SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:04).

                –Damos comienzo a la sesión de la tarde de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda dando la bienvenida a la delegación de la Liga Regional de Básquetbol de Soriano, integrada por los señores Osvaldo García y Washington Elutchanz.

SEÑOR ELUTCHANZ.- Buenas tardes.

                En primer lugar, quiero agradecer al señor senador Besozzi por haber hecho la gestión pertinente para que lleguemos hasta aquí.

                Mi nombre es Washington Elutchanz y soy presidente de la Liga Regional de Básquetbol de Soriano que –como pueden ver en el folleto que les entregamos– fue fundada en 1938. Hoy en día la liga es regional, porque también participa la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, y la ciudad de Dolores, departamento de Soriano. En este momento tenemos once cuadros, lo que nos hace ser la primera liga del interior del país en cuanto a tamaño e integrantes.

Como se puede ver en los folletos, tenemos 11 gimnasios cerrados, y en el grupo infantil hay aproximadamente 700 niños que hoy en día están practicando el deporte. En el grupo de mayores tenemos 140 jugadores y también se puede ver la asistencia que estamos registrando en estos momentos. Comenzamos en el mes de octubre la etapa del campeonato de mayores, terminamos en formativa y, adicionalmente, este año estamos participando en un campeonato litoral de básquetbol, con Paysandú y Salto, de categoría formativa.

                Como se puede apreciar, a través del tiempo hemos tenido muchos jugadores como Koster, Belén, Rivera, Álvarez y Ferreira a quienes, seguramente, el señor senador Agazzi conoce. También el estadio Della Santa fue una de las sedes del Campeonato Mundial de Básquetbol en el año 1967 y allí participaron Estados Unidos, México y Yugoeslavia, siendo este último país el que resultó campeón.

                El objetivo de esta liga es alejar a los niños de la calle mediante la práctica de un deporte. Entendemos que esa es una de las formas sanas de participación para los niños, de modo que en el día de mañana se conviertan en personas de bien.

                En este momento, nos estamos enfrentando a una situación económica que no es desconocida para nadie. Formamos parte de una liga netamente amateur y, por consiguiente, no contamos con recursos. Quienes estamos integrando la directiva de esta liga somos ad honoris y, lógicamente, para llevar adelante este proyecto resulta imprescindible la colaboración económica. Hay instituciones, empresas y diferentes organismos que colaboran con nosotros. Este año hemos emprendido un programa de estadística, que es nuevo, que forma parte de la FIBA, que es la Federación Internacional de Básquetbol, que nos coloca en un primer plano en esta materia. Lo importante es que hoy en día, cada vez que se realiza un partido, se llevan las estadísticas correspondientes y los muchachos están siendo vistos en Japón, Europa y Estados Unidos. Asimismo nosotros, a través de estos programas, podemos conocer cuáles son las situaciones de los diferentes jugadores.

El líder del programa fue el señor García. Costó un poco porque a veces  parece que queremos seguir trabajando con arco y flecha, pero sin embargo el objetivo es ser cada vez más profesionales. Acudimos a los señores senadores porque tenemos necesidades económicas reales y estamos tocando todas las puertas que podemos –y seguiremos haciéndolo–con el fin de lograr algunos objetivos.

SEÑOR GARCÍA.- Voy a referirme al programa de estadística, que es lo que estamos implementando como algo novedoso y como complemento de la actividad y la práctica del deporte. No todos los niños que practiquen o se familiaricen en una primera instancia con el deporte van a continuar haciéndolo; y de esta forma pensamos acercarlos también a otro tipo de actividades que hacen al deporte como, por ejemplo, las que tienen que ver con estadística, matemática, manejo de ordenadores y computadoras, de modo tal de que a través de la información –recibiéndola y brindándola– se familiaricen con sus cuerpos técnicos y con otras aristas que no son exclusivamente las relacionadas con estar dentro de un rectángulo. Esto crea un vínculo con las otras instituciones y los equipos, que paralelamente va generando –nos parece– un ámbito familiar en la interna del deporte. Es decir, salen de sus espacios específicos, de sus equipos, de sus clubes y tienen interrelación en áreas que no tienen que ver específicamente con la práctica en sí. Para nosotros esto es muy importante porque entendemos que vamos formando conciencia en el entorno del deporte. Probablemente muchos de estos niños no lleguen a ser jugadores profesionales, pero van a tener un ámbito y un entorno deportivo que es deseable o esperable que lo vayan trasmitiendo a otros niños y adolescentes para que de esta manera podamos ir modificando el entorno.

Hay una cantidad de conductas que queremos erradicar del deporte y, como liga, lo tenemos establecido como una de nuestras prioridades. Tenemos que trabajar muy fuertemente con quienes practican el deporte, generando un entorno positivo.

Estas son las primeras pautas que queremos ir planteando pero, obviamente, los implementos, el equipamiento, las computadoras y los traslados tienen un costo. No se olviden de que si bien nosotros nucleamos once clubes y tres ciudades que están relativamente cerca, participamos de aproximadamente 700 partidos, que implican un costo de transporte en el año. Estoy hablando de las categorías formativa y primera. Sumando a esto, está el desafío que nos hemos planteado de generar la integración con Paysandú y Salto; si bien en cuanto a densidad de la población estamos en minoría de posibilidades, no por ello dejamos de planteárnoslo.

                Agradecemos a los señores senadores que nos hayan recibido y nos brinden esta audiencia. Estamos convencidos de lo que hacemos y por eso le ponemos tanto corazón al deporte. Gran parte del éxito del desarrollo social está en cómo instrumentemos las pautas en nuestros jóvenes.

SEÑOR CAMY.- Saludamos la presencia de la Liga Regional de Básquetbol de Soriano. Lo hacemos desde nuestra condición de hombres del interior; sabemos lo dificultoso que siempre significa desarrollar este tipo de actividades en nuestros departamentos. Como exjugador de básquetbol, puedo dar fe de los aspectos diferenciales del trabajo que realiza la Liga Regional de Básquetbol de Soriano, que es la cultura de este deporte en el litoral del país.

El fútbol en el Uruguay nos identifica y se practica de igual manera en todo el territorio nacional; en el caso del básquetbol, el automovilismo y el ciclismo,  al igual que en todos los  llamados deportes menores, tienen expresiones distintas en cada región. Sin duda, el básquetbol  tiene su expresión más elocuente en el litoral del país, básicamente en Soriano. Allí está la principal liga de básquetbol, sacando la liga profesional de Montevideo. Sabemos la organización que existe –lo hemos constatado–y lo que implica el respaldo popular que tiene este deporte en Soriano, que presenta la singularidad de representar a dos departamentos y a tres ciudades importantes, como Dolores, Fray Bentos y Mercedes.

Me parece que estas son cosas que debemos destacar, porque seguramente la Comisión reciba solicitudes similares y se encuentre ante aspiraciones legítimas de las distintas ligas y deportes. Se me ocurre entonces que la manera de ser objetivo y justo a la hora de responderles  –tendremos que hablarlo con los compañeros de la Comisión–, es premiar a aquellas ligas que se destacan por todas estas cosas. Esta liga tiene casi ochenta años ininterrumpidos de funcionamiento, y hoy es la que más mueve al  básquetbol en el interior.

Nos parece que ese es el principal argumento para decir que sí a la solicitud de la Liga Regional de Básquetbol, sin ningún tipo de temor de ser injustos.

                Personalmente, vamos a respaldar el planteo cuando se considere.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Para ubicarnos un poco, me gustaría que nos dijeran qué es concretamente lo que  solicitan a la Comisión con respecto a este Presupuesto nacional. Quisiéramos saber además si tienen personería jurídica, balance registrado por contadores y la documentación que se le pide a las organizaciones que integran el capítulo de subsidios y subvenciones de este Presupuesto, que tal vez sea a lo que ustedes aspiran. Como nos queda un poco de tiempo aprovecho a consultarlos porque  no sé exactamente a qué parte del Presupuesto están haciendo referencia.

SEÑOR ELUTCHANZ.- Sí tenemos personería y presupuesto; estamos trabajando en el presupuesto de 2016. Básicamente tenemos egresos por más de $ 2:000.000, pero lamentablemente no hemos traído el presupuesto para mostrárselo. Lo que específicamente solicitamos es un apoyo económico que puede ser mensual, trimestral o como sea más factible que se pueda otorgar el dinero.

                Vinimos con el objetivo de pedir una ayuda por año de $ 150.000 que, como dije, podría dividirse en forma mensual, bimestral, semestral o como sea.

SEÑOR AGAZZI.- Está bien; ustedes tienen que golpear todas las puertas. Hasta ahora esta instancia está bastante complicada porque el presupuesto no permite dar respuesta positiva a todos los que vienen. Si se crea un Ministerio de Deporte, esperemos poder en el futuro canalizar más racionalmente los recursos y, como dijo el señor senador Camy, pesar racionalmente en cada lugar las actividades deportivas que le importan a la sociedad. Por tanto, vamos a considerar qué es lo que se puede hacer con esto en la situación actual.

                Ahora bien, pedí la palabra para saludarlos. Estoy contento de conocerlos porque conozco Soriano y al Club de Remeros por los campeonatos del litoral. Salté y corrí bastante en aquella cancha que en las noches de diciembre y enero se llena de cascarudos. También conocí al Praga y fui a los partidos del mundial. En realidad, Soriano y su técnica basquebolística me hicieron vibrar bastante. Fuimos compañeros y enemigos dentro de la cancha, así que aprovecho esta pequeña oportunidad para un saludo personal.

SEÑOR BESOZZI.- ¿Me permite señora presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA.- Advierto que estamos pasados de la hora. Le dejo la del estribo porque es coterráneo.

SEÑOR BESOZZI.- Mi pregunta está relacionada con lo que dijo la señora presidenta. ¿Está determinado específicamente dentro del presupuesto el destino de los recursos que solicitan o es en general?

SEÑOR ELUTCHANZ.- Tenemos un costo en el área estadística de $ 40.000 anuales, así como para indumentaria de los jueces. En nuestra liga los jueces son empleados, inscriptos en el BPS y en todos los organismos correspondientes. La vestimenta tiene, aproximadamente, un costo de               $ 80.000. En ese presupuesto también estamos incluyendo una parte de lo que cuestan las pelotas que son importadas y suponen un costo de USD 5.500.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le damos las gracias a la delegación. Han sido aclarados algunos puntos y, además, queda la versión taquigráfica para que después se repase lo dicho aquí. Pido disculpas, pero debo ser estricta en el manejo del horario porque si no las otras delegaciones se quedan sin tiempo para hacer sus planteos.

SEÑOR GARCÍA.- Simplemente, me quedó por decir –me traicionaron los nervios– que espero que comprendan que prácticamente todo el esfuerzo económico que hacen los sectores vinculados al deporte se reparte entre los clubes. Nosotros somos la estructura –por decirlo de alguna forma– y se nos hace muy difícil crecer para poder bancar el peso que necesitan once clubes para funcionar de una forma adecuada.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias por su comparecencia.

(Se retira de sala la delegación de la Liga Regional de Básquetbol de Soriano).

(Ingresa a sala una delegación de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República).

 –Damos la bienvenida a una delegación de AFFUR, integrada por Walter Acevedo, Nancy Kölln, Alfredo Peña, Luis Campoy, Alcides Garbarini y Diego Calascione.

SEÑOR PEÑA.- Muchas gracias. Los señores senadores ya conocen la solicitud de la Universidad de la República y lo que ha sido asignado a través del proyecto del Poder Ejecutivo y del aprobado en la Cámara de Diputados, pero nosotros, como trabajadores, traemos nuestra visión sobre estos temas.

                Por un lado, en lo que se refiere al tema salarial, tenemos firmado un preacuerdo con la Universidad de la República –que está incluido en los materiales que entregamos–, al que llegamos después de una negociación de alrededor de un año, prácticamente. Esto estaba enmarcado en la solicitud de la Universidad de la República y dentro de la previsión de alcanzar el 6 % del PBI para la educación. Nosotros entendemos que es posible llegar a cumplir con este preacuerdo, pero en lo que se asigna por parte del Poder Ejecutivo, a pesar de que ha sido mejorado en la Cámara de Diputados, lamentablemente estamos muy lejos de alcanzar esta fórmula salarial.

También hay otros aspectos muy importantes, como los temas de carreras y de concursos. Nosotros tenemos, con la universidad, dos calendarios de concursos sobre los que hemos venido trabajando. Estaba previsto que el primero de ellos abarcara los años 2013 y 2014, pero no se pudo llevar adelante por el tema de los recursos presupuestales. Recién el año pasado logramos que esos concursos se iniciaran –se destinaron algunos fondos– pero, lamentablemente, cuando terminen esos concursos, que están en proceso, no van a poder asumir todos los compañeros que están concursando. Tenemos previsto un segundo calendario de concursos, pero que también, en función de la asignación, no se podría estar llevando adelante. Para que los señores senadores tengan una idea, el incremento salarial que solicitaba la Universidad de la República era del 8 % y lo que se está asignando es alrededor del 3,5 % los dos primeros años. Respecto a los otros dos años, existe una total incertidumbre sobre lo que va a acontecer. Además, no se prevé nada para el desarrollo de las carreras. Tenemos compañeros en la Universidad que hace alrededor de 15 años que no tienen oportunidad de concursar por un ascenso. En el Hospital de Clínicas, en el sector de enfermería, hace 28 años que no se realizan concursos de ascensos, y esto estaba previsto en la segunda etapa de concursos.

Como decíamos antes, entendemos que esto debería ser mejorado y que por lo menos los dineros para las carreras podrían ser contemplados, porque, si bien representan un monto importante, impactan sobre un monto también importante de trabajadores de la Universidad de la República. Estamos hablando de alrededor de 1.500 trabajadores que podrían ser contemplados a través de estas dos etapas de concurso. Además, de esta forma se estaría atendiendo la preocupación de nuestro sindicato por contemplar los salarios más bajos. Planteo esto porque estos compañeros son, fundamentalmente, de niveles operativos y si estos dos calendarios de concurso pudieran llevarse adelante, como corresponde, verían mejorado su salario sustancialmente.

                También hay que tener en cuenta que, dados los bajos salarios en la Universidad, esta es, cada vez más, un lugar de tránsito para los funcionarios, cuando antes los funcionarios universitarios tenían la camiseta de puesta y hacían de esta tarea la labor de su vida. Hoy por hoy, eso no es está dando debido a que se están ganando mejores salarios en otros sectores del Estado y en la actividad privada.

                Por último, queremos señalar que está planteado que se realicen las obras de inversión, no las que están contempladas en la línea de base, pero sí las que están por fuera de ella. La Universidad de la República quiere llevarlas adelante a través del sistema de participación público-privada. Nosotros, como sindicato, no estamos de acuerdo con esto. Hemos estado planteando que eso va a llevar a tercerizaciones, con un mayor costo para el Estado y entendemos que ese no es el camino para financiar, por lo menos, la inversión en salud y educación, ya sea cuando hablamos del Hospital de Clínicas o de obras para la parte educativa. Entendemos que la universidad debe mantenerse pública, cogobernada y autónoma, y para eso es necesaria una mayor inversión del Estado, pero no a través de estos mecanismos.

                En el material que les entregamos hay un cuadro que marca las diferencias entre lo que plantea el proyecto del Poder Ejecutivo y la solicitud de la Universidad de la República. Allí se señala que alrededor de un 30 % del pedido presupuestal de la Universidad se estaría contemplando los dos primeros años. Se incluye un programa  denominado Fortalecimiento, Calidad de la Gestión y Desarrollo Institucional, donde la asignación sigue estando en cero.

                Consideramos que este programa es muy importante porque contempla todo lo relativo al sustento informático de la Universidad, de desarrollo en el interior, y fundamentalmente, dentro de este programa está establecido el crecimiento o posible crecimiento de los cargos.

                Como los señores senadores habrán visto, la Universidad viene creciendo año a año. Eso lo vemos en el mayor ingreso y egreso de estudiantes, lo que conlleva también una mayor carga hacia los trabajadores universitarios. Vemos que cada vez peligra más ese desarrollo institucional porque se sigue sustentando, básicamente, sobre la misma cantidad de funcionarios.

                Nosotros creemos que se han mejorado las condiciones de desempeño en la Universidad, la institución ha hecho esfuerzos para invertir en equipamiento para la enseñanza, en obra edilicia y demás. Sin embargo, sigue habiendo sectores que requieren de mayor inversión. Por ejemplo, en el desarrollo hacia el interior hay nuevos edificios y mayor cantidad de estudiantes, lo que requiere más funcionarios que atiendan a los estudiantes, a los docentes y a la comunidad toda.

                No sé si algún compañero quiere complementar. Si no, estamos a las órdenes para responder cualquier pregunta que quieran hacernos.

SEÑORA PRESIDENTA.- No sé si algún señor senador quiere hacer alguna pregunta, si no, les estaríamos agradeciendo su presencia. Queda la documentación en la comisión y la versión taquigráfica de los planteos.

                Fue un gusto recibirlos. Muchas gracias.

SEÑOR PEÑA.- Muchas gracias.

(Se retira de sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República).

 

 (Ingresa a sala la delegación de la Asociación Civil Nuestra Casa).

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda tiene el gusto de recibir a la asociación civil Nuestra Casa. Nos acompañan las señoras Anabel Cabrera y Graciela Ricca.

SEÑORA CABRERA.- Soy directora administrativa de la asociación civil Nuestra Casa, que fue fundada alrededor de los años 1995 y 1996. En realidad, comenzó a funcionar en forma más continuada a partir de 1997. En principio, se empezó a trabajar con niños en situación de calle, pero viendo la necesitad que había de atender a niños víctimas de violencia y a sus mamás, cambiamos el perfil y aproximadamente a partir del año 1997 empezamos a  trabajar en la temática de violencia doméstica. Obviamente, en aquella época no se hablaba todavía del tema violencia ni teníamos la ley, por lo que fue bastante difícil.

                En el año 2002 nos aprobaron la personería jurídica y desde ese momento estamos trabajando con un equipo técnico interdisciplinario. En todos estos años se han podido lograr más beneficios para estas familias, es decir para niños víctimas de violencia  que están con sus mamás, que es a quienes nuestro hogar ampara.

                Con los años, luego de hacer gestiones ante el Ministerio de Vivienda, hemos logrado algunos beneficios. Las familias que ingresan al hogar reciben atención de parte de nuestro equipo técnico, luego se consigue trabajo para esas mamás, los niños rápidamente se escolarizan y se va trabajando con la mamá en un proyecto de vida que sea sustentable. Después de que la mamá logra sostener el trabajo durante tres o cuatro meses –porque en muchos casos nunca trabajaron, justamente, porque la violencia sufrida las llevó a eso–, se presenta ante el Ministerio de Vivienda con un proyecto, que es realizado en conjunto con nuestras psicólogas y asistentes sociales, y si el Ministerio lo considera viable, les otorga una vivienda de unos $ 10.000 durante dos años y ellas tienen que ir haciendo un pequeño ahorro para después lograr la vivienda propia. En este momento, estamos en una situación bastante difícil porque hay familias que están dentro del hogar y hay otras que egresaron. A esas familias que egresaron del hogar durante el tiempo que amerite, se les hace un seguimiento con sicólogos, asistentes sociales y educadores sociales y, también, se les da una canasta de alimentos bastante buena. Tenemos un convenio con INAU que subsidia parte del proyecto, pero no nos alcanza. Hemos tenido que dejar talleres de cuero, de carpintería y de huerta porque era imposible desarrollar otros proyectos. A raíz de eso, nos sugirieron que nos contactáramos con ustedes para ver la viabilidad de que se pueda colaborar para desarrollar nuevos proyectos en una granja que fue cedida en comodato por el Banco Hipotecario.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si tienen algo más para decir pueden hacerlo, si no tenemos la referencia de la documentación que presentaron y la orientación del trabajo que están realizando.

SEÑORA CABRERA.- ¿Es necesario traer más documentación?

SEÑORA PRESIDENTA.- En general, lo que pedimos es la personería jurídica que veo que la tienen porque figura en el documento, y algún balance o documentación contable que nos ayude.

SEÑOR AGAZZI.- Pudimos leer brevemente la documentación que fue distribuida. Para entender mejor, a nosotros nos ayudaría mucho tener información sobre cuál es el presupuesto que tienen y cuáles son los diferentes rubros, inclusive que nos den alguna explicación sobre todo eso. Acá la explicación que se da es cualitativa, donde ustedes hablan sobre la importancia del trabajo, pero necesitamos algunos números que complementen eso para ver si encontramos un agujerito donde haya organizaciones de este tipo para que los podamos tener en cuenta. No queremos que esto signifique ningún compromiso, pero sí tenemos la idea de tratar de ayudar lo más posible.

SEÑORA CABRERA.-  Le agradecemos mucho.

¿Adónde hacemos llegar la documentación?

SEÑORA PRESIDENTA.- A la comisión.

SEÑORA RICCA.- Quiero señalar que nosotros tenemos un estudio contable que nos lleva la administración, y ahí está documentado lo que entra al hogar, por qué rubro y en qué se gasta el dinero. Esa información no la tenemos aquí, pero se la podemos enviar, inclusive, con la firma de la contadora para darle más seriedad al tema.

                Una de las cosas que decía la señora Cabrera era que apostamos a reabrir la granja para comenzar nuevamente con los talleres. En la granja recibíamos a madres con riesgo de vida porque, precisamente, se encuentra en las afueras de la ciudad, pero la tuvimos que cerrar porque no la podíamos sostener. La que mantenía la granja era la señora Cabrera, pero la realidad es que como ahora no podemos hacer frente a eso es que nos decidimos a hacer esta nota. Entonces, nosotros buscamos apoyo para ver si podemos reabrir la granja, reanudar los talleres y ampliar un poco porque no tenemos espacio físico y tampoco recursos económicos.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, nos harán llegar la documentación que tengan y nosotros con la versión taquigráfica de lo expuesto y la información que nos han dejado, trabajaremos luego en la comisión.

                Ha sido un gusto haberlas recibido.

(Se retiran de sala las representantes de la Asociación Civil Nuestra Casa).

(Ingresan a sala los representantes de la Cámara de Economía Digital).

                –Tenemos el agrado de recibir a la delegación de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay, compuesta por su vicepresidente, señor Álvaro Lamé, el doctor Fernando Vargas, la señora Karen Bruck y la señora Ivanna Rocha.

SEÑOR LAMÉ.- Como bien dijo la señora presidenta de la comisión, soy vicepresidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay.

                Hoy venimos a conversar con ustedes sobre un artículo propuesto en el proyecto de ley de presupuesto, el 708, que tiene que ver con la creación de un régimen de solidaridad por los tributos y sanciones pecuniarias para quienes intervienen en la oferta o demanda de servicios de transporte terrestre de pasajeros, de alojamiento turístico y de arrendamientos de inmuebles con distinto alcance, según sean entidades residentes en el país o no.

                Antes de entrar en el tema, quiero decir que la Cámara de la Economía Digital surge de una incubación de la CUTI, Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y que se crea un poco a demanda del mercado y de las empresas vinculadas, sobre todo, al comercio electrónico. Justamente, surge para trabajar en toda la temática vinculada al desarrollo de la economía digital y del comercio electrónico en el Uruguay.

                Lo primero que queremos decir es que la CEDU, organización que vela por el desarrollo de la economía digital, tiene como principal objetivo promover las buenas prácticas y el cumplimiento de las normas vigentes en el país, en especial, en lo que tiene que ver con las obligaciones tributarias y la seguridad social de sus socios. Es bueno aclarar que está lejos del espíritu de la cámara y de sus socios, propiciar el desconocimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales o legales de sus afiliados. Por lo tanto, esta primera precisión sirve para aclarar que esta presentación no tiene por objeto pretender ignorar o abstraerse a las obligaciones fiscales o tributarias que puedan gravar a sus empresas socias. Ese no es el motivo directo o indirecto, tal como podrán comprobarlo a continuación.

                En este artículo que se presenta en el proyecto de ley hay algo que nos preocupa, puesto que tiene que ver con los nuevos modelos de negocios a partir del desarrollo de la economía digital y de la revolución digital. Me parece que es una etapa de la vida que estamos viviendo, de los países y de las personas, y tenemos que tratar de entender en profundidad antes de definir o reglamentar al respecto cosas que a veces son difíciles de reglamentar. En particular, lo que nosotros estamos visualizando como principal preocupación en este proyecto es el caso de empresas de tecnología que no tienen nada que ver con el negocio en particular. Tenemos el caso de Uber, una de las empresas que está en la discusión en este momento y que, de hecho, está generando todo un tema con los taximetristas, etcétera. También está Airbnb, una firma que se dedica al arrendamiento de viviendas en forma independiente por parte del usuario; el dueño de la vivienda la pone en oferta y del otro lado hay alguien que la quiere comprar. Lo mismo ocurre cuando uno necesita viajar. Definitivamente, está claro para nosotros que la persona que alquila una vivienda tiene que pagar los tributos que le correspondan, pero creemos que hay algo que no está bien y que en definitiva va en contra del desarrollo de la economía digital y del comercio electrónico con relación a empresas de tecnología, que lo que hacen es desarrollar una plataforma o una solución cuyo único cometido es poner en contacto a dos personas, pero que no intervienen en el negocio. Yo menciono como ejemplo a Airbnb porque no está hoy en el Uruguay; sí está porque los usuarios la usan, pero no está como el caso de Uber, que vino ahora a instalarse y a registrar usuarios para vender sus servicios. Estamos totalmente de acuerdo que quien alquila una casa tendrá que pagar lo que corresponde. Lo que no parece claro es que en este caso Airbnb, una empresa que está en el exterior y que lo único que hace es poner en contacto una oferta con una demanda, tenga responsabilidad en los impuestos que no pague el que realmente hace el negocio. El negocio no lo hace Airbnb, sino que, en todo caso, cobra una comisión por poner en contacto a esas dos personas.

                No sé si quieren que lo detallemos un poco más, pero me parece que más o menos tienen la idea en la cabeza. El texto propuesto, en su afán de abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles, describe que los obligados solidariamente no son solo quienes intermedien sino quienes intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda. Intervenir en la oferta o en la demanda es algo que lo hace, por ejemplo, El Gallito Luis. No queremos poner nombres propios de nada, sino citar cosas conocidas. En El Gallito Luis alguien publica un aviso y al final, lo que termina haciendo, es poner en contacto a alguien que quiere comprar, alquilar o lo que fuera con otra persona que tiene la propiedad para hacer lo mismo. Es la misma situación. Cuando hablamos de Airbnb nos estamos refiriendo a una plataforma digital con una solución de software desarrollada como aplicación y que cumple el mismo objetivo: poner en contacto a la necesidad con la oferta, a la oferta con la demanda, pero no interviene en el negocio.

Si quieren, vamos a un ejemplo un poco más conocido por todos que, además, trata de una aplicación uruguaya que, de hecho, está saliendo al exterior. Así como a veces vemos que vienen de afuera y nos impactan, también tenemos que ver que cuando salimos para afuera impactamos, como es el caso de Pedidos Ya. Pedidos Ya no hace la comida ni la vende, sino que pone en contacto a quien produce la comida con quien la contrata. Nada más. Asimismo, da otras garantías a la gente, como señalar si se trata de un buen proveedor o un buen cliente, por usos y costumbres y por cómo funcionan las plataformas en ese sentido. Entonces, consideramos que las plataformas que intervienen en el negocio no pueden ser solidariamente responsables del tema impositivo o de lo que no paguen las personas que realmente hacen el negocio.

También resulta necesario aclarar cómo se define la prestación, en este caso del servicio de transporte de pasajeros. ¿De qué hablamos? ¿De alquilar caballos, autos? ¿Qué abarcamos? Después de que se apruebe o no este proyecto ¿quién resuelve quién tiene que pagar el impuesto y quién es solidariamente responsable, dependiendo del tipo de servicio que se preste? Lo que nosotros como cámara creemos es que el texto propuesto genera una injusta carga tributaria adicional o un riesgo de ello, a innovaciones, a empresas innovadoras que lo que hacen es utilizar la tecnología y encontrar, evidentemente, mejores modelos de funcionamiento de las cosas.

                Si esto pasa es por el usuario. Me parece que debemos tener en cuenta que todas las plataformas que hoy están funcionando en el Uruguay –no solamente las que tienen que ver con Uber, Airbnb,  Mercado Libre, Netflix y Spotify– son modelos de negocios que cambian y que la gente adopta.

                ¿Qué es lo  que estamos mirando y qué es lo que queremos  proteger o cuidar en este caso y con este artículo? ¿Al consumidor? ¿Al ciudadano, que se está beneficiando con una herramienta, una plataforma, que le da una mejor solución? Nada más que eso sucede y es por eso que la adopta.

                La responsabilidad de los proveedores de  los servicios de internet –se define al ISP como el responsable– abarca a muchos operadores. En mi actividad privada soy director de Netgate, que es una empresa proveedora de accesos a servicios de internet socia de Antel, es decir que trabajamos juntos. Nosotros contactamos gente para que se conecte a internet  que, a través del servicio que nosotros brindamos, puede encontrar información para hacer un negocio. Si nosotros somos responsablemente solidarios –podríamos serlo, dependiendo de la interpretación–  también lo sería Antel. Cualquier proveedor ISP, que vincula a dos personas y da los datos de uno a otro para generar un negocio, podría terminar siendo responsable por el no pago de un impuesto cuando se concreta un negocio.

                En verdad, vemos como opción no incluir este artículo en el  presupuesto. Definitivamente  creemos que no es una buena señal para el avance del comercio electrónico y para un país que tiene el principal desarrollo de fibra que hay en Latinoamérica, o sea que le estamos dando a la gente las herramientas para que se meta en esto. Tanto el Plan Ceibal como la Agesic, son inversiones propuestas para que nos desarrollemos digitalmente y que tengamos un país que aproveche la economía digital.

                Ahora bien, debemos buscar la vuelta por otro lado, porque esto tendrá un impacto y revolución realmente importante. Creo que no lo resolveremos poniendo articulados que responsabilicen a las empresas de esta forma.

SEÑOR HEBER.- Parece muy claro que el artículo está motivado por el tema que se acaba de sugerir, que es Airbnb. De todas maneras es general y puede incluir empresas que cumplen otros servicios que no tienen nada que ver con esto.

                Para aquellos que sostienen este artículo –no nosotros– parece que sería mucho más claro si dijera que se quiere gravar a aquellas empresas que actúan en internet y están generando una especie de sustitución de las inmobiliarias en nuestro país porque, por medio de internet, tienen la posibilidad de acceder a una clientela internacional, que muchas veces las inmobiliarias locales no llegan a tener. Airbnb es un lugar que utilizamos los uruguayos para alquilar cuando viajamos y extranjeros que llegan a nuestro país.

                Ese es el agregado propuesto en la Cámara de Representantes –no sé si apreciaron las dos propuestas– y para mí está mal redactado, pero la intención que hay detrás es gravar a las empresas que no son residentes y cumplen este tipo de servicios.

                Es muy difícil establecer que son solidariamente responsables las empresas internacionales por impuestos locales. Si hay un uruguayo que alquila su casa por medio de Airbnb, deberá ir a la DGI y para pagar sus impuestos por rentas, porque entiendo que sería el único que le correspondería.

                Entonces, deberíamos inspeccionar al uruguayo que alquila y no entrar en esta suerte de generalidad que involucra a empresas que cumplen otro tipo de servicio, que no tienen nada que ver, pero que llegarían a pagar o a tener la incertidumbre por ser solidariamente responsables con los tributos de un tercero que ni siquiera se sabe desde dónde está actuando. Como se decía, Airbnb junta a las personas; de lo contrario, se debería hacer un seguimiento porque si es agente de retención, sí es responsable.

Reitero que lo que hace Airbnb es simplemente juntar a dos personas para que se pongan de acuerdo. Ese servicio tiene un costo internacional que no se puede gravar porque está, digamos, en la nube. Nadie sabe dónde se paga; quizá se pueda pagar con tarjeta de crédito, pero es muy difícil de gravar.

                Personalmente creo que lo previsto en este artículo se debería limitar a la persona que alquila y no a aquel que hace la labor de conectarla con clientes. Para pagar el impuesto local, en todo caso el inquilino tendría que subir sus costos. Hay extranjeros que por medio de ese portal alquilan casas o habitaciones y, si no fuera por Airbnb, no vendrían al Uruguay. Pero lo que el señor Lamé nos está diciendo es que este portal abarca un universo mucho mayor de empresas que brindan servicios y que ello debería llevar a modificar este artículo, pero no creo que esa fuera la intención, ni del Poder Ejecutivo ni de la Cámara de Representantes.

SEÑOR MICHELINI.- Deseo hacer dos preguntas. En primer lugar, quisiera saber si, según nuestros invitados, el agregado de la Cámara de Representantes mejora o no la situación. En segundo término, ¿qué pasaría si no fuéramos por este camino y nos decidiéramos a ir por el lado de la retención de impuestos, es decir, que cuando una de estas empresas –que conectan a dos personas, pero que también manejan dinero– paga a la persona que brinda el servicio, hiciera la correspondiente retención impositiva? De esa manera parecería que evitamos la responsabilidad solidaria con respecto al tema de los impuestos porque, en vez de eso, cuando tienen que pagar, la DGI determina a cuánto asciende la retención. Quizá ese pueda ser el camino. Pregunto si los visitantes lo pensaron.

SEÑOR CAMY.- Saludamos a la delegación de la Cámara de Economía Digital del Uruguay.

                Según mi interpretación, este tema puede ser visto desde un punto de vista más amplio que los casos a los que se aludió, como algunos temas que tal vez han estado ocupando a los últimos días a los uruguayos.

                Concretamente, quisiera saber si al suprimirse el literal B) del artículo 708 la Cámara de Economía Digital del Uruguay entiende contemplada la preocupación que nos traslada.

SEÑOR LAMÉ.-  La modificación realizada en la Cámara de Representantes mejora en algo, pero igualmente consideramos que sigue siendo un artículo que no debería estar.

                Con respecto a las retenciones, normalmente estas empresas se limitan a cobrar una comisión por el negocio; no son las que cobran y pagan. En ningún momento tienen todo el dinero sino que reciben un porcentaje, que es la comisión que reciben por el servicio que brindan, que consiste en juntar a las personas; no arriendan un auto o un apartamento.

SEÑOR VARGAS.- Con respecto a lo que planteaba el señor senador en cuanto al literal B), creemos que mejoraría notablemente el texto en la medida en que solo asignaría responsabilidad a los que están en el literal A), que son los que intervienen o intermedian en la negociación, no los que suministran datos. Allí es donde tenemos el problema con las empresas de informática.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a la delegación. Ha quedado claro cuál es el planteo que nos realizan, que la comisión considerará oportunamente.

(Se retiran de sala los representantes de la Cámara de Economía Digital del Uruguay).

(Ingresa a Sala la delegación del Departamento de Trabajadores Públicos del PIT – CNT).

–La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado tiene el gusto de recibir a la delegación  del  Departamento de Trabajadores Públicos  del  PIT–CNT, integrada por los señores Alfredo Peña, de Affur; Artigas González, de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes; José Suárez, de Municipales; Ernesto Fernández, de la enseñanza; Diego Alonso, de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas; Pablo Da Rocha, del Instituto Cuesta Duarte, y Oscar López, de Coordinación.

SEÑOR LÓPEZ.- Agradecemos a los señores senadores por recibirnos. Mi nombre es Oscar López y represento a la Coordinación del Departamento de Trabajadores Públicos.

                Como los señores senadores sabrán, el motivo por el que estamos aquí es la consideración del presupuesto quinquenal. El Instituto Cuesta Duarte hizo un trabajo para presentar al Gobierno sobre este presupuesto, del que trajimos una copia para entregar en esta subcomisión. Se trata de un trabajo que presentamos en el Consejo Superior de Negociación Colectiva, que es el órgano donde se discuten temas macro, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Creemos que el presupuesto no contempla la situación de muchos sindicatos y pensamos que los trabajadores públicos deberíamos haber tenido una instancia de negociación para considerar el presupuesto. Esto es algo que ya ha pasado muchas veces; me refiero a que el presupuesto se discute primero en la interna del gobierno, luego con la oposición y, cuando ya está resuelto, se da a conocer a los trabajadores. Por lo tanto, seguimos reivindicando que sería bueno, cuando el presupuesto se empieza a armar, que se escuchara la voz de los trabajadores.

                Vamos a dejar los dos documentos. Tenemos uno general, cuyo tema pasó porque ya se está discutiendo, y otro que refiere al reparto del espacio fiscal. Hubiéramos querido discutir con el Gobierno acerca de esa bolsa de dinero que se va a repartir entre los distintos sectores de los funcionarios públicos, porque cuando el presupuesto llega acá ese aspecto ya es inamovible, y pasa algo que no quisiéramos que pasara pero siempre se repite: los gremios empezamos a tironear en el Parlamento para ver qué podemos sacar. Y lo que podamos sacar por encima de lo que viene en el presupuesto se lo estamos quitando a otro gremio; estamos tironeando del mismo dinero.

                Esta es la propuesta que traemos; si la señora presidenta lo permite cedo la palabra al compañero economista para que brinde un pantallazo general.

SEÑOR DA ROCHA.- Mi nombre es Pablo Da Rocha, soy economista del Instituto Cuesta Duarte y desempeño funciones dentro del Departamento de Trabajadores Públicos del PIT–CNT.

                Trataré de ser breve y esquematizar la situación. La Ley n.º 18508 establece con suma claridad y en forma explícita que el proyecto presupuestal debe ser presentado antes de que ingrese a ser discutido en el Parlamento. Este requisito no se cumplió por distintas circunstancias que los señores senadores recordarán, entre ellas la declaración de esencialidad en la educación. Pero nosotros ya hace un tiempo habíamos elaborado una propuesta en materia presupuestal que contemplaba la construcción del margen fiscal y las posibilidades de realizar modificaciones en materia tributaria para ampliar los recursos a ser asignados. Obviamente, al haber ingresado el proyecto a discusión del Parlamento, se agotó el espacio para abrir ese debate y, en función de las asignaciones que llevó adelante el Poder Ejecutivo, tuvimos una segunda instancia de debate interno que corresponde al segundo documento que acompaña la carpeta, que tiene que ver con una redistribución de los recursos.

                Hay dos grandes capítulos. En uno señalamos desde dónde se podrían redistribuir recursos. Básicamente lo que señalamos tiene que ver con tirar para adelante en el tiempo algunos proyectos que están en carpeta. En particular, por ejemplo, habíamos hablado de lo que era la reforma orgánica policial, pero sobre todo del grueso de los recursos provenientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, y agregábamos la posibilidad de no asignar algunos cargos; y si bien no los cuantificamos en forma rigurosa, estimamos que se estaría en los 200:000.000 adicionales. Pensamos en reasignar  1.033:000.000 y redireccionarlos básicamente a cuatro áreas, dos de las cuales son estratégicas y tienen que ver con las asignaciones familiares; esto para dar continuidad a los proyectos del Mides, pero fundamentalmente para reforzar los ingresos en educación –ANEP y UdelaR concretamente, manteniendo la participación relativa de estos en la asignación– y luego en ASSE. Esto tiene ver con la parte cuantitativa.

      Desde el punto de vista cualitativo –aspecto que también compone la propuesta–,  queremos referirnos a las redacciones de algunos artículos. Estamos hablando de propuestas que no tienen costo –algunos señores senadores ya las conocen– como, por ejemplo, las que tienen que ver con alguna situación muy particular que se generó con los artículos 619, 677 y 682, y algunas consideraciones vinculadas con el artículo 49. Estos son los artículos del proyecto original; seguramente sufrieron modificaciones y tengan ahora otra numeración, pero tenían que ver con los compromisos de gestión, los topes para inversiones de las empresas públicas y el tema de la vinculación del acuerdo con la redistribución de los recursos asignados. Estamos hablando también del artículo que tiene que ver con la facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo cuando el Estado se enfrenta a  juicios –verificar primero si tiene disponibilidad, etcétera–, porque generaba alguna duda en función de lo que significaba el ejercicio; había alguna inquietud al respecto.

                No quiero extenderme más porque básicamente en eso consiste la propuesta que trajimos.

SEÑOR AGAZZI.- Esta delegación es distinta a las otras que recibimos para plantear aspectos puntuales; ustedes vienen con un planteo global que, en realidad, deberíamos haber discutido antes de considerar el Presupuesto. Eso no quiere decir que llegó tarde porque, en todo caso, no es responsabilidad de la delegación que nos visita. Sí quiero expresar que  hay una discusión a nivel de los representantes de los partidos políticos e, incluso, un debate a nivel nacional acerca de hasta dónde estas cosas deben ser decididas sólo por los representantes de los partidos políticos y en qué medida tienen derecho y deben participar los representantes de las organizaciones sociales.

Entiendo el planteo que hace la delegación que nos visita: que sería bueno,  pensando en el desarrollo nacional, que los lineamientos generales fueran considerados por los representantes de los trabajadores pero también por los representantes de los empresarios, para que cada uno dé su punto de vista y finalmente tratemos la ley de Presupuesto teniendo en cuenta una visión general.

                Hoy no podemos dar entrada a un aspecto concreto porque no es lo que nos plantea la delegación que nos visita, pero quizás debamos manifestar nuestro compromiso en el sentido de que estos aspectos no se discutan sólo acá sino que sean motivo de un debate más abierto. Es cierto que la construcción institucional de nuevos mecanismos no es una cosa sencilla y hay que ver si el sistema político considera que es algo deseable y positivo, lo cual no depende sólo de quien habla sino de los integrantes de esta Cámara.

                Simplemente quería decir que me es grato que haya actores que manifiesten su deseo de participar en estas discusiones que son nacionales, porque el presupuesto quinquenal involucra a todos y no sólo a los representantes de los partidos políticos.

                Es cuanto quería manifestar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos su presencia y nos quedamos con la documentación que nos proporcionaron para su análisis.

                Muchas gracias.

(Se retira de sala la delegación del Departamento de Trabajadores Públicos del PIT-CNT).

(Ingresa a sala la delegación de la Comisión Nacional de Fomento Rural).

                –Damos la bienvenida a la delegación de la Comisión Nacional de Fomento Rural: al señor Fernando López, al ingeniero Gustavo Pardo, al contador Víctor Durán y a la señora Concepción Quintana.

                Nos han dejado un repartido que hace referencia al artículo 628. En realidad, ese artículo ahora es el 659, porque fue tratado en la Cámara de Representantes y oportunamente cambió su numeración.

SEÑOR LÓPEZ.- Mi nombre es Fernando López y soy secretario general de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Antes que nada, queremos agradecerles la posibilidad de estar aquí presentes. Como consta en el repartido que les entregamos, venimos para dar nuestro punto de vista sobre el artículo al que ha hecho referencia la señora presidenta, sobre el que se ha señalado que ha cambiado su numeración.

                Nuestro planteo se va a desarrollar en dos partes: en primer lugar, lo que tiene que ver con la eliminación de la reducción del 18 % y, en segundo término, lo que hace a la modificación del sujeto de exoneración de las primeras cincuenta hectáreas de hasta doscientas.

                Con respecto al primer punto, referente la eliminación del 18 % y la rebaja de la alícuota –algunos dicen que se va a transformar en un 22 %–, lo primero que decimos es que el momento que viven el país y la región, pero básicamente el sector agropecuario y dentro de este algunos de los subsectores, es muy complicado. Recordemos que hace unos meses estábamos ante una emergencia por sequía y, a los quince días, algunos sectores del este estaban en emergencia por inundaciones; algo nunca visto. También se vieron afectados los precios internacionales. Los señores senadores conocen muy bien la grave crisis del sector lácteo –entre otros–, respecto del cual se han aplicado instrumentos para apoyarlo. Más allá de que hemos escuchado cuál sería el motivo o el objetivo hacia el que iría esta recaudación adicional, decimos que debido al momento que está atravesando el sector, muchos productores no resisten una carga más. En el año 2001 se estableció justamente por un momento de crisis. Los sectores pasaron por muchos momentos, pero ahora estamos en crisis y en ese sentido esperamos que esta parte que alcanza al universo de productores, si bien cuenta con media sanción, no se apruebe.

                Con respecto a la exoneración establecida en la ley de 2001 para todas aquellas explotaciones de menos de 200 hectáreas –podían exonerar por las primeras cincuenta–, el cambio de sujeto establecido en la redacción entendemos que es bastante injusto. Tal como está redactado, dice que esto será aplicable solo a aquellos productores familiares que tengan el beneficio del subsidio del Banco de Previsión Social, que en este momento alcanza a unos 10.100 de los 25.000 productores que integran el registro de productores familiares, o sea, todos. Pero ocurre que además de esto –que ese decreto está hecho para otro subsidio que está vigente–, entra en contradicción con las modificaciones posteriores que se han hecho. Se ha mejorado la caracterización e incluso el reconocimiento, sobre todo en los sectores intensivos, donde la mano de obra tiene un componente muy importante, y podemos hablar de los cultivos de hoja, la fruticultura, parte de la lechería. El nuevo concepto que está planteado a nivel social y a nivel del propio Ministerio de Educación y Cultura a través del decreto de febrero de 2014 aborda por primera vez el concepto de núcleo familiar, cosa que también está en los documentos que les hemos dejado. Del anexo del decreto de 2014 surge que en el caso de aquellos integrantes del núcleo familiar que estén en régimen de asalariados, porque el sistema tributario es así, no se computan como asalariados para el registro. Entonces, si para el registro son parte del núcleo familiar y no son asalariados, debería también aplicarse esta exoneración a ellos. Pero de la manera en que está atado al Decreto n.º 778/008, solamente se aplica a aquellos que no tengan trabajadores a cargo y hasta 100 o 150 jornales zafrales anuales.

Por lo tanto, entendemos que hay una afectación importante a aquellos productores familiares que trabajan en los rubros más intensivos. Por ejemplo, si hay un productor pequeñísimo de dos hectáreas y el hijo aparece como empleado en la planilla, queda afuera.

Además, si miramos el registro de los productores familiares, de los 25.000 hay más de 13.500 que son de menos de 50 hectáreas. Es decir que hay un componente importante de productores familiares que están por debajo de las 50 hectáreas y solamente una parte podría recibir la exoneración.

De manera que lo que nosotros planteamos es que se revise esa contradicción, porque está más actualizada la legislación y la caracterización de la producción familiar. En nuestra propuesta decimos que hay cambiar el sujeto de exoneración y planteamos que se aplique a los productores familiares que están integrados en el registro. Incluso, en el artículo 304 del proyecto de Presupuesto también está planteado que va a tener rango de ley y va a haber un control social, es decir que perfectamente se puede aplicar y saber quién es el sujeto de la exoneración.

En concreto, estamos proponiendo una redacción alternativa –es lo que nosotros proponemos; obviamente, no somos los que decidimos–, que contempla lo que ya existe en la Ley n.º 18341 e incorpora la actual caracterización, teniendo en cuenta que es claro el espíritu del legislador en aquel momento. Concretamente, se propone facultar al Poder Ejecutivo a subsidiar en un 50 % el aporte mínimo a aquellos productores que cumplan con el requisito de la definición de productor familiar.

Como decíamos anteriormente, son 13.539 las familias que están por debajo de la franja de 50 hectáreas y además hay otras 10.000 que llegan hasta 200. Es decir que hasta 200 hectáreas en el registro están el 90 % de los productores familiares. Con este planteo se podría pasar de los 10.000 que podrían estar con la redacción actual a unos 20.000, por lo menos, y se seguiría con la filosofía de tratar de que con políticas direccionadas se beneficie a los sectores menos pudientes. En este caso, como está también el respaldo del propio registro, sabemos que el universo de las familias está en esas condiciones.

SEÑOR CAMY.- Queremos saludar la presencia de la Comisión Nacional de Fomento Rural, una institución señera de la agropecuaria nacional y con la que tenemos una larga relación de cuando ocupamos la vicepresidencia del Instituto Nacional de Colonización. Podemos dar fe de la representatividad de la opinión de esta organización en lo que refiere a los pequeños productores y productores familiares.

                Me gustaría saber si tienen alguna consideración que hacer con respecto al cambio que notamos en este artículo respecto al que estaba vigente. Me refiero, concretamente, a la propuesta de suprimir la expresión «a cualquier título». El texto original decía «Los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título», pero esa expresión se retiró. Y hoy está a consideración el texto que establece: «Los propietarios de padrones rurales que exploten padrones…». Esa modificación no ha sido mencionada por nadie hasta ahora, pero me interesa conocer la opinión de los representantes de la Comisión Nacional de Fomento Rural y saber si lo habían percibido.

                También quisiera saber si expresamente están mencionando estar en contra de la eliminación de la exoneración del 18 %, lo que representa un aumento del 22 %.

                El otro aspecto me quedó muy claro, más allá de la sugerencia puntual de redacción alternativa. Ustedes tienen cuantificados más de 10.000 pequeños productores familiares que se verían afectados en el marco de la incorporación de la acreditación del amparo beneficio BPS. ¿Sería esa la cantidad?

                Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR AGAZZI.- Es claro el planteo que hacen quienes nos visitan. Está escrito. Está fundado.

                Lo que quiero destacar es que tenemos un problema de desarrollo institucional, porque en 2001 se tenía un criterio de exoneración –se hacía así porque había ciertos problemas en aquel momento–; el BPS considera al pequeño agricultor con otro criterio, y la legislación posterior considera a los agricultores familiares con otro criterio, tal como muy bien lo dijo la delegación que nos visita.

                Considero que el Uruguay va a tener que avanzar en la construcción institucional y así tener un solo criterio para considerar lo que antes eran los pequeños productores y ahora se les llama agricultores familiares, con una descripción conceptual.

                Nosotros vamos a tomar los aportes que aquí se hicieron y trabajaremos en la comisión a fin de tratar de converger en algo que sea conceptualmente más coherente con la realidad que tiene el Uruguay. Aquí hay una mezcla de distintos criterios que hay que corregir.

                Es cuanto quería expresar.

SEÑOR LÓPEZ.- Con respecto a lo que planteaba el señor senador Camy, quiero señalar que la primera parte de nuestro texto establece que estamos en contra de eliminar la reducción porque estamos en una situación en la que el sector no resiste más. No importa cuál es el fin, este puede ser muy bueno, pero también hay que tener en cuenta el momento.

                Nosotros no conocemos el sentido jurídico del cambio, pero sí podemos decirles cuál es el criterio, el concepto que tenemos. Con la aplicación de la ley aprobada en 2001, por ejemplo –algunos de los señores senadores han sido intendentes departamentales y pueden conocer muy bien la situación–, en algunos departamentos, si no iba el titular, no le dejaban acceder a la exoneración. Por ejemplo, si mi abuelo era el dueño del terreno y yo lo trabajaba, durante muchos años esos pequeños                                                                                                                        productores no podían acceder a ella. Después hubo una flexibilización.

                Lo importante es que el sujeto tenga vinculación con la tierra. Si es productor, tiene el número de BPS que está explotando, es familiar y puede demostrar la situación de vínculo con la tierra, consideramos que debe tener derecho al subsidio. Ese es el concepto. ¿Cuál es la frase? Quizás sepan ustedes.

                Por otro lado, cuando hablamos de los diez mil y algo de productores, ellos son los que hoy están incluidos en el listado del BPS y reciben el beneficio por parte del Estado. En total, son más de veinticinco mil productores familiares que están en el registro –25.285– y son 10.200 los que en el último cuatrimestre recibieron el beneficio.

                Con respecto a los múltiples criterios a utilizar para pequeño productor o productor familiar según el organismo, entendemos que también –así se lo hemos planteado al actual ministro– habría que modificar el Decreto Ley n.º 778/008, pero eso tiene que ver con otra discusión. Lo que sí decimos es que, por lo que nosotros entendemos, la ley que facultó al Poder Ejecutivo a subsidiar un 50 % el aporte mínimo patronal, también estableció que se hiciera según el criterio de productor familiar. Luego, el decreto ministerial lo acotó a una parte del total y así es que se aplica en el BPS. Se puede compartir o no, pero fue un criterio.

                Sin embargo, con el avance que ha habido en el registro, entendemos que hoy el criterio tiene que ser diferente. Obviamente, hay una afectación directa a pequeñísimos productores, a familias que están trabajando y que no pueden recibir el subsidio. Además, por ejemplo, si muchos tienen 200 hectáreas y tercerizan todo, no tiene trabajadores en planilla, por lo que puede estar recibiéndolo y, quizás, sea injusto.

                Por tanto, entendemos que hay que focalizar y realizar una redacción acorde a la realidad de la producción familiar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la visita y nos quedamos con los materiales, que nos servirán cuando la comisión analice el planteo realizado.

(Se retira de sala la delegación de la Comisión Nacional de Fomento Rural).

(Ingresa a sala la delegación de profesionales asesores del interior del MTSS).

–La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda tiene mucho gusto en recibir a un grupo de asesores del interior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, integrado por la doctora Rosana Walikowski, la doctora Alda Alen, la doctora María Laura Imas y la escribana Isabel Amador.

SEÑORA AMADOR.- Soy la escribana Isabel Amador, del departamento de Maldonado y estamos representando a todos los asesores del interior.

Nosotros estuvimos conversando desde mayo o junio para obtener mejoras salariales, pero cuando leímos el proyecto de presupuesto comprobamos que quedamos excluidos.

                En el Presupuesto se implementaron beneficios para los de Dinatra, que son los de Montevideo, y también para los de inspecciones, a los que se les dio la exclusividad.  En realidad, nosotros hacemos el mismo trabajo que los de Dinatra y más, porque también hacemos asesoramiento laboral, convenios colectivos, audiencias individuales  y audiencias colectivas, mientras que en Montevideo cada uno hace una sola tarea. Sin embargo, a ellos les dan una prima por hacer ese tipo de actividad y por la exclusividad en materia laboral, es decir, por no poder hacer otra cosa. O sea que los escribanos no podemos hacer poderes para el ministerio y los abogados no pueden hacer juicios laborales, lo que nos excluye de la prima.

                Nosotros estamos pidiendo –ya lo pedimos en la Cámara de Diputados pero no se consiguieron los votos– que nos incluyan en ese artículo.

SEÑORA WALIKOWSKI.- Soy abogada de la oficina de Colonia. 

                Lo que quiero decir es que de aprobarse el artículo tal como está, el Estado, concretamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estaría legalizando una inequidad laboral, por eso les pedimos que corrijan esto. No estamos seguras de  si se trata del artículo 464 o del 466.

SEÑORA AMADOR.- Lo pedimos también para todos los asesores porque, en el interior del país, los escribanos hacemos tareas de abogado aunque no lo seamos; es decir, que se extienda esta prima para los asesores en general, porque puede haber algún técnico en relaciones laborales que haga audiencias.

SEÑORA ALEN.- Mi nombre es Alda Alen, soy de la oficina de Florida, y me gustaría decir que estamos a las órdenes si quieren que aclaremos acerca de si hay alguna diferencia con lo que hacen los abogados de Montevideo.  

SEÑORA PRESIDENTA.- A efectos de aclarar la mesa informa que es el artículo 464.

SEÑOR CAMY.- Quiero saludar la presencia de las señoras profesionales integrantes representativas de la actividad del interior del país. Tenemos claro cuál es la actividad que realizan; somos del interior, concretamente, de San José.

                La pregunta que quiero hacer es si en el marco de las distintas instancias internas con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con Dinatra, con la inspección o con el Ministro, o en las que corresponda a la relación habitual para el tratamiento de este tipo de cosas, han tenido la posibilidad de expresar esto y si les han planteado alguna respuesta o algún argumento. Sí advertimos de la simple lectura y de escuchar el planteamiento, que nos parece que es algo poco lógico porque, a igual tarea, igual remuneración. Vulnerar esto, tal vez esté vinculado con algún tipo de negociación, con el tiempo o con alguna definición estratégica que no conocemos y que nos gustaría conocer antes de formarnos una opinión. Reitero, de lo que surge del artículo y de la interpretación que hacemos de la función, no le encontramos una lógica, por eso queremos consultar si en el tratamiento interno en el ministerio han recibido alguna otra explicación o algún otro tipo de argumentos para considerar de forma diferente a los profesionales del interior respecto a los de Montevideo.

SEÑOR BESOZZI.- Un poco en la línea de lo que expresaba el señor senador Camy, me gustaría saber si hay alguna diferenciación entre lo que se hace en Montevideo y en el interior del país.

SEÑORA AMADOR.- Cuando hablamos informalmente con el señor ministro en Maldonado, cuando se hizo un consejo de ministros, reconoció que éramos los asesores peor pagos de la Administración Central, es decir, los profesionales que teníamos los salarios más bajos porque los administrativos estaban bien. Luego, cuando hablamos con nuestro director del interior, el señor Mesa, nos dijo que el ministro estaba en conocimiento, que lo habían planteado a la Comisión de Presupuesto y que lo estaban negociando. Posteriormente, hablamos con la directora general porque el proyecto de ley de presupuesto había sido enviado y no estábamos incluidos y nos explicó que se habían suprimido unas vacantes en la parte de Dinatra y que por eso a ellos les iban a dar cierto dinero. En inspecciones, se nos dijo que habían decidido que tenían que tener la exclusividad y que los dineros que ellos cobraban por los expedientes, es decir, los curiales, iban a ser en beneficio de los funcionarios de jurídica de Montevideo. Además, se nos dijo que nosotros simplemente habíamos quedado excluidos pero no nos dieron ninguna explicación.

                Como dijimos al principio, en realidad nosotros trabajamos mucho más que los funcionarios que lo hacen en Montevideo porque, quizás, salimos de una negociación colectiva y tenemos que atender una individual, que es otra cabeza. Lo mismo con el asesoramiento porque tenemos que dominar todas las materias y todo en seis horas. Además, hace unos años todos los asesores nos vimos perjudicados porque, por un decreto, pasamos de trabajar cuatro horas –ese era el horario por el que habíamos sido contratados– a hacerlo seis por el mismo sueldo. Muchos se fueron pero otros que ya estábamos allí desde hace muchos años seguimos trabajando, aunque no recibimos una contraprestación económica.

SEÑORA WALIKOWSKI.- Quisiera agregar que en el interior pertenecemos a Dinacoin y en Montevideo, a Dinatra. De ahí que el beneficio se da para los asesores de la Dinatra, unidad 002, dejando fuera a nuestra unidad que es la 004. Al principio pensamos que podía ser una inadvertencia o que se habían olvidado de agregar a la Dinacoin pero lo cierto es que nos excluyeron totalmente.

                Por otro lado, quiero agregar que en las oficinas del interior se hace todo igual que en Montevideo pero en la capital los distintos temas se reparten por dirección.

SEÑORA ALEN.- Quisiera mencionar un cambio que se hizo este año. En el pasado, la mayor parte de las negociaciones colectivas se hacían en Montevideo y las hacía Dinatra porque se consideraba que estaban más especializados y que los abogados de los sindicatos estaban en la capital. Sin embargo ahora, por circular, se estableció que estas negociaciones se hacen en cada oficina departamental y que tenemos que estar  a cargo los abogados del lugar, salvo alguna excepción por cierta especialidad que tiene que estar autorizada. De lo contrario, toda la negociación colectiva se hace en el interior del país. Por lo tanto, ahora también se nos agregó eso.

SEÑORA WALIKOWSKI.- El director también nos dijo que al trabajo de cada una de las oficinas se agregará la negociación de las intendencias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda claro el planteo, ahora sabemos que se trata de la unidad 004, perteneciente a la Dinacoin y que el artículo a considerar es el 464. Tenemos la versión taquigráfica de lo expuesto y analizaremos su planteo oportunamente.

SEÑOR CAMY.- Quisiera saber cuántos profesionales del interior estarían afectados por esto que nos han planteado.

SEÑORA ALEN.- Como dice bien el mensaje de presupuesto, hay 30 cargos, de los cuales 26 están ocupados y son 42 sucursales.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos su presencia.

(Se retiran de sala las representantes de los Profesionales Asesores del Interior del MTSS).

(Ingresa a sala la delegación de la Asociación Martín Etchegoyen Del Pino).

–Buenas tardes.

                Estamos recibiendo a la Asociación Martín Etchegoyen Del Pino, que está integrada por Miguel Apolonia, Mónica del Pino, Marta Viña y Graciela Del Pino.

Según hemos visto, ya estuvieron en la Cámara de Representantes. Les habíamos solicitado la documentación por medio de la comisión, por lo tanto, espero que de su exposición surja qué es lo que las trae hoy a la comisión a hacer el planteo que escucharemos.

SEÑORA DEL PINO (MÓNICA).- Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Del Pino, y soy integrante de la comisión directiva de la Asociación Martín Etchegoyen Del Pino.

                En primer lugar, quiero agradecerles esta instancia. Estamos verdaderamente contentos y muy satisfechos de este encuentro. Deberíamos fundamentar el nombre de la asociación a la que estamos haciendo referencia. Se debe a la historia de vida de un niño, que se llama Martín Etchegoyen Del Pino. Esta historia empezó en el año 2007 y es muy intensa: de trabajo, de esperanzas y de sueños. Para no olvidarnos de instancias que son verdaderamente fundamentales en la construcción de la asociación, nosotros  solicitamos que nos autoricen a leer una carta muy breve, que reseña su historia. Para ello, si la mesa lo autoriza, Graciela Del Pino –otra integrante de la comisión y madre de Martín– va a dar lectura a esta carta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Adelante.

SEÑORA DEL PINO (GRACIELA).- Buenas tardes.

«Señoras y señores legisladores:

                Esta carta es el medio para presentarles el Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad motriz. Situada en calle Rincón 1392, casi 19 de Abril, en la ciudad de Fray Bentos, Río Negro.

                La Asociación Martín Etchegoyen Del Pino es una Asociación Civil sin fines de lucro, con personería jurídica. Fue creada el 22 de marzo del año 2007, con el fin de asistir a niños y jóvenes con discapacidad motriz.

La razón es solicitarles ser acogidos por la Ley 17930, Artículo 445, Inciso 21, Transcrito “Fíjanse las siguientes partidas destinadas a apoyar a las siguientes instituciones públicas y privadas, cuyos cometidos se orientan a la protección, cuidado y desarrollo de los sectores sociales críticos:”.

Contactarse con la realidad significó incorporar en su población objetivo a los adultos y adultos mayores, atendiendo y dando respuestas a sus demandas y necesidades. La asociación crece sin pausa en prestigio y credibilidad, y en ella crece su afán de soñar, por lo que se ha planteado un objetivo muy ambicioso: instalar un centro de rehabilitación. Desafía adversidades, tiempos difíciles –que no le son desconocidos–, se obstina y determina tiempos para cosechar siembras, para transformar debilidades en fortalezas, con cansancio, agotados, pero nunca derrotados en la construcción de sueños y en la concreción de gestas para transformarlos y materializarlos.

El 28 de noviembre de 2013, el expresidente de la república, José Mujica, inaugura el centro de rehabilitación con el pueblo emocionado y esperanzado. El edificio –que fue sede del sindicato de la unión obrera de Río Negro y del exfrigorífico Anglo, recientemente denominado Patrimonio de la Humanidad– fue cedido en una memorable asamblea por los exobreros que todavía viven, a la asociación y fue intervenido gracias a recursos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en un convenio firmado el 18 de agosto de 2008 por el señor Víctor Rossi, ministro que entendió con alta sensibilidad el proyecto presentado y con la misma sensibilidad y compromiso la Intendencia Departamental de Río Negro nos brindó su colaboración, siendo intendente el doctor Omar Lafluf –hoy legislador–, quien dispuso mano de obra benévola y materiales de construcción.

Señoras y señores senadores: el funcionamiento de la actividad del centro se pone en marcha bajo la dirección técnica del doctor Néstor Nieves y posteriormente del doctor Gerardo Valiero. Desarrolla las actividades de rehabilitación un equipo multidisciplinario: licenciados en fisioterapia, psicomotricidad, psicología, terapista ocupacional, trabajo social, maestra especializada en lenguas de señas, auxiliar de enfermería, auxiliar administrativa, auxiliar de servicio y chofer. El centro posee un vehículo Mercedes Benz, un furgón adaptado con rampa y dispositivo de seguridad, adquiridos con recursos de la asociación, de la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande y con el apoyo económico del BPS. La asociación traslada a los pacientes sin costo y en forma segura y confortable. El centro consta de instalaciones adaptadas y climatizadas y de una piscina para desarrollar actividades recreativas y terapéuticas.

¿Cómo se sustenta el centro? Con recursos genuinos de la asociación, con una cuota mensual de $ 50 que aportan 782 socios colaboradores y con actividades orientadas a la recaudación económica. La asociación es proveedora del Estado. Se relaciona con convenios del BPS a través de ayudas especiales, recibe colaboración de la Intendencia Departamental de Río Negro y por un convenio con ASSE, firmado el 18 de febrero de 2015, lleva adelante un proyecto de complementación en el área de la rehabilitación integral. El servicio de fisioterapia de ASSE es atendido en el centro de la asociación, por lo que se aportan dos consultorios, un gimnasio, la totalidad de sus instalaciones, trabajo de administración y auxiliar de servicio. ASSE proporciona cuarenta horas semanales y dos licenciados fisioterapeutas. De las cuarenta horas mencionadas, ocho son para pacientes de la asociación y el resto para atender a usuarios de ASSE, Además, proporciona veinticuatro horas semanales de licenciado de fonoaudiología, de las cuales ocho son para pacientes de la asociación y el resto para usuarios de ASSE y cuatro horas semanales de licenciado de psicología para la atención de los usuarios de ASSE y de la asociación.

La asociación reúne recursos mensuales para enfrentar el presupuesto que requiere la asistencia de cuarenta y dos pacientes en plan de rehabilitación, gastos de sueldos, gastos de servicio de UTE, OSE y Antel, gastos de productos de limpieza y materiales didácticos.

Concretamente, la asociación solicita al Parlamento apoyo económico para hacer posible el funcionamiento y mantenimiento de la piscina, con la contratación de un médico fisiatra, un técnico en hidroterapia, un fisioterapeuta y un auxiliar de enfermería, proyecto evaluado en $ 150.000.

Agradecemos especialmente la atención prestada. Además, la asociación ofrece sus instalaciones con la finalidad de poner en funcionamiento la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, dado que se está atendiendo en forma integral a personas con discapacidad de todas las edades.

Muchas gracias»

SEÑOR HEBER.- En primer lugar, queremos dar la bienvenida a esta delegación y, en segundo término, decir que apreciamos mucho el trabajo que hacen con niños con discapacidades.

                En el presupuesto aprobado en la Cámara de Representantes tienen asignado $ 200.000 para el año 2016 y otros $ 200.000, creo que por primera vez, de acuerdo con lo establecido en el artículo 645. Simplemente quería saber si lo que pretende la delegación es que mantengamos esta cifra para que puedan contar con este dinero a fin de continuar cumpliendo con su misión.

SEÑORA DEL PINO.- Lo que solicitamos a los señores senadores es que se mantenga lo dispuesto por la Cámara de Representantes.

SEÑOR CAMY.- Quiero saludar a la delegación de la Asociación Martín Etchegoyen del Pino y formular una pregunta.

Me gustaría saber si tienen relación con el Centro Teletón del interior que se encuentra en Fray Bentos. Concretamente, pregunto si reciben algún apoyo de ese centro o si existe alguna relación institucional.

SEÑORA DEL PINO.- En realidad, no tenemos relación con el Centro Teletón de Fray Bentos. Se trata de instituciones totalmente diferentes en cuanto a la atención que brindan. La primera diferencia fundamental es que el Centro Teletón atiende a niños y jóvenes hasta los 18 años y nuestra asociación no establece límite de edad. La segunda diferencia es que el Centro Teletón tiene programas de atención de 15, 20 y 30 días, de acuerdo con lo que tienen dispuesto y, en cambio, nuestra asociación no establece límite de tiempo. Por supuesto, la directiva del Centro Teletón de Fray Bentos se pone en contacto con la de nuestra asociación. Se trata de un relacionamiento que se ha iniciado debido a que el Centro Teletón requiere de nuestra camioneta. Estamos hablando de un furgón Mercedes Benz, totalmente adaptado, cuenta con un dispositivo de seguridad y rampa hidráulica, tal como se requiere para el traslado de este tipo de pacientes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de la delegación de la Asociación Martín Etchegoyen del Pino y la información que nos ha brindado.

(Se retira de sala la delegación de la Asociación Martín Etchegoyen del Pino).

(Ingresan a sala representantes del Centro Esperanza y CADY).

–La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado tiene el gusto de recibir a la delegación del Centro Esperanza y a CADY, integrada por los señores José Banchero, Ariel Centurión y las señoras Blanca Ferreria, Gianella Melognio y Carolina Cabrera.

SEÑOR CENTURIÓN.- Estamos actuando juntos desde hace cinco años, incluso, trabajamos en el mismo local. El Centro Esperanza tiene 15 años y CADY 20 años. Las dos instituciones trabajan con grupos de discapacitados. En el caso de CADY se trata de recuperación y para ello cuenta con personal médico, fisioterapeuta, equinoterapeuta y psicólogo. El Centro Esperanza trabaja a través de viveros y talleres de manualidades. Esto surgió en la Escuela n.º 67 de discapacitados de Young. Ahí se formó una comisión y se empezó a caminar muy lentamente. Hoy se está trabajando con alrededor de 50 personas entre hombres y chiquilines.

                Es difícil obtener los fondos para costear los gastos por lo que creo que fue positivo trabajar juntos, porque aumentamos la capacidad y funcionamos mejor. De todas maneras, no es fácil contar con el dinero mensual que necesitamos y es por eso que vinimos a presentar nuestro proyecto.

                Desde ya les agradecemos por habernos recibido.

SEÑORA FERREIRA.- Como dijo Centurión, desde 2008 estas dos instituciones aunaron sus esfuerzos. Estamos trabajando en un precioso local donado en el que funcionan nuestros talleres de recuperación y los del Centro Esperanza, que tienden más a lo laboral; aprovecho para señalar que el señor Centurión olvidó hablar de los talleres de gastronomía y de carpintería.

                Los alumnos-pacientes son chicos y chicas egresados de la escuela, esto es, adolescentes y adultos mayores. La gran mayoría está en una situación de extrema vulnerabilidad –con familias donde algunos de los progenitores están desocupados– y se enfrentan al tema de no tener a dónde ir ni cómo formarse para poder integrarse a la sociedad.

                Desde nuestras instituciones, CADY y  Centro Esperanza, intentamos que tengan un lugar amable donde estar. En el caso de Centro Esperanza, los chicos van de mañana, desayunan, almuerzan y generalmente se bañan allí por lo que en sus casas están un rato para volver al otro día. El caso de CADY es distinto porque los chicos van a determinadas clases-talleres y también hay niños más chicos porque se hace rehabilitación con equinoterapia, fisioterapia, psicólogo, doctora y una maestra especializada que brinda apoyo pedagógico en las tareas escolares.

                Es fundamental señalar que todos nuestros alumnos-pacientes son becados y las instituciones se mantienen con las donaciones de la comunidad. Contamos con el apoyo del BPS, pero debo decir que son muy pocos los alumnos de ambas instituciones que reciben el apoyo especial de esa institución por distintas razones que no vienen al caso explicar ahora. El resto de los recursos se obtiene en base a donaciones, socios colaboradores y beneficios; nos pasamos el año entero haciendo actividades a beneficio para pagar el salario de los profesionales y los educadores, y mantener el centro con todo lo que implica brindar alimentación y todo el material que se necesitan para los talleres.

                Queremos dejar constancia de que las dos instituciones están habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura como «educación no formal», que es como funciona, y por el Ministerio de Salud Pública, que nos visita periódicamente; tenemos todas las habilitaciones necesarias para funcionar.

                Al hecho de que a veces es realmente complicado llegar a fin de mes, se suma a que Young es un lugar que depende mucho del agro por lo que cuando bajan las colaboraciones de ese sector, se nos hace muy difícil.

El objetivo es crecer. Hay muchos jóvenes discapacitados que hoy  necesitarían o que podrían hacer uso de nuestras instituciones, pero nosotros no podemos absorberlos. Desearíamos poder llegar a muchos younguenses que lo están necesitando.

                Me gustaría que la señora Cabrera les contara un poco sobre nuestros proyectos. Algunos pacientes vienen del interior, de la zona rural del departamento, y en este momento estamos implementando un hogar por si ellos y sus  familiares tienen que quedarse en Young, en caso de que vean a un médico temprano, si tienen que viajar de madrugada a Montevideo. Ese es uno de nuestros proyectos, que está en vías de desarrollo y va a salir. Así lo hemos decidido y estamos trabajando en ese sentido.

Aunque los señores senadores tienen todo en la carpeta, queríamos mostrarles un poquito cuál es el panorama. Desde ya les agradecemos que si es posible hagan un esfuerzo, porque una colaboración más nos vendría muy pero muy bien.

SEÑORA CABRERA.- Antes que nada queremos agradecerles que nos reciban. Mi nombre es Carolina Cabrera y soy gestora del Centro Esperanza y de CADY. Como les decían mis compañeros, hace veinticinco años que venimos trabajando con personas con discapacidad y ese es un dato muy importante. A los quince años todos los estudiantes de la escuela especial de la educación formal del Uruguay egresan del sistema educativo; por ende, no tienen un espacio al cual ir, pero hace veinticinco años una comunidad en Young se formó para recibir a esa población.

Vemos de crucial importancia que estas dos instituciones estén en Young ya que, si no estuviéramos nosotros, no habría un lugar o un espacio físico en el que estas personas se pudieran capacitar para salir al campo laboral –que es lo que se les brinda en Centro Esperanza–, o para rehabilitar a aquellas personas que tienen una patología desde el nacimiento, porque han sufrido un accidente o porque los propios docentes así lo determinan.

                Como dijo mi compañero Ariel, hace un año nos mudamos a una casa. Esto trajo aparejado un aumento en nuestro presupuesto –cosa que ya habíamos previsto– ya que pasamos de tener  instalaciones de unos trescientos metros cuadrados  a compartir una instalación de seiscientos metros cuadrados en una hectárea trescientos.  Esto hizo que hayamos tenido un incremento de la cantidad de asistentes –que crecieron un 200 %–,  lo que ocasionó que tuviéramos que aumentar los talleres, el área de producción de las huertas y de los viveros, agrandar los talleres de carpintería, armar un picadero de equinoterapia más grande y hacer una sala más grande de fisioterapia.  Eso ha llevado a que tengamos que generar un montón de proyectos para poder crecer y recibir a toda esa población que no ha ingresado a Centro Esperanza.

                Hasta ahora el aporte que recibimos del Estado ha sido de aproximadamente un 11 %. Vinimos a presentarles nuestra propuesta y a ver en qué forma podemos trabajar codo a codo con el gobierno. Hoy por hoy somos dos instituciones formales con veinticinco años de trayectoria; peleamos por Centro Esperanza y CADY, pero nuestro objetivo es que lo que logremos con ustedes en un futuro vaya al resto de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad en el resto del país.       

                Gracias por escucharnos.

SEÑOR HEBER.- Les damos la bienvenida a las dos organizaciones; habíamos agendado que íbamos a recibir a una, pero son dos, hecho que nos generó un poquito de confusión. El Centro Esperanza está en el listado nuevo y para el año 2016 aparece con $ 150.000 y otros $ 150.000 para el 2017.

Quisiera saber si CADY está pidiendo también ser incluida en la lista. ¿Vienen juntos o es un nuevo pedido?

SEÑOR CENTURIÓN.- Estamos en el mismo local y funcionamos juntos. Tanto es así que muchos chiquilines que pertenecen a CADY también van a clases que funcionan como Centro Esperanza. Pero los dos tenemos necesidades; si se puede por dos, mejor.

SEÑORA PRESIDENTA.- Nosotros teníamos también esa consulta para hacerles, porque justamente la asignación es a una sola de las instituciones pero en reiteradas ocasiones en la presentación que hicieron hablaron de que están unificadas. Entonces, la pregunta era si, para que quede más prolijo el texto, habría que incluir en el mismo renglón a las dos, a los efectos de lo que pueden ser los trámites posteriores, o si incluyendo solo a una se entiende que las dos están comprendidas. Es un tema que nos gustaría aclarar a los efectos del planillado correspondiente.

SEÑORA FERREIRA.- Me parece que hubo alguna confusión en algún momento, porque el pedido de audiencia fue realizado por las dos instituciones. Si bien estamos funcionando en el mismo local y nos complementamos, aun así seguimos siendo instituciones separadas. Esto no implica que estemos pidiendo recursos por dos; ojalá pudiera ser así, pero lo que se nos dé ahora lo compartiremos. De manera que deberían incluirse los nombres de las dos instituciones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de la delegación del Centro Esperanza y queda aclarado el planteo que se nos ha hecho.

(Se retira de sala la delegación del Centro Esperanza).

                (Ingresan a sala  integrantes del Consejo Directivo Departamental de Maldonado de la Federación de Salud Pública).

–Damos la bienvenida a integrantes del Consejo Directivo Departamental de Maldonado de la Federación de Salud Pública, integrada por Adys Esther Gelós, Luz del Mar Artigas, Roxana Ferreira Gómez y Claudia Clavijo.

SEÑORA GELÓS.- Voy a leerles una carta que redactó la comisión interna del Hospital de San Carlos, que fue la fundamentación para pedir la no votación de este artículo.

                «San Carlos, 14 de setiembre de 2015.

                Por la presente, la Comisión interna del Hospital de San Carlos, en representación de todos los trabajadores de dicho centro, hacemos llegar nuestra inquietud a esta mesa haciendo referencia al tema de la fusión las Unidades 023, Hospital de Maldonado, y Unidad Ejecutora 054, Hospital de San Carlos, y decimos: ¿Qué seguridad de asistencia se le brindará al usuario en el lugar de su residencia en cuanto a la atención de aquellos usuarios que viven en San Carlos y que deban trasladarse a Maldonado para su atención, teniendo en cuenta las carencias de la mayoría de la población –por ejemplo, recursos económicos en el caso de los adultos mayores, niños, embarazadas, los usuarios más vulnerables–, y por qué no mencionar aquella franja de población de bajo nivel intelectual o que no conocen más que el lugar donde viven?

                ¿Cómo se evitaría, en esta situación, la superpoblación de usuarios consultantes en las puertas de emergencia y/o salas de internación?

                Teniendo en cuenta lo que dice el artículo 557, donde se relata: “Transfiérese en en el Inciso 29, Administración de los Servicios de Salud del Estado […]»

SEÑORA PRESIDENTA.- Ahora es el artículo 584; dejamos esta constancia para la versión taquigráfica.

SEÑORA GELÓS.- Perfecto. Muchas gracias.

                Continúo: «“Transfiérese en el Inciso 29, Administración de los Servicios de Salud del Estado, los cometidos, derechos y obligaciones, recursos humanos y los bienes muebles e inmuebles, afectados al uso de la Unidad Ejecutora 054, Hospital de San Carlos” […]

                No nos da la seguridad de que todo pueda seguir funcionando como hasta el momento. Por ejemplo, que Farmacia cuente con la medicación suficiente para cubrir la demanda de nuestra población de San Carlos.

                En la actualidad nuestro hospital no presenta graves carencias en cuanto a ropa de cama para los centros de internación, material de trabajo en general para sus funcionarios, sea el área que sea, principalmente enfermería, que es donde el usuario percibe más fácilmente.

                ¿Cómo se resolverán las situaciones de compras directas en general? Pensando en la fusión, ¿cómo se piensa implementar el uso de las ambulancias? ¿La unidad especializada estará a la misma disposición de nuestro hospital como del regional, disminuyendo la cantidad de traslados contratados a servicios privados, dado que una unidad, para abastecer la demanda, se interpreta como insuficiente?

                En cuanto a lo que refiere a los trabajadores, ¿cómo pasaría a funcionar el servicio de asistencia integral, teniendo en cuenta que en este caso ambas unidades ejecutoras seríamos un solo centro?

                Tema movilidad: no menos importante y es la inquietud que personal de ambos hospitales plantean. ¿Qué nos asegura que después de esta fusión nosotros quedemos en nuestros puestos de trabajo habituales? Planteado de esta forma, estaríamos expuestos a ser funcionarios pertenecientes a cualquiera de los dos hospitales y es aquí que pasaría a ser una situación problemática para nosotros, por diferentes aspectos: económicos, familiares, de tiempo, por el múltiple empleo, falta de recursos para el traslado y, principalmente, que no lleguemos a un abuso de funciones y que esta situación no se torne como herramienta en un futuro que nos condicione para poder permanecer en nuestro centro de trabajo y terminemos siendo obligados a renunciar por esta situación debido a que la clase trabajadora de ambos centros, no todos cuentan con las mismas posibilidades de traslado para dejar al azar este inconveniente.

                Entendemos que todo cambio lleva su tiempo de adaptación, pero desde nuestro punto de vista, como funcionarios de mucha data necesitamos asegurar nuestra fuente de trabajo en nuestro lugar de residencia como estamos en la actualidad.

                Por Comisión Interna: Nelsa Fonseca, presidenta; Susana Michelena, secretaria».

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero aclararles que el artículo fue modificado y tiene otro texto. Se los estamos haciendo llegar ahora a los efectos de que vean que el artículo que se aprobó en la Cámara de Diputados es totalmente diferente al que ustedes están leyendo. No sé si están comentando algo que ya no está debido a que les está faltando esa información.

SEÑORA CLAVIJO.- Sí, estamos al tanto. Conocemos el texto nuevo, pero ese escrito lo habíamos hecho con anterioridad y entendemos que lo que se modifica tampoco nos da seguridad laboral. No estamos convencidos de esta fusión de ambos hospitales en una sola unidad ejecutora porque eso quiere decir que, económicamente, vamos a depender de esa sola unidad. En otras experiencias pasó –por ejemplo, en las colonias– que después los funcionarios eran distribuidos y eso, para nosotros, implicaría gastos. El problema es que no queda claro en el proyecto de ley y los directores con los que hemos hablado tampoco nos han dado algo escrito. Estamos tranquilos si tenemos algo escrito, porque lo que se dice en forma verbal no sabemos si después se va a mantener, si va a venir otro director y va a pensar diferente, como suele pasar. Tuvimos beneficios y luego vino otro director que dijo que lo que no estaba escrito se terminaba y  se empezaba en base cero.

                Lo que nosotros tenemos es la misma justificación, que dice que considerando que se trata de dos hospitales que distan 13 kilómetros uno del otro y que la población de referencia de ambos es prácticamente la misma, no se justifica la superposición de servicios asistenciales y estructuras administrativas y de apoyo, dado que esto fomenta una competencia de recursos humanos entre ambos centros, generando dificultades de cobertura en algunos casos y duplicación de costos en otros. Mediante la unificación de la estructura se pretende generar una adecuación de la estructura asistencial y administrativa de los hospitales en pro de un mejor aprovechamiento de los recursos y una  mejora de la calidad de atención.

                Nosotros entendemos que la fusión no significa que vaya a haber una mejora sustancial. Tenemos un ejemplo de fusión en el departamento con el centro auxiliar de Aiguá y el centro auxiliar de Pan de Azúcar. Cuando el director está a cargo de la unidad, tiene la libertad de comprar, cumpliendo ciertos requisitos, pero cuando hay un director central, el director, por ejemplo, de Aiguá, no decide, sino que pide, y eso no es lo mismo. Hemos visto que los tiempos se alargan y la medicación empieza a faltar, o los servicios se empiezan a afectar. Eso no quiere decir que se haga en forma intencionada, pero el hecho es que sucede, porque la burocracia es mayor.

                Además, este proyecto de ley va en contra de la visión y la misión de ASSE, que hablan de la descentralización. En este caso se centraliza. La misión institucional dice: «Somos el principal prestador estatal de atención integral a la salud, con una red de servicios en todo el territorio nacional, que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y lidera el cambio del modelo asistencial de acuerdo a los postulados del Sistema Nacional Integrado de Salud. Atención Integral a la Salud: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación». Por su parte, la visión institucional es: «Ser la organización referente en atención a la salud a nivel nacional que promueve una atención humanizada, de acceso equitativo y que brinde un servicio de excelencia».

                Yo, como usuaria de ASSE, veo que no tenemos la calidad. Ojalá la tuviéramos, pero cuando uno necesita una atención, se tiene que trasladar y no todos los usuarios pueden hacerlo, por estar limitados económicamente. Son 13 kilómetros, pero el boleto cuesta $ 90 y la gente que es pobre no puede pagarlo. Quizás yo, que soy funcionaria, puedo trasladarme –hasta por ahí nomás–, pero la gente pobre no lo puede hacer. Esa es nuestra preocupación. En el departamento hay una movilización de usuarios que recolectaron firmas solicitando garantías.

                La compañera puede contar experiencias que ha habido en otras unidades ejecutoras, pero hasta ahora las fusiones no han dado garantías ni a los trabajadores ni a los usuarios.

SEÑORA ARTIGAS.- Yo vivo y trabajo en un centro de Sarandí del Yí que anteriormente era un centro auxiliar, y ahora pasamos a ser un centro de primer nivel de atención; es decir, nos bajaron la categoría.

                Vine con la compañera porque estoy en la secretaría de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y ellos querían trasmitir toda su preocupación, no solo por su fuente laboral, sino que quieren trasmitir la inquietud de los usuarios que han acercado firmas y hay un expediente a la espera de ser tratado.

                Lo que quiero trasmitir es que  nuestra unidad –que está en Sarandí del Yí– era un hospital y pasó a ser un centro de primer nivel de atención –somos dependientes– y va a ser el caso de ellos en el futuro. Dependemos de la RAP de Durazno, entonces, también apoyo lo que explicaba la señora Clavijo porque no es lo mismo.  Las compras, la asignación de recursos humanos o todo lo que tiene que ver con la gestión del centro y de sus servicios de pasar a depender de la dirección departamental y hay un protocolo a seguir. Ya  el director de la institución no va a poder resolver solo, sino que va a necesitar el apoyo, la firma o las garantías del director departamental, lo que enlentece todo y va en perjuicio de los usuarios y también de los funcionarios en el caso que ella plantea. Si se van a fusionar los centros y hay servicios que no se van a prestar en San Carlos pues se van a prestar en Maldonado, seguramente los recursos humanos sean transferidos y tengan que trasladarse por sus medios. Eso es una dificultad porque no todos cuentan con un medio de traslado.  Con respecto a la misión y visión, ASSE apunta a ser la mejor prestadora de salud, pero creo que la fusión no contribuye a ello, porque para los usuarios de San Carlos no es lo mismo ir al centro que está cerca, que tener que trasladarse lejos. Seguramente, van a terminar optando por otra opción de salud, como una mutualista que esté más cerca.  Nosotros no queremos que los usuarios se alejen por temas económicos o de comodidad.

SEÑOR CAMY.- ¿Cuántas personas trabajan en los dos centros de salud que se quieren fusionar?

SEÑORA CLAVIJO.- No lo sabemos con exactitud, pero son más de 1.000 funcionarios porque también hay funcionarios suplentes que no siempre están trabajando, por ejemplo, siempre hay alguna licencia por enfermedad o maternal. Esa cantidad también va a depender de los planes de invierno, de verano o del plan estratégico UDA.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a tomar nota del planteo. Esto ha sido recogido en la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados y como el martes viene ASSE vamos a tener oportunidad de intercambiar con su directorio sobre este y otros temas.

SEÑORA CLAVIJO.- En una reunión que mantuvimos el sindicato con las direcciones de los hospitales, las autoridades se comprometieron a hacer llegar el proyecto, pero a la fecha todavía no lo han hecho. Eso nos hubiera dado un poco de tranquilidad. Además, queremos que nos den algo por escrito donde nos aseguren que no vamos a ser trasladados porque a nivel de prensa local, en algunos medios lo han confirmado y en otros no. Creo que aquí faltó diálogo y que la elaboración del proyecto se hiciera con los funcionarios que somos, los que realmente conocemos las carencias y somos la cara visible ante los usuarios. Eso es muy importante.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos su presencia y analizaremos el planteo oportunamente.

(Se retiran de sala las representantes del Consejo Directivo Departamental de Maldonado de la Federación de Salud Pública).

(Ingresan a sala las representantes de los Profesionales No Médicos de ASSE).

               

–Damos la bienvenida a delegación de los Profesionales No Médicos de ASSE, integrada por la licenciada Virna Capurro, la licenciada Carolina Ceballos y la licenciada María Marcela Zabala.

SEÑORA ZABALA.- Buenas tardes. Mi nombre es María Marcela Zabala y soy obstetra partera. ¿Por qué nosotros tres somos del departamento de Paysandú y representamos al hospital de este departamento? En realidad, no es una casualidad. Este movimiento surgió en el hospital de Paysandú pero actualmente tenemos delegados en cada uno de los departamentos del país y representamos a alrededor de 1.000 colegas. Esta tarde hemos venido nosotras tres, que formamos parte del hospital de Paysandú, simplemente por razones de practicidad, ya que nos dieron esta fecha y era la forma más fácil de movilizarnos. Hoy estamos aquí solamente mujeres porque la realidad es que la mayor parte de los profesionales no médicos de ASSE lo son y, además, estamos representando a tres disciplinas diferentes ya que mi compañera Ceballos es licenciada en fonoaudiología y Carolina Capurro es licenciada en archivo médico. Trajimos todo para leer porque no sabíamos cómo era la modalidad de presentación. ¿Está bien?

SEÑORA PRESIDENTA.- Mientras se ajusten al tiempo de que disponen, no hay ningún problema.

SEÑORA CAPURRO.- Mi nombre es Mirna Capurro. Soy licenciada en fonoaudiología y encargada de la Regional Norte como centro de referencia nacional en Paysandú. Paso a leer la carta: «Montevideo, 13 de noviembre de 2015.

Sres. Senadores de la Comisión de Hacienda y Presupuesto

Presente

Nos presentamos ante ustedes representando a un colectivo de profesionales no médicos de ASSE en un número que asciende a más de 1000 en todo el país, pertenecientes al escalafón A y B que nuclea técnicos y licenciados en: Registros Médicos, Laboratorio, Hemoterapia, Fonoaudiología, Nutrición, Imagenología, Obstetras Parteras, Trabajo Social, Podología, Neumocardiología, Anatomía Patológica, Instrumentación Quirúrgica y Electroencefalografía. Estas carreras requieren de tres a seis años de estudios universitarios.

La iniciativa de nuclearnos surge a raíz de nuestro conocimiento sobre la Ley de Presupuesto, Inciso 29, artículo 547, que establece lo siguiente:».

SEÑORA PRESIDENTA.- Actual 574.

SEÑORA CAPURRO.- «Asígnase en el Inciso 29 “Administración de los Servicios de Salud del Estado”, unidad ejecutora 068, “Administración de los Servicios de Salud del Estado”, programa 440 “Atención Integral de la Salud”, con cargo de Financiación 1.1 “Rentas Generales”, una partida anual de $ 175.000.000 (ciento setenta y cinco millones de pesos uruguayos), que incluye aguinaldo y cargas legales, a los efectos de implementar una reestructura de funciones, remuneraciones y condiciones laborales de Auxiliares y Licenciados en Enfermería que se desempeñan en dependencias del Inciso».

«Nuestra situación frente al resto de los profesionales de ASSE.

Cada uno de nosotros cumple en ASSE una función necesaria y esencial para la atención del usuario los 365 días del año. Somos parte integrante de los equipos de salud compartiendo la condición de universitarios con el resto de los profesionales que se desempeñan en ASSE.

Desde hace varios años se nos viene postergando, al punto que hemos quedado rezagados frente a las distintas disciplinas. Se les ha mejorado el salario a los médicos   –en todas sus especialidades–, a los odontólogos, a los químicos, a los bioquímicos y ahora la brecha que propone la Ley de Presupuesto en este artículo es la valoración en forma especial al licenciado en Enfermería, lo cual a nuestro criterio no debe ser así. Sin mencionar el salario que percibe un abogado o un contador que se desempeñe en ASSE, que seguramente es significativamente superior al nuestro.

En nuestro caso trabajamos todos los días del año y de nosotros depende el engranaje general de una institución de salud en los tres niveles de atención. En muchos casos tenemos personal a cargo y asistimos todas las áreas de un servicio de hospitalización, incluso las áreas cerradas (CTI, Intermedios, Neonatología), y/o las áreas en las cuales ASSE paga un adicional (psiquiatría).

Otra diferencia importante con el resto de los profesionales arriba mencionados (médicos, químicos, bioquímicos, odontólogos y licenciados en enfermería) fue la establecida al crearse el Compromiso Funcional por el cual se les permitió optar la carga horaria a trabajar por semana; esta es una posibilidad de mejora salarial que nos colocó en inferioridad de condiciones respecto a ellos.

Para completar la brecha de desigualdad, tanto el licenciado como el auxiliar de Enfermería y de Servicio perciben en su salario el ADP (Atención Directa al Paciente), monto que nosotros no percibimos a pesar de estar con contacto no solo con el usuario sino con agentes contaminantes como la sangre, los fluidos corporales, o trabajando al igual que ellos en áreas especializadas y otras con igual o peor exposición al peligro referido.

A estos puntos de diferenciación entre los profesionales de ASSE, se le suma ahora la mejora salarial a los licenciados en enfermería sin una argumentación coherente por parte de quienes la proponen. Se habla de evitar el pasaje de estos profesionales al ámbito privado (hecho que de ser cierto no es exclusivo de parte de ellos)…»

SEÑORA CEBALLOS.- Mi nombre es Carolina Ceballos, y soy licenciada en registros médicos, encargada de registros médicos y, además, soy licenciada en laboratorio clínico.

                Queremos acotar que esta movilización y todo este nucleamiento comenzaron hace un año y medio –en 2014–  debido a una propuesta de ASSE, de pasar a los licenciados en enfermería a los privados, porque ellos que estaban eligiendo el  privado antes que el público. En ese momento, la gerenta general de ASSE de ese momento, Alicia Ferreira –según se publicó en la prensa– dijo textualmente: Queremos frenar la fuga de recursos humanos capacitados. Entendemos que esto es una especie de discriminación porque nosotros también egresamos de la universidad y estamos dentro de los funcionarios, por cuanto podríamos elegir otro lugar para trabajar, no solo el ámbito público.

                Por otra parte, estas palabras vienen de Alicia Ferreira que, aparte de ser médica, es licenciada en registros médicos al igual que quien habla y tal vez por eso duele un poco más.  Nosotros entendemos que no hay una valoración de las demás carreras.

Digo esto porque, en ese momento, para que no se fueran las nurses de ASSE se les propuso un aumento o una mejora, pero no para los demás universitarios.

Esa es la acotación que quería realizar.

SEÑORA CAPURRO.- Continúo leyendo: «A estos puntos de diferenciación entre los profesionales de ASSE se le suma ahora la mejora salarial a los licenciados en enfermería sin una argumentación coherente por parte  quienes lo proponen. Se habla de evitar el pasaje de estos profesionales al ámbito privado (hecho que de ser cierto no es exclusivo de ellos), un argumento que no nos convence.

                Pero también nos queda la duda de si las mejoras salariales surgen como  propuesta por parte de médicos, odontólogos, químicos, licenciados en enfermería, quienes habiendo accedido a cargo de gestión en ASSE pueden valerse de los mismos para conseguir mejoras para su profesión.

                A juzgar por el proceder de ASSE, parecería que hay profesionales de primera categoría y profesionales de segunda categoría.

De aprobarse esta ley sentimos la injusticia de que se nos considere de menor importancia cuando deberíamos recibir el mismo trato por parte de nuestro empleador. »

SEÑORA ZABALA.- Soy obstetra partera y voy a referirme un poco a nuestras profesiones, al proceso asistencial y a las metas prestacionales.

                Voy a seguir leyendo el documento que trajimos: «Como dijimos, somos parte esencial en el engranaje asistencial. Un hospital no funciona sin nosotros, sin análisis clínicos, sin alimentación, sin atender un parto, sin radiologías y sin instrumentación en una cirugía.»               

                Somos unidades operativas: –y aclaramos a continuación en qué consisten– cada uno de nosotros cumple su función en modo ejecutivo. Por ejemplo, un licenciado en hemoterapia recibe el donante, realiza la extracción, procesa el material y hasta le sirve café. Hacemos el servicio absolutamente completo para el usuario de ASSE –repito, absolutamente todo–, incluso lo que no corresponde al técnico lo hace sin ayudantes ni secretarios.

                La labor que realizamos es de bajo perfil y permite alcanzar las metas prestacionales a ASSE como, por ejemplo, los nacimientos.

Como sabrán los señores senadores, en el año 2013, en el hospital de Paysandú hubo un conflicto bastante grande y que duró seis meses, entre ginecólogos y pediatras, con la dirección y con ASSE. Esto llevó a que los partos no se pudieran asistir en la maternidad, ya sea porque durante unos días no había ginecólogo o pediatra y tenía que estar el equipo completo.  Las únicas que quedamos apuntalando la maternidad fuimos las obstetras parteras. Algún servicio se derivó a los centros asistenciales de ASSE más próximos y el resto se pagó en forma privada. Esto era complejo porque medir el tiempo en que nacerá un niño es realmente muy difícil y, en definitiva, se terminó derivando todo, sistemáticamente, a la asistencia mutual. Por ello  trajimos algunos números para que tengan idea de los costos.

Como les decía, nosotras nos pusimos al frente del servicio teniendo la enorme responsabilidad de decidir, quién y a qué lugar se trasladaba a cada una de las parturientas.

                Este conflicto –por cierto ajeno a los técnicos– implicó un costo de           $ 50.000 a   $ 70.000 por parto o cesárea asistida. O sea, ASSE le pagó a la mutualista entre  $ 27.000 y $ 30.000 por cada técnico, menos a las parteras, obviamente. Esto le significó a ASSE unos $ 2:500.000 que correspondieron a los aproximadamente 500 partos que hubo que asistir en la mutualista.

                Las obstetras parteras, al igual que otros técnicos, colaboran también bajando el índice de cesáreas, que es una de las metas prestacionales del ministerio y también de la OMS.

                En cuanto a la prevención de partos de pretérmino, se trabaja en equipo en las policlínicas –en las redes de Atención Primaria, RAP–, en las que equipos de técnicos –incluidas las parteras, los nutricionistas y las trabajadoras sociales– trabajan con la madre que está en riesgo de sufrir un parto de pretérmino y saben que prevenir el nacimiento de un niño antes de los nueve meses, ahorra muchísimo dinero y tiene un alto costo humano.

                Ahora voy a hablar de soportes nutricionales. Desde hace cuatro años los licenciados en nutrición de Paysandú vienen realizando, por voluntad propia, soporte nutricional a pacientes desnutridos y de riesgo, disminuyendo los costos de dicho servicio, hasta el momento tercerizado. El hospital le pagaba a la mutualista $ 18.000 por una consulta médica de soporte nutricional, casi el equivalente a lo que cobra por mes un licenciado en nutrición. Es decir que pasaron a no pagar nada, gracias al trabajo de ellas. Todo esto es un trabajo de hormiga, nadie lo ve.

                Por otra parte, tres estudios de potenciales auditivos realizados en el mismo hospital, significan un ahorro de $ 20.000, que es realizado por un técnico en electroencefalografía, sin cobrar extra por ellos. En el anexo hay copias de los recibos de sueldo de algunos de los técnicos.

                A su vez, todos los estudios auditivos de ASSE, en el caso de Paysandú, eran tercerizados hasta 2009, año en el que se designó a dos licenciadas en fonoaudiología para el Programa de Pesquisa Neonatal de Hipoacusias. Dada la carga horaria designada, sabiendo la cantidad de horas en desuso que quedarían y aun cumpliendo estrictamente con el programa, se propuso a la dirección del hospital comprar equipos de diagnóstico auditivo para realizar los estudios en el mismo centro. Las audiometrías y logoaudiometrías son estudios de rutina, por lo que se solicitan con asiduidad. En ese momento, ASSE pagaba a quienes los realizaban $ 950 por paciente, teniendo en cuenta que lo hacían con los otorrinos. Con seis policlínicas semanales, como mínimo se autorizaban cuarenta estudios mensuales, lo que significaba un costo mensual de $ 38.000. Hoy se hace todo por pedido de las fonoaudiólogas, que son las que reciben a niños y adultos de toda la regional norte en el hospital de Paysandú, y se les compraron los equipos.

                Las impedanciometrías son fundamentales para el diagnóstico de otitis media. Estas se autorizaban para su realización en Montevideo y tenían un costo de $ 2.800 por paciente, más los pasajes, el costo humano, el traslado del niño y la madre. Todo esto implicaba un costo de aproximadamente $ 5.000 –lamentablemente me ha tocado hablar de números– por cada madre y niño, además del costo social para la familia, la demora, la coordinación y la espera del resultado. Como mínimo se enviaban quince por mes, ascendiendo a           $ 75.000. La dirección aceptó la propuesta de las profesionales, comprando aparatos de última generación e invirtiendo alrededor de $ 240.000, quedando clarísimo el beneficio económico que significó para ASSE, no solo acotado a Paysandú, sino al regional del litoral.

                Pido disculpas por hablar tanto de números. Los señores senadores se preguntarán: «¿Por qué esta mujer habla de números?» Lo hago para que tengan idea de por qué somos la profesión del medio. Nosotros no lucimos como médicos, no laudamos como médicos, no recibimos como médicos, pero tampoco somos el personal de enfermería. El médico no puede hacer nada sin nosotros; somos ese eslabón que está en el medio y que nadie nos ve, nadie nos nota, pero somos los que cumplimos con las metas prestacionales. Por tal motivo, entre todos los compañeros decidimos traer los números para que los señores senadores vieran que en el costo – beneficio, somos una mano de obra extremadamente barata, pero es tan barata que estamos sumergidas. Si tienen la delicadeza de mirar los recibos de sueldo que les fotocopiamos al final de la carpeta, se van a dar cuenta de que es imposible vivir. Somos mayormente mujeres, madres, somos todas puntales de familia y no podemos vivir con los ingresos que figuran allí. Disculpen, pero tenía que decirlo.

SEÑORA CAPURRO.- De hecho, en la lista de personas que han adherido al grupo de licenciados que reclama, solamente hay dos hombres, el resto somos todas mujeres. Son profesiones donde predominan las mujeres. Incluso, a veces nos cuestionamos si esa es la razón por la que percibimos tan bajo salario.

SEÑORA ZABALA.- Para que se hagan una idea, nosotros aportamos al Fondo de Solidaridad de la Caja de Profesionales Universitarios. Esto es como donar en su totalidad el medio aguinaldo a la Caja de Profesionales Universitarios.

SEÑORA CEBALLOS.- Quiero decir que vemos como una desventaja el hecho de ser profesionales, ya que no nos tienen en cuenta para muchas cosas pero sí para los aportes, como es el caso del Fondo de Solidaridad. Los licenciados en Nutrición aportan como médicos porque su carrera tiene una duración de más de cinco años. Como profesionales debemos tener una capacitación permanente, porque se trata de una responsabilidad como profesionales y también de carácter moral, ya que debemos estar actualizados con  respecto a los avances de nuestra profesión. Muchas veces nos preguntamos qué ocurre con lo de «a igual función igual remuneración», ya que en los escalafones A y B –que son escalafones técnico profesional y técnico– coexistimos técnicos y licenciados. En realidad, hacemos las mismas cosas, pero se nos paga diferente e, incluso, muchas veces tenemos distintas cargas horarias. El técnico hoy en día gana exactamente igual que un administrativo e, incluso, menos que un auxiliar de enfermería.

                Para terminar, queremos decir que no nos sentimos respaldados por la Federación de Funcionarios de Salud Pública –por eso estamos acá–, ya que no se brinda un apoyo a estos funcionarios que como decía mi compañera, somos los del medio. Este reclamo que presentamos en el 2014, además, no obtuvo respuesta de parte de nuestra dirección y tampoco de ASSE. En definitiva, queremos que se sepa que existimos, ya que para la gente en un hospital sólo existe el enfermero y el médico.

SEÑOR CAMY.- Sólo quiero pedir que la delegación nos deje el material al que han hecho referencia.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado agradece la presencia de esta delegación y la información que nos ha brindado.

(Se retira de sala la delegación de profesionales no médicos de ASSE).

(Ingresan a sala representantes de la Fundación de apoyo y Promoción del Perro de Asistencia).

–La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado tiene el gusto de recibir a la delegación de la Fundación de apoyo y Promoción del Perro de Asistencia integrada por el señor Alberto Calcagno y la señora Alexa Mackern.

SEÑOR CALCAGNO.- Buenas tardes. Soy presidente de la Fundación de Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia. Es una fundación sin fines de lucro que tiene diez años de nacida. Su objetivo fundamental es poner a disposición de las personas con discapacidad visual y a los niños y las niñas con trastornos del espectro Autista perros guías y perros de asistencia en forma totalmente gratuita. El perro guía sirve de apoyo para su desplazamiento, su seguridad y una serie de situaciones que más adelante detallaré y lógicamente para la compañía de los niños y las niñas del espectro Autista y sus familias.

                Estamos aquí porque en el período pasado fuimos favorecidos con una subvención. En la documentación que acercamos a los señores senadores y las señoras senadoras está el detalle del uso que hemos dado a esa subvención. Nos gustaría destacar que ese dinero nos permitió traer a Uruguay instructores del exterior, porque lamentablemente en nuestro país aún no tenemos ese tipo de especialidad. A lo largo de estos años han venido varios instructores, todos ellos recibidos y respaldados por la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guía que es la institución a nivel internacional que nuclea las más importantes escuelas en el mundo y la que marca un poco las pautas de cómo se debe desarrollar todo el tema de estos perros.

Gracias a esa subvención también nos permitimos importar madres adultas y seleccionadas, porque los progenitores de estos perros deben tener una serie de cuidados muy importantes. Su carácter y su temperamento tienen que ser sumamente cuidado y adecuado, no puede tener ningún tipo de enfermedades hereditarias como, por ejemplo, la displasia de cadera. Si alguien conoce algo de perro, sabrá que se trata de una enfermedad que afecta la cadera y los hombros, en general,  de los perros de medianos a grandes. Por lo tanto, el perro con esa enfermedad sufre y a los pocos años no puede caminar, por lo tanto, sería imposible que un perro de asistencia pudiera trabajar en esas condiciones.

                Por otra parte, enviamos una técnica a Brasil para que trabajara en la crianza y entrega de cachorros a sus socializadores. La persona que me acompaña, Alexa Mackern, fue quien hizo ese curso en la escuela Hellen Keller de Camboriú, que es la primera escuela de Sudamérica para este tipo de animales.

                Tenemos 13 cachorros que fueron entregados a  los dos meses de vida a familias socializadoras que los van a tener por un período de 12 a 14 meses haciéndoles conocer el mundo. Les hacemos un seguimiento y, además, cubrimos toda su alimentación durante todo el tiempo que estén en manos de los socializadores y también  cuando entren en la escuela. Gracias a los fondos obtenidos por intermedio del Banco de Previsión Social y del Ministerio de Transporte y Obras Púbicas estamos levantando la escuela en un predio cedido por la Intendencia de Montevideo dentro del parque Rivera. Los perros que se están socializando ingresarán en el próximo mes de enero a  hacer su preparación definitiva para poder entregarlos a los futuros usuarios en forma absolutamente gratuita.

Hemos hecho una cuantificación de quiénes son las personas que pueden recibir la ayuda de estos perros. El resultado del último censo arroja que en el Uruguay hay más de 61.000 personas ciegas o con discapacidad visual severa. Asimismo, sabemos que el 1 % –y avanzando–  de la población mundial sufren de autismo. Si sacamos la cuenta de que en Uruguay hay 3:000.000 o 3:500.000 habitantes, podemos asegurar que hay más de 35.000 casos de autismo. Por su parte, si apuntamos a atender un 10 % de ambas situaciones la cifra es de un poco más de 6.000 personas con discapacidad visual y más de 3.000 niños con trastornos autistas.

Cuando comience a funcionar la escuela debemos traer a los instructores del exterior que van a trabajar con estos cachorros y que van a preparar a dos futuras instructoras uruguayas que ya han sido seleccionadas por los técnicos que nos acompañaron durante todo este tiempo para que sean las continuadoras del proceso de la escuela, esto es, las futuras instructoras de los animales que tengamos en el futuro. También estamos gestionando la posibilidad de que una tercera instructora se radique en Camboriú para hacer el mismo curso gracias a una gentileza de la escuela Hellen Keller.

En el local de la  escuela también va a funcionar el equipo de terapia asistida por perros. Este equipo ya está trabajando, por ejemplo, en la escuela n.º 236 de contexto crítico de Nuevo París, con niños y niñas con discapacidades y con problemas de aprendizaje. También estamos trabajando con ese mismo equipo de terapia asistida en una clínica que se dedica a atender a niños con autismo, que se llama Espacio para todos. A la vez, estamos visitando un hogar de adultos mayores donde estos perros de terapia trabajan; realmente hacen disfrutar  a estas personas y los hacen pasar un momento sumamente agradable y feliz.

                Lo último que quiero decir es que en la documentación que les alcanzamos también destacamos que de no prosperar este pedido que les hacemos para renovar la subvención y, en lo posible de mejorarla, dejaríamos pendiente las ilusiones de más de cuarenta personas que ya tenemos anotadas y que solicitan perro guía o perro de asistencia. En la escuela no solo van a trabajar personas remuneradas, sino también voluntarios que permanentemente están colaborando con nosotros en forma honoraria y que merecen nuestro reconocimiento.

                Eso es todo lo que les queríamos manifestar. Estamos a las órdenes por si los señores senadores tienen alguna inquietud o quieren formular alguna pregunta.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- El planteo ha quedado claro. Ya son conocidos de la casa, por decirlo de alguna manera. Queda constancia de lo expresado en la versión taquigráfica. La comisión oportunamente se ocupara de tratar todo esto.

(Se retira de sala delegación de la Fundación de Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia).

(Ingresa a sala una delegación de la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel).

–Damos la bienvenida a una delegación de la Comisión Honoraria de Apoyo del Hospital Maciel, integrada por el doctor Álvaro Villar, director del Hospital Maciel; la doctora Dinorah Castiglioni, secretaria de la comisión, integrante de la Comisión de Remodelación del Hospital Maciel, presidente de la Comisión de Ayuda al Enfermo del Hospital Maciel, declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo; la licenciada Selva Andreoli, presidenta de la comisión; el doctor Carlos Carvalho, integrante de la comisión, y el doctor Juan Pablo Decia, asesor jurídico de la CAHM.

                Es un gusto tenerlos aquí.

SEÑOR VILLAR.- Muchas gracias, señora presidenta.

Mi nombre es Álvaro Villar y soy director del Hospital Maciel.

En primer lugar queremos agradecer a la comisión por habernos recibido.

                La razón de nuestra presencia hoy aquí es plantear una situación que se da con la comisión que administra los fondos de los institutos de medicina altamente especializada que funcionan en el Hospital Maciel.

Como los señores senadores saben, en el Hospital Maciel funciona un centro de trasplante de médula ósea que en estos momentos es único en su tipo en el país. Es en el único lugar donde, además de desarrollar el tratamiento, se investiga, se crean líneas nuevas de trabajo. Está funcionando en conjunto con el Instituto Pasteur y el Instituto Pasteur de París. Es un centro de referencia nacional y es el único lugar donde se están haciendo en estos momentos trasplantes no relacionados y trasplantes con familiares directos, con resultados excelentes. También funciona el instituto de medicina altamente especializada que cubre las diálisis crónicas y peritoneales, con un servicio de nefrología muy destacado y reconocido en el país. Esto genera fondos que vienen del Fondo Nacional de Recursos y se vierten a la comisión para que esta pueda gerenciar los IMAE.

Quiere decir que dentro del Hospital Maciel funciona una entidad que tiene un derecho propio y un sistema de funcionamiento propio. Cuando se decidió, por ley, limitar a todas las comisiones de apoyo de ASSE su capacidad de contratar más personal, dado que esas comisiones recibían sus fondos directamente del Presupuesto nacional, se comprometió también a la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel, aunque los fondos que esta recibe no vienen directamente del Presupuesto nacional, sino del Fondo Nacional de Recursos.

Nosotros pedimos que se haga una excepción con esta comisión, y le voy a ceder la palabra al director adjunto del hospital, el doctor Decia, para que explique las características del proyecto que pensamos incluir.

SEÑOR DECIA.- Mi nombre es Juan Pablo Decia y soy asesor jurídico de la comisión y del Hospital Maciel.

                Como bien les explicaba el doctor Villar, la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel tiene como objetivo central la administración y gestión de los dos IMAE que funcionan en el Hospital Maciel: el IMAE de Hemato-oncología, donde se realizan los trasplantes de médula ósea en sus dos modalidades, y a la vez también todo lo que tiene que ver con la hemodiálisis crónica.

                ¿Cuál es la situación actual que tiene la comisión de apoyo en relación a la contratación de recursos humanos? El artículo 718 de la ley de Presupuesto pasada, la Ley n.º 18719, dispuso con carácter general una prohibición de contratación de personal para todas las comisiones de apoyo que funcionaban en Salud Pública, sin distinción de ninguna especie. La especificidad que tiene la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel es que los fondos de los que se nutre para gestionar y para administrar los IMAE son fondos propios, porque los genera a medida que va vendiendo servicios, los llamados proventos. Quiere decir que se cobran aranceles al Fondo Nacional de Recursos por la venta de servicios de trasplante y de diálisis crónica. Pero por imperio de la ley que recién mencionaba, la Comisión de Apoyo al Hospital Maciel quedó inhibida de contratar nuevos recursos, lo que genera una situación muy crítica en cuanto a la realidad actual de los IMAE que hoy funcionan en el Hospital Maciel y también en perspectiva frente a la eventualidad de ampliar el espectro de los IMAE del Hospital Maciel.  

Existen proyectos para la instalación de IMAE por trasplante de pulmón. También hay un proyecto que está muy bien encaminado y que tiene que ver con el aumento de plazas en diálisis. Y con el escenario actual que tenemos     –prohibición de contratar recursos humanos– esas posibilidades se van reduciendo cada vez más.

                A la vez, también genera una distorsión muy importante en lo que tiene que ver con el funcionamiento diario. Como la comisión no puede contratar personal, las bajas que se van produciendo por renuncias, despidos o acefalías temporarias por diversas razones, no pueden ser cubiertas mediante la contratación de sino que las vacantes tienen que llenarse de una forma oblicua, que no es más que un incumplimiento a la ley. ¿Por qué? Porque se contratan esos recursos a través de la Comisión 068 de ASSE. Esta es la que cubre las vacantes que se van generando en nuestra comisión y que nosotros no podemos contratar debido a la prohibición que mencionamos.

                A su vez, esa contratación oblicua a través de la Comisión 068 de ASSE genera que los trabajadores que ingresan a trabajar en los IMAE lo hagan en una situación disímil con relación al régimen aplicable a los trabajadores de nuestra comisión. ¿Por qué sucede esto? Porque la comisión del Hospital Maciel está categorizada en el Grupo 15 de la salud privada con beneficios que no reconoce el grupo que nuclea a los trabajadores de la Comisión 068. En consecuencia, se generan asimetrías en el mismo lugar de trabajo que son insalvables y que hacen que no resulte apetecible –por llamarlo de alguna manera– a los trabajadores que van a vincularse al IMAE por la Comisión 068, debido a las condiciones menos favorables que existen allí.  Por ejemplo, los trabajadores que ya pertenecían a la comisión local cobran beneficios tales como productividad por trasplante, antigüedad y más días de licencia. En definitiva, son beneficios que no tienen los que ingresan a trabajar a los IMAE a través de la Comisión 068.

                El tema es un tanto complejo, pero es la realidad que estamos viviendo. Es por eso que bregamos porque se excluya a nuestra a la comisión del Hospital Maciel de esa prohibición genérica de contratación de personal. La razón que inspiró al legislador a generar esa prohibición fue una mejor administración de los fondos presupuestales porque las comisiones locales muchas veces mal utilizaban esos fondos presupuestales. Fue por ese motivo que el legislador, con muy buen tino, trató de poner freno a esa situación y, a través de la ley de Presupuesto pasada, generó esta prohibición de contratación de personal.

                Queremos señalar que esta situación nos perjudica de una manera muy importante por la razón que mencionaba anteriormente: no podemos contratar más personal, no podemos pensar en ampliar el espectro de los IMAE y no podemos competir con el sector privado porque el régimen jurídico en el que se insertan los trabajadores a nuestros IMAE no es tentador para ellos y genera esa situación que estamos tratando de solucionar.

SEÑORA ANDREOLI.- Buenas tardes. Soy la presidenta de la comisión. Agradecemos la deferencia que han tenido con nosotros.

                Queremos decir que ya hicimos este planteo a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes. Ellos nos sugirieron dar este paso con ustedes ya que sabían que estaban trabajando en el proyecto de ley de Presupuesto.

                A su vez, también nos sugirieron hacer algunas modificaciones, incluso la de cambiar la denominación de nuestra comisión ya que no es una comisión de apoyo convencional. 

Les quería aclarar que nosotros no venimos a pedir plata. Quizás ustedes piensen: «Ya nos vienen a cargar con el presupuesto». No es así. Lo que no dijo el doctor Decia es que esos trabajadores que se contratan a través de la Comisión 068 se pagan con dineros de nuestra comisión. Es decir que hay una transferencia de fondos a nivel bancario que, si se quiere, es una especie de irregularidad, y no tendría sentido esta cosa oblicua que se hace como por el costado. Se trata simplemente de zanjar una situación y muchas veces lo que queremos es altas por bajas. Se producen bajas porque ha habido renuncias o se han jubilado pero, aunque les parezca mentira, cuando perdemos esos recursos humanos no podemos contratar a gente para que los suplan. Ya no estamos hablando de nuevos recursos humanos, sino de los que se van, y es por eso que se utilizó esta estrategia de ir a través de la Comisión 068. Reitero que esos sueldos se pagan a través de nuestra comisión; no salen del presupuesto de ASSE.

                Queremos regularizar la situación para terminar con este procedimiento que no corresponde. Es decir que deseamos que se nos excluya de ese artículo y, si mañana tenemos otro nombre que exprese realmente la relación contractual que se lleva a cabo, mejor. Fíjense que incluso los trabajadores pertenecen a otro grupo –el Grupo 15–, que no es el de los funcionarios de ASSE.

SEÑOR CARVALHO.- Suena raro que vengamos a este ámbito presupuestal y no pidamos dinero, pero en realidad la propia comisión de salud de diputados nos lo sugirió. Nosotros habíamos pedido ser recibido por las comisiones de ambas Cámaras, pero ellos nos decían que este impedimento surgió en una ley presupuestal, por lo que solamente otra podría derogarlo o modificarlo. Entonces, con las dos líneas que señalamos en nuestro reporte se podría regularizar la situación, lo que nos permitiría transitar en un Sistema Nacional Integrado de Salud en condiciones de competitividad con el sector privado. Hay que tener en cuenta que el sector privado no son hadas madrinas, es decir, hay empresas proveedoras que han comprado servicios de suministro, por lo cual con este sistema nos vemos con una inequidad de competitividad. Necesitamos más agilidad; simplemente necesitamos que nos digan que podemos contratar nuestro personal –cuando se va yendo– o incrementarlo, como en el caso de nefrología, para poder dar más servicios a más gente.

SEÑOR AGAZZI.- Es muy interesante el planteo que nos hacen quienes nos visitan. El asunto es que se llama Comisión de Apoyo del Hospital Maciel pero no tiene nada que ver con las comisiones de apoyo. El problema es que las comisiones de apoyo están regidas por normas legales como el Decreto         n.º 189/90, el Decreto n.º 243/97 y el Decreto n.º 185/2004. Estos decretos refieren al funcionamiento de las otras comisiones de apoyo, pero por lo que dicen ustedes esta no es una comisión de apoyo que se rija por esta legalidad. No debería llamarse comisión de apoyo, porque las de este tipo están determinadas por leyes y decretos específicos. Quizás esta comisión cumpla una tarea de apoyo al funcionamiento del hospital, pero no es una comisión de apoyo y no puede servir el mismo medicamento para dos problemas. Lo veremos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia y vamos a analizar el planteo, que parece razonable. Además, queda la versión taquigráfica para poder repasar los datos que nos dieron.

(Se retira de sala la delegación de la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel).

 (Ingresa a Sala la delegación del Centro de Navegación).

–Le damos la bienvenida a la delegación del Centro de Navegación, integrada por Alejandro González, presidente; la contadora Leticia Galarreta, gerente general, y la doctora Mónica Ageitos, asesora jurídica.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Buenas tardes. Agradecemos a los integrantes de la comisión por recibirnos en la tarde de hoy.

                Nuestra comparecencia responde a la preocupación de nuestro sector con relación a dos artículos del proyecto de ley de Presupuesto. Ellos son: los artículos 370 y 371.

                Nuestras inquietudes fueron planteadas al ministro Víctor Rossi y al presidente de la Administración Nacional de Puertos.

                Con relación al artículo 370, que trata sobre prórrogas a otorgarse a concesiones ya existentes, voy a leer el artículo. «Las concesiones que afecten un espacio territorial del recinto portuario (muelles, explanadas, depósitos, radas, etcétera), otorgadas al amparo de la Ley n.º 16.246, de 8 de abril de 1992 podrán prorrogarse por resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos, exigiéndose para ello: 1) La realización de nuevas inversiones, que impliquen la prestación de nuevos servicios, ampliación de los ya existentes o realización de obras, aun cuando no estén vinculadas a la concesión originaria, pero impliquen un mayor provecho económico y estratégico de los medios técnicos e inversiones destinados al desarrollo portuario, y que guarden razonable equivalencia con las exigidas en el contrato original. 2) Asegurar una dotación de personal nacional en relación laboral estable para mantener y dar continuidad a los servicios derivados de su actividad, mientras dure la misma». Sobre este artículo, el señor ministro nos explicó que el espíritu fue fortalecer la inversión privada. Nuestra institución puede entender este argumento, en el sentido de posibilitar la realización de mayores inversiones en otras áreas que no sean estrictamente la concesión existente, si bien la prórroga de plazos sería en esta. Sin embargo, la redacción propuesta nos deja algunas interrogantes y varias preocupaciones.

                En primer lugar, porque el artículo no establece un plazo o cantidad de prórrogas que se podrían otorgar por este sistema. Entendemos que esta potestad debe delimitarse, de forma que no sea un desaliento para la inversión de terceros que no gozan de una concesión. Al momento de comparecer ante la Cámara de Representantes, el ingeniero Díaz, Presidente de la Administración Nacional de Puertos, expresó que haría llegar una nueva redacción que contendría un plazo, pero esa modificación nunca fue enviada y, por el contrario, lo que se hizo allí fue agregar el numeral dos. Dicho numeral establece un nuevo requisito para otorgar la prórroga, que es el de asegurar una dotación de personal nacional en relación laboral estable, para mantener y dar continuidad a los servicios derivados de su actividad mientras dure la concesión. No entendemos por qué se discrimina a los trabajadores portuarios por su nacionalidad ni cuál es el alcance de esta norma, la que nos deja varias interrogantes. ¿Se podrá contratar a un técnico extranjero, en caso de necesitarlo? ¿Quién va a controlar que los trabajadores sean nacionales? No debemos olvidar que la Constitución de la República establece, en su artículo 8, que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o virtudes. En el proyecto de ley no se indica que exista una razón de interés general que permita restringir este principio fundamental.

                Por otro lado, la redacción es tan general que no establece el porcentaje de personal nacional que se debe asegurar. Seguramente esto conllevará a una instrumentación que podría ser discrecional o llevar a conflictos que nadie quiere.

En conclusión, este artículo nos preocupa desde un principio porque no establece plazo o cantidad de prórrogas, lo que podría llevar a un abuso de discrecionalidad, pero también nos preocupa el numeral agregado en la Cámara de Representantes que pretende obligar a los concesionarios, de forma general, a asegurar una dotación de personal nacional estable, sin más detalles y con el riesgo de una instrumentación o reglamentación que desconocemos.

El segundo artículo que nos preocupa es el 371, dado que refiere a la responsabilidad solidaria del agente marítimo. Este artículo dice textualmente: «Las personas físicas y jurídicas que soliciten los servicios o suministros correspondientes, los propietarios de buques y sus armadores, y los agentes o representantes de los mismos ante la Administración Portuaria, que no tomaran los recaudos obligatorios con la Administración Nacional de Puertos (ANP) y con los derechos de los trabajadores, son solidariamente responsables del pago de las obligaciones que se generen por el uso de los puertos o de las instalaciones administradas por la ANP».

                Vamos a hacer un poco de historia y a presentar los antecedentes. En la Rendición de Cuentas del año 2011 se había incluido un artículo muy similar. En dicha oportunidad nuestro centro de navegación presentó su disconformidad a la Administración Nacional de Puertos, exponiendo su argumentación y de la misma forma lo hizo ante este Parlamento. El planteo de nuestra institución fue recogido por el Parlamento nacional y se hizo una modificación, la que figura en el artículo 185 de la Ley n.º 18.834, que dice lo siguiente: «Los propietarios de los buques y sus armadores serán solidariamente obligados ante la Administración Nacional de Puertos al pago de las obligaciones que se generen en ocasión del uso de los puertos administrados por ella y del cumplimiento del Reglamento de Atraque. Las personas físicas o jurídicas que, como agentes o representantes de los armadores, soliciten servicios o suministros para los buques que operen en los puertos administrados por la Administración Nacional de Puertos, serán solidariamente obligados con los propietarios de los buques y sus armadores ante la mencionada Administración por los servicios o suministros solicitados». En las reuniones que hemos mantenido con las autoridades se nos ha dicho que es un tema de seguros y que entendían que nunca se iba a responsabilizar al agente marítimo, ya que los seguros de los buques siempre pagan.  

Esto nos lleva a expresar lo siguiente: si existe seguridad en el cobro de las deudas por parte de los seguros, ¿por qué se sigue intentando responsabilizar al agente marítimo? Parece que no habría razones para establecer una solidaridad en estos casos. Aun cuando exista seguro, en la responsabilidad solidaria el acreedor tiene la libertad de elegir a cuál de los deudores solidarios cobrar, por lo que legítimamente se podría dar la situación de que la Administración Nacional de Puertos decida cobrarle al agente en lugar del buque. En caso de que se eligiera cobrar al buque, el seguro que paga ciertamente irá contra el agente para cobrarse la mitad de la deuda que fue pagada; artículo 1404 del Código Civil.

                En las reuniones mantenidas con el presidente de la ANP se nos ha manifestado que se incluyó esta norma pensando en los buques con estadía prolongada, que su gran mayoría son pesqueros, alegando que se convierten en un problema cuando quedan abandonados. Entendemos que la Administración cuenta con otras herramientas para contrarrestar este problema como, por ejemplo, el Reglamento General de Atraques, que exige requisitos adicionales a este tipo de buques, entre los que se incluye, además del seguro internacional, uno local, cobertura de responsabilidad civil adicional por USD 400.000 y daño ambiental por USD 200.000. La doctora Mónica Ageitos expondrá otras herramientas desde el punto de vista jurídico.

                Por otra parte, la autoridad ha manejado la posibilidad de sustituir el concepto de responsabilidad solidaria por el de responsabilidad subsidiaria; la consecuencia final es exactamente la misma. En caso de que el armador no responda o no alcance el capital para cubrir la indemnización, el agente marítimo continuará siendo el responsable por una acción que no pudo controlar ni va a poder afrontar.

                Conclusión: nuestra institución comprende, y hasta podríamos decir que comparte la preocupación de la ANP por los inconvenientes que le provocan los buques abandonados, pero considera que el artículo propuesto no soluciona el problema. Por el contrario, perjudica a un sector al establecer a los agentes marítimos una responsabilidad injusta y desproporcionada que lo puede llevar a comprometer su negocio, y la Administración no soluciona el problema que supuestamente generó el dictado del artículo.

                Insistimos en que es una preocupación compartida y ya nos pusimos a las órdenes de las autoridades para estudiar y buscar una solución al problema.

                Nuestra solicitud es que se retire de la discusión este artículo dado que, lejos de solucionar el problema, a nuestro criterio condena injustamente, estableciendo una responsabilidad desproporcionada a los agentes marítimos del Uruguay.

Para reforzar nuestros argumentos desde el punto de vista jurídico, solicito se conceda la palabra a nuestra asesora, la doctora Mónica Ageitos.

                Muchas gracias.

SEÑORA AGEITOS.- Buenas tardes.

                Desde el punto de vista jurídico, en esta oportunidad el Centro de Navegación está no está de acuerdo con el artículo 371 por las mismas argumentaciones planteadas en la Rendición de Cuentas del año 2011, que paso a detallar.

                Se busca torcer la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ha impedido responsabilizar al agente marítimo por daños causados por el buque a la infraestructura, o por sanciones dispuestas directamente al armador.

                Busca hacer responsable al mandatario o representante de las deudas del mandante o representado. De esta forma se desconoce que la función jurídica y económica del agente marítimo es instrumental a la operativa del buque y no existe una comunidad de intereses entre el armador y el agente, lo que lleva a que no pueda responsabilizarse al agente por deudas del armador.

                No existen razones de interés general que permitan establecer una solidaridad como la que se propone, lo que expone a la norma a ser considerada inconstitucional por violar los artículos 7 y 32 de la Constitución de la república.

                Puede desembocar en riesgos patrimoniales del agente que incluso no tiene posibilidades de conocer, y menos de evitar.

                En algunas circunstancias pueden darse casos de limitaciones al derecho de defensa del responsable solidario, o directamente de indefensión.

                La solidaridad común o típica parte de la base, como ustedes saben, de la existencia de una comunidad de intereses o de fines entre los deudores solidarios. En este caso no hay comunidad de intereses entre el armador y su representante, el agente. Este es un mandatario que no puede ser responsabilizado en su patrimonio por hechos o actos imputables a su representado sin que medie actuación personal del representante. Tenemos que tener presente que se trata de comerciantes independientes que no tienen un negocio en común.

                La solidaridad pasiva prevista puede desembocar en una situación injusta para el representante o agente, de acuerdo a lo previsto en los artículos 262 a 276 del Código de Comercio.

                La demanda contra el armador interrumpe la prescripción respecto al agente. El reconocimiento de la deuda por el armador afecta al agente.  El agente deudor solidario solo puede defenderse basado en circunstancias relacionadas con la naturaleza de la obligación o con aquellas defensas que pudieran esgrimir los demás codeudores, pero no podrá defenderse a partir de una excepción que solo fuera personal al armador.

                Entre las herramienta con que cuenta la autoridad para solucionar el problema de los buques abandonados, además de las disposiciones del Reglamento General de Atraques ya mencionadas, debemos señalar que el artículo 374 del proyecto de ley de presupuesto habilita a la ANP a solicitar seguros y garantías que entienda necesarios para los buques de estadía prolongada. Esto  dará suficiente certeza a la ANP de que en caso de ser necesario podrá solicitar nuevas fianzas.

                Asimismo, la Ley n.º 18834  –Rendición de Cuentas de 2011– otorgó a la ANP  acción ejecutiva para el cobro de todos los créditos que resultaren a su favor, generados en ocasión del uso de los puertos que administra y del cumplimiento del Reglamento General de Atraques.

                Por lo tanto, si los buques dejaran de pagar, la Administración podrá comenzar un juicio ejecutivo por el cobro, que puede llevar al remate del buque.

                El artículo 236 de la Ley n.º 16320 otorga competencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Hidrografía, para intimar la extracción de embarcaciones hundidas, semihundidas o varadas, ubicadas en el espejo de agua o en el área portuaria de los puertos de carácter deportivo, turístico o comercial de la república.

                Una vez que se procede a una serie de notificaciones solicitadas por la ley, se produce la verificación del abandono y la traslación del dominio en favor del Estado quedando sin efecto todos los derechos reales, personales o de cualquier especie que existan a favor de los terceros respecto de la embarcación abandonada, salvo que estos asuman a su cargo la extracción de la misma y el pago de todos los gastos y deudas pendientes.

                Como se dijo, la responsabilidad solidaria entre propietario y armador es una regla en nuestra legislación. En este sentido, los artículos 10 a 13 de la ley n.º 16688, que establece la responsabilidad en caso de contaminación, indican que los propietarios o armadores de buques, explotadores de aeronaves, artefactos navales, instalaciones establecidas en tierra o de plataformas submarinas son solidariamente responsables.

                Por su parte, el artículo 12 expresa que mientras no se pague la deuda, si el buque salió de jurisdicción nacional, no se despachará ningún buque de la Agencia Marítima que lo representa. Esta es una responsabilidad que se le establece al agente, pero está muy lejos de ser una responsabilidad solidaria.

                En el derecho comparado no hemos encontrado una solución parecida a la que estable el proyecto de ley de presupuesto, y si miramos la región, específicamente Argentina, podemos ver que la solución encontrada para el problema es distinta.

                La ley de navegación argentina establece que «todo interesado en reflotar, extraer, remover o demoler un buque, artefacto naval, aeronave o restos náufragos, en aguas jurisdiccionales argentinas, debe solicitar autorización a la autoridad marítima. Del pedido se notificará al propietario y si el buque es de bandera extranjera al cónsul respectivo, quienes dentro de los treinta (30) días, en el primer caso, y de sesenta (60) en el segundo, pueden manifestar su oposición. Si esta no es razonable o si nada se manifestare, la autoridad  marítima puede conceder la autorización solicitada. En el caso de que se ignore el nombre del propietario o la nacionalidad del buque, artefacto naval o aeronave, el pedido debe hacerse conocer mediante publicaciones, que serán a cargo del interesado, en un diario durante tres (3) días, contándose los plazos a partir de la última publicación». De esta forma lo soluciona la legislación argentina.

                Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Damos la bienvenida a los representantes del Centro de Navegación. Es un gusto tenerlos en la comisión.

                Cuando vino la Administración Nacional de Puertos  cuestionamos el artículo 370 porque no deja de ser un cheque en blanco de la administración para poder hacer lo que quiera. Incluso, nadie sabe cuál es el porcentaje de lo establecido en el numeral segundo de dicho artículo que incluyera la Cámara de Representantes. Tampoco obedece a que tengamos un puerto extranjerizado en cuanto a la materia laboral, en tanto creo que trabajan 50.000 uruguayos. No veo la necesidad de todo esto; esta condición no agrega nada e incluso deja una situación de mayor incertidumbre.

                Para ser sinceros, de no ser por estas reuniones no habríamos advertido el artículo 371; sí habíamos cuestionado el artículo 370, como recién mencioné.

                El artículo 371 genera la situación que explicaron los representantes del Centro de Navegación. Al respecto, quisiéramos hacer básicamente una pregunta. La explicación de la Administración Nacional de Puertos es por el tema de los buques abandonados en puerto, aunque supongo que ustedes habrán dado los argumentos que muy bien hoy han explicado la doctora y el presidente del Centro de Navegación, que se refirió no sólo el tema del seguro, sino también a otro tipo de instrumentos, como el establecido en el artículo 374.  ¿Qué les contestó la Administración Nacional de Puertos cuando dieron estos argumentos tan contundentes? Quisiera saber cuál es la necesidad de la insistencia, si se tiene el artículo 374 que le da una amplia potestad a la Administración Nacional de Puertos para requerir más seguros y más garantías, además de los otros instrumentos que tiene –que todos compartimos– para sacar los buques abandonados que, indudablemente, nos generan un problema serio en el puerto. Igualmente, el artículo 371 no debería generar esta suerte de incertidumbre.

                Entonces, la pregunta –porque creo que la exposición fue clara– es: ¿cuál fue la respuesta de la Administración Nacional de Puertos sobre la insistencia del artículo 371?

SEÑOR GONZÁLEZ.- Me permito contextualizar un poco el asunto.

                En primer lugar, los puertos de la república no están llenos de barcos abandonados. En segundo término, los buques que solicitan estadías prolongadas en su mayor porcentaje están relacionados con la industria de la pesca. Puede haber alguna otra situación particular de alguna barcaza que por el sistema de la hidrovía se quedó en algún puerto comercial o eventualmente algún buque granelero, pero son los menos. No me animo a decir cuál es el porcentaje de buques abandonados pero, definitivamente, aun cuando reconocemos que es un problema, no es uso y costumbre que todos los meses queden buques abandonados en los puertos.

                Tal como se explicó, cuando compareció la Administración Nacional de Puertos, acompañando al señor ministro Rossi, en la versión taquigráfica se puede notar que el ingeniero Alberto Díaz definió este artículo como complicado, complejo y antipático –no sé si estoy usando los términos correctamente– para los agentes marítimos del Uruguay. Como se explicó, no es la primera vez que se presenta un texto de similar contenido. Este tema fue arduamente debatido con el señor ministro y también con el presidente de la Administración Nacional de Puertos y el Centro de Navegación quedó a la orden para, por un lado, manejar un texto alternativo que solo refiriera a los buques pesqueros –que es el problema–, porque si este artículo entra en vigencia regirá para todos los tipos de buques y actividades portuarias que se desarrollan en los puertos, como los armadores containeros y demás. Pero, además, el agente marítimo se hace responsable de una situación que no puede controlar. Si mañana un buque, en una maniobra de atraque y desatraque, rompe un muelle que tiene un valor de USD 5:000.000, USD 6:000.000 o USD 10:000.000, el agente marítimo tiene que hacerse responsable de esa situación, cuando los buques o las compañías internacionales tienen los seguros correspondientes. Entonces, así quedó planteado el asunto.

                Creo que hay sensibilidad por parte de las autoridades, pero lamentablemente el artículo no se retiró y hoy seguimos con este problema, motivo por el cual venimos a exponer nuestra petición para que, sin más, sea retirado.

SEÑOR HEBER.- Sé que es tarde y que estamos todos cansados, pero me parece importante, por lo menos, aprovechar la instancia.

                En el caso de que se retire, que sería el plan A –veo difícil que se haga–, ¿por qué no vamos al plan B? Le pedimos a la doctora que trabaje un poco más en una redacción alternativa para que conversemos en la Cámara de Senadores, en cuanto a que si son los buques pesqueros los que generan el problema, primero acotémoslo a los buques pesqueros.

                También deseo hacer una sugerencia en cuanto al tema de los plazos y a derogar el numeral 2) del artículo 370. Repito, que sería bueno que nos hicieran una propuesta, ya que todavía tenemos tiempo de negociar a fin de buscar una solución que contemple a la Administración Nacional de Puertos y no afecte a los agentes marítimos, a quienes necesitamos con certidumbre, confiados, para vender en nuestro puerto, porque creo que esa es la lucha que está llevando adelante nuestro país desde hace muchos años.

SEÑOR CAMY.- Quiero dar la bienvenida al Centro de Navegación y decir que tengo el honor de presidir la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, y como tal he recibido una nota de ellos vinculada a este planteamiento sobre el presupuesto. Precisamente, teníamos previsto hacer una convocatoria en la dirección que señala el señor senador Heber. Estamos hablando de una organización de cien años, integrada por representantes del quehacer vinculado al transporte marítimo y fluvial, a la actividad portuaria y al comercio internacional, y representativa de agentes marítimos, de operadores portuarios y de terminales de contenedores, así como de depósitos particulares. Sin pretender sustituir una responsabilidad de legislación que tiene este ámbito, nos parece que sería oportuno conocer si han encontrado en el derecho comparado –que es uno de los aspectos que nos vinculan en el trabajo parlamentario, concretamente cuando tratamos de conocer cómo se resuelven en el mundo los temas que debemos considerar aquí–, específicamente en la legislación argentina, una solución distinta a la que acá se plantea. Me gustaría saber si esa es una posibilidad para el Centro de Navegación.

SEÑOR GONZÁLEZ.- En primer lugar, voy a responder al señor senador Heber. En el día de ayer nuestro Centro de Navegación envió al presidente de la Administración Nacional de Puertos un artículo alternativo. En eso habíamos quedado, ya que comprendemos y en definitiva queremos ayudar a la Administración Nacional de Puertos y, por supuesto, al señor ministro de Transporte y Obras Públicas. En consecuencia, presentamos un texto alternativo, obviamente, esperando que hubiera espacio para recibirlo. Ahora estamos a la espera de algún tipo de comentario por parte de la autoridad, por lo que no quisimos, por un tema de orden y formalidad, traer aquí ese texto en el día de hoy.

                La ley argentina –estoy analizando esto más desde un punto de vista político que técnico– puede ser una vía de solución. Pero creo que nosotros tenemos –y eso es lo que se propone– instrumentos claramente definidos para que la Administración Nacional de Puertos, en caso de que entienda que un buque corre el riesgo de quedar en una situación de abandono, pueda tomar las precauciones necesarias porque así está estipulado, incluso, en el reglamento de atraque. Precisamente, por ese reglamento el agente marítimo se presenta a la oficina de decretos de la Administración Nacional de Puertos y solicita muro para tal o cual buque. En el caso de los pesqueros, que son un dolor de cabeza –y no todos, sino algunos–, está estipulado ese conjunto de garantías a las que hacíamos referencia, pero también en los artículos que se proponen la Administración Nacional de Puertos tendría facultades adicionales para pedir todos aquellos seguros e instrumentos que le den confianza de que un buque no va a quedar abandonado. Un buque abandonado constituye una situación extrema, no es lo común. Volviendo al principio, si este artículo que se propone entra en vigencia alcanza a todas las actividades marítimas y portuarias y, además, nos coloca en una posición muy compleja con los armadores y las compañías navieras a las que representamos. Si ante una situación que no puedo controlar ni evitar corro el riesgo de ser pasible de multas económicas muy fuertes, que incluso hagan inviable la operativa de nuestras empresas, tendría que pedir, por ejemplo, garantías a armadores internacionales de granos por si eventualmente hay algún problema. Como bien se dijo acá, estos armadores cuentan con seguros millonarios que los cubren de todo tipo de riesgo. Creo que ante una situación probada de negligencia los seguros van a responder. El problema es que si este artículo entra en vigencia y el seguro responde, va a ir contra nosotros hasta un 50 % de lo pago; esta situación hace inviable la operativa de cualquier agencia marítima del Uruguay.

                No sé si con esto queda respondida la pregunta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la información brindada por la delegación, estamos atentos a ver si surge alguna alternativa y analizaremos en la comisión los planteos que ustedes han formulado.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Muchas gracias por habernos recibido.

               

(Se retiran de sala representantes del Centro de Navegación).

                (Ingresan a sala funcionarios del Piñeyro del Campo).

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado tiene el gusto de recibir a funcionarios del hospital Piñeyro del Campo. La delegación está integrada por el señor Daniel Ríos y las señoras Nybia Lanzavecchia, Estela Arismendi, Rosalía Panza, Martha Rego, Pattry Trinidad y Sandra Zagami.

SEÑORA PANZA.- Soy médico geriatra y directora del Hospital Piñeyro del Campo desde hace dos años. Venimos en representación de todos los funcionarios del hospital. Quizás es llamativo que venga la dirección del hospital, pero en realidad estamos acá para presentar un proyecto que hicimos todos con relación a un incentivo económico para los funcionarios. ¿Por qué decimos esto? Porque trabajamos en un hospital para ancianos con extrema vulnerabilidad; son personas mayores de 65 años usuarias de ASSE pero con dependencia para las actividades de la vida diaria. Esto quiere decir que todos necesitan ayuda  para las diferentes actividades.

                Todos sabemos que trabajar con personas ancianas pone en riesgo la salud física y mental de los funcionarios. Trabajamos con personas mayores que tienen múltiples patologías propias del envejecimiento más otras que les van ocurriendo a lo largo de la vida. En este lugar hay personas que tuvieron patologías psiquiátricas de jóvenes y ahora envejecieron; personas que perdieron la funcionalidad desde el punto de vista físico, y también personas que tienen problemas de demencia. Esto hace que la sobrecarga en el trabajo sea múltiple. Estamos enfrentados diariamente a la sobrecarga física por la movilización de personas con dependencia funcional, pero también estamos enfrentados a una sobrecarga emocional de trabajar siempre con la misma persona que va envejeciendo muchas veces en camino a la demencia y a la muerte; nos enfrentamos a la muerte en forma diaria.

                El lugar de trabajo debería promover la salud y, a su vez, mantener la salud. Muchas veces el trabajo con este tipo de población desgasta la salud mental del funcionario. Entendemos –y por eso hicimos este proyecto– que necesitamos un incentivo económico para que los funcionarios no huyan de nuestro sistema de salud público al sistema privado. ¿Por qué lo hacen? Porque los salarios son muy bajos y la brecha público-privada, muy grande. Entonces, muchas veces lo que sucede es que comienzan a trabajar y rápidamente fugan al sistema privado.

SEÑOR RÍOS.- Soy el presidente de la Comisión Interna del Piñeyro del Campo. Con el equipo de gestión del hospital y con el resto de los funcionarios del centro hicimos un proyecto sobre lo que pensamos que puede ser el Piñeyro del Campo.

                El gran problema del centro es que tiene nada más que 86 funcionarios para la  atención directa de 237 pacientes repartidos en cuatro pabellones, dependiendo del grado de complejidad de los residentes. Esos 86 funcionarios están repartidos en cuatro turnos y se nos torna muy complejo dar una calidad de asistencia.

Por eso vinimos hasta acá a hacerles esta solicitud que hemos estudiado por todos los medios. Todos conocemos lo que gana un funcionario público dentro de ASSE. Cuando se hacen llamados, se anotan cuatro o cinco personas y la mayoría de ellas vuelve al sector privado cuando tiene una oferta mejor.

Sabemos lo que es trabajar en el Piñeyro del Campo y las consecuencias que tiene, como el desgaste físico y mental que mencionó  la directora. En la tarde de hoy se hizo presente el doctor  Porciúncula en el hospital, a quien le señalamos que la única forma de que ingresen funcionarios es a través de un incentivo. ¿Por qué? Como explicamos varias veces, la propuesta no es para nada atractiva. El Piñeyro del Campo precisaría por lo menos alrededor de 80 funcionarios más para poder dar calidad de asistencia. Lo que brindamos actualmente es asistencia mínima porque contamos con los recursos mínimos indispensables. Estamos al borde de que suceda un  accidente; no sabemos lo que  puede llegar a pasar dentro del hospital con los residentes. Iniciamos el proyecto hace un año y al día de hoy podemos decir que los números siguen bajando. En aquel momento teníamos alrededor de 95 funcionarios dependientes para la asistencia directa al paciente y ahora estamos en menos de 86. Realmente la situación es crítica, caótica. Intentamos por todos los medios llevar a cabo el plan del Piñeyro del Campo, pero sin un incentivo lo vemos totalmente imposible. Nosotros somos conscientes de lo que estamos pidiendo; somos conscientes de que es complejo; somos conscientes de que el presupuesto es acotado, pero también vinimos a explicar nuestra realidad. No consideramos que el Piñeyro del Campo tenga que pasar por esto. Sabemos que podemos dar mucho más, tenemos claro que tenemos área física y personal capacitado para ser un centro modelo a nivel regional y nacional, y por eso que vinimos a pedírselo.

SEÑORA ARISMENDI.- También integro el grupo de funcionarios y si bien no estoy en el área directa de atención al paciente todos somos necesarios.

Quiero aclarar un par de puntos. Lo que nosotros vinimos a plantear hoy es una reivindicación que ya es un derecho adquirido. Los señores senadores tienen el proyecto en el material que les entregamos. La primera hoja es la resolución de ASSE, con fecha de 2012. Somos la única unidad dentro de esa área que no cobra ese plus del salario; las demás unidades de salud mental ya lo tienen integrado al salario. Somos los únicos que aún no hemos sido tenidos en cuenta. Hemos iniciado un recorrido para hablar con las autoridades. Estuvimos en la comisión de salud de la Cámara de Representantes y allí nos dijeron que ese punto no se había tratado en la comisión de presupuesto. Por lo tanto, nos aconsejaron que viniéramos a hablar con los señores senadores. Sabemos que el tiempo que queda es muy acotado, pero estamos reivindicando algo que deberíamos tener integrado a nuestro salario desde hace mucho tiempo. No es que ahora vengamos a pedir esto para que lo agreguen, en realidad se trata de que lo redistribuyan. Esos son los puntos que queremos aclarar. No sé si los señores senadores tienen preguntas.

El señor senador Agazzi ya nos visitó, ya conoce el tema de antes porque fue el primero con el que hablamos. No sé qué conocimiento del tema tienen los demás señores senadores. Si tienen preguntas las responderemos encantados.

SEÑOR CAMY.- Quiero saludar la presencia de la Asociación de Funcionarios del Piñeyro del Campo. La conocemos como una institución reconocida por todos los uruguayos por los nobles objetivos que la constituyeron y que hacen a su existencia. Me queda claro lo que figura en el material que nos entregaron en referencia a la resolución de ASSE. Naturalmente, no he podido leer el proyecto en este tiempo, pero lo voy a hacer.

                La pregunta concreta que quiero hacerles es cuántos funcionarios son del Piñeyro del Campo. Entendí que son ochenta y seis. Quiero saber cuántos son y cuál es el plus al que aluden porque nos dijeron que de los que están involucrados en la resolución ustedes son los únicos que no lo perciben, a los efectos de tener el número en la cabeza. El resto fue muy bien explicado y no me genera más dudas.

SEÑOR AGAZZI.- Cuando oí la situación del Piñeyro del Campo y lo que reclamaban sus actores pensé que era otro más que pedía plata y por eso fui. Pero quiero manifestar la sensación gratificante que tuve de ver cómo ha cambiado, está prolijo y todo se ha hecho con cariño. Los cercos están podados, el pasto cortado y la casa está pintada. Estuve en la casita del fondo donde había gente mirando televisión. También hablé con gente de la lavandería. Es absolutamente legítimo lo que nos vienen a pedir. Otro tema son las herramientas que tenemos para darles respuesta.

Reitero que es una institución que ha cambiado muchísimo últimamente y, si ha cambiado tanto, es por el trabajo de ustedes. Además, es una cosa rara, porque vienen las autoridades con los trabajadores y con los médicos a pedir que a esa institución se la trate mejor. Y les agradecemos que lo hagan.

Nosotros tenemos la responsabilidad, en este trabajo de zurcir el Presupuesto, de ver de qué manera se puede hacer esto. Sabemos que es parte importante del problema de ASSE. No es un problema de ustedes, sino que es un problema de ASSE, dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y hasta diría que tiene que intervenir el Sistema de Cuidados.

Me parece que tiene que haber recursos para tratar esas distintas situaciones que ustedes atienden allí y es muy importante que haya gente que lo haga con cariño, como lo hacen ustedes, y que lo haga bien. Por nuestra parte tenemos la obligación, después de que recibimos el planteo y conocemos la situación, de buscarle la vuelta e iniciar los diálogos, ahora o después, porque esto tiene cambiar.

SEÑOR RÍOS.- Con respecto a la pregunta que se nos hacía, el Piñeyro del Campo hoy por hoy cuenta con 400 funcionarios, de los cuales solamente 86 están dedicados a la atención directa al paciente y los números siguen bajando, como dije anteriormente.

                En cuanto al incentivo, en el año 2010 ASSE nos coloca en el programa de crónicos; en aquel momento se llamaba de esa manera. Allí estaban las colonias y el Vilardebó y entrábamos nosotros. Hoy por hoy se agregó una nueva institución, que es el Portal Amarillo, y eso pasó a ser Salud Mental. Desde ese entonces, el Piñeyro del Campo está en el organigrama de ASSE dentro de Salud Mental, pero nosotros no cobramos ni tenemos ningún beneficio, a diferencia del resto de los centros, que cuentan con absolutamente todo. Nada del Programa de Salud Mental se ha volcado directamente al Piñeyro del Campo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero hacer una pregunta para que nos entendamos de qué estamos hablando, en dinero, porque en última instancia el incentivo es dinero y estamos en la Comisión de Presupuesto. La pregunta es, concretamente, qué cantidad de dinero estarían manejando.

SEÑORA PANZA.- Estimamos que la cifra estaría en el entorno de los              $ 2:000.000.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Y per cápita cuánto representaría ese incentivo que les correspondería?

SEÑORA PANZA.- Unos $ 8.000 o $ 10.000.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

Con esos datos por lo menos tengo una idea numérica, porque me estaba costando entender cómo podíamos aterrizar en números el planteo realizado.

Agradecemos, entonces, la presencia de la delegación de funcionarios del Piñeyro del Campo, tomamos nota y repasaremos después en la comisión los planteos que se han realizado.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 19:28).