SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:13).

                –Agradecemos la presencia de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. El tema que nos convoca es la creación de una prestación pecuniaria de asistencia al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Es un placer para nosotros estar aquí.

                Antes de entrar en el tema de hoy, quiero hacer un comentario previo que refiere a una contestación que estaba pendiente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a las modificaciones al IASS propuestas en la rendición de cuentas que luego fueron desglosadas.

El ministerio entiende que la solución correcta y más adecuada para este impuesto es la que fue enviada oportunamente y que está reflejada ahora en los artículos que se están tratando. Entendemos que, por el diseño recaudatorio que se pensó y otras cuestiones que hacen al diseño del impuesto, no sería conveniente llevar adelante las modificaciones planteadas, máxime teniendo en cuenta que el IASS y el IRPF son impuestos distintos.

Una de las cuestiones que se planteaban era que estábamos frente a impuestos iguales y entendemos que no es así; de hecho, fueron enviados al Parlamento en momentos distintos. En un primer momento se entendió que el IRPF a las pasividades era inconstitucional y hubo alguna sentencia al respecto en la Suprema Corte de Justicia.

Por lo tanto, entendemos que ese argumento de simetría total no es de recibo. La posición del ministerio, del Poder Ejecutivo es que sea votado en la forma en que fue enviado y ahora está en discusión parlamentaria.

                Hecho este comentario –queríamos expresar nuestra opinión–, quisiéramos comenzar con lo que tiene que ver con los fundamentos y el contexto en el que fue diseñada y enviada al Parlamento esta propuesta de prestación pecuniaria de asistencia al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

                Trajimos una presentación para llevar el hilo conductor de la argumentación de manera más gráfica. Los puntos que quisiéramos tratar son los siguientes.

                En primer lugar, vamos a referirnos a cuestiones de contexto que tienen que ver con la inserción de esta propuesta dentro de las medidas de consolidación fiscal que fueron oportunamente presentadas en la rendición de cuentas.

                En segundo término, queremos hacer un breve repaso de la situación financiera del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, cuestión que obviamente motiva este proyecto de ley.

Luego sí pasaríamos directamente a cuestiones del proyecto de ley propiamente dicho, que tienen que ver con sus lineamientos generales, las escalas, las tasas y los resultados esperados de su aplicación.

                Comenzamos con el contexto, la propuesta de ayuda para financiar el déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas está inserta en el paquete de medidas de consolidación fiscal que tienden a reducir el resultado fiscal que, tal como vemos en la gráfica, se ha deteriorado en los últimos años.     

                Con respecto al paquete de medidas propuesto por el Poder Ejecutivo, vemos que en la rendición de cuentas hubo algunas vinculadas a los ingresos y a los gastos. Simplemente para repasar puedo decir que hubo medidas que tenían que ver con el IRPF, Categoría I, rentas de capital, que afectaban a la distribución de utilidades; Categoría II del IRPF, rentas de trabajo; el IASS; la rebaja de dos puntos del IVA y algunas medidas vinculadas al IRAE.

                Por el lado de los gastos se plantearon medidas tendientes a reducir las erogaciones del Gobierno central y de las empresas públicas; algunas habían sido propuestas en la rendición de cuentas y otras se están realizando de manera paralela como, por ejemplo, lo relativo a los gastos de las empresas públicas que están sometidas a compromisos con el Poder Ejecutivo y que han hecho que sus gastos operativos estén actualmente en una trayectoria descendente como fruto de esas medidas.        

Otra de las medidas que se había planteado con respecto a los gastos tenía que ver con la reducción de las transferencias para financiar el déficit de la Caja Militar. En este contexto se inserta esta propuesta de prestación coactiva para financiar el déficit de la Caja Militar.

                Veamos ahora algunas cuestiones que me parecen muy relevantes para poder explicar cuál ha sido el fundamento para atender esta situación que requiere –como veremos– medidas de corto plazo –como la que se tratará en el día de hoy–, pero también, y fundamentalmente, medidas de mediano y largo plazo para volver sustentable este sistema de retiros y pensiones.

                Ahora vemos en la pantalla lo que ha sido la evolución de la transferencia total al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas en los últimos diez años. La gráfica indica que, en términos reales, la transferencia se duplicó, es decir que, una vez descontado el efecto inflacionario, la transferencia actual es el doble de lo que era hace diez años. ¡El doble!

Vamos a ver cómo ha ido cambiando esa situación. En verde oscuro se graficó la asistencia financiera de Rentas Generales y en verde claro tenemos los desembolsos vinculados a pasividades pagados directamente por Rentas Generales. Con el paso del tiempo, las pensiones pagadas directamente por Rentas Generales fueron disminuyendo en su peso relativo, mientras que las transferencias de Rentas Generales al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas fueron aumentando.

                Como decíamos, hubo un incremento del doble en términos reales, lo que hizo que en el año 2015 se transfirieran $ 12.869:000.000, es decir, aproximadamente USD 400:000.000. Esa es la transferencia total al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas a valores del año 2015.

                Sin duda, este es un número elevado en términos absolutos. Estamos hablando de USD 400:000.000. Pero vale la pena verlo también en términos relativos, es decir, comparado con otros esfuerzos que hace el Estado, la sociedad uruguaya, con otros sectores que también son de interés.

En ese sentido, tenemos un estudio de cómo fueron creciendo las transferencias al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas en los años 2013 a 2015 y lo comparamos con otros sectores.

En la gráfica izquierda se ve el incremento real del gasto presupuestal entre 2013 y 2015 de la ANEP, la UdelaR, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Poder Judicial, ASSE y las transferencias al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Como vemos allí, en términos reales entre 2013 y 2015, la asistencia creció un 2,8 % para la ANEP, un 5,3 % para la UdelaR, un 6,3 % para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, un 6,6 % para el Poder Judicial, un 8 % para ASSE y un 11,4 % para el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Es un incremento que cuadruplica el de la ANEP y  duplica el de la UdelaR o el del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

                En términos relativos, este es el esfuerzo que la sociedad ha tenido que hacer en estos últimos años por la evolución del déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

                Ya lo vimos en términos absolutos y comparativos con otros sectores primordiales para la sociedad. Veamos ahora cómo ha evolucionado esto en términos del PIB, que es lo que tenemos en la gráfica de la derecha. En el año 2004, las transferencias representan un 0,7 % del PIB y en el año 2015 representan un 0,9 %, pero de un PIB que pasó de USD 15.000:000.000 a  USD 50.000:000.000.

                Queda claro que, en términos absolutos, si se compara con el esfuerzo que se hace con otros sectores de actividad y por su peso relativo en términos fiscales, estamos ante un problema muy importante de déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, sobre todo en lo que tiene que ver con su evolución.

La evolución del déficit, obviamente, está relacionada con los ingresos y los egresos del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Veamos esta evolución en las últimas décadas. La gráfica azul representa los ingresos del servicio de retiros y la gráfica verde representa los egresos. Vemos que los ingresos se encuentran prácticamente estancados y observamos un aumento de los egresos. Obviamente, esta trayectoria implica un déficit que, como vimos, es realmente muy importante.

Sin embargo, lo más relevante, además del déficit actual, es la evolución y la trayectoria esperada. En las condiciones de retiro actuales, este déficit solamente puede empeorar y más adelante veremos cuáles son las causas de que esto ocurra. La diferencia entre ingresos y egresos –o sea, el aumento del déficit– es la siguiente. Para el año 2015, los ingresos por contribuciones fueron de USD 70:000.000, mientras que los egresos ascendieron a            USD 470:000.000. Eso da el déficit de USD 400:000.000 al que hacíamos referencia anteriormente.

Pero no solo tenemos un problema de déficit absoluto de la caja –en términos generales estamos hablando de USD 400:000.000–, sino que también hay causas estructurales. Es importante ver cómo ha ido variando el peso del pasivo para el Estado y la sociedad dentro de la Caja Militar en comparación con las otras cajas de pensiones que tiene el Uruguay. Esto es lo que vemos en la siguiente gráfica.

                La transferencia desde Rentas Generales por pasivo en el caso de la Caja Militar es creciente y es mucho mayor que en otros regímenes. Las distintas gráficas muestran las transferencias por pasivo en cada caja. La que está más abajo, en violeta, es la transferencia por pasivo desde Rentas Generales para la caja bancaria. Esto tiene un costo anual –estamos hablando de valores del 2015– de aproximadamente USD 700. La que sigue en color verde es la transferencia anual en promedio por pasivo del BPS y estamos hablando de aproximadamente USD 1.600 anuales. La que sigue en rojo es la transferencia anual de alrededor de USD 3.500 promedio por pasivo para la caja policial. Por lo tanto, para la caja bancaria es de USD 700; para el BPS, de USD 1.600 y  para la caja policial, de USD 3.500. ¿Cuál es el monto para la Caja Militar? Es de USD 8.100. Con la estructura actual la evolución solamente puede empeorar.

Veamos el porcentaje de financiamiento de las pasividades con recursos propios: la tendencia es claramente a la baja. En el lado izquierdo de la lámina tenemos la evolución del financiamiento con recursos propios del Banco de Previsión Social y vemos que en los últimos años ese monto –más allá de que en el último año haya tenido un pequeño descenso– mostró una tendencia creciente, es decir que pasamos de tener en el año 2005 un financiamiento del 60 % con recursos propios a algo menos del 70 % en la actualidad.

                En el caso de la Caja Militar, como ya dijimos, pasamos de tener un financiamiento con recursos propios de algo más del 20 % en el año 2004 a menos del 15 % en el 2015.

                Repito: es importante ver la explicación del aumento del déficit y  cuáles son los factores que lo afectan. Lo interesante es que estamos ante una explicación multicausal. Un argumento que es correcto utilizar –aunque las verdades a medias terminan no siendo verdades– es que parte de la explicación está dada por el aumento del número de pasivos y la disminución del número de activos. Pero eso solo explica una parte del crecimiento del déficit. En primer lugar, en la gráfica izquierda de la lámina está representada la evolución de activos y pasivos de la Caja Militar. La línea verde, que se mantiene con una pequeña tendencia a la baja pero con cierta estabilidad, representa el número de activos. La línea azul, que tiene una tendencia creciente, es el número de pasivos que crece. Obviamente, el cociente entre activos y pasivos va decreciendo porque aumenta el número de pasivos y disminuye el de activos. Este es uno de los factores que explican el déficit de la Caja Militar, pero no es el único, ya que, como ya dijimos, estamos ante una explicación multicausal.

En el lado derecho de la lámina hay otra gráfica que explica el crecimiento de la prestación promedio en la última década y vemos que supera lo registrado en el BPS. Se puede observar una gráfica de barras en colores rojo y azul. Las barras rojas implican la prestación promedio del BPS; las azules significan las prestaciones promedio de la Caja Militar. Como vemos estamos ante números muy diferentes. La prestación promedio de la Caja Militar prácticamente duplica la prestación promedio del BPS.

                Además, en los últimos años esa evolución fue superior a la del promedio del BPS. Como vemos en la gráfica, la prestación promedio del BPS creció en el entorno del 57 % o 58 % y la de la Caja Militar, un 66 %. Por lo tanto, no solo casi duplica el monto, sino que crece a una tasa superior.

                Por un lado, tenemos el deterioro de la relación activo-pasivo y, por otro, un crecimiento superior de la pasividad promedio con respecto a la pasividad promedio del BPS. Esto se explica, además, cuando vemos los números de las pasividades promedio con algo más de detalle. Sobre el lado izquierdo de la gráfica tenemos lo que son los haberes de retiro promedio de la Caja Militar con respecto al BPS y aquí tomamos –para tener una muestra bien concreta– lo que son los valores para el año 2015. Estas son las pasividades que se produjeron en la Caja Militar en el año 2015 versus las que se produjeron en el BPS en el mismo año.

                Las gráficas azules representan los retiros voluntarios y las verdes, los retiros obligatorios. Allí dividimos entre subalternos, oficiales y jefes, y oficiales superiores. Vemos dos líneas rojas transversales que indican el promedio de la pasividad del BPS –la que está más abajo– y el tope –la que está más arriba– de la pasividad del BPS. ¿Cómo se entiende o se lee esta gráfica? Las gráficas verdes y azules, en todos los casos –para subalternos, oficiales y jefes, y oficiales superiores– superan el promedio de la pasividad del BPS. Es decir, los subalternos que se retiran de manera voluntaria –y que de toda esa escala son los que tienen las pasividades menores– superan el promedio del BPS. También vemos que lo superan los subalternos que se retiran con retiro obligatorio por edad y, obviamente, los demás superan ese promedio de la pasividad del BPS por una diferencia muy grande.

                Además, observamos que los oficiales y jefes, y los oficiales superiores, tanto los que se retiran de manera voluntaria como los que lo hacen obligatoriamente, superan el tope del BPS. Las jubilaciones de la Caja Militar superan el tope del BPS y, además, no hay tope en este caso.

                No solo tenemos un problema de monto de las pasividades, sino que superan siempre el promedio del BPS. En el caso de excluir al personal subalterno, superan siempre el tope de las jubilaciones del BPS.

Vale la pena ver también otro problema de la explicación multicausal que tiene que ver con la edad de retiro promedio de la Caja Militar. En el lado derecho de la lámina vemos un cuadro que muestra los datos con la misma discriminación –es decir, subalternos, oficiales y jefes, y oficiales superiores– y al final indica la edad promedio de retiro, tanto para el que se va en forma voluntaria como para el que se retira obligatoriamente por su edad.

Observamos que los subalternos, en promedio, se retiran voluntariamente a los 44 años; los oficiales y jefes, a los 49 años y los oficiales superiores, a los 53 años. El promedio ponderado general del retiro voluntario es a los 47 años. El retiro obligatorio por edad, en promedio –en la lámina están los valores por cada grupo– es de 51 años. Estos son los valores de todas las pasividades que se produjeron en el año 2015: 47 años para el retiro voluntario y 51 años para el retiro obligatorio por edad. La edad de retiro promedio actual en las Fuerzas Armadas, si juntamos los voluntarios con los obligatorios, es de 49 años.

                Entonces, hablábamos del deterioro de la relación activo-pasivo, de la evolución de cada pasividad, de cómo evoluciona en promedio con el BPS, de cuál es la estructura de las edades de retiro, pero hay otros problemas que tienen que ver con las tasas de reemplazo efectivas, que no son actuarialmente sostenibles. Podemos observar cómo es remplazado el último salario en actividad de cada militar con una pasividad, es decir, cómo se transforma ese salario en pasividad. La tasa de reemplazo es con qué valor, en comparación con ese salario, se retira.

                En pantalla tenemos una tabla que muestra, en la primera columna, las denominaciones de grados del escalafón; en la segunda, las remuneraciones nominales en actividad –que se denominan remuneraciones nominales de combatientes– y después figuran los retiros promedio. Dentro de este ítem hay dos columnas: una sin comparativa y otra con comparativa.  Este es otro de los problemas que tiene el esquema de retiros de las Fuerzas Armadas porque en algunos casos se retiran con el salario correspondiente a un determinado grado –eso es sin comparativa– y en otros se  contrasta el escalafón que le compete a ese retirado con la pasividad mayor que tienen dentro de ese mismo grado. No se retiran con el más bajo ni con el promedio de ese grado, sino que se comparan con el más alto y siempre van hacia este último, llevando el promedio siempre para arriba. Tenemos, por un lado, la remuneración nominal en actividad; por otro, lo que es el retiro promedio, sin comparativa y con comparativa; y luego vemos las tasas de reemplazo efectivas.

Vamos a poner un caso. Si tomamos el grado de coronel, que es el segundo que figura en la primera columna, tiene una remuneración nominal de $ 98.807 en actividad. Si se retira sin comparativa pasará a tener una pasividad de $ 85.976, pero si lo hace con comparativa, su pasividad será de $ 124.891; esto da una tasa de reemplazo, sin comparativa, del 87 % y, con comparativa, del 126 %.  En la tabla los senadores podrán observar lo que ocurre con todos los escalafones. Vemos que cuando estamos hablando de retiros con comparativa las tasas de reemplazo siempre superan –y en muchos casos hasta duplican– la tasa de reemplazo con respecto a lo que es el sueldo en actividad.

La tasa de reemplazo llega al 126 % para los coroneles, al 135 % para los capitanes, al 140 % para los tenientes coroneles y al 154 % para los mayores. En lo que respecta al personal subalterno, esas tasas son aún mayores; llega al 181 % para el suboficial mayor, 200 % para el sargento de primera y 209 % para el sargento de segunda.

Estos números, de por sí, llaman la atención y vuelven insostenibles las tasas de reemplazo efectivas en términos actuariales, pero vale la pena compararlas con las tasas de reemplazo del sistema general, es decir, las del Banco de Previsión Social.  La tasa de reemplazo mínima del BPS, con 60 años de edad y 30 años de servicio, es del 45 % y la tasa máxima, con 70 años de edad y 50 de servicio, es del 82,5 %.  Quiere decir que alguien que se jubila por el BPS, con 50 años de trabajo y teniendo 70 años de edad, podrá llegar como máximo a una tasa de reemplazo, reitero, del 82,5 %. En el caso de los militares tenemos tasas de reemplazo que superan el 200 % y recordemos que el promedio de edad de jubilación es de 49 años.

                A modo de síntesis, el déficit creciente del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas es multicausal, como decíamos anteriormente. Tiene una relación activo-pasivo que se ha ido deteriorando, edades de retiro tempranas, una forma de cálculo del haber básico de retiro que contribuye a aumentar ese déficit –esto tiene que ver con las tasas de reemplazo, con leyes comparativas que hacen que asciendan al grado inmediato superior cuando se retiran– y con la ausencia de un tope jubilatorio. Además, tiene otros problemas. Como es un régimen de servicios bonificados demasiado extendido, los años de servicio no se computan linealmente, sino que se incrementan en dicho régimen y, además, el cómputo de servicios comienza desde que el personal está en el servicio militar. Es decir, estamos ante una situación multicausal y todos los factores van en la misma dirección, o sea, en aumentar ese déficit. Por tanto, se deben tomar medidas con efecto en el mediano y largo plazo, pero también en el corto plazo. En el mediano y largo plazo, debemos asegurar la sostenibilidad financiera de forma consistente con las posibilidades fiscales del país y siguiendo criterios similares al resto de las reformas de la seguridad social. El Poder Ejecutivo está trabajando para enviar un proyecto de reforma de la Caja Militar, pero no es el primer caso en que se lo hace. Por ejemplo, ya se hizo en el régimen general, con la caja bancaria, la caja policial o la de los profesionales. Es decir, estamos frente a un caso más que debe ser atendido como ya lo fueron otros en el país para hacerlos sostenibles o sustentables. Obviamente, esta reforma tiene que considerar algunas particularidades de la función militar.

                Entonces, estas son medidas de mediano y largo plazo, pero en el corto plazo lo que se pretende hacer es reducir en un 10 % la transferencia que, como veíamos, fue de USD 400:000.000, lo cual se ha duplicado en términos reales en la última década. En consecuencia, se pretende reducirla en el corto plazo solamente en un 10 % a través de esta prestación pecuniaria a cargo de retirados y pensionistas cubiertos por este servicio. Y, además, esta prestación pecuniaria se pretende que sea similar o análoga a la solución existente con la prestación pecuniaria para los retirados de la caja bancaria. Es decir, estamos frente a un caso bastante similar.

                Como decíamos, en el corto plazo se pretende reducir en un 10 % la transferencia, con una recaudación estimada de USD 40:000.000. A su vez, esto aumentará las fuentes de financiamiento genuino del servicio de retiros y pensiones. La norma presentada prevé la afectación directa de lo recaudado al servicio de retiros que hoy solamente tiene ingresos por los montepíos; o sea, un 13 % por el montepío personal y un 15% por el montepío patronal.     

                Luego de esta introducción del contexto del paquete de consolidación fiscal y de la situación estructural de la Caja Militar, del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, pasamos a los aspectos más concretos del proyecto de ley. En primer lugar, vamos a ver algunos lineamientos generales, los cuales tienen que ver con respetar los principios tributarios vigentes desde el año 2007. Es decir, no gravar a todos los pasivos militares por igual, sino que hay que atender su capacidad contributiva. Por eso hay escalas definidas por tramos de ingresos, con tasas progresivas, aunque no progresionales y se fija un monto mínimo no gravado. A su vez, se reflejan los cambios tributarios aprobados en la rendición de cuentas en lo que tiene que ver con el IRPF o lo presentado en el caso del IASS. O sea, se gravan los ingresos a partir de $ 50.100 mensuales; el mismo nivel que se utilizó para modificar las tasas del IRPF o del IASS. Esto busca focalizar claramente la recaudación en los ingresos más altos, en aquellos pasivos militares de ingresos más altos. Por ello es que se diseñó la siguiente escala y tasas.  La escala presentada tiene once tramos, los cuales se van dividiendo en función de la cantidad de bases de prestaciones y contribuciones que representa la pasividad. Los montos mensuales incorporan la doceava parte correspondiente al aguinaldo que perciben los pasivos militares. Ahí vemos las diferentes franjas. La primera de ellas va de 0 a 15 BPC, es decir, de 0 a $ 50.100 nominales. Allí la tasa es de 0 %. Y luego, en las distintas franjas, en función de la cantidad de BPC, van subiendo las tasas hasta llegar a una máxima de 20 % para aquellas pasividades que superan los $ 133.600.

                Como decíamos, estas tasas y este diseño son muy similares a lo que ocurrió, en su momento, con el impuesto a los pasivos de la caja bancaria. En la imagen estamos mostrando cuatro columnas; las dos primeras representan la escala de BPC para medir las pasividades, tanto de la caja bancaria como del Servicio de Retiros y Pensiones de las  Fuerzas Armadas.  En la tercera columna mostramos las tasas que se aplican en el caso de la caja bancaria y, en la cuarta, las tasas que se aplican al Servicio de Retiros y Pensiones de las  Fuerzas Armadas.

Como se puede ver, en primer lugar, en ambos casos hay un mismo objetivo recaudatorio –que es el 10 % de los egresos que hay que cubrir– y se tienen las mismas tasas mínimas y máximas e idéntica forma de cálculo que se aplica sobre el ingreso nominal. Quiere decir que estamos ante una situación análoga por el objetivo recaudatorio, por las tasas mínimas y máximas y por la forma de cálculo.

                Ahora bien; para la escala de montos de las pensiones veremos cuáles son las tasas que se aplican en un caso y en el otro y podemos apreciar alguna diferencia entre ambas soluciones. En el caso de la prestación planteada para el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, se buscó un diseño que grava menos a los ingresos más bajos. Esto es porque, en el caso del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, el mínimo no gravado es bastante más alto que el de la caja bancaria. Precisamente, en el caso de la caja bancaria el mínimo no imponible es de 6 BPC y, en el de la Caja Militar, de 15 BPC. Además, en las franjas más bajas las tasas, en el caso de la Caja Militar, son también más bajas, es decir que tiene un mínimo imponible bastante más alto –más del doble–, mientras que en los tramos más bajos de ingresos las tasas son menores. Terminan –eso sí– con una tasa máxima que es similar.

                Como comentario al pie, dado algunas apreciaciones –y seguramente esto podremos ir viéndolo después–, quiero decir que en marzo de 2014, de manera unánime, la Suprema Corte de Justicia desestimó la acción de inconstitucionalidad con respecto a la prestación de la caja bancaria; aclaro que dejaremos un dosier con algunas de estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia.

                Otro aspecto importante que tiene que ver con el diseño del impuesto es que el montepío que deben pagar los militares se toma como pago a cuenta en la prestación que se está planteando, atendiendo a la especificidad del caso de las pensiones militares. Los retirados con menos de 36 años de aporte continúan, aun estando retirados, aportando el montepío y es por eso que se entendió necesario contemplar esta situación. Quiere decir que el aporte del montepío, en el caso de los pasivos que lo continúen pagando, se toma como pago a cuenta de la prestación pecuniaria que se propone.

                Vamos a ver algunos resultados esperados en este caso. Lo que se pretende, por un lado –como decíamos–, es aumentar los ingresos propios del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En el cuadro izquierdo de la imagen mostramos la estructura de ingresos del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas para el año 2015. Como decíamos, estos ingresos son los que se dan por el montepío –tienen que ver con los aportes personales y los aportes patronales– y son aproximadamente

$ 2.276:000.000, unos USD 70:000.000.

La estructura esperada de ingresos quedaría como está planteado a la izquierda de la imagen: un 35 % de aportes personales, un 28 % de aportes patronales y un 37 % proveniente de la prestación pecuniaria; es decir que, en montos, absolutos aumentaría un 58 % los ingresos propios de la Caja Militar.

                Veamos cómo serían los impactos según los tramos de ingresos de las pasividades. En la columna de la izquierda de la diapositiva tenemos las 11 escalas previstas en el impuesto, luego la cantidad de personas retiradas, los pasivos militares por cada escala y, en la tercera columna, la contribución a la recaudación total. En total hay 49.558 pasivos militares. En la primera franja hay 40.306, que serían los que no estarían gravados. O sea que alrededor del 80 % de los pasivos militares no pagará la prestación; 40.000 en 50.000 no pagarán la prestación.

                El aporte efectivo de las primeras franjas no supera el 10 %. Si observamos la quinta franja vemos que aportan el 8 % y si sumamos la sexta llegamos recién al 10 % del aporte total.

                Por otro lado, el 66 % de la recaudación recae sobre quienes tienen pasividades mayores a $ 100.000 mensuales. Este claro diseño busca que el financiamiento del déficit creciente y duplicado en términos reales en los últimos diez años sea fundamentalmente financiado por aquellos que ganan pasividades superiores a $ 100.000, lo que sucede porque no hay un tope jubilatorio como en el caso del Banco de Previsión Social. Claramente es un diseño progresivo.

                Estos son los fundamentos tenidos en cuenta, la estructura del impuesto y los impactos esperados que pretendemos obtener con el proyecto enviado al Parlamento.

                También quisiéramos hacer alguna referencia respecto a ciertas apreciaciones realizadas la semana pasada en la comparecencia a esta misma comisión de representantes de los pasivos militares. Por ejemplo, decían que muchos pagarán más del 50 % de sus haberes de retiro o pensiones y que, por lo tanto, lo vuelve en un gravamen confiscatorio. Es importante ver cómo construyen ese 50 %. Para llegar a eso se toman en cuenta las contribuciones a la sanidad militar y el aporte que se realiza para la tutela social, es decir un 4 % y un 1 %. Estos no son impuestos y, por lo tanto, no pueden ser tomados en cuenta a la hora de calcularse la imposición, porque estamos hablando de la contribución a la sanidad militar y a la tutela social.

                Por otro lado, es importante ver cuál es la tasa efectiva que se pagará, es decir, si se llega al 50 % planteado y para empezar hay que descontar los valores que no corresponden a la  hora de calcular la presión tributaria. Si tomamos en cuenta la tasa efectiva del IASS con las modificaciones planteadas y que están a estudio del Parlamento –es decir, con una presión aumentada por esos cambios en el IASS–, y agregamos la tasa efectiva del impuesto según las 11 escalas, los 40.600 pasivos que no van a pagar esta prestación y que en algún caso pueden pagar algo del IASS, tendrán una presión efectiva del 1,3 %. Los siguientes –que están en la segunda escala– tendrán una presión tributaria –ya pagarán el 2 % del promedio de la prestación pecuniaria– del 7,3 %. Obviamente, esta presión va aumentando; en el tercer escalón es de 10,3 %, en el cuarto, de 13,4%, en el quinto del 16,4 %; es decir, que esa presión se va incrementando y en ningún caso el promedio de las once escalas supera el 40 %. Podríamos tomar no solo los promedios de cada una de las once escalas –decíamos que ni en la máxima, el promedio superaba el 40 %– y ver el caso de la pasividad más alta que tiene la tasa efectiva más alta.  La tasa máxima efectiva total de IASS, más la prestación pecuniaria es del 44 %. Obviamente, hablamos de la pasividad más alta de la franja superior. Es importante ver ese 44 % sobre qué pasividad recae: estamos hablando de una pasividad de $ 344.554. Por lo tanto, por la tasa ni por los montos sobre los que se aplica la tasa, en nuestra opinión no es de recibo que se diga que se está ante una situación confiscatoria.

                Se planteaban algunos casos con determinados montos de impuestos. Acá es importante dejar claro, para que conste en la versión taquigráfica, que los números no son los comentados en la comparecencia. El señor Nelson Mosco decía, por ejemplo, que a quien tiene una pasividad de $ 50.000 nominales, deducidos todos los descuentos, le corresponde una pasividad de  $ 42.024 y que en ese caso, por aplicación de esta prestación pecuniaria, recibiría $ 2.328 menos. Eso no es correcto porque si tiene $ 50.000 nominales, no pagará la prestación y, por lo tanto, no tendrá un impacto por la referida prestación de $ 2.328, de $ 2.000, ni de $ 328, sino que será de cero.  Sí podrá tener un impacto por el cambio del IASS pero, en este caso, como estamos ante una prestación menor a $ 50.000 nominales y la propuesta planteada grava a partir de ese monto, tampoco debería tener un efecto.

                A su vez, en la comparecencia, se decía que la franja de los $ 75.000 nominales tendría una afectación del 33 % o sea que, aparte de todos los descuentos, como IASS y demás, pagaría $ 12.617. Debo decir que eso no es correcto porque a una prestación nominal de $ 75.000 le corresponde una tasa efectiva de aporte del 14 %, equivalente a $ 10.500.  Después se dijo que en la franja de $ 100.000 se pagaría el 41 % por este impuesto que equivale a          $ 21.822 y tampoco es correcto. En ese caso corresponde un pago mensual de $ 16.000.      

                Luego se hizo referencia al hecho de que esto podría afectar el ingreso a la función militar, pero nosotros entendemos que el incentivo para ese ingreso es multicausal y no solo se basa en la expectativa de cuánto se va a ganar al momento de jubilarse. Entendemos que tiene que ver con condiciones laborales, con retribución al momento de estar activo. Además, creemos que el incentivo a retirarse tiene que ver con otros factores como, por ejemplo, la posibilidad de retirarse a los 43 años. Tanto los factores para el ingreso a la fuerza militar como para el egreso no solo tienen que ver con la expectativa de la pasividad que se pueda obtener a la hora de ingresar o decidir retirarse.

                Estas eran algunas consideraciones que queríamos hacer en esta primera intervención y, por supuesto, quedamos a las órdenes.

SEÑOR AMORÍN.- Le doy la bienvenida a la siempre nutrida y calificada delegación del ministerio de economía. Voy a hacer algunas apreciaciones, no voy a hacer preguntas porque como siempre, coincida o no, las expresiones del señor subsecretario han sido absolutamente claras. No me dejaron dudas, tanto en las cosas en que coincido como en las que no. Reitero, me pareció absolutamente claro.

Es evidente que llegamos a esta realidad o que este tema salta ahora por una situación mucho más global, por la situación general del Uruguay que tiene un déficit mucho mayor al que se había comprometido el Gobierno anterior que, naturalmente, es el mismo que este. No sé si íbamos a terminar el año pasado con superávit, pero sí con un déficit menor al 1 % y terminamos con uno mucho mayor. Cuando este equipo del ministerio estimó el crecimiento del Uruguay para el 2015 y el 2016 nos dijo que iba a crecer un 2,5 %, pero todo el planeta decía lo contrario. Claro, a veces el planeta se equivoca como se equivocó con Trump. Era bastante evidente que la lógica iba a ser distinta y esos errores de apreciación trajeron un déficit mucho mayor al que teníamos y que el país debe enfrentar sin lugar a dudas. Tenemos claro que                 USD 400:000.000 es mucho. En el caso de Ancap vimos que era mucho más; en el caso de Pluna vimos que era mucho más. Siempre es mucho. Es mucho en el caso de Ancap, es mucho en el caso de Pluna y es mucho ahora.

Estamos acostumbrados a hablar de la Caja Militar. En realidad, lo hay que reformar es el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Lo comparto plenamente. Habría que haberlo hecho hace mucho tiempo, pero como pasa siempre, tomamos la iniciativa cuando aparecen estas situaciones críticas. Hay que hacerlo. El mundo, la medicina y la química han cambiado tanto que parece absurdo que un coronel tenga que tener retiro obligatorio a los cincuenta y cinco años y es probable que a él le parezca lo mismo. También me parece absurdo que un soldado tenga retiro obligatorio a los cincuenta años. Esas cosas tienen que cambiar. Hay que hacer una reforma profunda en el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y por supuesto que estamos dispuestos a colaborar. Es necesario para la salud del Estado en el mediano y largo plazo, pero hay que hacerlo ahora. No hay que esperar más. Me parece algo absolutamente esencial.

Por otro lado, no comparto que esa reforma empiece con un impuesto. No me parece bien, no me parece justo y no me parece serio. Entre junio y julio –no recuerdo bien– el ministro Astori anunció por televisión toda esta batería de impuestos que básicamente se iba a aplicar a los trabajadores y a los pasivos en general. Estamos en noviembre y creo que se podría haber avanzado en este tema. Creo que esa reforma es necesaria y todavía no sabemos nada. Desde hace seis meses nos dicen que se está trabajando, pero nos traen un impuesto que se suma a otro más allá de que gane $ 345.000 o $ 347.000; con total franqueza digo que no conozco todas las pasividades del Estado. Si me dicen que una persona tiene una pasividad de $ 347.000 me alegro por ella, me parece mucho pero hay un sistema que llevó a que eso fuera así. A esa persona y a otras que ganan menos no los va a afectar un solo impuesto sino que les van a aplicar dos impuestos juntos, el aumento del IASS más esta contribución especial. Además, creo que cuando para hacer un trabajo más serio o mejor dicho más completo, deberíamos saber cuánto es la erogación en activos y la evolución de cuánto gasta el Estado en activos y en pasivos de las Fuerzas Armadas. Este tema me parece que sí hay que verlo con globalidad y, por supuesto, esto también como porcentaje del PBI. Creo que esto es importante.

                Algunos datos que nosotros tenemos –supongo que son reales– dicen que en el ochenta y cinco –cuando termina la dictadura, el golpe de Estado– había cerca de 50.000 efectivos activos en las Fuerzas Armadas que, seguramente, era mucho más de lo necesario y que, al día de hoy hay algo así como 27.000, o sea, mucho menos. A su vez, en los pasivos se da la relación casi inversa: había 20.000 y pico y hoy hay cerca de 50.000. Entonces, creo que también hay que ver la globalidad de cuánto dinero se destina a las Fuerzas Armadas entre activos y pasivos; quiero ver cuánto era en el ochenta y cinco como porcentaje del PBI y cuánto es hoy, porque también el sistema funcionó y, en realidad, todos –algunos más que otros y miro especialmente a una compañera– entendíamos que las Fuerzas Armadas estaban un poco grandes. ¡Seguramente en el ochenta y cinco estaban un poco grandes! ¡Seguramente se intentó ir disminuyendo el número de integrantes de las Fuerzas Armadas en actividad! Pero los que estaban en actividad y para irse, ya se jubilaron o entraron al Sistema de Retiros y Pensiones. Me parece que hay que ver la globalidad, porque si no vemos qué pasó con las pasividades, seguramente el monto global creció mucho. Ahora bien, también es cierto que la financiación real, es decir, lo que pagan hoy los activos es mucho menos por dos motivos: porque hay mucho menos activos y porque los salarios de las Fuerzas Armadas no han subido en comparación con el resto de los salarios del Estado y de los salarios públicos. Es notorio que los salarios militares en comparación con los policiales tienen un rezago importantísimo y, por lo tanto, los aportes que hacen, es un porcentaje más bajo que en otras actividades del 15 % y del 13 %; es obvio y evidente que llegan a cubrir una parte mucho menor. Hay otra cosa que ocurre: dispara a las pasividades por encima de los salarios en actividad y quiero que me confirmen si es así. Se me dice que los salarios en actividad  de las Fuerzas Armadas están creciendo más o menos como el IPC y que las pasividades, de acuerdo con una reforma del ochenta y nueve, crecen con el índice medio de salarios, que en los últimos once años, por suerte, ha ido por encima del IPC. Esto hace que haya otro disparo que es por norma constitucional.

                Me parece que todas estas cosas hay que verlas, analizarlas, estudiarlas y que arrancar con un impuestazo es negativo, está mal y, obviamente, no lo voy a votar. Pero desde ya les digo que estoy dispuesto a trabajar en ese proyecto que es para mejorar los números a mediano y largo plazo, porque no se mejoran hoy con la reforma de la caja. Creo que hay que empezar a trabajar hoy, que tenemos que tener el proyecto hoy, porque lo urgente es hacer las cosas ahora para que a mediano y largo plazo no tengamos este problema que hoy estamos atravesando y que salta con una notoria imprevisión del Gobierno en cuanto al manejo de los números del Estado.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero plantear algunas inquietudes, señora presidenta.

                Creo que la exposición fue muy completa, pero sería bueno que el señor subsecretario pudiera alcanzarnos la gráfica porque nos va a ayudar al leer la versión taquigráfica.

Por otro lado, recibí con gran alegría el anuncio del señor senador Amorín de que va a trabajar codo a codo con nosotros para la reforma de la Caja Militar, porque cuando se tienen respaldos importantes, naturalmente, da sostenibilidad en el tiempo a esa reforma.

                Obviamente, la exposición ha sido muy completa y sirve para ver los problemas que tenemos en la Caja Militar –sé que este no es el nombre correcto–, pero mientras se estudia el proyecto de ley y luego se le da el trámite parlamentario –lo que llevará algunos meses– hay que poner un freno a algo que está desbocado. Me parece sensato que se haga así, más allá de que no todos lo puedan compartir.

                La primera de mis inquietudes tiene que ver con lo siguiente. Como se pretende recaudar un determinado monto de dinero, me pregunto si este es el único mapa para hacerlo. ¿Podría haber otros? ¿El Poder Ejecutivo compartiría que existiera otro mecanismo de franjas para la recaudación del mismo monto? Tal vez nos podrían acercar otros modelos y me gustaría saber si están de acuerdo con que pueda haberlos. Quizás haya algunos argumentos que matemáticamente den el mismo resultado, pero los fundamentos son contrarios a que se adopten.

Tengo otra inquietud que debería fundamentar un poco porque a diferencia de todos los otros sistemas de jubilaciones y retiros, donde la persona recién se puede jubilar a los 60 años –a veces más–, en las Fuerzas Armadas uno puede optar por un retiro voluntario muy temprano. Si no estoy equivocado, esto puede ocurrir a partir de los 38 años si se toman en cuenta los años del liceo militar y demás. Si a esto sumamos que la expectativa de esa persona que se retira a los 38 años puede ser mayor al promedio, lo que sucede es que se beneficia del retiro por más de 40 años. En el modelo que se nos trae se dice que a los retiros más bajos no se les cobra, pero si, por ejemplo, hay una persona que se retira como aviador a los 38 años y se va a trabajar a una compañía aérea muy importante, durante 40 años recibirá un monto –que puede ser de $ 27.000 o $ 28.000– que no llega a los cincuenta, no tiene descuentos y además se trata de la actividad privada. Si esos cuarenta años de aporte los redujéramos a quince, que es la expectativa de vida para un oficial que se retire a los 65 años, quizás el retiro o la jubilación –sé que el término no es el correcto– sea superior al que estaría gravando.

                Me parece muy bien que se ponga el impuesto y se intente frenar la situación que está desbocada, pero en este trámite parlamentario capaz que nos damos cuenta de que entre quienes reciben jubilaciones de menos de cincuenta mil pesos debe haber una bolsa de gente de menos recursos y otra de aquellos que se retiraron tempranamente, con la formación que les dieron las propias Fuerzas Armadas, que fueron al mercado y encontraron salarios más altos. Creo que estos últimos deberían contribuir con algo porque, de lo contrario, no tendría explicación que esas mismas personas estuvieran aportando durante 36 años. ¿Por qué aportan el Montepío durante 36 años? Porque se les dice: «Aunque tú te retires, algo tenés que seguir aportando». Parecería lógico que se distribuyera también en ellos algo del peso, del costo, y que no sucediera –como en otras situaciones– que las jubilaciones bajas fueran de gente con menos recursos. En este caso, la fotografía no es exacta.

                Quizás no haya forma de hacer esto, tal vez el Ministerio de Economía y Finanzas o el Poder Ejecutivo dicen que buscaron cómo hacerlo y no encontraron la respuesta. De repente se puede grabar el Montepío de esas personas, no sé; habría que pensarlo, pero lo dejo a modo de inquietud.

Agrego que no es explicable el artículo 6.º, salvo que tenga un fundamento jurídico que abra un flanco que no conocemos. Aunque el subsecretario dijo que había por parte de la Suprema Corte de Justicia un pronunciamiento de constitucionalidad, puede haber algún abogado que encuentre un flanco; obviamente, nadie pretende que eso suceda. 

                El artículo 6.º dice que esto vale para las personas que todavía están pagando el Montepío y están retiradas. Por lo tanto, tuvieron un retiro anticipado; en general, son retiros voluntarios. Puede ser que haya alguien que se retire a los 55 años y le queden todavía años para pagar el Montepío. También expresa esta disposición que esto se aplicará para las personas que ganen más de $ 50.000 y que estarán afectadas por este impuesto. Al mismo tiempo, aquí se señala que como estas personas están pagando el Montepío, lo podrán deducir. Fíjense, señores senadores e invitados: una persona se retira a los 45 años, cobra más de $ 50.000 y paga alrededor del 13 % de Montepío. Durante 35 años va a recibir más de $ 50.000 por mes y capaz que durante 10 años tiene que pagar el Montepío. Recordemos que se trata de una caja que está desbocada y a pesar de ello, le decimos a esa persona que el Montepío se le toma a cuenta. No estamos hablando de la persona que no llega a $ 50.000 sino de la que sí llega y que tiene 45 o 47 años. Esta persona, según creo, va a ser la más beneficiada, siendo que seguramente se fue en forma voluntaria porque las Fuerzas Armadas la especializaron en alguna temática que el mercado paga muy bien. Entonces, hizo las cuentas, se lanzó al mercado y se quedó con el retiro –producto de su decisión voluntaria–, pero ahora en que se pide un esfuerzo a todos, se le toma en cuenta el Montepío que aporta. Puede haber una razón jurídica que desconozco, pero si no fuera así, no le encuentro sentido al artículo 6.º.

                Estas serían mis tres inquietudes: si el Poder Ejecutivo acepta que puede haber diferentes modelos; si podemos encontrar un mecanismo para que quienes se retiran voluntariamente y pagan Montepío también colaboren –aunque eso sea simbólico– y, por último, conocer los fundamentos de este artículo que aunque no los encontré, repito, puede haber alguna razón jurídica que lo justifique. 

SEÑORA MOREIRA.- En primer lugar, deseo felicitar a la joven delegación del Ministerio de Economía y Finanzas.

En segundo término, me parece que la discusión sobre esta prestación pecuniaria de asistencia –vamos a no llamarle más «impuesto a la jubilación militar»– por parte de quienes vinieron a la sesión pasada estuvo plagada de algunas afirmaciones que era importante corregir. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que este es un impuesto y que la reforma que vendrá luego     –sobre la que también voy a preguntar– se presenta muy condicionada por una desesperación fiscal del Estado.

                Por otro lado, todas las instituciones que comparecieron ante la comisión –no recuerdo cuántas fueron, quizás seis o siete, entre ellas militares retirados y el Club Naval– se centraron en el hecho de que el déficit era un problema de la relación activo-pasivo; sin embargo, me parece que queda claramente demostrado, y además surge de la exposición de Ferreri, que el déficit es multicausal y que la relación entre el número de activos y pasivos es una variable menor en el conjunto de las causales. Creo que es importante dejar esto establecido, así como también el hecho de que el déficit es el resultado de la tasa de reemplazo de las compensaciones especiales y de muchas otras cosas.

                Además, se repitió hasta el cansancio que la mayoría de los jubilados militares se va a ver afectada por este impuesto; el señor Mosco –que citó Ferreri– habló de que entre el 75 % y el 80 % de ellos se verán afectados. Creo que hoy queda claramente establecido que 40.000 de 50.000, en números gruesos, están por debajo de los $ 50.000 nominales. Lo digo porque son números grandes como una casa y, de alguna manera, marcan la discusión política de este impuesto.

Por otro lado, a la mayoría de la población se le escapan los detalles técnicos, pero el tema es si afecta a la mayoría o a la minoría, y me parece que queda claro que afecta a la minoría.

                En lo personal, no creo que sea un impuestazo. Es un impuestito y, en realidad, lo que nos importa a todos –y veo con gran beneplácito que al senador Amorín también– es que venga la reforma estructural de la Caja Militar, que es la que corregirá el déficit a mediano y largo plazo.

                Quiero preguntar sobre la reforma de la caja y este impuesto, que creo que es parte de un conjunto de acciones. ¿Cómo identifican esa cronología de trabajo que empieza con el impuesto y termina con la reforma de la Caja Militar? ¿En qué Estado está el trámite?

                Me parece que en este sistema de acciones para reducir el déficit de la Caja Militar deben prevalecer cuestiones de justicia distributiva, no cuestiones fiscales. Recuerdo que en aquellas viejas épocas en que el economista Nelson Noya educaba sobre los principios de justicia distributiva que guiaban la posible reforma del sistema de previsión social del año 1996, hablaba de dos principios de justicia. Uno de ellos fue mencionado por el subsecretario Ferreri y es importante tomarlo en cuenta: a partir de la reforma del 96, que el Frente Amplio no votó, acá se ha ido hacia la universalidad del sistema y la implementación de transformaciones análogas en otras cajas. Entonces nos metimos con los bancarios, los profesionales y los policías, en fin, todas las cajas tienen que entrar en un principio de equivalencia porque, si no, ¿qué clase de sociedad seríamos?

El otro principio refiere a una equivalencia individual entre lo que aportamos durante nuestra vida y lo que recibimos cuando nos jubilamos, que es otro principio de justicia distributiva que tiene ver con la carrera del aportante. Lo que queda claro de la exposición que hicieron ellos aquí, es que ninguno de los dos principios de justicia previsional están en este momento siendo vigentes –por decirlo así– con la situación que hoy tiene la Caja Militar  –que es el nombre de fantasía del sistema de retiros y pensiones militares–, y eso es lo importante. No hay equivalencia ninguna entre los aportes que hacen y las jubilaciones que reciben los militares, ni con el resto de las piezas que componen el sistema.

Está claro lo que es el déficit previsional vinculado al BPS. Ellos no se han cansado de comparar el déficit que generan los 600.000 pasivos del BPS con el déficit que generan los 50.000 jubilados de la Caja Militar, las tasas de reemplazo, las compensaciones especiales. Cuando veía las tasas de reemplazo, casi todas superiores al 80 %, y pensaba en la terrible tasa de reemplazo con la que nos vamos a jubilar todos nosotros, que es de 45 % o   50 % y todavía con topes, concluía que es un régimen que no resiste desde el punto de vista de los principios de justicia. No es solamente un problema de recaudación fiscal, sino también de orden normativo y de orden de filosofía política sobre los principios de justicia que deben guiar a una nación.

                La pregunta concreta que deseo hacer se relaciona con algo que dijo el senador Amorín –es un poco para pelear con él–, pues mencionó que los salarios militares subieron menos en promedio que los policiales. En ese caso tiene razón, pero no es verdad que los salarios militares subieron menos en promedio que otros salarios públicos, porque cuando en el período anterior dimos en el presupuesto una partida extra para el incremento de los salarios del personal subalterno –aquí viene la pregunta; pueden contestármela o no–, recuerdo que ellos, en el primer año se lo dieron, pero luego lo fueron repartiendo a los salarios de los oficiales superiores. Por tanto, si uno mira el incremento salarial, se dispara del de otros trabajadores públicos. La Policía sí tuvo incrementos superiores, sin duda, al igual que los docentes, pero no me queda claro que los salarios militares hayan crecido por debajo del resto de los salarios públicos, sino por arriba.

SEÑOR AMORÍN.- Me permito interrumpir un segundo a la señora senadora para puntualizar lo siguiente.

                Quise dejar en claro que había aumentado más el índice medio de salarios, que es por el cual reajustan los pasivos por la reforma del 89, que lo que aumentó el salario de los activos, y ahí se dispara la diferencia.

SEÑORA MOREIRA.- Perfecto, pero eso afecta todas las categorías, no solo a los militares. Además, no tienen tope.

                La pregunta, básicamente, es cómo ven ustedes el paquete entero –ya que el señor senador Amorín ha manifestado su disposición a estudiar este tema de la reforma de la Caja Militar y estos números evidencian que sin una reforma profunda del sistema esta situación no se corrige–, el encadenamiento entre estos dos proyectos, como está el proyecto de reforma de la Caja Militar, etcétera.

SEÑOR CAMY.- Saludo la presencia del señor subsecretario y de la delegación de asesores que lo acompaña.

                Haré dos preguntas puntuales y algunas consideraciones, tal como lo hicieron los señores senadores preopinantes.

                A nuestro juicio, el nominal gravado es jubilación más cuota parte de aguinaldo en la prestación que se trajo como referencia. O sea que debería sumársele 8,33 %.  El subsecretario señala que existe un mínimo no gravado al día de hoy de $ 50.100 y que, por tanto, no pagaría. Según lo que interpreto del artículo 4.º del proyecto, para aplicar la escala de tasas a las jubilaciones o a las pensiones se les adiciona la cuota parte de aguinaldo, o sea, el 8,33 % más y ahí paga. Según mis cálculos, a partir de los $ 46.247 se pagaría. Esa es la pregunta que formulo, para ver si interpreto correctamente.

                La otra interrogante tiene que ver con una apreciación que se hizo en la pasada sesión, cuando concurrieron el Centro Militar, el Club Naval, el Club de la Fuerza Aérea, el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, el Círculo Militar General Artigas y el Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar que encabeza el general Fígoli, acompañados del prestigioso constitucionalista, doctor Gonzalo Aguirre. El doctor Aguirre claramente dijo que, a su entender, existía un claro vicio de inconstitucionalidad en función de lo que señalan los artículos 67 y 298 de la Constitución y la aplicación de la reforma del artículo 89. La consulta que hacemos es si jurídicamente esta cartera de Estado tiene la certeza de que esto no es así, o si lo ha evaluado.

                Yendo a las consideraciones que nos interesa realizar, ante todo queremos hacer una salvedad que, de hecho, en la pasada sesión ya hicimos. Sentimos que este es uno de los temas en los que en el Uruguay hay un corte generacional, más allá de la consideración que hagan los partidos políticos, de las afinidades entre sectores suprapartidarios que puedan existir o de la ideología.  Pienso que quienes nacimos en la década del 70 –lo digo con mucho respeto– tenemos una visión tal vez más objetiva que la que legítimamente pueden tener aquellas personas que vivieron como protagonistas en una época traumática de nuestra historia que, sin duda, marcó muchísimo y –a mi entender, y aclaro que hablo en términos generales, sin referirme a nadie en particular– pautó la visión que se puede tener sobre el tema de las Fuerzas Armadas.

                Hoy, ineludiblemente estamos asistiendo a una de las principales reuniones de esta comisión porque comparece el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la opinión técnica más versada y especializada en la materia, que aporta datos estadísticos y económicos financieros. Ahora bien; en lo personal no sé si corresponde que recaiga solamente en la visión de Economía la situación que  debemos analizar, aunque sí es necesario contar con la opinión técnica de la cartera, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces hay números que presentan diferencias. Este es un tema mucho más de fondo. Incluso diría que no me parecería justo que esta cartera de Estado tuviera la responsabilidad principal, porque este asunto viene de mucho tiempo atrás y tiene que ver, fundamentalmente, con qué tipo de fuerzas armadas queremos tener en nuestro país. 

¿Es un tema que surge hoy? No. No es un tema de este Gobierno, período o año. Esto está vinculado al  envejecimiento  de la  población uruguaya, a la  baja natalidad, al  aumento –por suerte– de la expectativa de vida, a la disminución de la relación activo–pasivo  –en esto tengo un matiz con respecto a lo que señaló la señora senadora Moreira, porque creo que no es un tema  más, sino que es  central–, al fuerte gasto que define a la seguridad social en nuestro país, medida por tamaño de economía en términos comparativos que  nos pone –orgullosamente– en los  primeros planos a nivel mundial, y por supuesto que también influye la corriente migratoria, tratándose mayoritariamente de jóvenes.

¿Es solamente un problema de Uruguay? No, es regional y mundial.

En el caso de las Fuerzas Armadas, ¿tiene solución? En lo personal, creo que no, pues es muy difícil. Por eso entiendo que este tema va más allá de lo específico. Es muy difícil de solucionar porque al haber un criterio en el país donde ha primado la reducción de efectivos, siempre habrá más pasivos que activos aportantes. Por lo tanto, la disminución de sueldos de actividad, van a ir en pasividad. Sin entrar a la definición de si está bien o mal, es una realidad y nos hace pensar que es muy difícil dar una solución de fondo al tema.

El senador Amorín aportó unos datos, pero según lo que se me informa, son 43.000 hombres los que revistaban en las Fuerzas Armadas en el año 1986. Y ahora, según los datos que tenemos, serían 27.000. En 1986 las Fuerzas Armadas gastaban el 4,38% del Producto Bruto Interno, y hoy el 0,6%. Me voy a quedar con el dato presentado por el subsecretario, que es de 0,7%. Y en 1970 –lo consulté– no llegaba a 22.000 el número de hombres que revistaban en las Fuerzas Armadas. Entonces, es bien claro que hubo una hipertrofia en este proceso en las Fuerzas Armadas, tanto de unidades como de recursos humanos. También creo que el sistema político, de 1970 a hoy, es responsable, al menos, de no haber previsto lo que iba a originar esta situación.

                Es verdad que al mismo tiempo en el 2000 se destinaba a la educación el 2,42% del PBI, en el 2011 el 4,36% y hoy hay una meta o aspiración de llegar al 6%, por suerte. En buena hora. En salud pasa lo mismo. En el año 2000 fue el 2,71% y, en el año 2014, el 6,11%. En las Fuerzas Armadas ha disminuido. Esas son definiciones que me parece tiene que plantear el sistema político y no entrar a tomar decisiones en función de calificar cuáles fueron las razones o los pensamientos. Son realidades absolutas. Si aprobamos este proyecto tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo, ¿el resultado será que se va a corregir la situación que hoy justifica la implantación de esta propuesta del Gobierno? No. ¿Va a paliar? Sí. ¿Soluciona? No.

                Estamos viendo que más del 50% de los soldados y marineros perciben ingresos menores a $ 14.000. Tengo un informe que señala que el 60% de los soldados vive bajo la línea de pobreza y que aproximadamente el 20% en indigencia. Además, solo el 30% de la oficialidad es propietaria de vivienda. Es un tema que no está vinculado a la caja, sino que es mucho más complejo. Uruguay tiene que plantearse qué va a hacer con las Fuerzas Armadas.

                En los últimos tiempos ingresaron al Estado 60.000 funcionarios públicos. He consultado sobre cuánto representa esta cifra por mes y se me señala que son aproximadamente USD 44:000.000. Y ahí surge el planteo de dónde gastar, cómo gastar y por qué gastar; tenemos que animarnos a analizar esto. Digámoslo con claridad: este es un tema tabú. Si me pusiera en defensor de las Fuerzas Armadas –y esto no es un contencioso–, podría decir que somos los únicos que bajamos de 43.000 a 26.000 funcionarios, porque después el Estado ha crecido. Este no es el punto en discusión, pero es el tema de fondo y creo que es sustancialmente superior.  La senadora Moreira expresó que han aumentado –es cierto– los recursos para la seguridad pública. No entremos a discutir los matices, si se gastaron bien, mejor o cuándo, o con qué ministro se ha invertido, pero hace 19 años que a pesar de que a la Policía se le aumentaron los salarios –en los gobiernos del Frente Amplio– y los recursos, las cárceles perimetralmente las custodian los que ganan $ 14.000. Son hechos que nos plantean que el tema es mucho más de fondo que el puntual.

                El Banco de Previsión Social se lleva el Montepío de los activos, el aporte patronal de las empresas, siete puntos de IVA –lo cual pagamos todos los uruguayos–, el IASS de los jubilados, entre ellos, los militares –que son USD 30:000.000–, pero aun así no alcanza, porque el déficit del 2014 al 2015 requirió USD 479:000.000 más de asistencia y se proyecta un déficit que va a aumentar, según la opinión de los entendidos,  manejándose una cifra de   USD 568:000.000.

                Me parece que estamos ante una situación compleja. Tenemos, por supuesto, una realidad que tiene que ver con que hay determinados derechos que el militar no tiene.

No recuerdo qué senador planteó en la sesión pasada –a la que concurrieron las organizaciones que representan a los retirados y pensionistas militares– que algunas de las condiciones que evalúan los militares para tomar la decisión de seguir esa carrera es que tienen una jubilación que es mejor que los ingresos que tienen en actividad. No sé qué tanto se define de esa manera, pero, si fuera así, eso se justificaría, entre otras cosas, por el hecho de que el militar tiene cercenados sus derechos en muchos aspectos. Tiene dedicación exclusiva –lo que, obviamente, le impide tener otro trabajo–, no cobra horas extras –nos hablaron de promedios de horarios diarios sustancialmente superiores a los que tiene cualquier otro trabajador de este país– y no se le paga complemento por nocturnidad ni salario vacacional. Además, tiene licencia anual –por supuesto– como un derecho, pero supeditado a lo que llaman necesidad de servicio; no puede acumular licencias no usufructuadas; no se le pagan licencias no gozadas; no tiene prima por presentismo; no se le resarce por la movilidad territorial –es decir, el cambio de destino que define la práctica permanente de la carrera militar– y no puede tener actividad política más allá del voto por lo que, de alguna manera, tiene limitada su propia libertad de expresión.

Considero que estamos en una situación particular que hay que asumir y ni siquiera me parece justo –esto lo digo a los compañeros de la comisión– para la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas, que la responsabilidad principal de la opinión repose en un área del Estado que tenemos que escuchar, por la representación que ostenta, para que nos ilustre en este tema puntual con los datos y estudios técnicos pertinentes, pero estamos ante un tema mucho mayor. Este no es un asunto de dos, tres o cuatro puntos más. Obviamente, los afectados darán al tema la trascendencia legítima que estimen que tiene, pero aquí estamos con un tema muchísimo más complejo, de fondo, político.

En nuestro caso, más allá de verter consideraciones en este ámbito, también las vamos a plantear la próxima semana en la comparecencia del Ministerio de Defensa Nacional porque hay otro tema que también nos preocupa, que es el relativo al Hospital Militar que, en algunos rubros sustanciales de la salud –que lo tienen como principal entidad que los promueve en Uruguay–, entre quienes acceden a él solamente el 15 % son militares y el resto son civiles.

                Se nos plantea una duda muy especial con respecto a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y cómo puede llegar a verse afectada, es decir, cuáles serán las consecuencias, no solo de este impuesto sino de todo lo que traerá aparejado, en el marco de las Fuerzas Armadas, lo relacionado con los retiros. Inclusive, estamos pendientes de la comparecencia de la próxima semana porque se nos ha hecho saber que, en los últimos meses, los retiros voluntarios en las Fuerzas Armadas han aumentado bastante por encima de la media.

                Eso era lo que queríamos señalar a efectos de plantear el tema. Las dos preguntas formuladas pueden ser contestadas por el señor subsecretario o por quien él disponga de la delegación. Me refiero a las preguntas iniciales. La primera era sobre la aplicación dispuesta en el artículo 4.º con respecto a qué alcanza el nominal porque, según lo que interpretamos, comprendería también la cuota parte del aguinaldo y, por lo tanto, disminuiría el monto a aplicar.

La otra consideración era un señalamiento muy contundente del doctor Gonzalo Aguirre –más allá de su versación y de que se trata de una opinión–, quien señalara en esta comisión un claro vicio de inconstitucionalidad de este proyecto de ley a partir de lo que establecen los artículos 67 y 298 de la Constitución y, puntualmente, la reforma aprobada en 1989.

                Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vuelvo a asumir el error que cometí al no haber establecido los criterios que íbamos a adoptar al iniciar la sesión. No voy a limitar en el tiempo a los señores senadores que están anotados para hacer preguntas o consideraciones, pero solicito respeto a todos teniendo en cuenta nuestros tiempos y los de quienes nos acompañan. Discúlpenme que lo plantee de esta manera, pero está bueno que utilicemos el tiempo para hacer las preguntas que corresponda. Cuando instalemos la discusión en la comisión dispondremos del tiempo que queramos para hacer otras consideraciones.

                Hay dos señores senadores anotados para hacer uso de la palabra, pero para no dejarlos en desigualdad de condiciones, no los voy a limitar en el tiempo.

SEÑOR BERTERRECHE.- Muchas gracias, señora presidenta, pero en realidad me limitó de hecho, porque precisamente iba a hablar de eso.

                Hay un problema metodológico en el que estamos incurriendo porque cuando hay delegaciones invitadas se las escucha y se les pregunta. El debate parlamentario es después de que las delegaciones se retiran. Sin embargo, veo, una vez sí y otra también, que aprovechamos la presencia de las delegaciones para entrar en un debate al cual no voy a entrar; quédese tranquila, señora presidenta, que por delicadeza no lo voy a hacer.

                Voy a realizar dos preguntas muy cortas. Por un lado, quisiera saber si tienen el número de cuántas son las pasividades de la franja más alta que perciben más de $ 300.000 y, por otro lado, teniendo en cuenta que esto está planteado como una medida a corto plazo y que las medidas de mediano y largo plazo tienen que ver con las reestructura de la mal llamada Caja Militar, cuándo el ministerio estaría presentando el proyecto de reestructura porque necesita iniciativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR DELGADO.- Iba a empezar tratando de defender a los señores senadores Amorín y Michelini de los embates de la señora senadora Moreira, pero voy a limitarme a hacer una consideración política muy breve y luego voy a plantear una pregunta.

                Hoy estamos viendo la realidad de un impuesto o un sobreimpuesto vinculado a los retiros de las Fuerzas Armadas, en función de la situación económica que estamos viviendo. Entendámonos: eso es así. La realidad es que estamos discutiendo este tema en función de cómo vienen el déficit, el crecimiento económico, la actividad y la necesidad de caja; de lo contrario, no estaríamos debatiendo sobre esto.

                Además, me parece que es bueno decir que no podemos estigmatizar una cantidad de situaciones y no digo que nadie lo haya hecho. Me interesa que quede claro que en la presentación que se hizo y en algunas consideraciones se profundizó sobre la particularidad del sistema de retiros y pasividades de las Fuerzas Armadas, que es muy complejo. Existen varios regímenes en función de las bonificaciones y de los diferentes mecanismos, según el arma y la especialidad. Repito: es un tema muy complejo y todos somos responsables. Asumimos la cuota parte que nos corresponde, pero también debe asumirla el Frente Amplio, porque es su tercer gobierno con mayoría propia y quizás hace mucho tiempo podría haber cambiado parte de esta realidad, pero no lo hizo.

(Dialogados).

                –Se llega a esta situación con decisiones legítimas adoptadas por el propio Parlamento –algunas por unanimidad y otras por mayoría– que contribuyeron a este tema multicausal, llegando a esta situación de desfinanciamiento del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Esa era la constancia que quería dejar. Más allá de que estén los votos y de que el Frente Amplio quiera avanzar en esta reforma tal como viene, por un tema de responsabilidad y en función de algunas apreciaciones hechas por la delegación que recibimos en la sesión pasada, vinculadas a la constitucionalidad y el impacto que puede tener en sanidad militar –obviamente el impacto allí va a repercutir en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud–, pedimos que viniera el Ministerio de Defensa Nacional con el director de sanidad militar y las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Tributario. Aunque podemos no compartir la estructura de este proyecto de ley, nos parece responsable escuchar todas las opiniones vinculadas a los aspectos tributarios, constitucionales y los efectos prácticos con respecto a los cuales alertó la delegación que ya recibimos sobre el tema de la sanidad militar.

                Vamos a coincidir con el señor senador Amorín porque creemos que es necesaria una reforma integral del sistema; es más, seguramente esto termine en una discusión de la ley orgánica de cada una de las fuerzas. Aunque quizás se tendría que haber comenzado por ahí, obviamente por una necesidad de caja, se empezó por el impuesto.

                Entendemos que no se puede estigmatizar el sistema, la forma como se jubilan, el monto de las prestaciones, el monto de los beneficios, las posibilidades de jubilación, la edad de retiro ni la tasa de reemplazo porque si hay alguien que no tiene culpa de eso son justamente los beneficiarios. En definitiva, la responsabilidad la tenemos quienes votamos las leyes y, en este caso, quienes hoy imponen este impuesto, que podrían haber cambiado esta realidad hace bastante tiempo.

                Por último, quería plantear una pregunta. Según sus cálculos, señor subsecretario, ¿cuántos se verán afectados por este nuevo impuesto? ¿Qué cantidad corresponde a personal superior, a oficiales y a personal subalterno?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En primer lugar, algunos señores senadores realizaron cierta apreciación que no compartimos y es que este tipo de reformas solo se realiza por una suerte de ansiedad o desesperación fiscal y dijeron que si no hubiera una necesidad puntual y urgente, esto no se haría. Empíricamente podemos demostrar que eso no es así.  Hoy estamos ante la reforma de la Caja Militar, pero antes se hicieron las reformas de la caja bancaria, de la caja profesional, de la caja policial y no nos encontrábamos en un momento de desaceleración económica. Por el contrario, esas reformas ocurrieron en momentos en que se daba en Uruguay el período de mayor crecimiento económico conocido en la historia del país y que, además, a diferencia de otros períodos de crecimiento económico, se dio con redistribución y equidad social.

                 En segundo término, debo decir que se hizo alguna apreciación comparando estos montos con episodios puntuales para demostrar su magnitud. Vale la pena recordar que estamos ante un déficit de                   USD 400:000.000 que se da todos los años, de manera recurrente, es decir que no es puntual.

                Ahora paso a responder las preguntas y comenzaré por la que fue planteada por el señor senador Delgado. En la diapositiva tenemos una tabla de los efectivos que están en cada una de las once escalas planteadas por el impuesto.

En la primera escala están los que no pagan nada, que ganan menos de 15 BPC –para construir las 15 BPC se toma el salario más la doceava parte del aguinaldo y con esto respondo al señor senador Camy–, lo cual es lógico porque se toma sobre los ingresos mensuales que recibe cada uno de los pasivos, donde el 80 % no paga la prestación.

El señor senador Berterreche preguntaba cuántos son los pasivos que están en las escalas superiores. En la imagen vemos que en las escalas 10 y 11 tenemos un poco menos de tres mil pasivos y sobre ellos, que ganan más de $ 100.000, recae el 66 % del peso del impuesto. Por supuesto, este es el diseño que plantea el Poder Ejecutivo y nosotros entendemos que es el mejor que pudimos elaborar atendiendo a criterios de capacidad contributiva y a que los que ganan menos se vean menos afectados o no se vean afectados.

Con esto respondo también a una inquietud del señor senador Michelini sobre si podría haber otros diseños. Podría haber «n» diseños y cada uno podrá plantear el que le parezca mejor. El del Poder Ejecutivo es este y está basado en esos criterios. Me parece que no nos corresponde plantear alternativas porque estamos convencidos de que esta es la mejor. Si hubiera otros criterios que surgieran de los señores senadores o de otros actores como los representantes de los pasivos militares sobre criterios que impliquen parámetros concretos diferentes podríamos analizarlos, pero hasta ahora no los he visto. Por lo menos, leyendo la versión taquigráfica de la comparecencia anterior no encontré una propuesta concreta por parte de los pasivos militares para cambiar los parámetros que hiciera que, recaudando el mismo dinero, se distribuyera la carga de otra manera y, por lo tanto, el diseño de las franjas fuera diferente. Si hubiera una propuesta concreta, sería de recibo que la analizáramos. Esa es nuestra tarea y lo que corresponde. Cuando haya una propuesta concreta, vamos a analizarla y a formarnos una opinión, pero no nos parece adecuado construir otro diseño para «n» direcciones distintas. Reitero que sí lo haríamos ante un planteo concreto.

                A su vez, el señor senador Amorín decía que, si bien comparte el espíritu de reforma de la Caja Militar –dada la situación que nosotros planteábamos–, no corresponde empezar con la aplicación de un impuesto. Al respecto voy a hacer varias consideraciones. Antes se dijo que esto solo se hace en momentos en los que hay déficit fiscal o mayor necesidad fiscal que en otras oportunidades. Es cierto que en otros momentos esto se hizo en otras cajas, pero aunque Uruguay fuera un país –como pocos en el mundo– en el que no hubiera déficit fiscal sino que tuviera superávit, si tiene una caja con un déficit para 50.000 pasivos igual al déficit que tiene el BPS para 600.000 pasivos y la relación se deteriora año a año por múltiples factores, de todas formas habría que acometer esta reforma y mejorar el financiamiento de este déficit.

                Obviamente, se requieren reformas estructurales a mediano y largo plazo como la de la caja, pero estas tienen efectos a mediano y largo plazo, y, dado el volumen del problema, desde el Poder Ejecutivo entendemos que hay que tomar algunas acciones a corto plazo, mientras que las de mediano y largo plazo van quedando establecidas y generando sus efectos. Por eso se pretende que haya un financiamiento por parte de esta prestación pecuniaria.

Sin embargo, esto no soluciona todos los problemas, sino que solo pretende generar un financiamiento equivalente al 10 % del déficit. Insisto, con una acción de corto plazo, se pretende reducir en un 10% el problema planteado.

SEÑOR AMORÍN.- En realidad, no se me ocurrió a mí que este impuesto fuese consecuencia del déficit fiscal. Vi al ministro Astori en oportunidad de que hiciera la presentación del déficit fiscal y cómo se iba a paliar. Explicó los impuestos que se iban a aplicar, los gastos que se iban a bajar y, entre los aumentos de ingresos que mencionó, figuraban 40:000.000 de la Caja Militar. Reitero que no fue mía la brillante idea, sino que simplemente miré al señor ministro Astori por televisión en el momento en que dijo que la forma de paliar el déficit fiscal era, entre otras cosas, con un impuesto que iba a recaudar 40:000.000 de la Caja Militar.

                Este no es el tema de fondo, pero me parece que valía la pena la aclaración.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- A pesar de no ver al ministro todos los días que quisiera, por lo menos lo miro por televisión y eso es bueno. Como dijimos al inicio, esto figura dentro de un paquete de medidas de consolidación fiscal. Pero hay que ver también el contrafáctico. Si Uruguay no tuviera necesidades de consolidación fiscal, dada la magnitud de este problema y de que va creciendo por términos económicos, pero también por términos filosóficos y conceptuales, como bien expresaba la señora senadora Moreira, por cuestiones de equidad también hay que corregir esta situación, aunque no estuviéramos ante una necesidad de consolidación fiscal.

                Por otro lado, es necesario tomar acciones de corto plazo mientras se instrumentan, se efectivizan y tienen efectos concretos las de mediano y largo plazo. El Poder Ejecutivo espera remitir antes de fin de año el proyecto de reforma de la Caja Militar. Aclaro este punto para quienes preguntaban cuál era el estado de situación de la reforma.

                Se planteaba la discusión entre algunos señores senadores respecto a cuán relevante era la diferencia en la relación activos-pasivos. Obviamente ese es uno de los factores que explican la evolución y el creciente déficit, pero, como decíamos, no es el único.

                ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo a hacer un contrafáctico. Si la relación activo-pasivo no se hubiese cambiado, por todos los otros factores que hemos comentado, igualmente estaríamos ante un déficit voluminoso y creciente del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, igualmente habría que tomar medidas al respecto. Si bien debemos tomar en cuenta todos los factores, si estábamos ante un escenario de 50.000 activos y este fue reducido a lo largo del tiempo a unos 27.000 o 28.000, la pregunta es si se necesitaban esos 50.000. Incluso, algunos legisladores –y me parece muy bien que conste en la versión taquigráfica porque así todos lo podemos leer– hablaron de «hipertrofia militar». En todo caso, si se corrigió esa hipertrofia, no debemos contarlo como una ganancia, sino simplemente como la eliminación de un gasto que no correspondía. Estamos hablando siempre en un caso hipotético, preservando y reconociendo el rol fundamental de las Fuerzas Armadas en el Uruguay, actuando en forma eficiente y con los efectivos que corresponda.

                Para demostrar que no solamente este factor es el que importa, tomemos los últimos diez años, entre 2004 y 2015. La evolución de la asistencia creció en un 96 %, es decir que casi se duplicó. Pero en ese período la evolución de los activos pasó de 30.000 a 27.000. Quiere decir que se redujo solo en un 10% y la asistencia se duplicó en términos reales. ¿Este problema no tiene solución o no se acabará nunca? Tiene solución en el largo plazo porque, con el paso del tiempo y los efectos biológicos, la relación se irá corrigiendo. Si bien esto tiene efectos a largo plazo, el impuesto planteado –es decir, la prestación pecuniaria– pretende resolver en el corto plazo el 10% de este problema y lo mismo se busca con la reforma estructural de la Caja Militar: se pretende resolver parcialmente el tema. Obviamente, no se pretende dejar la cuenta en cero –esto tampoco se hizo con la caja bancaria y la caja policial– y siempre habrá una transferencia pero tiene que estar acotada a parámetros normales y sustentables.

                Más allá de las apreciaciones generales sobre el rol de las Fuerzas Armadas o lo expresado por el señor senador Camy con respecto a cortes generacionales, quiero aclarar que nosotros estamos aquí para preservar y salvar a esta caja porque de esta forma no es sustentable. No puede perder USD 400:000.000 por año; además, esta cifra va en aumento. Por lo tanto, lo que estamos haciendo no tiene otra finalidad que salvarla. Esa es la importancia que damos a este proyecto de ley, que está inserto en una iniciativa más general, que es la reforma estructural del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

SEÑOR CAMY.- Quisiera saber si el señor subsecretario tiene la información relativa a ese corte del año 2004 que mencionó, para analizar la relación activo-pasivo porque ese año los activos bajaron de 30.000 a 27.000.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Eso está en la gráfica de la presentación.

                En ausencia del señor senador Michelini –que ahora está nuevamente aquí–, hicimos un comentario con respecto a una de sus preguntas, vinculada al análisis de múltiples opciones de franjas. Obviamente, nosotros consideramos que la mejor es la que envió el Poder Ejecutivo, puesto que creemos que corresponde y atiende a criterios de equidad y progresividad, dejando al 80% de los que ganan menos fuera del alcance del impuesto. Si hubiera algún planteo concreto de parte de legisladores o representantes de los pasivos militares con respecto a algún otro diseño que afecte de manera diferente al conjunto de los pasivos, estaríamos dispuestos a analizarlo, pero hasta ahora no lo tenemos y, por lo tanto, esperaremos a ver si alguien lo presenta.

                Con respecto a la solución propuesta por el Poder Ejecutivo de descontar el montepío, entendemos que no hay problemas jurídicos y tampoco riesgos de que esto sea declarado inconstitucional porque en la Constitución uruguaya no hay ninguna prohibición de gravar un determinado hecho más de una vez, si esto ocurre siendo los impuestos de origen o de fuente nacional. Sí hay problemas de constitucionalidad cuando un mismo hecho se grava por impuestos de carácter departamental y nacional, pero no si se grava más de una vez con los de carácter nacional. Entendíamos que esta era un aspecto a considerar en el diseño, pero si los señores senadores resuelven tomar una definición distinta, para nosotros no implicaría un problema. Reitero que detrás de esta solución no hay un problema de carácter jurídico y entendimos que este era el mejor diseño posible.

                En cuanto a la pregunta del señor senador Camy sobre las apreciaciones del doctor Gonzalo Aguirre con respecto a la constitucionalidad del impuesto en función del artículo 67, debo decir que nosotros entendemos que no hay problemas de inconstitucionalidad. Obviamente respetamos las opiniones de todos y, sobre todo, las de juristas prestigiosos. Al leer la versión taquigráfica advierto que el exvicepresidente, doctor Gonzalo Aguirre, hacía referencia al literal A) del artículo 67 diciendo que las pasividades deberían de verse financiadas por contribuciones obreras y patronales y si estas no eran suficientes debería haber, si fuera necesario, una asistencia financiera por parte del Estado. Ahora bien, seguramente por motivos de tiempo no fue leído el párrafo completo del literal A) y nosotros quisiéramos hacerlo. El literal A) cuando habla de las prestaciones previstas doce que se financiarán sobre la base de:

«A) Contribuciones obreras y patronales» –pero el párrafo sigue– «y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados». Aquí estamos frente a un tributo y que está afectado específicamente al financiamiento del Servicio de Retiros y Pensiones.

Además, este artículo 67 de la Constitución consagra el derecho a un retiro adecuado y establece la forma y la periodicidad en que se debe ajustar y prevé la forma de financiación. Aquí quiero hacer otra apreciación. En el caso de la Caja Militar estuvimos frente a ingresos de activos que fueron creciendo por un determinado índice frente a pasividades que fueron creciendo por el índice medio de salarios. Ahora bien; todos los funcionarios públicos tuvieron incrementos que se fueron dando en función del IPC, a diferencia de policías y maestros, en particular. Pero también es importante destacar que en el caso de los activos militares los incrementos fueron por encima del promedio del IPC, porque en algunos casos hubo aumentos adicionales, sobre todo, para el personal subalterno. Se hizo referencia también a la cantidad de personal militar en condiciones de pobreza o de indigencia. Según datos del INE el porcentaje de personal militar en condiciones de pobreza es inferior al promedio de uruguayos que están en condición de pobreza.

Con respecto al artículo 67 de la Constitución, en función de lo que planteaba el señor senador Camy, como decíamos, se establece el derecho a un retiro adecuado, que es lo que está amparado constitucionalmente, pero como todo otro derecho individual no es absoluto e irrestricto y está sujeto a limitaciones que se establezcan por cuestiones de interés general. Por lo tanto, el retirado tiene derecho, además, a una remuneración adecuada, pero no a una suma determinada, eso no queda establecido. De esta forma, solo en caso de que una norma modificara el régimen de indexación podría hablarse de inconstitucionalidad, es decir, está establecida la forma en la cual debe evolucionar y si por ley se cambiara la forma de indexación estaríamos frente a un caso de inconstitucionalidad, pero no es el caso. Como decíamos, en el artículo está previsto, además, que la financiación puede darse también a través de tributos. Por lo tanto, entendemos que no podemos hablar de una inconstitucionalidad ni de carácter confiscatorio. Además, para hablar de carácter confiscatorio tendríamos que hablar de algo que es propiedad del confiscado y cuando hablamos de un servicio de pensiones estamos ante un fondo intergeneracional, que no es propiedad de cada individuo. Por lo tanto, no puede ser confiscado lo que no es propiedad de una persona.

Por estos argumentos entendemos que no estamos frente a un caso de inconstitucionalidad. Además, esta opinión, que es la del Poder Ejecutivo, también fue reflejada en oportunidad de alguna sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, la sentencia n.º 364, del año 2009, ante un planteo similar de la caja bancaria, dice: «III) El art. 67 no consagró la seguridad económica de los pasivos (léase intangibilidad de sus haberes). En puridad se pretende desnaturalizar la naturaleza jurídica de un tributo señalando los efectos que produce. Evidentemente todo gravamen morigera el caudal económico del sujeto pasivo quien debe efectuar la erogación correspondiente. Basta sostener, con el mismo énfasis con que lo hacen los actores en sentido contrario, sin mayor fundamentación, que puede aceptarse como derecho adquirido el de alcanzar la jubilación y percibir un haber de pasividad pero no existe norma ni principio que confiera a los pasivos el privilegio de ser excluidos de la obligación de contribuir a las cargas públicas o el derecho a la intangibilidad de su ingreso de pasividad».

                Al respecto hay sentencias similares, del año 2014, y vamos a dejar copias para que vean que, ante casos análogos, no se tienen en consideración estos planteos de inconstitucionalidad –además está establecido a texto expreso en el artículo 67– respecto a la posibilidad de financiar estos servicios de pensiones a través de tributos.        

                Creo que hemos dado respuesta a todas las inquietudes. En el caso de la composición de quienes deberán pagar este impuesto, debo decir que aproximadamente el 85 % o 90 % son oficiales u oficiales superiores; solamente alrededor del 10 % es personal subalterno.

SEÑOR CAMY.- Agradezco las respuestas al señor subsecretario, pero quería pedirle una aclaración porque no me quedó claro si estoy calculando bien. Según entiendo, se debe pagar a partir de los $ 46.247, en aplicación del 8,33 % más a los $ 50.100. En una comparecencia anterior se estableció que no pagaban los que percibían $ 50.100 en virtud de lo que había señalado el señor Mosco.

                Esta es mi interpretación y quisiera que se me dijera expresamente si mi cálculo es o no correcto.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Para el cálculo de esta prestación, al igual que para todos los tributos que tienen que ver con rentas, se toman en cuenta los ingresos anuales que se perciben. Por lo tanto, cuando consideramos los ingresos no solo hay que tener en cuenta los que se reciben todos los meses sino también aquellos que se perciben en alguna oportunidad más episódica, pero que son parte de los ingresos anuales. Es por eso que para hacer el cálculo hay que tener en cuenta los ingresos de todo el año, ya sea que ocurran como salario, como aguinaldo o de otra forma.

                En definitiva, debemos todas esas partidas y prorratearlas a fin de hacer el cálculo mensual. Esto no es algo que ocurra específicamente en este caso; sucede con todos los otros tributos que toman en cuenta los ingresos anuales para su cálculo y luego se aplican las deducciones para llegar a las rentas, etcétera. Por lo tanto, hay que analizar todas las partidas y para llegar al número específico hay que hacer las cuentas a partir de $ 50.100, tomando en cuenta los ingresos que se componen por el salario más la cuota parte del aguinaldo.

SEÑOR CAMY.- Muchas gracias, señor subsecretario.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Me gustaría hacer otra aclaración con respecto al planteo del señor senador Camy, porque me parece importante que quede constancia en la versión taquigráfica.

                Obviamente, en este caso es necesario tener en cuenta el aguinaldo por todo lo que decíamos, pero si se tratara de otros pasivos esto no ocurriría porque el resto no lo percibe. Esto también es importante dejarlo claro. Hay que tomarlo porque corresponde de acuerdo con la técnica tributaria, pero se hace en este caso y no en otros porque los demás pasivos no perciben aguinaldo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos al señor subsecretario y a sus asesores por su comparecencia.

                Se levanta la sesión.

(Son las 12:19).

Presentación Ministerio de Economía y Finanzas- Prestación Pecuniaria de Asistencia al Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas