursionado en este punto a través de temas laterales –y no tan laterales– como, por ejemplo, la pesca, la seguridad aérea, las nuevas modalidades de narcotráfico, etcétera. En la Comisión de Hacienda del Senado, con algunos senadores aquí presentes hemos estudiado desde el pasado año cómo afectarían los salarios o las pasividades militares los nuevos tributos que se están evaluando. Me parece que es difícil descontextualizar el tema por la sencilla razón de que si tenemos distintos pareceres sobre qué Fuerzas Armadas debe tener Uruguay, o si es necesario que existan –con lo que se definirían muchas cosas, como el tamaño o la inversión–, la discusión específica sobre la reforma del sistema previsional militar queda incompleta. Adelanto que pienso que esa discusión es necesaria y vamos a darla. Ojalá logremos la mejor solución que el país requiere.

               Hemos seguido con atención el planteamiento que realizaron el señor ministro y el prosecretario. Creo que la comisión va a asumir un trabajo que tiene que ser serio y profundo y a tales efectos hemos sugerido algunas comparecencias. La única relación que he tenido con este tema –aunque no puntualmente con este proyecto– ha sido porque en la Comisión de Hacienda recibimos al equipo de análisis de la seguridad social que coordina el general retirado Fígoli y los trabajos que están haciendo al respecto. Conceptualmente ha surgido la necesidad de tratar el tema a raíz de que en los últimos años otras cajas han modificado sus sistemas de jubilaciones y pensiones. 

               Quiero realizar cuatro preguntas puntuales vinculadas a un planteamiento que no pretende cuestionar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sino que apunta a analizarlo, como decimos vulgarmente, como abogados del diablo, partiendo de la base de que va a tener una afectación negativa respecto a la situación actual. Ello no quiere decir que no haya que realizar cambios. Lo que digo es que se trata de una iniciativa que va a alcanzar el legítimo interés de mucha gente y, en función de eso, reitero, queremos formular cuatro preguntas puntuales.

               En primer lugar, quiero saber por qué la reforma del sistema de previsión social militar no sigue la modalidad aplicada en la reforma de otros sistemas que se han impulsado en el país. Por ejemplo, la reforma del sistema de retiros y pensiones policiales implicó un aumento salarial a los policías para que las tasas de reemplazo a aplicar resultaran en pasividades adecuadas. Otro caso que podemos citar es la reforma de la caja bancaria. En ese caso, se aumentó el aporte del Estado y se modificó la relación activo-pasivo con el pasaje de otros contribuyentes a ese sistema. Sin embargo, en este caso da la impresión de que la propuesta tomó lo más perjudicial de cada reforma anterior pero no recogió  ninguna medida compensatoria que contribuyera a mejorar a quienes se afecta.

               La segunda pregunta es por qué el régimen de transición que se propone solo considera gradualidad en los beneficios que podemos tildar de menor relevancia a los efectos del cálculo de las pasividades, en tanto elimina, sin aplicar ningún tipo de gradualidad, los beneficios derivados de las leyes comparativas que sí impactan en el cálculo de las pasividades, máxime cuando se otorgaron legalmente en los últimos 20 años para enmendar un perjuicio económico que aún hoy persiste y que tiene que ver con el bajo nivel salarial del grueso de quienes están en la actividad militar.

               La tercera pregunta es por qué estamos aceptando realizar cambios –en este aspecto hay bastante consenso en este ámbito– para amortiguar los perjuicios que ha tenido  el colectivo que denominamos «los cincuentones», lo que  va  a  demandar una asistencia financiera importante por parte de Estado –se habla de alrededor de USD 200:000.000–, mientras se proyecta reformar el sistema de los retiros militares  –que requiere una asistencia financiera mayor– y reducir la asistencia sin contemplar el perjuicio que estaríamos ocasionando a este último grupo de personas. No estoy cuestionando sino simplemente diciendo que los números son estos para este Gobierno o para el que pueda venir. Ante un colectivo específico estamos evaluando asumir un costo, pero no estamos dispuestos a hacerlo en este otro caso. ¿Esto responde a un tema de disponibilidad o hay algo más profundo? Como dije hace un instante, aún no hemos dado  la otra discusión –este es mi planteamiento– sobre qué Fuerzas Armadas queremos.  

También quiero preguntarle al señor ministro si tiene conocimiento de qué tan fuertemente se verá reducida la asistencia financiera del sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas en los próximos 15 o 20 años  considerando la cantidad de beneficiarios de más de 70 años. Si uno toma, por lo menos, las estadísticas de vida en el país podemos establecer que hay una posibilidad de ajustar la relación activo-pasivo y, tal vez, la proyección de las tasas de reemplazo pueda cambiar. Entonces, quisiera saber si eso está medido para tenerse como un elemento para considerar en función de la cantidad de efectivos de más de 70 años. No tengo en este momento la cifra exacta, pero sí fue uno de los conceptos que se manejó por parte de algunos de los equipos técnicos de militares cuando comparecieron ante la Comisión de Hacienda, es decir, la cantidad de personas de más de 70 años.

               Esas eran las cuatro preguntas. Espero haber sido claro y reitero el agradecimiento, como también el gusto de recibir al señor ministro.

SEÑORA PASSADA.- Ante todo, tomamos conocimiento del proyecto y nos hemos ido interiorizando del mismo. Cada vez que uno ingresa en su articulado o participa en conversaciones sobre el tema surgen algunas dudas que, sin dudas, serán planteadas en la riqueza de la discusión parlamentaria que comienza a partir de hoy, y creo que va a ser el trabajo permanente que tendrá esta  comisión. 

               Entiendo las cosas que planteó el senador Camy, pero quiero que quede bien en claro –por lo menos desde el punto de vista de nuestra bancada– que el tema de la necesidad de las Fuerzas Armadas no está en cuestión. Por tanto, me parece que ese es un elemento que debe quedar absolutamente claro porque a veces circulan las actas y es importante que esto esté expresado en ellas.

               Evidentemente, estamos frente a un funcionario que en realidad no tiene el mismo tratamiento en la tarea que desarrolla que el resto de los funcionarios. Esto está por demás decirlo, pero es una realidad que tiene su peso. Las cuestiones van a ir apareciendo en las instancias de discusión. Es un proyecto que contempla todo el tema del estado militar, que también implica la disponibilidad y las diferencias que tienen con el resto de los funcionarios. Por tanto,  hay  que  contemplar  determinadas  situaciones que van a ir surgiendo –como las referidas en el planteo que nos venía haciendo el ministro, como también el prosecretario de Presidencia– e iremos viéndolas en el devenir de la discusión de los artículos. Además, considero que estas cosas deberemos ampliarlas en el diálogo con las autoridades.

               Creo que vamos a tener que solicitar –lo cual va a enriquecer la comunicación– varias informaciones, pues vamos a necesitarlas al momento de la discusión del articulado del proyecto de ley. Por ejemplo, me interesa saber si hay algún estudio que podamos tener en cuenta a la hora de hablar de las tasas de reemplazo para ver qué significa económicamente  en los grados menores. Tal vez eso también lo tienen estipulado o se evaluó en algún momento, como sí se hizo en determinados estudios –creo que la señora senadora Tourné trabajó bastante en el tema policial– donde después hubo un gran impacto en la parte salarial.  Sería importante contar con estos elementos o los que se hayan tenido en cuenta.

               También es cierto que hay algunas preocupaciones que quizás se puedan ver en otra oportunidad, tal vez con representantes del propio ministerio por la vía de información escrita.

En cuanto al tema de la sanidad militar, creo que en total hay 3.200 funcionarios que están en la nómina y sé que alrededor de 900 son oficiales militares de alto rango. ¿Hay alguna evaluación del impacto? Creo que se trata de una situación especial y específica que tiene el servicio. De haberla, me gustaría recibirla, aunque quizás no ahora porque me consta que hay varios señores senadores que deben retirarse de sala por un tema de trabajo. De todas formas, tal vez se pueda enviar el material por mail al propio presidente de la comisión para que nos sirva como elemento a tener en cuenta durante el debate.

SEÑOR MINISTRO.- Señora senadora: ¿podría precisar un poco más la última pregunta?

SEÑORA PASSADA.- Tenemos 3.200 funcionarios que desempeñan diversas tareas dentro de Sanidad Militar y, de acuerdo con una información primaria, hay 900 militares que tendrían un grado mayor. Con respecto a esos 900, que pueden ser profesionales, médicos, etcétera, ¿qué impacto tendría el hecho de que optaran por retirarse? Es la misma situación que estaba planteando el señor senador Camy o el señor senador Mieres –no recuerdo–, ya que tendría una connotación diferente debido a la función que cumplen en la sanidad. Solo me gustaría saber si hay una evaluación al respecto.

SEÑOR OTHEGUY.- Ante todo quiero agradecer al señor ministro, al señor subsecretario y a los asesores por su presencia, pero lamentablemente me están llamando de la Comisión de Asuntos Internacionales porque no tienen quórum y me voy a tener que retirar.

               De todas formas, me gustaría aclarar –lo digo en forma personal, pero creo que puedo hablar por toda la bancada– que esta discusión se da sin ninguna animadversión con respecto a las Fuerzas Armadas. Era lo primero que quería dejar en claro. El Frente Amplio tiene posiciones programáticas con respecto al rol que cumplen las Fuerzas Armadas, que están siendo impulsadas desde la cartera correspondiente. Puedo afirmar que por haber trabajado durante más de un año en el rediseño del Sistema Nacional de Emergencias sé perfectamente el rol que cumple, por ejemplo, el Ejército nacional, al igual que otras fuerzas, en lo que es la atención de desastres naturales y a su vez tengo una definición sobre el tema. Sin embargo, eso no implica que uno no tenga que repensar o readecuar la estructura organizacional de todas las fuerzas; siempre es una discusión pertinente repensar el funcionamiento de distintos organismos del Estado para hacerlos más eficientes, más funcionales y más coherentes con aquellos objetivos programáticos que hemos definido.

               Creo que esta reforma es imprescindible –sin duda– para la sostenibilidad de estas definiciones. Hay un componente adicional en el que el señor ministro hizo mucho hincapié y que lo comparto, que es  el tema de arrojar transparencia sobre el funcionamiento de todas las instituciones del Estado. Es un debate muy actual, porque permanentemente se le está exigiendo al sistema político ser transparente. Por lo  tanto, estar arrojando transparencia sobre algo que a todas luces era bastante críptico –para calificarlo de alguna manera– es algo a celebrar y nos parece un avance sustancial. Después entraremos en la consideración de los contenidos del proyecto, que los iremos analizando, porque en esto hay que ir paso a paso. 

Hay algunas preguntas, como las que  realizó el señor senador Mieres, que son más para el Ministerio de Defensa Nacional que para el  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos que esperar y pensar que hoy recién estamos tomando contacto con el proyecto de ley  y posiblemente haya cosas que impacten en la estructura de las Fuerzas Armadas y sea más razonable despejarlas con el Ministerio de Defensa Nacional y, otras, con el de Economía y Finanzas. Esto encuadra simplemente en una cuestión metodológica de funcionamiento de la comisión.

               Me interesaba tener una información muy concreta. Hay una relación entre activos y pasivos –no de dos a uno, pero es algo por el estilo–, quisiera saber  cómo es en el caso de la caja policial o en el de la bancaria, para no tomar el régimen general del Banco de Previsión Social que tiene otra lógica y dinámica.

               Pido disculpas porque me tengo que retirar, pero leeré la versión taquigráfica de la comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Creo que hay temas que el señor ministro soslayó, más allá del curso acelerado que últimamente estuvo realizando sobre la lógica castrense. Hay temas que tienen que ver con el impacto que tendrá sobre las Fuerzas Armadas y será necesario conocer la opinión del Ministerio de Defensa Nacional y de los  comandantes en jefe cuando vengan con el ministro. En esa oportunidad opinarán sobre la repercusión que esta iniciativa y alguna otra que está tratándose en el Parlamento pueda tener sobre el presente y el futuro de las Fuerzas Armadas.  No es solamente   un tema de seguridad social, puesto que se proyecta sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas  e, incluso, también tiene que ver con la discusión de una posible nueva ley orgánica militar.

               Mi pregunta tiene que ver con el tema de la falta de información, algo que el señor ministro señaló más de una vez. Manifestó concretamente que en estas horas iban a solicitar más información y que seguramente si lo convocábamos en los próximos quince días podrían dar algunas respuestas adicionales, de la que ahora no disponen.  En lo personal, considero importante saber qué tipo de información está faltando porque quizás sea necesario  contar con toda la información antes de empezar a trabajar. Pregunto esto porque seguramente los próximos convocados sean las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional  y los comandantes en jefe, y luego probablemente venga el director del Servicio de Retiros y Pensiones Militares o el Director de Sanidad Militar –me estoy adelantando, pero esas serán algunas propuestas que vamos a hacer en la comisión–, así como otras entidades e instituciones que también vendrán a opinar sobre este tema. Insisto, para mí es muy importante saber qué tipo de información falta para  poder dar una discusión profunda sobre la reforma de la seguridad social en el servicio  retiros y pensiones.

               La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social comienza a tratar el tema y, como es obvio, invitamos en primer lugar al ministro de Trabajo y Seguridad Social tal como lo acordamos. Seguramente el próximo que comparezca sea el ministro de Defensa Nacional y sobre el final del proceso nuevamente sea invitado el Poder Ejecutivo a través de los ministerios involucrados directamente para referirse sobre  posibles modificaciones o dudas, después de haber escuchado y recibido a todas las instituciones que  tengan que ver con el tema. De este intercambio de ideas surgen dudas, sugerencias, aportes que obviamente los compartiremos con el Poder Ejecutivo. Me estoy adelantando porque seguramente no será la única vez que el señor ministro estará hablando sobre este tema. Sé que ha concurrido reiteradamente  al Parlamento y está a disposición por lo que es posible que sobre el final del proceso estemos convocándolo  nuevamente.

               En síntesis, para mí es importante saber qué información falta para solicitarla. Seguramente a todos los senadores de la comisión les va a interesar que la información fluya y tenerla a disposición.

SEÑOR MINISTRO.- Si los señores senadores me lo permiten, empezaré por responder la última pregunta que se formuló.

La información para la elaboración del proyecto de ley ha sido suficiente. Hablé de un proceso y, obviamente, es importante que el Poder Legislativo participe pero, sin duda, hemos tenido la información necesaria para redactar la iniciativa. El punto es que como todo proceso de reforma de un régimen de seguridad social, que tiene tan altos impactos, debe continuarse el trabajo de información –al igual que ocurrió con la reforma de 1995, en cuyo caso se debió continuar la labor de información, que aún persiste– y tendremos que seguir actualizándola porque es parte del proceso. Pero a los efectos de la elaboración del proyecto de ley, reitero, contamos con la información necesaria, información que debemos mejorar y profundizar, y en esto también el trabajo de los señores senadores también será fundamental. Los señores senadores se han reunido con los militares y han recibido información; hemos leído las versiones taquigráficas además de las declaraciones de prensa.

               De modo que esta iniciativa es parte de un proceso. Sin duda, cuando arrancamos, hace más de un año, disponíamos de menos información comparada con la que teníamos respecto de otros regímenes de seguridad social. Pienso que todos los aquí presentes hemos trabajado para mejorar la transparencia y el acceso a la información.

Voy a contar una historia del BPS. Hasta el año 2005 los señores senadores no recibían un librito naranja que ahora sí se les envía. Pues bien, hasta ese entonces, se imprimían solamente diez ejemplares, uno para cada director, porque se consideraba que la mayor parte de la información del BPS era reservada. Por ejemplo, no se podía ni hablar de la cantidad de gente en el seguro de paro. Estamos hablando de hace 12 años. Pero esto ha ido cambiando, con la participación de todos ustedes.

               Valoro mucho las palabras de los señores senadores Camy y Delgado, así como también las de los compañeros frenteamplistas. Esto es parte de todo ese proceso. Sí ratifico que quienes trabajamos en esta iniciativa, esto es, los ministerios de Defensa Nacional, de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, así como Presidencia de la república –en particular, la secretaría y la subsecretaría– dispusimos de la información necesaria para la elaboración del proyecto de ley. Y vamos a seguir trabajando, pero en esto se requiere de la colaboración de todos. Reitero, a los efectos del trabajo en este proyecto de ley, contamos con la información sustancial. Hubiéramos sido irresponsables si no hubiéramos trabajado en esas condiciones, si no hubiéramos dispuesto de la información suficiente. Pero también reitero: habrá que seguir trabajando.

               La otra cuestión que me interesa particularmente reafirmar como miembro del Poder Ejecutivo y como ciudadano de este país es que este no es ni debe ser un proyecto para cobrar cuentas. Si me permiten, voy a hacer una mención personal. Los militares me conocen; nosotros, desde el Banco de Previsión Social, hicimos varios convenios de cooperación con las Fuerzas Armadas, entre ellos el proyecto de equinoterapia. Personalmente, he visitado decenas de cuarteles en el país para llevar adelante este proyecto, fundamentalmente para personas con discapacidad. Tal como dijera el querido compañero Fernández Huidobro, fuimos de los primeros organismos que les dimos plata a los militares para hacer algo. Por tanto, tengo absoluta tranquilidad en este aspecto.

               También quiero destacar que tengo una diferencia conceptual con el muy apreciado señor senador Camy. Él dos veces planteó que este era un proyecto perjudicial, es decir, que perjudicaba a un colectivo. Nosotros no compartimos esa afirmación. Creemos que este es un proyecto necesario, algo que hay que hacer; es una reforma necesaria e imprescindible para el país, que el Uruguay debe encarar. Por ejemplo, si se aprobara el proyecto como está, este es el único sector que va a tener una tasa de reemplazo, es decir, de porcentaje de retiro en relación al salario, del 90 %; no existe otra así en el Uruguay. Además, es de las más altas del mundo y se obtiene con menos años de trabajo y de edad. Este es también el único sector del Uruguay que va a tener una bonificación general del seis por cinco para todos los involucrados; no existe esto en el Uruguay, es raro en el mundo, y diría que único para todo un sector de actividad. Además, estamos dando algunos beneficios que no tenían como, por ejemplo, el reconocimiento de año por hijo; la jubilación por edad avanzada y el subsidio transitorio por incapacidad parcial. Y, ¿por qué esto importa a toda la sociedad? Porque, como todas las cosas, esto lo financia toda la sociedad. Los USD 450:000.000 de asistencia financiera anual al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas los paga toda la sociedad a través de los impuestos, de las tarifas, etcétera. Esta reforma no es solo por la asistencia financiera; esta reforma es necesaria para el mejor desarrollo de las Fuerzas Armadas y del país.

               Voy a mencionar un caso que no tiene nada que ver con el tema que nos convoca en el día de hoy. Nosotros estamos muy contentos con que el Poder Ejecutivo haya aprobado una solución para los llamados «cincuentones» porque creemos que es justo y necesario; es una cosa totalmente diferente a esta que estamos tratando. Además, la solución para el tema de los cincuentones va a traer, en los primeros años, ingresos al Estado. El presidente de la República lo ha planteado muy claramente al decir: «Resolvemos esto ahora; luego creamos un grupo interministerial y posteriormente habrá un diálogo social y político para pensar las reformas a futuro del sistema de seguridad social». Todo país desarrollado y avanzado en sistemas de protección social realiza reformas periódicas; hay países que tienen establecido en su constitución hacer una revisión cada cinco años, y algunos cada menos tiempo. Por lo tanto, los cincuentones van a mejorar las finanzas del Estado. Además, estamos resolviendo una situación de injusticia creada hace 20 años por la Ley n.º 16.713; es injusto que dos personas que tienen la misma vida laboral, los mismos salarios, la misma historia y se pueden jubilar en el mismo momento, van a tener diferencias importante según estén en el régimen mixto o en el BPS. Eso había que resolverlo y se va a resolver muy bien. Esperamos que se apruebe ese proyecto de ley cuando ingrese, seguramente en los próximos días, al Parlamento. También adelanto que esto genera ingresos.

Con respecto a la afirmación que hacía el señor senador Camy, si no hubiera ninguna otra reforma –y nosotros entendemos que debe haberla y que debe encararse igual que se lo ha hecho en los últimos años, es decir, con diálogo social y político– recién en el 2030 o 2032 empezaría a generar déficit en el sistema. Por lo tanto, estamos en una situación totalmente diferente de la que tenemos con el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas.

               El señor senador Camy también preguntó por qué se elimina el tema de la comparativa y el ascenso.  Eso se hace porque creemos que son dos parámetros que no corresponden; se mantiene para los que tienen más de 20 años de servicio, pero se elimina para otros colectivos. Pensamos que hay que hacerlo porque es un derecho que tienen los militares que entendemos que con esta reforma se debe eliminar.

               El otro planteo es el aumento de salario. Ese no es un tema para la reforma de la seguridad social, sino que es un asunto que se debe discutir en otros ámbitos. No aclaramos en la exposición inicial qué sucedería, si se aprobara el proyecto de ley tal como se ha presentado, con el aumento de aportes –que pasa del  13 % al 15 %– y  esa cuestión diferente que tienen hoy los militares en cuanto a que no se les grava todo el ingreso y se les contempla el líquido. Aclaro que los militares con los que he conversado, en actividad en retiro, están de acuerdo en el aumento del 13 % al 15 % porque se les garantiza el líquido; no van a perder con ese aumento del 2 % ni van a perder en el líquido que perciben por el impacto de gravarles todo el salario, en lugar de gravarles, como se le hace hoy a la mayoría, solo el 75 %. En esos aspectos, esto está contemplado.

               Con respecto a lo que planteaba la señora senadora Passada, quiero destacar que ella parte del hecho de que 900 se retiren y yo no quiero partir de eso. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se van a jubilar una gran cantidad de funcionarios y vamos a ver cómo atendemos la oficina, pero en este caso no sé si se van a ir. Es lo que dicen algunos colectivos, grupos o representantes, pero lo cierto es que no sé si eso es así y reitero que esta situación que tenemos de los eventuales retiros se puede dar o no. En lo personal, no quiero partir del presupuesto de que se van a jubilar y me gustaría ver el análisis global de la situación. Reitero que a nosotros nos llamó bastante la atención que hubiera un cuatro por tres de bonificación en el Hospital Militar para todo el mundo; aclaro que cuando hablo de «todo el mundo», me refiero a todos los funcionarios con los que uno se encuentra desde que entra por la puerta del hospital hasta que se va. Eso también es financiado por la sociedad y por eso queremos conversar sobre el tema.

               Creo que se puede seguir avanzando y quizás sería interesante –si los señores senadores están de acuerdo y les parece bien– que pudiéramos recibir preguntas específicas sobre cuestiones que les preocupen, para poder responderlas y así continuar el diálogo.

El señor senador Otheguy planteaba el tema de la relación activo–pasivo y, bueno, aquí estamos ante la peor que existe en el mundo; en el caso del BPS estamos al revés y hay gritos por todos lados porque estamos hablando de dos a uno en cuanto a activos frente a jubilados y pensionistas. Aquí la relación es al revés: hay dos jubilados y pensionistas por cada activo. Si se quiere buscar culpables, está claro que esto no es culpa de las Fuerzas Armadas sino de las normas que se han ido aprobando. Quiero ser claro porque en el análisis tampoco descarto las otras cosas que señalamos anteriormente sobre la correspondencia entre las jerarquías en actividad y el impacto en los retiros, porque existe y puede tener alguna incidencia en esta relación. De todos modos, esto obedece a normas. La situación actual no es de dos a uno porque lo hayan decidido los comandantes en jefe. Esta es la realidad y tenemos que analizar cómo la enfrentamos. También existe un régimen de pensiones del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas que prevé muchos más derechos, extensos e intensos, que los otros regímenes y eso tiene su impacto.

               En consecuencia, a partir de la realidad que tenemos, estamos analizando cómo transformarla y para ello planteamos la necesidad de comenzar con una reforma gradual y progresiva. 

               Creo que nos hemos referido a todos los planteamientos que se han realizado, pero si no fue así, estamos a las órdenes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dada la hora y los horarios de quienes nos visitan y de los señores senadores que tienen que atender otras comisiones –algunos ya se retiraron–, más allá de mantener un intercambio a través de algunas preguntas que puedan surgir, proponemos prever una nueva comparecencia. Creo que sería mucho más fructífero que quienes nos visitan comparezcan a la comisión luego de que lo hagan algunas delegaciones, que seguramente nos brindarán sus puntos de vista, sus críticas, propuestas, sugerencias, e incluso alguna información que podamos necesitar.

               Si estamos todos de acuerdo, podríamos coordinar con el señor ministro y su equipo para volver a encontrarnos cuando comencemos a analizar el articulado del proyecto de ley.

SEÑOR ROBALLO.- Voy a hacer una referencia muy breve para no dejar de referirnos a todos los aspectos que se han planteado seriamente.

               Uno de los temas a los que han hecho expresa referencia los señores senadores Camy y Mieres –también se ha hablado públicamente al respecto–, es el planteo sobre la necesidad de discutir la llamada ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Sin lugar a dudas, entendemos que es absolutamente pertinente. He escuchado decirlo desde que tengo memoria, y por lo menos desde el período 2000 – 2005 en adelante se ha planteado el tema. Me consta que se ha trabajado en ese aspecto –y lo compartimos–, pero también entendemos –porque lo hemos analizado– que de ninguna manera condiciona la reforma de los Servicios de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En este momento entendemos imprescindible la reforma, pero la realidad impone avanzar en este punto.

               Obviamente, todas las opiniones son absolutamente atendibles y respetables. Creemos que este planteo no es ni incoherente ni incongruente porque lo analizamos, no solo a partir de la reforma de la llamada caja militar, sino también de los diferentes aspectos vinculados a las Fuerzas Armadas: su composición, su misión, sus cometidos y los nuevos desafíos que se presentan como, por ejemplo, la extensión de la jurisdicción en la plataforma continental y la necesidad de su preservación, su vigilancia y otros aspectos. Debo decir que me comprenden las generales de la ley por el Sistema Nacional de Emergencias. Cuando uno trabaja en los elementos vinculados a las condiciones o a las nuevas herramientas que precisan las Fuerzas Armadas para hacer frente a estos nuevos desafíos, sin duda advierte que se nos presentan lindos proyectos de trabajo para el futuro. Se podrá estar de acuerdo o no, pero el Poder Ejecutivo lo resolvió y lo consideró seriamente. Entendemos que una cosa no condiciona a la otra, sin perjuicio de que, evidentemente, es deseable –y ojalá sea así– que se puedan tratar concomitantemente. Hoy consideramos que es  imprescindible avanzar sobre este aspecto.

               Gracias.

SEÑOR MINISTRO.-  En relación con algunos planteos que hizo el señor senador Camy, el director Nacional de Seguridad Social me recordaba recién que la gradualidad y la transición que estamos haciendo es sobre aspectos sustantivos. O sea que cuando  hablamos de las edades de retiro, de los años de trabajo, de las tasas de reemplazo, del porcentaje de retiro en relación al salario y de la propia actividad bonificada, nos estamos refiriendo a parámetros sustantivos de un sistema, de un régimen de seguridad social, y todos ellos tienen su gradualidad.

               Además, en este caso en particular del ascenso al grado inmediato superior, entendemos que solamente debe permanecer para aquellos que tienen más de 20 años de servicio; consideramos que es necesario suprimir ese derecho para los otros colectivos con menos años de trabajo.

               El otro aspecto que queremos reiterar es que, sin perjuicio de estas reuniones de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, también estamos dispuestos, como saben los señores senadores –casi lo hemos manifestado personalmente a cada uno de ellos–, a conversar porque partimos de la base de que este proyecto de ley es necesario. O sea que si algún sector político quiere conversar al respecto, estamos dispuestos a hacerlo. Esa es la forma de trabajar que nos parece importante y así lo hemos hecho con los militares en actividad y con los retirados. El señor senador Camy mencionaba, por ejemplo, al general Fígoli, y quiero decir que nos hemos reunido con él y con otros generales retirados.

Me parece que, sin perjuicio de las reuniones a las que los señores senadores amablemente nos inviten –y a las que concurriremos–, la trascendencia de este proyecto de ley quizás amerite también algún otro tipo de reuniones que estamos dispuestos a realizar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor ministro.

Estaríamos disponiendo, para la próxima convocatoria, la presencia de una delegación del Ministerio de Defensa Nacional –con los comandantes en jefe– y, por separado, del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR CAMY.- Simplemente, señor presidente, quiero sugerir o solicitar que se convoque, para el momento oportuno que establezca la comisión, al Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar, que es el nombre formal de la instancia que coordina el general Hebert Fígoli.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Coincidimos. Vamos a pedir a los señores senadores que envíen a la secretaría el listado de invitados que sugieran –habíamos quedado en eso e íbamos a definirlo hoy, pero lo haremos en la próxima reunión–, es decir, aquellas delegaciones que quieran invitar para tratar este tema, más allá de las que decidimos hoy.

               Agradecemos la presencia del señor ministro de Seguridad Social, del señor prosecretario de la Presidencia y de quienes los han acompañado en la tarde de hoy.

               Se levanta la sesión.

(Son las 17:19).