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Carátula

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

               (Son las 15:12).

               –Dese cuenta de los asuntos entrados.

               (Se da de los siguientes).

               «Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se reforma el sistema de previsión social militar. Carpeta n.º 815/2017 – Distribuido              n.º 1292/2017.

Carpeta n. º 825/2017. Bonificación del cómputo jubilatorio. Se establece la modificación del numeral 3) literal B) de la Ley n.º 16.713, de 3 de setiembre de 1995. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador Pablo Mieres.

               Versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Marcelo Silva Gorgoroso, referentes al cumplimiento de principios fundamentales del Derecho Laboral, en la administración de Recursos Humanos de las distintas Intendencias del país, enviada por la Junta Departamental de Artigas».

SEÑOR MIERES.- Con respecto a la carpeta n.º 825/2017 –que es un proyecto de ley que yo presenté– se nos ha dicho por secretaría que, en realidad, lo que corresponde no es presentar un proyecto de ley,  sino un proyecto de minuta de comunicación. A tales efectos hemos presentado la minuta de comunicación y, por lo tanto, estamos solicitando que se archive esta carpeta para sustituirla por la otra modalidad de presentación. Se trata de una modificación que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, archivamos esa carpeta y quedamos a la espera de la propuesta de minuta de comunicación para que la comisión del Senado la pueda tratar.

               En cuanto a las audiencias o entrevistas que teníamos en el día de hoy, quiero decir que la delegación del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines no va a concurrir porque avisó hace un rato que dos de sus representantes estaban con problemas de salud, por lo que solicitaron postergarla. Vamos a recibir, entonces, a la delegación de la Asociación de Cooperativas  de Ahorro y Crédito, ACAC, para analizar un problema con AEBU que ya estuvo tratando esta comisión.

SEÑOR PARDIÑAS.- Simplemente, queremos plantear a la comisión la necesidad de  ir previendo una propuesta de trabajo para priorizar la carpeta n.º 815 sobre reforma del sistema de previsión social militar. Nuestra bancada tiene interés en que se priorice este tema y se trate con profundidad; quizás a partir de la primera sesión del mes de julio podamos definir un cronograma de actividades que contemple los intereses de los distintos legisladores en cuanto a qué delegaciones convocar o invitar. En este sentido, adelantamos nuestra posición de que preferimos que el Ministerio de Defensa Nacional quede convocado para última instancia a fin de que pueda ir viendo la evolución de la comparecencia de las distintas delegaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que podemos hacer es que para la próxima reunión cada senador traiga sus inquietudes o las propuestas de convocatoria de instituciones o entidades para tratar este tema. Es lógico y de orden que empecemos por el Poder Ejecutivo; invitaríamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y eventualmente a otros ministerios, y luego convocaríamos a una serie de instituciones y colectivos para que den su opinión sobre el proyecto de ley. Podríamos definir el cronograma la próxima reunión, así como una serie de invitaciones a cursar para comenzar a tratar el tema en julio.

               Si los señores senadores están de acuerdo, esa sería la metodología de trabajo.

(Apoyados).

(Ingresan a sala representantes de la Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, ACAC).

               –La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado tiene el gusto de recibir  a una delegación de la Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, ACAC, que está integrada por los señores Arístides Bellafont, Juan Daufin y Nelson Ottonelli.

               El 1.º de junio recibimos a AEBU  en el seno de la comisión, a raíz de una situación de conflicto que plantearon. Después de esa instancia quisimos conocer la versión de la contraparte, razón por la cual les agradecemos su presencia.

SEÑOR BELLAFONT.- Presido la cooperativa ACAC. Reconocemos el interés que tienen por temas que evidentemente a todos nos preocupan, como los laborales y de puestos de trabajo. En un país como el nuestro que, como todos, trata de generar trabajo, las cooperativas,  por su historia, se han caracterizado no solo por dar beneficios a sus socios –que para eso fueron creadas–, sino que también por ir generando puestos de trabajo, aunque hoy la tendencia va cambiando por la tecnología. Es un problema que todos conocemos y que hay que afrontar; creemos que  se trata de definir en qué trabajar, qué hay que estudiar y a qué hay que dedicarse.

               Brevemente, haré un resumen de la historia de ACAC. Es una cooperativa que nació en el interior hace más de treinta años; podría decir que casi cerca de cuarenta años si sumamos la historia de las cooperativas previas. En el año 1986 se fusionaron  tres cooperativas de ahorro y crédito que venían trabajando en forma común desde 1982, cooperativas que databan de los años 70. Empezamos a conversar porque estábamos todas en la misma federación: Fucac. Dos de las cooperativas estaban abiertas en lo social y en la operatoria porque eran de intermediación financiera: la cooperativa Cayctrap, de Paysandú, y la de San José; la de Dolores, si bien era cerrada, aprovechó la oportunidad para crecer en la fusión. Luego de esa fusión –obtuvimos la personería jurídica el 17 de noviembre de 1986–, comenzamos rápidamente la expansión hacia cooperativas como la de Bella Unión, Cayciabu –de los cortadores de la caña y empleados del azúcar de Bella Unión–, y después se fueron uniendo otras de Canelones y Colonia. En aquellos lugares en los que no había cooperativas, primero íbamos a formar gente que comenzó a reunirse en comisiones locales provisorias hasta que se llevaron a cabo las primeras asambleas y elecciones. Recién después abríamos las puertas de la agencia o sucursal que, en ese caso, eran verdaderas sucursales bancarias, no como lo que hoy llamamos agencias, con una operatoria más reducida. Esa fusión fue impulsada por el Banco Central del Uruguay porque con la ley de intermediación financiera del año 1982 se nos hizo cuesta arriba cumplir con la responsabilidad patrimonial neta mínima. Así fue que logramos fusionarnos y ver que los beneficios eran mucho más grandes a pesar de que todos tuvimos que perder un poco de nuestra camiseta y republiquita.

Hemos vivido muchas etapas de cambio, crecimiento y adaptación. De esa manera fuimos creciendo en volumen, cantidad de socios, y agregando servicios empresariales y rurales hasta transformarnos en un banco, porque nos asociamos con el Banco Crédit Agricole de Francia. Seguramente muchos de ustedes conocen esa historia: llegó la crisis del año 2002 que provocó el cierre de bancos  y corridas por todos lados.

Cabe agregar que esa historia de fusiones fue paralela a la de otra cooperativa, COFAC, porque las personerías jurídicas se firmaron el mismo día. Si bien sus historias fueron muy parecidas, corrieron con distinta suerte en función de los nexos internacionales –o espaldas anchas– que en ese momento se aconsejaba tener para afrontar esas crisis y dificultades.

ACAC nunca tuvo que devolver ni reprogramar ninguno de los depósitos que tenía. Evidentemente, el que ponía la plata era el Banco Crédit Agricole de Francia. Por lo tanto, se arrancó con un banco: el 70 % era propiedad de la cooperativa ACAC y el 30 % restante de la Caja Nacional del Crédit Agricole de Francia. Esto fue cambiando a medida que ponían varios millones de dólares y cuando la cooperativa llegó a tener el 10 %, compran nuestra participación. Así es que el banco queda solo como propiedad del Crédit Agricole y cambia de nombre a Crédit Uruguay.

La cooperativa, que hasta ese momento, por convenio, no daba créditos –trataba de hacer otros negocios, aunque tenía un representante en el directorio del banco–, comienza a estructurar su negocio de créditos y de a poco empieza a abrir agencias en el interior, ya que su masa social estaba distribuida en todo el litoral, desde Bella Unión, pasando por Colonia hasta Maldonado y también en Canelones, San José y Trinidad. Fue así que desde 2005 en adelante creamos la red física que tenemos hoy y que implica un tremendo peso y esfuerzo mantenerla funcionando adecuadamente. Sabemos que la tendencia es tener puntos de venta, usar la tecnología. Respecto a ese tema seguramente se va a explayar el gerente.

               Como toda buena cooperativa, celebramos asambleas. Desde hace años convocamos a  una asamblea  nacional y en cada lugar hay elecciones con comisiones locales de distrito que nombran a sus delegados cada cuatro años y así conforman los cien delegados de la asamblea. Por lo tanto, no se trata de una asamblea multitudinaria, como las que hubo en el pasado, cuando empezamos. Recuerdo que en Paysandú fueron 3.000 asistentes a una asamblea que se celebró en un estadio, lo que hoy es casi inimaginable. También tenemos un consejo directivo que funciona mensualmente, integrado por 9 personas, en el que están representados prácticamente todos los distritos, y un comité ejecutivo integrado por tres personas, que son las principales: presidente, secretario y vicepresidente, que conformamos una mesa ejecutiva que trabaja semanalmente con la gerencia y el equipo gerencial. Aclaro –porque figura en las declaraciones de los representantes de AEBU, según lo que leí– que no se trata de gente desinformada ni nada por estilo; sí es gente del pueblo porque la cooperativa nace precisamente de allí. Por lo tanto, hay representantes comerciales, agropecuarios, abogados, contadores, ingenieros agrónomos; todos tienen formación y muchos años de conocimiento del funcionamiento de los sistemas financiero y cooperativo y de este negocio.

La mesa ejecutiva está integrada por el presidente y el secretario, el contador Casaretto, quien trabajó durante años como director de Hacienda de la Intendencia de Río Negro, está muy capacitado y tiene muchos años de cooperativismo. Quien les habla, el presidente –no es agradable hablar de uno mismo–, trabajó en Paycueros como ingeniero químico y formó parte en la creación de esta actividad, que conoce mucho. Viví lo que fue la fusión, redactamos los estatutos y en todas estas tareas contamos con un equipo gerencial muy capacitado. Apenas se realizó la fusión, me ofrecieron una beca para estudiar en Alemania cooperativismo, economía y gestión de los negocios financieros. Estuve cuatro años y volví diplomado en gestión cooperativa, bancaria y temas afines. Por lo tanto, no tengo un cursito de unos meses en estas áreas. Quiero por lo tanto refutar eso que dijeron cuando expresaron que están dirigiendo la cooperativa personas que no conocen el negocio financiero. Estamos capacitados incluso para dirigir bancos y realizar buenos negocios, como lo pudimos demostrar.

               Por último, quiero decir que cuando volví de Alemania trabajé durante varios años como gerente del banco junto a la gerencia y a la subgerencia. En aquel momento el equipo estaba dividido en subgerencia de empresas y la gerencia pymes, que fue la que yo ocupé. Hicimos todo ese proceso y sabemos de lo que estamos hablando.

               Cuando se produjo la crisis del 2002 y se invitó a retirarse a varios grupos de gerentes, realizamos trabajos por convenio, por contrato, e incluso trabajé muchos años para el banco Crédit Uruguay desde mi casa. Después, gracias a la democracia de la cooperativa, me integro nuevamente a las comisiones y desde 2010 formo parte de este consejo directivo. La primera reunión que tuvimos el día que asumimos fue con el sindicato. Recibimos a la señora Viviana Grajales y a toda la representación, y desde 2010 hasta hace un año celebramos una serie de convenios, lo que significó una experiencia riquísima y mucho trabajo para ambas partes, con logros para todos. Ahora parece que ACAC no quiere negociar o que negocia de mala fe. No es así; en fin, ya no se puede lograr un entendimiento.

Los compañeros se van a explayar sobre ese punto, pero quería remarcar el respeto que sentimos por el sindicalismo en general; no tenemos nada en contra, pero las instituciones están representadas por personas y a veces las personalidades llevan al desentendimiento. Y siempre se precisa que las dos partes estén de acuerdo para llegar a algo.

SEÑOR DAUFIN.- Estamos frente a una empresa que tiene 30 años y se ha transformado permanentemente, ha sido cooperativa de ahorro y crédito de intermediación financiera, ha creado un banco con una empresa internacional, le ha dejado un banco al país –porque ACAC se lo dejo al país– y se ha vuelto a transformar en cooperativa; es una empresa que ha hecho aportes. Se transforma en cooperativa de capitalización sin captar ahorros y sin hacer intermediación financiera porque la matrícula bancaria quedó en el Crédit Uruguay, y comienza su proceso de crecimiento; llegamos a tener más de 100 trabajadores.

¿Cuál es la situación actual? Hoy la cooperativa tiene USD 12:000.000 de patrimonio y una evaluadora de riesgo independiente registrada en el Banco Central le da una calificación de BBB –voy a dejársela al presidente–, que es un poco más baja que la de Uruguay, pero ninguna empresa puede tener una calificación superior a la del país. Esto significa que el instrumento de deuda cuenta con una baja probabilidad de incumplimiento de los términos pactados de mantenerse el escenario económico corriente al momento de la evaluación. La capacidad de pago se mantiene aún en condiciones económicas y financieras más desfavorables, pero se reduce en el escenario más desfavorable. Esta es una calificación emitida el 11 de abril de este año, considerando que el último cierre de estado contable fue el 30 de setiembre de 2016 ya que el ejercicio económico de la cooperativa va del 1.º de octubre al 30 de setiembre de cada año. Es importante que tengan esta versión porque con documentos se puede ejemplificar qué tipo de conducción tiene la cooperativa.

De las 60 cooperativas, ACAC es una de las tres controladas por el Banco Central del Uruguay, porque es una empresa administradora de crédito y emite la tarjeta de crédito MasterCard.

El conflicto  comenzó el año pasado y fue bastante singular, porque si bien en todo conflicto hay boicots lícitos, en este caso tuvimos boicots totalmente ilícitos e ilegales desde nuestra perspectiva, fundamentalmente el boicot financiero que nos realizó el sindicato de AEBU en agosto del año pasado a efectos de presionarnos para conseguir y obtener sus reivindicaciones. Hace un año que pagamos a los bancos ya que se nos cortaron los $ 200:000.000 que teníamos de financiamiento y hoy no debemos un peso al sistema financiero. Quiero ponerlo como ejemplo de una administración sana, que ha optado por trabajar con capital propio, de los socios, y no endeudarse con el sistema financiero, ya que eso fue un error estratégico. Hemos tratado de aportar al país fuentes de trabajo y generar relaciones laborales positivas. Por eso desde el 2010 –que fue cuando asumió el presidente– firmamos 6 convenios colectivos de los que vamos a dejar copia al señor presidente: el 5 de enero de 2011, el 5 de octubre de 2012, el 22 de febrero de 2013, el 2 de enero de 2014 y el 11 de diciembre de 2015, con una cantidad de beneficios que están por encima de los que obtiene la rama. Son 6 convenios bipartitos –no tripartitos– entre ACAC y el sindicato, que están vigentes. Los beneficios son los siguientes: antigüedad, extensión de licencia por matrimonio y gratificación especial, extensión de licencia por nacimiento y gratificación especial, mayor cantidad de días por estudio y licencia especial por examen final, licencia por enfermedad con derecho al 100 % del salario, salario vacacional plus resultante de incrementar el salario vacacional hasta alcanzar como regularización líquida el 100 % del nominal, sistema de incentivo por utilidad anual y un bono de un salario nominal pagadero semestralmente, remuneración variable adicional para ejecutivos que  se desempeñan en el departamento de micro y pequeña empresa, día del cumpleaños libre pago para el funcionario, feriados especiales pago, partida por asiduidad y puntualidad –que fue mencionada por la delegación sindical en la visita a la comisión–, carrera funcional con la creación de nuevas categorías que no están previstas en el consejo de la rama, plan de capacitación anual permanente, uniforme gratuito cada dos años, veedor sindical para los llamados del personal, con una legislación de avanzada –un representante del sindicato que participa y un veedor para el proceso de selección del personal– y llamados internos obligatorios cuando hay una vacante antes de realizar un llamado externo.

               Entonces, hay seis convenios que marcan claramente cuál ha sido el relacionamiento de la cooperativa con el sindicato en todos estos años.

               ¿Qué pasó? Lo que pasó es que en este conflicto la cooperativa, de acuerdo con su criterio y su poder de decisión, aumentó el sueldo a cinco jefes de área, dos sindicalizados y tres que no lo son. Les aumentó exactamente lo mismo a unos y a otros porque no discrimina, no despide –o no despedía– y no incumple con la normativa vigente en ninguno de los ámbitos; de lo contrario, en este tiempo hubiéramos recibido alguna denuncia, pero no ha sido así.

               Nunca faltamos a la verdad sobre la información de la situación económico-financiera de la empresa. Es más, cerramos balances mensualmente y se presentan al Banco Central del Uruguay por lo que son públicos. Así que en la negociación colectiva y en el último convenio firmado el sindicato sabía perfectamente cuál era la situación económica de la empresa. Cuando ofrecimos $ 1600 por el pago de asiduidad y puntualidad era el doble de lo que pagaban las empresas administradoras de crédito similares a nosotros.

               Ahora bien, la resolución del consejo directivo aprobando la adecuación de las remuneraciones del equipo de jefes constituyó un acto de estricta justicia porque  estaban muy por debajo de lo que el mercado estaba abonando. Además, en los seis convenios a que hice referencia se aprobó un sistema de carrera funcional en el que se asciende en el escalafón por el hecho del pasaje del tiempo, haciendo que en un período de diez años de antigüedad los empleados vean incrementado su salario real en un 98 %. Así que se entra sabiendo que transcurren los años y se duplica el salario por el paso del tiempo. Esto no corre en el caso de los jefes porque es el personal que está por debajo de la gerencia general; ellos no tienen esa posibilidad. Desde 2009 no recibían ningún ajuste, más allá de los legales del consejo de salarios. Así que se tomó esa decisión por considerarla de estricta justicia y para consolidar nuestro equipo de jefes. Esa es la razón del conflicto. Así que no despedimos a nadie, no violamos ningún convenio y aumentamos el sueldo a cinco trabajadores, de los cuales dos son afiliados.

               ¿Ahora en qué estamos? Nos encontramos con que AEBU realizó un ahorco financiero en todos los bancos. En una semana me llamaron de cinco bancos para decirme que por presión de AEBU no podían darnos más crédito y, por tanto, nos cortaron los $ 200:000.000 en línea de crédito que teníamos. Tengo una copia de unos mensajes de WhatsApp que una exafiliada –quien se desafilió producto de las desinteligencias con el sindicato– me hizo llegar, en donde la dirigente sindical Viviana Grajales –que es la esposa de Elbio Monegal– dice: «Bueno, empezamos con el Santander. Elbio Monegal habló con Fabiana Morena y no van a fondear a ACAC mientras estemos en conflicto». Digo esto porque el sindicato ha tratado de deslindar la responsabilidad que tiene sobre la presión que ejerció a los bancos. Viviana Grajales dice: «¿Cómo están? El BBVA tampoco va a fondear a ACAC mientras estemos en conflicto porque no fondean a empresas con conductas antisindicales». Podría hacer referencia a otros testimonios a los que hemos podido acceder.

               Quiero decir además que hemos mantenido reuniones con los bancos y tenemos testimonios de directores de bancos que han afirmado que han recibido presión de AEBU a los efectos de que no fondearan a la cooperativa. La presión es muy sencilla: «Te invento un conflicto, no importa lo que sea. ¿Tenés pasantes en tal departamento? Bien, te voy a pedir que los contrates; si no los contratás, te voy a hacer un conflicto. Pero en realidad el conflicto no va a ser por el pasante, sino porque le diste un crédito a Cooperativa ACAC». Me parece que eso es algo que se tiene que saber porque es una acción a mi juicio ilícita, que supera los derechos que tienen los trabajadores a los efectos de defender sus propuestas y que, en definitiva, pone a todo el sistema financiero en una situación de riesgo. Cuando hablamos de riesgo sistémico nos referimos a que una corporación es capaz de ejercer ese tipo de presión para bloquear el crédito, en este caso a la cooperativa ACAC. Podrían pensar que eso afecta muy poco al sistema financiero porque hace un año pesábamos el 3 %, ahora pesamos 1,5 % y después vamos a pesar menos porque no tenemos opciones de financiamiento, salvo nuestro capital propio. No vamos a tomar opciones de financiamiento bancario porque sabemos que eso se va a transformar en un chantaje, a menos que hagamos lo que el sindicato quiere. Me parece que olvidan que hay un principio cooperativo, que es la autonomía, y un principio general, que dice que una empresa debe ser dirigida por las autoridades que resultan electas, y no cogestionada. Los sindicatos deben defender sus derechos y los de los trabajadores, y velar para que los convenios no se violen, pero no deben introducirse en la gestión de ninguna empresa o cooperativa.

               El boicot financiero hizo que bajáramos nuestra participación de mercado, y en una situación de ese tipo las empresas reducen sus costos operativos. Al principio de este conflicto no se había planteado enviar gente al seguro de paro, pero a partir de octubre tuvimos que hacerlo. Luego se abrió una instancia de negociación e intentamos llegar a un acuerdo presentando propuestas para no enviar a la gente al seguro de paro. No llegamos a un acuerdo y en enero, por iniciativa del subsecretario Loustaunau, comenzamos otra etapa de negociación, que terminó el 16 de febrero. Hicimos llegar una propuesta, el sindicato interlineó, nos hizo una contrapropuesta, pero terminó declarando que era totalmente insatisfactoria y que no podía aceptarla. En esa propuesta ofrecíamos pagar una partida para que el conflicto finalizara, un programa para reincorporar a todos los funcionarios que estuvieran en seguro de paro; les vamos a dejar el mismo plan de reincorporación que teníamos y que le presentamos al ministerio. Obviamente, le pedimos a AEBU que cediera en la presión que estaba ejerciendo contra los bancos y que nos ayudara a obtener el financiamiento bancario que nos permitiera recontratar a las personas que estaban en seguro de paro. Propusimos crear y mantener puntos de venta bajando algunos costos operativos de las agencias porque nuestra cartera de créditos ya no generaba las ganancias financieras, pero manteniendo el cien por ciento de la plantilla de trabajadores en nuestra empresa.

También queríamos acordar el cierre del área Mypes porque era un sector deficitario. El sector de las micro y medianas empresas no solo es deficitario en ACAC. No sé si lo recuerdan, pero había una empresa que se llamaba Impulsa, que se dedicaba a eso y que cerró.  Microfin o Microfinanzas del Uruguay es una empresa que dejó de atender al sector de la micro y la mediana empresa y que ahora se está dedicando al crédito al consumo. Fucac tenía un departamento de ese tipo y lo ha desalentado. Nosotros también hemos tenido que cerrar. Es un tema de tasas, algo que seguramente no hace al trabajo de esta comisión, pero que se ha generalizado; no es que nuestra empresa decidió cerrar ese departamento por su cuenta. Se trata de cómo el Banco Central regula las tasas para este tipo de negocios.

Después agregamos la opción de despido voluntario para los funcionarios que quisieran retirarse y elaboramos un plan de cierre de agencias y de apertura de puntos de venta para poder incorporar a todos los funcionarios. Como les decía, vamos a dejar a la comisión esta propuesta junto con la evaluación de la calificadora de riesgo. El sindicato la rechazó, y como no llegamos a un acuerdo, tuvimos que empezar a despedir al personal que estaba en seguro de paro, que en ese momento comprendía a diecinueve personas.

En el mes de marzo el sindicato de alguna forma consiguió la base de datos de ACAC y generó una campaña contra la cooperativa mandando un mensaje anónimo a los socios, generando incertidumbre, diciéndoles que consultaran en la parte social para saber cuál era la situación de la cooperativa. Ante ese panorama hicimos gestiones para frenar esa campaña y luego presentamos la denuncia penal correspondiente. Los denunciamos frente a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, al Banco Central y a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social para que todos los organismos estuvieran al tanto de esa situación.  Por supuesto que administrativamente también iniciamos un sumario interno del cual surgió que una de las personas involucradas era la señora Viviana Grajales, que es la esposa del señor Elbio Monegal. Esto consta en la denuncia penal ya que en la investigación administrativa interna, cuando invitamos a declarar al titular de la empresa que realizó la campaña profesional hacia todos los socios, él señaló que consultada la empresa por las llamadas recibidas por nuestros socios, nos informaron que se estaban realizando por cuenta y orden de AEBU, y que sus contactos eran Lucía Ferraro, ingeniera de sistemas de AEBU, y Viviana Grajales, delegada sindical de la misma asociación. Como decía, a partir de esta información presentamos la denuncia penal. AEBU nos cita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en una reunión de la Dinatra frente a los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el señor Monegal, como presidente de banca privada, declara que unos meses atrás había recibido un sobre cerrado con el padrón social en cuestión, y producto de la situación de conflicto y de los despidos masivos dispuestos por ACAC, decidió usarlo para pasar información a los socios de la cooperativa. Es decir que días después de que detectamos que la involucrada era la señora Viviana Grajales, esposa del señor Monegal, nos citaron al ministerio para que él se inculpara. Justamente, en el acta del ministerio –que voy a dejar a la comisión– queda claro que él asume la responsabilidad de haber utilizado la base de datos de la cooperativa y que en AEBU fue solamente él quien realizó la maniobra.

               En definitiva, hay dos hechos que son interesantes o que sirven para reflexionar: un boicot financiero y el uso de una base de datos que viola le ley de protección de datos, lo que nos llevó a hacer la denuncia penal.

               Lamentablemente, al día de hoy la situación no ha mejorado. Inicialmente nuestro plan no fue despedir a los funcionarios sino llegar a un acuerdo con el sindicato, pero como es obvio, no podíamos otorgar el mismo aumento que les dimos a los cinco jefes que estaban en una situación diferente a la de todos los funcionarios, como lo pedía el sindicato. De todas formas, estamos dispuestos a buscar una solución. Lo cierto es que no se llegó a un acuerdo en ninguna de las tres instancias que tuvimos para negociar en el ministerio, así que lamentablemente debemos anunciar algo que ya ha trascendido públicamente. El martes cerraremos seis agencias en el interior del país y hemos despedido a siete trabajadores más, por lo que el total de despidos llega a 28. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos defender la solvencia patrimonial de la cooperativa, que no es nuestra sino de los socios; es frente a ellos que tenemos que responder. ¿Qué estamos haciendo? Precisamente, lo que muchos en la banca están haciendo: cerrar agencias. Lo hace el BROU, que tiene más del 50 % del mercado, lo hacen Scotiabank y el Santander. ¿No lo vamos a hacer nosotros que tenemos menos del 1,5 %, un boicot financiero que no nos deja apalancarnos y debemos trabajar con capital propio? Lo haremos y vamos a procurar trabajar a través de corresponsales financieros para atender a nuestros socios en todas las localidades en donde no vamos a poder tener presencia porque la situación financiera de la cooperativa no lo permite.

               Si el señor presidente lo permite, cedo el uso de la palabra al doctor Ottonelli.

SEÑOR OTTONELLI.- Buenas tardes y muchas gracias por el recibimiento.

               Mi nombre es Nelson Ottonelli, soy abogado de ACAC y como negociador con el sindicato participé en todas y cada una de las instancias que hubo, tanto bipartitas como tripartitas, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es decir que estuve en cada una de las negociaciones representando a ACAC, en muchos casos junto a Juan Daufin, y también con el jefe de capital humano de la empresa.

               En realidad, voy a presentar una selección de observaciones a lo que dijeron los voceros de AEBU cuando estuvieron en esta comisión. Si bien dejamos claro que la cooperativa ACAC no comparte en absoluto las declaraciones de los representantes sindicales ante esta comisión, de todas maneras hicimos una selección que nos pareció pertinente para aclarar la situación, ya que encontramos ciertas aseveraciones que consideramos totalmente falsas o erróneas, así como acusaciones absolutamente infundadas. Ese hecho amerita que haga las aclaraciones del caso. Por eso voy a leer algunos pasajes de la versión taquigráfica de esa comisión.

El señor Elbio Monegal expresa: «En diciembre de 2013, el sindicato acordó con la Cooperativa ACAC una partida que quedó simplemente redactada en el convenio pero que no tenía un valor, porque esa institución estaba en una situación compleja desde el punto de vista económico-financiero. Entonces, resolvimos que quedara esa partida en el convenio y que en algún momento, cuando mejoraran las condiciones de la cooperativa, pudiéramos ponerle un precio y que los trabajadores empezáramos a cobrarla». Lamentamos profundamente la falta de conocimiento de los hechos que se evidencia de las declaraciones del señor Monegal. En realidad, lo que él llama un convenio fue un acta tripartita que se firmó en la Dinatra, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ponía fin a un conflicto anterior, de fines de 2013. En dicho conflicto reivindicaban o reclamaban que se anulara un proceso de selección de supervisores de zonas, de agencias, porque consideraban que no estaban satisfechos con el resultado, poniendo argumentos un tanto endebles. Por cierto, fue un proceso de selección que se hizo contratando a un servicio de profesionales externo que actuó con todas las garantías del caso. Ahora, como el resultado no fue del gusto del sindicato, resolvieron realizar un conflicto. Si se acude a los registros, se puede verificar que existió ese conflicto, que fue muy duro; incluso, se realizó una huelga bastante grande. A fines del 2013 este conflicto se resolvió en la Dinatra. Es decir que, lamentablemente, en este último tiempo los conflictos en ACAC vienen siendo cíclicos; es como un demandar más y más. Parece que no alcanza con todas las concesiones, acuerdos y consideraciones que ha tenido esta cooperativa con sus trabajadores.

               Ese convenio al que refiere el señor Monegal era un acta tripartita, firmada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se ponía fin al convenio y se establecían algunas obligaciones de ejecución inmediata; otras cláusulas referían a acuerdos programáticos u obligaciones de futuro para seguir negociando en forma bipartita entre el sindicato y la empresa. La partida que se menciona fue un acuerdo programático, una obligación de negociar en el futuro la creación de una nueva partida económica en favor de los trabajadores. Además, en ese momento no había ninguna definición de nombres, conceptos ni modalidad. O sea, había que definir a título de qué iba a ser la partida, cuál iba a ser la modalidad, cuál iba a ser la vigencia, es decir, a partir de qué momento se iba a hacer efectiva. Por tanto, era algo que había que negociar; no era que ACAC incumplió con esa partida. Es cierto que la cooperativa tenía una situación económico-financiera con dificultades debido a ciertas cuestiones que puede explicar mejor el gerente. Por ejemplo, una de ellas tenía que ver con la nueva reglamentación del Banco Central, que ponía nuevas exigencias a la cooperativa que luego tenían repercusiones en los estados contables y balances generando cierta distorsión. También hay que tener en cuenta los efectos que generó la entrada en vigencia de la ley de inclusión financiera. O sea, la cooperativa venía atravesando un momento que quizás no era el mejor, y el sindicato conocía este hecho.

Se dijo que la cooperativa aducía que tenía problemas financieras, pero se omitió decir que AEBU envió una comisión de técnicos para debatir en conjunto –el sindicato y la empresa– la situación y las perspectivas para hacer más viable el negocio en beneficio de todos. Esa parte la omiten en sus declaraciones. Personalmente presencié esa comisión y participé de esa actividad.

               Entonces, los números de la cooperativa son públicos. ACAC tiene que reportar al Banco Central; o sea, aquí no hay nada que ocultar. Si la cooperativa ha estado en una situación económicamente difícil desde el punto de vista financiero, era algo de público conocimiento. Además, AEBU, por su maquinaria y organización –que es grande–, tiene fácil acceso a los datos y a la información calificada para poder evaluar la situación de la cooperativa; no necesitan decírsela sus directivos.  Eso es lo que quería aclarar en cuanto a que no había una partida que ACAC debiera, sino que había que definir concepto, vigencia, modalidad y monto. Pues bien; hubo un proceso. Ellos eran conocedores de que la cooperativa estaba atravesando dificultades económicas; lo sabían de primera mano. Por eso se tomó ese tiempo para concretar la partida, que al final se efectivizó. Eso fue así. La cooperativa, pese a todas las dificultades, honró la palabra dada, hizo el acuerdo y otorgó la partida.

               En otra observación, manifiesta que la cooperativa siguió aduciendo problemas económico–financieros y que, entendiendo esa realidad, se acordó una partida de $1600, lo que es insignificante teniendo en cuenta los montos que se pagan en el sistema financiero. A este respecto quiero hacer las siguientes aclaraciones. Primero, como dijo el gerente, las administradoras de crédito, por ese entonces, habían acordado un convenio de rama en el que se pagaba por un concepto similar al de presentismo menos de la mitad de lo que ACAC había acordado con sus trabajadores. Eso fue publicado en la página web de AEBU como un logro del sindicato. En este punto cabe señalar que las administradoras de crédito son competencia directa del mercado financiero. ACAC, como cooperativa grande, compite con esas entidades de derecho privado.

Otro tema que es necesario aclarar es el siguiente. En realidad, ese fue un compromiso que asumió ACAC, pero no a título de pagar una deuda. ACAC no tenía el compromiso de pagar nada, porque no debía nada. En todo caso, atendió un planteo del sindicato –que, por supuesto, tiene todo el derecho de hacer–, una reivindicación, otra más que engrosaba la lista de convenios colectivos que tenía esta administración de la cooperativa. Entonces, no es que se estuviera pagando una deuda o que ACAC estuviera en falta y debiera cumplir. No; fue una innovación.

Más adelante, el señor Monegal agrega que los trabajadores terminaron siendo embaucados porque un grupo de ellos –concretamente, cinco– cobraron un 42 % de aumento. De esos cinco, como señaló el gerente, dos eran afiliados a  AEBU y uno de ellos era exdelegado sindical en una mesa representativa anterior. Es decir, no hubo ninguna diferencia, ninguna discriminación hacia nadie, sino que a todos se les reconoció el mismo aumento,  por una cuestión de justicia y de tratar de preservar el personal calificado que tenía la cooperativa, en función de la competencia del mercado laboral de este sector que todos conocemos. Hay  puestos calificados que requieren una mayor preparación, y si la cooperativa no se profesionaliza, no apunta a mantener ese personal calificado, seguramente será atraído por otra entidad o se verá desalentado. La idea era no ser semillero de otras entidades financieras.

El señor Monegal continúa diciendo: «Tuvimos no menos de diez reuniones de conciliación en la Dinatra, pero la cooperativa aducía que no podía pagar la partida y así fue que en junio se inició un conflicto típicamente sindical, con movilizaciones, paros, pintadas». Repito esta parte: «la cooperativa aducía que no podía pagar la partida». ¿A qué partida se refiere el señor Monegal? En realidad, era un reclamo del 42 % de aumento para todos los trabajadores por fuera de los aumentos del consejo de salarios. Fue eso lo que generó el conflicto; esa era la reivindicación de AEBU. Así arrancó el conflicto y no sé a qué partida se refiere, en todo caso, sería un aumento con el porcentaje mencionado, que tiempo después bajaron a la mitad, con lo que se pasó a un 21 %, que también era una cifra absolutamente ridícula como para poder seguir trabajando.

Más adelante, en su alocución, de alguna forma reconoce que con respecto al corte de los créditos bancarios hacia ACAC –con los que se financiaba– ellos tenían parte de responsabilidad. Dice que eso es cierto. Concretamente expresa: «Se mantuvieron las movilizaciones y en determinado momento la cooperativa adujo que los bancos no le iban a prestar más dinero, responsabilizándonos de haberle cortado esos fondos. Esto es parcialmente cierto».

               Luego agrega: «Omití decir que dentro de esas instancias de conciliación el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, doctor Nelson Loustaunau», y continúa más adelante: «pero no hubo posibilidades porque la cooperativa se mantenía en esa situación de intransigencia». En realidad, AEBU rechazó en todo momento su participación o intervención directa en el corte de las líneas de crédito de los bancos. Cada uno de los delegados participantes la rechazó.

Cuando recién sucedieron los hechos nos mandaron un comunicado muy ambiguo, que dejaba mucho que desear –si ellos habían tenido que ver o no–, un poco golpeándose el pecho, como diciendo «vieron, con AEBU no se pueden meter». Pero bueno, después siempre lo rechazaron.

En otra parte dice: «La empresa venía dando números en rojo previo al conflicto,  y por ello los bancos dejaron de prestarle, ya que al día de hoy la cooperativa no tendría cómo respaldar  y devolver ese dinero, salvo si tocara el patrimonio de los socios». Y agrega: «los bancos toman sus decisiones políticas, no son empresas filantrópicas y, por lo tanto, si uno no tiene capacidad de crédito no se lo dan y se terminó la historia». Los hechos al día de hoy demuestran que esto es absolutamente falso. ACAC honró sus compromisos, como dijo el señor Daufín, y cumplió con todas las obligaciones ante los bancos. Hoy por hoy no les debe nada. La cooperativa tiene –como lo dijo el señor presidente– 30 años de historia y una solvencia institucional y económica que realmente llevan a que no sea aceptable este tipo de comentarios. Incluso, ACAC ha tenido una conducta en cuanto al crédito, que también implica no aceptar este tipo de comentarios. Los hechos demuestran la falsedad.

Es más, como dato objetivo de la realidad, y no como una interpretación nuestra –esto lo podría explicar mejor el señor Daufín, si fuera el caso–, los bancos cortaron la línea de crédito,  prácticamente todos a la vez y de un momento a otro. No hubo ningún pedido de informes de los bancos hacia ACAC solicitando saber cuál era su situación financiera, sus posibilidades de pago. No consultaron absolutamente nada; cortaron la línea y punto. Esto es, al menos, realmente llamativo. Uno puede llegar a esa conclusión luego de que los bancos coordinadamente corten los créditos a ACAC. Por cierto: eran varios los bancos que le estaban dando crédito.            

Monegal, agrega: «Los únicos que han sido despedidos son los afiliados al sindicato».  Luego dice «Es decir que mantienen trabajadores tercerizados mientras despiden a los de la plantilla». Este comentario también merece algunas aclaraciones.

Cuando se dan los primeros envíos de suspensiones, es decir, de trabajadores al seguro de paro, en realidad se basa en criterios objetivos que responden a las necesidades de la cooperativa, de la empresa, para atender la viabilidad del negocio. No hay ninguna otra motivación ni ningún otro móvil que determine este tipo de conductas en una empresa responsable como es ACAC. Aquí no hay animosidad contra nadie: ni contra afiliados, ni contra nada. Siempre se tomaron criterios objetivos que hacían a las necesidades de la empresa. Hay una explicación muy simple y no se precisa ser economista para poder darse cuenta de ello. Si a la cooperativa le cortan la línea de crédito de los bancos con los que se estaba financiando para mantener una estructura grande, evidentemente debe tomar medidas porque ello impacta en forma directa sobre la cartera de créditos. Lo cierto es que la cartera de créditos de ACAC se vio reducida drásticamente, la cooperativa tenía que atender la nueva situación, tuvo que ajustar el monto de los créditos a otorgar y evidentemente no tenía la misma plata para prestar que antes porque no tenía el mismo financiamiento que antes. Entonces, los primeros funcionarios afectados fueron los del mostrador de ventas. No se podía tocar a los trabajadores del área de cobro porque en una situación como esta lo más necesario es cobrar el dinero que ya se había prestado. Evidentemente, el corte de funcionarios atendió a la función y los que se vieron afectados fueron los trabajadores de ventas de las agencias. Es cierto que coincide que este personal es el que está más afiliado a AEBU, pero eso es absolutamente independiente de la necesidad que tenía la empresa. Por supuesto que estas son cuestiones que no hacen a la decisión porque lo cierto es que se siguieron criterios objetivos a la hora de determinar quiénes iban al seguro y quiénes no. En este caso se tomó el criterio de la antigüedad, que quizás no sea el más eficiente, pero sí es objetivo y neutral. Además, en las agencias donde se recortó el personal y algunos trabajadores fueron enviados al seguro de paro, a quienes tenían probada calificación como para hacer algún otro tipo de tarea, o que ya la habían desempeñado antes, se les ofreció ser trasladados a otros sectores de la cooperativa, dando de baja al personal tercerizado que estaba haciendo ese trabajo.

               En síntesis, si no me equivoco quedan siete trabajadores tercerizados, dos de los cuales son de puntos de venta en Dolores y Bella Unión, que quedaron vacantes porque se hizo un llamado interno y no hubo interesados    –quizás sea por la distancia–, y los otros son personal informático o de gestión de mora tardía, es decir, con un perfil específico que no tiene el personal de ACAC. Con esto creo haber dado cuenta de la conducta y la seriedad de ACAC a la hora de tomar este tipo de decisiones que por cierto son muy duras y lamentables para todos.

               Más adelante, el señor Monegal dice: «nunca había visto una política tan dura y tan antisindical dentro del sistema como la que viene aplicando la cooperativa ACAC». No puedo hablar de sus impresiones porque cada uno tiene todo el derecho a pensar como le parezca; por suerte vivimos en una democracia, tenemos libertad y cada uno puede expresar lo que quiera, en la medida en que lo  haga con respeto. Simplemente debemos decir que discrepamos rotundamente con esta afirmación del señor Monegal porque la cooperativa siempre ha sido totalmente respetuosa de los derechos de los trabajadores, tanto en el acuerdo como en la disonancia, y esta no ha sido la excepción. Creo que la conducta y la trayectoria de la cooperativa nos respaldan en cuanto a esa visión y principios éticos con los que se ha movido siempre, incluso con sus trabajadores.

               Luego, el señor Monegal agrega: «Estamos inmersos en un sistema financiero absolutamente profesional y competitivo, lo que se suma a que las cooperativas –hablo de todas– son las únicas empresas dirigidas por socios, que se postulan pero no conocen el sistema». Nosotros, en la cooperativa –y por supuesto hablo en nombre de ACAC–, nos preguntamos qué es lo que sugiere el señor Monegal con esta afirmación. ¿Eliminar las cooperativas porque tienen una organización democrática y las dirigen sus propios socios? ¿Solo tendríamos que tener tecnócratas manejando el sistema financiero? ¿Qué sugiere? ¿Eliminar el sistema cooperativo de ahorro y crédito? La verdad es que nos preocupa este tipo de afirmaciones. 

               Más adelante, cuando se refiere al cierre de las agencias de ACAC, dice: «Esto iría contra la voluntad de los socios porque la mayoría no quieren que les cierren las sucursales». Nos gustaría saber cuál es la fuente, de dónde obtiene esa información de que la mayoría de los socios no quiere que cierren esas sucursales.

Como bien dijo el presidente, la cooperativa tiene una organización democrática, es una institución sólida con visiones diferentes y con competencia o puja política interna; es una organización política saludable, hay alternancia en el poder, es decir, hay distintas opiniones y diferentes visiones dentro de la misma cooperativa, aunque en este caso todos han estado mancomunados en apoyar al consejo directivo frente a este conflicto que, por cierto, consideramos muy injusto.

En otro pasaje, el señor Monegal dice: «Por último, quisiera mencionar que la cooperativa ha dicho por ahí que la presión de AEBU pone en riesgo sistémico al sistema financiero como producto de la presión que hemos realizado. Me animo a afirmar que esto es algo absolutamente poco creíble; está claro que cuando hablamos de riesgo sistémico y de corrida, los señores senadores saben que se trata de corrida de depósitos. Esto es lo que ha ocurrido en todas las corridas que se han dado en la historia; son corridas de depósitos». La aseveración que en este último tiempo ha hecho la cooperativa en cuanto al riesgo sistémico refiere a un hecho concreto que el señor Monegal omite en su declaración, del cual él se hace principal responsable en sus propias declaraciones, tanto frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como con la prensa. Estoy hablando, nada más ni nada menos que de la apropiación y uso ilícito de la base de datos de los socios de ACAC, lo que viola la normativa existente sobre el tema. Es un hecho de apariencia delictiva; no podemos decir que sea o no delito –para eso está la justicia–, pero sí que es un hecho grave, por lo menos desde el punto de vista ético y jurídico. Esa manipulación de datos que hizo AEBU de una entidad financiera como ACAC es lo que preocupa y es lo que ha denunciado la cooperativa en varios medios y en distintas instancias.

Entonces, llama la atención que el señor Monegal, cuando habla de riesgo sistémico, omita decir las causas por las cuales la cooperativa ha hecho esta denuncia.

Terminando con el señor Monegal, más adelante expresa: «Solamente presta dinero y el stock de créditos que ellos tienen es muy bajo, ya que no llega al 1 % de lo que es el sistema financiero. En consecuencia, la desaparición de la cooperativa no complicaría al sistema financiero en lo más mínimo». Parecería que estas expresiones van en la misma línea del plan de hacer una campaña de comunicación masiva a los socios para que retiren las partes sociales de la cooperativa. Como parece que ACAC representa el 1 %, no sería mayor problema para el sistema financiero. Entonces, parece que no hubiera principios ni temas conceptuales, sino solamente cuestiones cuantitativas; o sea, digamos que cada uno vale el tamaño que tiene. Eso parece reflejar esta valoración.

Luego tomó la palabra el señor Iglesias, quien señaló: «Como decía el señor Monegal, a partir de diciembre de 2013 se acordó con la empresa hacer una negociación durante 2014, que tenía que ver con una determinada partida, condiciones de trabajo, remuneración, etcétera. Sin embargo, durante todo el año 2014 y parte de 2015 la empresa incumplió el acuerdo que había firmado tratando de no negociar con el sindicato». Cuando estuvimos comentando lo que había manifestado el señor Monegal, aclaré que eso fue en una tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que algunas cuestiones tenían que ver con acuerdos programáticos, como el de la partida.

Más adelante, el señor Iglesias continúa diciendo: «La semana pasada hicimos un acuerdo innovador con la cámara uruguaya de cooperativas –dentro del consejo de salarios–, y digo innovador porque incluye ciertas cosas que no están en otros acuerdos de consejo de salarios. Esto lo hemos logrado acordando con las cooperativas. Entonces, que quede claro que el problema no es con las cooperativas».

El tercer vocero de AEBU que vino a la comisión, el señor Fernández, agrega a estos conceptos: «Afortunadamente, lo que sucede en este conflicto es muy puntual y está focalizado en una sola empresa, ya que en la cámara hemos logrado cosas que no hemos podido incorporar en otros convenios colectivos de trabajo, que de alguna manera hablan del espíritu y del relacionamiento del sindicato con el movimiento cooperativo de ahorro y crédito». Ese espíritu –esto lo decimos nosotros, la cooperativa–, ese relacionamiento y sintonía con el sindicato tan positivos que ahora parece rescatar AEBU frente a Cucacc –que, por cierto, valoramos porque ACAC es parte de Cucacc y no vamos a desconocer el valor que esto tiene para la Cámara de Cooperativas; que no se nos malentienda– para negociar, acordar y ver cosas importantes –ahora parece que el problema es con ACAC– contradice hechos concretos, históricos, reales  y registrados, que son los seis convenios colectivos que lleva, solo esta administración, desde el año 2010, con el sindicato. Como repasó el señor gerente de la cooperativa, Juan Daufin, han tratado y abordado desde temas salariales hasta de organización de los trabajadores y control hacia la cooperativa, defendiendo intereses sindicales de avanzada. La cooperativa tiene un sistema –aprobado por convenio– absolutamente garantista, incluso a la par de los concursos internos que tiene el Estado, con la presencia de un veedor sindical y un proceso minucioso de participación en la elección de los postulantes para ocupar un cargo vacante o un cargo nuevo. La cooperativa se comprometió con el sindicato a tomar solo gente de afuera, trabajadores externos del mercado laboral, en caso de que no hubiera nadie garantizado por el sindicato que pudiera ocupar esa misma vacante. ¡Imagínense el valor que esto tiene para un sindicato! Parece que todo eso, lamentablemente, es tirado al bote de la basura; nosotros consideramos que es por ciertos personalismos.

               Además, la cooperativa hizo punta en un procedimiento disciplinario totalmente garantista  con instrucción de un sumario al estilo de la Administración Pública, con la participación de abogados del sindicato de los trabajadores. En fin; después la Cámara copió este procedimiento disciplinario y lo llevó –para nuestra satisfacción– al sistema de todas las cooperativas. La cooperativa realmente ha hecho punta en acordar y negociar con el sindicato cuestiones de avanzada en materia de derecho laboral y sindical, pero parece que esto no vale nada y es el cuco de la película.

El señor Fernández, casi al final de su participación dice: «Esto mismo sucede en paralelo con la situación de ACAC y quería hacer esta referencia porque entiendo que es una muestra fiel de cuál es la importancia que para nosotros tiene el cooperativismo de ahorro y crédito en el sistema financiero uruguayo». Él habla de la importancia que tiene el cooperativismo de ahorro y crédito en el sistema financiero uruguayo, y no parece ser de la misma opinión de su compañero, Elbio Monegal, cuando habla del 1 % y parece no importarle mucho hacer una campaña de destrucción de una de esas cooperativas.

Al final dice el señor Fernández: «estamos muy preocupados por esos noventa puestos de trabajo» –refiere a los de ACAC– «del mismo modo que lo estaríamos por uno solo, de modo que mucho nos preocupa esta situación». Esta no fue la actitud que reflejó la comisión representativa de AEBU en las distintas negociaciones que tuvimos, cuando a finales del año pasado hicimos una propuesta para no enviar a seguro de paro a los trabajadores. La cooperativa siempre fue totalmente prudente en su accionar, incluso en el conflicto. Antes de tomar cualquier medida drástica, siempre tendió puentes con el sindicato para hablar y tratar de evitarlas, ya con el corte financiero de por medio y con el dolor de haber sido objeto de un boicot de parte del sistema financiero en general por no poder contar más con esos créditos. Cuando la cooperativa se vio en esa situación igual tendió un puente y habló con el sindicato para ver cómo se podía resolver esto y seguir adelante con propuestas concretas que  trataran de cerrar el conflicto. Reitero que antes de enviar gente al seguro de paro hubo reuniones, no solo informales sino también en el ámbito de la Dinatra –que conste en la versión taquigráfica–, incluso los avances de la negociación.  El sindicato en ese momento –no sé por qué, quizás  pensando que ACAC no iba a tomar ese tipo de soluciones que había anunciado–  rechazó la propuesta y, en consecuencia, los trabajadores tuvieron que ser enviados al seguro de paro.

               Poco tiempo después, con esa veintena de trabajadores ya en el seguro, a partir de la iniciativa del doctor Loustaunau –que valoramos– retomamos  la negociación; él mismo la dirigió y después  la delegó en la Dinatra, para tratar de llegar a un acuerdo. La cooperativa ofreció concretamente partidas económicas importantes a los trabajadores y, también,  como señaló el gerente,  un programa de reincorporación y de pasaje de ciertos trabajadores de agencias a puntos de venta de terceros con una serie de garantías laborales. Iban a tener condiciones adecuadas y hasta se previó que debían tener  un lugar para comer, todas cuestiones que hacen a la dignidad del trabajador. La cooperativa lo preveía en ese acuerdo –que, como decía el señor Daufin, fue interlineado– entre ACAC y el sindicato. Se enviaron correos electrónicos, propuestas y contrapropuestas. También fue participada la Dinatra, a la que se enviaron los correos. Estábamos con el preacuerdo arriba de la mesa casi para cerrarlo y de un portazo AEBU dijo «No; para nosotros el acuerdo es, en términos generales, absolutamente insuficiente». Esa respuesta, a nuestro juicio soberbia, significaba el despido y la pérdida de todas estas fuentes laborales, las mismas que ahora dicen que les preocupan. Parece que en ese momento priorizaron otros intereses. No nos dejaron más respuesta  que decir que nos quedamos perplejos. ¿Qué más podemos decir después de esto, de todo este esfuerzo, cuando casi estábamos para cerrar el convenio con un programa definido para reincorporar a todos los trabajadores? La idea, como señaló el gerente, no era cerrar agencias y tercerizar en RedPagos  o cosas por el estilo. La propuesta original  fue incluir a todos los trabajadores de ACAC en esa readecuación  a la nueva realidad económico-financiera que tenía la cooperativa, incluso ofreciéndoles una partida que representaba, en promedio, un 25 % de aumento real del salario a los trabajadores que se iban a puntos de venta en reconocimiento por la molestia que ello les ocasionaba. Esto hay que decirlo: el sindicato la rechazó. Después, ¡que cada uno se haga cargo de las consecuencias por las resoluciones que toma!

               Es todo cuanto tenemos para decir.

SEÑOR MIERES.-  La comisión tiene por norma no  manifestar opinión sobre el conflicto. En lo personal tengo una posición bien definida, pero no voy a hablar de ella en este momento. Simplemente quería preguntar si existe algún margen para reencauzar el diálogo entre AEBU y la directiva de ACAC, y particularmente si se entiende que sería bueno  escuchar la opinión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al respecto.

SEÑOR PARDIÑAS.- La preocupación que se nos genera a partir del planteo del tema es que, por un lado, hay una afirmación que no la tomo como una denuncia, pero sí como una aseveración compleja.  La delegación ha señalado que el sistema financiero, presionado por AEBU, le  ha negado los créditos. Es una situación muy grave. En la comparecencia de los representantes de AEBU, lo negaban. Me gustaría saber si hay algún elemento probatorio en este sentido porque realmente esta situación que se ha denunciado es compleja.

               AEBU también planteó que ellos tienen firmas de socios de la propia cooperativa que respaldan en cierta manera una salida en la línea que había  presentado el sindicato.  Es más; hablaron de que habría  alrededor de 500 firmas de socios. ¿Eso le consta al consejo directivo de ACAC?  ¿Se reconoce en esa pluralidad de expresión de los socios un elemento que podría colaborar en la búsqueda de entendimientos y acuerdos?

               Por último, nos gustaría que se precisara –si es que ustedes conocen este dato– la proporción de personal que ha pasado a seguro de paro o ha sido despedido que está afiliado al sindicato. Hago esta pregunta porque el sindicato anunció en la comisión que en este tema había una fuerte persecución sindical. Queremos ver si realmente hay indicadores que nos permitan verificar o desestimar lo que se ha afirmado en esta comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Yo agregaría otra pregunta. A partir del rechazo de la propuesta de convenio  que estaban negociando, ¿cuáles son los próximos pasos a dar por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? ¿Existe algún cronograma de reuniones? ¿Se ha intimado a alguna de las partes? ¿Cuál ha sido la actitud del Ministerio a partir de esta nueva realidad?

SEÑOR DAUFIN.- Empiezo por contestar la última pregunta, es decir, la del presidente de la comisión. No tenemos novedades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde el 16 de febrero, cuando AEBU rechazó la propuesta    –de la que dejamos constancia– en la que reincorporábamos a todos los funcionarios a nuestra plantilla y pagábamos una partida especial. Que nosotros sepamos, no hay ninguna acción formal o informal del ministerio.

               En cuanto a las firmas de 500 socios, no nos consta porque  no nos han llegado esas solicitudes. Quiero decir, además, que la cooperativa tiene 254.000 socios que tienen capital social y 50.000 socios operativos. Por lo tanto, desde el punto de vista cuantitativo sería una expresión menor. Por otro lado, de acuerdo con el estatuto, los socios tienen la posibilidad de recurrir las decisiones del consejo directivo y de la asamblea. Entonces, se podría canalizar el tema por ese lado y no solo con el levantamiento de firmas de socios que, en este caso, además, cuantitativamente no son muy representativas.

               En relación  a cuántas  personas están afiliadas y cuántas no del total de despedidas, al día de hoy son 28 las despedidas, de las que 2 no están afiliadas y 26 sí lo están. Esos 26 afiliados participan en la parte de ventas de la cooperativa. En la intervención de hoy hicimos fundamental hincapié en la funcionalidad. En la medida en que no tenemos capital de giro, el sector más afectado es el del personal que trabaja atendiendo al socio, porque no tenemos créditos para ofrecer. Allí es donde el sindicato tiene más afiliados, pero jamás ha sido una política buscada por la cooperativa. De hecho, en relación con el aumento de sueldo a los cinco jefes –lo que generó problemas, no por el aumento en sí  mismo, sino por haber tomado una decisión sin contar con el beneplácito del sindicato–,  les aumentamos exactamente lo mismo a dos afiliados y a tres  no afiliados. Además, uno de esos afiliados –que todavía lo es– es un exintegrante de la mesa representativa del sindicato. Así que por ese lado estamos muy tranquilos con nuestra conciencia y creo que hemos actuado éticamente muy bien.

               Sí hemos planteado una denuncia sobre el boicot financiero, tanto en el Banco Central del Uruguay como en la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. Al respecto, presentamos prueba testimonial y documental de la denuncia.

Si la comisión está interesada en recibir esa denuncia, se la podemos alcanzar.

SEÑOR MIERES.- Sí; sería muy bueno.

SEÑOR DAUFIN.- Con relación a la otra pregunta, que creo que fue la primera que nos hicieron, sobre el margen de diálogo, estamos abiertos a dialogar. No vamos a volver a operar con los bancos porque sabemos que es un error estratégico; los hechos nos han demostrado que es una debilidad y por lo tanto sigue el objetivo de reincorporar a todos los funcionarios, pero vamos a tener dificultades –diría– para cumplirlo; sí tenemos voluntad de diálogo.

SEÑOR LORIER.- ¿Cuál es el total de funcionarios de la cooperativa que están afiliados al sindicato, no en el sector específico –también podríamos preguntar– que ha sido afectado por el problema, sino la totalidad? Ahora, si nos quieren dar el dato del sector específico, también nos interesa conocerlo.

SEÑOR DAUFIN.- No tengo el dato por sector, pero aproximadamente el 50 % de los funcionarios están afiliados.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor senador Mieres entiende que es de orden –y para que quede constancia en la versión taquigráfica– que recibimos a todas las partes y que en este caso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha tenido una actitud activa, por lo menos a través del subsecretario Loustaunau, quien trató de acercar las partes y trabajó sobre un convenio que al final se frustró. Me parece que es importante retomar algún ámbito de negociación en la medida que sea posible y son claves la actitud, el papel y el rol del ministerio, por lo que seguramente lo vamos a invitar a la comisión.

SEÑOR PARDIÑAS.- A raíz de este comentario, quiero hacer una pregunta para tener más elementos que ayuden a encontrar una salida. ¿El consejo superior del sector ha intervenido o es un ámbito que no ha estado en la negociación?

SEÑOR OTTONELLI.- Las negociaciones se han dado siempre en el ámbito de la Dinatra, salvo la participación especial del doctor Loustaunau que, repito, tomó la iniciativa –que valoramos especialmente– para tratar de conciliar a las partes, pero lamentablemente el intento fue frustrado. Ese ha sido el ámbito en el que hemos negociado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE.- La verdad es que ha sido profusa la información y agradecemos especialmente su presencia.

 La comisión va a invitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque parece que en este sentido puede colaborar para encontrar una vía de salida a esta situación.

               Se levanta la sesión.

(Son las 16:34).

 

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.