SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:12).

                –En nombre de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, queremos dar la bienvenida a quienes representan a la Cámara Metalúrgica del Uruguay, la doctora Laura Acuña y el señor Luis Panasco, y agradecerles por esta posibilidad de dialogar sobre el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Social Metalúrgico, que ya lleva un largo proceso de tratamiento. Fue aprobado por la Cámara de Representantes y pasó al Senado, que lo derivó a esta comisión. En la última reunión resolvimos convocarlos para tener un intercambio de ideas y escuchar su parecer acerca de él.  

                Sin más comentarios, les damos la palabra.

SEÑORA ACUÑA.- Soy secretaria ejecutiva y asesora de la Cámara Metalúrgica del Uruguay.

                Ante todo, queremos agradecer la invitación que nos hicieran para aportar nuestra opinión con relación al proyecto de ley por el que se crea el Fondo Social Metalúrgico. Hacemos un breve paréntesis para decir que dejaremos una copia de lo que expongamos en el día de hoy.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias.

SEÑORA ACUÑA.- Como ustedes saben, el Fondo Social Metalúrgico nace de un acuerdo entre la Cámara Metalúrgica del Uruguay y la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y de Ramas Afines. Se plasma en un convenio colectivo en noviembre de 2011, luego de una ardua negociación y como una salida consensuada de un conflicto gremial que implicó, en aquel entonces, la ocupación de unas sesenta empresas del sector metalúrgico y que tuvo una duración aproximada de un mes.

                Finalmente, luego de intensas negociaciones con participación de varios interlocutores en un ámbito colectivo un poco ampliado, si se quiere, del que estamos acostumbrados, se firma un convenio colectivo que, además de categorías y de condiciones de trabajo, creaba el Fondo Social como un fondo comprensivo de beneficios para trabajadores, amparados en el marco del convenio colectivo, y que se solventaría con aportes mixtos de trabajadores y de empleadores.

Como contrapartida de ese aumento de salario y de ese nacimiento de nuevos beneficios contemplados en  aquel convenio  colectivo, el  Gobierno en aquel entonces –como decía, en ese ámbito de negociación un poco ampliado: participaba el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Dirección Nacional de Industrias y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es nuestra clásica tercera pata en la negociación– nos ofrece como una instancia de salida a ese conflicto ser partícipes de proyectos que estaba por encarar o por avecinarse al país.

Estimábamos que esos proyectos iban a traer nuevos aires para el sector. Ese, entre otros, fue el motivo por el cual la cámara de la industria metalúrgica y las empresas a las que representa hicieron esta apuesta mediante la firma de este convenio. A raíz de ello, asumimos nuevas obligaciones y establecimos un fondo social porque teníamos la expectativa de que esos nuevos proyectos iban a generar más trabajo para las empresas nacionales.

                A los efectos de trabajar en esa área, se creó una mesa de diálogo en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería para estudiar la viabilidad, la participación y el desarrollo de esos nuevos emprendimientos, ámbito que hasta el día de hoy mantenemos con el sindicato. La realidad es que en todo este tiempo que ha transcurrido el sector ha tenido una muy magra participación en esos megaproyectos, y junto con la UNTMRA participamos de una serie de instancias a los efectos de tener mayor participación en ellos. En aquel entonces recurrimos al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a los presidentes de las empresas estatales e, incluso, al presidente de la república de la época pero, lamentablemente, no obtuvimos los resultados que esperábamos. Es así que la situación del sector, en lugar de mejorar, ha ido empeorando, y en ese trabajo constante que han tenido la cámara y el sindicato nos abocamos a definir los aspectos inherentes al propio fondo social. Entonces, por un lado, trabajamos en todo lo relativo al fortalecimiento del sector –mediante los proyectos– y, paralelamente, de manera bipartita, nos dedicamos a elaborar el contenido, el marco normativo y la estructura que iba a tener ese fondo social acordado en el convenio colectivo.

                En aquel momento nos enfrentamos a diversas dificultades, sobre todo en lo que refiere a la implementación del fondo social, básicamente, desde el punto de vista de la seguridad social. Debemos destacar la voluntad del ministro de Trabajo y Seguridad Social de la época y del entonces presidente del Banco de Previsión Social, quienes nos aportaron varios elementos. Es más, este último puso a disposición un equipo interdisciplinario para que colaborara en ese sentido. Cabe destacar que pudimos llegar a algunas conclusiones, y otras todavía nos quedan por resolver.

                En definitiva, en esta apuesta que hace la cámara al vínculo con el sindicato y a la mejora de las relaciones laborales, entendimos que ese acuerdo del proyecto de ley era la vía, el mecanismo o la estructura que debíamos darle a ese fondo social que estábamos creando por convenio colectivo, sobre todo porque para nosotros implica una garantía, ya que consideramos fundamental que este fondo social, por la importancia que tiene y porque estamos disponiendo de fondos de los trabajadores, esté dotado de toda la transparencia y claridad que amerita. Desde 2011 venimos trabajando incesantemente en esa línea.

Mencionamos todo esto con el fin de trasmitir a los señores senadores cómo han sido estos años para el sector, sobre todo, en lo relativo al Fondo Social Metalúrgico.

                Es importante tener en cuenta que si bien el proyecto de ley refiere al Fondo Social Metalúrgico, abarca a otros sectores de actividad. Por ejemplo, a él se vinculan la industria metalúrgica, la industria naval, el sector automotriz, los talleres mecánicos y el auxilio mecánico.

Esta ampliación –por llamarla así– del sector empresarial, que antes comprendía a la cámara o al sector metalúrgico, fue planteada por el sindicato en oportunidad de una ronda de negociación de los consejos de salarios y resuelta en cada una de las mesas de negociación. Es decir que cada uno de los sectores aceptó y adoptó el Fondo Social Metalúrgico inicialmente creado en la rama metalúrgica. Podríamos decir que hoy no se trata de un fondo específico de nuestro sector ni apunta a beneficiar solo a los trabajadores metalúrgicos, sino que, como lo establece el artículo 1.º del proyecto de ley, abarca a varios grupos de actividad.

Nos gustaría también realizar algunas apreciaciones o hacer algunos comentarios con relación al contenido en sí del proyecto de ley.

                Como los señores senadores saben, el Fondo Social Metalúrgico nace como un acuerdo adoptado en los consejos de salarios por una reivindicación del sindicato –cuyo espíritu es compartido por todo el sector empresarial– que, entre otras cosas, busca el beneficio de los trabajadores y de sus familias. Así, el artículo 5.º del proyecto de ley refiere a ciertas prestaciones, tales como brindar asistencia odontológica y otros planes de salud no cubiertos por el Sistema Nacional Integrado de Salud; el turismo social en el marco legal y reglamentario de los ministerios y organismos estatales competentes; velar por la mejora en la educación del trabajador y su familia, etcétera.                

                Sin lugar a dudas, todo nuestro sector comparte el espíritu allí plasmado y hace propia la preocupación de que esos beneficios lleguen a su destinatario final, que son los trabajadores del sector metalúrgico. Entendemos que es una buena herramienta cuyo fin es la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. En función de ello, nuestro sector recogió el planteo y trabajó durante todo este tiempo en la búsqueda de mecanismos para su aplicación.

                Si bien compartimos el espíritu y el objeto de lo que allí hemos acordado, es real –y no podemos dejar de mencionarlo– que nuestro sector hoy se encuentra en un momento muy difícil, tal vez, en un momento poco oportuno o propicio para la implementación del Fondo Social Metalúrgico.

                No debe ser desconocido por los señores senadores que la industria atraviesa serias dificultades y el sector industrial metalúrgico no es ajeno a esa realidad. Las dificultades en el sector son de larga data y se han manifestado en una caída en la actividad y en el empleo y en la rentabilidad.

                Lamentablemente hemos tenido que registrar el cierre de varias empresas muy importantes, tanto de capitales extranjeros como nacionales; el cambio de giro o actividad de otras empresas que cierran su sector industrial para dedicarse a las importaciones; la falta de competitividad de las empresas, así como el ingreso de productos importados a precios muy bajos, lo que hace que las empresas nacionales no puedan competir. También hemos tenido falta de participación de las industrias metalúrgicas en los megaproyectos que se desarrollan con empresas extranjeras y mano de obra extranjera. La pérdida, prácticamente, del sector montaje industrial donde las empresas que históricamente pertenecían al Grupo 8 1 hoy hacen el montaje industrial por el Grupo 9 «Construcción». Estos son algunos hechos con los que convivimos a diario y que hoy constituyen la realidad del sector metalúrgico.

                Para nosotros es importante resaltar –a fin de que los señores senadores lo tengan claro– que trabajamos como gremio y en forma bipartita con el sindicato en el Consejo Industrial Metalúrgico –creado por convenio colectivo desde hace ya cuatro años– en la búsqueda de mejoras para el sector. Pero, lamentablemente, no hemos logrado ninguna medida concreta que permita revertir la situación por la que atraviesa el sector metalúrgico.

                En definitiva, sería deseable esperar una mejora del sector o, por lo menos, volver a la situación que atravesaba cuando se firmó el fondo social para su implementación; para eso necesitamos que el Gobierno nos apoye mediante políticas que lo impulsen.

                Ese fue el proceso para llegar al fondo social.

Reiteramos: compartimos con el sindicato la necesidad y los beneficios que se establecen en el fondo social.  Tenemos un convenio colectivo y, fiel a él, la Cámara Metalúrgica va a cumplir lo que allí se firmó. De todos modos, tenemos el deber de trasmitir la preocupación que tienen las empresas a las que representamos porque, si no, no estaríamos siendo sinceros con el planteo.

                Esta es la realidad por la que hoy atravesamos.

SEÑOR CARÁMBULA.- Me parece bien importante el aporte que han hecho, el resumen de todo el proceso de negociación colectiva y la participación de los trabajadores. Quiero saber a qué número de trabajadores abarca, con los otros sectores que están incorporando en este acuerdo del fondo metalúrgico.

                Por nuestra parte, tenemos la versión de lo que fue el trabajo en la Cámara de Diputados, es decir, cuánto es el aporte que le significa a los empresarios para solventar el fondo.

SEÑORA ACUÑA.- En cuanto a la primera pregunta, acerca de cuántos trabajadores serían los beneficiarios, es muy difícil de estimar, por lo siguiente. Puedo decir cuál es la cantidad de trabajadores beneficiarios dentro del sector metalúrgico, pero en las otras ramas de actividad lo desconozco. Hemos tenido cierta problemática en el sentido de que nuestra contraparte en la negociación es la misma porque es el sindicato UNTMRA, pero de este lado somos varias gremiales diferentes, con convenios  y con mesas de negociación diferentes. Entonces, es un poco difícil manejar ese dato.

Dentro del sector metalúrgico hoy tenemos, posiblemente –porque hay mucha gente en seguro de paro y hubo algunas desvinculaciones a raíz de cierre de empresas y las dificultades que estamos atravesando–, menos  de12.000 puestos de trabajo.

Tenemos algunos datos de los sectores que allí están involucrados. Con quienes hemos estado en mayor contacto es con la gente del sector automotriz, autopartista, sobre lo cual seguramente el señor Panasco pueda hacer algún aporte. Ahí sí que se han perdido muchos puestos de trabajo. Pero es muy difícil hacer una estimación de los sectores en los que no estoy involucrada directamente.

                Con relación al aporte, está previsto en el proyecto de ley un régimen mixto, o sea, un 0,39 % de aporte personal y un 0,86 %  de aporte patronal.

SEÑOR DELGADO.- Damos la bienvenida a la delegación de la Cámara de la Industria Metalúrgica. El señor Panasco es un viejo conocido en el Parlamento, que acompaña a los representantes de la Cámara de Industrias desde hace muchos años.

                Obviamente, era importante escucharlos antes de avanzar en la votación del proyecto de ley. Ustedes ya hicieron el relato de lo que sucedió en los años 2011 y 2014 y también en 2015 en la Cámara de Representantes, donde el tema tuvo una discusión más profunda en la que participaron los subsectores, y se votó por unanimidad. Por lo tanto, en el tratamiento en el Senado, era importante conocer por lo menos la opinión del sindicato y de los empresarios de la rama, porque respecto a los subsectores conocemos su punto de vista a través de la versión taquigráfica de las reuniones mantenidas en la comisión respectiva de la Cámara de Representantes.

                Ustedes han señalado que desde que se generó este compromiso en la negociación colectiva de 2011, se produjo una situación diferente en el sector desde el punto de vista de la actividad, que a mi entender había mejorado. Después se dijo que cerraron varias empresas.  Entonces, para tener una idea que permita tener una caracterización del sector metalúrgico –por decirlo de algún modo–, nos gustaría saber cuántas empresas cerraron desde 2011 a la fecha y si hay un estimado de la cantidad de trabajadores que estarían involucrados.

                Por otro lado, acaban de decir que comparten el concepto –obviamente, es un tema ya laudado– pero proponen diferir su aplicación en función del nivel de actividad. Eso creí entender. ¿Cuál es la propuesta concreta, si es que la hay? Si fuera así, ¿cuál sería el determinante del nivel de actividad? Claramente, no es fácil medirlo sin un indicador más o menos objetivo.

SEÑORA ACUÑA.-  La última ronda de los consejos de salarios que finalizó en 2015 tuvo la particularidad de que los lineamientos que allí se manejaron por parte del Poder Ejecutivo establecían la necesidad de que los sectores se ubicaran según su situación, que podía ser buena, regular o mala –no se habló en estos términos pero, en líneas generales, ese era el concepto–, lo que nos permitió hacer algunas estadísticas para ubicar en qué estado se encontraba el sector. Hicimos algunos estudios y análisis con base en el INE, que determinaron una caída bastante importante en la actividad y en los puestos de trabajo. El documento presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social era coincidente con el que elaboramos nosotros. Las conclusiones a las que hemos arribado, por lo menos en los dos últimos años, es que el 70 % de las empresas metalúrgicas cuentan con menos personal ocupado con relación a dos años atrás.

                Tenemos algunos datos de los sectores que allí están involucrados. Con la que hemos estado en mayor contacto es con la gente del sector automotriz, autopartista, sobre lo cual seguramente el señor Panasco pueda hacer algún aporte. Ahí sí que se han perdido muchos puestos de trabajo pero es muy difícil hacer una estimación de los sectores en los que no estoy involucrada directamente.

                Con relación al aporte, está previsto en el proyecto de ley un régimen mixto, o sea, un 0,39 % de aporte personal y un 0,86 %  de aporte patronal.

SEÑOR DELGADO.- Damos la bienvenida a la delegación de la Cámara de Industrias del Uruguay y de la Cámara Metalúrgica; el señor Panasco es un viejo conocido en el Parlamento, que acompaña a los representantes de la Cámara de Industrias desde hace muchos años.

                Ustedes ya hicieron el relato de lo que sucedió en los años 2011, 2014 y en 2015, en la Cámara de Representantes, donde el tema tuvo una discusión más profunda, en la que participaron los subsectores, y se votó por unanimidad. Por lo tanto, en el tratamiento en el Senado, era importante conocer por lo menos la opinión del sindicato y de los empresarios de la rama, porque respecto a los subsectores conocemos su punto de vista a través de la versión taquigráfica de la Comisión de la Cámara de Representantes.

                Ustedes han señalado que desde que se generó este compromiso en la negociación colectiva de 2011, se produjo una situación diferente en el sector; a mí entender, sería mejor. Después se dijo que se cerraron varias empresas. Para tener una idea de la situación del sector, nos gustaría saber cuántas empresas cerraron desde 2011 a la fecha y si hay un estimado de la cantidad de trabajadores que estarían involucrados. Estoy hablando del sector metalúrgico.

                Por otro lado, acaban de decir que comparten el concepto –obviamente, es un tema ya laudado– pero proponen diferir su aplicación en función del nivel de actividad. ¿Cuál es la propuesta concreta, si es que la hay? Si fuera así, ¿cuál sería el determinante del nivel de actividad? Claramente, no es fácil medirlo sin un indicador más o menos objetivo.

SEÑORA ACUÑA.- La última ronda de los consejos de salarios que finalizó en 2015 tuvo la particularidad de que los lineamientos que allí se manejaron por parte del Poder Ejecutivo establecían la necesidad de que los sectores se ubicaron en situaciones, que podían ser buenas, regulares o malas –no se habló en estos términos pero en líneas generales este era el concepto–, lo que nos permitió hacer algunas estadísticas para ubicar en qué estado estaba el sector. Hicimos algunos estudios y análisis con base en el INE, que determinaron una caída bastante importante en la actividad y en los puestos de trabajo. El documento presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social era coincidente con el que elaboramos nosotros. Las conclusiones a las que hemos arribado, por lo menos en los dos últimos años, es que el 70 % de las empresas metalúrgicas cuentan con menos personal ocupado con relación a dos años atrás. O sea, el 70% de nuestras empresas se vio en la necesidad de bajar la planilla de trabajo. Estos valores surgen de una encuesta que hicimos recientemente para actualizar los datos. El 69% de nuestras empresas manifestó que no tiene expectativas de crecimiento para el año 2017. Y el mismo porcentaje de 69% tuvo una caída en la cantidad de horas-hombre.

                No tengo en este momento las gráficas, pero podemos hacérselas llegar a fin de que puedan visualizar cómo ha sido la evolución del empleo en el sector. Allí se refleja claramente el cierre que mencioné de las empresas. Cuando hablamos del cierre de empresas no solo nos referimos a aquellas de las que se conoce su cierre –preferiría no nombrarlas–, sino también a aquellas que finalizan su actividad industrial y se vuelven empresas importadoras. Y esa es la línea que están siguiendo muchas de nuestras empresas; siguen siendo empresas del sector de industria y comercio pero ya no de la industria metalúrgica. Reitero que podríamos hacerles llegar estos datos. No sé si contesté las preguntas que realizó el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- La segunda pregunta tenía que ver con el planteo que nos han formulado. En función de la caracterización de la situación, nos dijeron que desde el 2011, cuando se firmó, hasta el momento, se deterioró el empleo y la actividad. Y expresaron que si bien compartían esto, proponen la posibilidad de diferir la entrada en vigencia del proyecto –creí entender esto– hasta que mejore la actividad o se vuelva a niveles anteriores. Entonces, les preguntamos cuál es la propuesta, porque hay que tener un indicador que sea objetivo, algo como para decir, por ejemplo, que a partir de determinada  línea se empieza aplicar.

En definitiva, deseamos conocer su propuesta para lograr un mecanismo objetivo, de manera de no dilatar el tema o no cumplir un acuerdo colectivo y evitar que haya varias interpretaciones que tampoco harán bien a la relación laboral.

SEÑORA ACUÑA.- Los indicadores los tenemos y los podemos poner a disposición de la comisión, los cuales nos permiten identificar, por lo menos, cuál era la situación del sector metalúrgico en el 2011, que fue el momento en que se acordó el fondo social. Entonces, podríamos ver los indicadores actuales y los del 2011 como para tener un comparativo. Estos datos se los podemos hacer llegar.

                Hemos tenido algunas instancias de diálogo con el sindicato –hablamos con ellos todos los días– relativas a este tema y le hemos planteado con mucha honestidad la dificultad del sector y la necesidad de que el fondo social contemple, para su efectiva aplicación –para el momento en que el fondo comience a funcionar con la retención de los aportes de los trabajadores y empleadores–, tener en cuenta que por lo menos el sector visualice mejoras y esté en otra situación. Para eso tenemos los indicadores y se los podemos hacer llegar. Fechas concretas no manejamos. Si pudiéramos decir «julio de 2017» sería fabuloso, pero no sabemos, porque esto va atado –permítaseme la expresión– directamente a las posibilidades de mayor empleo para los trabajadores y mayor participación de las empresas en diversos proyectos.

Hemos estado en ese ámbito –sobre el que ya he comentado– de la Dirección Nacional de Industrias, donde se nos comentó sobre algunos proyectos y estamos tratando de que nuestras empresas tengan mayor participación. No tenemos plazos, pero si tuviera que ser muy honesta, porque así lo hemos planteado al sindicato, diría que deberíamos dejar transcurrir lo que queda de este convenio colectivo que se firmó con vigencia a julio de 2015, por tres años –es decir, hasta julio de 2018–, y ver qué pasa con el sector durante este período. Esta es una pretensión de las empresas y nosotros tenemos la necesidad de transmitirles a ustedes; que sea o no posible ya es otra cosa. Por lo menos necesitaríamos visualizar una realidad de las empresas para efectivizar esto.

SEÑOR DELGADO.- Obviamente –tal como han dicho–, ese planteo ya se lo hicieron al sindicato. En primer lugar, me gustaría saber si hay reuniones periódicas entre la cámara y la UNTMRA –el sindicato de la rama– porque me parece algo importante y trascendente, sobre todo cuando se está avanzando en un ámbito de estas características donde el único antecedente que hay es el Fondo Social de la Construcción, quizás el sector de relación laboral más maduro que tiene el Uruguay que, además, data de mucho tiempo.

                Por otro lado, esto implica también una articulación muy importante con el Banco de Previsión Social que va a jugar un rol más que trascendente y exclusivo para poder hacer funcionar este fondo; lo digo por el tema de las retenciones que luego se verterán a dicho fondo. ¿Se avanzó con el Banco de Previsión Social? ¿Han mantenido reuniones?

SEÑORA ACUÑA.- Con respecto a la primera pregunta, debo decir que tenemos un buen vínculo, un buen diálogo con el sindicato.

                En lo que tiene que ver con el fondo social, cabe acotar que mantuvimos muchísimas reuniones a nivel de la rama, no solo bipartitas para definir aspectos del contenido sino reuniones que las buscamos bipartitamente a fin de asesorarnos con respecto a la naturaleza jurídica, la mejor forma de implementación y, sobre todo, en ese segundo aspecto –ya aprovecho a contestar la otra pregunta– que se vincula con el BPS.

                Una de las preocupaciones que teníamos era justamente cómo lograr no chocar con la parte de la seguridad social. Incluso, antes de firmar el propio convenio colectivo mantuvimos varias reuniones con quien fuera, en su momento, el presidente del BPS. Lo cierto es que nos asesoraron muchísimo y, de hecho –tal como lo he comentado–, se puso a nuestra disposición un equipo interdisciplinario que nos hizo todos los aportes y nos planteó todas aquellas preocupaciones que les podían surgir como asesores de la institución a la hora de implementar el sistema. Eso nos facilitó bastante el camino porque nos dio un montón de herramientas. Por supuesto que quedan algunos aspectos por resolver, pero la información que tenemos del BPS es que, eventualmente, podría crearse un dígito más que identificaría al fondo social. Se trata de algo similar a lo que tiene la construcción y por ahí podríamos zanjar el problema que teníamos, que abarca a todos los trabajadores, pero afecta solo a los comprendidos en el convenio colectivo. Todavía tenemos algunos elementos por resolver, pero en principio, y por lo que nos ha manifestado el BPS, esta institución tendría la solución para esos temas.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Estas adecuaciones que ustedes afirman necesitar como industria –no las voy a valorar porque no es el momento–, no creen que están contempladas en el artículo 18 que habla de la reglamentación? En realidad se trata de una redacción original ya que, en general, las leyes tienen un plazo y queda en manos del Ejecutivo la reglamentación; sin embargo, en el artículo 18 les dan protagonismo. Es más, dice: «La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en consulta con los sectores que integran el fondo social». Eso quiere decir que se abre un diálogo para la implementación, la aplicación y la reglamentación. ¿No consideran que eso les está dando la oportunidad que ustedes piden?

SEÑORA ACUÑA.- Sí; de hecho las negociaciones con la UNTMRA son tan difíciles que ambas partes somos muy celosas y tenemos ese tipo de cláusulas donde nos aseguramos que nos consulten cada punto y coma. Nos cuesta mucho llegar a esas soluciones, entonces después hay que ser cuidadosos.

                Como dice la señora presidenta, nosotros entendemos que quizá a través de la reglamentación vamos a poder limar todas esas dificultades. Nuestra mayor preocupación pasa básicamente porque puede llegar a suponer un peso económico en el bolsillo de los trabajadores y de los empresarios.

SEÑOR PANASCO.- Como siempre, trato de hablar un buen español, pero mi influencia portuguesa –viajo mucho a Brasil y a Portugal– hace que empiece a hablar en portuñol, sobre todo cuando estoy un poco nervioso. De todas formas, estoy acostumbrado a venir a esta casa. Hasta ahora siempre me han recibido bien y espero que las relaciones continúen siendo buenas. Como a los señores senadores les consta, cada vez que he venido he intentado defender el trabajo uruguayo. Creo que todas las partes que residimos en Uruguay deberíamos tener muy claro ese punto central pero, lamentablemente, en la práctica eso no funciona. Una demostración de lo que expuso la doctora Acuña es la clara evidencia de que parece que el trabajo uruguayo no es valorado de la misma manera por todas las instituciones, y ese es el gran problema. La doctora mencionó que en el ministerio de industria hay un consejo en el que participa la UNTMRA y también el sector metalúrgico pero, entre otras cosas, por ejemplo las licitaciones, no funcionan para el trabajo uruguayo. No hay participación del trabajo uruguayo.

Supongo que la comisión va a recibir al sector de la UNTMRA, pero quiero que quede claro para todos que lo que la doctora Acuña expuso es que aquí la parte empresarial no está en contra del fondo social. ¡Qué no se utilice ese argumento, porque eso sería minimizar los temas de fondo! Ahora, si ocupo el recinto del Palacio Legislativo debería ser para defender el trabajo uruguayo y no simplemente una pequeña parte de algo que no es significativo. Me parece que esa es la valorización que cada institución le debe dar al trabajo uruguayo. Es decir que si nosotros queremos que Uruguay funcione, debe haber trabajo digno y real. ¿Qué es lo que está pasando? No es este el único sector, porque como bien saben he venido al Palacio Legislativo por otros sectores y el tema es exactamente el mismo. Todas las actividades industriales están en baja, cada vez importamos más y producimos menos. Los empresarios no son tontos, dejan de fabricar y empiezan a importar porque tienen conocimiento del producto. ¿Quiénes pierden en esto? Pierde el trabajo, no hay participación del trabajo uruguayo. ¿Quiénes son los más afectados? La parte que trabaja más directamente. Los empresarios de pronto ganan más con menos dolor de cabeza.

                Perdonen por ser tan explícito, pero en Uruguay tenemos que valorizar primero lo que es primero, segundo lo que es segundo y tercero lo que es tercero. Por eso es que de pronto la comunicación interna en cada institución funciona en forma diferente. Si yo estoy en un ámbito con el sector trabajador tengo que salir desde ahí y valorizar el trabajo uruguayo. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo y ahí hacer más fuerza, porque si no existen los puestos de trabajo, por más reglamentación que haya, lamentablemente será un costo que va a beneficiar cada vez más a la importación.

                Hay otro tema que también quiero dejar claro, aunque Laura ya lo explicó. Soy metalúrgico además de autopartista; el sector mecánico tiene como siete subgrupos, y el que acordó el fondo social fue el metalúrgico que es el 01. A nivel empresarial la autocrítica interna es brutal porque dicen: «Ustedes hacen acuerdos, la actividad baja y ahora nos obligan, de alguna forma, a que si sale la ley los otros grupos también van a tener que ingresar al fondo social». Algunos dicen que no y otro que sí; si se aprueba la ley probablemente se cree algún tema en los distintos subgrupos que no han firmado, porque cada subgrupo tiene autonomía de firmar. Es decir que el que negocia es uno solo; acá son ocho y firmó uno, los otros siete no firmaron. Digo esto porque también es bueno que se le pregunte a la UNTMRA cómo lo piensa arreglar;  ese va a ser otro tema interno.

Por eso digo que las cosas hay que negociarlas, pero hay que dar ejemplo práctico de la utilidad que tienen las negociaciones; lamentablemente, cuando las cosas salen mal nadie quiere asumir la responsabilidad; ese es otro asunto.

La señora presidenta también integra la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios y sabe lo fuerte que fui en aquel momento con otros rubros en cuanto a lo que no ha pasado, e inclusive dije que algún día vendría a esta comisión que usted preside.

SEÑORA PRESIDENTA.-   Y vino, señor Panasco.

SEÑOR PANASCO.- Acá estoy, señora presidenta, y la versión es la misma; no confundamos. En este caso la rama metalúrgica no está en contra del fondo social; que quede claro. Lo que no compartimos es la fuerza que pone cada una de las partes en el trabajo nacional. La misma fuerza que se puso para el fondo social, sería muy bueno que se utilizara, por ejemplo, para las compras del Estado. Acá termino porque si no me pongo a hablar, no termino más y después me dice que soy casi un político. Soy político no partidario, porque acá vengo a defender la industria y necesito que todos los partidos nos ayuden en nuestro trabajo.

                Estoy a disposición de los señores senadores si desean hacer alguna pregunta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor Panasco.

                Fue absolutamente clara la exposición que ha realizado. Agradecemos la comparecencia de la delegación y sabemos que nos vamos a encontrar nuevamente y tendremos la oportunidad de profundizar sobre algún tema que el señor Panasco sobrevoló y que es muy interesante.

(Se retira de sala la delegación de la Cámara Metalúrgica del Uruguay).

 

                (Ingresan a Sala representantes de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines).

–La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores tiene el gusto de recibir a la delegación de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, UNTMRA, integrada por los señores Luis Vega, César Acosta y Marcelo Abdala. El objetivo de la convocatoria es conocer su opinión sobre el proyecto de ley relativo al Fondo Social Metalúrgico, aprobado por unanimidad por la Cámara de Representantes. Antes de comenzar su análisis en esta comisión y luego de haber escuchado la opinión del sector empresarial, nos interesa conocer la posición de los trabajadores sobre esta iniciativa.

SEÑOR ABDALA.- Muchas gracias. Es un gusto estar aquí, con los compañeros del Parlamento.

                Para nosotros, la aprobación del Fondo Social Metalúrgico es motivo de alegría y festejo para decenas de miles de trabajadores. Como saben, esta iniciativa ya tiene media sanción. Obviamente, en el escenario político nacional hay divergencias, distintas opiniones, proyectos de país y estrategias, pero tuvimos la suerte de que el proyecto de ley fuera aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes y eso para nosotros es un motivo de alegría.

Se trata de un  proyecto de ley que tiene una génesis relativamente larga. Comenzó a gestarse en el año 2011 como producto de la negociación colectiva originada en la huelga general del sector metalúrgico que se desarrolló desde el 10 de octubre de 2011 hasta principios de noviembre del mismo año. En este convenio –que es estrictamente metalúrgico y no comprende a la totalidad de los grupos que negocia nuestra organización–, se establece una cláusula muy general a través de la cual se implementará un fondo social del metal con aportes obrero – patronales que están establecidos en el texto del convenio colectivo en un 0.86 % del sector patronal y en un     0.39 % de la parte trabajadora. Inmediatamente acordado esto como parte de una huelga y de una negociación colectiva tripartita que se desarrolló en su momento, llevamos adelante acciones y gestiones conjuntas con el sector patronal. Al principio, conversamos con los integrantes del entonces directorio del Banco de Previsión Social e hicimos nuestro planteo a la representación de los trabajadores, los empresarios hicieron lo propio con el sector empresarial y juntos nos reunimos con quien en ese momento era el presidente del Banco de Previsión Social, señor Ernesto Murro. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la época y el Banco de Previsión Social llevaron adelante un estudio en conjunto y durante ese proceso tomamos una primera decisión. En la implementación rápida del Fondo Social Metalúrgico podíamos haber aspirado a una solución con cierto grado de informalidad o artesanía –por llamarlo de alguna manera–, es decir, que hubiera un aporte obrero – patronal legislado y normatizado por la resolución del consejo de salarios. Sin embargo, preferimos tomar un camino más largo pero, desde nuestro punto de vista, mejor en cuanto a la transparencia de la institucionalidad, por lo que optamos porque el fondo social tuviera como agente de retención al Banco de Previsión Social. Esto fue una opción porque, sin desmedro del trabajo realizado a nivel de los consejos de salarios, sabíamos que en algún punto del proceso se iba a requerir una ley. Esta es una iniciativa que podría interpretarse con consecuencias de carácter tributario y, por lo tanto, sabíamos que debía contar con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, recogiendo las conclusiones del consejo de salarios, por lo que éramos conscientes que todo podía demorar un poco más.

                La segunda decisión que tomamos fue que en lugar de que se aplicara estrictamente al sector metalúrgico, elevamos el fondo social a un plano superior, más amplio y general, que es el Consejo de Salarios del Grupo n.º 8. Como los señores legisladores sabrán, los consejos de salarios han hecho una clasificación en donde se organizan los grupos generales de complejos industriales de carácter general y dentro de ellos funcionan los distintos subgrupos. Nuestra organización, en lugar de un camino de aplicación rápida, comenzó a desarrollar planteos –y esto tácitamente fue aceptado por el sector empleador– en cuanto a que este fondo social se generalizara a todo el consejo de salarios madre, es decir, al Consejo de Salarios del Grupo n.º 8. Es así que mediante el consejo de salarios y la negociación colectiva se dieron ciertos avances en los consejos de salarios que funcionaron en el año 2013 y otros, ya más desarrollados, en el 2015. En ese año se incorporaron al fondo social sectores de otros subgrupos y, entre otras cosas, se desarrolló un trabajo tripartito –participaron activamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la delegación empresarial en el Consejo de Salarios del Grupo n.º 8 y nosotros– que estableció un marco general que luego se convirtió en un borrador a disposición del Poder Ejecutivo, y que es el proyecto de ley original que fue enviado al Parlamento. Ese fue el proceso al cual podríamos decir que apostamos: en lugar de una aprobación rápida con cierto grado de informalidad en su funcionamiento inicial, que fuera un proceso mucho más lento –ya han transcurrido cinco años desde que se comenzó con el fondo social– pero que nos diera más garantías desde el punto de vista de la formalidad y de la institucionalidad.

                Básicamente, como sabrán, el fondo social establece un aporte obrero–patronal de un 0,39 % y un 0,86 %, respectivamente. El planteo original que se había acordado en el sector metalúrgico rige en todos sus términos y es de carácter general para todo el Grupo n.º 8.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Me permite? Recién escuchamos a los representantes de la Cámara de la Industria Metalúrgica y, justamente, una de las afirmaciones que realizaron fue que, salvo la rama del metal, los demás integrantes del Consejo de Salarios del Grupo n.º 8 no firmaron este acuerdo del fondo social, lo que va a generar un inconveniente. Eso fue lo que señalaron ellos. Sin embargo, ahora escucho que sí se participó en el Consejo de Salarios del Grupo n.º 8, que tiene una cantidad de subgrupos.

Entonces, me gustaría que fueran un poco más precisos en cuanto a este aspecto.

SEÑOR ABDALA.- Luego de la aprobación original del sector del metal, llegamos a un acuerdo con la Cámara de Industrias Navales; esa es otra negociación. El acuerdo establece que el sector naval se adhiere al fondo ni bien haya sido aprobada la ley. También firmamos un acuerdo con el Centro Talleres Mecánicos de Automóviles y con las empresas de auxilio mecánico automotriz, y podemos decir que el sector de la industria automotriz ha incorporado la idea de adherirse al fondo. Más recientemente, quedó claramente definido que toda la industria autopartista ha quedado comprendida en la negociación colectiva, en el Consejo de Salarios del Grupo n.º 8, ya que en su texto constitutivo, en las reglas generales de juego, se estableció que va a ser parte del fondo social.

Esto quiere decir, objetivamente, que tenemos acuerdos con un universo bastante más amplio que el sector estrictamente metalúrgico.

No obstante ello, hay una innovación con respecto al proyecto original, y es que a solicitud de las cámaras empresariales –nosotros tuvimos en cuenta esto–, en lugar de ser un fondo general del Grupo n.º 8, un 20 % de los aportes –de todo lo que recaude el fondo– va a ser administrado por los subgrupos, y un 80 % en una concepción más universalista, más solidaria –por decirlo de alguna manera– se va a destinar al fondo general.

El fondo establece un ámbito de gestión bipartita que funciona por consenso, con los delegados debidamente acreditados por los sectores empresariales y por la UNTMRA. Tiene un sentido inicial muy similar y cumple casi las mismas funciones que hoy está cumpliendo el fondo social de la construcción, es decir, tratar de ayudar a completar los derechos que hemos conquistado con el Sistema Nacional Integrado de Salud, extendiéndolos a la salud bucal, que para nosotros es muy importante. A pesar de todos los avances económicos, sociales y laborales que hemos tenido, en las asambleas del gremio se nota que las personas todavía tienen problemas en su dentadura, y esa es una cuestión que tiene que ver con la alimentación y con la salud de los trabajadores. Ese servicio odontológico no sería solo para los trabajadores, sino que se pretende que también cubra al núcleo familiar, o sea, al cónyuge y a los hijos del universo metalúrgico.

Otro criterio de utilización de estos recursos sería apoyar labores de carácter educativo de los niños, ya sea con canastas de útiles escolares o con otros servicios de complementación educativa. Para nosotros es fundamental llevar adelante esto porque sabemos la importancia que tiene la educación, no solo en la edad inicial de los chiquilines sino para toda su trayectoria de vida. A su vez, ello puede ser complementado y ayudado por un eventual Sistema Nacional de Cuidados. Algunas empresas, particularmente del sector autopartista, están compuestas por un universo femenino de madres, en su inmensa mayoría jefas de hogar, y se advierten ciertos problemas de ausentismo. Los estudios más profundos han demostrado que muchas veces las compañeras faltan por la necesidad de tener que cuidar a los mayores o a sus hijos. Entonces, queremos también abrir el horizonte y lograr que este Fondo Social Metalúrgico pueda ayudar, con un objetivo de carácter general, como es el Sistema Nacional de Cuidados, en cuestiones de capacitación, de desarrollo social, cultural y de turismo social. En fin, procuramos contar con un fondo que sea administrado por ambas partes y que sirva para el desarrollo social de los trabajadores.

                Hemos venido trabajando por la aprobación inmediata del proyecto de ley, tal como lo hicimos a nivel de la Cámara de Representantes. No obstante, hemos recibido algún planteo vinculado con la relación que existe entre la situación general de la industria y la aprobación de la iniciativa. A este respecto, debemos hacer una disociación, porque una cosa es la aprobación de la iniciativa y, otra, a partir de cuándo se comienzan a concretar los aportes. A raíz de algunos planteos que hemos escuchado en ese sentido, nos parece que corresponden comentarios de la parte trabajadora con un sentido de responsabilidad, pues apuntamos a un concepto integral del interés de los trabajadores. No se trata de oponer el salario al empleo, porque si no se tiene empleo menos se tendrá salario. Por lo tanto, buscamos la manera de defender integralmente el trabajo, la calidad de vida y la formación profesional; en fin, el conjunto de los intereses de los trabajadores, enclave también del desarrollo industrial.

                Con independencia del momento en que se apruebe este proyecto de ley, apostamos a que el Fondo Social Metalúrgico se empiece a ejecutar –esto es, a aplicar los descuentos, etcétera– en 2017, porque imaginamos que durante un tiempo tendrá un período de no ejercicio de los derechos para buscar cierta capitalización.

                En realidad, nosotros somos parte de esto. Aclaro que no lo digo como una crítica a otros. Sabemos que nadie puso una heladera para enfriar y enlentecer la cuestión; nuestras propias opciones tácticas también llevaron a que esto sucediera. Ahora bien, si uno compara el momento en que esto se consagró por convenio colectivo y el momento que tenemos pensado que comience a funcionar, resulta que habrán transcurrido más de cinco años.

                Para las gremiales con las que hemos conversado para que adhieran al Fondo Social Metalúrgico, las reglas de juego estaban claras. La idea es que cuando se apruebe el proyecto de ley –que es bastante claro, por cuanto establece las reglas de juego, los mecanismos, la personería jurídica, cómo se va a administrar, con qué transparencia, etcétera– se abra un período de reglamentación. Ahora bien, hay un aspecto importante a tener en cuenta y que va a insumir un tiempo; me refiero al hecho de poner toda la maquinaria en funcionamiento para que el Banco de Previsión Social pueda efectivamente  hacer  el descuento.  Esto   presenta  la complejidad  de  que  el  criterio            –seguido de común acuerdo– que clasifica los consejos de salarios, no necesariamente es igual al tipo de clasificación con que el Banco de Previsión Social organiza el universo de las empresas. En los consejos de salarios hay una clasificación laboral gruesa –digamos–, mientras que a nivel del Banco de Previsión Social se utiliza la clasificación CIIU, a 4 dígitos que, a veces, no es exactamente igual. Por esa razón decimos que en el BPS va a llevar un tiempo.

                Una vez que estén dadas todas las condiciones y se haya aprobado el proyecto de ley, pensamos que en el primer cuatrimestre de 2017 se podrá comenzar a descontar.

                En realidad, no sabemos bien qué sucedió pero el sector empresarial, con quien tenemos una buena relación, nos pidió una reunión, que le concedimos, pero finalmente no concurrió.

No nos parece –nos han llegado algunos comentarios– que esto se largue para el 2018, inclusive, para la finalización de los convenios, porque todo el mundo tiene derecho a defender sus puntos de vista e intereses, pero conociendo el paño, los bueyes con los que aramos –son muchos años de negociación–, si esto está ubicado entre el final de un convenio y el otro, va a ser puesto en tela de juicio y va a complejizar toda una negociación como la que se va a desarrollar en el 2018. Para nosotros es posible ver el tiempo de inicio del asunto, pero después que se inició en el 2011 estaría bien que arrancara en el primer cuatrimestre del año que viene. Sería una conquista importante; una demostración del rol de la negociación colectiva, del rol de las organizaciones, de la importancia del diálogo social, de cómo la negociación colectiva no es solamente en cuestiones de inmediatismo, sino que también se pueden acordar cosas que terminan ayudando al país.

A nivel de las autoridades se está viendo la posibilidad de generalizar este tipo de experiencias, porque hay muchos gremios que están planteando las mismas cosas. Nos parece que si en la negociación colectiva pudiera desarrollarse una aprobación en el  plenario del Senado con la misma amplitud con la que se resolvió en Diputados, sería un motivo de mucha alegría y de festejo para los trabajadores, en un momento en que –debo decirlo– no estamos en condiciones de festejar demasiadas cosas.

SEÑOR DELGADO.- En verdad, han sido más que contundentes.

El señor senador Carámbula le hizo una pregunta al sector empresarial que me parece bien que conste en actas como parte de los insumos. En concreto, preguntó a cuántos trabajadores podía beneficiar y cuánto era el monto estimado. Ellos dijeron que como, en realidad, el Grupo 8 está dividido en varios subgrupos, solo pueden hablar por el grupo de ellos, que es el metalúrgico, pero no por los otros subgrupos. Entonces, quedamos en hacer la pregunta al sindicato UNTMRA, que es común a todo el grupo.

SEÑOR ABDALA.- En lo personal, entiendo que al menos en el inicio, este fondo está referido a un entorno de 10.000 trabajadores y sus familias, pero puede crecer, porque quedó abierto a la incorporación de algunos subgrupos que todavía no se han adherido.  Inclusive, la ley no coloca una restricción para un sector muy importante, que son los trabajadores de las estaciones de servicio, que también están en la UNTMRA pero negocian en el Grupo 19, del comercio. Los trabajadores de las estaciones de servicio, también por acuerdo, manifestaron que están de acuerdo con pertenecer al Fondo Social Metalúrgico, pero como no están en el Grupo 8, quedarían afuera. Si algún día llegamos a un acuerdo en el sentido de que ese subgrupo salga del Grupo 19 y vaya al Grupo 8, también se va a engrandecer al sector. En principio,  a brocha muy gruesa, calculo que son unos 10.000 trabajadores, pero pueden crecer a medida de que se vayan incorporando más sectores, pues en el proyecto queda abierta la posibilidad.

SEÑOR CARÁMBULA.- Me parece bien interesante el relato y los aportes que hicieron los representantes de la industria desde todo el proceso de 2011 hasta el conflicto de hace un mes. Las distintas etapas coinciden con el relato que hacen ustedes de cómo se fue trabajando de forma madura en la negociación colectiva.

                Otro punto que ha quedado muy claro es la visión en cuanto a los tiempos, a los plazos, a las razones que tiene el sindicato y, a su vez, las que plantea la industria.

SEÑOR ABDALA.- Puede haber distintas razones –industriales, productivas o de mercado– para que cualquier sector o industria tenga dificultades. Algunas de ellos son difíciles de manejar hasta como país, porque un sector grande de nuestra industria forma parte de cadenas de valor y redes productivas globales que organizan la localización y la deslocalización de acuerdo con criterios transnacionales. Particularmente la industria automotriz, autopartista, está más vinculada a una dinámica global que de carácter nacional. Por otra parte, hay industrias que sí están vinculadas al mercado interno y que son sensibles a la suba o a la baja de la tasa de inversión y al porcentaje de la inversión que se hace con proveedores nacionales o no.

                Respecto a la visión integral que hoy mencionábamos, digo lo siguiente. Estamos llevando adelante un diálogo con UPM. Una de nuestras principales reivindicaciones –en caso de que se realice esta inversión– es que, a diferencia de lo que ocurrió en UPM en Fray Bentos o en Montes del Plata, se avance en el armado de proveedores nacionales. Se ha tenido dificultades respecto a la contratación de mano de obra nacional y también  observamos que muchos elementos que se instalan y que son parte de la inversión, Uruguay no tiene la capacidad o la tecnología para desarrollarlos. No vamos a pedir que las máquinas y la ingeniería pesada relativa a la producción de celulosa, se hagan acá porque sabemos que es imposible, pero las barandas, las escaleras y otros elementos podrían hacerse en nuestro país. Por lo tanto, como movimiento obrero planteamos la necesidad de que haya un compromiso más efectivo en armar redes de proveedores nacionales.

Por otro lado, las dificultades por las que puede atravesar una industria pueden ser diversas, pero nunca van a estar dadas porque tengan que aportar un 0,86 % por trabajador. Somos socios activos de la industria en el sentido de lograr mejoras en las condiciones para el trabajo, entre otras cosas, porque los que trabajamos somos nosotros, pero no se puede confundir una cosa con la otra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de la delegación de la UNTMRA. Desde nuestro lugar haremos todo lo posible para que se apruebe rápidamente este proyecto de ley.

(Se retira de sala la delegación de UNTMRA).

–Habiendo recibido a las dos delegaciones en el día de hoy –que, según creo, aclararon varios puntos que los senadores tenían a consideración–, podríamos votar el proyecto de ley.            

(Apoyados).

–Dado que los señores senadores conocen bien el proyecto de ley, pues lo hemos estudiado y analizado, propondría suprimir la lectura y votarlo en bloque.

Se va a votar.

(Se vota).

                –5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley de creación del Fondo Social Metalúrgico.

(Se vota).

                –5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Hay una moción para que el miembro informante sea el senador Carámbula.

Se va a votar.

(Se vota).

                –4 en 5. Afirmativa.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 16:31).