SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:08).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «1) Ciudad de Dolores. Financiamiento para obras de reconstrucción. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor senador Pedro Bordaberry. Carpeta n.º 522/2016. Distribuido n.º 676/2016.

2) Damnificados por circunstancias climáticas de abril de 2016. Se solicita aplazamiento de pagos de obligaciones tributarias y consumos de empresas públicas para los habitantes de la ciudad de Dolores y quienes tengan domicilio fiscal en los departamentos de Rocha y Treinta y Tres. Carpeta n.º 530/2016. Distribuido n.º 677/2016.

3) Paneles solares. Se otorgan beneficios para la producción nacional. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta n.º 533/2016. Distribuido n.º 695/2016.

4) Inclusión financiera. Se prorroga la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Carpeta n.º 535/2016. Distribuido n.º 696/2016.

5) Exposición escrita del señor representante Jorge Gandini que ya fuera remitida por correo electrónico.

6) Invitación cursada por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García al seminario internacional “Buenas prácticas en la gestión de las empresas públicas” que se realizará el jueves 19 de mayo de 8:30 a 13 horas en el anfiteatro de la Torre Ejecutiva Sur (Liniers 1324).»

                –Damos la bienvenida a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Buenos días.

Estábamos citados, fundamentalmente, por el proyecto de ley de zonas francas que fue tratado en la legislatura anterior, en esta misma comisión. Hoy cabe comentar  los ajustes enviados en los últimos días en los que se vuelve a retomar el término «zonas francas», en vez de «zonas económicas especiales». Esto se debe a algunos planteamientos realizados por los representantes de la Cámara de Zonas Francas y al análisis que realizáramos en forma conjunta. Se entendió que cambiar el término podría poner en discusión algunos acuerdos alcanzados en el seno del Mercosur donde, específicamente, se hacía referencia a zonas francas. Esto hace que muchos artículos del proyecto enviado en primera instancia sean eliminados porque simplemente cambiaban una denominación por otra y eso ahora no es necesario.

                A juicio del Poder Ejecutivo, este proyecto es importante porque genera, básicamente, tres o cuatro externalidades positivas.

                En primer lugar, permite reforzar y mejorar los controles que se realizan en las zonas francas con las potestades que tiene la Dirección General de Comercio a través del área de zonas francas, la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva. La DGI, fundamentalmente, ha realizado operativos masivos hace algunos años, encontró irregularidades y se hicieron reliquidaciones importantes de impuestos, lo que contribuyó a mejorar el funcionamiento del sistema. Hoy por hoy hay controles periódicos que han sido fortalecidos, pero entendemos que este proyecto de ley contribuye a mejorar esas potestades de control.

                En segundo término, se generan incentivos con un sesgo que pretende orientar a la radicación de inversiones fuera del área metropolitana, lo cual entendemos que también es positivo.

                Por otro lado, se cambia la modalidad de la concesión de algunos permisos para los usuarios. De concesiones sin plazo, eternas –por llamarlas de un modo coloquial–, pasan a ser con plazo. Entendemos que eso es mejor, ya que al ser a plazo permite ir haciendo evaluaciones periódicas de cómo funciona el régimen, de cómo han funcionado los usuarios o los explotadores en el régimen y, en virtud de eso, renovar o no los contratos de las concesiones. Consideramos que todo eso hace a posibilidades que son buenas y que colaboran en la mejora de este régimen de zonas francas orientando más los incentivos hacia determinadas zonas geográficas del país que pueden tener más necesidad de recibir este tipo de inversiones y, además, la capacidad de control del mismo.

                Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Voy a hacer una pregunta muy específica. En el nuevo proyecto se eliminan los artículos 5.º, 6.º y el 17. En el comparativo que tenemos el artículo 17 aparece vinculado con el 7.º, pero no sé si esa es la idea. La pregunta es por qué se eliminan.

SEÑOR HEBER.- Quiero hacer dos consideraciones. En términos generales, creo que estas modificaciones –si bien no las estudié pormenorizadamente– mejoran sustancialmente el proyecto, sobre todo en lo que tiene que ver con la intervención del Estado en el contrato entre privados en las zonas francas. Si la Administración no contesta se les da una suerte de prórroga para que no queden presos de la burocracia. Se establece un plazo de 120 días, yo pondría inclusive un plazo menor porque si es un contrato no precisa tantos días para expedirse, con 90 días está bien. Habría que pedir a la Administración que sea más ágil y no esperar 120 días si tiene contrato para que se les prorrogue automáticamente. Creo que la Administración puede mirar un contrato de renovación de prórroga y evaluarlo perfectamente en 60 días, en la mitad del tiempo. No me gustan estos plazos largos, pero si la Administración no se expide me parece bien que esto corra a favor de no dejar actores económicos presos de la lentitud de la burocracia. Me gustaría que fuera un plazo mucho más acotado si bien esto no existía antes.

                Ahora, mi pregunta tiene que ver con la razón de ser de estos cambios. Quiero entender un poco más, en términos generales, y perdonen que los retrotraiga. Está claro que en el proyecto original se le cambia la denominación porque había reparos dentro del Mercosur para los certificados de origen y para equiparar esta situación a lo que puede ser Tierra de Fuego y Manaos. Ese era el concepto. En el transcurso de la discusión de este proyecto hubo cambios en el régimen del Mercosur que llevaron a entender que las zonas francas pueden entrar en la misma figura. ¿Estoy en lo correcto? ¿Eso lleva a que nosotros volvamos para atrás, a la denominación de zona franca? ¿El concepto de por qué volvemos para atrás es producto de que hay una modificación en el Mercosur que no sé en qué consiste para poder entender bien el tema? En términos generales esa es un poco la pregunta, porque no es solamente el tema de la denominación, sino lo importante que es tener el certificado de origen de los productos y poder transformar estas zonas en industriales, es decir que no sean solamente acopio de depósito o de lugares donde se elabora algo para después llevarlo a zonas extra Mercosur. En fin, me gustaría que primero me explicaran la razón de ser de las zonas económicamente especiales y, después, entender por qué volvimos para atrás. ¿Hay una modificación de estos criterios en el Mercosur?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- No hubo un cambio posterior en la legislación del Mercosur. Si bien entendimos que no generaba problemas denominarlas «zonas económicas especiales», hubo un planteo fuerte de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay en el sentido de que ese nombre podía generar inconvenientes. Por lo tanto, en el Poder Ejecutivo consideramos que lo importante era el régimen y su sustancia y no el nombre.

                En cuanto a la vuelta al nombre original –que no significaba para nosotros un cambio fundamental–, dábamos más certezas y quitaba nerviosismos innecesarios en el sector privado.

Reitero: no hubo cambios supervinientes en el Mercosur sino un planteo de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay en cuanto a hacer un blindaje frente a cualquier reclamo que se planteara en aquel ámbito.

SEÑOR ONS.- Efectivamente, hay una valoración especial por la marca y por la tradición del régimen de zonas francas y se entendía que eso era un valor que era preferible no modificar.

                Respecto a la región, más allá del nombre de «zonas económicas especiales», el proyecto de ley recogía la misma definición en materia de circulación de mercadería –que es lo que en definitiva afectaba en términos de zonas francas– que el Código Aduanero del Mercosur. O sea que era un tema pura y exclusivamente de etiqueta y no de contenido.

SEÑORA MOREIRA.- Para facilitar la respuesta, más allá del cambio de denominación, nos gustaría saber por qué se sacaron determinados artículos en el nuevo proyecto de ley.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Básicamente, los artículos salen por una cuestión muy sencilla. Como había cambio de nombre en el proyecto de ley anterior, hubo que establecer en varias partes: «dícese “zonas económicas especiales” donde se decía “zonas francas”». Como ahora volvemos a la denominación «zonas francas», había artículos que se volvían innecesarios.

Por otro lado, se votó el Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay y en consecuencia, se quitó del proyecto algún artículo que ya estaba contenido en esa normativa.

                Por estos dos motivos se retiran los artículos que preguntaba la señora senadora.

SEÑOR ONS.- Es exactamente así. Hay dos grandes razones por las que esta iniciativa tiene menos artículos que la anterior. En primer término, hay varios artículos que estaban justificados por el cambio de nombre. En segundo lugar, cuando ingresó por primera vez el proyecto de ley de zonas económicas especiales, todavía no había sido aprobado el Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay. Por lo tanto, había disposiciones que estaban contenidas en ambos proyectos de ley. Por ejemplo, había un artículo sobre el abandono de mercadería que deja de estar acá porque ya fue aprobado vía nuestro Código Aduanero. O sea que no hay cambios en la sustancia ni en el contenido en razón de los artículos que se eliminan.

SEÑOR DELGADO.- Saludamos nuevamente a la delegación, la cual nos ha visitado en forma reiterada en los últimos tiempos.

                En el análisis somero que hemos hecho del nuevo proyecto de ley que nos envió el Poder Ejecutivo hemos visto que se mejora la redacción original. Por ejemplo, se cambia el nombre. Lo que está sucediendo es lo que habíamos advertido originalmente. Hay una serie de medidas que son más garantistas para el régimen. Además, tenemos algunas medidas en cuanto a la seguridad jurídica, al secreto tributario y al cruzamiento de algunos datos. En muchos de estos casos, incluso, se vuelve a la redacción original. Por otro lado, se innova, en algunos casos se incluye el asesoramiento preceptivo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, lo cual nos parece muy interesante, pero se insiste en un tema que, en realidad, no tuvo una discusión conceptual. Creemos que con una mejora en la redacción podemos evitar algunos de los inconvenientes más fuertes que puede tener la ley en cuanto a la sensibilidad social e impacto local, lo cual tiene que ver con las zonas francas del interior. Sobre este tema, si bien se mejora la redacción con respecto al texto anterior, se termina siendo absolutamente restrictivo. Estoy hablando del artículo 23 que ahora pasa a ser el 9.º, sobre todo, el literal b). Aquí se les habilita a las zonas francas del interior la capacidad de generar instancias de exhibición. A su vez, se vuelve a reiterar el concepto de las actividades de carácter sustantivo. Pero después, lo que parecía ser una mejora en la redacción, una flexibilización adecuándose a la sensibilidad existente, fundamentalmente en dos zonas francas, las de Florida y Libertad, se termina generando una restricción en cuanto a la duración y la cantidad. No sé si en esto hay un tema absolutamente conceptual, si hay algún tipo de impedimento o complicación tributaria o, quizás, algún tipo de restricción que va más allá de la voluntad del Poder Ejecutivo.  Estos son los aspectos que se pueden trabajar. En realidad, aquí se aggiorna la ley de zonas francas y, reitero, este texto es mejor que el presentado con anterioridad, pero creo que se pueden evitar los perjuicios que va a tener su impacto en la actividad económica del empleo en algunas zonas donde en esta materia hay muchos problemas; como en todo el Uruguay dado los actuales niveles de desempleo. Obviamente, no se puede legislar exclusivamente por la coyuntura, pero uno tiene que ver esto en prospectiva. Me parece que si logramos flexibilizar en algo este tema –si no hay un preconcepto ortodoxo de parte del Ministerio de Economía y Finanzas– vamos a lograr tener menor nivel de resistencia, sobre todo, en las zonas francas del interior.

                Por otra parte, mi bancada todavía no ha tomado posición sobre el tema de las zonas francas temáticas. A esta comisión concurrió el Ministerio de Salud Pública –antes de que tuviéramos esta modificación del texto– y se cuestionaban las zonas francas temáticas, obviamente, las vinculadas a la salud. En ese sentido, ¿hubo algún tipo de coordinación con dicha cartera? No sé si ustedes recibieron la versión taquigráfica correspondiente a la visita del Ministerio de Salud Pública a la comisión. En esa ocasión dijeron cosas muy interesantes que, al menos, nos generaron la inquietud por investigar un poco más el tema de las zonas francas temáticas, particularmente en un asunto particularmente sensible. Digo esto porque quizás en el área audiovisual no haya problemas y en algunos otros tampoco pero en el tema de la salud comienzan a aparecer interrogantes que pueden implicar una gran oportunidad para el Uruguay o solo para algunos. Así hay que definirlo.

                Recién a partir de la exposición que hicieron los representantes del Ministerio de Salud Pública empecé a investigar y a hurgar en este tema, atendiendo a las prevenciones que hacía esta cartera. Algunas de ellas son atendibles, otras quizás no las compartimos pero si bien esto lo remite el Ministerio de Economía y Finanzas, la cartera de Salud Pública que es el organismo que en esto tiene que tener una injerencia fundamental, tiene una posición diferente. Por lo tanto, queremos saber si se avanzó en algún tipo de coordinación porque entiendo que esa modificación no altera esto y parto de la base de que el Ministerio de Salud Pública mantiene la misma posición.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Voy a contestar las dos inquietudes del señor senador Delgado.

                Empezaré por la que tenemos más discrepancias y que tiene que ver con el artículo 9.º. Digo que tenemos discrepancias porque entendemos que hay una importante flexibilización con respecto al régimen original. Hay que ver cuál es la situación establecida en la ley de 1987, es decir, hace 30 años, y qué se está proponiendo ahora.

                En la ley de 1987 se establece que fuera de las zonas francas no se puede realizar ninguna actividad. Destaco que la palabra «ninguna» deja claro que no se pueden desarrollar tampoco actividades auxiliares. Sin embargo, hubo desviaciones del régimen por parte de los operadores, puesto que comenzaron a realizar actividades fuera de las zonas francas. Eso derivó en controles que realizaron las oficinas de la DGI en un operativo que recayó sobre aproximadamente 600 empresas de zona franca, lo que terminó con reliquidaciones de impuestos por más de USD 30:000.000. Esto sucedió entre los años 2011 y 2012. En ese momento, se detectó que se estaban realizando actividades de forma ilegal, fuera de las zonas francas. Una prueba de la solidez de los argumentos de la Administración con respecto a esta postura fue que de todas las empresas analizadas, prácticamente no hubo –quizás sí se dio en un caso, pero no lo recuerdo bien– recursos frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Quiere decir que todas las empresas terminaron –salvo en un caso– pagando sus impuestos y reliquidando en función del criterio que estableció la DGI. Por lo tanto, queda absolutamente claro –porque así lo dice la ley pero también por el acatamiento a los procesos administrativos– que la ley que está vigente desde hace 30 años no permite realizar ninguna actividad fuera de las zonas francas.

                Aquí lo que se permite –como decía muy bien el señor senador Delgado– es realizar determinadas actividades fuera de las zonas francas, que tienen que ver con cosas puntuales como exhibiciones o cobranzas de carteras morosas. El artículo termina diciendo que para la realización en el resto del territorio nacional de actividades de naturaleza auxiliar, los usuarios deberán requerir la autorización previa del Poder  Ejecutivo. Esto quiere decir que existe la posibilidad de generar determinados permisos para algunas actividades accesorias.

Producto de todos los controles efectuados, se entiende que si se permite que las zonas francas del interior tengan la posibilidad de realizar las actividades sustantivas en Montevideo, el cambio en el régimen será radical. Las zonas francas pasarían de estar en el interior a tener oficinas en Montevideo, lo que ocasionaría una gran horadación del régimen tributario nacional. De esa manera, cualquier operador de plaza simplemente podría contratar un depósito en zona franca en vez de hacerlo de la forma normal y, como puede mantener su oficina en Montevideo, estaría operando bajo el régimen de zonas francas y, por lo tanto, no pagaría ningún impuesto en plaza. En Uruguay la recaudación del impuesto a la renta empresarial está en el entorno de USD 1.100:000.000; para nosotros sería importante que se generara ese agujero fiscal que permitiera horadar una parte importante de la recaudación tributaria.

Las zonas francas del interior han reaccionado de forma distinta frente a la imposibilidad de poner oficinas en Montevideo. Como decía el señor senador Delgado, básicamente tenemos la zona franca de Florida y la zona franca de Libertad. Esta última está invirtiendo aproximadamente USD 10:000.000 en infraestructura para poner oficinas y brindar servicios de este estilo a sus usuarios, lo que está generando que los inversores y los operadores se radiquen de manera real en la zona franca de Libertad, en lo que tiene que ver con el personal administrativo o con la producción de software. No solo se trata de cuán cerca o cuán lejos se esté de Montevideo, sino de los servicios que se ofrecen dentro de la zona, para lo cual en algunos casos es necesario hacer las inversiones correspondientes. Hemos visto que eso está ocurriendo en la zona franca de Libertad y que está generando resultados positivos. Si dijéramos que la actividad calificada se tiene que hacer en Montevideo y en el interior solo quedan los galpones, estaríamos contradiciendo el espíritu original del proyecto, sobre todo por el énfasis que se ha puesto en la necesidad de generar empleo en determinadas zonas del interior del país. Sería realmente contradictorio y no contemplaría el deseo de generar mano de obra calificada en el interior. Por lo tanto, si comparamos el punto de partida –que ha sido el régimen vigente durante treinta años– con la situación que se está proponiendo, vemos que la flexibilización es importante. Para algunos será suficiente y para otros no –esa materia es opinable–, pero hay un cambio muy significativo. El Poder Ejecutivo entiende que ir hacia una mayor flexibilización puede generar un gran riesgo fiscal en lo que tiene que ver con la recaudación del impuesto a la renta empresarial. No es algo sobre lo que estemos teorizando, sino que lo vimos. Reitero que, fruto de esas reliquidaciones de impuestos, la DGI recaudó más de USD 30:000.000 por este concepto. Eso es lo que hace que para nosotros sea importante.

Con respecto a las zonas temáticas, este proyecto busca generar herramientas que permitan mejorar o dar más posibilidades para la exportación de servicios. El señor senador Delgado mencionaba que tenemos visiones opuestas con el Ministerio de Salud Pública. La preocupación fundamental de ese ministerio es absolutamente compartida por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Poder Ejecutivo en su conjunto, y en este caso, tiene que ver con que la instalación de zonas temáticas de salud no perjudique o no vaya en contra del espíritu del Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo compartimos en un cien por ciento; no hay una doble lectura. En relación con el texto puntual que tiene que ver con las zonas temáticas de salud, se puede generar una situación en la que sea necesario redefinirlo o acotarlo. Por supuesto que el Poder Ejecutivo está abierto a que sea revisado, antes que nada para que no vaya en contra del espíritu del Sistema Nacional Integrado de Salud ni perjudique porque, como ya dije, esa visión es compartida. Reitero que debemos recordar que esto es simplemente una herramienta que busca generar la posibilidad de exportación de servicios, es decir que no está pensada para prestar servicios a uruguayos sino para exportar servicios. Si bien queda establecida la posibilidad de tener una herramienta, quien en definitiva autoriza a que sea utilizada en el caso de las zonas temáticas de salud es el Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad competente. Aquí se establece una herramienta básicamente tributaria para atraer inversiones que permitan generar una plataforma de exportación de servicios. Pero todo lo que tiene que ver con la autorización y la regulación sanitaria y de políticas de salud en el funcionamiento de estas zonas temáticas queda bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR DELGADO.- Me parece importante lo que acaba de decir el subsecretario con respecto al tema salud. En realidad, si bien puedo entender la intención que se manifiesta, a mi juicio, el texto puede habilitar otras cosas. Creo que no está del todo claro, sobre todo donde puede haber más inconvenientes que es en el tema salud. Por eso el propio ministerio hacía referencia a algunas prevenciones. En ese sentido, me parece que puede ser interesante que haya voluntad de ajustar el texto para ser más garantistas en cuanto a no perforar un sistema.

                Con respecto a lo primero, creo que el subsecretario en el tema impositivo anda volando porque se maneja con mucha picardía. No estamos hablando de extremos, de que sea blanco o negro, ya que si se flexibiliza esto no se genera ningún empleo en el interior. No se trata de eso, sino de seguir desarrollando algunas zonas en el interior que tienen ciertas necesidades, como seguramente se lo habrán manifestado al igual que nos lo dijeron a nosotros. Se trata de buscar algún tipo de flexibilización, que es algo que en los hechos funcionó bastante bien. Es verdad que acá se flexibiliza con respecto a la exhibición, pero también es cierto que está condicionado por la cantidad de días y de actividades en el período, por lo que se restringe mucho.

Nosotros hemos propuesto una redacción, pero quizás si pudiéramos pasar más al último párrafo que al anterior en el sentido de que se necesiten autorizaciones, estaríamos al menos dejando una puerta abierta para que el Poder Ejecutivo, en este caso, pueda autorizar mecanismos para algunas de las acciones de las que hablamos fuera del lugar donde está instalada la zona franca. De todas maneras, ese será un tema de discusión de la comisión más adelante y seguramente haremos algunas propuestas.

SEÑOR HEBER.- Quiero hacer un comentario sobre algo que no observo en el proyecto de ley y que siempre me ha preocupado por la experiencia que se ha tenido en algún caso puntual. Cuando se establece una zona franca, se fijan administraciones muy severas –y está bien que así sea– en cuanto a que el explotador tenga trayectoria, antecedentes y cumpla con una cantidad de requisitos que me parecen adecuados. Pero también ha sucedido en el pasado que esas exigencias para que se establecieran los explotadores y las zonas francas parecían estar ausentes. No sé si eso ha cambiado en la reglamentación actual para el caso de cuatro o cinco socios que explotan y tienen buenos antecedentes, y después le venden su paquete accionario a otro. Me llamó la atención porque esto pasó en la zona franca de Rivera, donde se vendieron acciones de quienes en primera instancia eran aceptados por la Administración a personas diría non sanctas en el departamento, que destruyeron la zona franca porque la usaron para fines que no eran los previstos. Esto llevó a que el Estado interviniera en la zona franca durante mucho tiempo. Hoy hay noticias de que se va a clausurar la zona franca.

                Personalmente, quisiera que la Administración siguiera controlando y fiscalizando siempre, hasta cuando se vende un paquete accionario del 10 % de un explotador. La Administración tiene que ser muy severa para que no vuelva a pasar lo que sucedió en el departamento de Rivera, donde lamentablemente destruyeron la zona franca.

                Aprovecho esta instancia para preguntar lo siguiente.

                Hoy la zona franca de Rivera no funciona, se usa como depósito. Allí trabajan más o menos cien personas –no sé si llegan a esa cifra–, pero aunque trabajaran diez, pregunto si no sería mejor hacer un llamado a interesados –quizás lo hizo la Administración– antes de ir al cierre. Se trata de una zona que está sobre la frontera con Brasil, que puede ser atractiva para algunos empresarios y me da lástima que se termine una buena idea, se cierre la zona franca y ni siquiera se generen veinte o treinta empleos como los que existen en la actualidad. Se me podrá decir que veinte empleos son pocos, pero yo creo que son importantes.

                Concretamente, quiero saber si la reglamentación es todo lo severa que debe ser para el caso de que el explotador venda; de lo contrario, agregaríamos un artículo a ese respecto.

                Por otro lado, quiero plantear una inquietud como riverense. Me da lástima que se cierre una zona que, digamos la verdad: no ha dado nada, pero ello no quiere decir que el día de mañana no pueda hacerlo. Si no hay interesados no los hay, pero estaría bueno tener esa alternativa antes del cierre.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Coincido con los dos planteos.

                Con respecto al primero, coincidimos en que los severos controles que se hacen a la hora de otorgar una zona deben ser espejo de los controles que se realizan cuando se vende parte de la participación accionaria. Eso es lo que se pretende hacer por vía administrativa. En el proyecto de ley no hay un artículo específico, pero sería buena cosa incluirlo; nos parece bien.

                En cuanto a la zona franca de Rivera, efectivamente son correctas todas las afirmaciones que realizó el señor senador. Es una zona que no ha dado nada y no ha tenido buenas prácticas; por ese motivo fue clausurada y hoy solamente tiene permitida la salida de mercadería. En realidad, en este lapso hubo dos llamados y fueron declarados desiertos. En este sentido, se está trabajando en coordinación con el Intendente de Rivera para ver la posibilidad de generar un nuevo polo de desarrollo que tenga una nueva zona franca e, incluso, con algo adicional como puede ser un puerto seco que permita un polo de logística para esa zona. Se está analizando si hay suficientes interesados como para hacer un nuevo llamado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más preguntas, pasamos a considerar el tema relativo a las empresas de reducida dimensión económica. Llegó una iniciativa al respecto con la posibilidad de una prórroga.

SEÑOR VALLCORBA.- Buenos días para todos.

                En realidad, teníamos un proyecto de ley cuyo tratamiento ya se había iniciado en la comisión y, en su momento, habíamos concurrido para analizarlo. Tengo entendido que, a raíz de la comparecencia del señor Cabrera, de Cambadu, surgieron algunas inquietudes. Se nos hicieron algunas consultas por escrito, pero nos pareció que sería bueno aprovechar esta visita a la comisión para tener un intercambio más directo con los señores senadores.

                Por otra parte, hay un proyecto de ley que ingresó en estos días para ser estudiado en esta comisión y –tal como lo comentamos con la señora presidenta– entendimos que también sería oportuno aprovechar esta oportunidad para informarlo.

                Con respecto al primer proyecto de ley, que refiere al establecimiento de un régimen más favorable para los comercios que son monotributistas o están incluidos en el literal E), en el sentido de generar condiciones que faciliten la transición en el proceso de formalización de estos comercios, se plantea la posibilidad de que se computen parcialmente las ventas que se realizan con medios electrónicos. Hay una razón para ello y es que el uso de los medios electrónicos está creciendo. En tanto se da un mayor uso de estos medios –me refiero a los comercios en general, pero sobre todo a los pequeños–, el blanqueo de la operativa que se realiza puede generar algunas dificultades para avanzar en este proceso de formalización. A fin de atender esa realidad, se plantea la posibilidad de que se les compute parcialmente, en un proceso gradual al cabo de un determinado período –eventualmente, con porcentajes decrecientes–, las ventas con tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico o tarjetas de crédito, a los efectos de que no se genere un salto inmediato para esas empresas que están en una categoría de monotributistas hacia el literal E) o del literal E) al régimen general como contribuyentes. Ese es el espíritu y el objetivo del proyecto de ley. Cuando compareció en la comisión el gerente general de Cambadu se aprovechó esta iniciativa para conversar, en general, sobre la marcha del proyecto de ley de inclusión financiera y, en particular, sobre toda la cuestión arancelaria y cómo impactan los aranceles en la actividad comercial. Me parece que esa era la consulta específica que se nos había hecho.

                Con respecto a este punto y antes de entrar en detalles en esta cuestión, quiero señalar que hay un elemento importante a tener en cuenta y es que el uso creciente de los medios electrónicos es una tendencia que se viene registrando en todo el mundo desde hace mucho tiempo. En ese sentido, Uruguay estaba bastante rezagado. Es un proceso que no solo se está dando en los países desarrollados, sino que en los propios países de la región se tiende a una utilización cada vez más intensiva de los medios electrónicos.

¿Qué se ha tratado de hacer a través de las políticas públicas que se han venido implementando? Se ha pretendido acelerar ese proceso. De alguna manera se intenta generar incentivos para que esa transformación en el funcionamiento del sistema de pagos se dé más rápido de lo que naturalmente se hubiera dado. De hecho, en lo que tiene que ver con las tarjetas de débito, hemos tenido un crecimiento muy acelerado en su uso. Si comparamos la situación actual con la que teníamos hace dos años, previo a la implementación de la devolución de los puntos de IVA, veremos que las operaciones con tarjetas de débito se han multiplicado casi por diez.

La realidad es totalmente distinta en el caso de la tarjeta de crédito porque la Ley de Inclusión Financiera no ha sufrido ninguna modificación respecto a su uso como medio de pago. 

Esta cuestión estuvo planteada explícitamente, es decir, no se promovía ni se estimulaba el uso de la tarjeta de crédito sino que se incentivaba el uso de la tarjeta de débito en sustitución del efectivo. Para el consumidor es una modalidad diferente de utilizar el dinero que tiene, a diferencia de la tarjeta de crédito que implica que está comprando sin tener el dinero y, por lo tanto, potencialmente endeudándose.

Efectivamente, hubo un crecimiento acelerado del uso de la tarjeta de débito que se hubiera dado en el tiempo y en cualquier circunstancia porque esa es la tendencia que el consumidor, como tal, está marcando en todo el mundo. Dada esa tendencia general y la aceleración debida a los incentivos que se implementaron desde las políticas públicas, la preocupación central fue generar condiciones para que el pequeño comercio no quedara excluido de todo este proceso. En ausencia de medidas específicas hacia el pequeño comercio, la consecuencia hubiera sido que esa tendencia a un mayor uso de los medios electrónicos le generara una situación de exclusión o de perjuicio porque era el que accedía en peores condiciones a ese sistema. Recordemos que cuando empezamos a trabajar en estos temas, los aranceles estaban en un máximo de 7 %, pero lo pagaban los pequeños comercios porque los de mayor porte económico estaban en condiciones de negociar aranceles bastante menores. Por lo tanto, los comercios medianos y grandes no pagaban ese 7 %.

En el caso de la tarjeta de débito, se logró bajar el arancel del 7 % al   2,5 %, lo que benefició esencialmente al pequeño y al mediano comercio porque los grandes comercios ya estaban pagando este arancel.

Repito que todo esto tiene que ver con el proceso de uso creciente de los medios electrónicos, que es una tendencia natural. Lo que se intentó desde las políticas públicas fue generar condiciones de acceso igualitario para los pequeños comercios a los efectos de que todo este proceso no redundara en un perjuicio para ellos. De hecho, la rebaja inicial de aranceles se profundizó. A partir de enero de este año, hubo una rebaja adicional y el máximo de aranceles con tarjeta de débito se redujo a 2,35 %. Además, a partir del 1.º de julio habrá una nueva reducción del arancel máximo con tarjeta de débito que lo llevará a 2,2 %.

Con la preocupación y el foco en el pequeño comercio, en las conversaciones con los emisores de estos medios de pago se acordó un tratamiento preferencial para ese sector y, desde enero de este año, tienen un arancel máximo para tarjetas de débito de 2 %. Hay un cronograma por el que se va a seguir bajando este arancel a medida que se incremente el uso de la tarjeta de débito y llegará al 1,5 %.

Se ha discutido si el arancel actual del 2 % es elevado o no para los pequeños comercios. Esto es bastante difícil de dilucidar. Al respecto, se pueden tomar como referencia algunas iniciativas legales que existen en países de la región. Por ejemplo, recientemente Paraguay legisló y estableció topes máximos para los aranceles; en el caso de la tarjeta de débito, fijó ese máximo en el 3 %. Hoy en el Uruguay tenemos un arancel que surge de la operativa del mercado y es sustancialmente menor al que fijó Paraguay por ley.

Ahora bien; ¿cuál es la particularidad que tiene este negocio? Que es esencialmente de escala. El costo adicional que genera procesar cada una de las transacciones es muy pequeño; el costo fundamental es fijo y tiene que ver con las inversiones que se tienen que hacer en materia de seguridad y de contingencias. Buena parte del sistema de pagos de nuestra economía está pasando por estas operaciones y, por lo tanto, es fundamental que ese sistema funcione de manera segura y que tenga continuidad. Todo esto requiere inversiones muy importantes en tecnología, que es un costo fijo. Por lo tanto, la lógica de que el arancel va a ir bajando a medida que aumente el uso de la tarjeta de débito responde a ese criterio. A medida que haya una mayor utilización de las tarjetas de débito, esos costos fijos elevados se van a poder diluir en una masa mayor de transacciones. Esa es la lógica que está por detrás de este cronograma de reducciones sucesivas que se han venido dando después de un salto inicial grande, ya que realmente un 7 % de arancel para una tarjeta de débito a todas luces era absolutamente irracional. Después del salto inicial del 2,5 % pasamos al 2,35 %, luego al 2,20%, después al 2 % para los pequeños comercios y seguiremos con ese cronograma hasta llegar al     1,5 %. Esa es la hoja de ruta que tenemos y cuando lleguemos al 1,5 % evaluaremos cómo seguir hacia adelante.

                Otro de los temas planteados era el de los tiques de alimentación. Coincidimos con Cambadu –lo hemos dicho públicamente– en cuanto a que la situación actual de los aranceles de los tiques de alimentación no es razonable. Los tiques de alimentación son el equivalente a una tarjeta de débito, a un instrumento de dinero electrónico, porque no implican ningún crédito. Entre la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito hay una diferencia fundamental porque el que emite una tarjeta de crédito y da la posibilidad de utilizar ese instrumento para pagar está asumiendo el riesgo de que la persona no pague. Cada uno podrá medir ese riesgo, pero no es lo mismo que utilizar una tarjeta de débito que usa el dinero que la persona tiene depositado y no hay ningún riesgo de crédito. Los tiques de alimentación tienen esa misma lógica: el empleador deposita el dinero en ese instrumento –que antes era en papel y ahora es electrónico– y, por lo tanto, no asume ningún riesgo. A nuestro entender, debería ser un instrumento que funcionara de forma análoga a la tarjeta de débito, tanto en el arancel como en el plazo de pago, que es otra de las preocupaciones que razonablemente tienen los comerciantes. En el caso de la tarjeta de débito, hemos logrado que, a  partir de julio o agosto, el plazo de liquidación de las operaciones con tarjeta de débito pase de 48 a 24 horas, es decir que el comerciante recibiría el dinero al día siguiente de la transacción. Por consiguiente, tanto en el arancel como en el plazo de pago, el tique de alimentación debería funcionar de forma análoga a una tarjeta de débito. Sin embargo, en la actualidad es diferente porque tiene aranceles y plazo de pago mayores.

                Hemos mantenido varias reuniones con los emisores de los tiques de alimentación y, a partir de allí, logramos que se introdujeran algunos cambios y se iniciara un proceso de mejora respecto de la situación anterior. Hoy los aranceles de los tiques de alimentación en formato electrónico son más bajos que los que había con los tiques en papel. Si bien ha habido una mejora, entendemos que sigue siendo insuficiente. Recordemos que cuando los tiques eran en papel los comerciantes llegaban a pagar hasta el 9 % de arancel. Por lo tanto, este no es un problema de ahora, sino algo histórico.

                Tanto en esta comisión como en todo el Parlamento el tema de los aranceles siempre estuvo arriba la mesa, pero se manejaban los aranceles de las tarjetas de crédito y las de débito y no el de los tiques de alimentación. ¿Por qué surge ahora cuando el arancel es más bajo? ¿Por qué Cambadu plantea la dificultad con los aranceles? Cuando el tique era en papel muchos comerciantes no asumían el costo del arancel porque utilizaban el tique que recibían para pagarle al mayorista. Eso implicaba desnaturalizar lo que era el tique de alimentación. Dicho tique tiene un tratamiento favorable desde el punto de vista de las contribuciones a la seguridad social con exoneraciones porque apunta a la alimentación del trabajador, pero el fin no era que el comerciante lo utilizara para pagar a su proveedor. El mecanismo que existía y podía estar más o menos extendido es lo que explica que, a pesar de que el arancel bajó, el tema del arancel de los tiques de alimentación hoy es un problema. Por lo tanto, coincidiendo con Cambadu, entendemos que debemos seguir en la línea en la que hemos venido trabajando, que busca alcanzar soluciones que compatibilicen la actividad que se viene desarrollando por parte de estos emisores con el hecho de mejorar permanentemente las condiciones en las que los comerciantes acceden a este instrumento. Reitero que, coincidimos con Cambadu, pero pensamos que debemos seguir profundizando en esta línea de acción.

                De todas maneras, el proyecto de ley que está a consideración no tiene relación directa con estos temas porque del planteo que realizó Cabrera en algún momento y de las consultas que nos hicieron llegar surge que, como consecuencia del proyecto de ley, se estaría obligando al monotributista o a los incluidos en el literal E) a aceptar los medios electrónicos, pero eso no es así. No se genera la obligación para el literal E) o para el monotributista de aceptarlo; simplemente se mejora la situación actual. Hay una mejora respecto a la situación actual en el sentido de que se da una herramienta al pequeño comerciante para ir encauzando gradualmente el proceso de formalización.    

                A partir de un instrumento contemplado en la ley de inclusión financiera, dimos al comerciante la posibilidad de decir: «Yo no quiero trabajar con la tarjeta de crédito, pero sí con la de débito». Antes eso no era posible porque los emisores obligaban al comerciante a que fuera un paquete. Hoy ese paquete ya no existe, porque la ley no permite condicionar de esa manera al comerciante.

Entonces, si el comerciante no quiere aceptar una tarjeta de crédito, está en toda su libertad de hacerlo. Ahora bien, promovemos y tratamos de generar condiciones para que acepten la tarjeta de débito. Ese uso creciente de la tarjeta de débito puede generar mayores ventas y, por lo tanto, un salto casi automático del umbral de monotributista o del literal E) a las categorías siguientes. El proyecto de ley les da tiempo para ir procesando gradualmente esa transición.

                Ese es el objetivo del proyecto de ley. Nos parece razonable que la discusión se dé en paralelo con los aranceles. En términos de aranceles, por ejemplo –yendo directamente a algunas de las consultas que nos planteaban–, no resulta factible pensar que el arancel para el pequeño comercio pueda ser cero. Es decir, el funcionamiento de estos sistemas tiene un costo porque, en definitiva, hay un montón de inversiones que se deben hacer para que esto funcione.

                Al mismo tiempo, pensemos en el caso de las estaciones. La sustitución del efectivo también genera ahorros a las empresas. Cuando el proceso es gradual, el ahorro que se genera no es tan directo, pero cuando se produce de manera más acelerada hay un montón de gastos o de riesgos asumidos por el comerciante que deja de tenerlos. En el caso de las estaciones, por ejemplo, hoy muchas veces incurren en costos de traslado del efectivo con un blindado o con un guardia de seguridad para escoltarlo. Eso se dejaría de tener y también los propios costos derivados de los robos de que son objeto por manejar efectivo. Eso significa una mejora en términos económicos, además de mayor seguridad y mejores condiciones para la vida del trabajador.

                Creemos que tenemos que seguir haciendo los máximos esfuerzos para reducir los costos de los aranceles –como hemos venido haciéndolo– y que el incremento de los medios de uso de pago va a generar condiciones para seguir bajando el costo para el comerciante. En el caso de los tiques de alimentación, pensamos que es donde hay que poner un foco más intenso para lograr una mejora más rápida en las condiciones de uso para el comerciante además de las mejoras ya registradas.

                Estas son las consideraciones que quería hacer con respecto al proyecto de ley. No sé si entienden oportuno hacer preguntas o continúo con el otro.

SEÑOR DELGADO.- La verdad es que la explicación del economista Vallcorba echa un poco de luz y, quizás, genera un poco más de alivio sobre cuál es el cronograma o por lo menos el objetivo del Gobierno sobre este tema.

                Tengo que ser franco: en realidad, en las últimas reuniones que hemos tenido con centros comerciales del interior, este tema estuvo sobre la mesa en todas las ocasiones, diría que en un triple sentido. El primero, tiene que ver con los aranceles –estoy hablando de los centros comerciales e industriales relacionados con el comercio minorista– y las diferencias que hay con las grandes superficies. El segundo, se relaciona con los plazos para que se acredite el monto de la compra. El tercero, está vinculado al tema de la compra mínima y de las facturas. Son los tres temas que se plantearon, por lo menos en las reuniones en que hemos estado; en algunas coincidimos hasta con el señor senador Heber.

                El tema de los aranceles –empiezo por ese– tiene que ver, y así lo plantean, con que el Estado tomó una decisión. Hasta ahora la decisión de utilizar un medio electrónico entre el consumidor y el vendedor era absolutamente voluntaria; podía haber beneficios, pero terminaba siendo voluntaria. La ley establece, por un lado, la obligatoriedad –tema discutible– y, por otro, algunos beneficios para usar medios electrónicos. Entonces, ya no es un beneficio que se va a dar en determinadas circunstancias o por la propia tarjeta –en cualquiera de las dos modalidades: crédito o débito–, sino que está establecido por ley. Por lo tanto, hay una decisión del Estado en generar una política que determine un rumbo para que la gente cambie, incluso, sus costumbres al utilizar medios electrónicos. Nos decían que en esa circunstancia, obviamente, si bien la lucha a veces es complicada o desigual entre las grandes superficies y los pequeños comercios, en este caso, al hacerlo obligatorio, y además tener beneficio por hacerlos por esta vía, cuando los aranceles son dispares entre grandes superficies y los comercios minoristas, el tema se complica. Nos planteaban situaciones –aunque tenemos varias que son muy puntuales– que con mucho gusto después se las haremos llegar –incluso están mencionando aranceles diferentes al que utiliza el economista Vallcorba–, pero le pediría que profundice sobre el cronograma de reducción de los aranceles. Es un tema que estamos estudiando y no es fácil. Hablo de los dos casos: de la tarjeta de débito –que obviamente no genera ningún tipo de financiamiento porque es un tema de depósito y el débito contra ese depósito– y de crédito, porque en definitiva la inclusión financiera abarca las dos. En el caso de la tarjeta de crédito discrepo con el tema de que  haya mayor nivel de riesgo, porque hoy las tarjetas establecen un seguro sobre saldo, que es otra discusión. Se trata de las tasas que utilizan las tarjetas sobre los seguros sobre saldo que no todas son iguales y en algunos casos en realidad asombran. Es más, conozco personas que han realizado reclamos contra las tarjetas y le han devuelto plata.

 Estos eran los tres temas que quería plantear aprovechando la instancia y el hecho de que manejaron el tema de la preocupación por los centros comerciales, los comercios minoristas, los aranceles y el tema de factura mínima y compra mínima. Sería bueno –en la medida que establezcan un cronograma porque es notorio que los aranceles han bajado, y me parece que es una línea absolutamente positiva– saber cómo sigue la historia hacia adelante.

SEÑOR MUJICA.- Voy a trasladar alguna observación de un trabajo que en mi zona hemos hecho con productores de verdura.

                A esta altura hay que luchar para que los sistemas de tarjeta, y sobre todo de tarjeta de débito, se masifiquen a nivel de lo ridículo porque de lo contrario asistimos a un proceso de competencia desleal a favor de la concentración de capitales de la riqueza y es una fuente de creación indirecta contra la competencia. ¿Por qué digo esto? De un prolijo estudio del precio de la verdura y de la fruta en las grandes superficies se llega a esta conclusión: es espantosa la diferencia que hay con respecto a lo que pasa en las ferias vecinales o donde la línea comercial es más directa. Esto actúa en dos extremos: obliga a los productores a vender muy barato a las grandes superficies, además de financiarles a largo plazo. Frecuentemente, se hacen financiaciones a 60 o 90 días, por ejemplo, en el caso de los tomates. Eso hace pensar que estamos frente a una verdadera calesita financiera.

                Como la gente no dispone de medios en efectivo por todo lo que está pasando, tiene que ir a comprar a las grandes superficies. En mi barrio hay una firma que está produciendo dos mil sopas por día y las envasa en una bolsita. El precio de esa sopa es un robo respecto a lo que tiene adentro, pero se vende como pan caliente.

                Hay que democratizar el sistema de manera que los pequeños puedan ser competencia respecto a los grandes. Es más; pienso que hay que formalizar hasta los que venden en la calle, para que tengan las mismas herramientas que los otros. De otro modo, se produce una diferencia tan enorme que termina siendo una herramienta más de la concentración de la riqueza. Las grandes superficies se han transformado en un elemento financiero más que comercial; es más importante la calesita de carácter financiero debido a los sistemas de crédito que mencioné antes. Para poder venderles, tengo que negociar el lugar que ponen mi producto en la góndola, tengo que aceptar el tiempo de pago y si quiero acelerar este tiempo, tendré que pagarles  intereses. Se producen situaciones dramáticamente ridículas. Si quieren que les dé datos, se los puedo proporcionar personalmente. Es más; cuando el Gobierno hace un acuerdo de fijación de precios con las grandes superficies, le imponen reliquidaciones hacia atrás del precio convenido de lo que vendieron, a los productores nacionales. Quiere decir que el acuerdo de precios no lo paga la cadena sino los productores.

                Por lo tanto, si se da al pequeño comercio las mínimas condiciones, le vamos a dar una oportunidad al hombre o a la mujer común y corriente para que puedan comprar en un lugar distinto a las grandes superficies. Me parece que eso puede ser relativamente saludable y evitaría que se produjera una dicotomía en la realidad. Por eso estoy a favor de que esto se masifique.

SEÑORA MOREIRA.- Quiero hacer una reflexión general sobre la fantasía del fin del dinero billete y la generalización del dinero plástico. En cuanto a este tema, en Brecha se publicó un artículo sobre las resistencias que hay en Europa respecto al abandono del dinero físico. Se expresa que en Alemania solo el 50 % de la población usa tarjetas de crédito y de débito. Ello ocurre por dos razones. En primer lugar, por la privacidad; el uso de dinero físico genera condiciones de privacidad sobre gastos y consumo que obviamente no las da el dinero plástico. Quiere decir que hay una resistencia en el mundo con relación a las tarjetas por el tema de la privacidad. En segundo término, por el poder de los bancos. Como dijeron los representantes de Cambadu cuando nos visitaron, el dinero plástico, o sea, la generalización de la tarjeta de débito y de crédito, fortalece el poder de los bancos. En un contexto donde el capital financiero se devora al capital productivo, creo que vale la pena dar esa discusión.

                Entonces, en ese semanario que mencioné está el artículo sobre cómo se usa el dinero en Europa y las resistencias que están planteadas. Creo que como paño de fondo no podemos asumir sin más que va a desaparecer el dinero papel y que va a ser sustituido por tarjetas de débito y de crédito.

Por otra parte, creo que se comprendió que no es impositivo sino que es voluntario. El economista Vallcorba se refirió a que había una confusión en relación con el proyecto en cuanto a que se creía que será obligatorio y no que los comercios adherirán voluntariamente al sistema. Capaz que me equivoco, pero creo que eso se comprendió. Las grandes críticas refieren al tema de los aranceles por parte del pequeño comercio.

En la Comisión nos enteramos de lo relativo a los tiques de alimentación. Me parece que sería importante que el Ministerio de Economía y Finanzas tomara cartas en el asunto porque es disparatado que cobren entre el 7 % y el 9 %, siendo que los tiques de alimentación son un equivalente directo del dinero. En esta comparecencia ante la Comisión también queremos trasladarles esta preocupación porque, por un lado, incentivamos el uso de los tiques de alimentación y, por otro, pasa esto. Creo que son unos usureros. Creo que las tarjetas de créditos también son usureras porque el 4,5 % -que no sé si es el punto de convergencia o lo que están usando las tarjetas de crédito– no se corresponde con el riesgo real que corren. Dicen que mandan la tarjeta por correo, pero a la mayoría de la gente le piden un depósito para el usarla y el crédito que conceden está en relación directa con el depósito que se hace. Además, tienen seguros, el 4,5 % y la devolución a 21 días. Sé que la ley de inclusión financiera sirvió y mucho para este tema, pero creo que los aranceles de las tarjetas de crédito siguen siendo altos. Considero que lo que está generalizado es el uso de la tarjeta de crédito y no el de la tarjeta de débito. Sé que esto es para tarjeta de débito, para los monotributistas, pero vale la reflexión general porque me parece que la intención de pedirles que vinieran en la mañana de hoy tiene que ver también con la información de los tiques de alimentación que se publicó en la prensa. No me importa que Cambadu reaccione ahora porque antes cambiaba los tiques de alimentación por otra cosa. Eso no me importa, pero si vamos a estimular la generalización de los tiques de alimentación, no pueden tener esos aranceles. Eso es usura. Las tarjetas de crédito tienen aranceles extremadamente altos y una gran cantidad de gente que no las va a usar. En la feria es imposible pagar con tarjetas y nosotros estimulamos que la gente vaya a la feria en un contexto inflacionario. ¿Por qué estimulamos esto? Porque queremos que el consumidor se haga responsable de los precios. Ese es uno de los mecanismos para controlar la inflación; lo usaron los brasileros con el real. Se trata de apoyar la conciencia de los consumidores para que comparen precios entre distintos comercios. Todo el mundo sabe que los productos en la feria están más baratos y los feriantes no van a trabajar con tarjetas. No lo van a hacer. Si uno va a la feria paga con plata.

                Me parece que el proyecto de ley está muy bien; incluso, Cambadu lo encuentra interesante, pero la realidad es que de 35.000 monotributistas solo 4.200 están asociados a estos medios de pago. Esto tiene que ver con otras cosas, como la capacidad de formalización que tienen los monotributistas. Hay que tener claro que la formalización cuesta.

                Una de las intenciones de esta invitación era trasladarles la preocupación por el tema de los tiques de alimentación y que el Ministerio de Economía y Finanzas haga algo al respecto. No tiene nada que ver con el proyecto de ley, pero es algo que está presente y nos parecía importante trasladarles esta preocupación. 

                Otro asunto que quiero plantear refiere a las estaciones de servicio y al tema de los pisteros comunes y silvestres. Tienen una cantidad de prejuicios sobre el dinero y que los vayan a robar. Algo hay que hacer sobre eso porque están acostumbrados a cobrar en efectivo. He escuchado muchos disparates en este sentido, pero algo importante a tener en cuenta es que no  hay cajeros en todos lados. Para ellos tener la plata contante y sonante es sinónimo de que van a poder cobrar en todos lados. En verdad, la distribución de los cajeros automáticos, salvo el Banco de la República –que hace un gran esfuerzo para estar en todo el país–, dista de ser democrática. Hay problemas con los cajeros automáticos y esto es algo que tiene que ver con las otras cosas que hay que hacer para que esto funcione. Es cierto que a las estaciones de servicio les cuesta este cambio y también que hay un rechazo cultural al uso de las tarjetas. A mí esto me parece increíble; hace muchos años que uso tarjetas de crédito y de débito, pero el pensamiento de la clase media no condice con los patrones de consumo de los informales, de la gente más pobre.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entendemos que lo relativo a los tiques de alimentación no estaba dentro de este tema, pero se aprovechó esta oportunidad para plantearlo.

                Por otra parte, está claro que los cambios cuestan y más aún cuando culturalmente estamos habituados a otra cosa. Sin embargo, teniendo en cuenta la progresividad que plantearon en cuanto a que se bajó del 7 % al 2 %, que del 2,5 % pasó al 2,2 % y que la idea en el cronograma es llegar al 1,5 % y con la intención de incluir a todos en el sistema, queremos plantear la posibilidad de que se den algunas concesiones especiales a los comerciantes más pequeños. Quizás durante este año y el próximo el arancel para ellos podría ser cero y se les podría dar el POS sin costo. Aquí se ha hablado del cronograma y de ir bajando el arancel hasta llegar al 1,5 %. Ante esto me pregunto por qué no hacer también un cronograma a la inversa, es decir, que en la medida en que ellos se vayan incluyendo en el sistema, progresivamente suban hasta llegar también al 1,5 %. Entonces, partimos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para encontrarnos en un mismo nivel.

                Entiendo que eso tiene un costo, pero la pregunta es por qué el arancel de este año y el próximo para quienes se incluyan en el sistema no lo puede asumir el sistema financiero y no el comerciante.

SEÑOR DELGADO.- El planteo de la señora senadora Moreira tiene mucho sentido común. Días pasados, estuve en Cardal y cuando me dirigía a Fray Marcos me comentaban que Cardal es un caso tipo de una población muy envejecida, ya que casi la mitad de sus habitantes son jubilados. El Banco de Previsión Social dejó de enviar los pagadores de jubilación y les dijeron que a partir de ahora cobrarían por medios electrónicos. El problema es que allí hay un solo cajero y no tiene convenio con las redes de pagos ni con el BPS. Por lo tanto, de ahí a Fray Marcos no hay cajeros habilitados que tengan convenio con el BPS y todos los jubilados tienen que tomar un ómnibus para ir hasta San Ramón a cobrar su jubilación. Esto les resulta mucho más caro y, además, hay gente que no lo puede hacer y obviamente tendrá que hacer un poder. Esa es la realidad de muchos lugares del interior del país. También sucede en muchos barrios de Montevideo, pero quizás aquí hay mayores posibilidades de acceder a un cajero. Lo cierto es que en una gran cantidad de localidades del interior no hay y, a veces, en las que si hay no existe convenio con los organismos para poder pagar. Son esas cosas del Estado que con el fin de lograr un buen objetivo terminan generando un perjuicio para los usuarios.

SEÑOR HEBER.- Quiero agregar un comentario a este concepto porque hay que tener en cuenta que la realidad es muy diferente de lo que se piensa. Días pasados estuve en Capilla del  Sauce y me decían que para poder pagar la luz o el agua tienen que tomar un ómnibus, lo que en algunos casos llega a ser más caro que la propia factura. Estas personas no tienen opción porque, si no pagan, les cortan el servicio; la luz les cuesta más cara que al resto porque tienen que pagar el transporte para abonarla.

                En consecuencia, me pregunto si no habría que dar facilidades para que la gente empiece a usar el sistema y que pueda pagar sus facturas en las localidades del interior. No imagino que en un boliche de campaña se pueda usar la tarjeta.

SEÑOR MUJICA.- Es al revés, la tarjeta de débito tiene que servir para que la gente tenga plata, si la precisa.

SEÑOR HEBER.- Acepto los esfuerzos que está haciendo la Administración en cuanto a bajar los aranceles, porque desde lo que estaba mencionando el economista Ferreri a lo que era la realidad cuando recibimos a la delegación de Cambadu, ha habido una mejora sustancial y me alegro que se alcance el 1,5 %. Pero, ¿no habría que poner un tope como en Paraguay? Quizá sea disparatado o distorsionemos el mercado pero, ¿por qué no poner un tope? Aunque sabemos que no es obligatorio, la misma realidad va empujando porque se empieza a utilizar este sistema. Pero hay gente que tiene dificultades para acceder a su sueldo y para pagar los servicios del Estado. No hemos  logrado que la gente pueda pagarlos cerca de su casa. Como decía el señor senador Delgado, estamos viendo las dificultades que se dan en la práctica.

SEÑOR DELGADO.- A veces los cajeros se quedan sin plata.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Sin duda, este es un proceso que implica un cambio cultural y, para que se vaya dando, se requieren incentivos y que los diversos actores hagan inversiones en tecnología. Las políticas públicas tienen que ir calzando con el cambio cultural y con las inversiones en tecnología que son necesarias. Por supuesto, durante este proceso se podrá sustituir el retiro de dinero en efectivo por el dinero electrónico, pero nunca –o por lo menos a muy largo plazo– el dinero físico no va a desaparecer. Nosotros no estamos pensando en que eso sea posible a muy corto plazo. En algunos casos, los cambios culturales o las resistencias culturales están afectadas a cuestiones de privacidad. En realidad, a mí me gusta decir que son avances hacia la transparencia. No debería ser un problema que se sepa cuáles son los niveles de gasto de los ciudadanos. Si compra bombones de chocolate o de frutilla es un tema de fuero íntimo, pero que se conozcan los niveles de gasto de los ciudadanos no debería ser un problema o tendría que ser parte de los debates que deberíamos dar sobre los cambios culturales. 

                Lo ideal sería que se extendiera el uso por la masificación de quienes tengan los elementos electrónicos de pago para los usuarios, pero también por la generalización de la disponibilidad por parte de los comerciantes. Con respecto a estos últimos, coincidimos en que la masificación tiene que llegar a los niveles más micro. En algunos casos puede haber problemas tecnológicos asociados, por ejemplo, a las redes de POS. Vale destacar que el hecho de que el POS sea gratuito para los comerciantes está contemplado; en sí el POS está subvencionado porque su costo se toma a cuenta del pago de impuestos y, por lo tanto, el arrendamiento del POS no genera un costo adicional. El avance de la tecnología en casos micro como, por ejemplo, el de los feriantes, nos va a permitir avanzar en esa materia. Hoy por hoy, la red básica para utilizar los medios de pago está sustentada en los POS y la tecnología permite que sean inalámbricos, pero igual generan dificultades. Los medios de pago van en camino a la desaparición de los POS en el mediano plazo y, en realidad, se dirigen a la utilización de otro canal, que es el de los celulares.

Seguramente nosotros iremos avanzando en base a experiencias en esta materia en las que estamos trabajando –está trabajando el ministerio de economía junto a la intendencia de Montevideo– en el caso de los taxis. Esa será una primera experiencia masiva en la que seguramente lo que se promueva no sea la instalación de POS, sino que el esquema de pago esté sustentado sobre los aparatos celulares. La idea es que, a partir de estas primeras experiencias, podamos ir avanzando y coincidimos plenamente en que debe haber equidad para competir en este aspecto, que se pueda acceder a tecnología más barata y que esto pueda ser utilizado en todos los lugares. Quizás en algún momento alcancemos un porcentaje mayor que el de Alemania en cuanto a utilización de las tarjetas.

                Con respecto a los tiques de alimentación, debo decir que es una preocupación compartida y, de hecho, no es nuestra intención fomentar su utilización ya que, por el contrario, no es algo que nos guste demasiado.

                En cuanto a la masificación de cajeros en el interior, debo decir que en realidad lo que es necesario es la disponibilidad de acceder a dinero en efectivo, pero no tener cajeros en todos lados. En realidad, instalar cajeros en todos los lugares es económicamente inviable. Por eso el ministerio de economía está trabajando con el Banco Central en una solución que se conoce a nivel internacional como cashback, esto es que con la tarjeta de débito se puedan realizar pequeños retiros de dinero en los comercios, boliches, etcétera. Esto está en consonancia con lo que planteaba el senador Mujica, es decir que con la tarjeta de débito uno pueda ir a un comercio de Cambadu y hacer un retiro, por ejemplo, de $ 500. Habría que definir el tope de ese retiro, que podrá ser de $ 200, $ 500, $ 1.000; eso será algo para calibrar. Eso permitirá multiplicar de manera exponencial los puntos de retiro de dinero. La única forma de andar sin dinero encima es saber que se podrá acceder en cualquier momento a un retiro. Y, como dije, es económicamente inviable hacer esto a través del esquema de cajeros. Estamos trabajando en esta solución que con seguridad en pocos meses estaremos implementando.

                ¿Por qué el costo de las transacciones no puede ser cero? Por la sencilla razón de que nadie va a trabajar gratis. Podemos generar un calendario y «apretar» los aranceles, pero nadie genera un trabajo sin costo o sin precio. Si dijéramos que el arancel es cero, seguramente ocurra que nadie brinde el servicio. Lo que sí se pueden ir generando son mecanismos de disminución de esos aranceles, estableciendo aranceles privilegiados para los pequeños comercios y otros que se discutan caso a caso para aquellas situaciones en las que vamos haciendo obligatorio el retiro del dinero. En este sentido, estamos trabajando en dos casos: el de las estaciones de servicio y el de los taxis. Estas situaciones son diferentes a las demás y esperamos que se vaya dando en otros casos. Si solo se pueden utilizar medios electrónicos de pago, ahí sí se deben generar aranceles especiales y estamos trabajando para que sean los más pequeños posibles. Si bien actualmente se utiliza en mayor medida la tarjeta de crédito, nosotros queremos poner el foco, con el esfuerzo fiscal que hace el Estado, en las tarjetas de débito. En realidad, no es intención de este proyecto fomentar el endeudamiento de las familias sino que, por el contrario, se trata de fomentar la utilización de los medios electrónicos de pago, fundamentalmente con las tarjetas de débito. En esa línea, tenemos un calendario fijado, más que en fechas, en compromisos de volumen. Es decir, cuando se alcance determinado volumen de transacciones, se bajará el arancel a equis por ciento, en función de escalones de volumen. Ese calendario ha sido alterado –con respecto a la idea inicial– en más de una oportunidad porque se aceleró. Es decir que logramos que sobre el calendario pactado se dieran rebajas con volúmenes menores de los que estaban previstos. De esa manera hemos ido trabajando.

SEÑOR VALLCORBA.- Quería hacer algunas precisiones con respecto a lo que planteaba el señor senador Delgado sobre los aranceles.

                En realidad, en el caso de la tarjeta de débito no hay una diferencia entre el arancel que paga el pequeño comercio y el que paga la gran superficie. Es más, en algunas situaciones, seguramente, esté pagando un arancel mayor la gran superficie que el pequeño comercio. Precisamente, hemos logrado un acuerdo por el cual el arancel máximo para tarjeta de débito del pequeño comercio sea un 2 % cuando la enorme mayoría de las grandes superficies están en el arancel máximo. Porque, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Cuando bajamos del 7 % al 2,5 %, prácticamente, las grandes superficies estaban pagando entre 2 % y 2,5 %  cuando el pequeño comercio pagaba 7 %. Cuando llevamos el arancel del 7 % al 2,5 % lo que hicimos fue eliminar la dispersión que había entre los comercios del mismo giro aunque, por ejemplo, las estaciones tienen aranceles distintos. Pero dentro de un mismo giro, poniendo en la misma bolsa las grandes superficies y el pequeño comercio, eliminamos la dispersión. En realidad, me animaría a decir que, a veces, las grandes superficies pagan lo mismo que el pequeño comercio –es decir, ese arancel del 2 %– o, en algunos casos, hasta pagan más. Esto nos parece que es un avance bien importante para generar condiciones para esa masificación y para un acceso más igualitario en el uso de esta tecnología. El plazo de pago para el débito lo hemos bajado a 24 horas, a partir de la próxima semana. Es decir que también hay una mejora significativa.

                La compra mínima, que era otro de los puntos que planteaba el señor senador Delgado, va a formar parte de un proyecto que vamos a enviar y que tendremos oportunidad de discutir, en su momento, en mayor profundidad. En la medida que el arancel es un porcentaje, en nuestra opinión, no hay un fundamento como para decir que para una compra de $ 10 significa un perjuicio y para una compra de $ 1.000, no. En definitiva, si es un 2 % va a tener el mismo peso relativo en una compra grande que en una chica. Por lo tanto, no vemos razones para que a un comercio que decidió voluntariamente –reitero que no es obligatorio– aceptar un medio de pago electrónico como la tarjeta de débito, se le ponga un mínimo. La tarjeta de crédito la dejamos totalmente por fuera, es decir, si se le quiere poner un mínimo; si se quiere establecer un descuento, por ejemplo, por pago contado y no hacerlo con tarjeta de crédito, el comerciante está en todo su derecho. Estamos tratando de generar condiciones para que el débito y el efectivo funcionen de manera análoga.

                El cronograma es un compromiso que asumieron los emisores que fue presentado por ellos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y, lo que podemos hacer es enviarlo a esta comisión. Allí se establece, como decía el subsecretario, un cronograma en función del volumen de ventas para ir rebajando con tendencia a llegar al 1,5 %. Lo que se ha hecho, como señaló el subsecretario, fue adelantar los escalones y el 2, 2 % que regiría a partir del 1.º de julio, en realidad, seguramente se hubiera tenido que aplicar a partir del 1.º de enero próximo. En este sentido, hicimos un acuerdo para adelantar y tratar de generar mejores condiciones para su funcionamiento. Vamos a enviar a la comisión el detalle de ese cronograma y cómo sigue de ahora en más.

                Con respecto  a los cajeros –complementando lo que decía el subsecretario– nosotros hemos basado nuestra estrategia en tres grandes pilares, porque estamos convencidos –como decía el subsecretario– de que hay una suerte de paradoja.  Para promover el no uso del efectivo hay que asegurarse que se pueda acceder a él en cualquier momento; si se puede acceder en cualquier lugar al efectivo se puede andar sin plata encima. Para lograr eso hay tres niveles y el primero de ellos lo constituyen los cajeros automáticos. Queda claro que los cajeros automáticos son una herramienta que no puede llegar a todos lados y por eso estamos trabajando en una reglamentación que permita encontrar soluciones de tipo cooperativo para que los costos de instalación de un cajero se tengan que repartir entre todas las instituciones financieras. El hecho de que una institución se haga cargo del costo de un cajero puede llevar a que en determinadas localidades esa instalación no sea posible, pero cuando se trata de la iniciativa de todo un sistema se puede bajar un escalón y llegar con cajeros a zonas donde hoy eso no es posible. Esta es una primera estrategia en la que estamos trabajando y hay una segunda que refiere a los corresponsales financieros, que son puntos de atención a los usuarios de los servicios financieros, comercios que brindan todos estos servicios incluida la posibilidad de retirar efectivo, hacer depósitos o algún otro trámite. Es decir que se multiplican los mostradores que tienen las instituciones financieras para realizar esos trámites. Esta estrategia ha funcionado en muchísimos países de Latinoamérica que tienen una gran expansión de los corresponsales, aunque tienen diferentes nombres; a veces se les llama corresponsales bancarios o no bancarios. En Uruguay, el Banco Central los ha denominado corresponsales financieros y un ejemplo típico son las redes, pero puede llegar a ser cualquier comercio que como actividad accesoria a la principal desarrolla estos servicios, lo que también es una fuente adicional de ingresos. Se trata de un segundo escalón que permitirá llegar a lugares en los que no es posible poner un cajero, pero sí un corresponsal para realizar todos los servicios financieros, incluida la extracción de efectivo.

                La tercera estrategia es la que comentaba el señor subsecretario cuando decía que cualquier comercio que tenga un POS puede, al mismo tiempo, brindar pequeñas cantidades de efectivo. De esa manera se puede solucionar un problema que es real. Queda claro que el dinero en efectivo se va a seguir utilizando –no hay un planteo de que vayamos a ir hacia una economía sin dinero–, por lo que la posibilidad de obtenerlo es fundamental. En este sentido estamos trabajando junto a la OPP, que por definición tiene una presencia mucho mayor de la que puede tener el Ministerio de Economía y Finanzas, y con el Observatorio de Inclusión Financiera, que es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de la República, para hacer un mapeo en el territorio a fin de identificar las dificultades. Pretendemos ir a cada localidad para identificar cuáles son los servicios a los cuales se accede y definir acciones específicas para cada localidad pequeña, tratando de permitir que en todos lados se pueda acceder a estos servicios –como plantea el señor senador Mujica– en la línea de masificación del acceso para todos; para la gente y para los comercios.

                Estas son las líneas sobre las cuales hemos venido trabajando y lo vamos a seguir haciendo.

                En cuanto a la prórroga que se solicita para la ley de inclusión financiera, se trata de un proyecto de ley muy breve. Contiene un artículo único que plantea prorrogar la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210, es decir, la parte de la ley de inclusión financiera que está pendiente de reglamentar e implementar. El artículo 35 se refiere a las compras que superen las 40.000 unidades indexadas en las cuales se restringe el uso de efectivo; el artículo 36 habla de las compras superiores a las 160.000 unidades indexadas en las que además del uso de efectivo también se restringe el uso de los cheques comunes; el artículo 40 reglamenta la compra venta de inmuebles y el artículo 41 reglamenta la compra venta de automóviles.

                Hemos venido trabajando con diversos actores, en particular con la Asociación de Escribanos del Uruguay y con quienes actúan en los negocios inmobiliarios y de compra venta de automóviles, porque se nos plantea la necesidad de introducir una serie de ajustes a estos artículos para que su implementación sea lo más adecuada posible. En el caso de la compra venta de inmuebles y de automóviles se nos han hecho dos planteos –y en ellos hemos estado trabajando– y uno de ellos tiene que ver con la racionalización de las sanciones. Actualmente, las sanciones que prevé la ley son las mismas cuando hay un incumplimiento sustantivo –por ejemplo, cuando se paga la compra venta de un inmueble con efectivo– y cuando hay un incumplimiento formal,  por ejemplo, si el escribano omitió registrar en la escritura el medio de pago utilizado.

En todos los casos, la ley prevé que ese incumplimiento lleve a la nulidad del acto, que es una sanción muy fuerte y parece desproporcionada, dado que se trata de incumplimientos formales que pueden ser subsanables. Esa es una primera modificación que vamos a estar enviando en las próximas semanas y que prevé que se puedan subsanar los incumplimientos formales sin que ello le genere consecuencias al negocio jurídico en sí.

                La otra modificación tiene que ver con los negocios encadenados. Ese ha sido otro de los planteos que nos han hecho quienes operan en el negocio inmobiliario y de compraventa de autos. Hoy en día, muchas veces se recibe una letra de cambio por la venta de un inmueble y ese documento se utiliza para pagar la compra de otro inmueble que realiza la misma persona. De acuerdo con el artículo 40 de la ley de inclusión financiera, hoy no se habilitaría ese tipo de negocios y nos parece importante flexibilizar ese funcionamiento a los efectos de permitir que la operativa se siga desarrollando.

Al mismo tiempo, hay otro aspecto que refiere al artículo 36, que es la restricción a la posibilidad de que los cheques diferidos puedan ser endosables en la medida en que se establece que los cheques no pueden ser a la orden. Esto también podría generar alguna dificultad en el funcionamiento de la cadena comercial, sobre todo, de los pequeños comercios y nos parece importante introducir flexibilizaciones al respecto antes de que comience a regir la propuesta. Estaba previsto en la ley que esto empezara a regir el próximo 1.º de junio y nos parece importante tener más tiempo para enviar un proyecto de ley en el que se ajusten estos aspectos. Estoy hablando de darnos los tiempos necesarios, no solo para intercambiar puntos de vista con los distintos actores en la elaboración del proyecto de ley, sino también para que en el Parlamento se pueda dar una discusión a fondo de estas medidas.

Por lo tanto, se está planteando prorrogar la entrada en vigencia del 1.º de junio hasta el 31 de diciembre para que, de alguna manera, nos dé más tiempo para trabajar en esto.

                Hay otra modificación que quisiera  plantear con respecto al proyecto de ley enviado. En realidad, el inciso segundo del artículo 35 faculta la restricción del uso de efectivo en determinadas actividades por razones de seguridad. Por ejemplo, faculta a restringir el uso de efectivo en estaciones de servicio durante la noche a partir del próximo lunes. Este fue un elemento que no se tuvo en cuenta cuando se envió el proyecto de ley porque la modificación del artículo 35 tuvo lugar en la última ley de presupuesto; no estaba en la redacción original de la iniciativa y por eso no se tuvo en cuenta.

                Por lo tanto, proponemos que, en lugar de establecerse la prórroga de la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41, se establezca la prórroga de la entrada en vigencia de lo previsto en el inciso primero del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41. De esta manera, no se prorrogaría la entrada en vigencia del resto de los incisos, que es lo que nos faculta a establecer la restricción al uso del efectivo en el caso de las estaciones de servicio y, más adelante, en los taxis. El plazo es bastante justo dado que esto entraría a regir el 1.º de junio. Pedimos que se le dé trámite lo más rápido posible, a los efectos de evitar que entre a regir. Esto apunta a darnos los tiempos necesarios para discutir las modificaciones que comentaba.

SEÑOR DELGADO.- Esto tiene mucho que ver con la discusión que tuvimos recién. Se ha dicho que estamos muy justos de tiempo y, por la fecha en que estamos, es verdad. Esto debe tener sanción del Poder Legislativo; es un proyecto de ley que ingresó el 3 de mayo y hace referencia solo a cuatro artículos. Teniendo en cuenta las situaciones que describió el economista Vallcorba, que tienen que ver con la compraventa de inmuebles y automóviles, ¿el Ministerio de Economía y Finanzas ha chequeado que el resto pueda seguir tal como está previsto o sería necesario incluir algún artículo más? Si vamos a hacer el esfuerzo de aprobar un proyecto de ley en los tiempos en que hay que hacerlo –que es la semana próxima, seguramente en ambas cámaras–, sería bueno chequear si hay otras situaciones que necesitarían ser incluidas en la prórroga. Quizás después, a las apuradas, tengamos que ir reviendo situaciones. No digo que esté en contra; simplemente quisiera saber si están chequeadas el resto de las variables por si hay que incluir algunas cosas más.

SEÑOR VALLCORBA.- Son las únicas disposiciones de la ley que están pendientes de reglamentación porque las otras ya han sido reglamentadas; en algunos casos, están funcionando y, en otros, los cronogramas de implementación ya están previstos. Lo único pendiente de reglamentación son estos cuatro artículos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a la delegación de Ministerio de Economía y Finanzas la información que nos han brindado.

(Se retira de sala la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas).

                –Léase el artículo tal como quedaría redactado.

(Se lee).

                «Artículo Único.- Prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2016 la entrada en vigencia de lo previsto en el inciso 1.º del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014.»

                –En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa.           UNANIMIDAD.

                He sido propuesta como miembro informante.

                No habiendo más asunto, se levanta la sesión.

(Son las 11 y 58 minutos).