SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:08).

                –Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haber aceptado la convocatoria.

                Como sabrán, esta comisión comienza a tratar el proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad y nos interesaba escuchar su opinión al respecto.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- Con respecto al proyecto de ley –al original y a su modificación–, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay está de acuerdo con desarrollar un Sistema Nacional de Competitividad, en primer lugar, porque para  nosotros, como organización empresarial, la competitividad de las empresas es un elemento esencial en términos de eficiencia, para ser exitosos en los mercados internacionales y para la competencia en el mundo. Nos importa, además, el concepto de competitividad sistémica –como lo llamamos nosotros–, en el que muchos factores hacen a la competitividad. No estamos hablando únicamente de un tema de precios, sino de que todos los organismos del Estado y el propio sector privado hacen a la competitividad, por lo que un sistema en el que los diferentes organismos estén coordinados a favor de la competitividad, significa para nosotros un elemento positivo. Entendemos que en la actualidad, si bien hay diferentes organismos del Estado que tienen como objetivo mejorarla, muchas veces esas funciones se superponen –se superponen los esfuerzos y no se llevan a cabo en forma coordinada–, entonces, pensar en una coordinación del sistema en base a la competitividad, nos parece un elemento positivo y así fue trasmitido a las autoridades.

                A continuación voy a remarcar un punto y luego voy a dar paso a mis compañeros de la cámara.

                El punto esencial que planteamos, también desde el primer momento, es la importancia de un sistema que va a tener como objetivo el aumento de la competitividad de la economía en base al sector privado. Nos parece que el sector privado debe formar parte de este sistema de competitividad y que su participación como tal tenía que institucionalizarse.

Si bien la explicación que se nos dio fue que en las diferentes instituciones u organismos ejecutores había participación del sector privado, para nosotros es importante que este sector esté, como asesor, en el inicio de la cadena y en la etapa de desarrollo de las políticas –de innovación, competitividad, eficiencia, etcétera–, y así lo trasmitimos. Entendemos que esta solución en el nuevo proyecto de ley –en el que se instauran los consejos sectoriales y se habla de participación de diferentes instituciones del sector privado, organizaciones sociales y demás– queda a mitad de camino. Hay una respuesta pero, a nuestro entender, no es del todo satisfactoria.

Reitero que solicitamos una participación asesora activa y no a requerimiento de la secretaría o del sistema, o sea que tengamos la misma institucionalidad que el resto de las instituciones que integran el sistema de competitividad.

Quizás por la forma en que están conformados esos consejos consultivos, se pueda desdibujar un poco la participación del sector privado, porque se habla de que muchas instituciones pueden formar parte de ellos. Entonces, pensamos que quizás una forma de efectivizar la participación del sector privado podría ser del estilo tripartito, en un ámbito donde exista la participación del sector privado –conformado por las cámaras empresariales más representativas como es el caso, por ejemplo, de Inefop, en el que  intervienen la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay– y de los trabajadores.

Por lo pronto esta es, repito, una solución que consideramos que va a mitad de camino. No sé si esto se podría solucionar en la reglamentación; me refiero a que quede más institucionalizada la participación del sector privado como asesor en el desarrollo de las políticas en materia de innovación y competitividad.

SEÑOR ABDALA.- Buenos días.

Represento a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Agradezco la invitación y la oportunidad que nos dan para hacer nuestros comentarios. Afortunadamente este tema se viene hablando desde hace bastante tiempo. Hicimos nuestros planteamientos en la Cámara de Comercio al entonces candidato a la presidencia, doctor Vázquez y, posteriormente, en su base de trabajo, el Hotel Four Points, recibió al designado director  y subdirector de planeamiento. Además, se han enviado diferentes memorandos y hemos hecho intercambios con las autoridades.

                Nos congratula que muchos de los puntos que fuimos planteando oportunamente hayan sido incorporados en las modificaciones del primer proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en marzo de 2015, y que actualmente se encuentran analizando.

                Para ir específicamente a los temas de ciencia, tecnología e innovación me voy a saltear algunos conceptos más generales porque los va a desarrollar el doctor Mailhos. Nos preocupan bastante algunas referencias que se hacen a la institucionalidad de la ciencia, la tecnología y la innovación porque cambian algunos puntos. También nos preocupa porque había una institucionalidad desarrollada de la que todos, durante mucho tiempo, nos congratulamos bastante, llevó muchas reuniones y participaciones en este ámbito. Además, tenía un amplio respaldo de todos los grupos políticos y ahora se hacen algunos cambios menores que realmente nos parece que confunden un poco, sobre todo si analizamos la creación, a través de la ley de presupuesto, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en la presidencia de la República, que entró en vigencia el 1.º de enero de este año. El último artículo de este proyecto de ley establece que se debe modificar la organización de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación y Cultura. Un ministerio que ha declarado públicamente que la ciencia y la tecnología no está dentro de sus prioridades. En la órbita de esa dirección funciona el Conicyt, que es el ámbito donde participamos pluralmente todos los actores públicos y privados, empresas públicas y ministerios, por lo tanto, no queda claro dónde va a estar funcionando. Tampoco queda clara la conexión que va a tener la Agencia Nacional de Innovación que, a nuestro juicio, es un elemento muy importante en todo este sistema. Para ser muy gráfico, es el banco república de la economía, es el organismo de financiamiento, no el organismo de políticas. Es como si el Banco de la República tomara decisiones sobre las políticas económicas; en realidad, nos parece que la Agencia Nacional de Innovación tiene el rol de probar la ciencia, administrar los fondos y gestionarlos, y lo hace muy bien. Pero para nosotros está quedando muy débil y confusa la parte de diseño de políticas, en la que participamos fundamentalmente los actores privados que, como bien dijo la economista Fernández, tenemos pocos ámbitos formales para discutir sobre estos temas. Entonces, esta es nuestra preocupación sobre este proyecto de ley en los temas de ciencia, tecnología e innovación.

Además, se proponen cambios institucionales que no son claros y de difícil participación. Desde el principio estuvimos de acuerdo con que se avanzara en este tema y que la ciencia, la tecnología y la innovación fueran parte de la competitividad. ¡Así debe ser! La  Cámara Nacional de Comercio y Servicios está llevando adelante un programa de reconversión laboral en el marco del desarrollo tecnológico,  para ser muy claros, dos o tres pisos por debajo del que hace la agencia de innovación. Justamente, de lo que se hablaba antes, de reducir la brecha tecnológica y capacitar a los trabajadores en las distintas tecnologías. Hay que tener en cuenta que va a caer el empleo industrial por la incorporación de tecnología –esto no lo decimos nosotros, sino los informes internacionales–, y el único lado por el que se va a poder suplir va a ser a través de los servicios. Entonces, nos parece que hay que hacer esfuerzos y para que podamos diseñar programas de ese tipo y apoyarlos se precisan los ámbitos formales para trasmitir esa información y poder implementar esos planes.

                Muchas gracias.

SEÑOR MAILHOS.- Buenos días. Voy a hacer referencia a un aspecto muy puntal del proyecto de ley que está a consideración de esta comisión y lo voy a hacer en nombre de la Cámara Nacional de Comercio y por indicación de los amigos de la Cámara de Industrias, en la medida que me voy a referir a las menciones del proyecto de ley respecto al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

                La primera referencia que quiero hacer es al artículo 17 del proyecto, por el que se sustituye el artículo 5.º de la Ley n.º 18406, que establece que «Las resoluciones del Consejo Directivo» –del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional– «se adoptarán por simple mayoría de votos. Cuando la mayoría referida sea de hasta cuatro votos, se requerirá que la misma incluya el voto afirmativo del Director General».

                Conviene recordar que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional tiene por objetivo justamente esto, es decir, desarrollar la formación profesional de trabajadores, fundamentalmente de aquellos que están en situación de seguro de desempleo, pero no solo eso, sino también –de acuerdo con lo que nos marca la realidad hoy– de trabajadores de empresas en crisis y de trabajadores en actividad. En realidad, la ley nos marca que debemos tener una visión sistémica del mercado de trabajo, ocuparnos de las poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera. También debemos ocuparnos del tema empresarial.

                El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que es el sucesor de la Junta Nacional de Empleo, fue creado como una persona pública no estatal, con una característica muy especial: que su directorio es de carácter tripartito. Esto tiene una nota muy especial en nuestro país por nuestras tradiciones de relaciones laborales y, además, porque con sabiduría la ley encarga a este instituto, en temas como la formación profesional y el empleo    –que, en general, son de interés común de los actores sociales y del Gobierno–, desarrollar una actividad de manera acordada. Es muy difícil poder realizar estas políticas públicas cuando uno de los sectores o de los actores sociales rehúye o no da su consenso o su aprobación.

                Al principio nos manejábamos por consenso y se decía que el instituto no arrancaba y que era muy lento porque el consenso era prácticamente consagrar el veto de alguno de los actores, cualquiera fuere. Yo, que participé desde el inicio en todo este sistema, no tengo el gusto de acompañar esa postura.

                Luego se nos dijo: «Bueno, para hacer más dinámicos, hagamos por mayoría». Muy bien, encaminamos hacia la mayoría y también ahora se argumenta lentitud de procedimientos, etcétera, etcétera.

                Ahora se hace un cambio –que, a mi juicio, no es el más deseable– que es establecer una mayoría calificada en el caso de que sea de cuatro votos, incluyendo el voto afirmativo del director general. Esto, a nuestro juicio –hablo de la Cámara de Industrias y de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios–, pega al cerno de la razón de ser del instituto, pone en un pie de superioridad al Gobierno en la definición del objetivo principal del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que es administrar el Fondo de Reconversión Laboral. Tanto lo administra que estamos mejorando la cobertura del instituto. El año pasado ya llegamos a más de 23.000 uruguayos y este año estamos seguros de que la cifra rondará los 28.000 o 30.000. Con ello, el instituto se ha vigorizado y en base al diálogo social que se pone en práctica allí y a la comunidad de intereses existente, estamos mejorando.

                No va a ser esta norma la que dé mayor agilidad a las decisiones del instituto, pero si la forma de tomar decisiones nos preocupa, también nos preocupa lo que establece el artículo 10 del proyecto, en el sentido de que afecta, respecto del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y también de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, al menos el 20 % del monto total de los apoyos previstos en cada plan de actividad anual que se realice a través del gabinete ministerial, a proyectos o programas que tengan como objetivo la transformación productiva.

                Hay que llamar la atención sobre una cosa: en tiempos en que estamos cuestionándonos los mecanismos de buena gobernanza de todos los institutos –es el caso de los institutos que son personas públicas no estatales, donde es muy importante la transparencia y focalizar la aplicación de los recursos a los objetivos concretos–, resulta muy difícil que un instituto que hace su plan de gestión anual y lo presenta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que sea aprobado, luego también tenga que cumplir con el requerimiento de otro organismo –en este caso el gabinete o el rector del sistema nacional de competitividad–, afectando el 20 % del monto total de los apoyos previstos. Esto quita claridad a la gestión y a la administración de los fondos y puede afectar de tal manera en las arcas del Instituto Nacional de Empleo que, incluso, hasta puede vaciarlo. Entonces, si la comunicación con el Poder Ejecutivo se hace a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nos preocupa el hecho de que ahora se involucre otro organismo u otro centro de imputación de gastos para el instituto –que pueda distorsionar el fondo– y que la manera de administrar los fondos de aquí en adelante sea poco previsible.

                En realidad, sin lugar a dudas preferiríamos que la manera de decidir se mantuviera tal como ha estado hasta el día de hoy, o sea, que se elimine el artículo 17 que modifica el artículo 5.º de la ley del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Y con respecto al artículo 10, si se insistiera en mantener que el instituto contribuya al desarrollo y a la implementación de políticas que defina el gabinete ministerial en el Sistema Nacional de Competitividad, debería tener un marco más preciso; habría que establecer límites en cuanto a lo que el instituto recauda anualmente o límites a través de algún porcentaje de las existencias que tiene el instituto; de lo contrario, hasta podría vulnerarse el plan de gestión anual, al que está obligado, y afectar así su propia existencia y el cumplimiento de los objetivos naturales, principales que tiene el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

                En definitiva, estamos postulando que no se tome en cuenta la propuesta del artículo 17, que se mantenga el mecanismo tal como ha sido hasta el presente, en que se establece mayoría y, en algunos casos, la unanimidad. Fíjense que para designar al secretario general, al secretario ejecutivo del instituto, se plantea la necesidad de llegar a un consenso, esto es, que al menos no haya una oposición activa a la propuesta respectiva. Eso ha pasado, ha pasado en este gobierno y lo hemos solucionado de esta manera. Creo que eso es lo que habilita y profundiza la confianza que hay que tener.

E insisto, en estos temas si bien podemos tener discrepancias en cuanto a las acciones concretas a tomar, en general, los objetivos del movimiento sindical, de los empresarios y del gobierno son los mismos, y se llega a soluciones que les sirven a todos. Hablamos de una política de empleo, de una política de formación profesional y, además, ahora también estamos involucrados en la culminación de los ciclos educativos, apoyando la educación, cosa que ya veníamos haciendo desde antes y que ahora la ley de Presupuesto nos mandata. Si hay resistencia en alguno de los actores, entramos a tener dificultades de funcionamiento que entorpecen más el logro de los objetivos deseados.

SEÑOR DELGADO.- Voy a hacer referencia a lo que acaba de decir el señor Mailhos en nombre de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industrias del Uruguay, fundamentalmente con relación a los artículos 10 y 17, que involucran al Inefop en este sistema.

Me parece que, en realidad, la modificación que se hizo en la Cámara de Representantes complejiza más el sistema con respecto al proyecto de ley original del Poder Ejecutivo. Esta es una primera opinión que después discutiremos en la comisión, porque este no es el momento.

                Quisiera hacerle algunas preguntas concretas al doctor Mailhos, teniendo en cuenta que por primera vez se afecta lo que era el Fondo de Reconversión Laboral, con un sistema diferente o por fuera de las directivas del organismo que lo administra. Recordemos que esto proviene de la vieja Junta Nacional de Empleo, ámbito tripartito formado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las cámaras empresariales y los trabajadores, que recibía el aporte de las tres partes. Hace unos años en el Parlamento esto se cambió por Inefop y después se modificó, incluso, la integración de su directorio al incorporar más integrantes del Poder Ejecutivo. En su momento, dado que compartíamos el criterio del fondo, votamos en contra porque creíamos que se vulneraba el espíritu de ser un ámbito tripartito con el que se había creado.

                En primer lugar, quisiera preguntar a cuánto asciende el Fondo de Reconversión Laboral que maneja actualmente el Inefop. Hay algunas cifras de decenas de millones de dólares que ha manejado la prensa en estos días, pero me gustaría saber qué cantidad está no imputada a algunos de los cursos.

                En segundo término, tengo entendido que hasta ahora las decisiones se tomaban por determinadas mayorías o se intentaba lograr un consenso, y el vínculo con el Poder Ejecutivo era a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, ahora se innova y se afecta una parte del fondo a un decisor ajeno al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es un gabinete de competitividad. Además, se agrega que en este caso para imputar parte de ese fondo a decisiones de transformación productiva –aunque todavía no está claro cuál es el sentido de esto; me refiero a lo de las innovaciones, concepto que apareció en la Cámara de Representantes– se deja la decisión a un gabinete, ya que los actores sociales no necesariamente estarán incluidos en la mayoría calificada que establece este proyecto de ley para que se asigne ese 20 % de los fondos a este sistema de competitividad.

                En tercer lugar, pregunto cómo se genera hoy este fondo. Todos sabemos que se nutre del 0,125 de la contribución de trabajadores y empresarios, mientras que el resto lo aporta el Estado. Sin embargo, de acuerdo con los datos que tenemos, el Estado viene muy atrasado en los aportes al fondo. Me parece que este es un elemento adicional a la hora de decidir acerca de los gastos sobre un fondo que, en realidad, fue creado para otra cosa; además, los actores sociales no van a tener incidencia en la decisión final sobre el destino de esos gastos. Por eso me parece importante saber, también, de cuánta plata estamos hablando.

Por último, quisiera plantear una hipótesis. En la medida en que estuviéramos de acuerdo con que  parte del fondo tuviera un destino  diferente al que fue creado por ley –eso es lo que se establece acá–; si hubiera un cambio o una decisión del Parlamento donde los actores sociales –trabajadores y empresarios– incidieran, de acuerdo con la mayoría que se establezca, para poder destinar a otro organismo diferente a la competitividad hasta el 20 % de este fondo, ¿compartirían esa propuesta?

SEÑOR MICHELINI.- A mí me parece que el artículo 10 innova, y quisiera preguntar si ya hoy se destina algo del dinero del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional a capacitar gente para las transformaciones, proyectos o programas de la producción. Por la forma como está redactado, parecería que se trata de programas que van  más  allá de  la  formación  profesional o  el empleo.  Ahora  bien; creo que nadie discute que si queremos cuidar el empleo debemos aggiornarnos y modernizarnos en materia de tecnología.

                Todo el mundo sabe –y acá tenemos al senador y expresidente Mujica que se ha cansado de decirlo– que, por ejemplo, una hectárea de arroz involucra todo un paquete tecnológico.  Por lo tanto, la defensa del empleo también implica ayudar a la transformación productiva.

                Entonces, me gustaría saber si en alguno de esos programas ya se destina  algo al tema del empleo y si el objeto es compartible aun cuando su lugar institucional pueda ser discutible. La pregunta es si igual no habría que darle una chance, porque sentimos que Uruguay, a nivel de investigación e innovación, está muy atrasado.

SEÑOR MAILHOS.- Agradezco las preguntas que se han formulado y voy a comenzar respondiendo la del señor senador Michelini, que me parece muy trascendente.

                Efectivamente nosotros, en el instituto, ya desarrollamos actividades con los sectores tecnológicos, celebrando convenios con varios organismos estatales de tecnología. Apoyamos la capacitación en temas tecnológicos, no solamente orientados a los organismos públicos como, por ejemplo la Universidad de la República, la UTU, la ANII. Actualmente estamos en conversaciones con el Plan Ceibal para implementar los desarrollos que tiene previstos y que muchas veces no puede llevar adelante porque carece de los recursos suficientes. Todo esto lo hacemos con una mirada de tripartita. Se plantean los requerimientos, las condiciones, a veces estamos de acuerdo y, otras, sin estarlo, se  celebran convenios. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional hoy tiene más de sesenta convenios vigentes con distintos organismos públicos y privados, como el SUL, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Facultad de Agronomía. Nos ocupamos de los temas productivos, en el amplio sentido, no con el concepto de Uruguay productivo referido a lo que es tradicional –agro, industria, comercio–, sino contemplando mucho el tema de los servicios que también ofrecen una importantísima posibilidad de crecimiento y desarrollo para el país.

Entonces, la respuesta a la pregunta de si estamos involucrados con la innovación, con la tecnología, con el sector productivo y con el sector terciario de la economía, es totalmente afirmativa, y ya estamos desarrollando esas actividades. El problema que tenemos es que, al incluirse el gabinete de competitividad, seguramente surjan nuevas líneas de trabajo que habrá que compatibilizar con lo que realiza el instituto de su propia facturación, por decirlo de alguna manera.

                En cuanto al monto del Fondo de Reconversión Laboral –eso fue lo que preguntó el señor senador Delgado–, tenemos una dificultad que es la del valor dólar pero, para entendernos, estaríamos en el orden de los USD 70:000.000. Esa es la existencia que tiene el Instituto y que por obligación legal está en el Banco de la República.

                En lo que tiene que ver con los aportes, éstos se hacen a través de la detracción del 0,125 % de la nómina, tanto del trabajador como del empresario; poco más de un 90 % lo aporta el Banco de Previsión Social –porque es allí donde está el máximo trabajadores afiliados–, también las cajas, tanto la bancaria como la de profesionales universitarios, hacen un aporte que representa alrededor del 4 % y, el 1 % restante lo hace la Caja Notarial.

                El instituto debe recibir aportes del Estado. Cuando el plan de gestión anual es aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o cuando esta cartera no dice nada dentro del plazo que establece la ley, el plan anual de gestión queda aprobado. Allí nace la obligación del Estado de aportar la misma cantidad que aportaron trabajadores y empresarios en el año inmediato anterior. Efectivamente, el Poder Ejecutivo está atrasado en su aporte a este fondo pero, sin embargo, quiero recordar a los señores senadores que por disposición de la ley de Presupuesto, el instituto está obligado a destinar hasta el 30 % de su recaudación a la asistencia de organismos de educación pública como ANEP, UTU o UTEC. Este es un elemento adicional que muestra la complejidad que va a tener, de ahora en más, la administración del Fondo de Reconversión Laboral por un directorio que es bastante amplio, a lo que se agrega la obligación de atender otras cuestiones.

                Me interesa hacer referencia al literal D) del artículo 6.º de este proyecto de ley del gabinete de competitividad que está analizando la comisión, que establece: «Dar el visto bueno a los planes de actividades anuales de los integrantes del sistema en las materias que corresponden al mismo». Esto agrega complejidad en el sentido de que Inefop va a tener que presentar su plan anual de gestión para que sea aprobado por el Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social y también tendrá que hacer lo propio ante el gabinete ministerial sobre competitividad. Teniendo en cuenta los plazos que se establecen, va a ser muy difícil que esto pueda realizarse y, además, entiendo que no se deja tiempo suficiente como para poder ejecutar adecuadamente lo que se pretende.

                En definitiva, creo que aquí se complejiza la administración. La toma de decisiones será más compleja y, por lo tanto, con todas estas imposiciones legales que, a mi juicio, distorsionan el objetivo inicial del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, se termina afectando la buena gobernanza. Además, me preocuparía por analizar la regularidad jurídica de todo esto porque nosotros aquí, a través de estas afectaciones, hasta podemos distorsionar los presupuestos de algunos de los organismos involucrados. Para poner un ejemplo, quiero mencionar la ley de empleo juvenil, establece que los subsidios a los contratos se pagan a través del Fondo de Reconversión Laboral –parecería que eso es algo bueno y está bien– pero crea una unidad ejecutora que funciona en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que está en la planilla del Inefop y que paga sus salarios allí. Nosotros entendimos que eso podría no tener regularidad jurídica en cuanto a que puede vulnerar aspectos presupuestales vinculados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; nos genera la dificultad de no tener poder de dirección sobre la gente que trabaja en esa unidad. Está en un ministerio, pero por ley el Inefop está en el sistema privado de actividad, y eso puede generar algunas distorsiones.

                Son simplemente advertencias. Luego se va a juzgar –este es otro de los aspectos, y esto lo digo porque me comprenden las generales de la ley, al estar hoy involucrado como director del Inefop– la regularidad de administración y las facultades que realmente podemos tener nosotros como directores para hacer una administración correcta y con los controles suficientes, que es la responsabilidad primera que tenemos en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias a quienes representan a la Cámara de Comercio.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Buen día.

                Soy la economista María Laura Rodríguez, de la Unión de Exportadores del Uruguay. Muchas gracias por la invitación y pido disculpas en nombre de los directores que iban a venir, pero que no pudieron hacerse presentes.

                En principio, en nombre de la Unión de Exportadores del Uruguay lo que tenemos para decir acerca de este proyecto es que celebramos que exista una institucionalidad relativa a la competitividad. Como institución especializada en la exportación creemos que la competitividad es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país. Por lo tanto, ponerla en un sitial de privilegio en las políticas públicas es superimportante. Desde siempre la Unión de Exportadores del Uruguay viene bregando por una competitividad mayor, y la competitividad sistémica que implica esta institucionalidad hace que se trabaje en áreas que de repente hoy no están coordinadas y es necesario coordinar.

                Tal como lo comentó la Cámara de Comercio, creemos que el sector privado debe estar presente en este sistema. Pensamos que la ley debería salir relativamente rápida, por lo cual tal vez el sector privado pueda formar parte de su reglamentación ya que realmente estamos muy atrasados en materia de competitividad. Por lo tanto, cuanto antes comencemos a trabajar estos temas, antes vamos a notar resultados. El sector privado debe formar parte por una cuestión de competitividad –de la competitividad formamos parte todos–, y los principales afectados son las empresas y, en particular, los exportadores. Por lo tanto, es necesario que discutamos en conjunto las distintas políticas.

                Con respecto al proyecto de ley, en términos generales se entiende como una coordinación de instituciones que ya existen. Mientras esa coordinación sea eficiente, puede ser positiva. En algunos puntos creemos que las modificaciones que se han hecho lo han desmejorado. Por ejemplo, en el artículo 6.º se establecía que la persona que formara parte de la secretaría de competitividad debería tener aptitudes de gestión, con grado de especialización, experiencia y competencia fehaciente, comprobado en los temas del sistema. Eso se eliminó y puede quitar eficiencia en la gestión. Queremos que las personas que formen parte de esta secretaría sean idóneas. Ya hemos visto en otros casos que los problemas de gestión que ha habido en organismos han llevado a dificultades bastante grandes. Por lo tanto, es importante que esto se tome en cuenta. También podría llegar a estar en la reglamentación.

                Por otro lado, hay una cuestión acerca de qué tipo de políticas se van a discutir. Hay temas que son de mediano y largo plazo, pero hay otros que son de corto plazo y necesitan soluciones urgentes. Por lo tanto, todo debería estar incluido en las discusiones de política que se lleven a cabo en el marco de este sistema.

En realidad, lo que queremos dejar planteado es la necesidad de la participación del sector privado como asesor e impulsor en la práctica de la competitividad.

SEÑOR HEBER.- Saludamos a las delegaciones que nos visitan.

                Antes de que las distintas cámaras sigan avanzando en sus opiniones, deseo formular una pregunta. Veo que tanto la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay como la Unión de Exportadores del Uruguay, están diciendo cosas que son de recibo en cuanto a la participación del sector privado. Mi pregunta es previa a eso. ¿Es necesario implementar el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad por ley? Digo esto porque a veces avanzamos a nivel legislativo o de papel, pero no en la práctica. Creo que si se reunieran los ministros que de alguna manera tienen que ver con el sector privado y tomaran las medidas que hay que tomar, no sería necesario armar una gran estructura pesada.

                Me gustaría escuchar la opinión del sector privado porque se anuncia que se impulsará la transformación productiva, pero, ¿no se está impulsando la transformación? ¿No se está promoviendo la actividad en la actualidad? En cuanto al apoyo al desarrollo a nuevas actividades, supongo que el ministro de Industria, Energía y Minería, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y el ministro de Economía y Finanzas se juntan para impulsar nuevas actividades.

                También se establece una asamblea enorme en la que está el gabinete ministerial, la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad, los Consejos Consultivos, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones, el Instituto Nacional de Empleo y Formación, el Instituto Nacional del Cooperativismo, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. ¡Falta incorporar a la Lucha contra la Garrapata! ¿Vamos a tratar este tema en estado de asamblea? ¿Vamos a analizar la competitividad, que a veces requiere tomar medidas de un día para el otro porque cambiaron las condiciones en la competencia mundial, en una asamblea?

                Entonces, ¿es necesario armar este sistema de competitividad? En su comparecencia, le pregunté al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista García, si no se podía implementar esto por vía de decreto para que si el día de mañana no funciona, se cambia el decreto; el objetivo es dar más movilidad al Poder Ejecutivo, porque esto es una rigidez legal. Quizá el sector privado cree que esto es necesario porque no tiene un ámbito en el que pueda plantear los problemas de competitividad. Todos coincidimos en el objetivo: ser más competitivos. También coincidimos en que Uruguay tiene que ser más barato, que hay que bajar los impuestos, que tenemos que tener el combustible más barato, pero esos son otros temas. ¿Eso depende de este sistema o es una decisión del presidente de la república con el ministro de Industria, Energía y Minería y el presidente de Ancap? ¿Van a citar a esta asamblea general?

                No le estoy preguntando concretamente a la Unión de Exportadores del Uruguay. Pero me gustaría escuchar una opinión a este respecto porque, de lo contrario, entramos en la discusión del consejo consultivo y si es conveniente la participación del sector privado. Mi interrogante es más amplia: ¿es necesario este proyecto?

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicito a los señores senadores que sean concretos en las preguntas. Van a ser las 11 de la mañana, ya tenemos a las otras delegaciones invitadas esperando afuera y todavía nos queda escuchar a parte de esta delegación. Les pido que den tiempo a que los invitados puedan explayarse en lo que tengan que decir y sean escuetos en las preguntas.

SEÑOR DELGADO.- En honor a la sugerencia de la señora presidenta, voy a ser concretos.

                Voy a decir algo parecido a lo expresado por el señor senador Heber; me siento representado, una vez más, por sus palabras pero, en este caso, algunos de los expositores ha manifestado –lo acaban de hacer los representantes de la Unión de Exportadores del Uruguay– que necesitan mayor y mejor participación del sector privado en el caso de aprobarse este proyecto de ley. ¿Cuál es la mayor participación que están requiriendo? ¿En qué ámbitos? ¿De qué forma? ¿En qué nivel de decisión? Obviamente, estamos hablando de reglas de juego que tienen que ver con la transversalidad de algunas decisiones pero que afectan a los privados, que son quienes exportan.

                Entonces, con tener mayor participación del sector privado, ¿a qué se están refiriendo, concretamente, y en qué tipo de decisiones?

SEÑOR CAMY.- Voy a ser muy breve, señora presidenta, para no pisar sobre lo ya expresado.

                Creo que nadie discute que una economía como la de este país requiere, para promover la productividad, de la inserción internacional, del desarrollo productivo y de la innovación, ni tampoco lo vinculadas que están esas actividades. También, como se señalaba, se necesita para ello, de la competitividad sistémica o estructural y, por supuesto, de la competitividad de precios.

                Quisiera conocer –haciendo estribo en lo que señaló el señor senador Heber,  pero en forma más concreta–, si no se entiende que este diseño institucional que se promueve en el proyecto de ley, directamente, no lleva a una configuración mucho más burocrática y específicamente, incluso, si no implica, de alguna forma, rezagar el liderazgo constitucional que tiene la OPP, desde 1967, en la formulación de planes y programas de desarrollo. Tenemos el temor de que lo que antes lideraba la OPP implique, a partir de esta suerte de superinstitucionalidad, un proceso de desvanecimiento de una responsabilidad de liderazgo y que, como contraparte, derive en una mayor burocracia.

                Esa era la pregunta que quería hacer, además de saludar la presencia de las delegaciones que nos visitan hoy.

SEÑORA RODRÍGUEZ.-   Con respecto al sector privado, tenemos casos de comités consultivos –como, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en lo concerniente a puertos de la aduana– y participamos de reuniones mensuales en las que se coordinan las acciones, de forma permanente, entre distintos actores del sector privado. También participan, en algunos casos, el PIT – CNT, la academia y demás. Me parece que eso está funcionando bien en esos ámbitos y es posible que pueda ser un ejemplo para este tema.

No creo que si lo que hay que hacer es una ley o es otra normativa sea el tema más relevante, sino que tenemos que coordinar mejor las acciones que realizamos. En cuanto a si debe tratarse de una ley, de un decreto o de otra forma jurídica, no tenemos una posición definitiva, sino que pensamos que tal vez haga falta mayor coordinación entre algunos organismos para enfocarse mejor en la competitividad. Ese es el punto que tenemos para resaltar.

                Gracias.

SEÑOR MAILHOS.- Quiero intervenir en esto porque, de lo contrario, me pierdo la posibilidad de opinar; voy a ser breve.

                Simplemente no puedo dejar de levantar el guante en este tema. Nosotros, como cámara de comercio, entendemos que esta ley es totalmente innecesaria. Como sector –digo esto, señores, con todo respeto y amistad hacia mis colegas–, el de comercio y servicios es el que moviliza más en la economía. Hoy en día, sobre las espaldas del sector de comercio y servicios    –que muchos dejaban fuera del Uruguay productivo– es donde se apoya el desarrollo económico del país. Como sector de comercio y servicios, ni siquiera tenemos un ministerio sectorial y no habrán visto a la Cámara de Comercio y Servicios –que va a cumplir 150 años– reclamándolo para desarrollar sus actividades. Y no escapará a la atención de los senadores que hoy el comercio y el servicio es el que más aporta al Banco de Previsión Social; el que más contribuye a los impuestos de este país; y el que más empleo da. Sin embargo todavía hay gente que piensa que no integra el Uruguay productivo. Entonces, nosotros no podemos dejar de decir –por eso le pedí estos dos minutos, señora presidenta– que para fomentar la competitividad –que es lo que intenta el empresario, el bolichero y el que se levanta todos los días y se calza las alpargatas–, no necesitamos todo este festival, sino que se apliquen los recursos que tiene el Estado dispuesto para esto, que se coordine. El problema que tenemos es que muchas veces coordinar lo público con lo público nos cuesta mucho, ni le voy a decir coordinar lo público con lo privado.

 A la pregunta de si nos basta con una consultoría o un consejo honorario consultivo de análisis cuando nos llamen, le respondemos que no; no nos basta. Creemos muy difícil que la política pública de desarrollo de la competitividad se pueda hacer sin tener sentado en un plano de igualdad al sector privado, que es el destinatario de esas políticas.

                Muchas gracias.

SEÑOR MURARA.- El tema de la productividad y la competitividad es permanente en las empresas desde hace muchos años.

                Respondiendo a la pregunta del señor senador Heber, entendemos que no es necesario este proyecto de ley. Posiblemente haya que mejorar los organismos de regulación como la Ursea y la Ursec con otros controles y la gestión de las empresas, como se hace todos los días en las privadas para aumentar la competitividad.

                Desde hace unos años venimos con un problema importante arrastrado por el tipo de cambio y tarifas públicas caras que este año –si lo analizamos– se ha agravado más, porque si bien no hubo aumentos sustanciales en las tarifas, estamos hablando de un 7 % de inflación contra un 2,6 % del tipo de cambio en estos primeros seis meses. Esa es una pérdida de competencia.

                Por último, avalo las palabras pronunciadas por Mailhos y la Unión de Exportadores.

SEÑOR PÉREZ.- Represento a la Cámara de Industrias del Uruguay.

Complementando lo que dijo anteriormente Murara, lo que nosotros notamos es que el proyecto de ley versa sobre cuestiones y funcionamiento del Estado y la verdad es que el sector privado sabe poco de eso. En todo caso, si tenemos una apreciación del Estado es que es grande y en general lento. Quizás este proyecto lo haga más chico y rápido –¡ojalá sea así!–, pero no somos especialistas en estos temas, entonces a nosotros nos cuesta opinar.

Lo que vemos es que el proyecto de ley reorganiza algunos aspectos del funcionamiento del Estado. En ese sentido creo que es unánime la posición del sector privado en que efectivamente se podría haber hecho por decreto y haberle dado más flexibilidad, porque puede ser que mañana se necesite otro tipo de interacción entre los organismos que están interviniendo dentro del sistema.

Por otro lado, si se cree conveniente aprobar una ley, hay dos aspectos puntuales a los cuales me gustaría referirme. En el artículo 5.º se habla de la necesidad de aprobar un Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. Nos parece que habría que hacer un  mayor énfasis en el monitoreo de ese plan. Es decir que se establezca que además de aprobar un plan hay obligaciones. Hay una mención un poco elíptica que  habla de desarrollar un mecanismo de evaluación y monitoreo. Creemos que si hay un plan, anualmente la secretaría –que se define aquí– debe elevar a la sociedad un informe de cómo va ese plan. Ojalá sea lo más concreto posible en cuanto a metas y medidas y no sea de esos documentos largos y tediosos de leer.

                Hay muchos ejemplos internacionales de planes de competitividad o de aumento de transformación productiva, que son muy concretos en el sentido de hacia dónde se apunta y, entonces, decir: hay que bajar tal cosa o reducir tal otra para aumentarla.

                El otro comentario puntual que quiero hacer es –de prosperar el proyecto– sobre el literal E) del artículo 7.º, en el que se habla de implementar un observatorio productivo. Tengo mis dudas de si es necesario, porque me imagino que esto después va a terminar en la necesidad de disponer de recursos y la verdad es que los sectores público y privado ya hacen un enorme esfuerzo desde el punto de vista de la recopilación, la sistematización y la elaboración de estadísticas.

Por lo pronto, desde la Cámara de Industrias diría que hemos generado un observatorio productivo del sector industrial. Diría que hoy, tanto por estadísticas propias como por el procesamiento de información que generan el INE, el Banco Central del Uruguay y la Aduana, pero que nosotros compilamos y está a disposición pública en nuestra página web –es todo absolutamente público–, hoy es un repositorio, un observatorio productivo del sector industrial.

                Hay un esfuerzo de la Cámara de la Construcción en el mismo sentido para ese sector, que es reciente, de un centro de estudios similar al nuestro, que está dedicado a esos fines. O sea que también hay un observatorio productivo de la construcción.

                La Cámara Nacional de Comercio y Servicios también tiene sus esfuerzos en la misma línea.

                La verdad es que no sé hasta qué punto es necesario generar otro observatorio productivo. En los hechos, el sector público ya tiene al Instituto Nacional de Estadística, el Banco Central del Uruguay emite sus informes y está el propio instituto Uruguay XXI. Entonces, la creación de otro observatorio nos preocupa, más que nada pensando en eso porque, de pronto, implica duplicación de actividades, pues hay muchas que los propios privados ya hacemos y que, además, es altamente valorada por el sector público. En los hechos, al menos en nuestro caso, hacemos evaluaciones continuas donde están integrados técnicos del sector público y han hecho una evaluación muy positiva de lo que realizamos porque lo llevamos a cabo con independencia técnica y son informes técnicos, no políticos, que también elaboramos dentro de las cámaras. Somos capaces de elaborar informes técnicos independientes que tratan de mostrar la realidad productiva.

                Esos eran los comentarios puntuales sobre el proyecto de ley que no quería dejar de precisar.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Simplemente, nos resta agradecerles la presencia.

 

(Se retiran de sala los representantes del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad).

 

(Ingresan a sala representantes de la Asociación Rural del Uruguay).

 

                –Buenas tardes, muchas gracias por venir. La comisión está empezando a trabajar sobre el proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. Los convocamos para que nos den sus opiniones al respecto.                

SEÑOR ARROYO.- Soy gerente de la Asociación Rural del Uruguay y represento a la institución. Voy a leer un breve memorando para marcar la posición de nuestra institución en el tema que nos convoca. Trajimos copias para repartir entre los señores senadores.

En primer lugar, agradecemos la convocatoria para expresar y emitir opinión sobre una iniciativa del Poder Ejecutivo para otorgar marco institucional a los procesos de discusión y análisis en los temas de competitividad.  En referencia al ámbito de trabajo que crea el proyecto de ley, con participación de siete ministerios y diez institutos públicos, la Asociación Rural del Uruguay manifiesta su escepticismo sobre la efectividad de un ámbito tan amplio y diverso en su integración para que se logre una efectiva discusión, análisis y propuestas en procura de alcanzar los objetivos previstos.

No obstante, la asociación entiende del caso incluir en el propio texto legal –podría ser una reglamentación– los indicadores de eficiencia que puedan medir los logros alcanzados de manera que en el mediano y largo plazo se pueda valorar la efectividad del ámbito suprainstitucional que se propone.

                En cuarto lugar, más allá de esta propuesta de Estado para encarar los temas de competitividad, desde nuestra institución entendemos que dichos temas refieren a una conducción sensata y cuidadosa de la macroeconomía y, consecuentemente, a un riguroso control del gasto público, a una agresiva inserción internacional de cara a los mercados más exigentes y demandantes, a la realización en tiempo y forma de las necesarias inversiones en logística para el mejor desempeño de todos los rubros y –lo más importante– a una educación que iguale las oportunidades de todos los ciudadanos en los puntos de partida, a fin de que puedan desempeñarse en su vida laboral.

                La Asociación Rural del Uruguay entiende que no será en el ámbito propuesto que se lograrán solucionar las deficiencias que el país tiene en todos estos aspectos antes mencionados.

                Para terminar, quisiera decir que es de orden que toda norma de rango legal se exprese mediante términos que no den lugar a interpretaciones ambiguas o imprecisas. En ese sentido, entendemos necesario que se aclaren los conceptos incluidos en los términos «nuevas formas de propiedad» y «economía social» para luego poder opinar sobre sus alcances, comprendidos por el legislador entre los objetivos del instituto que se crea.

                Muchas gracias por brindarnos este espacio.

SEÑOR CANESSA.- Buenos días.

Las Cooperativas Agrarias Federadas están hoy aquí para opinar sobre el proyecto de ley del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad.

                Hemos analizado esta propuesta y creemos que todo sistema que apunte al buen funcionamiento, a la acción entre los ministerios y los diferentes institutos que tenemos, habla de una buena herramienta para acompañar el desarrollo del sector productivo de nuestro país.

                Sin embargo, hemos visto algunas cosas sobre las que nos surgen preguntas. Por ejemplo, ¿todo este sistema nos va a ocasionar una burocracia más grande o nos va a dar un beneficio mayor? El beneficio que se va a generar, ¿será volcado nuevamente al sistema o se reinvertirá? ¿Cómo se hará?

                Son cuestionamientos que hacen pensar a nuestra federación que habrá que tener cuidado con la creación de más formas de fiscalización. En realidad no se trata de un tema impositivo, pero sí de ir pasando etapas donde se necesita la aprobación de diferentes organizaciones para que se otorgue el visto bueno.

Se mandata al instituto del empleo a contribuir con un porcentaje dentro de los fondos que se manejan. Creemos que si les damos independencia a los institutos, tendrán que resolver por sí mismos qué iniciativa acompañan, de acuerdo con las demandas necesarias. Así se hace en el instituto: llega una demanda, se analiza en el directorio y este resuelve hacia dónde debe ir el apoyo. Aquí se propone hacer un ahorro de la gente que trabaja en este país y después hay que decidir, a través de un nuevo sistema, que el 20 % se aportará a algo nuevo, algo diferente.

Estas son las preguntas que nos hacemos a fin de buscar una concordancia y ver, de alguna manera, que todo esto tenga un mejor sistema de producción. En el sector productivo estamos ante una situación muy compleja, donde los mayores esfuerzos se concentran para solucionar los problemas que se han presentado, ya sea climáticos, de precios internacionales, de competencias desleales con otros países donde se subsidian los productos, etcétera. Queremos que todas estas herramientas se vuelquen en este sistema para ser más competitivos, para poder volver a lo que tuvimos estos últimos tiempos –hablamos de años pasados– y manejarnos de otra manera.

Es cuanto quería manifestar. Muchas gracias.

SEÑOR MANGADO.- Represento a la Comisión Nacional de Fomento Rural. Agradecemos la oportunidad que tenemos para trasmitir nuestros puntos de vista con respecto a este proyecto de ley.

                Coincidentemente con la CAF estamos dispuestos a tratar de encontrar nuevas herramientas de construcción de la competitividad. Nos parece que lo que se propone tiene conceptos positivos y forman parte de un proceso en el cual la comisión nacional, a través de distintas formas de participación, ha venido trabajando en común con el sector privado, porque apuntamos a incentivar la participación de este sector con el público. Insisto en que la comisión nacional cree en eso, ha sido una forma de trabajo que reivindicamos y nos parece buena. De todas maneras, nos gustaría que en el análisis que los señores senadores deban hacer para darle el contenido final al proyecto de ley que tienen a estudio, pudieran verse reflejadas las distintas necesidades de un sector privado, que no es igual y que está expresado en distintos actores. En nuestro caso que, básicamente, estamos representando a trabajadores que tienen una base familiar muy importante, el tema de competitividad del país tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, de todas, y no solo de las que integran nuestra gremial. Creemos que esta herramienta puede propender a ese concepto que pensamos que es muy importante, pero hay algunos elementos que son pasibles de discusión. Por ejemplo, nos preguntamos de qué manera podemos participar para hacer los aportes que desde el sector privado se pueden llevar adelante. Quizás este tema la CAF lo pueda desarrollar más. Habría que definir como se expresará la real participación del sector privado. En particular, en muchas de estas agencias     –en Dinacoop, en el INIA– tenemos delegaciones que hacen sus aportes y son tenidos en cuenta, pero nos gustaría que los señores senadores tuvieran presente nuestra necesidad de participar con aportes realmente efectivos.

Veo que están presentes representantes de la universidad y tal vez no sea nuestro cometido hablar sobre este tema, porque quizás ellos lo puedan presentar de mejor manera, pero por nuestra experiencia de trabajo, sobre todo en el INIA –que en la propuesta a estudio está presente–, nos gustaría señalar que la ciencia y la tecnología separadas de la innovación, como de alguna manera aparece en el texto –quizás nuestra lectura no sea lo profunda que debería ser–, sería bueno analizarlo también. El tema de la participación efectiva lo planteamos como una inquietud, partiendo de la base de que esencialmente estamos de acuerdo en cuanto a que esta ley –como todas– es hija de una historia y debe construir una historia nueva. Entonces, cómo medir el hecho de que nos va mejor, tendría que estar integrado. Ese es otro punto que se puede discutir.

SEÑOR FRACHIA.- Agradecemos la invitación y el espacio para poder expresar nuestra opinión y hacer aportes a la discusión.

Creo que los conceptos que han prevalecido en este intercambio están bastante claros y simplemente quisiera reforzar algunos de ellos.

                Ante todo, digo que hay dos gremiales en particular que representan un estilo de asociación que son las cooperativas y las sociedades de fomento, que tienen larga data en el país, incluso algunas de ellas con más de cien años. Como todos sabemos, tienen gran importancia a nivel del sector productivo, en especial, en el agropecuario, por todo lo que tiene que ver con ayudar a mantener a los productores trabajando en el campo, mejorando su calidad de vida. Los capitales de estas organizaciones son, básicamente, nacionales y su producción también se realiza con mano de obra nacional. Entonces, entendemos que en un mundo y un escenario regional tan competitivo como el que tenemos desde hace ya varios años, el desafío es encontrar la forma de ayudarlos con este tipo de iniciativas, por medio de herramientas e instrumentos que les permitan ser más competitivos aún. Imagino que ese es el foco de esta iniciativa, a fin de dar apoyo no solamente por medio de subsidios, como se hace en otros países, sino con una política de Estado que permita fortalecerlos en sus capacidades y desempeño. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos experiencias recientes de inversiones que vienen del exterior –también algunas nacionales–, que por la especulación y teniendo en cuenta que el negocio no cierra, cosa que es válida, toman la decisión de retirarse del país. Las cooperativas de fomento y otras empresas nacionales están aquí y siguen trabajando y nos parece que eso no debe perderse de vista en este marco legal que se quiere generar.

                Por otro lado, tampoco hay que perder de vista que este tipo de organizaciones y las gremiales –que también están aquí presentes–, ejercen la gobernanza, es decir que trabajan en esta tarea junto al Estado, al gobierno de turno. Entendemos por gobernanza –entre todas las definiciones del término que puede haber– el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas. Se trata también de transformar políticas públicas en acciones concretas cuyos resultados sean medibles y verificables. Entendemos que esta es la mejor forma de desarrollar distintas políticas, es decir, en conjunto y pudiendo colaborar en el diseño y ejecución.

Ahora bien; en el poco tiempo que tuvimos para analizar este texto, no nos queda muy claro dónde podemos ejercer esa gobernanza. Tomo un poco lo que se planteaba en cuanto a que más allá de la integración en alguna de esas agencias o institutos del sistema nacional que se va a conformar, en general estamos en minoría, aportando específicamente los temas que están en ese instituto, sin esa mirada más global o supra que pretende este sistema. Por lo tanto, la incidencia es más individual.

                Otro espacio que se define claramente –si estoy equivocado podrán corregirme– es el de los consejos consultivos que, como bien lo indica la palabra, son de consulta. Si bien podremos hacer algún aporte, no tendremos incidencia o decisión. Nuestra experiencia –que es bastante– nos plantea la interrogante de si estos espacios válidos y necesarios van a estar acompasados con la necesidad de eficiencia y ejecución en lo relativo a la competitividad. Necesitamos tener más claramente definidos cuáles son los espacios en los que podremos incidir en ese diseño de estrategia en conjunto, poniéndonos a la orden para poder colaborar y ejecutarla. No vemos que eso esté claramente definido. Capaz que puede considerarse dejarlo más en claro o pensar un poquito más en esto, o quizás se lo deje para cuando se llegue a la parte de reglamentación.

                Por último, ¿cómo evaluamos todo esto? Mirándolo como un proceso de largo plazo –creo que es la idea de todos–, capaz que dentro de cinco o diez años pueden obtenerse resultados muy buenos a nivel de país. Esa es la expectativa. Sin embargo, debemos tener ya definidos los indicadores y cómo medirlos para saber si estamos por el camino correcto, de modo de no quedarnos en la misma situación de siempre, de que la alineación de los recursos y las capacidades, por algún lado, en alguna situación intermedia, se pierde. Queremos participar todo lo que podamos y también ayudar, con indicadores definidos claramente; poder medirlos y monitorear para que esto no quede solo en una iniciativa buena y que en la práctica no logre resultados.

SEÑOR MALCUORI.- Buenos días. Mi nombre es Enrique Malcuori y soy el tesorero de CAF.

                Quisiera destacar dos cosas. El éxito o fracaso de este proyecto dependerá, por un lado, de que la integración racionalice un poco mejor los recursos. Me parece que el buen uso de los recursos a nivel de los distintos organismos es un elemento importante en un país que no tiene demasiados recursos, como es el caso de Uruguay.

Y el otro aspecto es lograr el proceso de integración lo más rápidamente posible, porque hoy la situación se ha tornado crítica. Esta necesidad es un hecho que hoy está viviendo el sector agropecuario. Necesitamos estrategias de desarrollo y de sostenimiento, como es el caso de la lechería. Hay que tener una cierta visión y, de alguna manera, hay que tomar estrategias integrales a nivel de país porque las coyunturas ocurren –todos sabemos que ocurren siempre– y debemos estar preparados. Estos grupos podrían tener el desarrollo de sus estrategias como mecanismo.

Ciertamente, vemos la integración como algo positivo. Siempre hemos sido integradores en cuanto a la cadena de decisión. También nos interesa, como decía Luis Frachia, participar en lo que podamos, capaz que no necesariamente en el cogobierno, pero sí en la planificación de las propuestas, que nos parece realmente algo muy importante.

Esa es, más o menos, la preocupación que tenemos con este organismo nuevo. Evidentemente, es muy difícil evaluarlo a priori porque hay mucho camino por andar, pero es algo urgente. Las decisiones hoy son bastante urgentes. Hay que tomar alguna línea de trabajo rápido; de aprobarse la ley, realmente deben tomarse decisiones rápidas para la ejecución.

SEÑOR CAMY.- Saludo la presencia de los integrantes de las delegaciones.

                Quisiera reiterar una pregunta que hicimos en la jornada de hoy a la Cámara de Comercio y a la Unión de Exportadores del Uruguay. Todos concordamos en la necesidad que existe, por la economía que caracteriza al Uruguay, de coordinar los aspectos vinculados al comercio exterior, a la innovación, al desarrollo productivo, a lo que hace a la productividad. La consulta es si ustedes no creen, incluso como entidades –me consta que tienen muchos años de participación en las cadenas correspondientes a las decisiones de este tipo–, que la sistematización que se pretende –nadie discute que hay que tener una institucionalidad pública en esto– no conspira contra la eficiencia que se requiere de las respuestas que hoy se tienen que dar. Si desde la Constitución de 1967 tenemos la OPP definida con rango constitucional para formular planes de desarrollo y programas, me pregunto si existe una institucionalidad en el Estado –a mi juicio más que sólida y necesaria para impulsar esto–, en el rol que el Estado tiene que tener. ¿No creen que la sistematización planteada de esta manera corre el riesgo de que la responsabilidad que debe asumir alguien deje de vislumbrarse y, como contraparte, lo que se compromete en esta propuesta pase a ser un poco más burocrático? Sin entrar en aspectos más concretos como el del Inefop y otras cosas específicas, de las cuales obviamente valoramos mucho su opinión, querríamos saber si en base a su experiencia, como concepto, no creen que con tanta sistematización y nuevos gabinetes se conspira desde la burocratización.

                Reitero que no estoy conspirando contra el buen ánimo que inspira esta iniciativa.

SEÑOR DELGADO.- Brevemente, en el mismo sentido que el señor senador Camy, digo que fue buena cosa haber generado un gabinete productivo o un gabinete temático. Me pareció que fue un intento por coordinar políticas públicas en lugares donde generalmente no se coordinaban. Hasta ahí estamos de acuerdo. Me parece buena cosa crear un gabinete productivo con un gabinete energético en la medida en que no solo coordine, sino que también interactúe con quienes son los destinatarios de las políticas –que en este caso son los actores privados–, que son los que necesitan la productividad para, entre otras cosas, ser sustentables. La verdad es que esto va un paso más allá porque genera todo un sistema mucho más burocrático con una cantidad de instituciones lo que, a mi juicio, si no hay voluntad política, no garantiza el objetivo. La voluntad política es lo primero que debe haber.

Por otra parte, entre otras cosas se incorporó un tema que no estaba en el proyecto original: el de la transformación productiva. Se habla de competitividad e incluso de crear una secretaría de competitividad y un consejo consultivo en los cuales, por lo que he visto, los privados no tienen demasiada incidencia. Y no solo se incorpora la competitividad como factor de discusión o análisis de políticas transversales, sino como transformación productiva. ¿Cómo entienden ustedes este tema? Porque mirando para adelante y para atrás el concepto de transformación productiva, termina siendo un eslogan, pero nadie sabe a qué se refiere.

SEÑOR MALCUORI.- La acción de los privados, sean cooperativas o empresarios privados, es un factor crítico en la medida en que –como digo siempre– el que es empresario arriesga y el riesgo hace tomar decisiones más sensatas. Cuando se trata del Estado, el riesgo es otra cosa.

                Creo que es bueno que el sector privado tenga participación en el desarrollo de innovación y en esa transformación productiva que todos esperamos porque, de alguna manera, los sectores agropecuarios tienen que transformarse; no podemos vender granos o materias primas; reitero, de alguna manera tiene que transformarse. Pero ese proceso tiene que ser liderado por los sectores que están vinculados a la parte productiva.

En lo personal, insisto en que la integración es buena en la medida en que racionalicemos recursos y logremos una cadena de coherencia en cuanto a las decisiones de los distintos organismos que forman parte del Estado, pero hay que dejar jugar a los actores que están desempeñando su papel a nivel de cancha. No se puede pensar en términos de economía exclusivamente desde el Estado. El Estado es un gran articulador, un gran organizador de los elementos en los que se mueve la economía, pero los elementos económicos a nivel del campo son mucho más complejos y requieren que los particulares participen. Así es como veo la cuestión, en base a mi experiencia.

SEÑOR ARROYO.- De alguna manera los señores senadores Camy y Delgado han ingresado en el tema que nosotros planteamos en segundo lugar.

                Expresamos nuestro escepticismo sobre la efectividad del mecanismo propuesto. Eso es claro. Estamos discutiendo el instrumento, no estamos cuestionando sus objetivos. En ese sentido, entendemos que el Parlamento como tal es un instituto que la democracia republicana se dio a sí misma para discutir las leyes propuestas, pero para ejecutar las políticas públicas debemos ser mucho más concretos, directos y eficientes, sobre todo al momento de tomar las decisiones. No nos parece que en este ámbito tan pluriparticipativo y multidisciplinario se logre solucionar problemas centrales que hoy aquejan a la producción agropecuaria y que nos están golpeando ya por debajo de la línea de flotación. Basta ver las dificultades del sector lechero –por mencionar el caso más dramático hoy–, que es un claro problema de inserción internacional, entre otros, si los hay.

                Entonces, en estos ámbitos, realmente no vemos que para esos problemas acuciantes, graves e inmediatos, se puedan encontrar soluciones también inmediatas, como requiere el país.

Ese es nuestro planteo, particularmente, en referencia a los comentarios hechos por los senadores.

SEÑOR CANESSA.- Tratando de contestar las preguntas formuladas, creemos que no es tan difícil proporcionar una energía más barata cuando se necesita producir arroz para bombear agua; no es tan difícil tener un combustible más barato cuando realmente se genera materia prima para exportar a un país que lo necesita; no es tan difícil tener un camino donde los camioneros no aumenten el precio del flete porque rompen las cubiertas o el combustible para poder transportar lo que se genera en la tierra del país es más caro. O sea que lo que va a hacer este sistema de competitividad –si Dios quiere y es a lo que todos apostamos–, es sacarnos la venda de los ojos y mirar las cosas básicas que tenemos que lograr. No es tan difícil darse cuenta de que en el mundo bajaron los precios de lo que producimos. Entonces, las  medidas tienen que contemplar eso y si hay una herramienta que va a ser para la competitividad, debemos resolver esos temas.

                Por ejemplo, tenemos que resolver que cuando llega un barco a este país, a cargar el producto, la carga esté pronta, lista en la forma en que se firmó en el contrato de exportación. Para eso es que se necesitan esas herramientas, esa estructura básica.

                Debemos resolver que funcione bien el puerto y no haya un paro que va a agregar un costo al productor. Estoy hablando de ser efectivo, de que el país se convierta en una herramienta, en un engranaje que funcione adecuadamente en todos sus aspectos, y si el PIT-CNT tiene que reclamar y hay que tener una discusión, que la demos en los momentos adecuados. Este país es abierto al diálogo, a la conversación. No tenemos que hacer un paro en el momento estratégico, cuando más nos duele, porque perdemos todos; no es que gane una parte de la sociedad y no la otra. Tampoco tenemos que abandonar a las clases necesitadas porque todo se puede hacer con trabajo y dedicación.

                Venimos de visitar una cooperativa en Argentina, en el puerto de San Martín, que es manejado por los operarios portuarios. Ellos tienen sistema de atención mutua, seguro propio, dos helicópteros para atender a la gente que se lastime en el puerto, ambulancias, lanchas rápidas, y  logran estar en el centro asistencial –que es propio– en 40 minutos. Quiere decir que con dedicación, trabajo, claridad y transparencia se pueden lograr cosas.

No creo que sea  tan complicado dar esas bases, tener en cuenta esas necesidades que reclamamos, del sector productivo, para  poder tener un sistema cooperativo potente, que penetre y logre ser profesional.

                Sin embargo, ¿qué miramos? Lo primero que miramos es a Raincoop, que se fundió. ¡Y claro que se funde la cooperativa, como cualquier otra empresa de este país, privada o de donde sea! Cuando suceden esas cosas, las cooperativas estamos aquí, no nos vamos del país y seguimos con nuestra gente, adecuando los horarios de trabajo y marchando hacia adelante. A veces hemos pedido fondos del Estado para colaborar, pero también se los devolvimos. O sea que ese es un sistema eficiente y está demostrado que funciona.

                Entonces, creo que dando al sistema  productivo general la ayuda que necesita en ese sentido –que se la autofinancia, porque esto se paga con lo que genera–, es la forma de llegar a tener un país equilibrado y que funcione con la competitividad que queremos a través de este sistema transformador que estamos creando.

En lo personal quiero saber, de alguna manera, cuál va a ser la transformación, porque eso es algo que me causa mucha ansiedad. Capaz que hay cosas nuevas que podemos aprender. Tengo 59 años y quisiera saber si hay cosas nuevas para hacer; de ser así, bienvenidas sean; tomémoslas y vayamos al frente.

SEÑOR MANGADO.- Obviamente todos tenemos las dudas de si lo que estamos proponiendo va a superar o va a ser mejor herramienta para poder solucionar los problemas.

 Hoy se mencionaba que esto era un proceso y que había que medirlo para poder evaluar, creo que es ahí donde tenemos que trabajar. Lo fundamental es encontrar los criterios de medida, porque a pesar de que podemos medir una mejor logística, eficiencia del puerto, etcétera, en último término lo que tenemos que medir es la eficiencia o la eficacia que tiene este instrumento para poder mejorar la calidad de vida de quienes son los beneficiarios, en definitiva, de una mayor competitividad. Obviamente que siempre existen los riesgos que se plantean, pero de todas maneras siempre estamos pesando para qué lado queremos poner el fiel de la balanza y en último término tenemos que hacer apuestas para intentar mejorar. Nosotros hemos participado siempre en el gabinete productivo y en el gabinete de la innovación, y creemos que esto es un paso dentro de un proceso. En la medida que se tomen decisiones y se incluyan todos estos contenidos dentro de las leyes, es positivo. Mientras el barco navega se ve qué correcciones se pueden hacer al rumbo, pero de todas maneras creemos que el rumbo que se intenta vale la pena navegarlo.

SEÑOR MUJICA.- No puedo dejar de decir sucintamente lo que pienso.

                Aumentar la productividad es generar más valor en menos tiempo. Pero acá hablamos de un actor y no del otro. No podemos pretender que el sector privado aumente la productividad si no aumentamos la productividad del Estado. La productividad del Estado en un país desgraciadamente pequeño que no tiene masa crítica, pasa por un Estado que le vuele la bata y que defienda al país, y es lo que no tenemos. Hay gente que cree que el Estado mejora achicándolo, y pienso que nos vamos a joder bien jodidos. Lo que pasa es que tenemos un Estado gordo. Nuestro problema es de productividad dentro del Estado. ¿Cómo enfrenta este pequeño país de empresarios modestos un mundo transnacional? Voy a Cuba y le están vendiendo –¡escuchen bien!– la tonelada de muslo de pollo a USD 500. ¿Le pregunto a algún productor si puede producir? Los americanos comen, les gusta la pechuga, pero les sobra el muslo y lo rematan. ¿Cómo se pelea frente a eso si no hay un Estado que lo defienda? Es inútil; y el mundo va a seguir así.

                Tenemos el complejo lácteo. Sí, pero ¿cómo entramos a Europa? ¿Cómo competimos con Francia? No vamos a entrar nunca. Tenemos un convenio con México y no podemos entrar porque está Estados Unidos. Entonces, no es sencillo, necesitamos un Estado que nos defienda y desgraciadamente es la discusión que no podemos dar en Uruguay.

                No tengo más remedio que decírselo porque lo siento, lo he vivido y quisiera que el sistema político del Uruguay tuviera un grado de unidad para poder discutir sin soberbia este asunto. Creo que no debería entrar más nadie en el Estado que no tenga por lo menos tres años de formación y tendría que llegar a los cinco o seis años para ser confirmado y verlo en la carrera y no como entran hoy. Hablo en general, pero si uno plantea esto lo matan. Los mejores trabajadores del país tendrían que estar en el Estado, porque es un bien público. Estoy convencido de que debe ser así en un mundo donde se está concentrando pavorosamente la riqueza. Hay 85 tipos que tienen igual que tres mil millones. ¡Tenemos al hombre más rico del mundo en América Latina! ¡¿Creemos que vamos a poder hacer algo si no tenemos un Estado fuerte que nos ampare?! ¡Estamos regalados al viento!

                Este es un problema de la derecha, de la izquierda, del centro, de cualquiera. Ahora bien, no hay que confundir con lo que no hemos podido hacer.

                Conocí un Estado en el que, por ejemplo, mi padre era funcionario en la década de los cuarenta. Estaba enfermo de cáncer y recuerdo que a veces venía el médico de Salud Pública a ver si estaba en la cama. Hoy tenemos lugares en que un 20 % de los funcionarios no van a trabajar porque les duele una muela, la nuca, esto o lo otro. En Salud Pública, sacando las cuentas, ¡deben ser 4000 tipos por día que faltan! ¡Es una fortuna! ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Acaso a Obama? ¡No!

Este es el problema nacional más grave que tenemos. Nos hemos relajado en la cuestión del Estado a lo largo de los años. Pero no acompaño la idea de que con un Estado minúsculo, que desaparezca, nos defendemos; al contrario, ahí sucumbimos mucho más. He visto que la fuerte privatización en muchos servicios públicos en América Latina ha condenado a una división de clases dolorosa en el país. ¡Se necesitan servicios públicos que sean eficientes porque si no hay un margen de relativa bonhomía en la sociedad llega un momento en que no se puede vivir!

En fin, no arreglamos nada con lo que dije, pero por lo menos expreso lo que pienso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Solo nos resta agradecerles la presencia.

 

(Se retiran de sala los representantes de la Asociación Rural del Uruguay, de las Cooperativas Agrarias Federadas y de la Comisión Nacional de Fomento Rural).

 

(Ingresa a sala el Rector de la Universidad y asesores).

               

–Muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para venir a esta comisión. Estamos comenzando el tratamiento del proyecto de ley sobre competitividad y quisiéramos escuchar la opinión de la universidad al respecto.

SEÑOR MARKARIAN.- Antes que nada quiero presentar a los demás miembros de la delegación. Me acompañan la prorrectora de Investigación de la Universidad, la señora Cecilia Fernández; la coordinadora general del equipo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, doctora Judith Sutz y la docente de la facultad de Ingeniería y alumna de la Academia Nacional de Ciencias –reconocida tecnóloga del país–, la señora Liliana Borzacconi. Ellas colaboraron fuertemente con el rector en la comisión que nombró el presidente de la república el año pasado para discutir los temas relativos a ciencia y tecnología, junto con el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el señor Rodolfo Gambini; el presidente del Conicyt, el señor Eduardo Migliaro; tres representantes del Poder Ejecutivo, el prosecretario de la Presidencia, el director del Plan Ceibal y dos miembros de la ANII, figura pública de gran notoriedad. Ese equipo trabajó bien y elaboró una propuesta, pero salvo un nombre todavía no se ha resuelto nada. Me pareció conveniente que hubiera un equipo de trabajo que apoyara a la persona que nombró la comisión. Por lo tanto, son personas muy «duchas» en estos temas y seguramente en algunos terrenos mucho más que yo. Consideré que era bueno venir acompañado para responder las preguntas que pudieran surgir.

                En relación con el proyecto de ley original y el intermedio que hubo –las propuestas en minoría que hicieron los partidos políticos de oposición y el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes– cuando concurrí a la comisión de la otra cámara tanto a mí como a varias personas de la universidad –por ejemplo, a la señora Sutz, a otras entendidas en la materia, y a los presidentes de las academias– nos pidieron opinión y yo aclaré que como rector la recepción de opinión institucional se hacía por un procedimiento que está estandarizado en la Constitución y en la Ley Orgánica que dice que cuando el Consejo Central se pronuncie tiene que tener asesoría de la Asamblea General del Claustro, cosa que hice paralelamente a mandar una primera opinión que estoy seguro fue distribuida en la comisión en su momento, con fecha 5 de abril de 2016. No vale la pena tomarlo como referencia por más que da grandes ideas de lo que, en definitiva, fue la opinión detallada del Consejo Directivo Central. Esa resolución fue tomada con posterioridad, el 7 de junio de este año. Ese documento se elaboró con la asesoría de los miembros de esta delegación y de otras personas que han trabajado en el tema. Diría que son especialistas en los temas de la relación entre el desarrollo y la producción, entre el desarrollo y la investigación, gente vinculada fuertemente al trabajo de innovación que realiza la institución, en particular el caso de la señora Borzacconi.

                Por otro lado, quiero destacar el fuerte compromiso de la institución en colaborar con las empresas de la nación para elaborar políticas de mediano y largo plazo, tendientes a mejorar las relaciones del cuerpo social del país con los cuerpos políticos y de dirección.

                Me alegro de haber inaugurado, en la mañana de ayer y junto con Álvaro García, el director de la OPP, la primera instancia –fundamental, diría– del llamado diálogo social, cosa que se hizo en la sala Maggiolo de la Universidad de la República, con la presencia de la señora ministra de Desarrollo Social. Estaban en discusión temas de ciudades y de descentralización, por lo que todo lo que digamos debe ser tomado en el entendido de que nuestra institución tiene el firme propósito de colaborar al máximo nivel en la elaboración de las políticas fundamentales del país; creo que este ejemplo que estoy dando es particularmente claro en ese sentido.

                Estuve en el acto que se realizó en una sala pequeña del Auditorio del Sodre y por el discurso que dio el señor presidente de la república, planteando el interés por convocar al diálogo social, me enteré de que el Poder Ejecutivo iba a recurrir a nosotros para organizar la parte de trámite –por decirlo de alguna manera– del diálogo. Para ello designamos al profesor de extensión y al profesor Busquets para que se encargaran de todo esto, y sabemos que el trámite va perfecto. Efectivamente, vamos a dedicar una treintena de docentes universitarios de primer nivel para que colaboren en el desarrollo de este diálogo, aunque ahora son diez mesas y no nueve, como se había planteado en un principio. 

                Debo hacer un primer comentario totalmente menor, pero que hace a la cuestión, y es que el proyecto de ley original del Poder Ejecutivo, que es el que nos enviaron como comparativo con lo que está en discusión ahora, cayó en su momento y fue sustituido por otras iniciativas que fueron consideradas en la Cámara de Representantes. Ese texto no nos ha llegado, aunque sí fue repartido en la comisión de la otra cámara. La observación es totalmente menor en la medida en que la evolución de la propuesta original del Poder Ejecutivo, hecha apenas asumió el Gobierno –en marzo del año pasado–, y la propuesta de principios de este año, elaborada –de acuerdo con lo que afirma Álvaro García, según consta en las versiones taquigráficas que se presentaron aquí– en contacto con los equipos del Poder Ejecutivo, aparece en la Cámara de Representantes como iniciativa del Frente Amplio. De todas formas, el origen de las propuestas es lo de menos, pero sería bueno compararlas para ver cómo fue la evolución de las ideas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Representantes.

                Está claro que el comentario más importante que hemos hecho está contenido en el texto que hemos repartido y fue presentado con mucha claridad en una mesa redonda –o algo parecido– que convocamos el año pasado con motivo de la presentación del proyecto de ley original. Ese comentario está centrado en la falta de decisión por parte del Estado uruguayo para combinar sus políticas de desarrollo científico, tecnológico y de innovación con sus políticas de desarrollo productivo, en este caso de competitividad. Pensamos que esa falta de relación es un defecto que está teniendo en la elaboración de las propuestas en ese terreno.

                Para demostrar que esto es así voy a leer dos partes de lo que dijo Álvaro García en su comparecencia a esta comisión, ya que ustedes, muy amablemente, nos enviaron las versiones taquigráficas. En la página 10 de la versión taquigráfica que recibí, Álvaro García dice: «La innovación no es un invento al estilo del personaje “Giro Sintornillos”; no es algo que nadie haya inventado, sino que muchas veces tiene que ver con buenas adaptaciones de cosas que no se realizan en nuestro país y sí en otras partes del mundo. Me refiero, por ejemplo, a la innovación en procesos y no necesariamente en productos. También hablamos de innovaciones que tengan que ver con la incorporación de otros mercados o líneas de trabajo. Todo eso tiene una relación directa con el tema y tiene que ver con la innovación social. En el área de las políticas sociales, vaya si el hecho de innovar puede generar mayor potencialidad en la hora de actuar».

                Consideramos que la concepción de que la innovación está directamente vinculada a lo que se trae de otro lado es una cuestión de mucha atención. Me crié criticando esas concepciones en el país. La innovación es un proceso que debe ser autóctono, que debe estar metido en la nación y en el modo de pensar de los uruguayos, y el hecho de que la innovación pueda tener tal componente al extremo de que se fundamenten esos aspectos en el proceso de elaboración de legislación sobre el asunto nos preocupa mucho.

Traigo a colación este discurso porque no tengo que ponerme a hacer disquisiciones acerca de a qué punto de la ley se refiere esto, pues está dicho con bastante claridad. Quiero señalar que tengo un inmenso respeto por el contador Álvaro García y no estamos manifestando discrepancias personales, sino sobre el modo de encarar algunos temas, en particular este que es tan importante.

                La referencia a la innovación de políticas sociales en un organismo en el que no está representado el Ministerio de Salud Pública ni el Mides –no están representados en el consorcio de Ministerios que se van a constituir– parece un traspié que destaco desde ya.

                Luego señala, refiriéndose a esa separación –mis compañeras me acotan que la delegación anterior hizo referencia a ese desligue entre las políticas de competitividad y de innovación científica y tecnológica y nos alegra que este tema sea tomado por otros sectores sociales del país– lo siguiente: «Siendo tan importante el tema de la ciencia y la tecnología, y reconociendo las reacciones que se dieron a nivel de la sociedad, de la academia y, en particular, de la Universidad de la República durante la discusión del proyecto de ley en la Cámara de Representantes» –creo que acá hay un pequeño error, porque nuestra participación fue fuerte en la presentación original del Poder Ejecutivo, en la que la señora Sutz fue una de las organizadoras de las jornadas del mes de mayo del año pasado– «el Poder Ejecutivo incorporó –y ya está con fuerza de ley–  en el proyecto de ley de presupuesto la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología a nivel de la Presidencia de la República». Más adelante, también en la página 10, señala: «Estamos hablando de un proceso y este proyecto de ley representa un grado de avance. En lo personal tenemos la expectativa de que a nivel de la Secretaría de Ciencia y Tecnología se puedan superar situaciones históricas. Por ejemplo, el Pedeciba todavía es un programa», y aquí no voy a comentar porque puede derivar en otras cuestiones. Termina diciendo: «Creemos que la Secretaría de Ciencia y Tecnología es una buena opción para ello, pues es el lugar donde se van a definir las políticas en esa materia para el Uruguay». Alguien se puede preguntar qué crítica se le puede hacer a esta presentación. Justamente, la crítica es que se está separando radicalmente la política de ciencia y tecnología, que va para un tacho, de la  política de innovación y competitividad, que va para otro. El organismo estatal que tiene que ver con todas las cosas está dentro de la ley. La ANII figura como uno de los componentes, pero no sucede lo mismo con la Secretaría de Ciencia y Tecnología ni el productor principal del país la materia, que es la Universidad de la República, ni otras universidades que podrían estar incluidas. Esta separación diría que está en el centro de la crítica del planteo porque va contra las tendencias internacionales en la promoción de problemas de desarrollo económico y de la transformación productiva de competitividad.

                Sobre este aspecto voy a hacer tres niveles de análisis. En primer lugar, claramente conceptual, separar la producción y el uso del conocimiento es un error. No se entiende la innovación como utilización de conocimiento, que es precisamente así como se entiende en los países hoy desarrollados. Se concibe al Uruguay en un rol totalmente subordinado en la materia. Esto hay que asociarlo con lo manifestado el contador García.

                En segundo término, a nivel de las políticas de desarrollo, si queremos que haya una vinculación sistémica entre actores diversos –hoy fragmentados y dispersos–, en particular, entre los que desarrollan conocimiento y los que lo requieren para resolver problemas, lo primero que hay que hacer es organizar un espacio común de definición de políticas en el que, más allá de la utilización de instrumentos específicos para diversos campos –investigación fundamental, aplicada, desarrollo experimental, incentivos a la innovación empresarial y al fortalecimiento de su base cognitiva–, el sistema como tal sea orientado en la dirección deseada. Nada peor para eso que tener innovación por un lado y ciencia y tecnología, por otro. Además, esa es la dirección que nuevamente está tomando en la institucionalidad de ciencia y tecnología la innovación en el mundo.

                En tercer lugar –que puede ser un problema menor–, qué va a pasar con todas las cuestiones de ciencia y tecnología que hoy están en mano de la  ANII.

Si analizamos la inversión de la ANII, vemos que para la promoción en ciencia y tecnología sigue siendo de dos tercios –por decir un número, seguramente si corresponde, aquí me van a corregir– y un tercio en promoción de la innovación en el sentido restringidísimo de la palabra. Esta discusión ya la dimos en esa comisión presidencial y, por lo tanto, no la voy a reiterar aquí.

                A continuación voy a defender y a explicitar la declaración que emitió el Consejo Central con motivo de su aprobación por parte de la Cámara de Representantes. En general soy conciso pero hoy lo voy a ser aún más por razones de tiempo.

 Esta declaración conserva toda su validez y se refuerza leyendo la fundamentación dada por el Poder Ejecutivo en su comparecencia ante esta comisión. Insistimos que no está para nada resuelta la institucionalidad de ciencia y tecnología e innovación, en particular, porque no se dice nada sobre el relacionamiento de la ANNI con la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Esto es, a todas luces, un gran error debido a la situación actual por la que el presupuesto de la ANNI para ciencia es mayor que dicho presupuesto para innovación. Quiero recordar que en la ley de presupuesto votada el año pasado, lo relativo a la situación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología no pasa de una frase de dos renglones. No se sabe cuál es la finalidad de la secretaría, no se dice nada sobre su financiación e integración y simplemente se dispone un «créase». En lo personal, hice insistentes planteos en nombre de la institución, ante el Prosecretario de la Presidencia, el señor Roballo, que fue quien llevó estos asunto para que avancemos en la reglamentación del funcionamiento de aquello, pero eso no ha sucedido. En cambio, lo que más nos preocupa es que la estructura de un proyecto de ley que está en trámite de aprobación, divide los problemas en lugar de tender a la integración de la que hablé anteriormente –utilicé la palabra sistémica–, en lo que tiene que ver con la creación y aplicación del conocimiento avanzado, en bien del desarrollo nacional. Podría comentar otras partes de esa intervención pero creo que no viene al caso.

                Debemos tener en cuenta que el país viene trabajando en ciencia, tecnología e innovación desde hace muchos años. Algunos de nosotros ponemos como ejemplo a Maggiolo, quien fuera posteriormente rector, cuando analizó la posibilidad de instalar la represa de Salto Grande donde se encuentra hoy. Esos estudios fueron hechos en aquella época en la Universidad de la República, por una gran personalidad que luego tuvo una gran jerarquía política. Esta es una de las grandes cosas que la institución ha dado al país. Más recientemente, podemos mencionar diversas aplicaciones en cuestiones de telecomunicaciones y toda la política eólica que fue concebida hace veinte o treinta años por docentes variados. Me refiero a José Cataldo y a algunos otros –hay nombres que se recuerdan más que otros– que estuvieron vinculados al equipo de Rafael Guarga, quien posteriormente también fuera rector. También recuerdo al ingeniero Nunes y a otros que trabajaron fuertemente en este tema. Todo esto sería imposible si no se hubiera trabajado en esto hace veinte o veinticinco años. Podría seguir dando ejemplos como el marcapasos, que también fue concebido en nuestra institución, pero no quiero extenderme más en este sentido.

                Por lo tanto, pido disculpas por lo que voy a decir porque no están presentes los involucrados pero es una mentira decir que la universidad es un ente cerrado que no se preocupa por la innovación; que simplemente se ocupa de ver cómo el actual rector inventa billares desordenados para ganarse su salario. Es una institución que está preocupada por lo que pasa en el país y por crear conocimiento. Eso es lo que hago.

                En consecuencia, la relación muy sana que vemos entre las preocupaciones de la transformación productiva y la competitividad y tener un equipo gubernamental que trabaje en eso, no puede ser concebida si no se incluye en su seno la creación de conocimiento en el país. Lamentablemente, las palabras de Álvaro García hacen pensar que eso no está incluido. Eso es lo que digo con el máximo respeto por haber trabajado con los equipos del Poder Ejecutivo cercanamente, por colaborar en decenas de terrenos, y los cuatro que estamos acá podemos dar ejemplos propios de eso. Así que el entusiasmo no es por la crítica de por sí y de separación, sino que lo que estamos diciendo es por unidad, porque queremos estar más integrados a este tipo de trabajos. Creo que la legislación que se estaría elaborando va en un sentido que no colabora con eso.

                Quiero decir algo acerca de lo cual no dije nada hasta ahora, y está en el punto 5 de nuestra resolución, que quedó muy bien organizada, donde todos colaboraron con el texto. En el punto 5 decimos: «El SNTPyC debería promover la demanda tecnológica del sector público como un factor de movilización de las capacidades nacionales de innovación y de estímulo a la competitividad empresarial. La demanda tecnológica del sector público es un factor mayor de transformación productiva, como ha sido demostrado en todos los países altamente industrializados». Aclaro que acá no me voy a referir a Roosevelt y el plan Tennessee. Y continúa diciendo el punto 5: «Parece natural que un sistema como el que se propone crear a través de esta ley promueva la compra pública tecnológica como forma de avanzar hacia sus objetivos y aprovechar su vocación de articulación de actores y esfuerzos». Nosotros hacemos ahí una propuesta concreta: agregar en el artículo 3 un inciso, que también figura en el punto 5 –está escrito de alguna manera–, que diga –como finalidad de la ley–: «Promover la demanda tecnológica del sector público como un factor de movilización…». Esto que estoy leyendo ustedes lo tienen; sé que se ha repartido.

                Un segundo tema sobre el que no hablé en la intervención, está referido a la necesidad que tiene el país de que elaboremos un plan de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación global –la palabra que se creó en su momento fue Pencti para nombrar al plan– que abarque un período largo, porque el que tenemos ya está periclitado totalmente. Creo que no hay nadie que diga que eso es lo que queremos hacer ahora, por más que en algunos llamados a presentación de proyectos que hace la ANII siga apareciendo como referencia.

                El propósito de hacer un plan de ese tipo también debería figurar como una gran meta.

Asimismo, la modificación que se hizo en el inciso A del artículo 3 de la ley aprobada por la Cámara de Representantes constituye un retroceso con respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo. Inclusive, fue presentada por la bancada del Frente Amplio en el proyecto que discutió la comisión, dado que allí originalmente estaba planteada la creación científica y tecnológica como uno de los objetivos del plan de trabajo. Eso fue sacado. Yo les ruego que comparen los dos. Acá no lo voy a hacer dado que tenemos poco tiempo, pero es así. Está dicho en el punto 4 de nuestro documento.

                Ya hemos dicho que estamos decididamente a favor. Y no me refería acá a los elogios sobre el texto, al avance que he realizado –no lo hicimos dada la brevedad, pero está bien escrito, pues son los primeros puntos de la declaración–, aparte de describir el proceso por el cual fue elaborado este documento. Pero visto la necesidad que hay de coordinación en un terreno de este tipo, cabría pensar en la posibilidad de tomar un camino alternativo, que está incluido en el punto 6 de la declaración, mucho más modesto, pero que permita una elaboración más global de una ley de tanto alcance nacional.

                Voy a decir una cosa muy personal –lo digo porque no está contenido en ninguno de estos documentos–: si hemos sido capaces –acá el «hemos» quiere decir «la nación»– de elaborar políticas de Estado parciales referidas a los problemas de seguridad, mayor interés deberíamos tener en estas políticas de Estado en una materia que, por definición, es de largo plazo. Y a mí me duele que esta ley haya sido votada 50 en 99 en la Cámara de Representantes; así de sencillo. Si hay una política que merece una discusión de Estado –no digo que esté antes o después que la de seguridad porque sería una tontería ponerse a discutir eso–, es claramente la relacionada a una cuestión de largo plazo y, efectivamente, en el esfuerzo nacional por construir una cosa positiva en esta materia convendría que estuviera en la vocación de todos nosotros.

                Nuestro texto termina diciendo que, en base a las consideraciones anteriores, el Consejo Directivo Central expresa, por una parte, su beneplácito por las mejoras antes indicadas en relación al proyecto de ley y, por otra, su disconformidad con los artículos relacionados al campo de ciencia, tecnología e innovación. Esta disconformidad se basa en que dichos artículos apuntan en la dirección contraria a lo que se requiere urgentemente en la materia: un espacio legitimado y operativo de elaboración de políticas de ciencia, tecnología e innovación que tenga en cuenta la inseparabilidad entre desarrollo, innovación y creación de conocimiento en todas sus formas. Por ello, el Consejo Directivo Central señala la inconveniencia de aprobar el proyecto de ley en su formulación actual.

                La Udelar seguirá aunando esfuerzos –actualmente lo está haciendo dentro del Conicyt– a efectos de discutir un sistema nacional de políticas de ciencia, tecnología e innovación para avanzar en las definiciones y alcanzar los objetivos que el país necesita en esas materias. Mi discurso no fue exactamente el prometido, pero mis compañeras están presentes y quizás quieran agregar algo.

                Les agradezco nuevamente que nos hayan convocado. Creo que la institución es responsable de gran parte de los aportes que en el país se hacen al conocimiento universal. Somos conscientes de que esa responsabilidad es compartida con el Gobierno nacional, con el Poder Ejecutivo, con el Parlamento y hasta con el Poder Judicial. La responsabilidad que tenemos nos obliga a pensar con altura acerca de estos problemas.

SEÑOR DELGADO.- Les agradecemos su comparecencia.

A ver si entendí bien. El señor Markarian ha planteado, en primer lugar, algunos reparos sobre cómo ha quedado el artículo 3.º. El artículo 3.º del proyecto de ley original hacía referencia a ciencia, tecnología e innovación y el aprobado por la Cámara de Representantes simplemente habla de innovación aplicada a la producción. Eso es lo primero que creí entender.

En segundo lugar, se refirió al Gabinete Ministerial de la Competitividad, que pasó a llamarse Gabinete de Transformación Productiva y Competitividad, que está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por la OPP, y el señor Markarian solicita incorporar al Mides y al Ministerio de Salud Pública. ¿Eso es así?

SEÑOR MARKARIAN.- Yo dije que no se podía hablar de la innovación en materia social si esos ministerios no estaban incluidos. Ni el texto que hemos presentado ni lo que he dicho da para decir que estamos solicitando esa inclusión. En particular el punto 6 hace una crítica indirecta acerca de que la estructura que se está armando es muy grande y puede ser poco operativa para hacer lo que se quiere hacer.

SEÑOR DELGADO.- Por último, si no entendí mal, el señor Markarian hacía referencia a la secretaría de ciencia y tecnología que, en realidad, no está mencionada ni siquiera en el consejo consultivo. Asimismo, hay una serie de organizaciones que ya han sido mencionadas por el señor senador Heber. Concretamente quisiera saber si el señor Markarian hacía referencia a la necesidad de incorporar una visión que incluya ciencia y tecnología.

SEÑOR MARKARIAN.- Que debería estar integrada en el cuerpo de la ley, no caben dudas. Seguir agregando instituciones al aparato está lejos de lo que es nuestra propuesta. Lo que cuestionamos es el hecho de que se haya creado por separado una secretaría que no se sabe qué finalidades tiene, solo su nombre. Insisto con esto porque esta es la situación actual.

Hay un documento que fue presentado en acuerdo con el equipo que nombré anteriormente –es un equipo importante que fue nombrado y que se creó por el presidente de la república–, pero lo que estamos criticando muy fuertemente es la separación. Lo que estamos diciendo es más profundo. El proyecto de ley tal cual ha sido presentado merece una reestructura que incluya este ingrediente fundamental y lo que está en negrita en el texto que he leído lo expresa claramente.

                En términos de propuestas específicas, lo que decimos es que, si se mantuviera esta estructura, se debería agregar un inciso b) al artículo 3.º, que refiera a la producción nacional para ser requerida por los entes públicos. Incluso, ya se ha propuesto un texto.

SEÑORA BORZACCONI.- Con respecto a este último punto y a la intervención general de Roberto Markarian, quiero decir lo siguiente.

Nos preocupa que se separe la definición de políticas de innovación de la definición de políticas de ciencia y tecnología. Eso tiene que estar coordinado y debe dirigirse con un mismo objetivo.

                Entonces, nos gustaría que hubiera un lugar claro donde se definieran las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

                También recalco lo que dijo un integrante de la otra delegación que, si no entendí mal, algo tenía que ver con el INIA; supongo que por eso hizo la observación que hizo. Dijo que a él también le parecía mal que se separaran ciencia y tecnología de innovación. Como saben los señores senadores, el INIA es un instituto que hace investigación básica y que termina resolviendo problemas de los productores. Si eso estuviera separado –la investigación básica y la resolución de problemas de productores–, seguramente, el INIA no tendría el éxito que hoy tiene.

                Entonces, eso es lo que estamos notando: que hay un quiebre y quisiéramos que, de alguna forma, se solucionara. Obviamente, no se puede dedicar la secretaría a lo que está aquí pero, de alguna forma, tiene que haber una coordinación en un lugar superior, en el que se definan las políticas para todo eso.

                Y también retomando lo que dijo el señor rector, voy a mencionar algo que es impactante para todos nosotros, para todos los uruguayos. Me refiero a lo que pasó con la energía eólica en el país; como saben los señores senadores, somos conocidos en el exterior porque el porcentaje de energía eólica que tenemos en la matriz energética es muy impactante. No soy de esa área de la Facultad de Ingeniería, sino que trabajo en otra área también aplicada, pero puedo decir que en 30 años de desarrollo de investigación se confeccionó el mapa eólico del país y se hizo posible que se colocaran los molinos donde había que colocarlos. De lo contrario, no hubiéramos logrado el despegue ni la eficiencia en la utilización de energía eólica que tenemos.            Aclaro que estoy diciendo esto nada más que para resaltar y señalar el impacto que tuvo esto en la matriz energética y en el costo de la energía.

Entonces, ese es un desarrollo que se hizo desde la investigación básica en ingeniería y que llevó a un impacto productivo importante. Lo que hace el INIA es del mismo estilo y queremos que esto se haga coordinadamente. Es más; a veces nos dicen que vamos a poder seguir haciendo investigaciones y que por otro lado va a haber otra cosa. Para nosotros eso sería, a lo mejor, más cómodo porque igual nos van a financiar la investigación, pero no queremos eso sino que nos den directivas respecto a qué tenemos que investigar para resolver problemas en todos los ámbitos del país.

SEÑORA SUTZ.- No tengo mucho más para decir, salvo contarles que cuando el 12 de mayo del año pasado unas trescientas personas en el paraninfo de la universidad discutieron con gente del Gobierno –en particular, con Álvaro García, que nos acompañó durante toda la discusión, que fue larga–, una de las preguntas que allí se planteó fue por qué en esta ley de competitividad se está cambiando la institucionalidad de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Álvaro García, con una desarmante honestidad, nos dijo que eso no era lo que querían hacer, y desde la platea se le dijo que eso era, precisamente, lo que estaban haciendo. Hubo una toma de conciencia de que eso era lo que había pasado y, a partir de allí, se dio esta creación presidencial de una mesa de discusión entre la academia y el Poder Ejecutivo, donde las posiciones no fueron unánimes, al punto que se presentaron dos posiciones completamente distintas: una que decía hay que integrar la política de ciencia, tecnología e innovación, y otra que apoyaba que se debe separar la política de ciencia y tecnología de la política de innovación. Esta última es la postura que fue adoptada y, a raíz de eso, se crea, por una parte, una secretaría que es de ciencia y tecnología y, por otra, todo lo demás sigue como está.

                Entonces, ese es un problema muy serio y a todo lo que se dijo voy a agregar aquí un argumento más: si se separa ciencia y tecnología de innovación, después que no le pidan cuentas a la academia diciendo que está en una torre de marfil. Si la academia está en una torre de marfil es porque la empujan allí, justamente, por separar la producción de conocimiento, de los espacios de demanda sustantiva, social, nacional y productiva. Hay que juntarlos porque, si no, uno deja solo a esta gente. Por otro lado, si dejamos a la innovación sola nos puede llegar a pasar lo que describe Álvaro García en su intervención: que somos adaptadores de tecnología que no se hace en el Uruguay. No quiero llenarlos de ejemplos pero, créanme, he estudiado durante 30 años la innovación en el Uruguay y sé que tenemos capacidades de innovación fabulosas y que hemos tenido maracanás tecnológicos extraordinarios. En todos los casos que conozco hay una articulación profunda entre una solución originalísima a problemas muy complejos y capacidades de producción de conocimiento nacional. Esa es una primera cuestión, que la formulación actual de este proyecto no resuelve.

                La segunda cuestión es ¿dónde se deciden democráticamente las políticas de ciencia, tecnología e innovación en el Uruguay? Durante un tiempo eso se solucionó a través del gabinete ministerial de la innovación, que mandataba a una agencia ejecutora. Funcionó bien, funcionó mal; en fin, la  naturaleza le tiene horror al vacío y si no hay quién le fije políticas a una agencia ejecutora las va a fijar ella misma, y si esa agencia no tiene absolutamente ninguna vinculación con el Parlamento nacional, probablemente esa política será menos democrática de lo que debería ser.

Entonces, ¿cómo vamos a contestar esta pregunta? Es crucial hacer esta pregunta en el Parlamento. Lo que digo es que en la formulación actual de este proyecto no queda claro dónde se va a definir la política.

¿Ustedes creen que este gabinete de 10 puede hacer política de innovación? Puede hacer un pedacito de la política de innovación, la que está más arrimada a las necesidades del sector productivo, y eso está muy bien pero, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con la innovación –de la cual tan bien habla Álvaro García– que tiene que ver con lo social, con cómo ayudamos? Miren que hay cosas preciosas, porque esa cuna que hizo Uruguay Crece Contigo, del Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura, es una joya, y surgió justamente de esa interacción.

¿Por dónde va a pasar la política de impulso a una innovación que resuelva problemas que surgen de lo social? No va a ser este gabinete y, sin embargo, eso es muy importante para un país como el Uruguay.

                Por otro lado, la ANII tiene dos «i»: una  de innovación y la otra de investigación. La pregunta fundamental es: ¿dónde se va a hacer la política de investigación? ¿En ese gabinete?

 Lo que digo es que con este proyecto de ley la política de investigación queda acéfala. Me parece que es natural que nos preocupe.

                Ahora bien, dicho todo esto, ¿cuál es la solución? Lo único que hago notar es que en este proyecto de ley hay modificaciones al sistema de gobernanza de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que podría no estar en esta iniciativa y, en ese caso, nos forzaría a pensar de manera integral la institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación en el país, que creo que es exactamente lo que hay que hacer.

SEÑOR CAMY.- Agradezco la presencia de la Universidad de la República y destaco que lo que hemos escuchado ha sido de muchísima utilidad. Realmente, sus aportes nos alarman.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias por las opiniones vertidas.

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 12:34).