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Carátula

 

SEÑORA PRESIDENTA.-Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:19).

               –Quiero agradecer profundamente la visita del Ministerio del Interior, concretamente, de las señoras directora y subdirectora de la División Políticas de Género, licenciadas July Zabaleta y Cecilia Erhardt, así como del señor subdirector General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, comisario mayor Atilio Rodríguez, del señor oficial principal Carlos Guillama y del subcomisario Alejandro González.

               Reitero que agradecemos profundamente su visita en la tarde de hoy, al tiempo que lamentamos –y pedimos las excusas del caso– el hecho de que la semana pasada haya habido que suspender la sesión porque la señora senadora que había planteado la inquietud por el tema de las personas ausentes no podía concurrir. Tampoco hoy ha podido hacerlo, pero de todos modos, como sabrán, su inquietud fue formulada a través de la  prensa, y también es cierto que aunque ya hemos discutido este tema con anterioridad en la comisión, cualquier información adicional nos viene bien a todos los senadores y senadoras integrantes.

               Seguramente ya saben –por haber leído la versión taquigráfica– que la inquietud en cuestión tiene que ver con las personas ausentes. En realidad, no sabemos si esto se relaciona o tiene algún punto de contacto o articulación con el tema que estamos considerando en la comisión, que es el de la trata y el tráfico humano.

               Sin más trámite, les damos la palabra.

SEÑORA ZABALETA.- Buenas tardes. Muchas gracias por convocarnos nuevamente.

               Siempre es enriquecedor para nosotros venir aquí porque nos ayuda a pensar en algunas cuestiones y en cómo trasmitirlas, así como también en qué cosas a veces olvidamos trasmitir.

               Ante todo, nos gustaría entregar un breve informe que, a nuestro entender, contextualiza un poco la temática de las personas ausentas y su eventual vinculación –o no– con la trata.  

               Si no tienen inconveniente, me gustaría hace un repaso a los efectos, justamente, de contextualizar.

La División Políticas de Género fue creada en el año 2009 y tiene, entre sus principales cometidos, el diseño, el monitoreo y la evaluación de las políticas de seguridad con perspectiva de género. Trabajamos elaborando los procedimientos con los actores directamente vinculados a cada temática, para dar respuestas hacia afuera y hacia adentro, es decir, no solo a la ciudadanía sino también a la propia institución. Los temas que abordamos son: violencia doméstica, trata, tráfico de personas, explotación de personas –hemos tenido un mayor desarrollo en lo que refiere a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes–, y también estamos trabajando con el sistema penitenciario, donde empezamos con una comisión creada a instancias de la División Políticas de Género, en la que contamos con un recurso humano con dedicación completa a esa tarea durante un año y medio. Aquella comisión pasó a ser un departamento que depende directamente de la Dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación. Lo mismo ocurrió en Sanidad Policial; la hoy llamada Dirección Nacional de Asuntos Sociales cuenta con una comisión que trabaja e intenta transversalizar las políticas de salud con perspectiva de género. Y cabe mencionar que desde el año pasado tenemos una nueva organización de los servicios de atención para policías y familiares que se encuentren en situación de violencia doméstica y de género.

               En lo que respecta específicamente a la trata y al tráfico de personas, desde el año 2012 existe en el Ministerio del Interior una comisión intrainstitucional que depende del subsecretario del ministerio, y el año pasado se nos delegó la responsabilidad de llevar adelante las coordinaciones de esa comisión. Para que tengan una idea –no voy a abundar demasiado en esto porque figura en el informe que trajimos–, simplemente digo que de esa comisión surgen los protocolos de trata y tráfico, así como de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En estos días vamos a imprimir material para todos los policías del país, que será entregado a través de las capacitaciones que estamos planificando con Crimen Organizado. Esa comisión ha llevado adelante, no solo los protocolos de actuación policial sino también el plan de acción al que nos comprometemos cada año. Vale destacar, también, la participación activa del Ministerio del Interior en la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas, que está liderada por mujeres.  También participamos en el Conapees –Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia–, liderado por INAU. Todos estos son espacios en los que, aprovechando la presencia  de las instituciones vinculadas directamente a la temática, trabajamos en la prevención, protección, investigación, combate y restitución de derechos.

Asimismo, a través de la Dirección Nacional de Migración participamos de la Junta Nacional de Migración, que es el órgano rector de políticas migratorias. El enfoque con el que queremos trabajar y en el que están depositados los esfuerzos institucionales e interinstitucionales, es que la protección de la víctima es nuestra razón de ser. Se prioriza la seguridad, y esto tiene que demostrarse en el accionar policial, por ejemplo, al entender que no pueden ser obligadas a denunciar las redes, que no debe condicionarse la protección a la realización o no de la denuncia, que hay que ser respetuoso de la intimidad de la víctima, que rige la confidencialidad y que no se puede penar a la víctima por acciones realizadas mientras sufría la trata. Esto lo vemos –y aquí hay mucho por hacer– cuando las víctimas de trata son utilizadas para el narcotráfico.

Los canales de denuncia son múltiples –eso ya se sabe pero igual lo dejamos detallado en el material que trajimos–: puede ser en cualquier unidad policial del país, a través de las denuncias anónimas realizadas al 08005000 o en línea. También nos llegan denuncias de las distintas ONG, tanto nacionales como internacionales, así como de las instituciones correspondientes.

               El registro y la comunicación de datos estadísticos relativos a la trata, al tráfico y a la explotación de personas, constituye una de las principales debilidades que hoy tenemos como país. Ya estamos trabajando para mejorar este aspecto, pero es necesario revisar los procedimientos; es así que estamos llegando a algunos acuerdos, trabajando en conjunto con Crimen Organizado. Estos casos tienen la particularidad de que no eran ingresados al sistema de gestión de información que tenemos en el Ministerio del Interior, por varias razones. En los casos que se ingresan muchas veces se titula con el delito por el que la Justicia dispone el procesamiento; entonces, de pronto algún delito conexo en el marco de la trata puede pasar inadvertido a la hora de cuantificar el problema. Lo mismo ocurría con la violencia doméstica; cuando titulábamos como daño o lesiones personales, eso generaba un subregistro, hasta que construimos herramientas que en la actualidad nos permiten tener una idea más cercana a la realidad del número de denuncias vinculadas a violencia. Este mismo proceso debemos establecer para esta clase de delitos. Además, cuando la Dirección de Crimen Organizado tiene una investigación en curso no va a detallar todo, para que no se filtre la información, pero hay que buscar estrategias para que se pueda cuantificar.

               También se trabaja en los controles migratorios y en los pasos de frontera. La Dirección Nacional de Migración ha estado capacitando gente en la guía de actuación regional. Si bien ya deben tenerla, hemos traído una copia para dejarles.

              

               Otro punto a tocar, sobre el que conversamos en la instancia pasada, es el trabajo sexual. Creemos que vale la pena cuestionar algunas características de este trabajo como lo concibe la Ley n.º 17515 y plantear, por ejemplo, que existe una Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, liderada por el Ministerio de Salud Pública; sin embargo, si bien por ley es concebido como un trabajo, en realidad, según la normativa, el registro de personas trabajadoras sexuales lo lleva adelante el Ministerio del Interior. No estamos de acuerdo con esta disociación; por un lado, se dice que es un trabajo y, por otro, se sigue estigmatizando la actividad al depositar el registro nacional en la órbita del Ministerio del Interior.

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Recordemos que la ley se aprobó con gran debate.

 

SEÑORA ZABALETA.- Exacto. Hablamos de la Ley n.º 17515 y del Decreto Ley n.º 480/2003.          

 

               Como comisión honoraria ya tenemos una propuesta para modificar la Ley de Trabajo Sexual; aún no ha sido presentada, se encuentra en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aunque es el Ministerio de Salud Pública el que completa el proceso correspondiente.

 

               Inicialmente trabajamos en la reforma del Decreto Ley n.º 480/2003, pero después decidimos ampliar un poco más.

 

               Esto no tiene que ver con estar de acuerdo  o no con que se trate de un trabajo –en todo caso, ese es otro debate que tendremos que dar–; simplemente, si la ley establece que se trata de un trabajo, que esté en la órbita del Ministerio del Interior no tiene razón de ser. Además, es bastante esquizofrénico el discurso que le damos a la policía cuando le decimos que es un trabajo pero, a la vez, le pedimos que lo registre…

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Cuando se aprobó la ley se dio un debate muy fuerte porque algunos pensábamos que debía desvincularse totalmente de la órbita del Ministerio del Interior, pero fue imposible, porque no se lograban los votos.

 

SEÑORA MOREIRA.- ¿Quién presentaría esa iniciativa legal?

 

SEÑORA ZABALETA.- Seguramente el Poder Ejecutivo.

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero aclarar que en el momento en que votamos esa ley, allá por 1995 o 1996, no se lo consideraba como un trabajo. Además, había una situación de brutal explotación y una malísima relación de las trabajadoras sexuales con la policía, porque eran sometidas a todo tipo de abuso, extorsiones y demás.

 

SEÑORA ZABALETA.- Y eran también víctimas de trata.

 

SEÑORA PRESIDENTA-. Exactamente. De  modo que  si bien hoy criticamos la ley –en la que, según recuerdo, la entonces senadora Margarita Percovich trabajó intensamente, para su aprobación–, lo cierto es que en aquel entonces fue un paso importante para la regulación. Estoy de acuerdo con que hoy existen otras formas de proceder y hay otros debates –algunos ya los hemos tenido en comisión– como, por ejemplo, el de si se considera a la prostitución como un trabajo o como parte de la violencia. Sin embargo, como se ha dicho aquí, son dos cosas distintas y se trata de otra discusión.

 

SEÑORA ZABALETA.- Personalmente tuve la oportunidad de trabajar en la Dirección Nacional de Policía Técnica, ahora Dirección Nacional de Policía Científica,  que es quien lleva el Registro Nacional del Trabajo Sexual. Trabajé allí antes y después de aprobarse la ley, y realmente creo que la solución que aportó esa normativa fue muy sabia. Hay que tener en cuenta que era una época de transición hacia la no criminalización de las trabajadoras sexuales, y a la vez estaba el miedo de las autoridades de que eso no habilitara o no facilitara la trata. Creemos que eso fue lo mejor que se consiguió. Sin embargo, hoy estamos en otro momento de la historia y apelamos a que esa discusión también se dé.

 

               En el marco de los esfuerzos del Estado para prevenir la trata y otros delitos, en el año 2010 se creó la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Fue a partir de ese momento que lo que antes existía como Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes pasó a integrar esa Dirección.

               Hoy tratamos de seguir fortaleciendo la investigación o, mejor dicho, la accesibilidad en todo el territorio. Tenemos, por un lado, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, que aborda determinados procedimientos, y, por otro, las distintas jefaturas que a través de las direcciones de investigaciones también trabajan en el tema. A su vez, estamos promoviendo que las unidades especializadas en violencia doméstica y de género sepan asimismo detectar y trabajar el tema. Sin embargo, no se ha logrado consolidar una coordinación fuerte y sostenida en el tiempo respecto al trabajo con la dirección de Crimen Organizado. Nuestra postura es que así como en materia de violencia doméstica y de género tenemos lineamientos nacionales que luego son adaptados a la realidad departamental, con Crimen Organizado deberíamos trabajar lo mismo en todos estos delitos para asegurar una respuesta de calidad a toda la ciudadanía. En ese sentido, este año tenemos pensado realizar las capacitaciones sobre los protocolos –que ya mencioné– y también trabajar en la detección de los perfiles para tratar estos casos. Es importante el tema de los perfiles en todas las tareas que hacemos, para asegurarnos una mejor respuesta.

               Para referirse más específicamente a los procedimientos, es decir, a cómo se trabaja en la sección de búsqueda de personas ausentes, en instantes hablarán quienes me acompañan de la dirección de Crimen Organizado. Por nuestra parte, les trajimos una síntesis de algunos datos a fin de presentárselos y, si surgen algunas inquietudes, conversarlas. Allí en el material figura, por ejemplo, una «síntesis de datos sobre ausentes». Al respecto, ayer veíamos una entrevista realizada en el año 2005 al entonces jefe del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, quien decía que entre 2004 y 2005 se había denunciado 1.142 personas como desaparecidas y que 817 todavía figuraban como no ubicadas. Eso representaba, en ese momento, un 72 % de esclarecimiento, por llamarlo de alguna manera. En el gráfico comparativo de denuncias desagregadas por año –que también figura en el material del que disponen los señores senadores– pueden ver el alto porcentaje de denuncias cerradas. Por supuesto que no nos podemos conformar con eso. Sabemos que necesitamos seguir trabajando para que ninguna persona esté en esa situación.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Podría indicar el título de cada una de las columnas del gráfico? En el material que tengo no están claros.

SEÑORA ZABALETA.- Claro. Allí dice: «Año»; «Total de denuncias ingresadas»; «Denuncias cerradas»; «Abiertas» y «En espera de sin efecto». Lo otro es: «Total de mujeres» y «Total de varones». Luego se dice: «Sin datos», respecto a la franja etaria, «Niños y niñas»; «Adolescentes»; «Personas adultas» y «Personas adultas mayores».

               El próximo gráfico refiere a lo que veníamos hablando, es decir, a la cantidad de denuncias cerradas. Hay 427 abiertas y en espera de sin efecto. La expresión «en espera de sin efecto» –sobre lo que luego mis compañeros abundarán– refiere a cuando la investigación policial logró encontrar el paradero de la persona pero el denunciante no fue a dejar sin efecto la denuncia.

               En la desagregación por sexo vemos que hay una prevalencia de varones y, si observamos la franja etaria, advertiremos que, principalmente, nos referimos a adolescentes.

               El último gráfico muestra el porcentaje de casos aclarados. No los pusimos dentro de los cerrados porque tienen que ver con la suma de los casos cerrados y los casos en los que la persona fue ubicada pero la fase administrativa no se cerró.

SEÑOR GUILLAMA.- Buenas tardes.

Agradecemos esta instancia. Es la primera vez que concurro a este ámbito y entiendo que es enriquecedor para todos,  en especial para quien habla.

Como bien dijo la señora Zabaleta, formo parte de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol desde fines de 2011; entonces estaba en el departamento de Vigilancia y ahora en el de Delitos Especiales. Desde setiembre de 2011 hasta el presente estoy encargado de la Sección Registro y Búsqueda de Personas Ausentes.

Quiero hacer la siguiente acotación: los datos que recién se manejaron tienen ya dos semanas. La realidad es que ese total de 794 denuncias ingresadas en 2017, que figura en el informe, a la fecha ascendió a 926. Se ha producido un incremento importante. Observen los señores senadores que en 2012 –el primer año que estuve al frente de la sección– hubo 297 ingresos, y hasta el año pasado –en que tuvimos el mismo personal–, las denuncias –por averiguación de paradero, fuga del hogar y personas ausentes– alcanzaron la cifra de 1700, lo que significa que aumentaron casi un 600 %. Esto viene de la mano, también, de diferentes acciones que hemos tomado en el ámbito policial y de hechos que hemos llevado adelante –me refiero a reuniones de coordinación con la Jefatura de Policía, tanto dentro como fuera de la Policía– para explicar a qué nos referimos cuando hablamos de personas ausentes, cuándo se debe realizar la denuncia y cómo son los tiempos. Estaba el mito de las 24 o 48 horas, pero –lo digo para que quede constancia, aunque creo que lo saben– no existe un tiempo determinado; se realiza la denuncia cuando se constata que la persona está desaparecida, esto es, cuando dejó de ir a sus lugares habituales. Si un familiar o allegado constata esta situación tiene que ir inmediatamente a la institución policial a realizar la denuncia. No es necesario que concurra al Registro y Búsqueda de Personas Ausentes para hacerlo, sino que lo puede ir a cualquier dependencia policial y esta tiene la obligación de tomar la denuncia. Esto hizo que hubiera un aumento bastante grande de denuncias en los últimos tiempos y este año –por cómo se viene dando–  seguramente lleguemos a las 3.000 o, incluso, más. A grandes rasgos esta es la realidad con respecto a las personas ausentes.

               Trabajamos con psicólogas que hacen un trabajo de contención. En realidad, la idea de contar con psicólogas estaba enfocada a hacer un análisis de la persona y el entorno pero, lamentablemente, por el exceso de trabajo que tenemos, no pueden tener esa función. Las utilizamos en la faz administrativa, porque en la realidad no se pueden hacer los trabajos de retrospectiva biográfica –que es un análisis de la vida del ausente y si las posibilidades de ausencia son altas, medias o bajas–  por el tiempo que nos lleva la cantidad de denuncias que llegan constantemente. Acuérdense que nosotros también llevamos el registro nacional. Todas estas gráficas y el trabajo que les presentamos, lo hacemos nosotros.

               Quiero aclarar que esto no significa que estas sean todas las personas desaparecidas del Uruguay, porque nosotros trabajamos con los correos institucionales que nos envían las seccionales donde figura que Fulano de Tal o Mengano de Tal desapareció y vemos si ingresa al marco jurídico de ausentes. Esto no es un «gente que busca gente», como el caso de un tío que quiere cobrar una herencia y recurre a esto para ubicarlo. Nosotros atendemos situaciones de vulnerabilidad de las personas. Por su parte, todos los menores ingresan al protocolo porque entendemos que no tienen la capacidad para tomar la decisión de irse. Aunque tengamos conocimiento de que un menor decida irse, por ejemplo, a la casa de un novio, ingresa directamente al protocolo por el hecho de ser menor de edad.

               ¿Qué pasa cuando se encuentra a una persona? Muchas veces no quiere que se sepa que la encontraron por diferentes situaciones, como de violencia doméstica. Tratamos  de tomar un acta, pero no es obligatorio y hay gente que se niega a hacerlo. Intentamos que quede algún tipo de constancia y, obviamente, siempre se da cuenta al juzgado y hay que ver qué determina el juez. Si es necesario, se establece que se encontró a la persona, pero que no tiene interés de decir dónde está. De esta forma evitamos invadir la privacidad de la persona que realmente se va por otra situación.

SEÑORA ZABALETA.-  Quiero agregar un detalle a lo que decía el señor Guillama. Esa modalidad de los ofensores en violencia doméstica se había empezado a utilizar. Cuando la víctima se retiraba del hogar, el ofensor denunciaba que la persona había desaparecido y decía se llevaban muy bien, etcétera. Empezamos a detectar esa situación y comenzamos a trabajar con la policía para que primero chequearan la información. Como decía el señor Guillama, el aumento del número de las denuncias también tiene que ver con un mejor registro y coordinación. Cuando se denuncia a una persona como ausente, en el sistema puede tener distintas titulaciones, como la de violencia doméstica.  Esto es lo que se está  tratando de hacer desde la dirección para no perder ese tipo de denuncias y poderlas coordinar.

SEÑOR GUILLAMA.-  Hemos trabajado intensamente para mejorar el registro y la parte de investigación. Entendíamos que en un comienzo había fallas. Por ejemplo, se ingresaba a José Rodríguez.  ¿Y quién era José Rodríguez? No figuraba nada. Tenemos un papel en el que figura un tal Juan Pérez, pero dice que desapareció en el barrio Marconi. No hay más información. Antes ingresaban al protocolo solamente porque había un rumor. Entonces, se sumaba al número. Y en muchos de los números que tenemos abiertos en estos casos, por lo menos nosotros, últimamente, hemos constatado 37 de ese tipo. Pedimos que aplicaran un filtro para ver solo los casos registrados desde 2007. Como especializados en esto, entendemos que no ingresaría al protocolo ya que no hay información para ubicar a la persona. Solamente se documentó que Juan Pérez desapareció en tal lado.

               También había denuncias, por ejemplo, de periodistas. Pero luego tratamos de hablar con el periodista y este no nos daba la información, no se sabía quién era la persona y esa carpeta quedó abierta. Podemos presumir que era la persona, sí, Juan Pérez, 37 años, del Marconi. Hay un Juan Pérez de 37 años que ahora tendría tanta edad, en el Marconi. Sí, figura, estuvo procesado en 2012, pero no podemos cerrar el caso porque no tenemos los datos completos. No sabemos exactamente que sea Juan Antonio Pérez Rodríguez, cédula de identidad tal número. Es por eso que hemos tratado de mejorar esos casos.

               Entonces, estamos tratando de que nos manden específicamente algunos datos. Hemos realizado varias capacitaciones en el interior. Hace unos dos años que venimos trabajando con política de género; soy docente en lo que refiere a tráfico de personas. En esas instancias doy charlas para poner en conocimiento a los jefes de las seccionales, de las unidades policiales y de las jefaturas departamentales acerca de la situación de las personas ausentes, y que es necesario que nos envíen la situación.

               A su vez, ahora estamos trabajando en un protocolo que considero adecuado a la realidad que estamos viviendo ahora. No lo hemos terminado aún porque es bastante extenso y estamos analizando algunos aspectos. Para ello solicitamos ciertas cosas, sobre todo los datos completos de la persona, que pidan intervención judicial y lo saquen requerido. Entonces, allí ya queda en el sistema de gestión policial requerido, todos los policías lo saben y, si ocurre algo, salta la alarma. A su vez, ya tiene la comunicación judicial, es decir, hay un juez que está trabajando en esa causa. Si no, después no se da cuenta y luego el juez dice: «Hace un mes que está desaparecido y no me correspondía a mí sino al juez Fulano de Tal». Y tiene razón.

               Además, les pedimos que llenen una ficha técnica, que la hemos mejorado a lo largo del tiempo. Les solicitamos ciertos datos generales –creo que figuran en el material que les entregamos a los señores senadores–, de lo que para nosotros es importante.

               A su vez –y creo que todos los señores senadores lo saben–, en la página web del Ministerio del Interior, en la sección Unicom, figuran las personas ausentes. Allí hay una ficha técnica con la fotografía de la persona. Si hay 112 personas en la página del Ministerio del Interior, ¿por qué figura que hay 436 denuncias abiertas? Esto refiere, por una parte, a estas personas que no sabemos quiénes son y, por otra, a las que no quieren que se divulgue la fotografía. En este sentido, nosotros no podemos divulgar esa fotografía sin la autorización de un familiar o de alguien del entorno, porque la persona pudo haberse ido por propia voluntad y, entonces, nosotros podemos tener problemas. Por tanto, podemos hacerlo solamente si tenemos autorización previa o si el juez lo dispone. Quiere decir que si él solicita que se divulgue la fotografía, lo realizamos. Pero en la otra instancia no, porque no corresponde.

               En cuanto a los números, si analizamos los porcentajes, en el año 2005 se registraba un 72 %. Sin embargo, en la actualidad, con respecto a los casos cerrados de ese año, la cifra es de casi un 96 %.

               Es de hacer notar que todos los casos que se han cerrado y hemos bajado el porcentaje ha sido en este último período. Esa es la realidad. No es por sacarnos cartel ni nada, pero es la realidad.

(Hilaridad).

               –Entendemos que había cosas que no se estaban haciendo, pero que ahora las hemos implementado. Así pues, hemos tenido reuniones de coordinación con prefectura, con el Ministerio de Salud Pública, con diferentes hospitales y con otros lugares, tales como el Instituto Técnico Forense. Si pensamos que solo la Policía, como organismo, puede encontrar a todas las personas ausentes, estamos totalmente equivocados. Este tiene que ser un trabajo de coordinación entre todos los organismos, públicos y privados. Y aprovecho esta instancia también para decir que entiendo que los diferentes organismos deberían tener cierto compromiso con esto. Por ejemplo, en algún caso pudimos constatar que una persona podía ser una de las buscadas pero ya había sido cremada en el cementerio y no teníamos cómo determinarlo. En el caso del ITF, constantemente tenemos que llamar para preguntar si hay algún cuerpo en la morgue. Con prefectura por suerte hemos aceitado más el trabajo, pero últimamente tuvimos un caso en que llamamos a la familia y nos dijeron que la persona había aparecido ya fallecida. Prefectura no nos había avisado, y ya habían pasado dos días. En cuanto al Ministerio de Salud Pública, antes contábamos con los policías del 222 en el hospital. Entonces, los llamábamos y les preguntábamos a ellos, porque si llamábamos a recepción, nos decían que no había ingresado nadie. Hay casos de ancianos con demencia senil que se pierden en la calle y muchas veces un vecino los traslada al hospital, por lo que no figuran en el sistema policial. En estos casos, cuando llamábamos, nos decían que no había ingresado nadie. Por eso decimos que por más que algunos hospitales llaman a la seccional, el sistema no está totalmente aceitado.

               Voy a referirme ahora a los vínculos con la trata.

               Nosotros no hemos detectado directamente algún vínculo de las personas desaparecidas con trata de personas. Sí ha habido algún caso específico, como ya lo hemos hablado, en temas de explotación y de violencia doméstica, dado que los casos de algunos menores que se ausentan están directamente relacionados con situaciones de violencia familiar o de abuso por parte de alguno de los familiares. Estos son temas que, obviamente, también los trabajan las seccionales. Nosotros trabajamos con la parte de crimen organizado. Pero aquí hay dos temas distintos: trata y tráfico. Uno es contra los derechos humanos y el otro es un delito contra los derechos migratorios. Nosotros no hemos logrado detectar personas ausentes relacionadas con hechos de tráfico de personas. Sí hemos trabajado en procedimientos –el comisario González es mi jefe en esta área– que han terminado en procesamientos por tráfico, pero esos casos no estaban relacionados directamente con personas desaparecidas o ausentes.

SEÑORA ZABALETA.- Quiero precisar que cuando se hace referencia a los porcentajes de aclarados, no se quiere decir que esos casos hayan sido aclarados en el año que se menciona.

SEÑOR BORDABERRY.- Quiero hacer una consulta, porque muchas veces cuando uno trata de interpretar la información –y más cuando recién la recibe–, necesita aclaraciones.

               Me llaman mucho la atención las diferencias que hay entre los distintos años. Dejo de lado el 2004, en que figuran 51 personas desaparecidas, porque es el año en que se creó el registro y seguramente la cifra abarca poco tiempo. Pero pasamos de 1211 en 2005 a 295 en 2009. Fíjense que pasamos de 1211 a 295 y a 297 en el año 2012 pero, de pronto, los números empiezan a subir: 1200 en el 2015, 1695 en el 2016, y, por lo que veo, en el 2017 las cifras se van lejísimos, de vuelta para arriba.

               A su vez, si vamos a la columna hombre o mujer vemos que esa relación, que antes era de más hombres que mujeres, año a año, no se da de esa forma. Es más; algunos años fueron bastantes más mujeres que hombres, pese a que la diferencia parece mucho más grande en el total.

Entonces, sin ánimo de criticar porque, obviamente, entiendo que es difícil recopilar la información, no sé si en todos estos años eso se está haciendo con los mismos criterios, porque me llama la atención que pasemos del 2009, con 295, al 2016, con 1695 y al 2005, con 1211. Es decir que me llama la atención que desaparezca mucha más gente –cinco o seis veces más– en el año 2016 que en el 2012. No sé cómo es el tema metodológico ni cómo se llega a esta información.

Estoy mirando esto con ojos críticos, aunque no para nuestros visitantes sino, simplemente, para que me lo expliquen y para aportar. Quédense tranquilos que no los vamos a interpelar por esto por más que nos encanta hacerlo.

(Hilaridad).

               –Consulto solamente para comprender mejor el tema.

También me llama la atención que cuantos más desaparecidos hay, más se emparejan las cifras. Fíjense que en el año 2016 fueron 827 mujeres y 868 hombres y, en el 2017, 395 y 399. Parecería ser que la cifra aumenta cuando también lo  hace la cantidad de mujeres desaparecidas, con lo cual no sé si no hay un tema metodológico en la contabilización de estas cosas.

Repito que soy consciente de todas las dificultades que debe tener esto; lo entiendo porque se puede dar cualquier caso: que alguien desapareció pero, en realidad, fue porque se peleó con los papás o porque se fue con el novio o con la novia o se perdió. Lo que me llama la atención es, simplemente, que exista tanta diferencia.

               Por otro lado, hay un periodista –el señor Chagas– que, en su cuenta de Twitter, informa todos los casos y pone las fotos de un montón de personas desaparecidas. Obviamente que me llama la atención la cantidad de casos que aparecen día a día; algunos son muy notorios, por ejemplo, un muchacho Susaeta, que hace rato que aparece en la prensa.

Después hay un mito popular acerca del que aprovecho para preguntar. Me refiero al mito de que las personas desaparecen porque venden sus órganos, con lo que se crea una alarma pública que termina en rumor. No sé si han visto algo de esto y tampoco si encuadra dentro del trabajo de esta comisión, pero lo pregunto aprovechando la ocasión que se brinda.

SEÑORA MOREIRA.- Quiero aprovechar la intervención del señor senador Bordaberry, primero, haciendo un comentario acerca de lo que él decía.

Uno tendería a pensar que cualquier serie estadística va a tener una base similar y que después tendrá algunos piquitos por año, con tendencia a incrementarse o a decrecer. Una serie estadística de esta naturaleza tendría cierta estabilidad  pero si uno mira estos datos, ve que no la tiene, por lo que entiendo que el señor senador Bordaberry pregunte sobre el tema de los registros. ¿Por qué salta de 200 a 1500? Sacando el 2005, si yo tuviera que trazar una curva habría una tendencia creciente. Entiendo que el registro se ha vuelto más exigente teniendo en cuentas aspectos tales como quién es la parte indagada o imputada en violencia doméstica, cuándo está pendiente de proceso judicial, cuáles denuncias tienen un interés o una finalidad patrimonial. De todos modos, a pesar de que hay mayores exigencias en el registro, igual ha habido un mayor número de casos denunciados. Entonces, la primera pregunta es: ¿hay un mayor número de casos o un mayor número de denuncias? Lo mismo pasa con la violencia doméstica. Nosotros sabemos que hay un mayor número de denuncias porque empezó a comprenderse cuáles son las situaciones de violencia doméstica y se venció más el miedo, lo que no quiere decir necesariamente que haya habido un aumento de los casos. ¿Este aumento se debe a que se registra mejor, se denuncia mejor o hay un aumento en el número de casos?

               En segundo lugar, ¿cuál es la causa de que el mayor número se dé en adolescentes? También sabemos que hay ancianos que se pierden. Entonces, queremos preguntar por los causales, el origen geográfico, –supongo que la mitad se da en Montevideo y la otra mitad en el interior–, si hay mayor ausencia en los departamentos de frontera o hay algún otro tipo de patrón geográfico que valga la pena considerar.

SEÑORA ZABALETA.- En cuanto a la cantidad de denuncias, para clarificar, el sistema de gestión de seguridad pública está operativo, a nivel nacional, a partir de 2012. Previamente, el sistema era utilizado solamente en Montevideo y se fue extendiendo a otros departamentos pero, repito, operativo a nivel nacional –esto es, asegurarnos que en cualquier dependencia, así sea un destacamento, va a estar cargada esa denuncia en esa jefatura–, recién estuvo a partir de 2012.

SEÑOR GUILLAMA.- En cuanto al desglose realizado año a año por el señor senador Bordaberry, entiendo que hay un alta, una baja y después vuelve a subir, como si fuera una ola. El primer y segundo año se tomaron muchas denuncias que venían de antaño, algunas de los ochenta, otras de los noventa, que provocaron un gran incremento. Con relación a la baja y alta que se da entre 2009 y 2010, entiendo que se da porque hubo un cambio de encargado. Posteriormente, a partir de 2011 y 2012 existe una coherencia que está marcada por un aumento significativo. Por esa razón, a partir de ese momento, tomamos ciertas medidas para ingresar al protocolo.

               En cuanto a la fecha en que comienza a tomarse el marco jurídico, puedo decir que está desde el principio de la creación. La forma en que cada uno lo aplique es otro tema. Cuando llegué a ocupar este cargo, había muchos casos que estaban abiertos y en los que se había trabajado solo lo necesario; esa era la realidad. Hemos trabajado en casos, por ejemplo,  como el de Leticia Urrutia, que es del año 2000. Es mucho tiempo y, como decimos: «el tiempo que pasa es la verdad que huye». Por nuestra parte, hemos tratado de dar coherencia al registro desde que empezamos a trabajar, a fines de 2011. Sobre lo que ocurrió hasta ese momento, no puedo hablar, porque se trata de una realidad que no conozco. Sé que se trabajó en un principio como departamento y luego como sección, pero no tengo más información al respecto. Sí he podido observar que la coherencia del registro se sustenta en el marco jurídico, así como en la capacitación del personal policial de modo que, cuando llegue una denuncia, se nos notifique y se nos brinde la información que consideremos necesaria. Asimismo, uno de los requisitos que establecemos es que se trate de una persona ausente, ya que nos han llegado casos que tienen mucho tiempo.

               Por otra parte, el señor senador había consultado sobre el número de personas que veía en la página web. Al respecto, puedo decir que llegamos a tener una entrevista con el periodista mencionado, a quien tratamos de aportarle aquella información que estamos habilitados a dar. Obviamente, ese periodista puede, por sus propios medios, hablar con familiares de personas desaparecidas –que figuran entre las personas ausentes– de las que todavía no tenemos información y divulgar sus fotografías.

               Con respecto a los casos emblemáticos, como el de Juan Ignacio Susaeta, entiendo que hemos realizado adecuadamente el trabajo de investigación aunque, lamentablemente, todavía no hemos dado con el paradero de la persona. Se trata de un expediente muy extenso sobre el que estamos trabajando con un programa de análisis e interconexión de datos, a fin de ver si durante la investigación se filtró algo que no fue posible detectar con el ojo humano.

SEÑOR CARÁMBULA.- Me gustaría saber si con respecto a esos casos emblemáticos, fundamentalmente con aquellos vinculados con adolescentes, han manejado posibles razones para esas desapariciones.

SEÑOR GUILLAMA.- Sí, por supuesto.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

               –En cuanto a las causas, nosotros no hacemos un análisis pormenorizado de la situación de un adolescente. En cuanto al caudal de información, tenemos más de 900 casos desde enero a la fecha; entonces, tratamos de ubicar a la persona para darle algún tipo de contención primaria y luego derivarla a algún centro. También tenemos coordinación con el ministerio, y cuando hay un caso muy complicado se lo comunicamos porque este cuenta con los mecanismos para derivarlos a diferentes centros. Por ejemplo, cuando se trata de una mujer, lo pasamos a Inmujeres y cuando se trata de un adolescente lo hablamos con el INAU.

 

SEÑORA MOREIRA.- Precisando sobre las causas, quisiera saber cuántas de esas ausencias son voluntarias y cuántas corresponden a «vicios de consentimiento».

 

SEÑOR GUILLAMA.- No tengo los datos exactos.

 

SEÑORA ZABALETA.- ¿Y por su experiencia?

 

SEÑOR GUILLAMA.- Se dan varios casos. En el tema de los adolescentes tenemos al que se va de la casa, por ejemplo. A su vez, el tema de las redes sociales es bastante complicado para nosotros. Un adolescente empieza a chatear con alguien que no conoce y puede terminar yendo a algún lugar. También hay menores que tienen varias ausencias y, entonces, sabemos para dónde puede haber ido. En realidad, no me animaría a dar números porque sería arriesgado y, a la vez, poco serio de mi parte.  No podría decir que se da equis porcentaje de situaciones. Habría que hacer un análisis y ver las posibilidades. Ahora bien, por el volumen de trabajo que tenemos, cuando cerramos la carpeta, cerramos y registramos, no hacemos un análisis pormenorizado del hecho en sí. Cuando aparece la denuncia en la seccional se dice, por ejemplo: «apareció la madre con la menor», «se constató que no tiene lesiones», «se dio cuenta», y «entrega», pero nada se dice acerca de con quién estaba la menor, ni cuál fue la situación que se dio. Luego, cuando llamamos a la madre, se nos dice que del tema no quieren hablar; quizás porque puede haber algún problema detrás, no podemos saberlo. Entonces, trabajamos con números, pero algunos datos no figuran. Debería haber otra sección con personal que se encargara de corroborar cada uno de los casos. Por lo que nosotros vemos, los hechos se dan por problemas familiares y más que nada se trata de adolescentes en situación de vulnerabilidad, de marginalidad. Por lo general, se trata de ausentes que ya tienen más de una fuga y algunos cuentan con alguna anotación policial por algún hurto o rapiña.

              

               La otra pregunta tenía que ver con el origen geográfico. En el año 2015 hicimos ese análisis –no lo tengo aquí–,  pero ahora no. Entiendo que de eso se encarga el observatorio del Ministerio del Interior. Al estar en contacto directo con los policías de acá, podemos decir que, por lo menos, el 70 % de los casos se da en Montevideo. Asimismo, hay que tener en cuenta que generalmente hay un tiempo entre el ingreso de la denuncia y la constatación de la ausencia. A su vez, en el  interior todos  se  conocen –por decirlo así– y muchos de estos adolescentes que figuran acá, si de acá se van a Malvín tal vez demoren un día o dos, pero si están en Tacuarembó, por ejemplo –el departamento de donde provengo–, y se van a otro barrio, muy posiblemente el lapso sea más corto, simplemente por una cuestión geográfica, de distancias. Y hay un conocimiento entre los mismos adolescentes. A su vez, la idiosincrasia también es diferente.

 

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Voy a ampliar lo que decía el señor Guillama sobre el origen geográfico. Nosotros, de momento, no llevamos esa estadística, quizás por falta de recursos humanos, pero al quedar registrada esa denuncia              –mediante el sistema de gestión de seguridad pública– sí tenemos la posibilidad de saber cuál es el origen, cuál es el departamento, dónde se tomó, dónde faltó esa persona. Quizás se esté coordinando con la parte del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior y  pueda establecerse perfectamente cuáles son los orígenes, ver de dónde es cada denuncia realizada, tanto en Montevideo como en el interior del país. Se puede acceder fácilmente a esa información mediante el observatorio.

               Simplemente quería decir eso.

SEÑOR GUILLAMA.- También quería hacer hincapié en que este registro es el de personas ausentes que figura en la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. No es el mismo del observatorio del Ministerio del Interior. Esto es lo que ingresa al protocolo, a nuestro marco jurídico. Puede ser que ustedes pidan al observatorio información y refleje otra realidad. Lo que les digo es que esto es lo que nosotros estamos trabajando.

               Lo que se mencionaba de los departamentos de frontera va de la mano del tema tráfico. Justamente, Personas Ausentes depende del mismo departamento, que es el departamento de Delitos Especiales, y la competencia más fuerte que ellos tienen se relaciona con la trata y el tráfico de personas, la explotación sexual de menores, aunque tiene otras competencias más, como extracción de órganos y tráfico de los mismos, algo que hoy mencionaba el senador. Ahora bien, nosotros no hemos podido constatar nada de eso. Hay un mito creado en el sentido de relacionar a las personas ausentes con la extracción y tráfico de órganos. Me imagino que este mito viene de la frontera en relación a los menores que pueden ser sustraídos o llevados a otro lado. Tampoco hemos podido constatar eso. Sí hemos constatado, por ejemplo, el caso que hubo una vez en Rivera  de un menor que conoció a otro menor –o a un mayor, no recuerdo detalles exactos– y se fue a Livramento, pero luego volvió. No pasó más de una situación de ese tipo. Pero no está directamente relacionado con un tema de trata de personas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quisiera constatar si la conclusión a la que llego es acertada, considerando la información que han brindado.

De la situación de personas ausentes, con toda la variación, el aumento de los registros –todo esto que venimos conversando–, su articulación con el tema trata de personas es prácticamente inexistente, según el conocimiento que la delegación tiene. Es decir, no se puede concluir que tenga un vínculo directo y fuerte el tema trata de personas o tráfico humano, con el número de personas ausentes; este último se relaciona con problemas que tienen otras causales y otra articulación, no el de la trata de personas. Es muy importante que eso quede claro.

SEÑORA ZABALETA.- Podríamos reforzar lo dicho, pero a la inversa. Los 98 casos de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes del año 2016, en realidad, no eran personas desaparecidas. Cuando se da la trata, es más bien interna y en el marco de relaciones familiares; diríamos que los tratantes –por llamarlos así– tienen que ver con la familia.

               Insisto: de esos 98 casos ninguno tenía que ver con personas ausentes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Esta información es muy importante para la comisión, habida cuenta de los diferentes mitos que circulan, como el de la prisión y el de la víctima que es encadenada y trasladada.

               Es sabido que debemos presentar ante el plenario un informe sobre el diagnóstico de la situación en el Uruguay. Entonces, es muy importante esclarecer este tema de la sutileza o matiz de lo que es la trata interna, aspecto que nos lo han remarcado varias delegaciones que han concurrido a este ámbito. Recuerdo que el Ministerio del Interior lo había manifestado, así como también los representantes de la Mesa Interinstitucional. En esta oportunidad volvemos a coincidir en el tema de desmontar la fantasía o el estereotipo de las películas y poner los ojos en lo que es la realidad uruguaya, que tiene más que ver con la trata interna y el vínculo familiar, con esa dificultad que existe a veces para percibir lo que puede ser voluntario y lo que puede ser la amenaza para que se caiga en el tema de la trata vinculado a la explotación sexual. Es bien difícil, nada fácil de estereotipar.

               Les agradecemos nuevamente su presencia hoy aquí y quedamos en contacto para esclarecer algún número o para que puedan ayudarnos tal vez un poquito más en lo que hace a la formulación del diagnóstico que debemos presentar al plenario de la cámara.

               Muchas gracias por la colaboración brindada.

               No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 16:27).

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.