SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15).

                –En el orden del día de hoy tenemos previsto algunas entrevistas. Habíamos hablado con los señores senadores porque tenemos que considerar un proyecto de ley sobre la modificación en la elección de representantes del Banco de Previsión Social y a través de los miembros del Partido Nacional recibimos una propuesta en la que nos solicitaban más tiempo para estudiar la iniciativa. Nosotros hicimos algunas gestiones y transferimos el planteo al Poder Ejecutivo. Considerábamos que la última etapa consistía en  hacer una nueva consulta a las organizaciones sociales ante la eventualidad de realizar la elección en marzo del año próximo –como se venía haciendo hasta ahora–,  de hacer un impasse y tomarnos un tiempo muy acotado para estudiar el proyecto de ley o de dejar que todo siga como está y que nosotros comencemos a analizarlo en marzo. Hemos insistido en la necesidad de recibir, por un lado, a las organizaciones sociales –porque ya habíamos tenido la opinión del ministerio y del Banco de Previsión Social– y específicamente al PIT–CNT. El martes que viene lo tendremos como único tema del orden del día y tomaremos una decisión definitiva. No tenemos mucho tiempo porque la Corte Electoral debe poner todo en marcha para la elección del mes de marzo.

                Asimismo, hubo un cambio en el orden del día con respecto a las audiencias solicitadas. El sindicato del INAU nos pidió una reunión con carácter de grave y urgente. Ajustamos mucho el tiempo, pero los vamos a recibir hoy. Por otro lado, la entrevista para los extrabajadores de la regasificadora de Puntas de Sayago –cuyo pedido nos llegó a través del senador Mieres– quedó para el día jueves, oportunidad en la que también trataremos el proyecto de ley.

                (Ingresan a sala las autoridades del Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores –PIT-CNT–).

                –La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene el gusto de recibir, por el directorio del Banco de Previsión Social, al señor Ramón Ruiz y, por el lado de los trabajadores activos, a los señores Ariel Ferrari y Gabriel Salsamendi, asesores; a la señora Silvia Rodríguez, por la Federación Uruguaya de Magisterio de Flores y al señor Marcelo Martínez, por el Sunca.

                Todos sabemos que el motivo de la convocatoria en el día de hoy –así se lo hemos manifestado a los representantes del Banco de Previsión Social y al propio señor ministro Murro– tiene que ver con un proyecto de ley por el que se modificaría la Ley n.º 16241, de 1992, relativa a las elecciones de representantes de los afiliados activos, pasivos y empresas contribuyentes del Banco de Previsión Social. Fue en el mes de setiembre que recibimos esta propuesta, justo en momentos en los que comenzábamos a discutir el proyecto de ley de Presupuesto nacional. Esa circunstancia fue la que inhibió a la comisión de poder funcionar normalmente porque diría que el 90 % de sus miembros formaba parte de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Reitero que eso nos inhibió de poder trabajar en este proyecto de ley junto a los actores correspondientes.

                Recuerdo que fue a propuesta del señor senador Delgado que se analizó la posibilidad de cambiar la fecha de la elección de marzo para poder tener un período de discusión de la iniciativa en la comisión. Por esa razón, hemos habilitado este espacio para hacer las consultas correspondientes porque para nosotros es muy importante saber la opinión que ustedes tienen al respecto. Sabemos que las fechas se acotan cada vez más y que la Corte Electoral, más allá de que tiene todo su trabajo listo –así nos lo han manifestado–, debe poner esa maquinaria en práctica para el próximo mes de marzo.

                Vuelvo a decir que el motivo de la convocatoria en el día de hoy es para conocer qué opinión tienen ustedes a este respecto, lo cual nos ayudará a la hora de tomar una posición definitiva.

SEÑOR FERRARI.- Antes que nada quiero decir que todos quienes hemos asistido integramos la Comisión de Seguridad Social del PIT–CNT y fue el Ejecutivo del PIT–CNT el que nos delegó que concurriéramos a la comisión. La invitación fue a la central y como tal estamos compareciendo.                Por su parte, aclaro que el señor Ramón Ruiz, director del Banco de Previsión Social por el orden de los trabajadores, más allá de que sigue con su investidura de director, integra y tiene responsabilidad también en esto. Precisamente es el equipo de representación de los trabajadores el que desde hace más de dos elecciones, previo y posterior a los actos eleccionarios, ha planteado más de una vez la necesidad de reforma de esta ley.

                En este Gobierno hemos encontrado un espacio para discutir, no la ley que hubiésemos querido nosotros –es decir, el PIT–CNT–, sino una de consenso entre todos los actores sociales: empresarios, jubilados y pensionistas y trabajadores. Por lo tanto, teníamos absoluta confianza de que el proyecto de ley se aprobaría. Hace un tiempo comparecieron los tres directores sociales y manifestaron el interés de que así sea. Creemos que luego de haberse celebrado dos elecciones en el área empresarial y trabajadora, y cinco en la de jubilados, hemos acumulado experiencia que nos dice que deberíamos reformar la presente ley.

                No estamos de acuerdo con postergar las elecciones. Creemos que se han dado los plazos; incluso la Corte Electoral nos ha informado que dentro de tres días publicará el padrón para que cada persona que entienda que está en condiciones de votar en cualquiera de los tres órdenes, pueda ver si está incluido o, de lo contrario, podrá inscribirse hasta el 8 de enero. Es todo un proceso previo. No sucede lo mismo en las elecciones nacionales en las que teniendo credencial se puede votar; acá las personas deben estar registradas y cumplir con las condiciones que establece la ley.

                Además, a partir del 13 de enero podemos presentar la lista. En ese sentido, el PIT–CNT resolvió criterios para su composición y en su última mesa representativa se decidió que esté encabezada por Ramón Ruiz; otros compañeros serán elegidos para integrar el colectivo que se presentará. Por lo tanto, creo que es bueno reflexionar y trabajar sobre este proyecto de ley, pero para las próximas elecciones, que se llevarán a cabo en el año 2021 y no ahora.

                Ojalá que no pase lo que nos sucedió en las dos últimas instancias, en las que inmediatamente luego de la elección hubo críticas y comentarios. Tengamos en cuenta que estas elecciones son muy complejas y requieren de mucha organización, ya que hay algunas personas que pueden votar en los tres órdenes.  Por ejemplo: una persona que está jubilada puede estar en actividad y tener una empresa; de esa forma, vota en los tres órdenes. Es por eso que pretendemos que muchas de las críticas que tratan de corregirse en este proyecto de ley no queden de lado, como nos pasó anteriormente.

                Es así que creemos que el 13 de marzo tiene que haber elecciones. De igual forma, seguimos apoyando esta iniciativa pero, a esta altura, para otro período. Además, ha habido consenso. El Parlamento tiene derecho a analizar, reformar y reubicar una iniciativa y es por ello que nos gustaría saber cuáles son las modificaciones que se pretenden hacer porque debe haber varias opiniones sobre el proyecto de ley. Lamentablemente el señor senador que planteó el tema no se encuentra hoy en sala. En una oportunidad nos encontramos con él y le solicitamos que nos diera una opinión. Luego nos comunicamos, pero no tuvimos la fortuna de encontrarnos para conocerla. Tampoco sabemos cuáles son las diferencias que puede haber para que la elección se postergue.

                Como decía, estamos totalmente de acuerdo con este proyecto de ley, creemos que hay que seguir discutiéndolo, pero no consideramos que se tengan que postergar las elecciones del 13 de marzo. Debemos seguir trabajando para aprobar este proyecto de ley para las elecciones del año 2021. De otra manera habría que discutir nuevamente la modificación de padrones y demás. A su vez, hay que destacar que el BPS cumplió en tiempo y forma y así lo está haciendo la Corte Electoral –como debe ser– con la construcción de los padrones.

SEÑOR LORIER.- Saludamos a la delegación.

                Quisiera que nuestros invitados nos explicitaran las consecuencias que puede tener no celebrar las elecciones en el mes de marzo. Es decir, qué podría suceder desde distintos puntos de vista –que seguramente habrán analizado– si se posterga, diríamos, hasta el mes de setiembre. ¿Cuáles serían las consecuencias concretas que determinaría una postergación?

SEÑOR FERRARI.- Tal vez no me expresé claramente, pero nos gustaría por qué no hay tiempo material para aprobar un proyecto de ley que tiene el consenso de tres sectores sociales. Cuando se plantea que se necesita tiempo para la discusión es porque hay observaciones, opiniones que no coinciden con el contenido y nos gustaría saber cuáles son porque nos parece que ese sería el camino a recorrer.

                El Poder Ejecutivo escuchó a los actores sociales y, en particular, al Directorio del Banco de Previsión Social, porque este es un tema que en los últimos diez años el BPS ha planteado en más de una ocasión. Entonces, se ha encontrado consenso en los actores sociales pero, por otro lado, hay una incertidumbre. ¿Será en setiembre? ¿Qué ley será? ¿Qué condiciones tendrá? ¿Cómo será? ¿Cuáles serán las modificaciones?

                La ley está vigente, hay que cumplirla. Nos estamos preparando y sabemos que la Onajpu va a comparecer ante esta comisión; por supuesto que no vamos a hablar por ellos, pero estamos seguros de que vienen trabajando en el mismo sentido a fin de cumplir con todos los tiempos y demás. A partir del 13 de enero hay que presentar la lista, estamos a treinta días de un mes muy especial y no sé cuántos días hábiles y de actividad podrá tener; y nosotros tendremos que construir o no la lista si la fecha se prorroga. ¿Cómo vamos a hacer? Además, al igual que el Parlamento, entramos en un receso, como sucede con otros trabajadores.

SEÑOR SALSAMENDI.- Como decía el señor Ferrari, en definitiva, se estaría estirando el período de actuación de los directores electos en una elección anterior sin una motivación aparente. Es obvio que el Parlamento tiene la potestad de hacerlo –eso nadie lo discute–, pero desde nuestro punto de vista y sin una fundamentación clara y concreta, esto nos genera dudas y nos parece un tanto inconveniente.

                En definitiva, se trataría de estirar la situación unos meses más a fin de estudiar algo que no está muy claro qué es –como afirmaba el señor Ferrari, no está clara la observación– y podríamos llegar a setiembre en la misma situación que ahora. Por supuesto que no es una argumentación de tipo jurídico sino más bien política. Creemos que la población y los trabajadores entenderían razonable que se cambiara el padrón, las condiciones de la elección y de la comparecencia de las listas, y para adaptarse a ello se trasladara para el mes de setiembre, pero siguiera siendo siempre en esa fecha. Otra cosa sería decir, por ejemplo, que para tomarnos un tiempo más vamos a correr la elección unos meses; no nos parece una fundamentación válida para la población y los trabajadores.

                Por otro lado, hay determinados equilibrios en todas las organizaciones, que tienen que armar sus listas, buscar su forma de comparecencia, etcétera, y mantener la incertidumbre también complica, sobre todo en estas épocas. Si la elección siempre hubiera sido en setiembre y estuviéramos, por ejemplo, en julio, sería diferente.

SEÑORA PRESIDENTA.- A los efectos de aclarar el planteo realizado desde el punto de vista político, debo decir que la bancada del Frente Amplio está totalmente de acuerdo con el proyecto de ley. Ahora bien, así como los sectores sociales y empresariales lograron un consenso, en el ámbito tripartito –lo que me parece muy bien–, con respecto a esta importante modificación, nosotros también teníamos que construir un acuerdo en torno al proyecto de ley que nos llegó en tiempos que quizás podrían definirse como cruzados. Tal vez si el proyecto de ley no hubiera ingresado en el Senado mientras estábamos discutiendo el presupuesto, sino en la Cámara de Representantes, los tiempos legislativos habrían sido diferentes. También es cierto que debíamos construir una discusión adecuada a la propuesta. Por eso, en los últimos días de setiembre hicimos un pequeño abordaje de la discusión, inclusive con la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, y surgieron algunas dudas, aunque no de parte de la bancada del Frente Amplio. Digo esto porque, si bien no sabemos cuáles son los planteos particulares –a los cuales hacía referencia el señor senador Delgado– sí tenemos la propuesta y la decisión tomada por la bancada del Frente Amplio –no sé si el Partido Independiente se había manifestado en su momento– con respecto a este asunto. Creo que es importante destacarlo, en cuanto a las miradas que se iban colocando sobre el proyecto de ley.

                Por esa razón, algunos sectores parlamentarios pedían un espacio de tiempo en la discusión, en tanto se nos venía encima un presupuesto. No quiero que se visualice que esto quedaba en el espacio de un tiempo, de una discusión y de una iniciativa que no se iba a tratar, y quizás llegábamos a setiembre sin nada en las manos. No; justamente era darle ese espacio de  discusión. Nada más.

SEÑOR RUIZ.- Soy Director del BPS, pero hoy vengo designado por el          PIT–CNT para integrar esta delegación.

                Queremos expresar lo siguiente. Es cierto que los sectores sociales se pusieron de acuerdo y no solo los representantes en el Directorio, sino las organizaciones representativas de las que surgieron esos directores sociales.

A la comisión concurrimos el compañero Sixto Amaro, la contadora Elvira Domínguez y quien les habla; cada uno de nosotros teníamos el aval de las organizaciones a las que representamos y donde fuimos electos: PIT–CNT, Onajpu y las cámaras empresariales. En esa oportunidad vinimos a decir que habíamos participado en la construcción de ese proyecto que había sido muy trabajoso porque con algunas cosas que queríamos poner los empresarios no estaban de acuerdo, pero cedieron con respecto a otros aspectos –y viceversa– y se construyó un paquete que fue parte del consenso al que se llegó. Vinimos los tres a plantear que estábamos de acuerdo con ese proyecto de ley y que deseábamos que se votara rápidamente. En ese momento, el representante del Partido Nacional nos dijo que en esas horas tomarían una posición, mientras que la bancada del Frente Amplio nos informó que ya tenía definido el tema.

Tengo aquí la versión taquigráfica correspondiente, pero no tenía la fecha, porque me la mandaron unos días después.

SEÑORA PRESIDENTA.- Fue el 21 de octubre.

SEÑOR RUIZ.- En ese momento, nos pareció que era bueno aprobar el proyecto de ley porque atendía una necesidad, tenía el consenso de los sectores sociales y además resolvía el tema de la participación y la comparecencia como decía recién el señor Salsamendi.

                En este momento, la posición de los tres sectores sociales                       –independientemente de que vendremos por separado– es que a esta altura es conveniente que la elección se haga con la ley vigente y en el mes de marzo.

                Creo que este problema lo tendremos siempre, porque sucede que este proyecto aparece faltando poco para las elecciones del BPS. Las elecciones se realizan un año  después de instalado el Gobierno –el Gobierno se instala en marzo y el Parlamento también–, cuando comienza el tema presupuestal, el cambio de sus autoridades y el ministro de trabajo termina recién en setiembre de elaborar algo. Incluso creo que lo hizo rápidamente porque de marzo a setiembre la construcción de esta iniciativa no fue fácil. Repito que esto nos ocurrirá siempre. Hasta se escucharon algunas voces que decían que estábamos cambiando las reglas de juego a mitad del arroyo, es decir que queríamos cambiar de norma prácticamente durante el desarrollo. Algunos afirmaban que el proceso electoral para el BPS ya había empezado, y vinieron aquí a plantearlo. En ese momento nos parecía que era posible, pues estábamos en los meses de setiembre, octubre y noviembre y las elecciones serían en marzo. Sin embargo, a pocos días de finalizar el año y con el tiempo que resta, parecería que no. Pero ello no impide que se discuta todo el proyecto –que, entre otros aspectos, habla de la fecha– con vistas a las próximas las elecciones y con todo el tiempo del mundo, de modo tal que no ocurra como en otros períodos parlamentarios en los que no se le dedica el tiempo necesario. Desde nuestro punto de vista, las elecciones se tendrían que realizar en marzo, pero ello no impide que el plazo que solicita el Partido Nacional se utilice con todo el proyecto de ley, porque no refiere a una parte sino que es una propuesta integral.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos su presencia.

(Se retira de sala la delegación del PIT-CNT).

 

(Ingresa a sala la delegación de Onajpu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

–La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene el gusto de recibir a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, representada por los señores Sixto Amaro, representante de los jubilados en el directorio del BPS; Daniel Baldassari, secretario general; Alberto Garateguy, vicepresidente, y Martín Molina, secretario de organización.

                Agradecemos su comparecencia; sabemos que no es la primera vez que vienen a la comisión por este tema. Recién le manifestamos a la anterior delegación que estamos tratando la modificación de la Ley n.º 16241, relativa a la elección de los representantes sociales del Directorio del BPS. La invitación que les realizamos fue a instancia de un planteo que se hizo en la comisión a efectos de tener un espacio para discutir el proyecto de ley. Algunos miembros de esta comisión ya tienen una postura respecto al proyecto, como es el caso de la bancada del Frente Amplio, que manifestó su apoyo, pero como se habrán dado cuenta, por un tema de tiempos parlamentarios –por la discusión del presupuesto– no pudimos reunirnos para tratar el tema; si no recuerdo mal, la última sesión fue el 21 de octubre. Ya recibimos la respuesta y la propuesta de la delegación anterior y nos interesa conocer la postura de ustedes respecto al tema.

SEÑOR AMARO.- Quiero recordar que, en mi calidad de representante de los jubilados en el directorio del BPS, ya había sido invitado a esta comisión donde, junto al representante de los trabajadores y al de los empresarios, manifestamos nuestra opinión en función de que el proyecto de ley, tal como estaba planteado por el Poder Ejecutivo, no merecía reparos de nuestra parte. Esto ocurrió hace algún tiempo. Mientras el Senado estaba ocupado en la discusión del Presupuesto nacional, fue transcurriendo un tiempo importante en el que fueron dándose hechos y nosotros, ante la incertidumbre de cuál sería la fecha de la elección, nombramos representantes de Onajpu ante la Corte Electoral. Ellos se han presentado; ya los hemos acreditado con la certificación notarial correspondiente y nos hemos notificado –con el tiempo necesario y en función de la Ley n.º 16241, que es la que hoy tiene en sus manos este proceso electoral– de que los padrones de los trabajadores, de los jubilados y pensionistas, y de los empresarios han sido presentados en la Corte en tiempo y forma. Quisimos registrar nuestra lista número 1 –así fuimos a la elección pasada– y los representantes de la Corte Electoral nos dijeron que recién el 13 de enero podrían certificar nuestra lista y, a su vez, darnos el número en función de los que fueran llegando. No hay números reservados sino que el que llega primero tiene el 1, el siguiente, el 2, y así sucesivamente. Esto, que para nosotros ya es parte de este proceso electoral, ha determinado discusiones en el marco de la dirección de Onajpu, que nos ha confirmado, antes de venir aquí, que cree que la elección debe realizarse, tal como está fijada, el 13 de marzo. En esas condiciones estamos ya trabajando para participar en ella.

SEÑOR LORIER.- Antes que nada, quiero hacer llegar un saludo a la delegación.

                Acabamos de escuchar a los representantes del PIT–CNT y al equipo de la seguridad social, quienes también han manifestado su apoyo a una elección en el mes de marzo.

                Nos gustaría conocer los elementos que pudieran tener para fundamentar esa elección en el mes de marzo y, a su vez, los riesgos que podrían darse si se suspendiera y quedara supeditada a una discusión del proyecto de ley que potencialmente podría ser aprobado, si las elecciones fueran, precisamente, en setiembre.

¿Cuáles serían, entonces, los elementos que ven con mayor fuerza para fundamentar la elección en marzo y no hacer lugar a algunas solicitudes que tenemos entendido que se han realizado para paralizar el proceso electoral y esperar a que se realice una discusión del proyecto?

SEÑOR AMARO.- Quiero comenzar a dar algún fundamento que está vinculado, además, a la franja etaria que representamos. Para nosotros no es sencillo planificar la participación en una elección con la incertidumbre de que puede realizarse en marzo. Hemos escuchado con estupor que podría llegar a concretarse en junio, con lo que implica para los adultos mayores tener que participar, en el mes más inhóspito del año, de una elección tan trascendente. La otra posibilidad es que la elección sea en setiembre, pero de ninguna manera podemos ir dando pasos en esa incertidumbre ni podemos ir afirmando nuestro trabajo en función, incluso, del resultado de esa elección; nosotros queremos certezas. De las pocas finanzas que tenemos ya hemos invertido parte para poder ir estando en condiciones, a nivel nacional, de participar en esta elección. Nos costaría desandar esos pasos y dar nuevos en una dirección que tampoco es definitiva porque, naturalmente, cuando el proyecto se discuta en los  ámbitos parlamentarios, podrá o no tener modificaciones, que no conocemos porque no vamos a participar en la discusión.

                Por lo tanto, tenemos certidumbre en función de la ley que nos ha venido rigiendo. Esta es la quinta elección en la que participamos. Por conversaciones con los integrantes de la propia Corte Electoral tenemos la certidumbre de que están los padrones listos, de que se está trabajando, prácticamente, con todo terminado, a los efectos de hacer públicos los padrones que están en manos de la Corte, registrar las listas a partir del 13 de enero y esperar hasta la fecha decidida del 13 de marzo. Con esta certidumbre queremos trabajar.

SEÑOR GARATEGUY.- No voy a agregar ningún fundamento más a los que ya ha expuesto el señor Amaro porque en ellos nos basamos y, además, en la Onajpu todos tenemos claro el camino a andar de aquí en adelante.

                Antes de la intervención del señor senador Lorier me surgió la interrogante   ‑estuve leyendo el proyecto de ley– de qué es lo que lleva a postergar la fecha prevista de marzo cuando están todos los aspectos cumplidos en cuanto a los padrones y demás para que la Corte Electoral pueda llevar adelante el proceso. Hago esta consulta porque no me queda claro qué es lo que lleva a modificar la fecha. Repito: comparto todos los fundamentos expresados.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quizás no se comprendió cuando, al principio, señalé que la fecha que se manejó no fue por decisión de los miembros de la comisión, sino atendiendo a una propuesta que había realizado un legislador, a los efectos de poder contar con los tiempos suficientes para la discusión del proyecto, independientemente de que sectores que integran esta comisión ya tenían una postura sobre la normativa. Fue solamente a esos efectos.

SEÑOR BALDASSARI.-  Nos parece que la intención seguramente –fue explicada acá– fue contar con cierto tiempo al comenzar a considerar este proyecto. Hemos hablado sobre este tema con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –quienes también nos han informado al respecto– y entendemos que se inició un proceso con cierto tiempo, pero por las razones que se han señalado no se pudo culminar. Por lo tanto, nos parece que no se justifica postergar la elección –que en su momento fue fijada con un plazo determinado– y sembrar incertidumbre entre los participantes. En esta elección teóricamente estarían convocadas a participar dos millones de personas. Se trata de una elección muy importante y, tal como hemos señalado, hemos tomado las previsiones del caso. La semana pasada estuvimos promoviendo este tema en tres departamentos –Salto, Paysandú y Río Negro– y sorpresivamente encontramos que había clima para reunirse en enero. Entonces, la elección está planteada y se da el clima para participar.

Por lo tanto, desde nuestro ángulo y teniendo en cuenta la población que representamos –son personas mayores de edad–, esta fecha es importante para lograr una alta participación y el éxito de la elección.

 SEÑOR MOLINA.- Venimos del XXI Congreso de la Onajpu, que fue realizado en el Argentino Hotel de Piriápolis con la participación de más de 135 asociaciones, donde 116 fueron las que votaron porque tenían los estatutos en regla. En esa oportunidad  se eligió la nueva mesa directiva de Onajpu y, a la vez, al representante social de los jubilados en el Banco de Previsión Social, que recayó en la persona del señor Sixto Amaro.

                Como muy bien decían los compañeros, empezamos el miércoles pasado recorriendo los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro, donde reafirmamos algo que es lógico y natural: la fecha del 13 de marzo, porque es la más adecuada para que nuestros viejitos puedan estar en las mejores condiciones para poder concurrir a votar. Lógicamente, estamos haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista económico. El próximo miércoles 16 tenemos la despedida del año de Onajpu en Cambadu, con la participación en forma gratuita de conjuntos que vienen a colaborar. Allí van a estar todos los jubilados y se va a lanzar la campaña para la elección de nuestro representante en el Banco de Previsión Social, el compañero Sixto Amaro. Por eso no vemos motivos para una postergación con  una ley que, en definitiva, cambiaría el contexto de lo que venimos construyendo desde octubre a la fecha.

                Creo que no es necesario seguir fundamentando porque ya está todo dicho.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Los agradecidos somos nosotros y creemos que el planteo ha quedado muy claro.

(Se retiran de Sala los representantes de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay).

 

 (Ingresan a Sala  representantes del PIT–CNT y del  Sindicato Único de INAU).

–Damos la bienvenida a  José Suárez, del PIT–CNT y a Joselo López  y Tatiana Antúnez, del Suinau, quienes solicitaron audiencia a la comisión para realizar un planteo.

SEÑOR LÓPEZ.- En primer lugar, les agradecemos que nos hayan recibido porque sabemos que estamos prácticamente en el cierre del año y seguramente ya tienen algunas cuestiones agendadas. Consideramos necesario pedir la audiencia para hacerles un planteo sobre una situación que nos tiene bastante consternados, y si no vinimos en otro momento fue porque entendimos que hay cuestiones que se tienen que dirimir en otros ámbitos, como el de la justicia penal, y estamos esperando la decisión final. Ahora bien: hay cosas que están sucediendo dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que deben estar en conocimiento de los diferentes partidos políticos que representan a la ciudadanía. En ese marco está claro, y creo que es de público conocimiento, que hemos tenido algunas dificultades con las autoridades del Sirpa, fundamentalmente con la presidenta, porque en la primera etapa, al principio de esta nueva administración, había muy buen diálogo con los otros dos integrantes de la comisión delegada –tanto con Bellomo, como con Noya–, pero ellos terminaron renunciando. En esta etapa hemos tenido algunas instancias de negociación con el doctor Eduardo Katz, donde el trato ha sido importante; llegamos a determinadas resoluciones, pero quedamos consternados por cómo se aplican.

                A partir de los hechos de pública notoriedad, de  la declaración de huelga que hizo nuestro sindicato y del decreto de esencialidad del Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se instaló un ámbito de negociación en el que tanto la administración como el sindicato acordaron que se empezaría a utilizar un protocolo de actuación para el uso de la fuerza en los servicios de reclusión de menores. Empezamos a trabajar en eso. La administración hizo una propuesta que nosotros descartamos porque introducía elementos que eran mucho más agresivos que los que en su momento se habían utilizado en todo lo que se vio en el video que  tan cuestionado fue. Hicimos una contrapropuesta, que fue aceptada por la administración aunque se introdujeron algunos cambios a la redacción. Llegamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y finalmente pudimos acordar un protocolo de actuación para el uso de la fuerza. Ese acuerdo tiene la firma del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Desarrollo Social, de las autoridades del Sirpa, de las autoridades del INAU, del PIT–CNT, de COFE y de nuestro sindicato. Veinte días después de haber firmado ese protocolo para el uso de la fuerza, vemos que la presidenta del Sirpa le presenta a la sociedad un grupo de choque muy parecido a la Guardia Republicana, que realmente asusta, con escudos, cascos y chalecos. Nos parece que hay elementos que pueden contribuir mucho a la seguridad de los propios trabajadores, pero hay otros que no están en el protocolo que habíamos firmado hace veinte días en acuerdo con la administración.  A esa situación debemos sumar una serie de hechos persecutorios de la administración del Sirpa hacia los trabajadores, que empezó con todo lo que ocurrió en su momento, al tratar de responsabilizar a quienes estamos en la dirección del sindicato,  y continuó con la presentación de una carta pública –firmada por prácticamente la totalidad de los directores de programas de la administración anterior que, en su mayoría, son profesionales: asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, profesores, educadores sociales y maestros–, en la que cuestionaban algunas de las prácticas que se estaban desarrollando por parte de la actual administración. Esto enojó mucho a la presidenta del Sirpa y los empezó a descabezar de a uno.

                Entendemos y sabemos que la gestión le pertenece a la administración y que la dirección del Sirpa, en este marco bastante perverso de encargaturas que hay en la institución, tiene poder para sustituir a unos directores por otros. No obstante, creemos que deben existir ciertos fundamentos técnicos. Hemos visto volar todas las direcciones de programas, como el de educación, el psicosocial, el de medidas alternativas y el de medidas cautelares y, para colmo, se remueve a todo el equipo de dirección del programa de inserción social y comunitaria, que ha sido producto de un esfuerzo compartido                –fundamentalmente impulsado por los trabajadores y las organizaciones sindicales–, que tuvo una apertura muy importante en el anterior período de gobierno y que permitió que más de cuatrocientos jóvenes privados de libertad pasaran por sus primeras experiencias laborales. Todo esto venía transitando con mucho ruido hasta que llegó a un sector de trabajadores del programa de inserción comunitaria –vulgarmente conocido como de apoyo al egreso–, que se resistieron a ello y tomaron algunas medidas. Actualmente hay una ocupación de las oficinas donde trabaja este centro, que lo que está haciendo es resistir este tipo de medidas –que van desarticulando sin fundamento técnico y programático alguno– tomadas por la presidenta de la comisión delegada.

                En ese marco hemos recorrido algunas comisiones parlamentarias. Sabemos que el Senado tomó una definición que –queremos decirlo claramente– no compartimos, pero para algo está la representación de la sociedad en los partidos políticos. De todas formas, nos preocupa mucho que en ese proyecto que se está discutiendo no estén definidos algunos aspectos, como por ejemplo: cómo se va a definir qué trabajadores quedan en un lugar y cuáles pasan a otro; cómo se va a dividir la infraestructura y la logística de la propia institución; y qué se piensa hacer con el Sirpa, que ni siquiera tiene una división financiero-contable para liquidar los sueldos. Podría seguir enumerando una cantidad de cuestiones que nos parece que no están reflejadas en el proyecto de ley porque no tuvimos oportunidad de venir al Senado a dar nuestra visión. Hoy lo pudimos hacer a nivel de la Cámara de Representantes, pero también nos llamó la atención que el directorio del INAU, que sigue siendo el responsable político, no fuese convocado para dar su opinión sobre este tipo de situaciones.

                En toda esta maraña de cosas se ha instalado este conflicto por decisiones adoptadas por la comisión delegada y, sobre todo, por la presidenta, permanentemente provocando la reacción de los trabajadores. Hay momentos en que los trabajadores reaccionamos ante estas cuestiones y hoy nos encontramos en medio de un conflicto que nos pareció importante poner en conocimiento de los señores senadores, porque entendemos que se está yendo a una ámbito absolutamente represivo y se está terminando con todo lo socioeducativo que tenía el Sirpa, que fue creado como un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

En ese marco, agradecemos que nos hayan recibido.

Por otra parte, les reiteramos nuestra preocupación, sobre todo porque el esfuerzo que están haciendo los señores senadores también será transitorio ya que, como viene la situación, no dudamos –si no es en esta Administración será en la que viene– de que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente pasará a depender del Ministerio del Interior. Creemos que será así porque todos los mandos medios pertenecen a dicha cartera y porque todos los cargos de responsabilidad jerárquicos –por encima de los cargos de carrera– vienen con pase en comisión del Ministerio del Interior. Y si faltaba algo, se acaba de definir una guardia de choque –que viola el convenio que se había firmado por el protocolo–, lo cual nos parece una situación muy compleja.

SEÑOR SUÁREZ.- Agradecemos el tiempo que nos han dado los señores senadores para trasladar la preocupación que tiene la central.

                El señor López ha planteado muy bien lo que ha sido todo el trayecto. Desde agosto –luego de los hechos de ocupación acaecidos que desencadenaron denuncias penales–  hemos tratado de encontrar alguna salida y de negociar. Después de haber llegado a un acuerdo para establecer un protocolo de seguridad, acudimos en más de una oportunidad –se podría decir que una vez por semana– al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque como central nos preocupa el relacionamiento que tenemos con la dirección del Sirpa. Amparados en lo que hace a una negociación colectiva, hemos tratado de conversar y de destrabar ciertas situaciones que nos preocupan, que tienen que ver, como decía, con el relacionamiento con el Sirpa. Cabe destacar que aún seguimos con estos problemas. Marcelo Abdala no pudo comparecer en el día de hoy porque tuvo que ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicha cartera solicitó nuestra comparecencia para poder destrabar la situación de ocupación del proyecto egreso, acontecida en el día de ayer. La central, junto con el sindicato del INAU, resolvió levantar la ocupación para llegar a la instancia de negociación. Esto nos preocupa porque ponemos todo de nosotros para poder resolver esta situación, pero del lado de la dirección del Sirpa no recibimos más que atropellos a los derechos sindicales. Hace quince días tuvimos un problema porque no entendían que los dirigentes sindicales tienen derecho a ver los lugares en los que trabajan los demás compañeros. La presidenta Fulco no dejó entrar a los compañeros y tuvo que ir Barreto a explicar en qué consistía la ley de negociación colectiva, la OIT y los derechos sindicales, para resolver el tema de los atropellos que estamos teniendo.

                A pesar de ello, seguimos apostando a la negociación, motivo por el cual hoy estamos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y hemos levantado la ocupación. Nosotros entendemos que el problema aquí no es que haya una congestión, sino el atropello por sacar a los tres responsables del proyecto egreso. Nos han dicho que es por una cuestión de rotación, pero le han hecho firmar el traslado a tres funcionarios sin haberles informado a qué lugar serían derivados. Por lo tanto, no es una rotación. Una cosa es que se corra a un compañero de un lado para otro porque tiene una designación directa, y otra es que se le haya hecho firmar el cese de participación de su cargo, sin asignársele ninguna otra responsabilidad.

                Como decía Joselo López en su primera intervención, nos preocupa la reacción que se ha tenido porque hemos demostrado que se cometieron errores –que hay que corregir– por parte de los compañeros responsables de los proyectos –no solo de este sino de otros–, pero igualmente han sido trasladados todas aquellas personas que han demostrado diferencias.

Como central nos preocupa, también, la defensa del proyecto «no a la baja». Nosotros entendemos que el problema no es solamente si está activo o no, sino que la ciudadanía decidió para dónde tenemos que apuntar los ejes. Nuestra compañera podrá desarrollar mejor esta cuestión, pero pensamos que está en juego lo que resolvió la población y la defensa del proyecto.

SEÑORA ANTÚNEZ.- Ante todo, muchas gracias por recibirnos.

En este momento estamos en una situación de conflicto, debido a lo que ya han expresado mis compañeros. Hemos levantado la ocupación, pero más allá de eso no tenemos muchas expectativas con respecto a la negociación, dada la incapacidad de generar condiciones para el diálogo que hoy presenta esta comisión delegada, lo que además se vio reflejado en la renuncia de dos de sus miembros que ya han expuesto sus razones a la opinión pública.      

                En particular, nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el desmantelamiento que se está dando desde que esta gestión comenzó a gobernar. Por ejemplo, desde un primer momento, al programa de inserción social y comunitaria, más conocido como apoyo al egreso, se le retiraron las funciones de establecer los convenios y se las adjudicó la misma comisión delegada. Por lo tanto, a partir de ese momento, la responsabilidad de que haya propuestas laborales depende exclusivamente de la administración y no del programa. Desde esa fecha no se ha firmado ningún nuevo convenio y hoy se vive un ataque debido a un supuesto derrumbe que generaron los equipos de trabajo y de dirección. Lo que nosotros vemos es que intencionalmente se generaron las condiciones –casi como un operativo– para que se dieran estas circunstancias. En consecuencia, hoy no trabaja la misma cantidad de jóvenes que lo estaba haciendo en el período anterior; cabe destacar que por el Programa de Inserción Social y Comunitaria –que comenzó a funcionar en el año 2011, incluso antes de que se aprobara la ley de creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente– pasaron aproximadamente 400 jóvenes.

                Tengo en mi poder una carpeta que fue presentada en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes el año pasado, que también vamos a dejar aquí. En ella se muestran, por empresa, los nombres de los adolescentes, algunos datos más y los comprobantes que demuestran que efectivamente pasaron por esa experiencia laboral. Cabe acotar que actualmente hay cierto descreimiento con respecto a lo que se está generando.

                Por otro lado y para generar una comparación clara, tenemos una serie de indicadores de resultado que muestran que hoy, por la voluntad de los trabajadores de ese programa –en comparación con años anteriores–, solo han salido a trabajar 61 adolescentes. Estamos hablando de convenios que además se mantienen desde el período pasado. Esto también lo vamos a dejar para que, de alguna manera, se entienda qué es lo que los trabajadores quieren expresar, porque no se habla de salarios ni de condiciones de trabajo; por el contrario, se trata de un proyecto de inclusión que, obviamente, se contradice con todo lo que se está impulsando hoy con un corte crudamente represivo, más allá del doble discurso de la presidenta Gabriela Fulco. Mientras muestra las imágenes de un grupo de choque de corte Guardia Republicana, habla de la mediación, del diálogo y de la educación, cosas que no se condicen para nada con lo que estamos viviendo hoy dentro del sistema. Por supuesto que pueden interiorizarse, visitar el lugar y conversar con cada uno de los trabajadores para darse cuenta de que esa es la realidad.

                Quiero hacer una aclaración: de lo que se propone con respecto a la refundación del sistema, los trabajadores nos enteramos nada más que por la prensa. No hay comunicaciones por escrito ni la presentación de un plan específico para saber qué se va a hacer, así que nos encontramos en una situación de total vulneración.           Además, nos tratan como si fuéramos una población no civil, cuando la mayoría de nosotros somos educadores y apostamos a otra cosa. 

                Con esto queremos lograr que se generen las condiciones para que no suceda más lo que está pasando con los trabajadores y los gurises, porque esto no deja de repercutir directamente en los jóvenes. Si antes teníamos  400 adolescentes trabajando y hoy solo 62 y no hubo un solo convenio laboral, tendríamos que darnos cuenta quién tiene la responsabilidad.

                Luego de esto empieza a desarrollarse y a escribirse un convenio            –aunque obviamente no se firmó, porque como mencioné no se firmó ningún convenio–  con la Junta Departamental de Canelones que habla de que cuando los adolescentes terminan la medida judicial, terminan la propuesta laboral. Nuevamente, esta comisión delegada se contradice con las definiciones de este proyecto  –que, como se hizo hincapié,  sale del movimiento sindical y cuenta con su fuerza; la central de trabajadores ha estado siempre a la vanguardia de este proceso–, con relación a un principio que para nosotros es básico. Trabajamos para que los adolescentes se incorporen a la cultura del trabajo y una vez que son trabajadores no podemos generar un corte porque se termina la medida judicial. De esta manera, es como decir: «Salí a robar porque así es como tendrás un trabajo».

                Nosotros no vamos por ese camino y acá tenemos una de las pruebas de lo que decimos. Me refiero al convenio escrito sin firmar que dice: «Informar a la Junta Departamental si se produce algún cambio en la medida judicial de los jóvenes o si la misma finalizara. En este caso, se procederá a dar de baja de pleno derecho al vínculo laboral en virtud del presente».

                Estas son las cosas que dan cuenta del desmantelamiento que se está viviendo hoy en el sistema. Además esto se da –es muy importante decirlo– a fin de año. Estamos hablando de jóvenes privados de libertad que quieren pasar las fiestas con sus familias y estar en otras circunstancias.          Por supuesto que hay una exaltación mayor que la existente en otros momentos del año.

                Entonces, es importante también decir que la desestabilidad la genera la propia administración y no los trabajadores, como se ha salido a decir en los medios de comunicación.

                Ayer, en la ocupación, tuvimos la presencia de la presidenta del Sirpa con un cuerpo de aproximadamente diez personas que, supuestamente, fueron a relevar la situación y lejos de eso ingresaron al lugar donde estábamos todos los trabajadores. La señora Gabriela Fulco,  en un tono amenazante y en repetidas veces, dijo «Si pasa algo en el sistema será responsabilidad de ustedes. Si en 48 horas pasa algo en el sistema será responsabilidad de ustedes». Por supuesto, esto fue denunciado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estaba presente el señor Marcelo Abdala, secretario general del PIT–CNT. Esta es la forma que tiene esta comisión delegada de dirigirse a los trabajadores.

Nosotros somos trabajadores organizados y, además, parte de un proyecto que lleva adelante la central de trabajadores y no dejaremos que avasallen nuestros derechos ni los de los adolescentes con los que trabajamos, porque para nosotros en el día a día lo fundamental es cambiar esta situación y que estos gurises se vuelvan a incluir en la sociedad, y construir una sociedad diferente, de convivencia y de oportunidades.

SEÑOR MIERES.- Simplemente quiero hacer un comentario respecto a esta presentación.

                En primer lugar, entiendo que hay dos niveles distintos. Por un lado está la discusión institucional sobre la que existía un acuerdo político de todos los partidos, con respecto a la necesidad de crear un servicio descentralizado para la atención de los menores infractores, actual Sirpa. En ese sentido, compartimos la idea. Por otro lado, creo que hay un vacío en el articulado aprobado en el Senado con respecto al tema de los funcionarios. Me parece que ese es un problema que habrá que monitorear pero, a esta altura, difícilmente se pueda modificar el proyecto, aunque quizá se puedan hacer algunas correcciones, en cuyo caso plantearemos nuestra preocupación respecto a que se introduzca una norma que otorgue garantías en lo que hace al destino de los funcionarios.

                En otro orden de cosas, quisiera dejar constancia de que al Partido Independiente le inquieta la forma en que se conduce el Sirpa. Tal como manifestamos oportunamente cuando se votó el proyecto de ley en el Senado, nos preocupan algunas señales y, obviamente, habría que hacer el correspondiente seguimiento.

SEÑOR LORIER.- En primer lugar, saludamos formalmente a la delegación.

                Por otro lado, queremos particularizar nuestra preocupación en lo que quien habla llama programa egreso –quizá tenga otro nombre institucional–, al que hemos seguido con mucho interés desde su inicio pues consideramos que es una innovación, tal vez a escala latinoamericana, en lo que refiere al abordaje del menor infractor, a la búsqueda de que salga de su encierro y pueda reintegrarse a la sociedad mediante uno de los mecanismos más formidable para reencauzar vidas, que es el trabajo. No digo que hayamos teorizado, pero siempre hemos seguido muy de cerca este tema más que nada a partir de la función cuasi educativa, de «maestros» –entre comillas–, de la que tomamos conciencia a la luz de una conversación que tuvimos con un trabajador que considera que quizá para el adolescente infractor sea más importante la media hora previa al trabajo o la de descanso, porque es el momento en el que el viejo obrero, o no tan viejo  –quien incluso puede tener una historia de vida similar–, aprovecha para trasmitir valores. Esto nos hizo pensar que maestros no son solo quienes tienen el título, sino que hay otras instancias de educación como esta que acabo de señalar, que tiene que ver con una experiencia laboral en la que se genera una íntima conexión emocional entre seres humanos que quizá provengan de un mismo medio, con la diferencia de que uno tuvo la posibilidad de encauzar su vida por medio del trabajo y otro, por circunstancias muchas veces ajenas a su voluntad, tuvo que desarrollarla de una forma reñida con la ley.

                Para nosotros es fundamental, por un lado, el tema de la reinserción  y, por otro, el papel de los trabajadores, porque este es un programa que nace a partir de la iniciativa de estos y con base en un convenio que se firma originalmente entre la UNTMRA y el INAU. Como dije antes, ha tenido éxito a escala continental. Pero importa destacar la complejidad de este programa, por cuanto no se trata solo del traslado del menor al lugar de trabajo en una camioneta y de que luego se lo vaya a buscar para que retorne a su ámbito de reclusión, sino que además, una vez cumplida la pena, se mantiene el contacto mediante un proceso de seguimiento. Como todos sabemos puede ocurrir –y tenemos datos de un menor que se suicidó– que al salir no logre insertarse en el mundo del trabajo, y que aquel otro mundo con el que hubo una ruptura lo llame y muchas veces le exija que se reintegre a él. Por lo tanto, en realidad, no está en ninguno de los dos mundos y termina en estas situaciones tan lamentables. Entonces, desde ese punto de vista nos preocupa qué contenidos va a tener de aquí en más este programa. Tenemos datos de que la realización de convenios que permitan continuar con los acuerdos, para lo esencial, que es la reinserción del menor, están detenidos.

Por lo tanto, esta presentación nos parece de sumo interés y creemos que estaría muy a tono con nuestras preocupaciones la comparecencia de las máximas autoridades del Sirpa en esta comisión para tratar un tema que quizás también correspondería ser estudiado por la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, que podría estar inquieta. Digo esto porque si yo la integrara estría inquieto, pero no quiero colocarme en el lugar de los demás. Me parce que hasta podría ser interesante ver el tema de distintos ángulos y no solo desde el punto de vista laboral, como un asunto de relaciones laborales o de defensa de determinada cuestiones, que también me parecen muy importantes; no las desmerezco ni las disminuyo porque sin esa relación laboral adecuada no hay desarrollo posible de políticas rehabilitadoras de menores. En síntesis, creo que a la luz de este complejo de circunstancias que se nos ha planteado sería importante que la comisión pudiera tener otras opiniones.

                Era cuanto quería expresar, tomando conocimiento, como todos los senadores presentes, de la problemática que han señalado.

SEÑOR MIERES.- De la primera intervención me quedó pendiente la preocupación por la referencia que se hizo con respecto a un eventual destino final del Sirpa vinculado con el Ministerio del Interior, que sería absolutamente contradictorio con la lógica, la naturaleza y los objetivos de ese instituto que se está creando. Parece claro que debe tener como referencia al Ministerio de Desarrollo Social y que tiene que estar vinculado directamente con las políticas sociales. No creo que esté en la cabeza de alguien que eso sea diferente –por lo menos en el plano legislativo– y nos preocupan las señales que, de alguna manera, acaba de presentar la delegación sobre una modalidad de ejercicio y de intervención, que aunque no suponga una modificación institucional, se puede asimilar más a una lógica del Ministerio del Interior. La lógica con que se maneja el trabajo con las personas privadas de libertas por haber cometido delitos y con los menores infractores son distintas. En el caso del Ministerio del Interior me parece que hay pendiente una reforma institucional, porque muchas veces se ha dicho que no es bueno que quienes estén encargados de reprimir los delitos, el instituto policial, sea también el que se encargue de las personas privadas de libertad. Más bien sería al revés; creo que debería existir un proceso de autonomía del área carcelaria con respecto al Ministerio del Interior y no esto otro. En ese sentido aumenta nuestra preocupación ya expresada.

SEÑOR OTHEGUY.- Antes que nada quiero saludar la participación de los integrantes del sindicato del INAU y del PIT–CNT.

                Estamos muy preocupados por este tema y me refiero a los senadores, creo, de todos los partidos. A nivel de distintas comisiones este es un tema que recurrentemente ha estado en la agenda y en el debate público y parlamentario. Este es un año complejo porque la dinámica y la agenda parlamentaria han estado claramente dominadas, en buena medida, por la discusión presupuestal. En ese sentido, este es un año –que ahora está terminando– particularmente complejo pero, sin duda, será un tema prioritario para la agenda parlamentaria de los próximos meses, también a nivel de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, en la que se estuvo discutiendo la creación de la nueva institución –en este caso, un organismo descentralizado–, con un enfoque totalmente distinto a lo que ha sido la historia de los últimos tiempos, poniendo el foco, claramente, en la inclusión y en la rehabilitación de los adolescentes.

Esa es una intención, una definición política y programática que, si después no se condice con la gestión y con el compromiso también de los trabajadores con este enfoque, no va para ningún lado. Podemos poner un montón de cosas y buenas intenciones en el papel pero, después, si no hay un compromiso mancomunado, institucional y de los actores del sistema –donde los trabajadores cumplen un rol fundamental– vamos a seguir empantanados donde estamos.

Creo que, en este caso, el Parlamento y los parlamentarios también tenemos que cumplir un rol. Reitero que a mi juicio este es un tema prioritario y en los próximos meses va a ser tratado como tal. Tenemos que empezar a generar acciones de articulación desde el Parlamento, para tratar de que lo que estamos colocando en el papel, después realmente pueda avanzar en la dirección de los contenidos programáticos que este proyecto de ley tiene.

Por lo tanto, lo que puedo trasmitir es ese compromiso de parte nuestra. Tanto en esta comisión como en la de Población, Desarrollo e Inclusión –que también integro– teníamos la intención, en buena medida, de recorrer el sistema y estar mucho más presentes. Han sido muy complejos estos últimos meses, por lo que no hemos podido hacerlo, pero ese es un compromiso que asumimos para el inicio del próximo año, porque hemos conversado entre los legisladores de todos los partidos políticos y creo que estamos preocupados por este tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- En lo personal, voy a hacer algunas preguntas muy concretas a los efectos de poder completar el informe; estoy preocupada, también, por el tema, como el resto de los colegas.

                Quisiera saber si nuestros invitados tienen aquí –para adjuntarlo a la versión taquigráfica y, a su vez, para poder leerlo– el acuerdo de protocolo que se aprobó o se firmó con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Frente al planteo que se ha hecho de que no se está cumpliendo con ese protocolo que se firmó, nos parece importante tenerlo.

                Otra pregunta tiene que ver con los programas de inserción, tema que han planteado nuestros invitados. Se ha dicho que ha disminuido la participación de los menores en esos programas. ¿Eso es porque no hay programas o porque no se envía a los menores a ellos? Creo que esta es una diferencia sustancial.

                La tercera pregunta es si los funcionarios afectados por esos cambios de dirección, fueron trasladados a otros lugares del organismo, han quedado cesados de esos programas de dirección o tienen otro rol.

                La última pregunta es si la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ha sido puesta al tanto, por parte de nuestros invitados y del propio PIT–CNT, de lo que se nos está planteando aquí, en la comisión.

SEÑOR LÓPEZ.- Voy a empezar por responder las preguntas concretas.

                Respecto al protocolo, vamos a hacerles llegar una copia.

                No sé si se estila, pero ese protocolo, que es para el uso de la fuerza en caso de desacato, no tiene que ver con la cuestión que presentó la nueva presidenta de la comisión delegada del Sirpa. Insisto: para nosotros no tiene nada que ver porque una cosa es cuando un trabajador, en el marco de un desacato de alguno de los jóvenes, tiene que actuar en función de una situación puntual y, otra, cuando ya hay preparada una fuerza de choque –al verla no se dice que es para resolver un problema, una situación concreta– muy parecida a la Guardia Republicana, que va a depender directamente de la propia administración.

                Entendemos que el tema del protocolo es muy importante.

(Se exhibe video de la comisión delegada).

                Esto no es lo que nosotros firmamos; insisto: no tiene nada que ver.

SEÑOR OTHEGUY.-  ¿Son funcionarios?

SEÑOR LÓPEZ.- Algunos son funcionarios y otros lo van a ser por un mecanismo que tampoco tenemos muy claro cuál es.

                Con respecto al otro tema, nos parece fundamental la idea de convocar a la comisión delegada para conocer su visión de primera mano. A la vez, nos parece importante que puedan recorrer los servicios, porque si bien es cierto que hay una imagen muy desprestigiada del sistema, hay centros que funcionan muy bien; nos gustaría que pudieran verlo para constatar el esfuerzo de los trabajadores. No estamos permanentemente poniendo palos en la rueda porque es una situación muy diferente.

                Respecto a las expresiones del señor senador Otheguy, quiero decir que hace veinte años que estamos en la dirección de este sindicato. Hemos tenido conflictos, como suele suceder, pero nunca un enfrentamiento tan drástico como ahora con esta administración. Evidentemente, hay una actitud persecutoria y un posicionamiento claro de desmantelamiento del sindicato y de todo aquello que de alguna manera cuestione las decisiones que está imponiendo la administración de la señora Gabriela Fulco.

                En cuanto a si la Institución de Derechos Humanos está al tanto de lo que está ocurriendo, nos ha llamado la atención que, por ejemplo, no se haya pronunciado respecto a los hechos que se vieron en todos los canales y se publicaron en los diarios. Creo que la Institución de Derechos Humanos debería tener un pronunciamiento al respecto. Evidentemente, una guardia de choque de estas características no va en consonancia con la defensa de los derechos humanos y, fundamentalmente, con la promoción de derechos de los gurises que están en privación de libertad.

                Antes veíamos denuncias de todo tipo y color y ahora hay cosas que están pasando que parece que no tienen la misma trascendencia. En este marco, me parece importante remarcar algunas cuestiones. Tenemos un gran compromiso con esta institución. Si bien entendemos lo que dicen los senadores  en cuanto a que hay un acuerdo multipartidario que está en proceso, queremos dejar sentada  la visión de los trabajadores organizados en el sindicato. Creemos que un organismo como el INAU, que es el rector en políticas de infancia y adolescencia, no debe tener una desvinculación de los jóvenes o adolescentes que están en conflicto con la ley.

                ¿Por qué decimos que nos da toda la sensación de que esto se va encaminando al Ministerio del Interior o al Instituto Nacional de Rehabilitación? Primero, por lo que recién les mostramos; esto no es lo que sucede normalmente en un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Segundo, porque todas y cada una de las decisiones que se toman van en ese sentido. Por ejemplo, la capacitación para los trabajadores la dio el inspector Navas; este reconocido integrante del Ministerio del Interior en otras épocas fue el que capacitó a los trabajadores para este tipo de acciones. Otro aspecto que nos parece definitorio –y que va en línea de que esto se encamina  hacia el Ministerio del Interior– es que todos los mandos medios que trajo la administración de Fulco son pases en comisión del Ministerio del Interior, son gente formada y que desarrolló su carrera dentro de esa cartera. Aparte, no entendemos mucho que un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente dependa  directamente del Ministerio de Desarrollo Social ya que no nos parece que ese sea el objetivo para el cual fue creado. Por lo tanto, nos da toda la sensación de que esto se va torciendo más para otro lado. Más allá de que en el discurso se digan otras cosas, las decisiones que están tomando demuestran que se está flechando mucho la cancha para ese lado.

                Esta es una situación muy compleja para nosotros. Por supuesto que apostamos al diálogo y a la negociación; esos son nuestros principios en estos veinte años al frente del sindicato. Tan así es que con el directorio actual del INAU estamos a punto de firmar un convenio que fue votado por unanimidad en nuestro plenario nacional. Quiere decir que con el directorio del INAU no tenemos ningún inconveniente. Podemos tener diferencias; las hemos tenido y las hemos tratado de laudar, pero siempre en el marco de respeto a la institucionalidad y a los trabajadores. Esto es muy diferente a lo que está pasando en el Sirpa.

                Por último, con respecto a las remociones de los cargos de dirección hubo de todo. A algunos directores se les cambia el grado y se los manda a otra función; a otros, directamente se los deja sin un cargo de responsabilidad y a otros les hicieron una propuesta que todavía no contestaron.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quedó pendiente la respuesta a por qué bajó la participación en los programas.

SEÑORA ANTÚNEZ.- En realidad no es tan así. Bajó la participación de los adolescentes en las propuestas laborales, no así en la elaboración de proyectos socioeducativos individuales de cara a su salida del sistema. En uno de los materiales que les entregamos con indicadores de resultados, se plantea que en este período se elaboraron 474 proyectos educativos individuales. Este es un número bastante alto en relación a la población con la que trabajamos; el número que es sumamente bajo es el de las salidas laborales. A raíz de esa definición de plantear que ahora los convenios son potestad de la comisión delegada, ella tendría que haber hecho ese trabajo –que por  lo pronto no se ve de manifiesto–, que es ir a golpear las puertas de las empresas y de los sindicatos que en su momento generaron convenios, máxime cuando hubo cambio de gobierno y, por ejemplo, en las empresas públicas variaron los directores que las componen. En ese sentido queremos señalar –y que se entienda– que los convenios no cayeron; lo que no hubo fue voluntad política de ir a hacer esa gestión. Aun así se responsabiliza a los trabajadores de esa área específica, y obviamente también al equipo de dirección que en sucesivas ocasiones expresó su desacuerdo con todo esto que se venía desarrollando, lo que terminó en movimientos que de alguna manera intentan bajar el perfil de esos trabajadores.

Puntualmente, quienes estamos  ahí sabemos cuáles son los proyectos de cada uno de los adolescentes con los que trabajamos. La tarea se realiza en forma muy personalizada y sabemos que los proyectos siempre van a tener un punto de educación, de afectos vinculados a la circulación social y cultural, pero hoy está faltando el elemento del trabajo que para nosotros es y ha sido fundamental.

SEÑORA PRESIDENTA.- El planteo ha sido claro. Vamos a adjuntar  a la versión taquigráfica los documentos que nos han dejado y el protocolo, que a su vez se va a repartir a cada uno de los miembros de la comisión.    

                Esta es la última sesión ordinaria de la comisión, pero eso no quiere decir que no se realicen sesiones extraordinarias. Como es de estilo, si hay acuerdo vamos a enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Desarrollo Social, al INAU, a la comisión delegada, al PIT–CNT, al sindicato, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y, como nos sugería el señor senador Otheguy, a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

                De todas formas, vamos a seguir en contacto antes del receso para evaluar lo que nos han planteado.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 16:50).