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Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierto el acto.

(Son las 15:09).

                –La Comisión Especial sobre la Trata de Personas agradece la presencia de la delegación de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas. Creo que ha concurrido casi la totalidad de la mesa, lo cual para nosotros es una alegría. Como recordarán, esta comisión inició su labor con una primera ronda de entrevistas, inclusoG nos reunimos con diversas ONG que trabajan sobre este tema porque el objetivo trazado por el Senado, en primer lugar, era tener un paneo general sobre la situación existente en esta materia. En segundo término, la idea era avanzar en la parte legislativa. Como hemos finalizado la etapa de entrevistas, conocimiento del diagnóstico –mucho de lo cual agradecemos a varios de los participantes que integran la mesa interinstitucional, por diversas entrevistas personales que hemos mantenido y por el material que nos acercaron– y antes de entrar en la etapa legislativa, queríamos tener dos últimas entrevistas. Una de ellas fue con el Ministerio del Interior, de manera de hacernos cargo de las actuaciones y acciones que había llevado adelante. Y la otra entrevista que tenemos planeada es con la mesa interinstitucional. El objetivo de la charla de hoy, que la podemos prorrogar si así lo entendemos, es para que nos den la última visión del proyecto. Hace un tiempo la mesa produjo el anteproyecto, al cual se dio entrada en el Poder Legislativo con la firma de los integrantes de todos los partidos, pero ustedes han seguido trabajando en el tema, han seguido viendo realidades y, a lo mejor, tienen alguna nueva sugerencia que tenga que ver con el trámite o con el anteproyecto en sí, con la norma.

                La idea, entonces, es la siguiente. Hay muy buena disposición de la comisión para comenzar rápidamente a procesar la aprobación del texto, pero nos pareció pertinente volver a conversar con ustedes, que fueron los redactores iniciales, de forma tal de ver si existe alguna nueva sugerencia, si se produjo algún cambio, algún obstáculo o una recomendación que sientan que es necesario tener en cuenta.

                Para empezar, dejamos en uso de la palabra a la asistente social Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Mides.

SEÑORA MAZZOTTI.- Es un gusto para la Mesa Insterinstitucional de Prevención y Combate de la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual y Laboral ser recibidos por esta comisión, tener este ámbito de intercambio y, seguramente, profundizarlo, tal como lo indicaba la señora presidenta.

                Agradecemos mucho la invitación en términos de Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual porque, efectivamente, lo que encontramos es que en Uruguay, desde hace ya quizá más de una década, distintos organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil empezaron a actuar con relación a una problemática que continúa siendo bastante invisible hasta hoy día y que constituye una violación de los derechos humanos. Es decir, son problemáticas que viven uruguayas y uruguayos en el propio Uruguay, uruguayas y uruguayos fuera de fronteras y, también, personas de otros países que la viven aquí en nuestro país.

                Nos parece bien importante la convocatoria en tanto mesa, porque hay veces en que uno piensa que estos ámbitos de coordinación interinstitucional parecen ser más cuestiones de tipo burocrático o formal. El caso del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual, de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, y de la mesa interinstitucional, es otro de los ámbitos que preside el Instituto Nacional de las Mujeres. Podemos decir que tiene una producción activa, un compromiso real de ir construyendo una política pública interinstitucional. Frente a problemas complejos, la respuesta tiene que ser compleja, nos embarca a diversas instituciones del aparato del Estado y a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, quiero destacar el compromiso de los distintos ministerios que integran la mesa y de las organizaciones de la sociedad civil porque hemos avanzado en aspectos que son sustantivos para encarar una política pública más de fondo. Al respecto, desde hace unos cuantos años, la mesa avanzó en un primer diagnóstico regional, en ponerse de acuerdo en qué significa la política pública, en cubrir los primeros servicios de atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y, desde el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, también toda la problemática de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual. En ese marco, la acción y el pensamiento dieron frutos en la elaboración de estos insumos para una ley integral.

                Creemos que el Uruguay tiene un atraso a nivel normativo y, entonces, como un gran respaldo a la acción del ejecutivo, hemos tratado de que el Parlamento, concretamente el Senado, formara esta comisión especial. Trabajamos un documento de insumos que todavía no elevamos al Consejo de Ministros porque estamos terminando de ajustar algunos términos de lo que seguramente les sea enviado formalmente, a través del Poder Ejecutivo, como anteproyecto de ley.

                Fundamentalmente hay algunas cuestiones que pueden llegar a tener implicancias desde el punto de vista presupuestal, lo cual requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, y esos son los aspectos que estamos estudiando de manera específica. Quiere decir que los capítulos más generales de este documento de insumos recogen ya un acuerdo interinstitucional a nivel del aparato del Estado y de la sociedad civil en todo lo que hace a los elementos más de fondo de lo que podría llegar a ser un proyecto de ley.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ya lo es, porque está firmado por todos.

SEÑORA MAZZOTTI.- Ahí está.

                Quiere decir que todo el aspecto que pensamos que debe tener rango legal de interinstitucionalidad compleja, que se está proponiendo que lo presida el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Desarrollo Social con la participación de un conjunto de ministerios y representación de la sociedad civil, es un sistema interinstitucional de repuesta. Decimos esto porque implica una respuesta compleja donde hay varios organismos implicados –del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación–, siendo específicas a la trata internacional, el acceso a la Justicia y normas penales. Diríamos que este esqueleto que estaba en este documento de insumos para un anteproyecto de ley, ha sido refrendado por los distintos ministerios y estamos en condiciones de decir que no va a sufrir modificaciones. Sin embargo, hay algunos aspectos que requieren iniciativa del Poder Ejecutivo  –que estamos terminando de estudiar– que están muy vinculados a todo lo que tiene que ver con la reparación, por lo que, seguramente, en breve vendrá una versión aprobada por el Consejo de Ministros.

                Este anteproyecto contó con una participación muy activa de todos los organismos integrantes de la mesa que hoy están presentes y me gustaría señalarlo porque el compromiso es muy alto y su presencia en este ámbito lo demuestra. Está presente la representante del Ministerio del Interior, Cecilia Erhardt, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Silvana Lesca –este ministerio tuvo un papel importante para que este producto concreto fuera avanzando y pudiéramos presentarlo el año pasado en ocasión del Día Mundial contra la Trata–, así como los delegados de los ministerios de Defensa Nacional, Educación y Cultura, de Transporte y Obras Públicas, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública, de Turismo, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del Poder Judicial, del Instituto Uruguay de la Familia y de la Fiscalía. También queremos señalar que participa la Bancada Bicameral Femenina que también ha hecho sus aportes y representantes de organizaciones de la sociedad civil que han estado en contacto con la comisión, como El Paso y Casa Abierta.

                Hoy también presentamos algo que sé que la comisión ha trabajado, pero nos parece que es importante resaltarlo. La mesa interinstitucional todos los años hace una memoria anual de sus actuaciones. Nos parece importante que la comisión tome contacto con las diferentes actividades, tareas y servicios que ha llevado adelante y, además, queremos contarles que a raíz de la síntesis y logros que se evaluaron, paralelamente a que se discuta un proyecto de ley para la prevención y combate de la trata de personas, también nos parecía que la mesa interinstitucional debía elaborar un plan de acción para dar formalidad a las actuaciones que estamos llevando adelante. Este año tenemos el cometido de elaborar un plan de acción para la prevención y el combate de la trata de personas.

                Con respecto al proyecto de ley ya tienen todos sus capítulos y nos parece importante señalar que cada uno de ellos es lo que permite decir que es integral. Por un lado marca la ruta de la política pública, un marco conceptual sobre qué es la trata y las distintas dimensiones y expresiones que esta violación de los derechos humanos puede tener. Pensamos a veces en un formato específico y en la ley se describen las distintas formas que pueden adquirir la trata y la explotación de personas. Es importante que quede por ley porque orienta luego a los distintos servicios y ministerios sobre qué tipo de servicios y acciones tienen que encarar para tratar cada una de estas manifestaciones de trata. De la misma manera, orienta sobre cuáles son los derechos de la víctima de la trata. Propende a la defensa, la identidad y la integridad y, a su vez, que el caso pueda ser judicializado. Este punto que está plasmado en la ley es muy delicado y, de hecho, se ha discutido mucho. Al igual que la ley integral de violencia basada en género, crea directrices para la actuación de los diferentes organismos públicos. La ley ratificaría cuáles son las competencias y los compromisos que los distintos organismos públicos tienen que asumir en términos generales y específicos para intervenir ante una urgencia, A continuación le voy a dar la palabra a dos integrantes de la mesa para que describan las situaciones que llegan a los servicios y requieren una rápida actuación. Nosotros debemos tener servicios permanentes con dispositivos de emergencia. Eso fue algo que se estuvo discutiendo bastante y en la medida en que esté ratificado por ley nos va a permitir dar una estabilidad importante a esta respuesta de emergencia y respaldo a la víctima para que acceda a la Justicia. A su vez, se necesitan normas penales porque en nuestro Código Penal no está claras.

                Si la señora presidenta lo permite, me gustaría que la licenciada Daniela Sena, integrante del Instituto Nacional de las Mujeres y responsable del área de trata del instituto hiciera una pequeña reseña de lo que realizamos desde el servicio, donde se sensibiliza, se capacita y se atiende a mujeres víctimas de la trata de personas. También me gustaría que el señor Luis Purtscher, encargado de Conapees de INAU, interviniera porque tiene una realidad muy enriquecedora para contarnos con respecto a la problemática que está viviendo el Uruguay con relación a los niños y adolescentes.

SEÑORA SENA.- En primer lugar, no hay que perder de vista que la trata de personas es un fenómeno directamente relacionado con los flujos migratorios tanto en la trata internacional como en la interna.

Como muy bien decía la señora Mazzotti se nos presenta un desafío muy concreto en lo que tiene que ver con las intervenciones en la calidad de las respuestas y en todo lo que implica una respuesta integral y oportuna para las víctimas de trata. En el caso del servicio especializado en la atención a mujeres en situación de trata y con fines de explotación sexual, este recorte refiere inicialmente a lo que era la realidad del Uruguay cuando surgió este dispositivo. Hoy sabemos que nuestro país es un lugar de origen, tránsito y destino y que no solo estamos hablando de la trata sexual sino de otras formas que, como decía la señora Mazzotti, se intentarán recoger en este sistema interinstitucional de respuesta, con todos los desafíos que eso implica. Actualmente, el servicio se destina a mujeres adultas en situación de trata con fines de explotación sexual, que reciben atención psicosocial y legal. Todo eso abarca un montón de momentos en la intervención. En algunos casos, cuando hablamos de trata internacional incluimos lo que llamamos «retornos asistidos», lo que quiere decir que puede haber una uruguaya –que es el perfil que estamos más acostumbrados a recibir– en España o Italia que es detectada por alguna organización de la sociedad civil o alguna otra institución de ese Estado, se contacta a las autoridades uruguayas y se pone en marcha un dispositivo para que esa mujer regrese si así lo desea, aunque en general en los países del norte que vuelva es la única posibilidad, pero nosotros tenemos otra política. En general, se trata de brindar un primer alojamiento, una respuesta inmediata –como decía la señora Mazzotti– y muchas veces, en el caso de uruguayas que están en el exterior, implica la coordinación interinstitucional con la sociedad civil para encontrarles alojamiento, comida y vestimenta. A partir de allí, una vez que se da el retorno y si la mujer lo desea  –aspecto sobre el que insistiré bastante porque la voluntariedad de las personas en situación de trata es un elemento clave para pensar cada una de las respuestas–, se continúa la atención en el país que implica, además, la posibilidad de que pueda judicializar el caso o no. Quizá la señora Alicia Ghione pueda luego profundizar sobre este aspecto pero, hasta ahora, la judicialización no es necesaria para recibir la atención integral, elemento este que nos diferencia también con otros países. O sea que son dos canales por separado: se informa a la mujer de su derecho de judicializar la situación pero no es obligación para que ella pueda recibir todo el resto de la atención. Como decía, se le informa sobre sus derechos y, en caso de necesitarlo, se le realiza el patrocinio en juicio.

                Por otro lado está el caso de mujeres extranjeras que son detectadas en nuestro país mediante las diversas formas de trata –en lo que refiere al servicio, de trata sexual–, a quienes se les ofrece también la posibilidad, si así lo desean, del retorno a su país de origen. Actualmente, tenemos un cúmulo muy importante de mujeres dominicanas, que hace al 90 % de las mujeres atendidas por nuestro servicio. En esos casos, si la mujer así lo decide, se hace un acompañamiento para ese retorno asistido; se coordina con instituciones y organizaciones sociales de República Dominicana y se concreta el retorno. En caso de que las mujeres elijan quedarse en nuestro país –son la mayoría– se sigue con el resto de la atención que, como dije, consiste en informarle sobre sus derechos y, en algunos casos, implica un alojamiento alternativo, valorando el riesgo de la situación –aspecto que nos enfrenta al desafío de los alojamientos específicos– que siempre es particular. También se valoran interinstitucionalmente aquellos casos en los que la situación ya estaba judicializada o los que se producen a partir de una operación policial y allí se encuentran las víctimas.

                Algunas situaciones de trata interna muchas veces quedan aún más invisibilizadas que la trata internacional ya que, en el mejor de los casos, las vemos bajo la forma de situaciones de explotación sexual y nada más, sobre todo, en niños, niñas y adolescentes. Ahí se registra un corte en lo generacional en donde, muchas veces, la trata interna es la antesala de situaciones de trata internacional: hay flujos de algunas rutas detectadas –en general, podríamos hablar de los departamentos de frontera– donde las jóvenes son captadas –recordemos que los elementos clave de la trata son la captación, la movilización y la explotación–, se produce una movilización que, como dije, en principio es interna –puede ser a lugares productivos o turísticos como Punta del Este como una posible ruta de salida– y después de allí son trasladadas para la trata internacional. No podemos pensar en estos dos fenómenos por separado porque están intrínsecamente relacionados con las situaciones en concreto por más que no siempre lo visibilizamos de esa manera.

SEÑOR PURTSCHER.- Voy a continuar con la exposición que venían realizando las compañeras.

                Me parece que hemos visualizado una dinámica muy profunda y un problema que tiene que ver con el mundo, con la región, con el país y con las regiones del país.

                Cuando comenzamos a mirar la existencia de situaciones de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, nos encontramos que muchas veces era negada por las propias comunidades y por los propios actores.

                Hemos transitado casi más de diez años intentando poner el tema en agenda y creo que estas reuniones son la materialización de ello, lo cual consideramos de suma importancia, sobre todo, porque en los contenidos de la ley aparecen, no al pasar sino con una referencia explícita, situaciones que tienen que ver con el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que han pasado por una situación de explotación. Lo mismo podemos decir con respecto a los vivenciantes de trata.

                En el caso de las niñas, niños y adolescentes, hoy tenemos registrados 333 casos, mientras que entre 2007 y 2010 se habían identificado solo 20. En base a un trabajo de mirar más y mejor por parte de distintos actores y de las comunidades, hoy tenemos estos niveles de identificación, que constituyen un segmento de la lucha para combatir este problema. Creemos que ahora el tema se está visualizando, aunque falta mucho por hacer.

Como decía al principio, en el año 2016 están registrados 333 casos; se identificaron 20 casos entre 2007 y 2009; 21 en 2010; 40 en 2011; 52 en 2012; 65 en 2013; 120 en 2014 y 200 en 2015. Este ha sido el recorrido que ha tenido este tema que, como sabemos, es multicausal, con causas que están adentro y afuera de nuestros mecanismos: vivimos en un sistema globalizado, machista, patriarcal, con un lenguaje que justifica de alguna manera las situaciones de explotación.

También quiero referirme a un tema muy importante que ya se mencionó y que tiene que ver con la trata interna. No hemos encontrado una prevalencia de niños y adolescentes extranjeros en situaciones de trata interna. La trata interna tiene expresión nacional.

Por otro lado, cuando uno toma contacto con las personas que han vivenciado la explotación, percibe que las adolescentes –aunque también hay varones– , a medida que son más grandes, son llevadas a distintos lugares, primero dentro del mismo departamento, luego fuera de él y también hay casos en que se las lleva al exterior. Tenemos identificadas rutas y la georreferencia de distintos casos. En el litoral, las fronteras secas son espacios permanentes que se utilizan para este traslado que, a veces, es compulsivo, y, otras, se realiza bajo la forma de engaño o de seducción, lo que se ve permanentemente. Este tipo de hechos problematiza cuestiones irrelevantes en el caso de niños y adolescentes como es el tema del consentimiento. En todo caso, consentir es sentir con el otro; no solo se trata de aceptar. Nada más lejos en la explotación que sentir con el otro. De todos modos, puede haber casos en que exista engaño, simulación de un afecto o un afecto que la víctima cree que es real, en virtud de sus vulnerabilidades. Recuerdo haber oído que desde el momento en que señalamos a la víctima tenemos que decir inmediatamente que son formas de la dominación encarnada.

Entonces, la dimensión de este problema abarca los ámbitos económico, cultural, social y político. Por lo tanto, si bien estas instancias en las que podemos mejorar la normativa de por sí no erradican el problema, pueden permitirnos establecer un vínculo entre aquellas instituciones que tenemos que proteger y quienes están padeciendo una situación de explotación. Es un deber que tenemos como Estado.

Por lo tanto, me complazco de que existan estas instancias, y quedamos a la orden de los señores senadores para poder profundizar en estos aspectos cuando lo consideren necesario.

SEÑORA MAZZOTTI.- Como ven, importa destacar la problemática de la trata interna, que comienza con niños y adolescentes y continúa con mujeres jóvenes. Hemos tenido –obviamente, es muy importante que esto quede en el ámbito de la confidencialidad– acompañamiento y atención a jóvenes mujeres que realmente están sufriendo situaciones muy graves –algunas gravísimas– que se dan en este marco de vulneración de derechos, y esto tiene un efecto de continuidad en la vida que hace que el proceso de salida deba ser integral. En estas situaciones hay daño emocional, hay faltas de referencias, entonces, la actuación debe ser muy completa y resultar de un gran compromiso del Estado.

                Quiero subrayar lo que dijo el licenciado Luis Purtscher en el sentido de que muchas veces esto está vinculado a la necesidad de acompañamientos que tenemos que generar en el entorno de la infancia y adolescencia porque muchas veces, no es a través de la violencia, sino del engaño, de la seducción y de la venta de sueños que estos adolescentes y jóvenes pueden embarcarse en estos temas.

                Antes de que haga uso de la palabra la representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –porque el aspecto de la trata laboral también es un problema en nuestro país– quería señalar que desde el Instituto de las Mujeres y también desde el Ministerio del Interior junto con la Fiscalía estamos trabajando de manera articulada a nivel de todas las oficinas y dispositivos institucionales, en la capacitación del funcionariado público para que pueda visibilizar cuándo algún niño, joven o adolescente está en esta situación de captación; la idea es que el funcionario tenga esa sensibilidad para, de alguna manera, prestar un apoyo. Estamos trabajando en nuestras oficinas en coordinación con nuestro servicio de trata, Ministerio del Interior y Fiscalía en todo el país. El tema de la sensibilización y capacitación hace a la política pública y es algo que está previsto.

                Ahora sí, señora presidenta, para referirse a este tema corresponde que haga uso de la palabra la licenciada Andrea Zaugg, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes, brevemente, quiero señalar que la trata laboral no está tan tenida en cuenta; en general, se piensa en la trata con fines de explotación sexual y se ignora, se niega, se desconoce o se invisibiliza este otro problema, que es muy fuerte y que también requiere de un marco normativo.

SEÑORA ZAUGG.- Por nuestra parte, hemos recibido denuncias de población que llamamos vulnerable, en la trata laboral, por diferentes vías: en nuestra oficina de denuncias del Ministerio, de la Inspección General del Trabajo, por medio del sindicato, en general, del sindicato de trabajadoras domésticas –en el caso de las mujeres allí está la población vulnerable en lo que respecta a la trata laboral, mientras que en el de los hombres, la población vulnerable la hemos encontrado en la construcción–, y también a través del servicio de atención del Mides – en coordinación con las compañeras que allí trabajan– han ingresado –por decirlo de alguna manera– situaciones que se investigaron como de posibles personas vulnerables a la trata.

                En cuanto a las situaciones de retención de documentación, etcétera, ha habido casos públicos que los señores senadores conocen, sobre todo, el de 2012, y este año hubo otro caso. Por supuesto que se hicieron las denuncias correspondientes.

                En lo que respecta a la atención y coordinación, me gustaría decir que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la oficina de denuncias de la Inspección General del Trabajo cuentan con una guía de actuación donde nuestros funcionarios están capacitados para poder asesor en sus derechos. También, en el caso del trabajo doméstico sin retiro, cuando nacionales o de otros países tienen algún problema, son despedidas y hay algo que nosotros, la Inspección General del Trabajo, debe investigar, se coordina con el servicio de atención para que tengan donde dormir esa noche. Creemos que desde hace tiempo tenemos una buena coordinación en ese sentido.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quisiera saber cuál es el origen de la mayoría de estas trabajadoras que están en situación de vulnerabilidad; me refiero al país.

SEÑORA ZAUGG.- Últimamente, la gran mayoría de las mujeres son dominicanas y los hombres son colombianos, venezolanos y paraguayos.

                Me interesa comentarles que tenemos un manual o guía de actuación y capacitamos a nuestros funcionarios para esto. También es importante decir que en este momento, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se está organizando una unidad de migración laboral, que abarcará todo lo relativo a la trata de personas. Si bien no todas las situaciones de los migrantes laborales tienen que ver con la trata de personas, consideramos que esa es la población más vulnerable y por eso estamos organizado esta unidad de migración, como forma de abarcar el tema en forma integral. Hoy estamos recibiendo consultas de todo tipo –como las que nos hacen los trabajadores de nuestro país– y muchas veces es necesario saber coordinar y dirigir a las personas a otras instituciones. Por lo tanto, entendemos que nos hace falta la creación de esa unidad de migración laboral.

SEÑORA AVIAGA.- Agradecemos la presencia de esta delegación puesto que entendemos que este es un tema muy importante.

                Me gustaría saber qué tipo de interacción tienen con el Ministerio del Interior. ¿Trabajan con denuncias o con casos que les traslada esta Cartera?

SEÑORA MAZZOTTI.- Como decía al inicio, la actuación implica una coordinación interinstitucional en forma permanente. Tanto para los casos de explotación sexual como laboral, se identifica inmediatamente la situación, que puede llegar por denuncia de un particular o por derivación de alguna institución. En esos casos, inmediatamente se activa la red y se trabaja en forma coordinada entre la Inspección General de Trabajo, el INAU o el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Fiscalía. Quiere decir que hay una articulación permanente porque tenemos la cuestión de la protección y la del delito. Por lo tanto, se debe dar una atención urgente y simultánea, respetando los derechos de los niños y los adolescentes y, también, de las mujeres y varones mayores. Además, hay que tener cuidado con qué pasa con la denuncia, con la confidencialidad y con la seguridad de esas personas que son víctimas. En general, actúa el área de crimen organizado, que se encuentra dentro del Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Fiscalía. Hoy nos acompaña la señora fiscal que, además, integra la Mesa, por lo que seguramente ella podrá complementar mi respuesta.

SEÑORA GHIONE.- Como bien se dijo, estamos ante un delito complejo, que debe ser abordado organizadamente entre varias instituciones.

Las denuncias pueden venir por una víctima que se acerca a algún servicio, por una tercera persona o por una investigación proactiva ya iniciada. Este tipo de delitos se investigan de forma reservada pero activa, no como un hurto que se investiga después de que se cometió, en este caso es al revés. Asimismo, el requerimiento de la atención del servicio puede venir de una investigación que está por explotar –por decirlo así– donde se prevé que puede haber cierta cantidad de víctimas, es decir que puede venir de distintos lugares.

SEÑORA AVIAGA.- Quisiera saber si han detectado problemas con trabajadores de alguna empresa tercerizada de la construcción, que brinda servicios al Estado, que pudieran estar en esta situación.

SEÑORA ZAUGG.- No tenemos ningún caso.

SEÑORA AVIAGA.- Lo pregunto porque mencionó el tema de la construcción, entonces, pensé que podría haber algún caso.

SEÑORA ZAUGG.- No hemos tenido casos en empresas que prestan servicios al Estado.

SEÑORA AVIAGA.- ¿En qué área del trabajo de la construcción han encontrado trabajadores en esa situación?

SEÑORA ZAUGG.- En la construcción privada.

SEÑORA MAZZOTTI.- En el informe nos queda pendiente –y nos parece importante– enmarcar este proceso que estamos impulsando con respecto a los compromisos internacionales. Para ello, cedo el uso de la palabra a la señora Lesca.

SEÑORA LESCA.- Buenas tardes. Voy a ser muy breve.

                Más allá de las obligaciones del Estado de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, consideramos que este proyecto de ley es muy importante por el compromiso internacional que asume el país al haber ratificado el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar las tratas de personas, más conocido como Protocolo de Palermo, así como todos los compromisos asumidos a nivel de derechos humanos como la convención interamericana o de Naciones Unidas.

Es importante recalcar que todo lo que haga Uruguay generalmente es informado al mundo a través de distintos informes que existen y después se comparten a nivel internacional dentro del marco de la cooperación que también está reflejado en uno de los capítulos de cooperación internacional. Se comparten buenas prácticas y se reciben recomendaciones desde Naciones Unidas, por lo que también es importante poder avanzar en esto. Además, uno de los temas de la próxima asamblea general va a ser, justamente, la trata de personas. En setiembre de este año está prevista una reunión de alto nivel y sería muy bueno que Uruguay diera una señal de que está trabajando en el tema.

SEÑOR MORANDEIRA.- Buenas tardes. Junto con la doctora Teresita Llavata, soy uno de los responsables del tema de la prevención en el ministerio.

Les voy a dejar material para todos, pero quería destacar el importante trabajo que desde el año 2004 a la fecha han llevado adelante el INAU y los ministerios, tanto el de Relaciones Exteriores como el de Desarrollo Social. Además, quiero ratificar lo que dijo el licenciado Purtscher en cuanto a los casos que tenemos ahora, que se van haciendo un poco más visibles.

Me interesa aportar cuánto nos ayudó en el Ministerio de Turismo la existencia de una legislación adecuada. ¿Qué queremos decir con legislación adecuada? Tenemos el Decreto n.º 398/13, que compromete a todos los operadores privados en cuanto a la prevención. Hay que aclarar que nosotros, desde la cartera de turismo, debemos prevenir, pues no somos los que tenemos que llevar adelante la persecución de los casos ni la restitución de las víctimas. Entonces, esto nos ha servido. Lo que se hacía en forma voluntaria, así como también lo que llevaban adelante otros colegas de los demás ministerios de turismo en la región –a través de un código que surgió en la Organización Mundial de Turismo–, nosotros lo tenemos por decreto. Por tanto, eso nos ayuda mucho. Hacemos un trabajo uno a uno de los más de dos mil operadores turísticos que tenemos. Les llevamos ese adhesivo, que no constituye una vacuna pero, al menos, deja claro a los funcionarios del lugar    –como recién se mencionó en cuanto al trabajo interno– y a quienes nos visitan, la postura de Uruguay. En definitiva, es una de las tantas campañas que existen en la materia. Me parecía importante ratificar estos aspectos.

A su vez, ya que esta es una delegación multipartidaria, quiero contarles que el Grupo de Acción Regional de las Américas, integrado por ministerios de turismo de la región y algunas organizaciones internacionales como el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, pero con fuerte apoyo de Unicef en diversos países, en este momento está coordinado por el Ministerio de Turismo de Uruguay y el coordinador para las Américas es quien les habla. ¿Por qué se le transfirió a Uruguay esta responsabilidad? Si bien, como decían los compañeros, trabajamos arduamente en el tema, no tenemos una sola denuncia a la fecha, lo que no quiere decir que no lo haya. Por tanto, los demás países de la región han reconocido el trabajo que llevamos adelante desde el Ministerio y por eso nos confiaron la secretaría. La próxima reunión es en México y allí el problema es muy distinto. Incluso, hemos tenido ocasión de visitar otros países como Ecuador o Colombia y allí el tema es muy difícil.

En consecuencia, cuanto más rápido podamos aprobar este proyecto de ley, mejor; creo que eso puede tener el mismo efecto que tuvo el Decreto n.º 398/13 para nosotros.

Muchas gracias.

SEÑORA EGUILUZ.- Agradezco a nuestros invitados su presencia en la tarde de hoy. Es un gusto para nosotros el poder «desasnarnos» sobre varios temas, de modo que vamos a aprovechar esta instancia para hacerles algunas preguntas.

                Ante todo, quisiera que nos aclararan el tema de los números. Intenté enmarcar lo que nos han expresado pero no me quedó claro. Quisiera saber si en esos números se puede hacer una discriminación entre la trata interna y la otra, de manera de poder, también, conocer el posicionamiento del país en esta materia, siempre teniendo en cuenta que hablamos de lo que se ha podido detectar, pues sabemos que lo que se ve es lo que se denuncia y luego hay una cifra oculta, que es adonde tenemos que apuntar para desentramarla entre todos.

                Por otro lado, soy del interior del país –del norte– donde el tema sigue siendo un tabú. Hay una negación social sistemática en cuanto a la existencia de este flagelo. Trabajé muchos años –sigo haciéndolo– en el tema de la violencia doméstica, entonces, esto lo asimilo mucho a lo que sucedía veinte años atrás cuando para hablar sobre la violencia de género o doméstica siempre éramos las mismas personas, pues nadie se animaba a realizar una denuncia. Sin embargo, luego, con el trabajo de todos, se logró avanzar en la materia.

Concretamente, soy de Salto, departamento que está muy vinculado a Artigas y a Rivera, y sé que en realidad este es un tema tabú, al punto de que hay cuestiones que se toman como normales desde lo social, incluso a veces se paga a alguien para intentar hacer una denuncia porque la persona por ahí no sabe a dónde recurrir. Otras veces, incluso, no es contemplado de la mejor manera debido precisamente a esa creencia social de lo que es normal.

                También debemos reconocer que ha habido avances en lo que tiene que ver con procedimientos que involucran, fundamentalmente, al Ministerio del Interior, así como en algunas revisiones de las fiscalías que, en algunos casos, me parecen buenas. No obstante, no percibo lo mismo en cuanto a la sensibilización social. Capaz que esto es solo una percepción personal, por eso quisiera saber cuál es la visión de la mesa interinstitucional sobre este tema y cuáles serían las alternativas, precisamente para poder ser parte activa y poder canalizarlas.

                Por otro lado, me interesa saber cómo se nos visualiza a nivel internacional. Sabemos que hace un tiempo estábamos bastante mal. Entiendo que ese es un aspecto muy importante, pero lo fundamental son los procesos internos que podamos hacer realidad.

En suma, pregunto cómo se nos visualiza a nivel internacional y cuál ha sido la evolución, con vistas al posicionamiento que podamos adoptar y a lo que podamos hacer desde las cámaras a fin de contribuir a una mejor calificación en estos temas, lo que no es menor, incluso, para obtener apoyos internacionales en estos temas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de continuar, a los efectos de ordenar el trabajo, informo a la delegación que el mecanismo será el siguiente: primero, damos la palabra a los señores senadores para que planteen sus preguntas y luego ustedes responden.

SEÑORA MOREIRA.- Es un gusto recibir a esta delegación integrada por gente muy conocida, como Luis Purtscher, Silvana Lesca y Mariela Mazzotti, entre otros.

                Ante todo, me interesa saber a qué obedece ese salto en los números que indican que pasamos a 300 por año. ¿A que hay una mayor conciencia, quizás? Supongo que ustedes trabajan sobre la base de denuncias institucionales y personales. Pero, lo cierto es que el salto es grande, importante.

                Esos datos refieren a hechos internos, pero después están los y las sometidas a trata afuera, es decir, los uruguayos y uruguayas que son sometidos a estas condiciones, cuyo tránsito comienza como una migración interna y luego son trasladados. He aquí la segunda pregunta: ¿cómo estamos con relación a esos números?

                Relacionado con esto me interesa abordar lo siguiente. Quizá pueda parecer una pregunta rara, pero habida cuenta de que hay un número de personas desaparecidas en el Uruguay año tras año, en forma permanente, quisiera saber si esto tiene algo que ver con el tema de la trata, sobre todo vinculado a los menores, no tanto a los mayores de edad. Estos datos no siempre se divulgan, pero son importantes.

                En otro orden de cosas, quisiera plantear una consulta vinculada con la ley. Se supone que el texto de la ley va a contener todos estos componentes penales y normas reparatorias. Podríamos ir trabajando con esto mediante el Código Penal, pues aparecen nuevo delitos y las consiguientes leyes reparatorias. La pregunta es, entonces, ¿el proyecto va a venir con estos aspectos incluidos, como las leyes reparatorias? Quiero decir que es la primera vez que lo veo y acojo con mucho beneplácito las normas vinculadas al derecho reparatorio, porque siempre se legisla sobre el derecho represivo. En concreto, me interesa saber si el proyecto incluye estas normas y si el derecho reparatorio, que aparece en el texto, viene de las convenciones internacionales, porque en realidad el Uruguay no es muy pródigo en esta materia. Se me acaba de indicar que, efectivamente, viene de las convenciones internacionales.

                Por último, veo que hay un glosario de definiciones, ¿se incluye también en el proyecto?

                Muchas gracias.

SEÑOR LORIER.- Queremos saludar y felicitar por este avance de la Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual porque sabemos de las dificultades que hay a veces para integrar a diferentes organismos en distintas esferas públicas, que generalmente se manejan como compartimentos estancos. En este caso nos imaginamos que detrás de esta presencia multitudinaria de hoy, hay un trabajo muy importante para coordinar y producir en concreto este resultado que ustedes reflejan pero que, por supuesto, tiene trabajos previos y los que vengan, que son muy importantes para el tema de que se trata.

                En segundo lugar, voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el tráfico de órganos. Es decir, quisiera saber si hay una relación aquí de los distintos elementos que ustedes han mencionado, básicamente en el tema de niños y adolescentes, y el tráfico de órganos. Pensamos –sin base científica o técnica– que sí habría una relación y quisiéramos saber cuál es la opinión de ustedes.

                Lo otro que nos parece importante preguntar es en cuanto a la búsqueda de las causas –sabemos que este es un problema multicausal–, porque uno de los elementos a tratar o a trabajar y que no aparece es la represión de quienes trabajan en este sentido. Nos gustaría saber si hay detectadas organizaciones más allá de lo individual, si hay organizaciones mafiosas o criminales que estén trabajando en ese sentido y, de haberlas, si coinciden o no –siempre o en algunos casos– con otras actividades como las vinculadas al narcotráfico, al contrabando en general, etcétera.

                Esas eran las preguntas que quería hacer.

SEÑORA AVIAGA.- Voy a hacer una pregunta concreta sobre un caso concreto, que fue de público conocimiento: el de las dos mujeres que aparecieron en la ruta 26, en Cerro Largo. Tenemos entendido que el Instituto Nacional de las Mujeres participó activamente y quisiéramos saber acerca de los procesos que se llevan adelante y en qué situación está eso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Además de todas las interesantes preguntas formuladas, me preocupa poder empezar con el trámite de la ley. Por lo tanto, de lo que escuché, de los informes que ustedes realizaron, hay varios capítulos que ameritarían que ya pudiéramos proceder a su aprobación, por lo menos el capítulo I, que tiene que ver con las definiciones, los derechos de las víctimas, la institucionalidad –que tampoco requiere demasiadas modificaciones– y sus cometidos.

Después creo que en donde se prevé la reparación de las víctimas, ahí sí tendríamos que esperar la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, pero en el resto del articulado que, reitero, es de definición, de creación de instituciones   –me hace acordar mucho del proceso de la ley de violencia de género, es decir, integral, multisectorial, con definiciones precisas– podemos avanzar. Esto siempre amerita una discusión. Hay legisladores que piensan que la generalidad es nuestro objetivo y estamos los que pensamos que para determinadas materias la especificidad logra que no sean inocuas las normas, que sepamos de qué estamos hablando.

                Entonces, quisiera saber si podemos avanzar en el proyecto, excepto en las normas que mencioné anteriormente, o si existe alguna observación particular del articulado que nos gustaría conocer ahora o cuando ustedes consideren pertinente mandarla.

SEÑORA MAZZOTTI.- En principio voy a intentar contestar, por las razones de tiempo anunciadas, las preguntas que nos hizo el conjunto de senadores y senadoras, quizás con el complemento de Silvana Lesca por la posición internacional.

                Lo primero que quiero señalar es que el dimensionamiento real de un problema que está en el campo de lo delictivo es realmente muy difícil. Hicimos un primer diagnóstico regional en el marco de la Reunión especializada de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur hace más de cinco años, donde se pudo dimensionar que este problema existía y era importante. Sin embargo, desde el punto de vista de la magnitud del problema, resulta vidrioso porque lo podemos ver a partir de la persecución que se da del crimen o de las denuncias que se puedan recibir, ya sea de las víctimas cuando piden ayuda o de una policlínica, hospital, escuela o servicio social que deriva a la persona. Siempre estamos con un subregistro importante.

                En el informe que se entregó a los señores senadores está muy especificado el número de atenciones que tenemos, tanto desde el servicio de trata del Instituto de las Mujeres, como de los servicios de atención del Instituto de la Infancia y la Adolescencia. Están todos los casos de combate que se llevaron adelante a partir de la intervención del Ministerio del Interior y figura también la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cuando los señores senadores analicen el informe verán detalladamente las actuaciones del año pasado. Evidentemente, el problema está en aumento en términos de la exigencia a nuestros servicios porque creemos que aumentó la conciencia institucional y sobre todo la del Estado, así como también de organizaciones sociales que están trabajando inmersas en los barrios y en las comunidades de las pequeñas localidades, que de alguna manera nos acercan esas preocupaciones. Según nuestra experiencia, son delitos complejos como ya de alguna manera lo dijo la señora fiscal; en general, hay redes y delitos conexos. Esto sí efectivamente lo hemos visto, por eso es que en general la actuación de combate, es decir la articulación de la Fiscalía, Poder Judicial y Ministerio del Interior es a través de crimen organizado que luego, también, establece –antes o después– el vínculo con nosotros.

                En cuanto a las distintas formas de expresión de la trata, la ley incluye la definición de trata de personas y las distintas dimensiones como el tráfico de emigrantes, los delitos conexos, la explotación, la explotación sexual, el matrimonio, concubinato o unión análoga forzada, el embarazo forzado, la esclavitud, la servidumbre, la servidumbre por deudas, la servidumbre de la leva, el trabajo forzoso u obligatorio, la explotación laboral, el trabajo infantil, la explotación de niños, niñas y adolescentes, la mendicidad forzada, la venta de niños o adolescentes y la remoción, implante y transferencia de órganos, tejidos o fluidos. Es decir que todas estas dimensiones se entienden como delito de trata. A nivel internacional se entiende que este delito es la forma moderna de esclavitud de las personas. Estas variantes del delito son gravísimas. En ese sentido sí son delitos complejos y conexos a otros delitos y hay redes en ese sentido. Evidentemente, las investigaciones del Ministerio del Interior tienen una mirada aguda de estas realidades y por supuesto que frente a distintas situaciones analiza cuál puede ser la causa de la desaparición de una persona. En algún caso el propio traficante hace la denuncia ante la posibilidad de que la mujer busque protección. Como decíamos, son situaciones complejas y la confidencialidad es muy importante. Por un lado, tenemos el nivel de la protección y, por otro, el de la persecución del delito, cosa que fue muy discutida en la mesa de trata porque hay que perseguir el delito, pero también hay que proteger a las víctimas. Este proyecto de ley es muy importante porque nos daría un marco jurídico muy concreto y específico para poder actuar en los dos niveles y además en la prevención, lo que implica romper con la mirada ingenua Como decían las señoras senadoras, hay que ir tomando conciencia de que quizás la conducta de algún adolescente o de alguna joven puede dar cuenta de un disimulado pedido de ayuda que tenemos que decodificar. Nosotros estamos trabajando mucho en el nivel de la prevención. En pocos días vamos a la frontera. A nivel del Mercosur estamos trabajando mucho con Argentina y con Brasil porque realmente todos los organismos tenemos que actuar en conjunto. A propósito, estamos creando un dispositivo para mejorar el tratamiento de las distintas personas de la región     –sobre todo mujeres– que pueden estar siendo víctimas de estas circunstancias.

                Diría que estos insumos para elaborar la ley han sido muy estudiados y ratificados por las distintas instituciones. Los presentamos públicamente y hemos seguido trabajando. Lo que nos falta es poco y está vinculado con aspectos del derecho reparatorio, pero que de alguna manera se presentan a lo largo de los distintos capítulos de la ley. En ese sentido, pediría a la comisión que nos diera un poco más de tiempo. Reitero que nos queda poco; en realidad, creo que a comienzos del mes de junio vamos a poder presentarlo con estos aspectos saldados por parte del Ejecutivo.

                Con respecto a la pregunta específica de la señora senadora Aviaga, quiero decir que nosotros siempre tenemos mucho cuidado con la confidencialidad porque estamos hablando de personas muy vulnerables. Intentamos que estas situaciones no se conozcan en la prensa porque la exposición pública muchas veces genera mayor daño o ciertas dificultades para atenderlas. Estas personas pueden estar objetivamente en peligro. Cuando recibimos la denuncia de esas dos personas un equipo médico salió esa misma noche para el departamento de Cerro Largo. Fue una acción coordinada con el Ministerio del Interior y con Salud Pública. Se les dio la atención sanitaria y el apoyo emocional que necesitaban. Eran personas que tenían enormes dificultades para comunicarse. Entendemos que atravesaban una situación de altísima vulnerabilidad y tensión interna, pero logramos comunicarnos con ellas. Como señalaba la licenciada Sena la voluntariedad es un tema fundamental. Esas mujeres quisieron volver a su país y, por lo tanto, se hizo la coordinación con el consultado. En este sentido, queremos resaltar el trabajo que hacemos junto con Cancillería y los consulados de la región. Esas personas ya están en su país.

SEÑORA AVIAGA.- Quiero saber si realmente se supo si las señoras habían sido víctimas de la trata de personas.

SEÑORA MAZZOTTI.- No se lo puedo asegurar, pero eran personas en condiciones de alta vulnerabilidad, con mucha fragilidad emocional y en malas condiciones de salud.

Hay algunos aspectos que tienen que ver con la confidencialidad técnica que, como directora de InMujeres, tampoco tengo; eso queda en el ámbito de la reserva de los profesionales que estuvieron actuando con ellas. Lo importante es que se resolvió satisfactoriamente y con una muy buena coordinación a nivel de las instituciones de la región.

SEÑOR PURTSCHER.- En realidad, rompería todos los patrones metodológicos si dijera que está creciendo exponencialmente, básicamente porque el momento en el que empezamos a contar es muy reciente. Entonces, al no tener un cero –que estamos construyendo–, se hace difícil. Sí vemos que el número de casos crece anualmente e, incluso, un año ha duplicado a otro.

                Una de las lecturas posibles es que el tema está creciendo exponencialmente y, en lo personal, no la descarto porque es un problema que tiene que ver con el desarrollo económico o con las formas de desarrollo, tanto por su éxito, fracaso como focalización en algunos lugares del territorio y esto produce migraciones internas de mano de obra y de gente que sale a buscar la vida a estos enclaves y deja otros. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos enclaves que no son visualizados como espacios de desarrollo? ¿Qué queda en esos espacios? Me parece que el desarrollo desigual juega un factor fundamental en estos procesos.

                Creo que estamos mirando más y mejor. En el transcurso de estos años, más de quince mil personas han pasado por algún tipo de instancia de sensibilización y, como este es un problema que ocurre, nosotros no nos hemos limitado solamente –por suerte– a formar técnicos. A nivel de todo el territorio los equipos itinerantes del INAU, del Conapees y de otros actores han estado muy presentes en todo ese desarrollo: el Ministerio de Turismo ha generado normativa específica sobre el tema; el Ministerio de Relaciones Exteriores ha impulsado protocolos para la actuación de sus delegados en el exterior e InMujeres con el trabajo llevado adelante. Los temas de violencia doméstica no solamente resuelven los temas de identificación de ese asunto en particular, sino también la de otros que tienen que ver con la violencia. El camino de empezar a leer la violencia en la sociedad nos permitió ver que el tema es más amplio y que abarca otras áreas en las que recién estamos empezando a trabajar. Me parece que estos factores han jugado en esos números que asombran y lo han hecho negativamente a partir de algunos casos paradigmáticos donde los protagonistas eran sujetos que ocupaban un espacio privilegiado dentro de su comunidad. En cierta manera, estos casos paradigmáticos reafirman algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo en el sentido de que un explotador puede estar en cualquier lugar. Creo que esas cuestiones tienen que ver con la construcción de ese número, máxime si tenemos en cuenta que, en estos temas, los números siempre son subregistros y que por cada niño, niña o adolescente, mujer u hombre, tratado en alguna de sus modalidades, hay tantos o más explotadores del otro lado. El hecho de que estos temas tomen vuelo y que la restitución de derechos esté en la agenda y en el articulado, es fundamental. Digo esto porque precisamente el sujeto personal, el sujeto social, está destruido ya que fue una cosa, una mercancía que circuló en el mercado del sexo, de órganos; son estas cosas que nos duele hasta nombrarlas pero que son parte de la realidad. Creo que es momento de dejar de pensar que acá no pasan; acá pasan y suceden de esta manera.

SEÑORA LESCA.- Respecto a la consulta de los rankings a nivel mundial, no hay uno que mida la parte cuantitativa en el tema de trata y cómo se posiciona Uruguay en las Naciones Unidas. Sí se puede evaluar a nivel cualitativo. Me atrevo a decir cuál sería la respuesta del Uruguay al período siguiente ante determinada recomendación. En las Naciones Unidas hay dos procesos: el convencional y el no convencional. En lo convencional hay diez comités que hacen evaluaciones. Por ejemplo, el comité contra la tortura hizo una recomendación al Uruguay en el sentido de mejorar sus prácticas contra la trata de personas. Por lo tanto, nuestro país, en la próxima presentación del informe, va a dar cuenta de cómo se avanzó en esa materia. Por su parte, en lo no convencional, que refiere al examen periódico universal en el que los estados evalúan a los demás estados, el Uruguay también recibió recomendaciones. México, por ejemplo, hizo la recomendación de que nuestro país elaborara un plan de acción en materia de trata, que justamente es una de las tareas que tenemos por delante. También hay recomendaciones de Kirguistán o de Irán con respecto a hacer una ley integral contra la trata de personas. Como dije, en este examen periódico universal, los estados evalúan a sus pares.

                Con respecto a las recomendaciones, creo que estamos muy bien porque las que se repiten mucho a nivel del examen periódico universal son la ley integral contra la trata de personas y la elaboración de un plan de acción. Entonces, creo que en la próxima presentación de informes Uruguay va a quedar bien posicionado.

                También es importante señalar que si bien nos hacen estas recomendaciones, somos reconocidos por nuestras buenas prácticas, somos escuchados a nivel internacional y siempre se buscan a las delegaciones uruguayas para pedir consejos en determinadas materias, sobre todo, en la de derechos humanos.

                Respecto al tema de las sugerencias de Kirguistán y de Irán, recientemente se lanzó una plataforma en la que se hace un seguimiento y monitoreo de las recomendaciones que Uruguay ha recibido a nivel internacional. En ese sentido, más de treinta organismos del estado están trabajando para poder responder de manera efectiva a los efectos de que se sepa qué se está haciendo respecto de cada una de las recomendaciones. Ese va a ser otro punto a favor de la presencia uruguaya en el ámbito internacional.

SEÑOR MORANDEIRA.- Buscamos trabajar con el ámbito privado. Por lo tanto, hemos hecho reuniones en los centros comerciales de Salto y de Paysandú y hemos ido a los centros termales de Guaviyú. También trabajamos con los estudiantes de turismo y por esa razón fuimos a la UTU de ambos departamentos y a las universidades, tanto públicas como privadas. Asimismo se han hecho campañas directas con los turistas, como ocurrió en la Semana de Cerveza. Y cuando estuvo el Piriamusic se fue directamente a ese lugar. También en la marcha del patriarca, los resultados son diversos sobre cuál es la respuesta. Pero en la misma línea del combate a la trata interna, obviamente, intentamos también de combatir la explotación interna por el traslado de un departamento al otro.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero agradecer muchísimo en nombre de la comisión por la información y las respuestas que nos han dado.

Quiero trasmitirles una invitación para una jornada que estamos organizando para el 13 de junio. Se trata de una jornada pública para sensibilizar algo que ha estado bastante oculto. Hemos conseguido la posibilidad de exhibir en el cine de Montevideo Shopping «Tan frágil como un segundo», que ustedes ya conocen. Nos gustaría invitarlas no solo a estar presentes sino a incorporar ese día –que va a ser breve, tal vez tengamos una mesa de aperturas– muestras de todo lo que se viene haciendo desde los distintos lugares sobre el tema de la trata y también para que nos ayuden a convocar público. Vamos a invitar a la prensa, a organizaciones no gubernamentales, a movimientos juveniles y es importante que no solo estén presentes en la exhibición de la película y en el panel que lo abre, sino que tengan como un paneo de todas estas cosas que ustedes nos han puesto en común sobre las acciones que Uruguay ya viene desarrollando. De esta manera, la secretaría de esta comisión será el nexo con ustedes para poder ir organizando este evento que, esperemos ayude un poquito más con esta problemática.

SEÑORA MAZZOTTI.- La secretaría de la mesa interinstitucional de trata de personas la lleva adelante la licenciada Karla Navarro del Instituto de las Mujeres.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de nuestros invitados.

(Se retiran de sala los representantes de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas).

SEÑORA AVIAGA.- Yo quería plantear, de acuerdo con lo que hemos estado escuchando, lo que se visualiza y la preocupación que han manifestado los demás senadores, la posibilidad de analizar esta problemática que nos muestran las cifras. En el año 2013 las denuncias de personas desaparecidas en Uruguay fueron 503 y ese número fue evolucionando hasta que en el 2016 fueron 1695 las personas denunciadas como desaparecidas. Además, en estos primeros cinco meses de 2017 ya hay 430 personas desaparecidas. Esto es muy alarmante. Me parece increíble que en Uruguay las personas desaparezcan y luego sea tan difícil saber qué pasó con ellas. Por lo tanto, propongo a la comisión que invitemos a las autoridades competentes en la materia para que nos expliquen cómo van los procesos y qué tipo de procedimiento se realiza en nuestro país cuando una persona desaparece, para poder saber si esto tiene que ver con la trata de personas. En este caso, entiendo que el Ministerio del Interior es la autoridad competente, por lo que habría que pedir al ministro Bonomi que nos informe quién puede dar cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país.

SEÑORA MOREIRA.- Francamente, desconozco si eso se vincula, o no, con la trata de personas. Por mi parte, simplemente quiero decir –a modo de propuesta– que me parece bien la sugerencia de la señora presidenta en el sentido de empezar a considerar los capítulos del proyecto de ley que ya sabemos que no serán modificados, dado que es una iniciativa bastante extensa.

SEÑORA PRESIDENTA.- En cuanto a las desapariciones, en la comisión ya hubo instancias en las que preguntamos sobre el tema, aunque no específicamente sobre los distintos casos. Podríamos volver a hacerlo, en lo personal no tengo ningún problema, pero recomiendo revisar las versiones taquigráficas. De cualquier manera, puede ser que haya un nexo, o puede ser que no. Recién estamos comenzando a analizar este tema y me parece que tiene mucho que ver con nuestra mirada, con lo que queremos ver. Lo cierto es que hay un subregistro enorme y no hay vínculos claros. Reitero que no me opongo y entiendo que es correcto que hagamos los nexos correspondientes. En el Ministerio del Interior hay una repartición específica que tiene que ver con las personas desaparecidas; en la última entrevista que tuvimos con sus autoridades esto estaba en manos de Delitos Complejos y de la Dirección de Género, y en aquella oportunidad se arrojaron algunos elementos; lo pueden constatar en la versión taquigráfica.

                Por otro lado, me preocupa que no podamos hacer el trámite legislativo completo este año. Comprendo que Silvana Lesca no pueda decirlo, pero nosotros tenemos observaciones en la ONU por el incumplimiento de la legislación en la materia. Como muy bien decía la señora senadora Moreira, hay capítulos que son muy complejos porque hay definiciones muy precisas, por lo tanto, se podría coordinar esta entrevista que pide la señora senadora Aviaga y, al mismo tiempo, comenzar a trabajar con el texto legal, avanzando en la medida de nuestras posibilidades. Además, creo que hay que ir organizando el evento e invitando gente. Uno de los problemas que plantea este tema es que los uruguayos no creen que esto exista en nuestro país. Es un problema doloroso que nadie quiere admitir.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica).

                –En síntesis, citaremos a los especializados del Ministerio del Interior en materia de personas desaparecidas para atender el planteo de la señora senadora Aviaga.

Por otro lado, ya en la próxima sesión comenzaremos el tratamiento del articulado del proyecto de ley, ya que vimos que hay acuerdo.

Y, por último, abordaremos la promoción del evento.

                Si están de acuerdo, continuaremos reuniéndonos los días lunes a las 15 horas.

Se levanta la sesión.

(Son las 16:41).

 

 

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.