SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 16:34)

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                –«Carpeta n.º 807/2017. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República ante el Gobierno de Malasia a la señora Elsa Nury Bauzán (Distribuido n.º 1288/2017).

                –Carpeta n.º 814/2017. Medidas cautelares en las etapas presumariales de las causas penales - Modificación del inciso segundo del numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto - Ley n.º 14.294, de 31 de octubre de 1974. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido n.º 1298/2017).

                –El Consejo Directivo del Cuerpo Consular Honorario acreditado en la República remite nota solicitando audiencia para su presentación y saludo protocolar a la Comisión.

–La Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos remite nota solicitando ser recibido por la Comisión para referirse al proyecto de ley sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes».

En primer lugar, por las conversaciones que hemos tenido antes del inicio de esta reunión, con respecto a los asuntos entrados voy a proponer redirigir la Carpeta n.º 814/2017, solicitando a la presidencia del Senado que se rectifique el trámite y se envíe la carpeta relativa a la modificación del régimen de medidas cautelares en etapas presumariales en causas penales, a la Comisión de Constitución y Legislación.

En segundo término, dado el pedido de audiencia de la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos relativo al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y a que la Asociación de Laboratorios Nacionales había solicitado postergar su comparecencia hasta la semana que viene, podemos aprovechar y hacer las dos audiencias en forma conjunta, por lo que solicito que el próximo jueves recibamos a la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos y la Asociación de Laboratorios Nacionales como ya había sido acordado.

Se va a votar.

(Se vota).

–6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Me gustaría que en las próximas sesiones convocáramos a los integrantes de la Comisión Administradora del Río de la Plata a los efectos de poder tener información sobre algo que se lee todos los días en la prensa común y en la especializada. Me refiero al dragado del canal Martín García y los avances que pueda haber en ese sentido. Es un tema importante que hace a la economía del país, a la economía portuaria. Es por eso que sería interesante poder tener una entrevista con los miembros de esa comisión a tales efectos.

                Asimismo, señor presidente, quisiera referirme a un tema que también reviste trascendencia. Todos sabemos que, a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a nuestro país le extendieron la zona marítima hasta las 350 millas de la costa.

                Ahora bien, el frente oceánico ya está acordado, según la información que dejó la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en la Cámara de Representantes, con respecto a una presencia que se materializó a fines del año pasado en la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Allí, en esa reunión, el doctor Mata –uno de los delegados– dejó claramente expresado que lo único que faltaba afinar era el límite lateral, que es una cuestión de solución bilateral con la República Argentina. En ese sentido, allí hay una superficie que aún no se ha definido, por lo que también sería interesante contar en algún momento con la presencia de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental para ver los avances –creo que algo se ha empezado a conversar sobre ese tema– que hemos tenido en esa delimitación final de lo que nos corresponde como Estado en la plataforma continental y la extensión de 350 millas.

                Me parece que son temas importantes, señor presidente, y que esta comisión del Senado debe contar con información oficial al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, estaríamos consultando a los miembros de la comisión sobre la posibilidad de convocar en la primera sesión de julio a las delegaciones uruguayas de la Comisión Administradora del Río de la Plata y de la comisión encargada de la plataforma continental. Esto sería para recibir informes sobre el estado de situación del dragado del canal Martín García y para que se refieran al nuevo debate sobre los límites laterales a la luz de la ampliación de los derechos de plataforma continental del país.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Entonces, convocamos a ambas delegaciones para la primera sesión del mes de julio.

                Si no hay otros asuntos previos, hacemos pasar al doctor José Antonio Villamil, encargado del área de derechos de autor del Ministerio de Educación y Cultura, para referirse al capítulo 10, «Propiedad intelectual», del Tratado de Libre Comercio con la República de Chile.

(Ingresa a sala el doctor José Antonio Villamil).

                 La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado tiene mucho gusto de recibir al doctor José Antonio Villamil, encargado del área de derechos de autor del Ministerio de Educación y Cultura, quien fue invitado especialmente a solicitud de la senadora Constanza Moreira para escuchar sus opiniones acerca del Capítulo 10, «Propiedad Intelectual», del Tratado de Libre Comercio con la República de Chile.

SEÑOR VILLAMIL.- En primer lugar, me parece del caso hacer una aclaración previa. Desde 1993 hasta el año 2015 trabajé como funcionario de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y entre 1997 y principios de 2015 cumplí la función de encargado del área de patentes. Quiere decir que es en ese carácter de exfuncionario que voy a comparecer, ya que las opiniones que tengo fueron formadas en base a esa experiencia.

                En paralelo, desde el año 2005 integro el Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura. Se trata de un consejo honorario, de cinco miembros, designado por la ministra de Educación y Cultura, que tiene competencia en el tema de derechos de autor. En consecuencia, mi comparecencia a esta comisión es absolutamente ajena e independiente del hecho de formar parte de ese Consejo de Derechos de Autor, porque vamos a hablar de temas relativos con la propiedad industrial, con las patentes.

                Voy a tratar de guiarme por un texto escrito, a los efectos de ser más coherente en mi exposición.

                El marco general del tratado de cooperación bilateral con Chile es que este país viene llevando adelante una fuerte apuesta, tanto en lo que hace a indicaciones geográficas, como al tratado de cooperación en materia de patentes. Su oficina de marcas y patentes dispone de importantes recursos, los que dedica también a prestar servicios a la región relacionados con el tratado   –el PCT–, en carácter de oficina de búsqueda y examen. Al mismo tiempo, como se desprende de la importancia que se le asigna a ese capítulo, se ha dispuesto hacer de las indicaciones geográficas un instrumento de valorización de sus productos autóctonos. Puede ser, por esta razón, que ha consentido dejar fuera del acuerdo capítulos importantes de la propiedad intelectual, como lo son los derechos de autor y prácticamente la totalidad del tema de patentes. Mientras tanto, nuestro país recién comienza a reconocer la importancia de estos temas, especialmente el de las indicaciones geográficas. 

                El tratado con Chile es un acuerdo entre dos países de la región considerados en vías de desarrollo, lo que le otorga características diferentes a aquellos entre estos países y países desarrollados como el que actualmente negocian el Mercosur con la Unión Europea.

                Ese carácter «Sur-Sur» del acuerdo se trasluce en las normas sobre objetivos y principios; en la opción por el agotamiento internacional de los derechos; en la adhesión a pronunciamientos y decisiones de la OMC para atender temas de salud pública y acceso a las medicinas mediante excepciones a los derechos de patentes; en las acciones destinadas a identificar y potenciar el acceso a las obras y demás informaciones del dominio público y en la importancia otorgada al tema de cooperación. Estos son aspectos destacables que constituyen un antecedente y un ejemplo a seguir en las negociaciones de otros acuerdos. Sin embargo, a diferencia del TLC existente entre Uruguay y México, contiene disposiciones que suponen aceptar niveles de protección de la propiedad intelectual superiores a los que los países en vías de desarrollo defienden en los foros internacionales, en especial, la OMC, en el sentido de no ir más allá de lo pactado en el acuerdo ADPIC/TRIPS.

En cuanto a  las indicaciones geográficas y denominaciones de origen del TLC con Chile, artículo 10.11, que establece que cada parte deberá asegurar en su legislación interna medios adecuados y efectivos para proteger indicaciones geográficas y denominaciones de origen con respecto a cualquier producto, el capítulo contiene disposiciones que, a nuestro entender, afectan la capacidad negociadora del país en las tratativas que se llevan adelante en la actualidad para un TLC entre el Mercosur y la Unión Europea.

                La protección de las indicaciones geográficas con gran alcance y amplitud es una demanda central de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual y uno de los temas de mayor complejidad en las discusiones. El uso intensivo de esa herramienta es una pieza clave de la estrategia europea que intenta sacar provecho del prestigio del que gozan sus bebidas, quesos y demás productos provenientes del continente, ligados a los nombres de los lugares en que se originan.

                Las coincidencias culturales y de producción con los países del Mercosur pueden hacer que una protección amplia de las indicaciones geográficas europeas se transforme en una barrera para la valorización de los productos regionales, especialmente, vinos y quesos.

                Las normas del tratado con Chile consideramos que van más allá del nivel de protección establecidos por los ADPIC en sus artículos 22 a 24 sobre indicaciones geográficas. Se trata del artículo 10.11 mencionado, en cuanto establece, en forma imperativa, la obligación de las partes de asegurar la protección de las indicaciones geográficas para todo tipo de productos. Recordemos que esos artículos 22 a 24 de los ADPIC se centran, fundamentalmente, en vinos y bebidas espirituosas. El artículo 10.11.7 deja abierta la posibilidad de incluir todo tipo de productos al igual que la disposición que acabamos de mencionar y no fija límites cuantitativos. Otro de los temas de negociación es qué cantidad de indicaciones geográficas los países aceptan en su negociación.

                Por lo tanto, el antecedente del TLC con Chile deja a los negociadores del acuerdo con la Unión Europea en una posición desventajosa. Ello es así más allá de lo que se considere sobre la aplicabilidad del principio del trato de la nación más favorecida, previsto en el artículo 4 de los ADPIC. Además de lo anterior concerniente a las circunstancias en que se propone la firma del TLC con Chile en cuanto a su contenido en sí, entendemos que tanto en lo que hace al compromiso de adhesión al PCT y, en especial, a lo referido a las indicaciones geográficas que venimos mencionando, hay aspectos de ese acuerdo bilateral que deberían acompasarse con la realidad de nuestro país en cuanto al bajo desarrollo de ese instrumento o a la ratificación del PCT.

                El tratado establece, en su artículo 10.6.2, que se harán los mejores esfuerzos para ratificar el PCT. Para que la adhesión de Uruguay al PCT suponga, en forma efectiva, alguna de las posibles ventajas que ofrece a los inventores científicos y demás creadores nacionales de tecnología, así como para acotar los riesgos que representa, se requiere del tiempo necesario para desarrollar las estrategias y construir las capacidades nacionales que lo hagan posible, como se expondrá a continuación.También en este caso es necesario tener presente que el capítulo de propiedad intelectual del TLC que negocian el Mercosur y la Unión Europea demanda la adhesión de los países a una serie de tratados entre los que se cuenta el mencionado PCT. Si nuestro país ratificara ese PCT antes de que las discusiones con la Unión Europea finalicen, se estaría privando de un elemento de negociación, ya que atendería a una de las demandas de la Unión Europea sin una contrapartida negociadora.

                A lo dicho sobre la quita de un elemento negociador en las tratativas mencionadas con la Unión Europea y el Mercosur, se debe agregar que ni Argentina, ni Paraguay, ni Venezuela, ni Bolivia, están adheridos al PCT. El caso de Argentina seguramente se relaciona con el importante y consolidado desarrollo de su industria farmacéutica local, con ramificaciones en la región.

                Es decir que, más allá de que el PCT sume al momento 152 miembros y que en perspectiva la incorporación del país a ese tratado vaya finalmente a darse, la situación que se da en el ámbito del Mercosur posee características especiales. Una decisión individual de nuestro país al respecto puede suponer una nueva dificultad para llevar adelante posturas conjuntas entre los miembros del Mercosur en las tratativas con la Unión Europea.

                Los mayores usuarios del PCT son Estados Unidos, Japón, China, Corea y Alemania, los que presentaron entre 60 y 20.000 solicitudes de patente en el año 2016. Los titulares de esas patentes son conocidas corporaciones grandes con origen en esos países.

                Por otro lado, menos del 3% del total de solicitudes de patentes presentadas por el PCT correspondió a África, América Latina, Caribe y Oceanía juntos, según los datos de 2014.

                A nivel internacional y en los países desarrollados, las tecnologías más patentadas tienen que ver con la electrónica y las telecomunicaciones. En cambio, en la mayor parte de los países en vías de desarrollo predominan las patentes de farmacéuticos. En Uruguay ese porcentaje ha llegado a superar el actual 50%, de la misma forma que ocurre con otros estados de la región o con características similares.

                Como se sabe, la patente crea una especie de monopolio transitorio a favor de su titular, por lo que quien posee la patente sobre un fármaco podrá impedir que otros puedan competir con él, con el consiguiente impacto en los precios, en los presupuestos de salud y en el desarrollo de la industria local.

                Las grandes corporaciones, en especial las de la industria farmacéutica, vienen aplicando una serie de estrategias de patentamiento dirigidas a prolongar la protección de sus productos más allá del plazo de validez de sus patentes o a generar redes de patentes que condicionan la competencia. Son estrategias que se basan en acudir a solicitudes de baja calidad.

En forma paralela, los países desarrollados tienden a favorecer a sus grandes compañías productoras y exportadoras de tecnología, acudiendo a bajos estándares de evaluación de las solicitudes de patente que presentan. Por el contrario, los países en desarrollo, importadores netos de tecnología, acudiendo a los márgenes de maniobra que les dejan los tratados, son más exigentes con los requisitos de patentabilidad para protegerse de las mencionadas estrategias y prevenir los efectos negativos de la presencia en sus mercados de patentes de baja calidad.

                Si bien el PCT es un sistema de presentación de solicitudes de patente y será la oficina de cada país la que en definitiva determine si se concede o no la patente, el tratado prevé la realización de informes de búsqueda y examen que se pronuncien sobre la patentabilidad de la invención. Dichos informes son realizados por calificadas oficinas de patentes. Las más prestigiosas y elegidas son aquellas de los países desarrollados, como Estados Unidos y Europa, debido a los recursos con los que cuentan y a su predominio científico-tecnológico. Por lo tanto, la solicitud de patente PCT que obtenga un pronunciamiento favorable de dichas oficinas, contará con buenas probabilidades de obtener la patente cuando se presente ante la oficina de uno de los países seleccionados miembros –la fase nacional–, ya que dispondrá de un importante elemento de defensa ante las posibles objeciones de los técnicos nacionales que les examinen esas solicitudes. Esto supone que los examinadores de las oficinas de los países en vías de desarrollo, máxime los más pequeños como el nuestro, con sus limitados presupuestos y planteles, se verán fuertemente condicionados por esos informes internacionales.

Como los demás países importadores de tecnología, la gran mayoría de las solicitudes de patentes que se presentan ante nuestra oficina corresponden a titulares extranjeros. En nuestro país su porcentaje supera el 90%, lo que implica que las solicitudes de patentes correspondientes a residentes locales ronde las 30 anualmente en un total de 700 u 800. Estas cifras demuestran a quiénes favorecerá principalmente la adopción de un sistema que facilita la presentación de solicitudes de patente en más de 150 países, mediante una sola solicitud, en un idioma –que será mayoritariamente el inglés– presentada en cualquiera de los países del tratado, seguramente no en nuestra oficina.

                El patentamiento es un proceso complejo y costoso. La redacción de una solicitud de patente que reúna los requisitos para lograr la obtención de una patente en el extranjero, requiere el apoyo de asesores técnicos y jurídicos. El PCT es un sistema sofisticado con el que hay que saber manejarse. La presentación de una solicitud por el PCT debe cumplir con una serie de requisitos formales. Luego continúa el trámite ante cada una de las oficinas de los países seleccionados –la mencionada fase nacional– lo que supone el pago de tasas, honorarios de agentes, costos de traducción, etcétera. A ello se suma todo lo relacionado con la negociación de la comercialización mediante la transferencia o licenciamiento de la invención, sin contar con que luego se deba asumir la defensa de la patente ante una posible infracción.

                En la gran mayoría de los casos, y más tratándose de tecnologías complejas como las de las gamas de la biotecnología –foco especial de la investigación en nuestro país–, el desarrollo y comercialización de la invención original no está al alcance de los investigadores y de sus instituciones, por lo que hay que encontrar un socio entre las compañías del sector, mayormente extranjeras, que disponen de las condiciones para hacerlo.

                La patente no es más que una herramienta, no es un fin en sí misma, sino parte de un proceso, de un difícil trabajo de evaluación y diseño de estrategias de protección del conocimiento creado. Para ser exitoso debe encomendarse a servicios especializados de gestión tecnológica y, por tanto, el hecho por sí mismo de disponer de un instrumento aislado que facilite el patentamiento en otros países, no es suficiente para generar y proteger el valor de los resultados de las actividades de ciencia y tecnología del país.

                Como se ha notado en esta comisión, existen formas de que los investigadores nacionales presenten solicitudes por el PCT en los contados casos en que en realidad les pueda convenir. Existen casos concretos que muestran la posibilidad de recurrir a esa opción, mientras se crean en nuestro país las condiciones favorables para el ingreso del país al tratado de cooperación en materia de patentes.

                En conclusión, creemos que el tema a resolver no radica en si Uruguay debe o no adherirse al PCT, sino cuándo y en qué condiciones debe hacerlo. Antes de adherirse sería necesario disponer del tiempo para definir y aplicar las políticas y estrategias dirigidas a generar las capacidades y condiciones que hagan posible sacar las mayores ventajas del tratado, a la vez que acotar y controlar sus efectos negativos, atendiendo a las características específicas de la realidad del país.

                Era cuanto quería decir.

                Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Quiero dar la bienvenida al doctor Villamil y pedirle que ya que está escrito el documento pueda ser distribuido entre los miembros de la comisión.

                Voy a hacer algunas preguntas. Una de ellas está directamente relacionada con las conclusiones y es el tema del tiempo, porque el doctor Villamil parecería asumir en su exposición que la firma de un TCP será inevitable en algún momento o en otro. La pregunta concretamente refiere al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Si entendí bien, el doctor Villamil estaría sugiriendo que la aprobación de un TCP en Uruguay sin contrapartida, nos privaría de la posibilidad de usar el TCP como una contrapartida del acuerdo con la Unión Europea. Entonces: ¿propone que esperemos ese tiempo que, entre otras cosas, podría estar condicionado a si finalmente se celebra el acuerdo con la Unión Europea?

En segundo término, ¿qué pasaría si nosotros aprobamos el acuerdo de libre comercio con Chile sin aprobar el TCP? Lo planteo porque el artículo 10.2 plantea determinadas  recomendaciones. Si nosotros desvinculamos una cosa de la otra, ¿qué consecuencias tiene?

En tercer lugar, los números que da el doctor Villamil sobre el peso de la producción farmacéutica en el total de patentes, que efectivamente se obtienen en Uruguay, es lo suficientemente importante como para que además de recibir a los farmacéuticos, podamos pedir una opinión vinculante del Ministerio de Salud Pública. Tengo entendido que lo que se paga por patentes farmacéuticas –hay por allí algún dato– es un porcentaje bastante alto del presupuesto nacional en salud.

SEÑOR OTHEGUY.- Con respecto a la exposición, hay algunos datos que muestran claramente una foto del escenario de la producción de invenciones y tecnologías a nivel mundial. Ese es un dato de la realidad.

                Consulto al doctor Villamil: ¿cómo se ata, en definitiva, la suscripción o no de este acuerdo? ¿Cómo puede impactar en ese escenario? Sobre todo tomando en cuenta a Uruguay. En nuestro país la producción de desarrollo tecnológico y de invenciones es muy pequeña, comparada con ese escenario mundial donde están concentrados los países desarrollados.

                Entonces, cómo puede influir la suscripción o no de este acuerdo en medio de este proceso donde Uruguay tiene la intención de crecer en esta materia, siendo consciente de que eso también está acompañado de la inversión pública en la materia.

                En definitiva, ¿cómo puede impactar el crecimiento de una política dirigida a incentivar la innovación y la producción de conocimiento, la suscripción o no de este tipo de acuerdo?

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero agregar una última consulta.

                Tenemos en consideración los dos instrumentos a los que hizo referencia el doctor Villamil: la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Chile y el Tratado de cooperación en materia de patentes, que más desarrolló el doctor en su exposición.

                Obviamente, en el caso del Tratado de Libre Comercio con Chile, hay una cláusula que figura en el numeral 2 del artículo 10.6, que dice: «Cada Parte deberá hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes», pero no dice que debe estar hecho al momento de la firma.

                Por lo tanto, si el problema es que no deberíamos –según la opinión del doctor Villamil– adherir al tratado de patentes antes de avanzar en la negociación con la Unión Europea, porque es parte de nuestra moneda de intercambio, no encuentro obstáculo para ratificar el Tratado de Libre Comercio con Chile, en tanto ello no nos obliga, más que a hacer los esfuerzos, porque no dice –como sí dice sobre otros–  que «Cada Parte deberá ratificar o adherir a cada uno de los siguientes Acuerdos Internacionales», a la fecha de entrada en vigor del TLC con Chile.

No sé si estoy entendiendo bien, pero creo que hay una situación en la cual el Uruguay podría ratificar el tratado de libre comercio con Chile estableciendo esa obligación de hacer sus esfuerzos. En buen romance se podría esperar para el otro y, en ese caso, no estaríamos contraviniendo posibles ventajas de negociación con la Unión Europea u otros.

SEÑORA MOREIRA.- En relación con el tratado de libre comercio con Chile, me gustaría saber si podríamos esperar alguna externalidad negativa –por llamarla así– del acuerdo con Chile en materia de la denominación de origen. Si pienso, por ejemplo, en el pisco, ¿tiene algún impacto sobre nuestra relación comercial con Perú? Siempre analizamos el tratado por lo que dice pero no así las externalidades negativas que pueda tener un tratado con este capítulo en relación a otros países.

SEÑOR VILLAMIL.- El tema del pisco es un buen ejemplo, porque Perú y Chile reclaman la propiedad de la indicación geográfica pisco. Esta es la única que nos obligamos a proteger en el TLC con Chile, con la salvaguarda de que el Uruguay se reserva la posibilidad de proteger una indicación similar.

                Lo interesante del asunto es que a la única que nos obligamos a proteger, ya le tuvimos que hacer una salvedad. El problema es que la  indicación geográfica se suma a otros medios de protección marca.

                En nuestro país, el caso más claro fue el de la palabra champán, que no se puede utilizar más. Según me dijeron, cuando se produjo la reconversión de la industria vitivinícola, uno de los acuerdos que se hizo con la cooperación francesa en ese tema fue el no uso de la denominación de origen champán, que usábamos comúnmente.  Si eso se sigue extendiendo, se presentará el problema de las coincidencias de nombres geográficos porque somos de igual cultura y nuestros nombres geográficos, en muchos casos, coinciden con los de la Unión Europea. Si el Uruguay intentara desarrollar indicaciones geográficas para proteger a los productos originarios de lugares que se llaman igual, se podría generar una serie de situaciones complejas.

                Como decía, la herramienta de las indicaciones geográficas es una apuesta europea que tiene que ver con su industria y su cultura. La Unión Europea eligió un instrumento de propiedad intelectual para desarrollar que responde a sus peculiaridades, lo cual no quiere decir que responda a las nuestras. Sin embargo, en la negociación con la Unión Europea –como es lógico– esta es parte importante en sus demandas con respecto al tema de las indicaciones geográficas. De ahí que el tema de empezar a abrir el campo a la protección de las indicaciones geográficas en un acuerdo bilateral compromete al país, no por el tema de la cláusula de la nación más favorecida que de golpe no sería un problema porque el artículo 4.º, que lo salpica, establece que toda ventaja que se le dé a un país luego tiene que dársele a los demás, sino porque generaría un antecedente donde el negociador se vería condicionado porque ya está aceptando con un tercer país la protección de las indicaciones geográficas.

                Con respecto al PCT quiero decir que es cierto, que no se trata de una obligación de Uruguay ratificarlo –en el TLC con Chile no se exige–, sino que hablamos de los máximos esfuerzos. Ahora bien –por supuesto que todo esto es muy discutible porque son temas de fineza y estrategia negociadora–, quien le acepta a un tercero hacer esfuerzos por algo, cuando viene otro y le dice: «Tenés que hacerlo», cómo le digo que necesito mucho tiempo o que, directamente, no lo quiero hacer, cuando a otro se le dijo que sí, que se harían los esfuerzos por hacerlo.

No sé si quedó claro. Me preocupa el tema indicaciones geográficas, justamente por tres razones: el peso que le da Chile, que ha decidido directamente hacer una política en materia de protección de sus productos con indicaciones geográficas; Europa, que  lo tiene como uno de los grandes centros de su estrategia; y nosotros, que  en esa materia recién estamos en pañales. Si leen la lista de indicaciones geográficas que Uruguay propone para trabajar, en realidad lo que está haciendo es un adelanto, trabajando en perspectiva, porque no hay, para decirlo en forma más concreta, una industria vitivinícola uruguaya que esté apostando a eso. No hay técnicos trabajando; no decidimos cuáles eran. Hay un antecedente en ese sentido: hace muchísimos años hubo un vino, denominado Cerro Carmelo, que tuvo un problema con los europeos. O sea que hay que hilar muy fino cuando un país no tiene estrategia, no sabe qué importancia darle a una herramienta y tiene que negociar con otro que sabe muy bien lo que quiere hacer con esa herramienta, sobre todo cuando hay coincidencias culturales. Ese es un poco el esquema.

SEÑOR OTHEGUY.- Quería hacer una pregunta complementaria: la suscripción o no de este acuerdo TCP, ¿cómo afecta el crecimiento de estos temas en Uruguay? ¿Cuánto nos perjudica?

SEÑOR VILLAMIL.- Los números hablan, para decirlo de alguna forma. El PCT tiene alrededor de 250.000 solicitudes de patentes por año. Los continentes que nombré –Oceanía, Caribe, Sudamérica– presentan el 3 %. Nosotros no somos productores de tecnología, sino importadores. La herramienta del PCT es desarrollada, impulsada y propagandeada por los países desarrollados. Es lógico que para una empresa sea más fácil presentar una solicitud de patente en un solo idioma y en una oficina que tiene efecto en otras 152. Ese tema no sería, para mi gusto, el más relevante, sino los informes previos con los que llega esa solicitud de patente a nuestro territorio, que condicionan fuertemente el trabajo de un técnico, de un examinador nacional, porque si discrepa, tiene que hacer un enorme esfuerzo intelectual y de recolección de información para poder controvertir el informe que viene de una gran oficina, sobre todo cuando llega con el prestigio del tratado. Ese es el tema que tenemos.

                El otro tema para mí muy importante es cómo se están usando actualmente las patentes. De todo lo que estoy diciendo hay profusa literatura en la materia, que se puede encontrar fácilmente en Internet, y en caso de que la quieran ver se les puede acercar. Es un problema enorme la proliferación de solicitudes de patentes. Voy a dar un solo número. En 800 solicitudes de patentes que se presentan en el país por año, aproximadamente un 50 % son farmacéuticas; pongámosle unas 350. La pregunta que uno podría hacerse es: ¿la industria farmacéutica lanza al mercado 350 fármacos innovadores al año? No. No sé si lanza 35. En consecuencia, para un invento hay muchas patentes, y eso es una malla, una red que inhibe la competencia. El Uruguay tiene que hacer el esfuerzo para que ese tipo de estrategias no incida en el precio de un medicamento. Creo que hay estadísticas de la UCA que demuestran que los medicamentos con patente se llevan una proporción más importante: creo que son el 10 % de los que compra la UCA, pero su incidencia en el presupuesto es mucho mayor que la de la totalidad de los medicamentos. La idea de nuestra oficina es la de ser muy exigente con los estándares de protección de las patentes. Los países desarrollados, defendiendo sus industrias, aceptan solicitudes de patentes y patentes con estándares más bajos de exigencias, y ese es el problema que debemos afrontar. Por esa razón la idea es desarrollar capacidades propias.

                Con respecto a la producción de tecnología, para el Uruguay reconocerse como productor de tecnología es un paso más que el de reconocerse como científico. Entre generar conocimiento y dar un valor comercial a ese conocimiento –no hay que olvidar que la patente es un valor comercial y no científico– hay todo un trayecto que el Uruguay no ha recorrido. Lo que estamos viendo hoy, por suerte, es la necesidad de actuar en ese sentido. Entonces, aparecen algunos instrumentos; la ANII tiene uno que sirve de apoyo. La patente es un instrumento, pero el tema es para qué, cómo y cuándo lo usamos. El instrumento solo, sobre todo cuando se trata de uno tan complejo como es la patente, puede no ser útil. Cuanto más avanzamos en la complejidad del instrumento, más capacidad, más conocimiento y más experiencia debemos tener. En la página web de la OMPI hay un manual para el usuario del PCT que recomiendo que sea vea a fin de darse cuenta de lo complejo que es. Un científico nuestro, para poder siquiera entrar en la vía PCT, va a necesitar –él mismo o sus asesores– un centro de atención tecnológica que sirva de apoyo, que es lo que nosotros promovemos.

En definitiva, si vamos a usar un instrumento que es cada vez más complejo, debemos tener presente que ese uso nos va a dar el valor que estamos buscando; precisamente, eso se llama estrategia. En primer lugar, debe existir una estrategia y ver si se puede obtener valor y, en segundo término, tenemos que encontrar los instrumentos adecuados para proteger ese valor.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos al doctor Villamil el informe que nos ha dado y le pedimos que nos deje una copia del material para distribuirlo entre los miembros de la comisión.

(Se retira de sala el doctor José Antonio Villamil).

 (Ingresan a Sala la embajadora Elsa Nury Bauzán y el director de relaciones institucionales de la Cancillería, Diego Pelufo).

–La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado tiene mucho gusto en recibir a la embajadora Elsa Nury Bauzán, quien ha sido propuesta para desempeñar el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de Malasia, y al ministro Diego Pelufo, director de relaciones institucionales de la Cancillería.

                Le cedemos el uso de la palabra para escuchar su propuesta de trabajo.

SEÑORA BAUZÁN.-  En primer lugar quiero saludarlos y agradecerles por recibirme en esta tarde un poco gris, a la vez que les pido disculpas porque estoy con un resfrío repentino.

                Quiero comenzar con una muy breve introducción sobre la embajada de Uruguay en Malasia, que también atiende, en carácter de concurrente, a los reinos de Tailandia y Camboya y al sultanato de Brunéi. Si bien las relaciones diplomáticas con estos cuatro países se establecieron en la década de los setenta y los ochenta, no fue hasta 1994 que Uruguay abrió una embajada en Kuala Lumpur. Por su parte, Malasia acreditó al primer embajador ante la República Oriental del Uruguay, pero concurrente desde Buenos Aires, situación que se mantiene hasta hoy.

                La prioridad central de la política exterior de estos cuatro países es su región inmediata, dado que son miembros de la Asean, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En lo económico-comercial se han posicionado como economías abiertas, orientadas a la exportación, y han firmado acuerdos de libre comercio con importantes países dentro y fuera de la región.

                Antes de referirme a las relaciones políticas y económico-comerciales bilaterales con cada uno de los países, me parece interesante enmarcar el grupo o acuerdo Asean en la zona del mundo a la que pertenece, que está integrado por diez países que muestran cifras –que después voy a comentar– que dan sustento a la importancia de que Uruguay mantenga –o incluso en un futuro aumente– la presencia diplomática en esa región del mundo.

                Uruguay ha mantenido, prácticamente desde el nacimiento a la vida independiente, una postura de inserción internacional que apunta al multilateralismo y a la apertura comercial dejando de manifiesto su clara vocación internacional. Desde allí, y haciendo una lectura geopolítica de la situación actual, vemos como el poder relativo en términos económicos, políticos, comerciales y de inversión tiende a desplazarse del eje tradicional Norteamérica – Europa hacia la región Asia – Pacífico, donde confluyen países con economías de enorme pujanza. Este dato de la realidad es un elemento que no puede pasar inadvertido para todo país que se proponga construir una estrategia moderna de proyección externa. También hemos observado cómo, en la política exterior uruguaya, la dimensión asiática ha comenzado lentamente a revertirse en los últimos años, con la apertura de dos embajadas en países de la Asean: Malasia y Vietnam. Si lo comparamos con otros países de la región veremos que muchos han comprendido la relevancia y el costo de oportunidad de estar presentes en dichas zonas del mundo con representaciones diplomáticas en varios países de la Asean.

                La Asean es uno de los bloques que mantiene los mayores registros de crecimiento económico del mundo. Según datos del Banco Mundial del año 2015 dispone de un mercado de más de 600:000.000 de consumidores, ubicándose detrás de China e India, con un 50 % de la población menor a 30 años. Posee un producto interno bruto de 6,2 billones de dólares, un crecimiento real anual del 4,8 % en promedio y un PBI per cápita de aproximadamente USD 11.000. Además, el 1.º de enero de 2016 esta agrupación se constituyó en la Comunidad Económica de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, un mercado común constituido por 10 miembros en el que circularían libremente bienes, servicios, capitales y mano de obra calificada. De acuerdo a algunos analistas, al dar este paso la Asean se convierte en el proceso de integración regional de carácter económico–comercial más exitoso desde la entrada en vigor del mercado común de la Unión Europea en 1993. La influencia de este grupo económico irá en aumento a partir de la conformación de la Comunidad Económica. Se calcula que para el 2020 la mitad de la población mundial de clase media vivirá en los países en desarrollo de Asia y para el 2030 esa ecuación aumentaría a dos tercios. Entre 2016 y 2020 la tasa de crecimiento promedio de los países de la Asean será de 5,8 % anual, situándose por encima del promedio global, lo que la convertiría en la quinta economía del mundo.

Además, estos países están negociando un acuerdo en forma más amplia. La Asociación Económica Integral Regional, conocida como RCEP, es un tratado de libre comercio que pretende asociar a los diez miembros de la Asean con Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Una vez concluido, incluirá dieciséis países que representarán el 49 % de la población mundial, el 30 % del producto interno bruto mundial, el 29 % del comercio mundial y el 26 % del flujo de inversión extranjera directa.

                Las relaciones de esta agrupación con América Latina están creciendo lentamente. Brasil y Argentina vienen posicionándose como socios comerciales importantes. El relacionamiento con Chile ha crecido en forma lenta, pero sostenida y se ha intensificado a partir del año 2012, momento en que firmaron un TLC de amplio espectro. También están creciendo las relaciones económico comerciales de la Asean a través de la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Perú y Chile.

                Quisiera referirme ahora a las relaciones bilaterales, en primer lugar, con Malasia. Ese país tiene una población de casi 31:000.000 de habitantes. Según el Banco Mundial es un país de ingreso mediano-alto. Es considerado por el PNUD como un país de desarrollo humano alto. El PBI de Malasia se ubica en USD 296:000.000, con un crecimiento promedio anual de 5 % y su PBI per cápita es de casi USD 10.000.

                Pasó de ser un país atrasado, agrario, de baja renta –ello ocurría en la década de los setenta­–, a ser una de las economías de renta media-alta más pujantes de Asia. Se ha insertado en las cadenas de valor que están relacionadas con el uso de la ciencia, la tecnología y la producción de aparatos electrónicos.

                Según cifras del Foro Económico Mundial en 2016 Malasia ocupó el lugar 18 en el ranking de competitividad mundial, así como también en el Doing Business, y el lugar 25 en el Índice de Desempeño Logístico.    

                No quiero detenerme para no extender mi exposición, pero dejo abierto a consultas que deseen formular los señores senadores acerca de cómo está constituida la economía de cada uno de los países y cuáles son los sectores que inciden en este producto bruto interno que acabo de mencionar.

                En cuanto al intercambio comercial entre Uruguay y Malasia, cabe señalar que se ha mantenido relativamente estable entre los años 2013 y 2016 en el entorno de los USD 30:000.000. Las exportaciones uruguayas registran valores que han oscilado en torno a los USD 21:000.000, mientras que las importaciones desde Malasia han presentado una tendencia decreciente, porque desde 2012 hasta 2016 fue de USD 79:000.000 hasta USD 15:000.000. Sin embargo, en lo que va del año 2017 las importaciones desde ese país se han incrementado debido a que Uruguay le está comprando muchos paneles solares; esa es la razón del incremento de las importaciones.

                Entre los productos que Uruguay exporta, en primera línea encontramos cueros y pieles de varios tipos. Estos se destinan tanto a la industria manufacturera de la vestimenta como a la industria automotriz, para ser usados en los tapizados. Paycueros y Zenda son las empresas que exportan cueros a ese país.

                El segundo lugar lo ocupan los granos de soja. El tercero, la celulosa, que en 2016 ascendió a casi USD 3:000.000, lo que representó un 58 % de incremento respecto al año 2015. En menor proporción podemos mencionar el pescado congelado, cítricos, cigarros, cigarrillos –Monte Paz exporta a ese destino–, lácteos y derivados. Es de hacer notar que en el tema tabacos Malasia tiene una posición casi paralela a la de Uruguay en lo  refiere al control en el consumo, pero igual hay gente que fuma. En cuanto a los lácteos y derivados, hemos exportado manteca, pastas lácteas para untar, lactosueros, queso, requesón en menor proporción. También exportamos arroz, madera aserrada. La empresa Bonprole Industrias Lácteas S.A., por ejemplo, exporta queso tipo cheddar para la empresa Burger King de Malasia. A su vez, otras empresas, como Claldy, están haciendo gestiones para lograr habilitaciones sanitarias.

                Quiero referirme en especial a la carne. Lamentablemente, Uruguay no tiene presencia en el mercado cárnico de Malasia, debido a que, por ser un país mayormente musulmán, exigen el rito halal. Es más, a partir del año 2009 extremaron este requisito y exigen que la planta frigorífica de donde se exporte la carne produzca totalmente halal. Entonces, ha habido varias negociaciones, pero por el momento no es rentable para ningún frigorífico uruguayo transformar toda su planta para producir halal.

                ¿Qué importamos de Malasia? Prendas de vestir, caucho vulcanizado, muebles, asientos y sus partes, máquinas y aparatos para imprimir, grasas y aceites vegetales o animales, productos químicos, preparaciones de la industria química y neumáticos nuevos de caucho.

                En 2005 se radicó una inversión malaya de USD 12:000.000 en el Uruguay para producir guantes quirúrgicos descartables de uso médico. En realidad, no sé si la planta sigue abierta; estuve averiguando y, por lo que me decían en la Cámara de Industrias, aparentemente habría cerrado. Dicha planta estaba instalada en la ciudad de Suárez y empleaba alrededor de 200 personas.

                A continuación voy a referirme a Tailandia y después quiero hacer un comentario general para todos los países, porque las exportaciones de Uruguay hacia los cuatro países, en mayor o menor medida, son de estos productos que mencioné antes.

                Tenemos una balanza comercial favorable con Tailandia. Es un país con casi 70:000.000 de habitantes, lo que lo convierte en el vigésimo país más poblado del mundo. Su Producto Bruto Interno es de USD 396:000.000; tiene un crecimiento promedio de 2,8 % y su Producto Interno Bruto per cápita es de casi USD 6.000.  

                Según el Foro Económico Mundial, también ocupa lugares muy importantes en los índices. Concretamente, ocupa el lugar 32 en el Índice de Competitividad Global; según el Banco Mundial, está en el lugar 26 en el índice Doing Business, y en el lugar 35 en el Índice de Desempeño Logístico.

                Puede ser un muy buen mercado para Uruguay para todos los productos que mencioné antes y también para la carne uruguaya, porque allí no rige el requisito del rito halal. Entonces, ese es un mercado interesante, concurrente, en el que se pueden explorar más productos.

                De todos modos, lo que le exportamos a Tailandia no es menor. La balanza comercial con este país nos ha sido favorable y ha oscilado en el entorno de los USD 75:000.000. Uruguay se posicionó entre los primeros diez proveedores de Tailandia en tres de los cuatro principales productos que les exportamos. En el período 2012-2016 la balanza comercial Uruguay-Tailandia se mantuvo favorable para Uruguay, teniendo un superávit en el último año de USD 18:000.000. En 2016 se exportó a Tailandia USD 43:000.000, posicionándose como el destino número 26 de las exportaciones uruguayas. Las exportaciones estuvieron compuestas por productos primarios, como los cueros, que abarcaron el 94 % del total.  La exportación de cueros a Tailandia es importante porque allí están radicadas casi todas o todas las empresas automovilísticas como, por ejemplo, Mercedes Benz, BMW, Audi, empresas japonesas como Toyota y Mitsubishi, y Chevrolet. Puedo decir que, sobre todo, las empresas automotrices alemanas usan cueros uruguayos para los tapizados de sus autos. Como vimos, el cuero fue el primer producto exportado en distintas formas, tanto para manufactura de prendas, como para la industria automotriz.

La tercera partida de exportación fue la lana sin cardar ni peinar, cuyas ventas rondaron los USD 612.000. Si bien el monto no es demasiado importante, es algo  y podemos decir que Uruguay se colocó entre los cinco principales proveedores de Tailandia en la lana, luego de Australia, Malasia y Argentina. Desde zona franca se exportaron a Tailandia USD 8:000.000 de trigo en el año 2015 y USD 800.000 de celulosa; lo exportado a Malasia en celulosa fue mayor. Finalmente, en  tortas y demás residuos de materias grasas Uruguay se ubicó en la posición 13 de los principales proveedores de Tailandia al exportar USD 677.000.

                Otros productos de menor importancia, pero que también se han estado exportando a Tailandia en los últimos años, son los pesqueros, los lácteos y los derivados, las piedras preciosas y semipreciosas, la manufactura de perlas naturales  o cultivadas, madera, algunos productos animales e interiores de animales –que se utilizan en la preparación de alimentos para mascotas–, productos de laboratorios para uso humano y animal y como producto novedoso de exportación, aunque muy menor, lobos marinos amaestrados para parques de diversión.

                ¿Qué le compramos a Tailandia?  Los principales productos son preparaciones y conservas de pescado, vehículos automotores para el transporte de mercancías y polímeros de etileno en formas primarias.

                Respecto a Camboya podemos decir que es un país que recién está saliendo de un pasado muy marcado políticamente por la guerra de Vietnam y que está creciendo a tasas de un 7 % anual, a excepción del año 2008 en que los golpeó la crisis mundial. El crecimiento de su PBI fue superior al de su población. El PBI per cápita es de USD 1.150 dólares, es decir que es pequeño. Este país todavía tiene deficiencias con la mano de obra calificada y cuenta con capacitación técnica muy reducida. Sin embargo, dado su crecimiento, se le exportaron cueros y productos lácteos.

                Con Brunei hemos tenido un comercio muy pequeño, pero siempre ha sido Uruguay el que ha exportado y no le hemos comprado prácticamente nada.

                Quiero referirme muy rápidamente a qué énfasis pondremos en estos cuatro países.

                Desde la embajada en Malasia y con los países de concurrencia, se continuará trabajando a fin de fortalecer las relaciones económicas, políticas y comerciales, dado que se vislumbran áreas de mercado de los productos antes mencionados, que si bien son incipientes, podrían incrementarse en el futuro.

                También se trabajará para identificar otras oportunidades comerciales en productos nuevos de alta calidad, como pueden ser vinos, aceites de oliva o arándanos. Ya se están posicionando muy tímidamente, por ejemplo, algunas bodegas uruguayas, como Colinas de Garzón.

                Asimismo se trabajará con miras a negociar acuerdos de diversa índole que tiendan a mejorar las facilidades al comercio, como, por ejemplo, un posible acuerdo de puertos que promueva la actividad logística del puerto de Montevideo y de las empresas de logística instaladas en Uruguay como centro de distribución para la región de América del Sur.

                También se explorarán posibilidades en áreas sanitarias y fitosanitarias que apunten hacia la reducción o eliminación de barreras no arancelarias, y posibles inversiones en Uruguay, aprovechando las facilidades que brinda el régimen de zonas francas, de puerto y aeropuerto libre, y el régimen de tratamiento de capitales extranjeros que tiene nuestro país, que es muy favorable para propiciar inversiones.

                A su vez, se buscarán las oportunidades para que Uruguay participe en ferias comerciales con dichos países en áreas que puedan ser de interés para nuestro país.

                Podría extenderme mucho más, pero no quiero abusar del tiempo de la comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la señora embajadora por su presentación.

SEÑOR PELUFO.- Quiero agregar que una vez más la Cancillería agradece a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y a la Secretaría por recepcionar el pedido para la eventual aprobación de la venia a nuestros embajadores en el exterior.

(Se retiran de sala la embajadora Elsa Nury Bauzán y el director de relaciones institucionales de la Cancillería, Diego Pelufo).

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la venia para acreditar como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República ante el Gobierno de Malasia, a la señora Elsa Nury Bauzán.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Propongo como miembro informante al señor senador Otheguy.

(Se vota).

                –5 en 6. Afirmativa.

                No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.

(Son las 17:51).