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(Ocupa la presidencia ad hoc el señor senador Martínez Huelmo)

SEÑOR PRESIDENTE.-  Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 16:46).

               –La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de la República tiene mucho gusto en recibir al subsecretario de Industria, Energía y Minería, ingeniero Moncecchi, al director del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, economista Ons, como así también a quienes los acompañan: señora Elisa Facet, de la Oficina de Relaciones Internacionales, doctora Marianela Delor, directora nacional de la Propiedad Industrial, ingeniera Sandra Varela, encargada de Patentes y señora Gabriela Espárrago, encargada de Signos Distintivos.

               Lamento que el presidente de la comisión, el señor senador Mieres –a quien excuso–, no pueda estar presente en el día de hoy; de todos modos, el vicepresidente, señor senador Pintado, llegará de un momento a otro.

               Les damos la bienvenida y recordamos que fueron convocados a fin de conocer la opinión del Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre el proyecto de ley por el que se aprueba la adhesión de la república al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y sobre el capítulo 10 «Propiedad Intelectual» del Acuerdo de Libre Comercio con la República de Chile.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Gracias por recibirnos. Como siempre, es un gusto estar aquí para exponer los argumentos por los que estamos impulsando este proyecto de ley.

               Antes de ceder el uso de la palabra a la jefa de Patentes –que es nuestra experta técnica en el tema–, quisiera hacer algunas consideraciones sobre el proyecto de ley que está tratando esta comisión.

               La principal razón, desde la óptica de este ministerio, para impulsar esta iniciativa es el apoyo a la innovación. Está dentro de los objetivos estratégicos de la cartera el apoyo a la investigación y a la innovación como única forma de avanzar hacia la transformación de la matriz productiva. En ese marco entendemos necesario incorporar efectivamente la política de propiedad intelectual dentro de la de innovación, tanto a nivel estratégico como de implementación. En eso estamos a través de varias iniciativas –que  con gusto la directora de Propiedad Industrial puede detallar, si así lo desean– en conjunto con otras instituciones, tales como la Universidad de la República o parte del sistema de transformación productiva y competitividad, como la ANII.

               Vemos la adhesión a este tratado de cooperación como un paso más en ese camino, buscando ayudar a investigadores uruguayos a proteger sus creaciones en mercados regionales o internacionales. Esto se vuelve particularmente importante en áreas donde el tamaño del mercado es un factor importante. Las mayores innovaciones nacionales exitosas en las áreas de tecnología de punta están –y cada vez lo estarán más– orientadas a mercados internacionales.

La participación de Uruguay en este tratado beneficiará al innovador uruguayo mientras que las oficinas no se verán afectadas por su trabajo sino beneficiadas por los documentos internacionales que simplificarán su labor. Este mecanismo facilita, agilita y economiza el acceso de los uruguayos al registro en los demás países miembros del tratado, con la importancia que ello implica para la protección del valor de esta tecnología.

Hoy en día, para patentar en el exterior un uruguayo tiene un plazo máximo de doce meses. Si nuestro país adhiere al PCT tendría dieciocho meses más, los que son valiosísimos para validar la idea u obtener inversiones. De hecho, hoy se dan situaciones muy curiosas como, por ejemplo, que investigadores uruguayos terminan cediendo titularidad para poder acceder a los beneficios del PCT desde otros países sí afiliados, lo que hace que muchos subsidios otorgados a la innovación nacional terminen yendo al exterior en lugar de quedar en los propios investigadores nacionales.

Por otro lado, quisiera aclarar que el proceso de adhesión no implica, en absoluto, pérdida de soberanía ya que las patentes continúan siendo territoriales y, por lo tanto, seguirá siendo necesaria la solicitud y aprobación de la patente por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, tal como ocurre en la actualidad.

Si el señor presidente lo permite, cedería el uso de la palabra a la ingeniera Sandra Varela a fin de que explique con más detalle las características principales de la adhesión y el funcionamiento.

SEÑORA VARELA.- Buenas tardes.

               La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial –unidad ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería– tiene la competencia del registro de marcas y patentes, o sea, de lo que es la propiedad industrial en el Uruguay. A tal efecto contamos con un marco normativo de procedimiento a través de la ley de patentes. Concretamente,  la ley n.º 17164, de 1999, regula todo el procedimiento para la concesión de patentes a nivel nacional. Asimismo, somos parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, desde 1979. Vale recalcar que los estados miembro son  189. Uno de los tratados que administra la OMPI es la Unión de París, de la que Uruguay es estado parte desde 1967, junto con 178 países más.

¿Cuál es la utilidad del marco internacional establecido en el Convenio de la Unión de París? Como bien dijo el señor subsecretario, se dispone de doce meses para tramitar en el exterior una solicitud presentada en el Uruguay. En realidad, las solicitudes tienen un alcance nacional y lo que hace una patente es conceder un monopolio de derechos de exclusión, pero eso lo hace cada Estado. Entonces, si quiero tener protección en el Uruguay debo presentar una solicitud de patente aquí.

(Ocupa la presidencia el señor senador Pintado).

               –Como el sistema de patentes fija una fecha, es imposible presentar múltiples solicitudes a la vez en los distintos países. Por tal motivo, el Convenio de la Unión de París estableció un plazo de doce meses para, manteniendo la fecha de presentación en el Uruguay, poder tramitar la solicitud en el exterior. Es una normativa que actualmente tiene la legislación nacional. Si un solicitante nacional quiere presentar una solicitud en el exterior debe decidir en qué países lo hará, en un plazo máximo de doce meses.

               ¿Cuál es la diferencia que nos otorga el PCT? Es un tratado internacional de cooperación en materia de patentes. Lo que permite y regula es la fase internacional de presentación de solicitudes, pero no implica modificaciones en la legislación nacional ni en los procedimientos de concesión de las solicitudes de patente. ¿De qué manera actúa a nivel internacional? Actualmente, el PCT tiene 152 países miembros que lo han ratificado. Fue creado en 1970 y entró en vigor en 1978. Este tratado ha estado en constante evaluación y crecimiento en cuanto a la adhesión de los países.

¿Cuáles son las ventajas que brinda el PCT? Otorga lo que se llama un procedimiento unificado de presentación de solicitudes de patente. Entonces, presentando una única solicitud de patente tiene efecto en los 152 países miembros. Pero, ¿cuál es el efecto? ¿Se concede un monopolio? No, no es una patente en esos 152 países, sino que se reserva el derecho potencial de ingresar en esos países que integran el tratado por un plazo de hasta treinta meses. La diferencia en este momento es que, para salir a presentar una solicitud, un nacional dispone solo de un plazo máximo de doce meses, y tiene que presentar una solicitud en cada país.

               Al ingresar nosotros en el PCT, presentando una única solicitud, el nacional podría tener la expectativa de estar automáticamente reservando el derecho en esos 152 países.

               ¿Cuál es la ventaja para el nacional? La realidad es que la investigación nacional tiene que estar enfocada hacia el mercado, hacia el mercado exterior. Es de hacer notar que las innovaciones pensadas para un mercado nacional no son una realidad del mundo actual, sino que el mundo está pensando en un mercado globalizado. Lo que permite este sistema es un acceso rápido a la posibilidad de reservar ese derecho, tener una ventana de oportunidad de acceder a inversionistas y negociar contratos de transferencia de tecnología. De la otra manera el investigador nacional se ve en dificultades.

               Como bien dijo el señor subsecretario, en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y, a su vez, en el ministerio, se han creado programas de promoción al patentamiento uruguayo en el exterior. Pero, ¿cuál es la dificultad que tenemos a la hora de presentar una solicitud de patente? La vía de presentación hecha país por país es inviable. Entonces, lo que tratan de hacer los inventores uruguayos es utilizar el sistema PCT, aunque no somos miembros. ¿Y cómo lo utilizan? Lo hacen cambiando la nacionalidad. Por ejemplo, si un inventor tiene nacionalidad de un país miembro –por ejemplo, España o Brasil–, se presenta con esa nacionalidad cuando, en realidad, se trata de una invención nacional. Para poder acceder a este sistema tiene que esgrimir otra nacionalidad o, de repente, hacer una cesión de la titularidad o una transferencia, yendo a una cotitularidad. Eso es lo que hemos visto y es lo que justifica la demanda de los investigadores nacionales para acceder a esta herramienta. Realmente, es una herramienta que suma a las estrategias de este gobierno, que viene llevando adelante una política de fomento hacia el estímulo y protección de la propiedad intelectual para fomentar el desarrollo tecnológico. Lo que se dice es que el sistema de patentes justifica el otorgamiento de los derechos exclusivos como un incentivo. La idea es poder apropiarse por un determinado tiempo, que es lo que conceden las patentes: un monopolio de derechos exclusivos por veinte años, con la contrapartida de divulgar la investigación y generar un desarrollo tecnológico y una evolución de la tecnología. El sistema PCT contribuye a esa evolución.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay consultas en cuanto a este tema, pasamos al capítulo 10 «Propiedad Intelectual» del Acuerdo de Libre Comercio con la República de Chile

               Tiene la palabra la directora nacional de Propiedad Industrial, Marianela Delor.

SEÑORA DELOR.-            Dentro de las competencias de la dirección, aparte de los registros de marcas, de patentes y de indicaciones geográficas, tenemos competencia en materia de asesoramiento y apoyatura a nivel de las negociaciones internacionales que nuestro país lleva a cabo en el ámbito de la propiedad industrial, y también somos coordinadores en el ámbito de propiedad intelectual. Ese fue nuestro rol en la negociación de este tratado, específicamente en el capítulo relativo a la propiedad intelectual. Nosotros estuvimos, como oficina, coordinando y representando no solo al Ministerio de Industria, Energía y Minería, sino también al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, obviamente, a la Cancillería y al Ministerio de Salud Pública, y estuvimos trabajando para acordar el tema del articulado de este capítulo.

               A grandes rasgos, se hizo un trabajo bastante rápido de comparar normativas –que es lo que siempre se comienza haciendo en las negociaciones– para buscar normas dispares. En el tema de derechos de autor existían ciertas incompatibilidades de aplicación normativa; entonces, se decidió dejarlo afuera. Esto también ocurrió en el tema de marcas, y en el caso de las patentes, por un tema de plazos, existían incompatibilidades normativas, por lo que las dos representaciones acordamos sacar ese capítulo. Solo quedó la cláusula, que seguramente los señores senadores han leído, de los mayores esfuerzos en el ámbito de adhesión del tratado de PCT que, como bien dijo la ingeniera Sandra Varela, es un tratado de cooperación marco que existe desde 1970 y no modifica sustancialmente la soberanía ni las disposiciones sobre el otorgamiento de patentes en el Uruguay. En el mapa que los señores senadores pueden apreciar figuran en azul los países que están dentro del PCT. Están quedando algunos pequeños Estados de África y de Asia que no están dentro del sistema de patentes.

               En cuanto a las indicaciones geográficas, es un tema delicado, de debate, que tiene mucha incidencia en la inserción comercial de los dos países. Aquí se acordó que luego de aprobado el tratado se generase, en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería, una comisión de seguimiento con representación de los dos Estados para el análisis de todas las indicaciones geográficas. En el caso de Uruguay, como se puede apreciar en el anexo, la mayoría son de vinos, pero también se van a considerar las futuras que se puedan llegar a tener. Nosotros llevamos el registro de las indicaciones geográficas e Inavi lleva el de vinos.

               A grandes rasgos, estos son los aspectos que, en materia de propiedad intelectual, se manejaron en el tratado con Chile.

SEÑOR PRESIDENTE.- Concluimos que de parte del Ministerio no hay objeciones para los dos proyectos aquí mencionados. Por el contrario, hay interés en que se aprueben, tanto la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes como el capítulo sobre propiedad intelectual del Acuerdo de Libre Comercio con la República de Chile. De manera que agradecemos a la delegación por la información que nos ha proporcionado.

(Se retiran de sala las delegaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad).

–Quiero informarles que el jueves próximo va a concurrir, a solicitud de la señora senadora Moreira, el doctor Villamil, encargado del derecho de propiedad intelectual del Ministerio de Educación y Cultura, para referirse al capítulo 10 «Propiedad intelectual» del Acuerdo de Libre Comercio con la República de Chile.

               Asimismo, solicitó audiencia la Asociación de Laboratorios Nacionales, cuyos representantes van a ser recibidos para referirse al proyecto de ley por el que se aprueba la Adhesión de la República al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

               Les adelanto que no van a contar con mi presencia; va a venir mi suplente, que no va a ser el señor Baráibar, sino que va a debutar como senadora María Sara Ribeiro, esposa de Baráibar, quien hasta el momento no ha asumido como senadora durante esta legislatura.

(Se suspende momentáneamente la versión taquigráfica).

               –No habiendo otros asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 17:08).

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.