SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:07).

                –Damos la bienvenida al equipo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En la comisión estamos iniciando el tratamiento del proyecto de ley de creación del sistema nacional de transformación productiva y competitividad, y los invitamos para conversar un rato al respecto. Les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR GARCÍA.- Es un gusto estar aquí para conversar sobre este proyecto de ley.

                Antes que nada debo decir que, en caso de que sea aprobado, entendemos que será un avance sustantivo, un cambio fundamental para la institucionalidad uruguaya de apoyo al desarrollo productivo en la innovación de nuestra economía.

                Primero voy a exponer algunos aspectos conceptuales que me parece importante repasar. Hoy en día en el mundo hay muy pocas actividades económicas que no sean transversales. En general, aquella vieja división de bienes primarios, secundarios y terciarios se diluye bastante en lo que es la actividad económica actual, como consecuencia de la globalización, de los diferentes modos de producción que existen en el mundo y de la manera cómo se da en cada uno de los países la integración de las cadenas de valor con relación a la actividad económica. Esto implica que aquella visión histórica que siempre hemos tenido y que existe a nivel de la división por incisos, de alguna manera necesita un complemento a los efectos de comunicar esa transversalidad. De hecho, en los últimos años esto se ha reflejado en la creación de los gabinetes temáticos como el productivo, el de innovación y el de comercio exterior. Existe la necesidad de coordinar las diferentes actividades que son verticales con otros ministerios. Si a esto le agregamos la dimensión territorial, la complejidad es aún mayor, pero es necesario hacer un abordaje territorial del tema. En definitiva, se trata del reordenamiento o el avance de un rol del Estado activo en favor del desarrollo productivo y de la innovación en un trabajo conjunto con el sector privado.

                Detrás de un modelo país de desarrollo integral desde el punto de vista económico, social, ambiental y cultural, es fundamental tener un enfoque sistémico y eso es lo que se está brindando mediante este proyecto de ley denominado: «Sistema nacional de transformación productiva y competitividad».

                La visión de sistema es particularmente importante en un país como Uruguay, que ha transitado un camino de separación entre una buena cantidad de programas de diferentes fuentes –que no siempre se encontraron coordinados de la mejor manera– y programas que podían tener una buena ejecución, un buen desempeño. No necesariamente se realizaba una acumulación a favor de la continuidad de las políticas y por eso nos parece que la visión sistémica es fundamental.

                El sistema brinda herramientas transversales muy importantes: visión de sistema, visión transversal, potencia y ayuda a poner el foco sobre aquellas apuestas de apoyo al desarrollo productivo y a la innovación que el país necesita transitar. Además, se va a lograr una mayor eficiencia y eficacia a la hora de actuar con la coordinación de las diferentes agencias que van a formar parte del sistema y se dará mayor transparencia a la gestión de las distintas agencias. Ese es un avance.

                También quiero señalar que esto implica una coordinación público-privada más fuerte. Necesariamente, en toda actividad económica los principales actores, que son los privados y quienes la llevan adelante –los emprendedores, los empresarios, los trabajadores, las diferentes organizaciones en los diversos rubros de la actividad económica– tienen un concepto de competitividad amplia y sistémica y deben estar relacionados con las políticas públicas. Por lo tanto, esta propuesta va a implicar una mayor coordinación entre los diferentes actores del mundo económico.

                Uruguay está recorriendo un camino propio de institucionalidad en este tema. Si bien gran parte de estas cosas está basada en buenas prácticas         –básicamente a nivel regional, pero también internacional–, de alguna manera estamos innovando con el formato que planteamos aquí, pese a que varios países de la región tienen formatos similares. No estamos inventando nada, pero como siempre lo estamos haciendo a la uruguaya, de acuerdo con lo que humildemente entendemos son las necesidades sobre las que tenemos que avanzar. 

                Hay algunos antecedentes muy importantes. Uno de ellos es el papel clave que tiene el aumento de la productividad en una economía, particularmente la uruguaya, pero también a nivel regional. La región está bastante rezagada en materia de productividad con referencia ya no al mundo desarrollado, sino también al mundo emergente, como la zona del Pacífico, que ha crecido con muchísima potencia en los últimos años.

Las tasas de crecimiento necesarias para avanzar en materia económica implican el trabajo cada vez más profundo en materias como la calidad del capital humano, la innovación y la incorporación de tecnología. El aumento de la productividad genuina va por ese camino.

                Entendemos que, en esta materia, este proyecto de ley brinda al Estado una mayor potencia a la hora de llevar adelante las políticas.

Como antecedentes, en las últimas dos administraciones se han realizado avances importantes. Este proyecto de ley puede ser presentado en este momento porque se han recorrido caminos que han ido convergiendo hacia las diferentes temáticas que implican un rol activo del Estado a favor de un Uruguay productivo e innovador y se han ido concentrando en diferentes agencias.

Este proyecto es un salto cualitativo en el sentido de potenciar la acción de las agencias relacionadas con la dirección política de un gabinete que en el sistema se denomina: «Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad». Debemos mencionar el fortalecimiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la creación del Gabinete de la Innovación y de la ANII –Agencia Nacional de Investigación e Innovación–, la propia creación del Gabinete Productivo, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que tenía como antecedente la antigua Junae, en un avance institucional importante, lo que ha sido la Ciacex, como decíamos anteriormente, como gabinete temático; la creación del Instituto Nacional de Cooperativismo, a través de la ley de cooperativismo, aprovechando la tradición centenaria que existe en Uruguay en esa materia, el fortalecimiento del Instituto Uruguay XXI, y la creación de la ANDE –Agencia Nacional de Desarrollo Económico–en el año 2009. Precisamente la ANDE y el Inacoop recibieron la herramienta del Fondes por la ley aprobada en agosto pasado y esto también forma parte del proceso de avance institucional.

En el mundo de hoy, desarrollo productivo, innovación e inserción económica son ámbitos directamente relacionados. Este sistema, para nosotros, es un salto cualitativo importante en la institucionalidad, en la medida en que se eliminan los tres gabinetes temáticos anteriores para crear uno, porque en realidad cada uno de aquellos gabinetes tenía más o menos la misma composición que los ministerios que van a formar parte del Gabinete de Transformación Productiva y Competitividad.

Para decirlo de manera sencilla y resumida, se trata de colocar a nivel del Gabinete de Transformación Productiva y Competitividad, integrado por los ministerios claves en el área económica, las decisiones más importantes de política pública a favor de un desarrollo productivo e innovador, y tener las herramientas de ocho o nueve agencias que están planteadas en el proyecto de ley y van a ser las unidades ejecutoras de esas políticas definidas por el gabinete, de manera coordinada. A modo de ejemplo nombrábamos algunas de las agencias; cada una de ellas tiene que ver con un elemento fundamental a favor de la transformación productiva y de la competitividad.

Los temas que requieren la coordinación multiministerial son múltiples; hay gran cantidad de casos a lo largo de todo el país y, en general, se dan como consecuencia de responder determinadas demandas de la sociedad, muchas veces urgencias que deben ser atendidas. Es el caso, por ejemplo, de Bella Unión, donde tenemos una coordinación interministerial importante a favor de temas nuevos, pero también de solucionar problemas que vienen con anterioridad. Esto pasa en todo el país, y la idea del gabinete interministerial implica potenciar una actitud proactiva, es decir, no solamente estar respondiendo a aquellas demandas, sino llevar adelante algunas políticas nacionales que implican una transformación productiva y una mejora de la competitividad uruguaya. El propio Parlamento tiene para analizar una ley de riego, que es un tema clave para la mejora de la productividad en el Uruguay y, obviamente, la instrumentación, la aplicación, el llevar adelante los diferentes mecanismos que requiere una política de ese tipo pueden ser objeto del trabajo de este gabinete.

Tenemos un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes con algunos cambios con referencia a la iniciativa original. Allí se dio una discusión muy rica y nosotros hacemos una valoración muy positiva de los cambios realizados. En particular, el proyecto de ley que llega al Senado especifica con mayor detalle las finalidades del sistema que el original y no puede más que compartirse que se expliciten las mismas, esto es: la propia transformación productiva, la expansión de las actividades innovadoras, los mayores niveles de valor agregado y contenido tecnológico nacionales, la generación de capacidades locales, la incorporación en cadenas de valor internacional, el apoyo a los nuevos emprendimientos y a las  actividades productivas que favorezcan nuevas formas de propiedad y economía social, y la mejora de la competitividad sistémica. Todos son objetivos importantísimos y fundamentales que también coadyuvan al concepto de que la competitividad es un elemento sistémico que no depende solamente de una variable, sino que es un avance complejo que, en definitiva, está dirigido a mejorar las capacidades del país para hacer las cosas de mejor manera.

                El proyecto de ley sustitutivo también introduce algunas modificaciones en su diseño institucional respecto al que habíamos presentado originalmente; incorpora al gabinete a las ministras de Educación y Cultura y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En el caso de educación es fundamental, obviamente, la relación que tiene en sus diferentes niveles con este tema pero, en particular, con el área de la ciencia, la tecnología y la innovación. En el caso del Ministerio de Vivienda –por la parte de medio ambiente–, es insoslayable, hoy en día, en cualquier actividad económica, tener la dimensión de medio ambiente y de hecho, en el sistema, también forma parte, como una de las agencias propuestas, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático.

                La innovación que se agregó fue la creación de un equipo de coordinación con representantes designados por cada uno de los ministros o las ministras, y nos parece bien que quede establecido a nivel legal. Pensábamos que eso iba a existir de hecho en la práctica porque se había dado así en los otros gabinetes –y por lo tanto en este podía suceder igual–, pero nos parece bien que quede establecido en el proyecto de ley.

                El otro aspecto muy importante –al cual hice mención anteriormente y en el proyecto de ley se incorpora más explícitamente– es la participación público-privada. Establece como ámbitos consejos consultivos honorarios con participación de los distintos actores: trabajadores, empresarios y diferentes organizaciones involucradas en los temas. Nos parece importante que esto quede establecido como jerarquía legal. Si esto lo miramos en perspectiva creo que sería un salto importante –como ya dije–, pero ojalá que en el futuro requiera de otros pasos y saltos mayores. Cada una de las agencias, como consecuencia de su desarrollo histórico, tiene participación del sector privado en cada uno de sus ámbitos pero, en general, esto ha sido analizando cada una de las agencias por separado. Al mirarlo a nivel de sistema y con la experiencia que se pueda tener en el futuro, creemos que podemos seguir avanzando institucionalmente parar trabajar de manera más coordinada.

                Por otro lado, si bien el abordaje territorial de todo esto no está explícitamente planteado en el proyecto de ley, sí está sucediendo en el país. Indudablemente, entendemos que lo que va a lograr el proyecto de ley es dar un ordenamiento mayor al rol del Estado, pero es muy importante el diálogo con cada uno de los territorios. El Uruguay se ha venido desarrollando a través de la actividad de las propias intendencias departamentales con oficinas de desarrollo o con las propias actividades privadas que van generando agencias de desarrollo local, inclusive con algunas redes que ya existen a nivel nacional y con las cuales tenemos contacto bastante permanente. La aplicación de ese trabajo conjunto público-privado a nivel territorio está potenciando –y después de aprobar el proyecto de ley entendemos que va a ser aún mayor– el  tema de contar con productos concretos de cada una de las agencias para la aplicación en las empresas y en los diferentes ámbitos económicos de cada uno de los departamentos del país.

                Brevemente, quiero decir que el artículo 1.º crea el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. En el artículo 2.º se establece la integración del sistema, donde se enumeran los siguientes órganos: el Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad, creándose una Secretaría de Competitividad, que va a estar en el ámbito de la OPP como organismo transversal. Asimismo, se crean los Consejos Consultivos de Transformación Productiva y Competitividad y se hace una recopilación de las agencias. Entre esas agencias se encuentran las siguientes: la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto Uruguay XXI, el Inefop, el Inacoop, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, el INIA y el LATU.

                El artículo 3.º agrega los cometidos principales del sistema, que ya hemos mencionado en la exposición anterior de manera conceptual.

                El artículo 4.º establece la integración del Gabinete y allí se encuentran los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Educación y Cultura, de Industria, Energía y Minería, de Trabajo y Seguridad Social, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Turismo, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y  la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

                El artículo 5.º establece que el gabinete será el órgano rector del sistema y se detallan sus principales atribuciones, entre las que destaco particularmente la aprobación de un plan nacional de transformación productiva y competitividad.

                Esto está vinculado con otra área que no tiene que ver con la ley, pero sí tiene relación con los procesos que se dan, como es la creación en este período de gobierno de la Dirección de Planificación en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

                Estoy plenamente convencido de que a través de un ordenamiento como el que se está haciendo aquí, de lo que son recursos, tanto económicos o humanos del Estado, a favor del desarrollo productivo, cada vez va a ser más necesario establecer lineamientos. Ese gabinete debe tener, precisamente, lineamientos coordinados, por ejemplo, de las apuestas que se realizan, de los sectores productivos y de las líneas de trabajo. Para eso es inevitable tener una visión prospectiva. En esta dirección de planificación, que ha comenzado su trabajo en marzo del año pasado, se parte de un trabajo anterior cuya visión es la de 10 complejos productivos, que abarca el mundo de la economía y de los bienes materiales, como bienes y servicios. Se trata de un trabajo que fue realizado en los años 2008 y 2009. Asimismo, hay otra indicación de mirada a largo plazo, que es el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que se establecen determinados lugares en los que Uruguay tiene ventajas competitivas como para avanzar y que se deberían reforzar. Allí estamos hablando, para dar solamente dos ejemplos –que también corresponden a sectores transversales–, que son el mundo de la bioeconomía y el de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero también están presentes, tal como decía anteriormente, otros niveles de producción industrial y de servicios.

Por lo tanto, es muy importante que estos dos aspectos caminen de manera justa y coordinada, para tener un buen sistema que pueda llevar adelante las políticas y una visión de largo plazo que vaya indicando cuáles son los caminos que esas políticas deben apoyar con mayor énfasis.

En el artículo 6.º se establece que la secretaría de competitividad será el órgano de apoyo técnico del gabinete, que funcionará, como ya he dicho, en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

                El artículo 7.º, por su parte, establece los cometidos de esa Secretaría, a los efectos de dar una mayor dinámica al sistema. Como los señores senadores imaginarán, nuestra intención es que en el gabinete participen directamente los señores ministros o los subsecretarios y la dinámica que esto requiere implica un mínimo trabajo de secretaría y de seguimiento, de coordinación y de trabajo con el equipo consultivo de delegados de cada uno de los ministerios que van a ser indicados, para dar un seguimiento cotidiano a las tareas.

El artículo 8.º establece la designación de un Equipo de Coordinación.

                El artículo 9.º crea los Consejos Consultivos de Transformación Productiva y Competitividad que tendrán carácter honorario.

                El artículo 10 establece que dentro de los cometidos de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) está asignar al menos el 20 % de los apoyos previstos en cada plan de actividades anual, a proyectos o programas que tengan como objetivo la transformación productiva. Si bien consideramos que este mínimo es muy interesante, pretendemos que sea mucho mayor. De hecho, cuando hablábamos anteriormente de esa visión a largo plazo y de la definición de planes de desarrollo o de un plan de transformación productiva y competitividad más concreta en áreas y apuestas que el país tiene que realizar, nos referíamos a que en la medida de lo posible habría que lograr que el 100 % del apoyo estuviera relacionado con este tema, que es el objetivo principal.

                En el artículo 11 se modifica la ley de creación de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), estableciéndose que se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad.

                El artículo 12 agrega un tema muy importante que tiene que ver no solo con la importancia de atraer inversión propia, pero fundamentalmente del exterior, sino también con analizar cómo será el aterrizaje de esas inversiones en el territorio y cuáles serán los servicios posinversión, haciéndoles un seguimiento. Justamente el sistema lleva a que después haya otras agencias que puedan empezar a tallar en esto para que una vez que se establezcan no queden como un enclave en el territorio, sino que provoquen desarrollo, y para eso es fundamental el trabajo del Inefop en materia de capacitación, para «colgarse» de esa inversión –hablando mal y pronto– tanto a nivel de los trabajadores como de las pequeñas empresas proveedoras, con la generación de capacidades a partir de políticas públicas de modo de aprovechar de mejor manera esa inversión.

                En el Capítulo III se establecen algunas modificaciones con relación al Instituto Uruguay XXI, particularmente sobre su denominación; esto se realizó en consulta con el Ministerio de Turismo adecuándolo a la realidad actual.

                El artículo 15, a pedido del Ministerio de Educación y Cultura, incorpora un representante en la dirección del Instituto Uruguay XXI, porque si hay algún embajador fundamental del país –entre comillas– este también tiene que ver con la difusión de nuestros valores y actividades culturales que obviamente son una actividad muy importante para dar a conocer al Uruguay en el mundo.

                En el Capítulo IV, «Disposiciones finales», se establece en el artículo 16 la modificación del directorio de la ANII. Este es el resultado del aprendizaje de estos años. Era una agencia que tenía una estructura distinta, con delegados de los diferentes ministerios, y que como no tenía dedicación permanente a la actividad nos pareció que era adecuado asimilarlo al de otras agencias poniendo tres directores designados por el Poder Ejecutivo y agregando dos a propuesta del Conicyt, que esos sí permanecen.

                El artículo 17 plantea una modificación para dar mayor eficacia al Consejo Directivo del Inefop, estableciéndose para ello un sistema de votación por mayoría simple, pero cuando la mayoría sea de hasta cuatro votos se requerirá que la misma incluya el voto afirmativo del director general; esto dará mayor agilidad a las decisiones tomadas por el Inefop. De hecho, todas las agencias tienen su presupuesto, y esto no afecta prácticamente en nada el aspecto presupuestal del Estado en general, sino que, simplemente mejora la coordinación y se hace un uso más focalizado de los recursos de cada una de ellas.

                En el caso particular del Inefop, todos sabemos que tiene un financiamiento importante y que este último año ha aumentado fuertemente los niveles de ejecución. Eso se está notando y está siendo reconocido por la ciudadanía involucrada en estos temas, pero queremos llevar adelante esto con mayor potencia.

                Los artículos 18 y 19 establecen algunos cambios en relación con las denominaciones de las referencias hechas en leyes y en decretos anteriores.

                En el artículo 20 se fijan las remuneraciones para los presidentes del Directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, del Instituto Nacional del Cooperativismo y de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, disponiendo que percibirán una remuneración equivalente a la establecida para el cargo de director general de Secretaría, conforme a la normativa vigente. Esto se hace en un intento de comenzar a dar uniformidad a este tipo de cuestiones que tienen que ver con la generación de diseños en diferentes momentos de las diversas agencias con distintos criterios. Si nos ponemos a pensar en diseños institucionales, veremos que hay países como España, por ejemplo, que tienen una ley de agencias que establece el marco de una figura parecida a lo que en Uruguay son las personas públicas no estatales. Son bastantes más que las comprendidas en este proyecto de ley, pero como cada una tiene su ley de creación, han sido concebidas con diferentes características. En este caso nos pareció que era importante dar una cierta uniformidad al tema de los directorios y al de las remuneraciones de los presidentes y de los otros directores.

                Para terminar, repito lo que dije al principio. Me parece que con la aprobación de este sistema se da una señal muy fuerte a favor de una visión de competitividad  sistémica, es decir amplia y no reducida a algunas variables económicas como el tipo de cambio, y a la necesidad de que el país, tanto a nivel público como privado, tenga las herramientas necesarias para avanzar en la mejora de sus capacidades que, en definitiva, es lo que va a darnos la mejora de la productividad  y la calidad de vida de la gente del Uruguay.

                Quedamos a las órdenes para evacuar consultas de los señores senadores.

SEÑOR PATERNAIN.- Antes que nada, quiero dar la bienvenida a las autoridades de la OPP.

                Me gustaría formular una pregunta de carácter general para hacer una reflexión de general. No hay duda de que el proyecto es un avance gigante, que supone un rediseño institucional profundo e incorpora una perspectiva sistémica que, cuando uno la piensa y proyecta a otras áreas, a otros nudos de las problemáticas sociales, políticas e institucionales del país, hasta siente cierta envidia del abordaje en términos de relacionamientos institucionales complejos. En esa línea, que va más allá de la cuestión de la productividad, de la competitividad y de la innovación, creo que es un buen ensayo para proyectar hacia otras cuestiones.

                Puntualmente, una de las observaciones que se hacían estaba vinculada, dentro de esta perspectiva exigente, a la relación entre la ciencia, la tecnología, la innovación y la competitividad. Una de las observaciones que escuché en su momento es que, de hecho, en el propio proyecto, en los objetivos programáticos, podría haber algo así como una separación implícita entre los objetivos de ciencia y tecnología, por un lado, y los de innovación, por otro. Luego se dijo cómo puede repercutir eso en términos no solo del relacionamiento de las instituciones, sino también de la estructura política de los órganos de conducción de esas políticas a partir del vínculo entre la ciencia, la tecnología y la innovación.

Las dos preguntas puntuales son las siguientes. ¿Cómo ven ustedes, en el contexto de este proyecto, el rol, la importancia o el papel estratégico de la ciencia y la tecnología en la vinculación con los procesos de innovación? Al mismo tiempo, ¿dónde ubicarían ese lugar estratégico de definición de políticas públicas? Para la parte de innovación parece claro en el desarrollo y la construcción de los gabinetes. Si no estoy mal informado –puede ser que sí–, en la primera versión del proyecto la conducción de las políticas de investigación e innovación le correspondía a la ANII; luego en la versión  que se modificó en la Cámara de Representantes esta Agencia quedó como responsable de la ejecución de políticas. 

                Quería trasladarles esta inquietud –que ha sido motivo de observación y de diversas inquietudes– para que pongan el foco en ese asunto que también parece ser decisivo, compartido y clave para reforzar la perspectiva sistémica del proyecto.

SEÑOR GARCÍA.- Me parece absolutamente crucial la pregunta que acaba de realizar el señor senador Paternain y se la agradezco. No cabe ninguna duda de que ahí está la punta del futuro: la ciencia, la tecnología, la mejora en cada uno de los procesos que realizamos y la innovación relacionada con ello. 

En nuestro país no se reconocían estas cosas. El hecho de instalar la idea de la innovación a través del proyecto de ley de creación de la ANII hace algunos años contribuyó a generar esta visión. Venimos de una situación en la cual los sectores académico y productivo del Uruguay han estado prácticamente disociados. Es fundamental el trabajo conjunto para el mejor aprovechamiento del conocimiento a favor de la productividad y para la motivación de cada uno de esos dos sectores. Los países que tienen procesos de desarrollo importantes en el mundo se basan en este tema. No cabe ninguna duda de que este es el oro negro del siglo XXI. O sea que en lo conceptual este aspecto es muy importante.

                ¿Cómo se resuelve a nivel institucional? Se creó el gabinete de la innovación, la ANII y se avanzó de manera importante en este tema. Todavía queda mucho para trabajar. Los empresarios deben tomar conocimiento de las políticas de la ANII y del concepto de innovación. Muchas veces dijimos que nos gustaría hablar de innovación todos los días. La innovación no es un invento al estilo del personaje «giro sin tornillo»; no es algo que nadie haya inventado, sino que muchas veces tiene que ver con buenas adaptaciones de cosas que no se realizan en nuestro país y sí en otras partes del mundo. Me refiero, por ejemplo, a la innovación en procesos y no necesariamente en productos. También hablamos de innovaciones que tengan que ver con la incorporación de otros mercados o líneas de trabajo. Todo eso tiene una relación directa con el tema y tiene que ver con la innovación social. En el área de las políticas sociales, vaya si el hecho de innovar puede generar mayor potencialidad en la hora de actuar. Hay varios ejemplos referidos a ello.

                El señor senador consultó sobre el tema de las políticas en cuanto a la ciencia, la tecnología y la innovación. En ningún caso, ni en el proyecto original ni en el actual se planteó que las políticas sean definidas por una agencia, ni tampoco en el área de la innovación. En general, son agencias ejecutoras. Lo que sí es cierto y también sucede en el Uruguay es que hay agencias sectoriales –algunas no están aquí porque se trató de poner las transversales–, que en esa creación de cada una de ellas un poco caótica a lo largo de la historia, algunas son bastante potentes y han hecho planteamientos a nivel del gobierno en cuanto a generar políticas ellas mismas porque tienen los recursos para llevarlas adelante. Esa no es la idea en este caso; se busca alinear a nivel del gabinete las políticas públicas y que las agencias ejecuten.

Siendo tan importante el tema de la ciencia y la tecnología, y reconociendo las reacciones que se dieron a nivel de la sociedad, de la academia y, en particular, de la Universidad de la República durante la discusión del proyecto de ley en la Cámara de Representantes,  el Poder Ejecutivo incorporó –y ya está con fuerza de ley–  en el proyecto de ley de presupuesto la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología a nivel de la Presidencia de la República. Este asunto implicó una discusión muy interesante, no solo con nuestra secretaría sino con otras e, incluso, con algunos legisladores que propusieron ir a la creación directa de ministerios. El Poder Ejecutivo, tanto en la creación de la Secretaría de Deporte, como en la de Ciencia y Tecnología  y la de Cambio Climático, Agua y Medio Ambiente, entendió que no están dadas las condiciones –incluso presupuestales– como para generar nuevos ministerios, pero no se descarta en el futuro que una evolución institucional lleve a esa instancia.

Estamos hablando de un proceso y este proyecto de ley representa un grado de avance. En lo personal tenemos la expectativa de que a nivel de la Secretaría de Ciencia y Tecnología  se puedan superar situaciones históricas. Por ejemplo, el Pedeciba todavía es un programa y debería ser bastante más, porque tendría que estar incorporado institucionalmente. Creemos que la Secretaría de Ciencia y Tecnología es una buena opción para ello, pues es el lugar donde se van a definir las políticas en esa materia para en el Uruguay. Por lo tanto, la división institucional de esto queda bien clara.

                Para terminar la respuesta –que ha sido extremadamente larga– creemos que aquí hemos hecho una gran apuesta: la vinculación de la academia con el sector productivo. Pensamos que ha sido una ausencia importante en el Uruguay; es fundamental en cualquier proceso de desarrollo y la punta de la madeja está ahí. Inclusive se están haciendo experiencias muy interesantes a nivel de todo el país con la participación de la propia Universidad de la República. Sin ir más lejos, el otro día el Presidente estuvo inaugurando en Tacuarembó un predio conjunto del INIA y la Universidad de la República, y sucede lo mismo en otros lugares con la implementación de la UTEC o lo que las propias universidades privadas, en su descentralización, pueden aportar.

SEÑOR IGLESIAS.- Es una alegría compartir con ustedes esta iniciativa porque entiendo que efectivamente nuestro país tiene muchas cosas, pero lamentablemente no están coordinadas como para poder potenciar todas sus capacidades.

                Voy a comentar una anécdota de una situación vivida en el nacimiento del Mercosur que–en este momento y para esto– puede ser un buen aporte.

                En la primera misión que realizamos –estando yo en ese momento como director nacional de industria– con una delegación de empresarios a Brasil tuvimos una reunión en la Federación de Industrias de San Pablo con su mesa ejecutiva y fue muy interesante desde todo punto de vista. El presidente de la época nos decía que había logrado tener la mejor metalúrgica de Brasil gracias a que en las décadas del cincuenta y del sesenta había podido llevar un capital humano formado en la Universidad del Trabajo de nuestro país –torneros herreros, soldadores– y que sentía un agradecimiento muy grande hacia el Uruguay que le había permitido crear esa empresa, que era líder. Inmediatamente  señaló que era una lástima que nos hubiéramos quedado en el tiempo y no hubiéramos seguido manteniendo el liderazgo de formación adecuado para lo que realmente se necesitaba, que era gente con capacidad para atender las demandas a futuro. Luego expresó que ellos habían desarrollado un programa a nivel de la Federación que en ese momento tenía 175.000 alumnos y nos explicó el mecanismo que habían diseñado, que era muy interesante, ya que se daba una relación directa entre las gremiales y las formaciones técnicas. Entonces cada gremial decía lo que iba a precisar a futuro y había una central de ciencia y tecnología que determinaba cómo ir preparando el material humano que se iba a precisar a uno, dos, cuatro o cinco años. De ese modo, cuando la necesidad estaba creada, ya estaba formada la persona para esas tareas.  También se nos explicó que eso contaba con el aval del gobierno central y había gente del ministerio de industria de Brasil integrando las formativas y la toma de decisiones.  Señalo esto porque se puede decir que pasó hace un rato todo esto que estamos contando. En más de una oportunidad hemos indicado los lugares donde entendíamos que esto era necesario. Ante los Poderes Ejecutivos de distintas épocas hemos manifestado que en Uruguay seguimos desenganchados porque, por un lado, está la mejor intención de los gobiernos de turno y la tarea pública y, por otro, las actividades privadas que, según la rama o el empresario, intentan desarrollar tales o cuales actividades por su cuenta. Me parece que esta puede ser una oportunidad muy buena para que en ese gabinete, en algún momento, haya representación de actores de organizaciones de la actividad privada, como también del Congreso Nacional de Intendentes en alguna de esas áreas, a  fin de facilitar y aportar según las realidades que son diferentes en nuestro país. Muchas veces las iniciativas empresariales comienzan canalizándose por los Gobiernos Departamentales, porque es allí donde se realizan los primeros planteos.     

                Me parece que al crearse un gabinete de esta naturaleza deberíamos estar imaginando la posibilidad de un vínculo directo, de participación directa que sirva para proveer  las necesidades que se van a generar a futuro. Siempre la iniciativa privada es fundamental para que en los países las políticas terminen siendo exitosas.

                Concretamente, quisiera saber si en algunos de los espacios de este Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad la OPP piensa que puede haber participación directa de actores privados.

SEÑOR GARCÍA.- Sí, está previsto y el artículo 9 dice: «Los Consejos Consultivos de Transformación Productiva y Competitividad son instancias de articulación y consulta especializadas en una o más materias del Sistema, con la finalidad de potenciar la efectividad en el cumplimiento de sus objetivos, a través de la participación social. Tendrán carácter honorario y una amplia representación de los actores interesados en la materia respectiva, incluyendo trabajadores, empresarios, emprendimientos de la economía social e instituciones educativas.»  Esta es una incorporación que se hizo en la Cámara de Diputados. En esa Cámara dije que uno se alegraba cuando presentaba un proyecto de ley y veía que se había quedado corto. Como ya mencioné, en la Cámara de Diputados se hizo esa incorporación y nos parece muy bien. Cuando estuvimos en esa Cámara dijimos, a modo de argumento, que cada una de las agencias tenía participación social. En el caso de Inefop, que viene con el esquema anterior de la vieja Junae, hay participación de empresarios, de trabajadores y del Gobierno nacional. Sucede lo mismo con el LATU y con la propia ANDE, que no se ha instrumentado, porque es la más nueva de todas, pero tiene participación de los actores.

                En mi intervención anterior iba en la misma línea y decía que quizás en un proceso de mejora institucional y viendo cómo funciona este sistema en la práctica después de algún tiempo, podamos ir a algo similar a lo que tiene Colombia o Barcelona que, al margen de la estructura pública, cuentan con una estructura privada a nivel de sistema de diálogo.

                En cuanto al abordaje territorial debo decir que también hice mención  y es bien importante lo que está planteado, porque nada de esto tendría sentido si no cae en territorio, si no es aprovechado por los destinatarios finales que son los que hacen a la economía del país, y ese diálogo tiene que ser permanente.

Nosotros vemos un avance importante en el conocimiento de los diferentes programas. Créanme que cuando en el año 2005 comencé a trabajar en la Corporación Nacional para el Desarrollo se hizo un primer relevamiento y vimos que había sesenta y nueve programas a todo nivel. Recuerdo que, cansado de esa atomización, un sábado entré en cada una de las páginas web e hicimos un primer resumen que empezó a ser un poco el germen de esta idea de mirar el bosque en general y no los arbolitos por separado. Es por esa razón que pienso que esto significa un proceso, un avance.

                En este sentido, debo señalar que las intendencias tienen participación en diferentes grados –como tienen su autonomía, cada una de ellas tiene su visión, su historia y su perfil particular– en agencias y oficinas de desarrollo que incluyen participación social privada importante, tanto de empresarios como de trabajadores y de academias en algunos casos. Hay muy buenos ejemplos a nivel del interior. A modo de ejemplo, la intendencia de Durazno está bien activa y hay un grupo importante de personas trabajando. Ellos están preocupados porque hay empresas tractoras privadas importantes que han caído en territorio. En ese sentido, hemos tenido algunas conversaciones con los representantes de la intendencia –lo digo de manera anecdótica–, quienes nos decían que estaban un poco preocupados porque en lugar de trabajar pobladores de Durazno iban personas de Colonia o de San José. A nosotros, a nivel nacional, nos parece un hecho positivo de cualquier manera, y un poco en broma les decíamos que, así como existen las transnacionales, podíamos crear las transdepartamentales.

                Me parece que toda esa discusión es bien positiva e interesante. Es el tipo de discusión que nos gusta dar porque son las que surgen de los procesos de desarrollo. Ese es el tipo de problemática que aparece cuando las cosas se mueven.

                Es por esa razón que el tema del abordaje territorial no está explícitamente planteado en el proyecto de ley porque no es posible plantear un formato único de agencia para todos los departamentos.

                La señora presidenta conoce esta situación porque ha sido intendenta. Así como el departamento de Artigas tiene sus características, los otros departamentos tienen las suyas.  

                Desde la ANDE –Agencia Nacional de Desarrollo Económico–, cuyo presidente el señor Álvaro Ons está aquí presente, se está trabajando con relación a este tema. En breve vamos a estar anunciando un formato de apoyo a estas instancias de agencias de desarrollo local a favor de la mejora de la competitividad de cada uno de los lugares.

SEÑOR HEBER.- Saludo a la delegación y pido disculpas por haber llegado un poco tarde. Me perdí la primera parte de su exposición, pero luego voy a leerla en la versión taquigráfica.

                Quiero aprovechar esta instancia a riesgo de no haber escuchado la presentación inicial, así que puedo ser reiterativo y pido disculpas de antemano en el caso de que sea así.

                En los informes de la Cámara de Representantes nuestro partido hizo un informe en minoría. No sé si han podido leerlo. Según lo que dicen allí, ellos participan del objetivo, de la finalidad que les parece necesaria. Sin embargo, hacen una crítica al proyecto de ley. En ese informe ellos sostienen: «Si bien entendemos necesario trabajar e invertir recursos de toda naturaleza para mejorar la competitividad […], crear estos sistemas complejos que instalan un método de asamblea con gabinetes ministeriales y otros actores en permanente debate no nos parece un camino idóneo».

                Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿Es un sistema complejo? ¿Cómo ve el Poder Ejecutivo lo que se viene diseñando?

                Y luego agrega: «No sé en cuántas comisiones interministeriales está cada ministro, pero debe pasar la veintena. Hay gabinetes ministeriales e intercomisiones de toda naturaleza, lo que hace que al final termine participando un adscripto, director o secretario, porque si los ministros hacen todo lo que se les manda, en coordinación con todos, seguramente no pueden gobernar». Este informe lo han hecho luego de estudiar el proyecto de ley.

                Más adelante sostienen que no ven una participación muy decidida del sector privado en esto, es decir, las modificaciones que introdujeron en la Cámara de Diputados al proyecto de ley original, enviado por el Poder Ejecutivo.

                Me gustaría, entonces, que nos hicieran un comentario para, por lo menos, ver la visión que tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes. Y, reitero, pido disculpas si ya conversaron hoy sobre este asunto.

SEÑOR GARCÍA.- Agradezco al señor senador la consulta.

                Le prometí al economista Álvaro Ons que no iba a comenzar diciendo: «En 2005, cuando empezamos en la Corporación Nacional para el Desarrollo», porque varias veces inicio mis exposiciones de esa manera. Pero realmente es así, porque empezamos a aprender de estos temas en ese momento; anteriormente no teníamos vinculación con las políticas públicas.

Desde entonces perseguimos el objetivo –que tiene el sistema– de simplificar y no agregar mayor costo, que son, básicamente, los dos temas de preocupación que planteaba la bancada del Partido Nacional en la Cámara de Diputados. Hoy en día las actividades económicas son, en general, transversales. Aquella vieja división entre bienes primarios, secundarios, terciarios, ha quedado un poco obsoleta. La distribución de cadenas de valor hoy en el mundo lleva a eso. A veces hablamos de actividades primarias o que no tienen incorporación de valor agregado y no es así, porque un kilo de carne hoy es bien distinto a un kilo de carne hace veinte años. Lo decía el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca: un kilo de carne uruguaya vale más que un kilo de Audi. Sacó la cuenta en una feria cuando estuvo en Alemania.

En ese entorno, tiene sentido que en los últimos años se hayan ido creando diferentes gabinetes colectivos, porque era muy difícil para un ministro de industria no coordinar con un ministro de ganadería o con un ministro de turismo. Por ejemplo, una ruta turística del vino tiene todos los aspectos: de servicios, logísticos, industriales, del sector primario. Entonces, esa necesidad existió, y se fueron generando el gabinete de comercio exterior, la Ciacex; el Gabinete Productivo, y el Gabinete de la Innovación. Con este proyecto de ley los eliminamos y generamos uno solo, porque los ministros que estaban en cada uno de esos gabinetes eran más o menos los mismos. Entonces, allí hay un objetivo claro de simplificación.

Se incorpora en el sistema una secretaría, porque justamente hay que hacer el seguimiento de los gabinetes. Esto sucedió también con los anteriores: eran gabinetes ad hoc y no estaban establecidos con fuerza de ley; entonces, el funcionamiento era de acuerdo con las necesidades que se tenía. Nos parece que esto tiene que ser un tema sistemático, incluso a nivel de trabajo. Esa secretaría no implica un costo adicional, sino que se va a soportar redireccionando recursos que ya existen. En particular, va a ser establecida a nivel de la OPP y va a ser una estructura muy sencilla, muy liviana.

De manera que las dos principales preocupaciones, en cuanto a la complejidad y a la cantidad de instancias, y en cuanto a si tiene mayor costo, están bien atendidas y consideradas.

Con respecto a la participación privada, habíamos expuesto al principio y en la respuesta de recién avanzamos bastante. Yo preferiría que aprobaran el proyecto como está, por una razón de celeridad y de necesidad de tener la herramienta, pero obviamente si el Senado entiende que nos volvimos a quedar cortos, serán bienvenidas las observaciones. Lo que sí creo es que esto requeriría mayor tiempo de análisis, porque a nivel de todas las agencias hay participación privada: de empresarios, en general, y de trabajadores también. De manera que, insisto, esto requeriría un mayor nivel de análisis para hacer un diseño institucional adecuado. Personalmente le daría tiempo a correr al sistema, a mirar las cosas de manera sistémica, a que los ministros vayan y hagan sus planteamientos de sus políticas en el gabinete, a que las agencias se acostumbren a empezar a ejecutar con mayor asiduidad esas políticas y a que se logre un mayor nivel de eficiencia, de eficacia. Y después sí sería importante, por qué no, dar otra vuelta de tuerca y avanzar hacia una cuestión más estructural. En su momento nombraba el caso de Colombia y de Barcelona. Hace muchos años, cuando estaba en la Corporación, me tocó conocer el caso de Barcelona, y voy a hacer la anécdota porque creo que es ilustrativa de cómo evolucionan estas cuestiones.

En el año 2005 Barcelona tenía una institución llamada Copca que era para la internacionalización de Barcelona. Era una institución que tenía participación pública del poder político de los ministerios y más de cien instituciones privadas que tenían que ver con el desarrollo productivo y la internacionalización de Cataluña. A su vez, había otra institución: Innova Barcelona. A los tres años las habían fusionado, porque se dieron cuenta de que la internacionalización sin la innovación no tenía sentido y hacían más o menos lo mismo. Lo importante acá es aprender a acumular e ir en el sentido de simplificar y aprovechar cada vez más los recursos existentes. 

SEÑOR DIBARBOURE.- Buenos días. Yo también corro el riesgo de repetir algo de lo que el director dijo en la introducción, pero a veces con los ejemplos de la práctica que hoy vivimos podemos llegar a entender el espíritu del proyecto y, en este caso, el concepto de transversalidad.

Quiero hacer un punto en dos de las preocupaciones planteadas por el señor senador Heber. Una de ellas refiere a la metodología, los gabinetes y la superposición de los señores ministros. Aclaro que no imaginamos que el gabinete de la competitividad tenga que celebrar una reunión todos los martes, sino que define una política, marca un plan, da lineamientos para que las agencias bajen ese plan a uno operativo como agencia y luego monitorea que se cumpla. De manera que estamos hablando de que el gabinete es mucho más de definición de política de competitividad. Esto es cuanto puedo decir con respecto al miedo, bastante razonable, de aquella multifunción de los señores ministros integrantes del gabinete.

En particular me interesa seguir avanzando sobre la participación del sector privado. Hemos tratado de ser estrictos con respecto a la transversalidad. Cuando entramos al sector privado caemos en lo sectorial y ahí es muy difícil poner un límite. La sectorialidad, de alguna manera, está contemplada en una institucionalidad bien cargada y calificada como el Inalog, el Instituto Nacional de Carnes, el Inale o el Inavi, donde hay participación del sector privado. Nos toca en suerte presidir la comisión sectorial del arroz, por ejemplo, en la órbita de la OPP. Es un sector específico que no tiene instituto, pero en esa comisión sectorial están representados los productores, la agremiación de  molinos, los trabajadores, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la cancillería por el tema de los mercados. En fin, es prácticamente una comisión sectorial que articula con el sector privado. Lo que estamos imaginando es que esas instituciones –por algo hablamos de un ecosistema– no estén divorciadas del sistema eje, pero sí tengan un vínculo desde lo sectorial, obviamente puenteado por el ministro del rubro. Si hablamos de sectores productivos los que van a traer el problema de la competitividad al gabinete serán el sector del arroz, la logística, la lana, la leche y la carne. Quiere decir que no estamos imaginando un sistema burbuja, cerrado, sino con vínculos a lo sectorial. No estamos haciendo un megagabinete porque ahí sí el perímetro sería mucho más difícil de abordar, incluso desde el punto de vista metodológico, que era lo que le preocupaba al señor senador Heber.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- En primer lugar, saludo a los invitados.

                En segundo término, estuvimos conversando en la previa y me parece importante la referencia que se hizo al Instituto Nacional de Logística, que es un tema que tratamos en la legislatura anterior y vimos que aquí no estaba. Esa fue la consulta que hicimos.

                Con respecto a la naturaleza jurídica, sobre la que también conversamos antes de que comenzara esta reunión, en principio es lo que inhabilita que esté en la lista de quienes integran los consejos consultivos de este proyecto.

Antes que nada quiero decir que este proyecto me parece excelente porque focaliza un puente de mando en un sinfín de políticas que el país se tiene que dar. Creo que la iniciativa conjunta a todas las chacritas que están sueltas, lo que economiza no solamente tiempo sino también mucho dinero, porque con el sistema actual se superponen los análisis, los diagnósticos y finalmente es difícil saber quién tiene la verdad en esta materia. Para un país como el Uruguay, con pocos recursos, no es conveniente perder mucho tiempo, a diferencia de lo que ocurre con países grandes como Brasil, China y Estados Unidos. Nuestro país, a diferencia de los antes mencionados, no puede cometer errores. Por consiguiente, me parece que unir estos aspectos, desde un punto de vista estratégico, es esencial para la sobrevivencia de este pequeño país de América del Sur.

                Por otra parte, en el literal E del artículo 7.º se dispone la implementación de un Observatorio Productivo a efectos de recopilar, sistematizar y analizar información sobre producción y exportación de bienes, etcétera. A mi entender, esto se superpone, o mejor dicho se establece de manera más amplia, en la Ley n.º 18697, que refiere al Instituto Nacional de Logística, que no cae porque, además, se encuentra en el ámbito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por lo que sé, en ese instituto se está haciendo un excelente trabajo llevado adelante por muy destacados profesionales. Creo que por la importancia que tiene el comercio exterior para un país como el nuestro, en el que tanto el Estado como el sector privado tienen que remar cada día para obtener recursos genuinos a través de la exportación, debería haber una reformulación, incluso de parte del Inalog, ya que se trata de un asunto de gran importancia estratégica.

                Por nuestra parte, no tenemos mayores observaciones que hacerle a este proyecto y, por tal razón, estamos dispuestos a votar afirmativamente en cuanto la comisión lo disponga. Me parece que es fundamental que comience a funcionar y luego, sobre la marcha, se irá ajustando lo necesario. Creo que se trata de una nueva experiencia muy necesaria para el país.

SEÑOR ONS.- Me gustaría aprovechar esta oportunidad para realizar un comentario sobre lo relativo al observatorio y acerca de otro punto.

                Con respecto a la consulta del señor senador Heber, que me parece muy pertinente, quiero hablar en función de mi experiencia en uno de los gabinetes que van a ser sustituidos, que es el Gabinete de Comercio Exterior. En realidad, esta sustitución supone una simplificación y, de hecho, una reducción de carga de reuniones para los ministros. El nuevo gabinete que se está proponiendo sustituye tres gabinetes que están integrados por buena parte de los ministros, que son el Gabinete de la Innovación, el Gabinete Productivo y el Gabinete de Comercio Exterior, conocido como Ciacex. Por lo tanto, de partida tenemos un gabinete que está sustituyendo a otros tres y a esto se agregan dos cuestiones que son críticas. Concretamente, me refiero a que a ese nuevo gabinete se le establece un equipo de coordinación a nivel técnico y una secretaría permanente. Quiere decir que el gabinete deja de hacer una reunión, que se convocaba habitualmente para resolver cuestiones puntuales y de coyuntura, y pasa a tener detrás un trabajo técnico permanente, coordinado entre los ministerios que lo integran. Los ministros van a concurrir a las reuniones a los efectos de tomar decisiones vinculadas a definiciones de política, a partir de trabajos conjuntos que se hagan por detrás de sus actividades.

En definitiva, entiendo que vamos a tener un gabinete en el que, si bien sus integrantes se reunirán menos, los ministros tomarán más definiciones que en los formatos anteriores. Repito que habrá una pequeña estructura trabajando permanentemente y de manera coordinada con quienes los ministros designen como  representantes. 

                Por otra parte, en cuanto a lo que se planteaba en materia del Observatorio Productivo, señalo que este tiene como primer y principal objetivo no generar nada nuevo, sino ver cuál es el mapa actual de generación de información. El Estado uruguayo tiene muchísima información en instituciones públicas y privadas; hay una gran superposición de información y falta de información. Este observatorio va a articular con lo que ya existe y si se propone la generación de algo es porque eso hoy no está disponible o hay que contribuir a mejorarlo o potenciarlo. La premisa de la constitución de este observatorio es explotar la información que existe, agruparla, ponerla a disposición con la mayor transparencia posible y buscar aquellos agujeros donde hoy falta información para trabajar directamente en ellos. Por ejemplo, Inalog tiene muy buena acumulación en materia de información crítica para el sector logístico. Es un socio de este Observatorio Productivo como muchos otros institutos. Si bien se le llama Observatorio Productivo, apunta a dar información relevante para las actividades en materia de transformación productiva y competitividad. Vuelvo a decir que no se trata de crear algo nuevo, sino de mirar lo que existe y contribuir a que sea más eficiente, esté más articulado y coordinado.

SEÑOR HEBER.- Me gustaría hacer un comentario y una pregunta final a los representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Si bien este es un objetivo buscado y todos lo compartimos, el diputado Iván Posada cuestionó en la Cámara de Representantes la necesidad de que esto esté establecido por ley y no por la vía del decreto. Esa duda me surge después de la discusión del proyecto. La explicación que da el Poder Ejecutivo –y la compartimos– es que esto es para que las cosas funcionen mejor. Mi pregunta es: ¿no es demasiado rígido que sea una ley? ¿No se podía establecer por decreto? ¿Se requiere que alguna creación se haga por vía legal?

SEÑOR GARCÍA.- Creemos que el hecho de que tenga fuerza legal le da otro porte a la necesidad de tener una visión sistemática. Si bien es cierto que muchas cosas pueden realizarse por decreto, nos pareció importante compilarlas todas en un proyecto único. Además, esta fue una de las prédicas permanentes en la campaña electoral. Este tema está en el programa de Gobierno del Frente Amplio, junto con la institucionalización del Fondes –que se aprobó en agosto del año pasado– y algún otro sobre el que, en breve, tendremos que avanzar.

Por lo expuesto anteriormente, algunos temas han sido encarados como proyectos de ley.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos su presencia y toda la información que nos brindaron.

(Se retira de sala la delegación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto).

                –La idea es ver ahora con todos los integrantes de la comisión si les parece que debemos invitar a alguien más y si no tomarnos una semana más para analizar este tema.

SEÑOR HEBER.- Estoy de acuerdo.

SEÑOR IGLESIAS.- Me parece que sería muy oportuno, si los tiempos lo permiten, escuchar la opinión del sector privado, porque creo que todo esto apunta al logro de éxitos en la realidad. Parte fundamental o vital de esta son los privados. Entiendo que sería muy oportuno escuchar la opinión sobre este tema de los representantes de la Cámara de Industrias, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y de las cámaras vinculadas al agro, porque pueden agregar o sugerir algo que, de pronto, estamos a tiempo de incluir. Como se dijo hace un momento, si en lugar de un decreto, esto va a ser una ley y, por tanto, genera situaciones rígidas, no podemos ignorar una opinión que puede ser válida para el éxito de este funcionamiento.

                Es todo.

SEÑOR PATERNAIN.- En función de la pregunta que hicimos y a partir de las reflexiones que hace la OPP sobre el vínculo entre ciencia y tecnología, así como los fundamentos programáticos y de conducción política del sistema, y también recogiendo los antecedentes de la discusión que se dio originalmente en la Cámara de Representantes, me parece que debemos escuchar la opinión de la Universidad de la República sobre este tema. Al menos se debe profundizar en esa línea, que por supuesto es complementaria de la que se propuso recién.

SEÑORA PRESIDENTA.- Con respecto a la UdelaR quiero señalar que nos ha enviado un informe escrito. De todas maneras, no hay ningún problema en invitar a los representantes de la UdelaR para que concurran a la comisión.

                En cuanto a la Cámara de Industrias, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, como también las vinculadas al agro, veríamos si podemos invitarlos para  el próximo jueves y luego ya entraríamos en el tratamiento y votación del proyecto. Si están de acuerdo, los invitaríamos a todos para que concurran el próximo jueves.

                Se levanta la sesión.

(Son las 11:25).