SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 13:12).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«Carpeta N.º 641/2016. Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas. Se declara de interés nacional y se crea una Comisión Honoraria Nacional. Proyecto de ley con exposición de motivos de varios señores senadores. Distribuidos N.º 917/2016.

La Facultad de Ciencias remite informe elaborado por la Sección Limnología sobre el proyecto de ley sobre Riego con destino Agrario.

La Asociación de Escribanos del Uruguay solicita audiencia a efectos de intercambiar opiniones sobre el proyecto de ley sobre Riego con destino Agrario.

La Comisión de Fomento Rural solicita audiencia a efectos de explicar la situación legal de las Sociedades de Fomento Rural.

La Junta Departamental de San José remite versión taquigráfica de las palabras del señor edil Reinaldo Díaz referidas al abigeato».

–Hay una serie de audiencias solicitadas por instituciones vinculadas a la ley de riego, que vamos a empezar a tratar en esta sesión. Si los señores senadores están de acuerdo, después de escuchar las explicaciones del señor ministro y de algunas otras opiniones que se den en el día de hoy, propongo que hagamos un listado de instituciones a las que vamos a citar, incluyendo a las que ya pidieron ser recibidas por la comisión.

               Antes de que ingrese el señor ministro, le damos la palabra al señor senador Garín, quien solicitó hacer una exposición previa.

SEÑOR GARÍN.- Tenemos intención de presentar formalmente ante la Comisión una propuesta modificativa del proyecto de ley sobre riego que en su momento remitió el Poder Ejecutivo. En la bancada del Frente Amplio hemos visto algunas oportunidades de mejora de ese texto. Le hemos dado forma a esta nueva propuesta y queríamos presentarla formalmente, sin perjuicio de que ya fue enviada a la secretaría  y de que incluso ya está procesada en una versión –de la que disponen todos los señores senadores– donde figuran la iniciativa original del Poder Ejecutivo y las modificaciones propuestas por la bancada del Frente Amplio.

               En síntesis, quería dar los fundamentos de nuestra propuesta y plantearla formalmente en la Comisión, a los efectos de que el señor ministro    –nos consta que tiene el comparativo porque la secretaría se lo remitió– pueda expresarse al respecto, si así lo desea.

               Era cuanto quería plantear.

SEÑOR PRESIDENTE.- La secretaría ha elaborado un repartido con la propuesta de modificación que hiciera la bancada del Frente Amplio y, asimismo, realizó un comparativo. Queremos, entonces, agradecer a Secretaría por habernos facilitado la tarea al habernos presentado un comparativo entre la ley vigente, el proyecto de ley presentado y las modificaciones propuestas.

               Si los señores senadores están de acuerdo, le solicitaríamos al señor ministro Aguerre que realice la presentación sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y posteriormente los señores senadores del Frente Amplio podrán hacerle preguntas acerca de las modificaciones que ya fueron remitidas al Ministerio.

(Ingresa a sala el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y asesores).

               –La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene mucho gusto en recibir al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre y al equipo que lo acompaña. También se encuentran presentes los ingenieros Alejandro Nario, Director Nacional de Medio Ambiente y Daniel Greif, Director Nacional de Agua, ambos integrantes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

               La idea de este encuentro es hacer una presentación de la reforma de la ley de riego, proyecto de ley que presentó hace un tiempo el Poder Ejecutivo. Unos minutos antes de que ingresara a sala el señor ministro, el señor senador Garín, en nombre de la bancada del Frente Amplio, dio cuenta de algunas modificaciones que se sugieren al proyecto del Poder Ejecutivo. Estas sugerencias ya han sido distribuidas y el señor ministro ya cuenta con el comparativo.

SEÑOR MINISTRO.- Buenas tardes a todos. Por ahora me acompaña la doctora Karina Gasparini, asesora legal; están llegando la Directora de Recursos Naturales, ingeniera Mariana Hill, y el ingeniero Inocencio Bertoni.

               Con respecto al texto en cuestión, me voy a permitir hacer algunas fundamentaciones previas que son las que motivan la decisión de hacer esta adecuación del marco normativo vinculado al tema del agua. En realidad, esta adecuación se viene realizando cada 20 años en función de las realidades del uso productivo del agua y la creciente e importante preocupación por los aspectos vinculados a los impactos de la producción del medio ambiente. El Código de Aguas aprobado en la Ley n.º 14859, de 1979, es previo incluso a la creación del ministerio de vivienda. En 1997 se promulga la Ley n.º 16858 sobre riego con destino agrario. Actualmente entendemos que la situación productiva del país y algunos elementos que voy a compartir en la argumentación que daremos motivan la decisión de hacer esta modificación legal.

               Las modificaciones que promovemos encuadran perfectamente con cuatro de los ejes estratégicos de la política pública agropecuaria. Estos tienen que ver con competitividad, con intensificación sostenible –estamos convencidos de que vamos a ser más sostenibles con riego que sin él–, y con adaptación de nuestros sistemas productivos al cambio climático –yo diría a la histórica variabilidad climática que viene acrecentada por eventos cada vez más extremos–, sobre todo desde la perspectiva del desarrollo rural inclusivo tratando de que el agua no sea un factor de exclusión por falta de competitividad sino un factor de inclusión

               La carpeta que he repartido contiene una síntesis de estos tres documentos que tienen que ver con los trabajos que hemos realizado durante los últimos seis años en materia de ajuste y propuesta de metodologías de riego, la actualización del potencial del país para realizar pequeñas y medianas represas y, por último, una consultoría que realizamos conjuntamente con el Banco Mundial que se sintetiza en ese documento que es una descripción abreviada de hacia dónde apunta la política de desarrollo de riego en el Uruguay, en un horizonte 2015-2030. Los conceptos tienen que ver con sostenibilidad y con competitividad por el lado de la productividad. No precisa que explique la vulnerabilidad que tienen nuestros sistemas productivos a la falta de precipitaciones. En estos días los productores agropecuarios hemos cambiado el discurso, pues hace un mes estábamos pidiendo que dejara de llover y hoy estamos penando por 20 milímetros. En la imagen proyectada podemos apreciar de un lado una foto actual del predio de un pequeño productor lechero en los alrededores de Florida y, del otro lado, una foto del predio de al lado en la primavera pasada. En realidad, el agua –sobre todo, el agua provista como riego– incide prácticamente en todos los rubros de producción de este país. Somos un país con una precipitación de 1300 litros de agua por metro cuadrado, o sea, más de seis tambores de 200 litros en un metro cuadrado en un año. De esta cantidad, aproximadamente el 40 % escurre por la superficie alimentando cañadas, arroyos y ríos, con una muy mala distribución y con una extrema irregularidad que nos genera que en determinados momentos tengamos excesos prolongados  y, en otros, déficit. Considerando la capacidad de almacenamiento de agua que tienen nuestros suelos, los mejores suelos del Uruguay tienen capacidad de almacenar agua para 14 o 15 días en un maíz de 10.000 o 12.000 kilos potencial. Por lo tanto, cuando pasan 10 o 12 días sin llover empezamos a limitar el rendimiento y, entonces, imaginémonos lo que sucede cuando pasan 40 días sin llover.

               La variabilidad y el cambio climático forman parte de la política estratégica agropecuaria del Uruguay, porque un país que tiene que vender el 80 % de lo que produce sin capacidad financiera para competir contra subsidios tiene que hacerlo en base a competitividad genuina, y la competitividad  tiene que ver con productividad, con diferenciación pero, sobre todo, con estabilidad. Entonces, no alcanza con tener tres años de buenas cosechas si después se tienen dos malos. En definitiva, pretendemos empezar a salir del campo de la incertidumbre y trabajar sobre un mapa acotado de riesgos.

               A continuación, en la siguiente presentación podemos observar la información del porcentaje de agua disponible en los suelos. Se puede ver que en la mayoría de los años en el mes de enero tenemos el país pintado en color rojo. La vulnerabilidad de cualquier sistema de producción tiene que ver, obviamente, con la exposición a la sequía o al exceso hídrico, depende de lo que sea, a la sensibilidad del rubro sistema de producción y a la capacidad de adaptación. Acá estamos hablando de mejorar la capacidad de adaptación.

               La historia del riego en el Uruguay tiene un poco que ver con esos cuatro modelos de vehículo, que son las cuatro grandes sequías en la historia del Uruguay.

SEÑOR MUJICA.- Yo me acuerdo de la sequía del año cuarenta y dos.

SEÑOR MINISTRO.-  Por supuesto que por cuestiones obvias nadie se acuerda de la sequía del año dieciocho.

               ¿Por qué pretendo poner esta imagen? Porque en la historia del Uruguay nos acordamos del riego siempre después que hubo una gran sequía. La seca del año cuarenta y dos trajo algunas unidades de riego que fueron gestionadas por la Dirección de Hidrografía: el riego de la Colonia Tomás Berreta; después, el riego de la Colonia España; un sistema de riego construido que tuvo años sin usar, en una cañada que está al norte de Paysandú, El Chingolo, que estuvo abierto desde el año cuarenta y siete y hace cuatro o cinco años que se está utilizando; la unidad de Aguas Blancas, y en la seca del año ochenta y ocho principios del ochenta y nueve, se generó la iniciativa para lo que fue el programa Prenader. Por lo tanto, creo que esto ha cambiado y, por lo que vamos a ver más adelante, el riego está como una variable más del manejo del sistema de producción y no como una preocupación que surge cuando ocurre un evento de sequía importante. Obviamente, que el arroz fue el dinamizador del riego en Uruguay. En este sentido, quiero recordar a un gran amigo, que fue compañero y gerente de la Asociación de Cultivadores de Arroz muchos años. Él me acercó una revista que mencionaba el hecho de que en el año sesenta y nueve esta asociación ya hablaba de eso y del 5 % del territorio nacional convenientemente regado, que son 900.000 hectáreas. Quiere decir que se soñaba con eso. Y esto dio lugar al plan de represas, en 1969.

               Si leemos con detenimiento el Código de Aguas, que es del año 1979, encontraremos que está escrito con una casuística donde la fuente de agua era la natural: lagunas, ríos o arroyos. Tenemos que ir adecuando nuestra normativa, dándonos cuenta de que ese recurso está prácticamente agotado con fines de riego y de que nuestro crecimiento en riego dependerá del desarrollo del represamiento.

               En los años 1969 y 1970 –de esa época es esta revista de la vemos algunas imágenes– Uruguay tenía 35.000 hectáreas de arroz; en la cosecha 2014–2015 tuvo 160.000, pero hoy hay unas 50.000 hectáreas más con otros cultivos que están siendo regados. No todo el Uruguay es apto para riego pero tiene muchísimos lugares idóneos para construir las obras de represamiento que permitirán almacenar esos 500 milímetros excedentes –o una parte de ellos– a los que hacía referencia.

               Esas 1:300.000 o 1:400.000 hectáreas de agricultura que hay en nuestro país están, obviamente, en nuestra región típicamente agrícola. Los planes de uso y manejo de suelo que  hoy regulan la agricultura de esas 1:400.000 hectáreas en más de 11.500 planes, están concentrados en la zona del litoral sur y del centro. En esa región no tenemos desarrolladas las infraestructuras de aprovechamiento de agua.

               La foto que estamos mostrando es del viernes pasado –todos los viernes salimos al interior– y quise compartirla con los señores senadores. Se trata de una de las zonas más fértiles del Uruguay; eso es Cololó, un establecimiento de índice Coneat 200 que tiene una buena agronomía y al que, además, se le sumó el riego. Estamos saliendo del invierno y a nadie se le podía ocurrir que a fines de setiembre íbamos a tener que regar, pero ese es un cultivo de trigo que está siendo regado porque, en octubre, tiene déficit hídrico. Ese riego –que fue de 25 milímetros completados ayer– puede significar la diferencia de 2.000 kilos de producción por hectárea.

La investigación nos dice que en maíz –que se muestra en la columna de la izquierda de la imagen– la diferencia entre regar y no hacerlo es de seis toneladas y en soja, sea de primera o de segunda, es de aproximadamente una tonelada y media; en algunos casos, a nivel comercial, se ha encontrado más diferencia que esa.

Esto es la investigación. Estamos mostrando ahora la impresión del mapa que arroja el monitor de rendimiento de la cosechadora de ese productor que visitamos el otro día, en la zafra de soja del año pasado. Lo que se ve dentro del círculo es lo que está bajo riego y lo que está fuera –es decir, lo que no está en verde– es lo que no riega el pivot. Estamos hablando del mismo suelo, del mismo Cololó, de la  misma sembradora; es todo lo mismo y los señores senadores pueden ver que el rendimiento de soja de este año anduvo entre 4.600 y 5.000 kilos. Es cierto que es Cololó, pero lo que está fuera del agua rindió 2.500 kilos.

Entonces, cuando hablamos de poner un segundo piso a la producción del Uruguay, haciendo un uso eficiente del agua, estamos refiriéndonos a esto.

Lo que se muestra a la izquierda es maíz. Fíjense los señores senadores que lo que está dentro de los círculos da 11.000 o 12.000 kilos y lo que está afuera da 6.000 kilos. No hay con qué darle: este es el factor de cambio, en materia de productividad, de muchos de los sistemas productivos de Uruguay.

En este caso nos referimos a una inversión realizada en forma individual. Adviertan los señores senadores los paneles solares que están a la izquierda de la imagen. Este es un proyecto –el represamiento, los pivots, las bombas– que se planteó a partir de la ley de promoción de inversiones y de aquel decreto de noviembre de 2010 o principios del 2011, que planteaba que el consumidor podía vender su excedente de generación eléctrica a la UTE y esta se lo tenía que comprar al mismo precio. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Estamos hablando de una unidad de bombeo de 120 kilowatts y de un panel solar de generación de 125 kilowatts. Por lo tanto, me parece que es una de las cosas que también tenemos que pensar hacia el futuro. Una de las modificaciones en los artículos que se incluyen tiene que ver con la posibilidad de generar microhidráulica al mismo tiempo que se utiliza para regar.

Esta realidad hace que hoy ya esté ocurriendo un fuerte aumento en el número de pivots. Yo me acuerdo que en el año 2010, cuando asumimos en el ministerio, había 20, 24 o 25 equipos de pivots, y hoy estamos arriba de los 400 equipos. El sector privado, individualmente, ha venido incorporando el riego. Esto es así por una razón muy sencilla: en el año 2002 una tierra agrícola costaba USD 1.000, y hoy cuesta USD 8.000; el sistema de riego –la máquina de regar, el pivot– en el año 2002 costaba USD 1.300, y hoy cuesta USD 2.800. Por lo tanto, la relación inversión en riego sobre el valor de la tierra hace mucho más atractiva la búsqueda de la rentabilidad diferencial, o de la productividad diferencial, proveniente del riego para amortizar la inversión.

El problema no son las máquinas para regar, sino el agua. Para regar, además del pivot, hay que tener la fuente de agua.

¿Cuál es la filosofía con que estamos pensando esto? Un productor agrícola en el Uruguay compra la semilla, compra el fertilizante, compra la maquinaria, contrata el servicio de flete, contrata el servicio de secado, contrata el servicio de almacenamiento, adquiere la mejor genética y la mejor fertilización, pero el agua no es un insumo, sino un factor. Si tiene un buen manejo del suelo, de los rastrojos, de la materia orgánica y llueve, tendrá agua para siete, ocho, diez o quince días, dependiendo de la calidad del suelo que tenga, pero no es un insumo que maneje. La filosofía que hay detrás de esto es transformar el agua de un factor –que está si llueve y el suelo lo almacena–, en un insumo. Yo he dicho muchas veces que debemos transformarnos de un país que espera la lluvia a uno que la cosecha, que la almacena, que la administra, que la conduce, que la financia, al servicio de ese cambio de productividad. ¿Por qué digo esto? Porque los cursos de agua en las zonas agrícolas, no están agotados desde el punto de vista hidráulico, pero la autoridad de aguas no tiene capacidad de otorgar más concesiones porque la cantidad de agua que hay disponible sin afectar el caudal ecológico ya está concedida.

Después tenemos el tema del agua subterránea, que es un recurso que no sé si está totalmente utilizado o no, pero en lo que concierne al acuífero Guaraní, hacer una perforación de 700, 800 o 1.000 metros para sacar 320.000 litros por hora es algo antieconómico. En cuanto al acuífero Raigón –hay que estudiar para ver si queda alguna capacidad–, está circunscripto a una región muy pequeña del sur del país. Por eso manejo el concepto de recursos agotados; yo hago la salvedad porque alguien puede pensar que el agua está agotada en el Uruguay, y no es así. Estamos hablando de agotada desde el punto de vista del uso para el riego. Recordemos que el riego es el principal uso del agua en el Uruguay y en todas partes del mundo; la actividad que utiliza más agua es el riego. Con relación a nuestra competitividad agrícola frente a mercados que importan nuestros granos o nuestra carne –pongamos el ejemplo de China–, en realidad lo que tenemos es un comercio entre dos países que tienen un costo de oportunidad del agua diferente. Cuando nosotros le vendemos soja, arroz o carne, le estamos vendiendo un producto que necesita agua. Pero no le estamos vendiendo el recurso; ese es otro concepto que cuesta bastante trabajo comunicar. En realidad, el agua queda acá: la planta de soja recibe el agua de riego que viene del pivot; se incorpora al suelo, la raíz la absorbe, la planta la evapotranspira, y esa agua forma parte del natural ciclo hidrológico y no se va. Por lo tanto, nosotros siempre pensamos que en la medida en que se mantengan los caudales ambientales y ecológicos, el resto del agua forma parte del ciclo hidrológico.

Veíamos que el 88 % de la agricultura del Uruguay está en esa región, y allí no hay infraestructura de riego. Nos gusta hacer esta lógica: en el Uruguay se plantan 180.000 hectáreas, y el 55 % de la superficie de arroz se riega con represa. Con un consumo generoso de quince mil metros cúbicos por hectárea de riego de arroz, eso nos deja mil quinientos millones de metros cúbicos de agua. Si me preguntara cuántos cultivos de soja y de maíz podría regar con esa cantidad de agua que hoy Uruguay tiene almacenada, la respuesta sería 620.000 hectáreas; podría regar el 50 % de la agricultura de secano del país solo con el agua que está embalsada. ¿Cuál es el problema? El problema es que el agua está embalsada en zonas donde se planta arroz y no donde tenemos, no solo los mejores suelos, la cultura, sino, sobre todo, la ventaja logística para salir por donde naturalmente vamos al exterior con los granos.

               Lo que pretende demostrar esta figura es que cuando se recorre el este del país, el noreste o el norte, en realidad no se ven modificaciones del paisaje ni afectaciones que llamen la atención; lo importante es imaginarse qué pasaría si desarrolláramos la inversión que se hizo para el arroz en una zona donde tenemos la mejor aptitud agrícola de lo que el mundo nos está demandando con más intensidad, que son los demás cultivos y no tanto el arroz.

               En ese sentido, hay que tener presente que el desarrollo del riego del arroz en el Uruguay y el del riego que incipientemente vimos que está ocurriendo en esas 40.000 hectáreas que no se regaban hace diez años, pero hoy sí, se maneja con una lógica de negocios que implica que las represas están dimensionadas a escala predial –cada uno se hace en su campo su represa, su represita, su tajamar o su charco–, son individuales y tienen una baja eficiencia en términos de metro cúbico de tierra en la construcción con respecto a la cantidad de agua que embalsan, una baja eficiencia en términos de metro cúbico de agua embalsada por hectárea inundada, y muchas veces también –como en el caso del arroz– con un alto porcentaje de bombeo, cuando en realidad en las zonas arroceras se puede regar por gravedad. Esto tiene que ver con la lógica del negocio: yo me compro mi tractor, mi galpón, mi sembradora y me hago mi represa, pero amortizar una represa en un período largo es algo que requiere un grado de relacionamiento entre los socios o entre los vecinos que ha hecho que las represas multiprediales, aun habiendo sido estimuladas con subsidios diferenciales en el antiguo proyecto del Prenader, no se hayan concretado. Entonces, no es un tema solamente económico.

               ¿Por qué para nosotros es importante detenerse a pensar en esta lógica? Porque si es cierto que la competitividad de nuestra producción tiene que ver con la productividad y esta con el riego, inexorablemente quienes hagan la cuenta y les dé positivo van a tratar de hacer su propia obra. Y lo que pretende este proyecto de ley es desestimular el comportamiento individual y propender a un comportamiento colectivo o asociativo –diría, profesionalizado– para que la inversión sea lo más redituable posible, no solo en términos del negocio del particular, sino en lo que atañe al país.

Cuando digo que este sistema es ineficiente en términos de metro cúbico de agua embalsado por hectárea inundada, lo que quiero trasmitir es que la hectárea que inundé no produce nada; lo que tiene es agua. Por tanto, a nivel de país debería embalsar en los lugares donde la cantidad de agua embalsada por metro cúbico utilizado como lago sea la más eficiente. Seguramente eso traería algunos otros beneficios desde el punto de vista ambiental –que luego comentarán los compañeros idóneos en el tema–, como lo relativo a la profundidad, a que la luz no llega al fondo, a las algas, en fin, todo lo que los colegas especializados en el tema seguramente nos dirán.

               El segundo concepto tiene que ver con la calidad de la tierra que se deja bajo agua. Vimos como un ejemplo interesantísimo de iniciativa y de racionalidad empresarial lo que presenté sobre la visita del viernes pasado, pero también de coraje porque hay que inundar un suelo de índice Coneat 200. Entonces, si ese productor hubiera tenido la alternativa de recibir agua embalsada en un suelo de una capacidad agrológica menor, ese suelo que ahora está bajo el agua estaría produciendo.

Con este cambio normativo apuntamos a que haya estímulos para las represas multiprediales, colectivas, que tengan alta eficiencia y que sean más seguras.

 Yo creo que estamos en una situación en donde la evolución de la demanda de riego en algunas zonas de Brasil empezó 30 años antes que en la nuestra. En esa imagen puede verse la frontera. Veamos un acercamiento de la zona que  está  al norte de Quaraí; es la foto aérea o satelital de la situación de las represas en la frontera oeste de Rio Grande do Sul. Vemos Barra do Quaraí y Uruguayana; aquella mancha grande que está arriba es la represa de Itaqui y abajo está Alegrete. Observen la situación de Uruguay: tiene muchísima menos densidad de represas.  La zona de la cuenca del arroyo Yucutujá –donde estoy hace 30 años– es la que tiene más represas por kilómetro cuadrado del Uruguay. O sea, la zona del Uruguay donde tenemos la mayor interceptación de agua de escurrimiento es la cuenca del Yucutujá. Según estimaciones, estamos represando el 18 % del agua que escurre; el 82% se sigue yendo. En el Uruguay captamos un promedio el 4,5 % o 5 %. ¿Por qué muestro esto? Porque si nosotros no cambiamos respecto a la búsqueda de la rentabilidad individual, lo que vamos a lograr es tapizar el país de embalses: en todos aquellos lugares donde haya posibilidades de hacer un embalse, a nivel individual, que genere rentabilidad económica, lo vamos a hacer, y una vez que esté hecho, habremos perdido la posibilidad de hacer las mejores represas, en los mejores lugares, con los menores costos.

 En la lámina que tenemos a la vista, todo lo que está en rojo es arroz; es la zona de la frontera oeste del municipio de Uruguayana, Barra de Cuaraí y Alegrete; ahí no se abandona el arroz por falta de agua. Quiere decir que la lluvia es suficiente para que todas esas represas se llenen. También es cierto que los conflictos entre los vecinos, entre el que tiene la represa de arriba y el de la represa de abajo, son de faca no cinto.

Según el Registro de la Dirección Nacional de Aguas, en la cuenca de ese arroyo hay 25 represas; 60:000.000 de metros cúbicos de agua almacenados; 2:000.000 de metros cúbicos de movimiento de tierra y una relación de metro cúbico almacenado sobre metro cúbico de tierra en la pared de 26 a 1. La misma superficie que se riega con esas 25 represas, se podrían haber regado con estas tres represas que están pintadas de verde, porque hubieran almacenado más o menos lo mismo, hubieran inundado 1.000 hectáreas menos y hubieran requerido el 60 % de la inversión en movimiento de tierra. El metro cúbico almacenado por hectárea inundada pasa de 2,6 a 4,8, casi duplicando la eficiencia, y la cantidad de agua almacenada por metro cúbico de tierra aumenta en un 35 %.

¿Por qué me detengo en el ejemplo de Yucutujá? Porque es lo que va a pasar en todo el Uruguay si no cambiamos la lógica. Les puedo asegurar que cambiar esa lógica es difícil, porque la primera vez que como ingeniero agrónomo tuve que empezar a hablar de este tema, de las 25 represas que están allí había 19 que no se habían construido, por lo que ya sabíamos que esto iba a pasar. Ahora bien, creo que todos –y me refiero a todos en el Uruguay– debemos entender al recurso hidráulico como un generador de externalidades formidables en el resto de la economía y de la sociedad. En ese sentido, tenemos que administrarlo con valentía y decisión, pero también tratando de prevenir lo que es evidente que va a ocurrir si no cambiamos la forma.

SEÑOR LARRAÑAGA.- El sueño de la represa propia.

SEÑOR  MINISTRO.-  Es así. No me voy a detener más en esto porque creo que está suficientemente conversado. Voy a dejar el tema del arroz, del departamento de Artigas, del Yucutujá, de la represa propia y de la cultura del agua –porque el arrocero tiene cabeza de agua– para referirme a un productor lechero familiar de la vuelta de Florida, que se llama Cono López.  Tiene el predio que está remarcado en rojo en la transparencia. Se trata de un predio de colonización, que no tiene cuenca propia, es decir que no tiene dónde hacer su represamiento. Tuvo la suerte de hacer dos alumbramientos con dos pozos financiados por el PPR, y la suerte no fue por el financiamiento que consiguió sino porque sacó un buen caudal. Antes de regar ya era un buen productor lechero que en secano producía 6.000 litros de leche por hectárea vaca masa, pero cuando incorporó el riego duplicó la producción. Quiere decir que no se trata solo del agua; acá hay un productor, una familia, un montón de políticas públicas puestas en el establecimiento, Mevir, la sala de ordeñe, el PPR, el proyecto ganadero y el plan de agua para la producción animal. Es un maestro en captar los recursos de apoyo público y, además, un productor que saca 12.000 litros de leche por hectárea. ¿Por qué pongo este ejemplo? Verán que es el  cuadrito que está remarcado en rojo y todo el resto que está en rojo son productores lecheros.  No tengo la transparencia que muestra la productividad de leche de esos otros que pertenecen a la misma colonia, pero sabemos que utilizan la misma tecnología y la misma genética, aunque probablemente no tienen la misma capacidad de administración y no tienen agua.  En esa zona sale una represa que daría agua a todos los productores que están allí mediante dos canales, pero el problema está en  cómo se ponen de acuerdo.

               Cuando decimos que el agua es un factor de inclusión, de estabilidad e incluso de colonización –porque mejorando la estabilidad y la productividad lo que hacemos es mejorar el afincamiento del productor en una determinada región– le estamos otorgando un valor que va mucho más allá de la rentabilidad diferencial por incorporar el riego; tiene otras externalidades económicas y sociales que hay que considerar.

               Si nos vamos a la cuenca agrícola del Uruguay, vemos que la cuenca del San Salvador tiene 300.000 hectáreas, de las cuales 146.000 están cultivadas según los planes de uso y manejo de suelo. En esas 146.000 hectáreas cultivadas hay unas 4.000 o 5.000 hectáreas bajo riego, de las cuales más o menos 2.500 se riegan con las autorizaciones que la Dirección Nacional de Agua otorgó en la cuenca de San Salvador y otras 2.000 y pico se riegan con represas que están construidas en esa zona, con la lógica que vimos hoy. 

               La cuenca de San Salvador tiene la mejor competitividad desde el punto de vista logístico, por la distancia que está del puerto de Nueva Palmira, su infraestructura de almacenamiento, una historia y cultura de tal vez los mejores y más competitivos agricultores del Uruguay; está ubicada en una zona con alto valor de la tierra y con desafíos importantes en términos de sostenibilidad. Por tanto, la cuenta del establecimiento que vimos hoy, de pasar de 2.500 de soja a 5.000, o de 5.000 de maíz a 12.000, cambia en el caso de la cuenca del San Salvador y mueve la aguja al Uruguay.

               En ese trabajo realizado con una consultoría del Banco Mundial, estamos haciendo un estudio afinado de tres cuencas, que son: las de los ríos San Salvador, Arapey y Yí. Quiero hacer un paréntesis, para señalar que el departamento de Durazno ha tenido un progreso importante en la agricultura en los últimos años y está prácticamente virgen en términos de desarrollo hidráulico.

Pero, volviendo al río San Salvador, una de las represas –que se puede ver fácilmente: desde Ombúes de Lavalle, se toma por la ruta 55, se cruza el río, enseguida hay una cañada desde donde se puede observar–, riega por debajo de la cota  68000 a 82000 hectáreas. La lógica es que en ese lugar se embalse el agua. La superficie debajo del lago, son todos suelos 5.02b, con afloramiento de cristalino, o sea, no se pretende inundar suelo de aptitud agrícola clase 1, sino suelos de aptitud pastoril y limitadamente aptitud agrícola. Lo que quiero destacar es que hay áreas que se regarán por canales que, seguramente, serán complejos y costosos por la distancia, pero también hay una forma más simple, que es la de modificar artificialmente el caudal, en el momento de riego, del río San Salvador. Este río hoy tiene agua autorizada para regar 2000 hectáreas, pero esto es así porque no tiene caudal. Pero si se abre la canilla de una de estas represas –por decirlo en términos entendibles– y se suministran determinada cantidad de litros por segundo al río San Salvador, con la toma de riego ubicada 40 o 50 kilómetros más abajo se podrá abastecer un conjunto de clientes que tendrá que disponer de esa agua.

Es importante tener clara la lógica con la que proponemos este cambio: es necesario que se haga un manejo del agua muy profesional, muy afinado y, sobre todo, muy bien administrado en el largo plazo, que sea independiente de la problemática de la vecindad, es decir, de tres o cuatro vecinos que se tienen que comprometer a hacer esa obra. La realidad es que no se van a poner de acuerdo y esa es la explicación de lo que pasó antes; si se ponen de acuerdo, magnífico, la ley lo prevé, pero debemos generar la realización de estas obras, pues son necesarias e importantes.

En el lugar que se indica en el gráfico, hay 36 % de productores propietarios y el resto son arrendatarios. La franja que regaría una de esas represas, comprende 26800 hectáreas.

Vuelvo a la figura del monitor de cosechadoras y sueño: si se pone el agua que falta a la cuenca del río San Salvador, no sé si con esa represa, porque el establecimiento que visitamos es un cololó casi virgen, seguramente se obtendría el doble de la producción actual.

Con ese enfoque de la integración del recurso hidráulico en la producción agropecuaria es que planteamos las modificaciones a la normativa vigente sobre riego, que es la Ley n.º 16858.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores senadores y la delegación que nos visita están de acuerdo, pasamos al análisis del proyecto de ley en la versión modificada.

SEÑOR MINISTRO.- El año pasado el Poder Ejecutivo remitió un proyecto sobre este tema y luego tuvimos una serie de reuniones con el doctor Enrique Guerra, catedrático de derecho agrario, que nos hizo una serie de aportes que consideramos pertinente incorporar. Con posterioridad, en la discusión que tuvimos con los compañeros de medio ambiente, también encontramos que había algunos textos que eran mejorables.

               El artículo 1.º de la versión mejorada –la tercera columna del repartido– incorpora el concepto de caudal ambiental, en lugar de caudal ecológico, y me gustaría que el ingeniero Nario lo explicara.

SEÑOR NARIO.- Señor presidente: el cambio obedece a una nueva tecnología. En realidad,  la expresión «caudal ecológico» hoy en día tiene una visión un poco más amplia en lo que hace al funcionamiento ambiental del curso. Cuando se habla de caudal ambiental se está haciendo referencia al agua que se deja pasar de la presa para que los ecosistemas y los organismos que conviven en ese medio puedan seguir desarrollándose.

               De cara a la reglamentación, estuvimos viendo cómo establecerlo en las distintas cuencas que no se comportan de manera homogénea. Por ejemplo, hay lugares donde quizás sea necesario hacer algunos cursos, porque hay valles de inundación. Es decir que es un concepto más nuevo que el de caudal ecológico y se trata de un tema ambiental más general. No es un cambio de fondo, ya que la idea sigue siendo la misma: estudiar la necesidad de agua que tiene ese curso para sostener los servicios ecosistémicos y ecológicos que se dan allí.

SEÑOR PRESIDENTE.- En la propuesta que acaba de entregar la bancada de Gobierno hay un cambio con respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en cuanto a la autoridad habilitante. En el proyecto original se hacía referencia al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y ahora se habla del ministerio competente. Supongo que se deberá a que en algunos aspectos tiene que ver la Dirección Nacional de Agua o el Ministerio de Vivienda. No sé si esa es la explicación, y me gustaría saber cómo interacciona eso con el plan de aguas existente.

SEÑORA HILL.- Estuvimos viendo que en algunos casos se citaba al ministerio que tiene la competencia y en otros se hablaba de ministerio competente. Entonces, se acordó que era mejor que se hablara de ministerio competente, pero está claro que, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería es el que tiene que ver con los planes de uso de suelos y aguas. A su vez, no se previó cambiar lo que tiene que ver con Dinagua. Simplemente se decidió poner «ministerio competente» para que todos quedaran abarcados, pero no porque hubiera un planteo de cambiar algo de las competencias que hoy existen.

SEÑOR MINISTRO.- En el artículo 2.º se mejora y se aclara el texto vinculado al concepto de concesión condicionada.

               La concesión condicionada ya estaba prevista en el Código de Aguas y también en el artículo 5.º de la ley de riego que actualmente rige. Concretamente, la norma vigente dice: «Se podrá otorgar una concesión sin acreditar la titularidad de los derechos mencionados en el inciso final del artículo anterior, al solo efecto de gestionar la imposición de las servidumbres que correspondan». Y aquí se puso lo que está ahí. El texto propuesto dice: «En caso de no acreditarse la disponibilidad de los derechos a los que refiere el último numeral del artículo anterior, y cuando el solicitante así lo peticione, el ministerio competente –es decir, el MVOTMA– podrá otorgar una concesión condicionada, aprobando con carácter provisorio el proyecto de obra hidráulica y a los solos efectos de gestionar la imposición judicial de las servidumbres que correspondan sobre el emplazamiento de la misma. Su otorgamiento no implicará derecho a extraer, embalsar ni disponer de las aguas». Esta es una de las mejoras de texto que nos sugirió el doctor Guerra.

Evidentemente, una de las razones por las cuales las represas se terminan haciendo adentro de un predio es que es difícil ponerse de acuerdo con el vecino cuando hay que inundarle 25 hectáreas, 5000 metros, o la pared le entra 100 metros en el campo. Entonces, no vamos a tener desarrollo con la lógica que planteamos si no establecemos que la decisión de llevar adelante un emprendimiento de riego tenga ciertas facilidades, lo que no quiere decir lesionar el derecho ni la propiedad de un tercero, sino hacer un uso eficiente y rápido de un estatuto jurídico que existe, que es el de la servidumbre.

¿Qué es lo que ocurre, en realidad? El juez que tiene que definir la servidumbre no lo puede hacer porque el que pide la servidumbre no tiene el derecho. Y el derecho no se lo da la autoridad competente porque no tiene la servidumbre. Entonces, es como la discusión del huevo y la gallina. Lo que se hace aquí es aclarar con precisión la concesión de carácter provisorio, que está condicionada a que finalmente se logre la servidumbre.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le adelanto que, después de una serie de rondas que vamos a hacer para que vengan a opinar sobre este tema, posiblemente el Ministerio sea el último invitado, para que podamos evacuar todas las consultas y comentar las consultas o sugerencias que se planteen.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 3.º sustituye el artículo 12 de la Ley n.º 16858, que establecía las sociedades agrarias de riego. Todos los cambios que propusimos en la presentación previa tienen que ver con las posibilidades, las competencias o atribuciones que las sociedades agrarias de riego deben tener. Y un aspecto fundamental que vamos a ver más adelante es que las queremos hacer merecedoras de determinados estímulos o beneficios fiscales, tanto para la sociedad como para los socios, de modo que se aliente la inversión en ese tipo de obras. Cuando estamos hablando de inversiones que tienen períodos prolongados de amortización, queremos decir que puede haber más de una generación –en una actividad tan dinámica como la agricultura puede haber cambios de titularidad sobre los bienes– y, por lo tanto, para que se desarrollen las inversiones que requieren plazos de amortización de 10, 15, 20 o 30 años, quienes las realicen deberán tener la seguridad de que los beneficios o los activos generados por ellas puedan transarse. En consecuencia,  siempre pensamos con ese espíritu y por error nuestro hablamos de las sociedades agrarias de riego, cuando en realidad deberíamos haber incluido también a las asociaciones agrarias de riego. Decimos esto porque las sociedades agrarias de riego, de alguna forma, son cerradas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el señor senador Delgado, la señora Hill, el señor senador Mujica y yo constituimos una sociedad agraria de riego, y mañana Hill quiere vender, Mujica, Delgado y Aguerre tienen que estar de acuerdo en aceptar a quien le compró a Hill. Por lo tanto, nadie va a invertir en un tipo de sociedad que va a estar condicionada a que el resto de los socios lo acepten. En ese caso, también a sugerencia del doctor Guerra y en alineación con la Ley n.º 17777 de sociedades civiles, hay una figura que es una sociedad igual, pero abierta. Por eso se hizo esta aclaración mejorada, que fue sugerida por nosotros a la bancada. Acá hay varias cosas que mejoramos a partir de los aportes que recibimos y, en ese sentido, incorporamos el concepto asociación agraria de riego y sociedad agraria de riego.

SEÑOR PRESIDENTE.- Obviamente, acá se innova con la denominación asociaciones agrarias de riego, tal como decía el señor ministro. Pero esto puede tener alguna connotación adicional, más allá del tema de la propiedad o de los socios, que es el hecho de que tengan o no fines de lucro. ¿Las asociaciones agrarias de riego pueden tener fines de lucro? Hay una discusión jurídica sobre ese tema en función de unos informes que presentamos. Al respecto, creo que sería bueno dejar ese punto claro porque puede constituir una limitante.

SEÑOR MINISTRO.- Estamos partiendo de la base de que nadie va a realizar las inversiones que estamos planteando acá si no está clara esa posibilidad que se mencionó.

SEÑORA GASPARINI.- Las asociaciones agrarias de riego, si bien parecen una innovación, no lo son, porque en el proyecto original de la Ley n.º 16858 estaban previstas y constan en las discusiones parlamentarias de esa norma, aunque no quedaron incluidas en la ley definitiva. Nosotros desconocemos por qué en aquel momento de la sanción de la ley no se incluyeron, pero la idea de la asociación era, justamente, la de permitir el ingreso y el egreso. Igualmente, en los estatutos, en el acto colectivo que las funde, se van a establecer condiciones de ingreso y egreso, que serán las que los asociados determinen. En principio, estas asociaciones podrían tener fines de lucro.

SEÑOR MINISTRO.- La otra modificación que hay en el texto propuesto respecto al que remitió originalmente el Poder Ejecutivo, tiene que ver con que en aquellos casos en donde algunos o todos los socios de la asociación agraria de riego fuesen personas jurídicas, deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos para los titulares de derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales, lo que está previsto en la Ley n.º 18092 y sus modificativas. También en esos casos se exigirá que las acciones sean nominativas. En caso de que los socios cumplan los requisitos de excepcionalidad, habrá que aplicar los mecanismos respectivos.

               Lo que se agregó a la propuesta original, en una iniciativa de legisladores de la bancada de Gobierno –que nosotros compartimos–, es que al menos un 10 % de la integración de la sociedad así como un mínimo de la superficie total de riego, sea por parte de productores regantes. Estamos pensando que en un extremo podría darse una inversión de riego como la que planteamos en la presentación, en la que no existe vínculo con ningún regante. Se van a otorgar beneficios fiscales que serán muy interesantes y atractivos, y queremos que así sea –con esto me adelanto a la pregunta que se va a formular más adelante– para que vengan inversores que estén por fuera del sector y para que esa inversión sea capaz de sortear, indirectamente, los problemas que existen, y que nunca se aceptan, de relacionamiento, vecindad, amistad o conflictividad, que hacen muy poco viable la sociedad. Por lo tanto, este artículo prevé la asociación y la sociedad. Podría imaginar un grupo de seis o siete vecinos que se ponen de acuerdo para hacer una obra de uso multipredial para tener estos beneficios. Por otro lado, puedo pensar en un proyecto como el del San Salvador, en el que probablemente haya un conjunto de productores y de inversores que constituyen una asociación agraria de riego de carácter abierto, que administran ellos, o que delegan –como vamos a ver más adelante– en la figura de un operador especializado en riego la gestión del recurso hidráulico, mediante relaciones que van a quedar definidas en un contrato, en el que participan tanto quien da el agua como quien la recibe. El espíritu de esto no es obligar a nadie a regar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando leí ayer el comparativo me sorprendió esta modificación que tiene que ver con la exigencia planteada para cualquiera de los dos tipos de sociedades de riego, al incluir la obligatoriedad de que tenga que estar integrada por un determinado porcentaje de regantes, que puede ser de 10 %, de 20 % o de 5 %. En definitiva, me gustaría que nos diera su opinión basándose en su experiencia en un tema sobre el que ha venido predicando desde hace tiempo. ¿Había muchos inversores con interés en invertir en sociedades de riego, más allá de que no fueran regantes? Si ponemos la cláusula de que estas sociedades deben tener un porcentaje mínimo de regantes: ¿ello puede ser una barrera de acceso a inversores que puedan tener interés en invertir en riego?

SEÑOR MINISTRO.- Creo que no, al contrario.

               Voy a intentar explicarlo al revés. Al final del proyecto de ley vamos a ver que si un determinado proyecto, que es bueno desde el punto de vista topográfico e hidráulico, logra concitar el interés de que se compre el agua durante los años que se precisen para amortizar la inversión, entonces deberá ser muy competitivo.

Esto funciona de la siguiente manera: si una persona decide realizar la inversión, deberá salir a recorrer el margen norte y sur del San Salvador ofreciendo el riego a los productores de la zona: «Buenas tardes, vengo a ofrecer riego. ¿Usted querría regar, señor productor?». A lo que el productor podrá contestar: «No, no me interesa». Muy bien. En la portera siguiente se podría repetir la pregunta: «¿Usted quiere regar, señor productor?». Y podría ocurrir que la persona diga: «Sí, ¿cuánto va a salir?». «Va a tener un costo fijo por la amortización de la obra más un costo variable por milímetro aplicado en la portera de su chacra». Entonces, si la persona acepta habrá que firmar un contrato y, dentro de las condiciones, ese productor estará obligado, por un término de veinticinco años, a participar del proyecto. Dije veinticinco años por decir un número pero, como cualquier inversión, dependerá del flujo que genere la inversión propuesta y de la tasa interna de retorno. Desde el momento en que ese productor –libremente y en pleno uso y goce de sus facultades– decide suscribir un contrato, lo que va a estar establecido en los artículos subsiguientes de esta ley es que, si el día de mañana vende, ese padrón queda afectado. Por lo tanto, cuando otra persona lo compre, va a estar afectado. Si el productor no quiere regar, el padrón va a estar afectado porque, si no lo hiciéramos así, la inversión no aparecería. Nadie va a invertir por las dudas, por si alguien quiere regar. Y en este punto fue cuando recibimos uno de los aportes más interesantes de la cátedra de Derecho Agrario que refiere a una obligación propter rem. Esto quiere decir que va a haber un conjunto de clientes que van a firmar un contrato privado con determinadas condiciones. En realidad, la mayor seguridad que va a tener el inversor para que le compren el agua, es tener a los clientes del agua como socios en la inversión, para no depender en un 100 % de los de afuera. Si se me pregunta si esto va a ser un problema, le contesto que no creo. Me parece interesante que el porcentaje sea bajo, para evitar que algún inversor que tenga la capacidad de realizar esta inversión y gestionarla, diga que 30 % –por decir un número– es demasiado porque es una dependencia demasiado alta, cuando en realidad puede ponerse de acuerdo mediante un contrato. Me parece que está bien que haya un porcentaje que esté integrado en la sociedad y en los usuarios. Le aseguro que los posibles clientes están ahí no más. Si los números que vimos del monitor de la cosechadora son así, los clientes para invertir en este proyecto serán aquellas personas que están en la zona, que son los que tienen la tierra, los caminos, los silos, los muelles y el know how de cómo desarrollar esto. Creo que para un proyecto de estas características esto no va a ser una limitación.

El artículo 4.º habla del objeto. Si consideramos el texto propuesto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y también en esta modificación, se observa que la ley vigente se refiere al «uso, manejo y aprovechamiento del agua» mientras que nosotros hablamos de «uso, manejo, aprovechamiento del agua, y obras de conducción y drenaje asociada». La ley de riego vigente es renga porque hablar de riego y no referirse al drenaje o a la conducción es una carencia importante.

               En la modificación propuesta se agrega una sugerencia posterior de iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería que tiene que ver con este proyecto de la microgeneración. Ya que voy a abrir una compuerta en el San Salvador para aumentar su caudal, mientras el agua sale por el caño puedo poner una turbina y así generar energía con la misma lógica –aquí hay ingenieros de los que saben de matemáticas que la pueden avalar– de la planta fotovoltaica al lado de la represa.

En definitiva, esto termina siendo un negocio de energía. Si parte de la energía que utilizo para impulsar la genero en el propio proceso, estoy mejorando la ecuación.

               El artículo 5.º aborda aspectos jurídicos, por lo que voy pedir que lo explique alguno de mis asesores.

SEÑORA GASPARINI.- En realidad, a partir de la creación de las asociaciones se generan muchas modificaciones. Justamente, cuando creamos la figura de la asociación agraria tenemos que darle un objeto y las mismas obligaciones que tienen las sociedades, así como también debemos ver cómo se constituye y cómo adquiere personería jurídica.

En particular, el artículo 14, además de establecer la forma de constitución, en el inciso final modifica la posibilidad de suspender el suministro siempre que mantenga el mismo caudal que tenía antes de las obras. El inciso final del artículo 14 de la ley original impedía que se pudiera cortar el servicio si un socio no pagaba. En esta propuesta se permite que se corte el servicio pero siempre se lo deja en la situación anterior. No se lo puede dejar en una situación más gravosa que la que tenía antes de la asociación.

SEÑOR MINISTRO.- Esta es una de las modificaciones importantes respecto a la ley vigente; esto quiero reafirmarlo. Creo que el hecho de que la figura de la asociación de riego no haya estado en la Ley n.º 16858 –las define y establece que tienen que ser sociedades cerradas– fue, a mi juicio, lo que impidió que no funcionara prácticamente ninguna sociedad agraria de riego, aun después de veinte años de legislación y con el desarrollo que tuvimos en la materia. Es ilógico que si un conjunto de personas se asocian para hacer una inversión y después uno no paga lo que debe, no se le pueda cortar el suministro de agua; eso no lo hace ni la OSE a pesar de que el agua es un derecho humano esencial.

Esta, reitero, es una modificación importante.

SEÑORA TOURNÉ.- Quiero recordar que a las 15 debo integrar la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que presido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tengo algunas propuestas para hacer en cuanto al tratamiento de este tema.

(Dialogados).

SEÑOR MINISTRO.- Entonces, vamos a lo conceptual y paso al artículo 10, que  modifica el 22.

               En la modificación propuesta –o sea, en la tercera columna–, lo sustancial es que «Los usuarios de las obras hidráulicas construidas por las Asociaciones Agrarias de Riego o Sociedades Agrarias de Riego deberán abonar un precio a estas y que contemplará los correspondientes costos por los servicios de almacenamiento, conducción, operación y mantenimiento, en un todo de acuerdo con el contrato o estatuto otorgado por las partes según corresponda».

               El artículo 22 establece que «Los usuarios de obras hidráulicas que el Estado ejecute deberán abonar un precio que fijará el Poder Ejecutivo». Esta era la lógica según la ley anterior: el Estado hace las obras y les cobra a los privados. La lógica con que estamos planteando esto es que el Estado es el dueño del agua –porque el agua es pública por definición–, otorga una concesión a un privado, quien hace un negocio de inversión y, en un contrato privado con su cliente, a quien le va a suministrar el servicio de riego, pactan y, en función de eso, se rigen. No sé si me expliqué.

A continuación, este artículo establece que «Los padrones que resulten beneficiados por las obras hidráulicas construidas por dichas entidades, ya sea por asentarse la obra o por recibir el servicio de riego, quedarán afectadas al pago de los gastos que demande la construcción y mantenimiento de la obra, siempre en proporción a la superficie que beneficie a cada padrón.

La enajenación de ese padrón –o padrones­– que integran –ahí viene la casuística que yo explicaba hoy– sistemas de riego no exonera la afectación prevista en el inciso precedente, aun cuando el nuevo adquirente no requiera servicios de riego». Si nosotros no hacemos esto, nunca se va a desarrollar el riego porque nadie va a hacer una obra y a financiarla por si a alguno se le ocurre regar. Entonces, no se obliga a nadie; dentro de un distrito de riego que se desarrolle puede haber un padrón o un conjunto de padrones cuyo dueño diga que no le interesa participar de la sociedad, y no está obligado. Ahora, si el propietario actual decidió afectarlo a ese sistema, ese padrón va a quedar afectado al riego en función de las condiciones del contrato. Seguramente, si no riega, pagará una especie de cuota por la amortización de los bienes y no el costo variable, porque no está regando.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Es una limitación legal al derecho de propiedad que es imprescindible poner. Ese gravamen sigue a la cosa, sigue al inmueble en cuanto a su destino, y los futuros adquirentes van a tener que respetarlo integralmente porque, de lo contrario, afectan a la sociedad de riego. Yo creo que eso tiene que quedar bien definido por eventuales futuras enajenaciones que puedan terminar poniendo en riesgo la sociedad de riego, y que también podrían poner en riesgo la propia implementación de la ley de riego. Esto es central. Es una suerte de gravamen, como de servidumbre de paso. Se respeta por siempre; hasta tanto todos los integrantes de la sociedad no decidan cerrar esa represa –si así estuviera estipulado–, va a continuar.

(Dialogados).

               –Estoy de acuerdo en que es un valor agregado potencial, pero hay que dejarlo claramente establecido para que no se convierta en una fuente de conflictos y líos jurídicos que terminen afectando la ley de riego y generen una suerte de imitación negativa de no estimular el desarrollo de este tipo de sociedades que benefician al país y al sector productivo.

               Como aporte, simplemente sugiero buscar alguna fórmula que implique una suerte de hipoteca sobre el bien, aunque jurídicamente no lo es porque no es un gravamen real y tampoco afecta la cosa, pero es un derecho de uso ilimitado en el tiempo, por lo menos hasta que los socios así lo indiquen.

SEÑOR PRESIDENTE.- O sea que la afectación es al padrón y no al explotador.

SEÑOR MINISTRO.- Este fue un tema muy debatido y creo que fue uno de los aportes más importantes que hizo la cátedra de Derecho Agrario, a la que recurrimos para que nos asesorara.

               Es claro que si no existe este tipo de afectación las obras no se van a hacer. Entonces, apareció esta figura de la obligación propter rem. En realidad, es una afectación que emerge porque el bien se ve beneficiado con una mejora accesoria que no existía antes y que realiza un tercero para favorecer a ese predio.

               El texto del artículo termina: «Esta afectación será comunicada al Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Código de Aguas». O sea que, dando respuesta a lo que señalaba el señor senador Larrañaga, esto tiene que quedar en un todo de acuerdo con lo que establece el artículo 12 del Código de Aguas del año 1979, que dice: «El Ministerio competente comunicará al Registro de Traslaciones de Dominio todo otorgamiento de derechos sobre aguas del dominio público o privado», etcétera. En este caso se está hablando de derecho de agua y afectación de un bien a ser servido por esa agua.

SEÑOR GREIF.- Cuando hablamos de precios interesa tener en cuenta que no es el precio por el agua sino por el servicio de almacenamiento, conducción, operación y mantenimiento; no estamos vendiendo el agua sino que estamos cobrando por un servicio que garantiza el suministro durante todo el año. Sobre ese tema se discutió bastante y creo que también hace al derecho al acceso al agua.

SEÑOR MINISTRO.- Yendo a lo medular, en el artículo 11 se habla del canon, así como también en el artículo 7.º del proyecto que propusimos, en la ley de riego anterior y en el Código de Aguas de 1979.

               Por su parte, en el artículo 12 –que era el 8.º en la propuesta original– se expresa: «Asociado a las obras hidráulicas para riego podrá existir un Operador de Sistema de Riego que tendrá el cometido de gestionar la concesión otorgada, de acuerdo a las condiciones y normas técnicas sobre el uso del agua establecida en la presente ley y su reglamentación». Queremos crear por ley la figura del operador, que podrá ser necesario o no, es decir, la propia asociación de riego podrá operar el sistema de riego o delegará esa gestión en un operador. De hecho en algunos de los pocos ejemplos de emprendimientos asociativos que hay en el país figura el operador; hay alguien que gestiona y cumple con el servicio para que el agua llegue como tiene que llegar.

               El artículo 15 es tan medular como establecer que se le corte el agua al que incumple. Dice así: «Los beneficios fiscales obtenidos por las Asociaciones y Sociedades Agrarias de Riego a través de la ley n.º 16906 –la ley de promoción de inversiones– podrán ser usufructuados por los miembros y socios de las mismas, que inviertan en la Asociación o Sociedad Agraria de Riego, en proporción a su participación en la inversión».

Aludo a la presentación inicial. Nosotros entendemos que este recurso debe ser potenciado y administrado mejor que hasta ahora, y para eso requerimos inversiones de un porte que tal vez exceda la capacidad de inversión del propio sector agropecuario. Nos interesa que el Uruguay reciba inversión en infraestructuras hidráulicas, y nos interesa privilegiar este tipo de inversiones sobre otras. Yo puedo aplicar la ley de promoción de inversiones para hacer la represa de San Salvador o para cambiar tres camiones que tienen seis años. Lo que estoy diciendo es que como sociedad quiero privilegiar este tipo de inversiones que me generan externalidades muy importantes. Por eso si un inversor que no es del giro agropecuario decide invertir en una de estas represas, le voy a permitir que la proporción de los beneficios en función de su parte en la inversión pueda ser utilizada como beneficio fiscal en su actividad original, sea esta agropecuaria o de otro tipo. Política y filosóficamente esto es un punto de inflexión con respecto al resto de la promoción de inversiones clásica. Por ejemplo, un inversor del rubro turístico, energético o financiero decide invertir en este negocio. Recibirá un proyecto que, como cualquier otro, calificará en la ley de promoción de inversiones. Supongamos que tiene una exoneración tributaria de tantos puntos sobre la inversión y ese inversor tiene el 25 % de esa inversión. Entonces, el 25 % de la exoneración tributaria podrá canalizarla a otra actividad productiva. Con esto lo que se pretender hacer es atraer inversiones que cumplan con las condiciones, que están bastante bien direccionadas, que estamos incluyendo en la ley. Por esa razón esto queda limitado a las asociaciones agrarias de riego o sociedades agrarias de riego. Alguien podría preguntarse por qué no puede hacerse con cualquier otro tipo de sociedad. No; nosotros queremos que esto quede definido en el marco de una asociación o sociedad de riego, y no en cualquier otra sociedad de otra naturaleza. Pretendemos que este beneficio, que no es común en el resto de las actividades económicas, quede asociado a este tipo de actividad.

               El artículo 16 establece claramente que cuando en los proyectos de riego, las obras hidráulicas se encuentren alejadas de los predios a regar, puede hacerse lo mismo que en San Salvador: suelto el agua en la ruta 55 y la bombeo cerca de Dolores, es decir, utilizo el río como la avenida natural de circulación del agua.

               El artículo 17 se incorporó en la última propuesta y tiene que ver con facultar al Poder Ejecutivo a promover proyectos públicos ante iniciativas de terceros idóneos.

SEÑOR NARIO.- Este fue un artículo que estudiamos; quizás tengamos alguna redacción alternativa en virtud de algunos términos y conceptos. Básicamente, hemos venido trabajando en cómo tener un marco que pueda generar, por un lado, una intensificación productiva y, por otro, la generación de un sistema de presas, y cómo eso –cada uno con sus posibles externalidades– puede tener impacto sobre el ambiente. 

En realidad, con  la gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca vemos esto,  más que como un peligro, como una oportunidad para enfrentar determinadas situaciones de forma sistemática, evaluando de manera anticipada esas posibles externalidades negativas para evitarnos esos problemas. Estudiamos la situación específicamente para, a nivel de la reglamentación, incorporar algunos aspectos que plantea este artículo. Uno de ellos está asociado a la evaluación ambiental estratégica, que implica una mirada más grande de la cuenca y no represa a represa. Los estudios de impacto ambiental son de un proyecto concreto y no levantan la mirada. Como bien mostraba el ministro Aguerre, quizás en algunos lugares sea más razonable tener presas de mayor porte en la cabecera de la cuenca –que es donde no tenemos los problemas asociados al fósforo y a las aplicaciones– y que la producción esté más abajo. Hay cuestiones asociadas al tamaño. Algunos estudios que hemos hecho con la Facultad de Ciencias muestran que, en realidad, los pequeños represamientos son sembradores de cianobacterias porque al tener un perfil de poca profundidad, la generación de agua provoca condiciones –en las que no me voy a explayar en este momento– para el desarrollo de floraciones algales, obviamente que en presencia de fósforo, una temperatura propicia, luminosidad y otros factores. Entonces, hay indicios que muestran que podría ser menos riesgoso tener presas de mayor tamaño que un sinnúmero de pequeñas presas. Esto también lo podemos asociar al lugar donde estén instaladas esas presas y la posibilidad de aporte de fósforo. La idea es realizar estudios y desarrollos en ese sentido.

               El segundo punto es establecer por cuenca los caudales ambientales necesarios que garanticen la vida en ese ecosistema. El tercer aspecto del que hablamos consiste en que los proyectos de presas de determinado porte, que necesitan estudio de impacto ambiental, tengan una aprobación ambiental de la operación, y no solo de la construcción como sucede actualmente. En ese sentido, el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales establece que algunos proyectos requieren una aprobación para la operación para verificar que las condiciones que se establecieron para la construcción se cumplieron de manera adecuada. Esto se hizo para dar garantías.

Si no se hace ese estudio más general, termina sucediendo que  a la presa que viene en siguiente posición, desde la Dinama se le pide que haga un estudio que involucre todo lo anterior. Esto termina siendo todo un problema porque le pedimos a quien va a hacer un pequeño proyecto que,  por razones precautorias, evalúe cómo eso se suma a lo que ya hay, lo que resulta poco eficiente. Entonces, nos parece más lógico que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca desarrolle esos proyectos de infraestructura y que los analice el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Esto no se ve como una forma de frenar el proceso –aclaro que mientras no esté, se seguirá con el actual–, ya que la idea es que el Uruguay pueda generar la capacidad de anticiparse y estudiar con una mirada más amplia cómo va a ser el desarrollo por cuenca. Eso está muy alineado con el plan de aguas, que también brinda a la gestión de la cuenca una nueva visión; es en ese marco que lo queremos hacer.

SEÑOR MUJICA.- Cuando hay una sequía grande, el nivel baja, no se puede cumplir con el agua prometida y hay que prorratearla entre los clientes, ¿quién lauda eso si hay conflicto?

SEÑOR GREIF.- Eso sucede actualmente. Están las juntas de riego conformadas por  la agrupación de regantes, propietarios, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Dirección Nacional de Agua. Se forman un ámbito de acuerdo para poder prorratear el tema del agua. Lo que se incorpora es que, además de los usos productivos para riego, hay que considerar el uso ambiental y los otros consumos.

               Esos son los temas que incorporamos con los caudales ambientales y con  una gestión integrada de las cuencas que no sea solo sectorial.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Expresó el señor ministro y queda claro que la idea es largarlo a tal río o arroyo y recogerlo después aguas abajo para beneficio de quien compre esa agua.

               Ahora bien, es obvio que hay una suerte de confusión entre el agua que pasa por la represa regante y el río. Es decir, no va a ser la misma agua, se va a mezclar y eso va a depender también del caudal del río o arroyo y de cuánto pueda afectar a los propios usuarios rivereños o traslinderos que están fuera de la sociedad de riego.

               Por eso, en la misma línea que el señor senador Mujica, pienso que la situación de conflictos puede ser amplísima, enorme. Pero me gustaría que las autoridades presentes me ilustraran sobre este tema, pues es obvio que lo han estudiado y lo conocen mucho más que quien habla.

SEÑOR GREIF.- Este tema de los recursos escasos es el desafío clásico que tenemos que afrontar. Más aún, estos nuevos instrumentos obligan al afinamiento y al desarrollo de estas herramientas de control que ya tenemos, pero hay posibilidades de desarrollarlas, no estamos lejos.

               Como autoridad de aguas, tenemos estudios estadísticos en todas las cuencas para definir cuáles son los caudales base, hacer balances hídricos mes a mes y, en función de las lluvias, saber cuáles son los aportes naturales y cuánto se puede extraer teniendo en cuenta los derechos de uso que se van otorgando y los caudales de uso que se liberan por parte de quien tiene la presa, que no vende el agua, sino el servicio de garantía de ese suministro. Destaco esto último: quien tiene la presa es la garantía del suministro. Pues bien, eso va a tener que ser objeto de una administración más fina de este recurso que, en los hechos, hoy existe, porque tenemos la represa de Paso Severino, que almacena agua arriba y la toma abajo. Es claro que en el medio pueden tomar otros el recurso, pero llegado el caso, cuando hay restricciones del caudal, debemos limitarlos. A esos efectos, están los derechos de uso, que claramente acotan  qué se puede y qué no.

               Ese es el desafío que tenemos por delante.

SEÑOR MINISTRO.- Agradecemos la pregunta.

               En primer lugar, el conflicto es  probable que ocurra cuanto más escaso sea el recurso, pero con esta propuesta se busca obtener más agua de la que hay.

               En segundo término, hablamos de un recurso que, cuando lo relacionamos con el costo del cultivo por hectárea, concluimos en que es más importante que el fertilizante y la semilla. Cualquier productor que ponga en práctica un modelo de agricultura de precisión, también va a aplicar los conceptos de fertilización variable; cualquier productor tiene una balanza para saber la cantidad en kilos; los GPS están a la orden del día. Por tanto, es ilógico pensar que un recurso, que es tan valioso como el fertilizante y el uso de la genética, no se controle, no se mida. Es más, los problemas que tenemos en algunos sistemas de riego en el Uruguay de uso asociativo se deben a que, como se cobra por hectárea –no por volumen– y no es de nadie, las  pérdidas se socializan.

               Pienso que un negocio de estas características va a requerir la venta o por lo menos el control en términos volumétricos. Supongamos que abrimos la canilla y largamos 500 litros por segundo, y 40 kilómetros más abajo tenemos cinco unidades de bombeo. Hoy cualquier chacra medio atorrante tiene caudalímetros incorporados a los sistemas de conducción, porque son un elemento de gestión. Es decir que ajustamos la velocidad de rotación de la unidad de bombeo en función de lo que nos muestra el relojito que tenemos en la punta del caño.

               Entonces, hoy ya tenemos la utilización no autorizada fuera del circuito formalizado y para eso existe el control de la autoridad competente. El problema es que cuando a nadie le duele no pasa nada, pero si cinco vecinos invierten para tener derecho al agua y otro saca agua, los primeros que van a señalar el uso indebido del agua son esos cinco damnificados. Va a funcionar así.

SEÑOR GARÍN.- Señor presidente: el señor ministro y su equipo nos han planteado claramente cuáles son los principios y las motivaciones que están orientando estas modificaciones que se están promoviendo a la Ley n.º 16858.

               Esto nos da una dimensión bastante innovadora, porque incorpora temas como el manejo del embalse del agua, cuenca alta, eficiencia de uso energético para el agua embalsada, relaciones eficiencia-paredes, aguas embalsadas, no ocupación de tierras agrícolas donde está el espejo de agua para luego usar la hidrografía natural o algún mecanismo de bajo consumo de energía para regar en lugares que den más productividad. Ni que hablar que todo esto se enmarca en los cuatro lineamientos que el ministerio ha seguido en los últimos tiempos.

               Nos ha dado una perspectiva general y ha realizado un comentario pormenorizado de cada artículo, lo que nos va a llevar a mucha reflexión. Tal como dejaron planteado, el artículo que va a merecer alguna modificación  es el 17, del que prometieron una redacción alternativa, sin perjuicio de que se comparte el principio general que tiene la redacción actual.

               Por tanto, creo que podríamos darnos por satisfechos con este primer encuentro. Además, tal como dijo el señor presidente, en las fases sucesivas vamos a convocar a otras personas, pero seguramente el ministerio es el que cierre este  proceso.

               Estamos en un escenario muy bueno; tenemos un muy buen proyecto y creo que en el modificativo se incorporan una serie de elementos que mejoran la versión original, por lo que seguramente trabajemos sobre este último.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por su presencia en la sesión de hoy.

               Obviamente, muchas de las modificaciones recién las vimos en el día de ayer. Me refiero no al proyecto del Poder Ejecutivo, sino a las nuevas modificaciones. Es un tema complejo, árido. Hay sistemas de riego en Uruguay desde hace mucho tiempo, que funcionan a veces mejor y a veces peor, por ejemplo: todo el sistema de riego de Bella Unión, todo el sistema vinculado a la caña, al arroz, etcétera. Cada vez hay más sistemas de riego vinculados a otros cultivos, en zonas que uno podía no pensar que los había.

               Por lo tanto, en la medida en que tenemos ya varias solicitudes de audiencia, quizás lo más oportuno sería, en la lógica que planteamos al inicio, que cada uno de los señores senadores miembros de la comisión le hagan llegar a la Secretaría cuáles son las delegaciones que les interesaría que vinieran a opinar sobre el tema, de manera de poder organizar una agenda de visitas. Después de todas las propuestas de modificaciones, sugerencias, críticas o aportes, haríamos una última reunión, antes de pasar a votar, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

               Si los señores senadores están de acuerdo, así se procederá.

               Se levanta la sesión.

(Son las 15:10).