Retorno a página principal

Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:09).

                –Dese cuenta de un asunto entrado.

                                    (Se da del siguiente).

                «El Ministerio de Economía y Finanzas remite texto del proyecto de ley de Zonas Francas con modificaciones.»

                –Damos la bienvenida a los representantes de la unión de funcionarios del Codicén, quienes nos han solicitado audiencia y les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA CAFFERATTA.- Creo que los señores senadores más o menos conocen nuestra problemática porque, salvo alguna excepción, ya los hemos visitado a todos. A partir de la aprobación en el mes de julio de 2015 de la Ley n.º 19.333 –particularmente el artículo 7º es el que nos atañe a nosotros–, el impuesto anual de enseñanza primaria pasa a ser recaudado y gestionado por la DGI.

Ese artículo 7º habla de la gestión y la recaudación, pero no menciona para nada el destino de los trabajadores. Desde ese momento estamos muy preocupados; incluso, asistimos al Parlamento cuando se iba a aprobar dicha ley. Realizamos diferentes tratativas y en el Codicén fue donde tuvimos menos eco. Como ya mencioné,  concurrimos a dialogar con varios legisladores, así como con el director de la Dirección General Impositiva por si se aprobaba una ley en la que se estableciera que fuéramos a la DGI, pero ese no es nuestro planteamiento.

Lo que nosotros solicitamos es no perder ni un peso del salario que cobramos al día de hoy. ¿Qué es lo que no queremos perder? Es una contraprestación que se cobra desde hace más de veinte años, se renueva anualmente mediante una resolución –de la que dejaremos una copia– y se carga al Rubro 0. No se trata de ningún porcentaje del impuesto de Primaria ni ninguna comisión, sino que es algo que sale del Rubro 0, Rentas Generales. Son partidas fijas y están discriminadas por administrativos comunes, jefes de sector y operadores, y profesionales. Esa contraprestación está entre un 20% y un 50%. Esta es nuestra reivindicación.

                En el impuesto hay tres tipos de funcionarios. La mayoría dependemos del Codicén y por este organismo cobramos nuestro sueldo y también esa partida. En cada uno de los departamentos del interior hay un encargado del impuesto, que es un funcionario de Primaria que también cobra esa partida como gestor del impuesto en el departamento. O sea que eso estaría afectando a 62 trabajadores.

                Al día de hoy, el único eco que hemos tenido ha sido de parte de los parlamentarios. Incluso, hemos presentado nuestra aspiración en una especie de aditivo que, en caso de que se aprobara una ley y pasáramos a la DGI, pretenderíamos que lo agregaran al artículo 7º. Dicho aditivo hace mención exclusivamente a que el trabajador pueda optar por el pasaje o no a la Dirección General Impositiva. ¿Por qué? Porque hay exclusividad y ocho horas de trabajo. La mayoría de los trabajadores somos mujeres, muchas de ellas jóvenes, con niños y con compromisos adquiridos de antemano para clases y cuidados, por lo que esas ocho horas de trabajo complicarían la situación de cada uno.

                Quedamos a las órdenes para contestar cualquier pregunta.

SEÑORA MUÑOZ.- Soy encargada de Morosos del sector Jurídica.

                Queremos aclarar que la partida no sale de la recaudación del impuesto de primaria, sino de Rentas Generales. O sea que no sería un aumento en el gasto porque esto ya está presupuestado. Consideramos que es un derecho adquirido y por eso estamos pidiendo la «salarización» de esta partida en el sueldo. Es decir, nosotros la cobramos durante nueve meses –desde marzo hasta diciembre, esto es, durante la zafra del impuesto– y lo ideal sería que hicieran un promedio y lo «salarizaran».

                Me permito leer el aditivo que pretendemos que se agregue. Diría así: «a) En caso de que la Administración acuerde el pasaje de los funcionarios que cumplen tareas en el impuesto de enseñanza primaria de la ANEP (de los escalafones A, B, C, D, E y F, presupuestados y contratados), a la Dirección General Impositiva, deberán contemplarse las decisiones de quienes opten por permanecer en el ámbito del CODICEN o en el Consejo de Educación Inicial y Primaria.

                b) Los funcionarios presupuestados y contratados pertenecientes a los escalafones detallados en el literal anterior, mantendrán las retribuciones totales que perciben a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Se entiende por retribuciones totales: sueldo base, ajustes y reajustes, diferencia de grado, compensaciones por permanencia a la orden y por tareas extraordinarias, así como la contraprestación mensual con cargo al Rubro “0” financiación 1.1 Rentas Generales, la que se prorrateará en 12 meses».

Queríamos destacar esto porque en una audiencia que tuvimos con el Codicén en la Dinatra, una de las consejeras señaló que al desaparecer el impuesto de Primaria no se podría mantener esta partida porque salía de la recaudación de dicho impuesto, pero  seguramente ella desconocía que eso no es así.  Queríamos dejar en claro que, si ese fuera el argumento, esa afirmación no es correcta.

                También queríamos señalar que veníamos llevando adelante una serie de reuniones bipartitas y por la situación que estamos viviendo con el Codicén se suspendió el diálogo y, lamentablemente, nos hemos visto obligados a tomar una serie de medidas que se han venido incrementando y que afectan la recaudación del impuesto.

SEÑORA PATERNOSTRO.- Ampliando lo planteado por mis compañeros, quisiera decir que, si bien como han expresado algunos parlamentarios este pasaje se hará efectivo en enero de 2018, nos preocupa desde que fue aprobada la ley porque en diciembre de 2017 –o sea, dentro de un año y ocho meses– no sabemos qué va a pasar con este grupo de trabajadores –dentro del cual hay madres solas con hijos chicos a su cargo que han contraído compromisos a largo plazo– que, de la noche a la mañana, no saben qué va a pasar con ellos.

La incertidumbre que se genera con esta situación no solo provoca una inestabilidad psicológica y emocional en las relaciones laborales, sino que, además, no estamos de acuerdo ni acostumbrados a trabajar de esta forma. Como dijo la compañera, no pedimos un aumento de sueldo, sino que lo que está presupuestado en el Rubro “0”, Rentas Generales no se nos quite, independientemente del lugar que se nos asigne. No nos estamos oponiendo en ese sentido, pero sí en cuanto a la rebaja salarial.

Esperamos una resolución a corto plazo a este respecto para poder continuar  con el impuesto a Primaria –como siempre lo hemos hecho– con responsabilidad y eficiencia, superando año a año todas las metas previstas para los diversos ejercicios.

                Queremos agradecer a los miembros de la comisión por habernos recibido.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- No trabajo en el impuesto, pero soy directivo del sindicato y mi exposición va a ser más general que la de las compañeras.

El problema es la incertidumbre, porque no tienen chance de elegir en estos casos y cualquier elección, desde el punto de vista salarial, será perjudicial. Esa es la mayor preocupación. El agregado que se está planteando por lo menos les da opciones. Después habrá que hacer otras tratativas para poder elegir adónde ir y para que se les respete lo que durante años han tenido. Esa es una de las bases del Derecho Laboral. Los compañeros no son responsables de esta situación y creemos que hay que remarcarlo. La Administración es la que por una mala decisión, no por el impuesto a Primaria –puede hacer lo que quiera porque su función es administrar y gestionar los recursos del Estado-, está perjudicando a un grupo de compañeros que, como se ha señalado, han sido eficientes. Creemos que no es un castigo, sino desidia por parte de la ANEP para intentar solucionar esta problemática. Es claro que no se trata de algo que esté oculto, porque se les baja el salario hasta un 50 % –que es importante porque  imaginen lo que sería ganar la mitad de lo que perciben– y, además, se genera incertidumbre porque no saben dónde van a trabajar. Un cambio implicaría modificar las agendas de vida, ya que muchas compañeras tienen hijos, algunas han contraído compromisos desde antes y muchas estudian. El agregado del artículo propuesto les daría la opción de elegir, lo que significa mucho en medio de toda esta problemática.

                Por otro lado, se pretende que aquellas compañeras que se puedan quedar vean resguardado su salario porque, por más que se incluya el artículo, si no se hace referencia al Rubro 0, se podrían ver embretadas: podrían ser trasladadas de su lugar de trabajo –no trabajarían más en materia de impuestos– y pasar a desempeñar tareas en cualquier oficina de Montevideo o del interior –el Codicén tampoco se compromete a trasladarlas a un lugar determinado o fijo– e, incluso, ver disminuido su salario. Más allá de las preocupaciones puntuales que expresaron las compañeras, están estas cuestiones generales, como el respeto del salario y que se les dé la opción para que puedan seguir con sus vidas normalmente.

Después de haber mantenido conversaciones con representantes de la Dirección General Impositiva –tema sobre el que podrá expresarse mejor la compañera Graciela–, nuestras compañeras saben que, dada la estructura del organismo, no tienen la opción de entrar a un grado en el que cobren lo que perciben actualmente. Esto me parece bien por respeto a los compañeros de la DGI, trabajadores que también podrían ver afectados sus puestos o lugares de trabajo.

En fin, creemos atinado lo planteado por las compañeras.

SEÑORA CAFFERATTA.- Quiero aclarar un punto que quizá ya fue mencionado. La Dirección General Impositiva tiene un régimen de ocho horas y exclusividad y hay compañeras madres a las que se les complica cumplir ese horario. Conviene precisar que el grupo de trabajadores del impuesto de primaria está compuesto por personal tecnificado y profesionales –como abogados, contadores, escribanos, sociólogos y administradores de empresa– que están capacitados para desempeñarse en cualquier ámbito de trabajo.

Nosotros necesitamos la confirmación de que no nos van a meter la mano en el bolsillo. Esto es como si a ustedes le dijeran que a partir del 1.º de enero de 2017 probablemente baje un 50 % su salario por el concepto que sea. Digo esto para que se pongan en nuestras cabezas. Es más, la DGI no presentaría problemas en cuanto al salario porque, de acuerdo con lo que nos dijo el director Serra, nuestros sueldos están por debajo de los de ellos, pero sí iríamos a ocupar el último lugar del escalafón. Muchos compañeros tienen una vida por delante y eso les permitirá hacer una carrera administrativa. El problema se presenta para aquellos que opten por quedarse dentro de la ANEP, donde no se ha visto voluntad política de ningún tipo porque las negociaciones colectivas se suspendieron. En la Dinatra tuvimos tres instancias: en la primera demostraron falta de voluntad política y desconocimiento del funcionamiento del impuesto –por ejemplo, de dónde salía la partida–; incluso, dijeron que no sabían que estábamos en conflicto, cuando desde el 30 de noviembre enviamos las comunicaciones correspondientes sobre el conflicto, estuvimos con asambleas permanentes, volanteando, y hasta llegamos a colocar una pancarta en las oficinas del impuesto y otra frente al Codicén que, probablemente, no fuera del gusto del director de la ANEP, pero era como para decirles: «Estamos acá y queremos que nos preste atención». Esa bipartita se interrumpió y quedamos en reunirnos en otra, pero no tuvieron tiempo de atendernos porque tenían que firmar el convenio colectivo con UTU. La tercera, prevista para el 28 de febrero, se suspendió. El sindicato nos avisó que el Codicén había dicho que los nuevos docentes elegidos gremialmente no estaban en conocimiento y, por lo tanto, no podían tener posición en la Dinatra. Frente a ello, el sindicato dijo: «Bueno, si la van a suspender, suspéndala ustedes; nosotros estamos dispuestos a ir». Y se suspendió. Hasta el momento no hemos tenido noticia alguna del Codicén. Según el compañero, mañana tienen una bipartita para armar la agenda. ¡Esto se hace recién ahora, a fines de abril!

SEÑOR CAMY.- Quiero dejar una constancia y hacer una pregunta.

En primer lugar, pongo en conocimiento de la delegación que nos visita que el 12 de abril realizamos un pedido de informes al Codicén y a la DGI en referencia a esta situación; en oportunidad de tratarse el proyecto de ley en el Senado de la República, alertamos que iba a significar la afectación a un derecho adquirido. Después de leer las versiones taquigráficas de las sesiones de la comisión, en las que no participamos, entendimos que esto no surgió del Poder Ejecutivo sino de algún legislador que, hablando de otro tema, se pregunta qué sentido tiene que habiendo en el país un organismo recaudador específico, este impuesto fuera recaudado por el Codicén. Como legislador de la oposición está bien que señale que el Poder Ejecutivo no ha tenido la intención de generar este problema, aunque me preocupa que se haya planteado. A partir de lo que establece el artículo 7º de la Ley n.º 19.333, se afecta el destino de la gestión y de la recaudación y, consecuentemente, el salario de los trabajadores. Esto venía funcionando así desde 1997, lo que nos lleva a analizar la situación desde dos puntos de vista: el de la eficacia y eficiencia de la función recaudadora –proceso que no estaba en el planteamiento de nadie–, y el funcional, que tiene que ver con la afectación del salario de los que estaban en esa tarea. Quiero dejar como constancia que mi posición es que tenemos que alertar a los legisladores de que podemos estar afectando un derecho adquirido.

La pregunta que quiero hacer es si conocen –más allá de las vicisitudes que pueda haber en cualquier instancia de negociación en razón de si hubo o no una pancarta o si una u otra parte generan estratégicamente este corte en el diálogo– la opinión que tiene el Codicén sobre lo que está sucediendo. Lo pregunto para saber hacia dónde debemos dirigir  el trabajo de la comisión.

SEÑORA MUÑOZ.- El Codicén considera que es un problema que les cayó de arriba y de difícil de solución, porque si a nosotros nos salarizan la partida, se estarían lesionando los derechos del resto de los funcionarios. Ellos nos expresaron que lo mejor sería que nos fuéramos para la DGI, a lo que respondimos que para nosotros no es tan sencillo porque sería una rebaja indirecta tener que trabajar una hora más y no poder desempeñarnos en otro lado.

Por último, ellos consideran que esta situación debe arreglarse por medio de una ley, porque la solución no está en sus manos.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Me gustaría hacer un agregado, sobre todo en lo que tiene que ver con la negociación colectiva, porque me parece un aspecto importante en esta discusión, de acuerdo con lo que señalaba el señor senador.

                En realidad, y tal como lo señaló la compañera, su argumento es que se trata de algo que les cayó de arriba, que no fue planteado durante el tratamiento de su proyecto de presupuesto sino después –tal como relataba el señor senador– y por eso afirman que no tienen que hacer nada para solucionar algo que no crearon. Al mismo tiempo, muestran una desidia importante para solucionar el tema y no tienen ninguna propuesta, a pesar de que a través del sindicato las compañeras han presentado algunas ideas para poder seguir trabajando en la ANEP, en lugares donde no afecten derechos adquiridos por otros compañeros. No se trata de que se ubiquen en cualquier lado ni de que vayan a ganar más que otros, sino de mantener una cierta lógica salarial que el Codicén no tiene, pero que sería bueno que la tuviera.

                Por otro lado, existe un gran desconocimiento de cómo funciona este impuesto, que es importantísimo. Todos saben –es preocupación de toda la sociedad– a qué se destina el impuesto de primaria, pero ellos no tenían idea, por ejemplo, de cómo se liquidaba o cómo se les pagaba a las funcionarias; funcionaba porque no había ocurrido ningún problema. Sin embargo, tienen el tupé –por llamarlo de alguna manera– de decir que no saben en dónde está el conflicto, cuando es algo patente. A nosotros, como sindicato, nos han llegado muchas llamadas de otros sindicatos a ese respecto, y las compañeras lo saben. En realidad, las medidas que las compañeras están tomando, de una manera responsable y paulatina, han afectado a muchísimas personas, aunque no a la recaudación. Lo que sucede es que los trámites propios del impuesto traban otros aspectos.

                En definitiva, queremos subrayar la desidia que existe por parte del Codicén, en primer lugar, al no citar a la negociación colectiva ni reunirse con los trabajadores y, en segundo término, por no prestarle atención a un tema particular y tan importante como consideramos que es el impuesto de primaria, ni a las compañeras. Además, cabe destacar el desconocimiento que existe sobre el tema. Al momento de la negociación no se tiene idea del tema específico ni, por ejemplo, de cómo se les paga a las compañeras y se piensa que esa plata se saca directamente del impuesto; eso nos parece que por lo menos es una vergüenza y genera los problemas que tenemos.

No sabemos quién puede solucionar todo esto y nos resulta preocupante haber tenido que llegar a una reunión en la Cámara de Senadores para plantear cosas que se podrían haber solucionado antes.

Muchas gracias.

SEÑORA CAFFERATTA.- Ustedes se preguntarán por qué es tan problemático que nos ubiquen en otro lugar del Codicén. Lo cierto es que este organismo no ha tenido concursos para ascensos desde el año 1994, si no recuerdo mal, por lo cual los más viejos tenemos un grado III y algunos un grado IV, mientras la generalidad se encuentra en el último grado del escalafón. Eso ocurre en todo el Codicén y en el CFE, pero lo que sucede es que el sueldo básico que tenemos es absurdo. Yo no soy parámetro de nada porque soy mayor, pero puedo decir que percibo más por concepto de antigüedad que por sueldo base. El sueldo está compuesto por algo más de $ 2.000, más una compensación del 20 % por tareas extraordinarias, una compensación del 40 % por permanencia a la orden, ajustes salariales, compensaciones extraordinarias por diversos conceptos y, en este caso, el impuesto de primaria. Eso es lo que desnivela el sueldo de quienes trabajamos con este impuesto con respecto al del resto de los compañeros que lo hacen en otros lugares de la Administración Nacional de Educación Pública.

                También es cierto que nosotros cobramos una compensación del 40 % por concepto de permanencia a la orden, pero hay otros compañeros, en otros lugares –no sé si sigue siendo así–, que perciben hasta el 90 % por concepto de compensaciones.

                Entonces, nuestra pretensión, si quedamos en la ANEP, es que el impuesto de primaria se incluya en alguno de esos porcentajes que se han venido manejando hasta ahora. Es decir, no queremos pasar por arriba de los derechos de los compañeros que están trabajando en la ANEP ni en la DGI pero, en principio, sí pretendemos que respeten nuestros derechos; 40 años de labor, 20 o 15, también merecen una mirada diferente y, sobre todo, al bolsillo.

SEÑOR CAMY.- Más allá de las legítimas aspiraciones que puedan  tener        –todas entendibles y hay más de una–, lo que se pretende es que el salario, de la manera que sea, se mantenga. Es decir, si tienen que pasar a DGI y esta estableciera condiciones a través de la normativa correspondiente para que sigan percibiendo –de ser posible– lo que en la actualidad, estaría bien. Y si no, por supuesto –por lo que veo es preferencia– mantener las mismas condiciones del organismo de origen.

                Estamos de acuerdo con que la óptica es esa para quienes creemos que hay un derecho adquirido. ¿Es correcto?

SEÑORA CAFFERATTA.- Sí, señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero dejar una constancia porque esto surge por un acto legislativo.

                Nosotros no podemos permitir que haya rebaja salarial por un acto legislativo y, por lo tanto, esto se tiene que resolver, a mi entender, con tres condiciones. En primer lugar,  que sea optativo para los funcionarios de primaria y no obligarlos a ir a un organismo si no quieren –por las razones que sean–; en segundo término, que sea optativo para la DGI, que tiene una estructura de cuadros y no podemos estar generándole problemas y, en tercer lugar, que no haya rebaja salarial. Incluso, hay que ver cómo esa partida, que es de nueve meses, se anualiza porque de otra manera será un lío su pago.

                Creo que debemos enviar la versión taquigráfica de lo aquí expresado con relación a este tema –con el compromiso de que esto se tiene que arreglar– al Ministerio de Educación y Cultura, al Codicén, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la DGI, y darnos un tiempo de dos o tres meses  para que nos manden una solución, que entiendo se debe incluir en la rendición de cuentas. Solicito que le demos ese plazo y si hay medidas –no soy quién para plantearlo–, las levantemos.

El lío lo hicimos nosotros –no lo hizo el Gobierno– al establecer que en tal fecha pasa todo para la DGI y, por lo tanto, hay que solucionarlo. Para ello, necesitamos un texto y me parece mejor  que el mismo venga del Poder Ejecutivo. Se le puede mandar esta versión  taquigráfica para que los engranajes –ya que hay muchos problemas en el país– se empiecen a mover y en algún tiempo tengamos la redacción correspondiente, que entiendo no es fácil. En algún momento, con alguno de los presentes intentamos armar cosas y sé que no es fácil. Insisto, me parece que sería mejor que viniera de ahí a que nosotros ensayemos acá. Si en dos o tres meses los engranajes no se mueven, los representantes de la Unión de Funcionarios del Codicén nos pueden pedir otra entrevista.

SEÑOR AMORÍN.- Creo que la visita de la delegación es bien importante, sobre todo porque pone en movimiento un mecanismo y en tal sentido comparto plenamente lo que decía el señor senador Michelini. Debemos citar a autoridades del Gobierno –ya discutiremos entre nosotros a quiénes invitar– para comenzar a trabajar en este tema.

                Creo que en el objetivo final estamos todos de acuerdo porque parece bastante lógico el planteo, es decir, que no haya una rebaja salarial. Me parece que en esa línea trabajaremos todos. Si efectivamente así lo hacemos, con el entusiasmo que ahora estamos demostrando, a lo mejor llegamos a una pronta resolución.

Puesto que se trata de un tema presupuestal, me parece razonable que esta norma se vote en el marco de la rendición de cuentas que, si no me equivoco, ingresa en el mes de julio. Seguramente, todos trabajaremos en el análisis del artículo correspondiente, ustedes vendrán de nuevo a la comisión y, por supuesto, será votado durante el estudio de la rendición de cuentas. Por tanto, quedaría aprobado un año antes de que se venza el plazo, con lo que lograríamos todo: tranquilidad respecto al futuro de este sector de trabajadores y que no se pierda el salario; en mi opinión, lo más importante y absolutamente justo.

                Era cuanto quería decir.

SEÑORA PRESIDENTA.- Desde este lugar quiero manifestar a la delegación que, desde la primera vez que estuvimos reunidos  con el Codicén y otros organismos, hemos advertido que no hay escepticismo de parte de las autoridades, sino que se están ocupando del tema. Sí es cierto que estamos pendientes de los plazos. Como ustedes también lo saben, este es un asunto que debe ser resuelto en el ámbito de la rendición de cuentas y el plazo para adoptar una resolución vence el 1.º de enero de 2018. Sabemos que si lo postergamos, el tiempo gana. Pero lo cierto es que está en el ánimo de todos llegar a una resolución.

                Lo fundamental es dejar en claro que no está en juego el trabajo en sí mismo, el puesto laboral, sino que la reivindicación tiene que ver con la posibilidad de mantener el salario. Quería poner de manifiesto esta idea, sobre todo, ante la inestabilidad de la que se habla. Pero, insisto, la inestabilidad tiene relación con el monto salarial, no con el puesto de trabajo.

                Como dije antes, no hay escepticismo de parte de las autoridades a cargo de las diferentes instituciones. Hemos estado en contacto en forma permanente e incluso hace pocos días les hemos enviado algunas notas. A propósito, solicito a la delegación si puede dejar a la comisión una copia de su propuesta de artículo, a efectos de que conste en la versión taquigráfica.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- En realidad, nosotros no sabemos si hay escepticismo o  voluntad de parte del Codicén  para llegar a una solución, pues no disponemos del espacio de la negociación colectiva y no tenemos un ámbito de discusión, sino que se nos ha dicho que el tema no ha sido tratado. De modo que nosotros no nos enteramos de la posición del Codicén.

                Las compañeras han tomado estas medidas y ven con incertidumbre lo que pueda ocurrir, no por una simple ocurrencia, sino porque el Codicén, durante meses, ha faltado al compromiso que debe asumir –como patrón, como jefe, como administrador– de ir a la negociación colectiva y discutir con los trabajadores. Tal como lo dijeron los señores senadores Michelini y Amorín, nosotros creemos que la solución se cae de maduro, no es compleja, pero si no hay voluntad siquiera de conversar y escuchar, no podemos enterarnos de cuál es su posición. Por eso decimos que, por lo menos, hay desidia y desinterés.

                Como sindicato, como trabajadores y como integrantes del PIT-CNT, queremos subrayar que, más allá de la negociación colectiva, se puede hacer movilizaciones, porque estas son herramientas de los sindicatos. Ahora bien, para que haya negociación se requiere de dos partes. Si no tenemos la posibilidad de discutir, ya sea en el acierto o en el error, la situación se complica. Por cierto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha llamado la atención al Codicén varias veces por su ausencia en la negociación colectiva. Venimos de tres instancias en la Dinatra, no por conflictos particulares, sino porque queremos reunirnos. Sabemos que las discusiones se ganan o se pierden, pero nosotros pretendemos tener ese espacio. Pero, en este caso, las compañeras no saben cuál es la respuesta. Por eso decimos que hay desidia. Es decir, pueden estar muy enterados del tema, pero si no podemos conversar con la autoridad que administra nuestro sector, se refleja desidia y desinterés.

SEÑOR MICHELINI.- Independientemente de los detalles que nos relatan sobre la negociación, quiero resaltar que esta situación está fuera de la negociación colectiva. Este es un tema nuestro. La solución no es negociable, sino que lo debemos resolver nosotros. Creo que es mejor que la redacción venga de parte del Poder Ejecutivo. Esto tiene que estar solucionado. Fue un acto nuestro y ninguno de los senadores –supongo que tampoco los diputados–, cuando votamos esto, queríamos perjudicar a alguien, que hubiera una rebaja salarial ni mucho menos. Estamos bien lejos de eso. Queríamos que la recaudación fuera más efectiva, concentrada y demás. Pudimos haber estado en el acierto o en el error, pero lo que nadie imaginó es que tuviera un efecto colateral, que es este, y lo tenemos que solucionar.

Mi aspiración, señora presidenta, es que al enviar la versión taquigráfica al Poder Ejecutivo los engranajes se muevan y que venga una redacción, que deberá tener las condiciones que ya señalé: no puede haber rebaja salarial y tiene que ser optativo para la DGI y para los funcionarios. Después estará toda la otra negociación que lleven adelante, pero esto esta fuera. Fue un acto nuestro.

                Eso es lo que quiero trasmitir, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchísimas gracias por haber venido.

(Se retira de sala la delegación de la Unión de Funcionarios del Codicén).

                Corresponde considerar el tercer punto del orden del día: «Acuicultura. Se exonera del impuesto al valor agregado a los bienes y materias primas a emplearse para su producción. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Carpeta n.º 418/2015. Distribuido n.º 523/2015», ya que habían pedido postergarlo una semana para estudiarlo.

                Este proyecto tiene un único artículo que dejó el Poder Ejecutivo en la sesión pasada.

                Léase.

(Se lee).

                «Artículo único.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 de la Ley n.º 19.175, de 20 de diciembre de 2013, a todos los efectos impositivos la acuicultura será considerada actividad agropecuaria».

                –Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo a la señora presidenta como miembro informante.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta formulada.

(Se vota).

                –6 en 7. Afirmativa.

                Falta considerar el cuarto punto del orden del día relativo a las empresas de reducida dimensión económica y el quinto que refiere a las zonas francas. En lo personal voy a solicitar algunos días para analizar este último asunto. No sé si estamos en condiciones de considerar el cuarto punto o prefieren posponer su tratamiento.

SEÑOR AMORÍN.- Propongo que la comisión se tome una semana más.

SEÑORA PRESIDENTA.- No tengo problema en votar el proyecto de ley tal como vino, pero quiero proponer que los POS para las pequeñas empresas sean sin costo, que el arancel durante 2016 y 2017 sea cero y que lo asuma el sistema financiero. Además, me gustaría que pidiéramos la opinión del Poder Ejecutivo.

SEÑOR MICHELINI.- Los POS ya se subvencionan.

SEÑORA PRESIDENTA.- Los POS se subvencionan con determinados porcentajes, pero no con costo cero. Por eso estoy planteando que hagamos una consulta al Poder Ejecutivo.

(Dialogados).

De acuerdo con lo conversado, este tema se pospone para la próxima semana.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero pedir que mantengamos en el orden del día el tema relativo a zonas francas.

SEÑORA PRESIDENTA.- El proyecto de ley refiere a un cambio de denominación y al final se anexan algunos artículos.

(Dialogados).

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 11:01).

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.