SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 9:44).

–La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado da la bienvenida a la señora Ministra de Turismo y a la delegación que la acompaña.

Les informo que tenemos tiempo hasta las 11, dado que para esa hora está agendada otra delegación. El ministerio tiene para informar tres artículos, por lo que les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA MINISTRA.- Buenos días. En primer lugar, me gustaría transmitirles a los senadores del Partido Nacional, como también a los compañeros de José Carlos Cardoso, nuestro deseo de una pronta recuperación. Por el departamento que representa el senador Cardoso hemos trabajado muchísimo todos estos años con él y realmente nos apenamos mucho por lo ocurrido. De todas formas, hay algunas noticias auspiciosas y es el deseo de todo el Ministerio su pronta recuperación.

(Apoyados).

SEÑOR HEBER.- Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA.- Como bien dijo la señora presidenta, tenemos tres artículos, que no sé si en el Senado han mantenido los mismos números. En el proyecto original eran los artículos 337, 338 y 339.

SEÑORA PRESIDENTA.- En el proyecto a estudio del Senado son los artículos 341, 342 y 343.

SEÑORA MINISTRA.- El primero de ellos tiene que ver con partidas especiales de compensaciones para los trabajadores del Ministerio, que van a estar sujetas a compromisos de gestión. El segundo artículo refiere a un conjunto de partidas que están muy atomizadas, por lo que buscando un ordenamiento las logramos unificar. Es decir, se trata de un artículo que habla de una partida asignada a la unidad ejecutora 001 vinculada a compensaciones. Y el tercer artículo está relacionado con la necesidad de exceptuar al Ministerio de Turismo de lo dispuesto por el artículo 494 de la Ley n.º 16226, en el caso de la realización de campañas de promoción del país en el exterior. En ese caso nosotros estábamos sujetos a la obligatoriedad que prevé esa norma, de contratar personal uruguayo. Entonces, al hacer campañas en el exterior estábamos como bloqueados, porque los países limítrofes como Brasil y Argentina también tienen esa condición. Teníamos que hacerlo con uruguayos y ellos con residentes, es decir, con brasileños, argentinos, chilenos o paraguayos. Creo que esto es de sentido común, teniendo en cuenta la particularidad de las campañas de nuestro ministerio que, obviamente, se hacen en otros países. Muchas veces se utilizan personas de esos otros países, por lo que teníamos una gran dificultad, que este artículo soluciona.

                En cuanto a los objetivos del quinquenio, el Ministerio  ha tratado de plasmar en este presupuesto cinco o seis grandes líneas de trabajo. La primera es seguir consolidando al turismo como una actividad económica de primer nivel, como lo indican las cifras. En el mundo, el turismo tuvo 1.140 millones de viajantes e ingresaron 1.245 billones de dólares por esta actividad. Ha tenido un crecimiento en los últimos treinta o cuarenta años y es parte del sostén de muchas economías de países en desarrollo y desarrollados. Uruguay no es la excepción; en estos últimos quince o veinte años, es una actividad que se ha ido consolidando y las cifras nos indican que generan unos 100.000 puestos de trabajo, con 2:850.000 visitantes y USD 1.800:000.000 de ingreso. A su vez, pensamos que este año vamos a superar estas cifras. De enero a octubre de 2015 hemos tenido 2:200.000 visitantes extranjeros, lo que significa un 7 % más que el año pasado, por lo que este año tenemos expectativas de acercarnos más a los 3:000.000 que las que teníamos el año pasado. Por otra parte, cabe destacar que tuvimos una notoria recuperación del turismo argentino y –a pesar de los temores que teníamos– un mantenimiento del brasileño. En algunos meses hay una baja del 1 % o 2 %, pero en realidad las cifras se mantienen.  Como todos saben, esta actividad impacta en el PIB y las últimas  informaciones nos dicen que nuestro impacto es el 7.7 %. Por lo tanto, la primera gran línea es la actividad económica de primer nivel y seguir trabajado con ese criterio.

                La segunda gran línea es diversificar mercados. Uruguay tiene en estos diez años cerca de un millón de turistas más. Cuando nosotros llegamos al Ministerio el 80 % eran argentinos y hoy es el 60 %, porque hemos ido conquistando más turistas europeos, americanos, del resto de la región, y nos proponemos trabajar fuertemente con Colombia, México y Perú; tenemos una conectividad que nos ayuda a desarrollar esa tarea.

                La tercera línea tiene que ver con la diversificación de los productos. Hoy estamos trabajando en nuevos productos, además de los tradicionales que tenemos: Sol y playa, Histórico Cultural, el crucerismo y las termas, que es un destino que desde hace unos cuantos años se ha desestacionalizado. Uno de los nuevos destinos es el llamado turismo rural, que tiene que ver con espacios en la naturaleza. El ministerio no tenía registro de esa actividad y hoy hay ciento treinta establecimientos rurales registrados y capacitados, que están brindando ese servicio.

 También estamos desarrollando el turismo gay friendly que ha venido creciendo y se ha consolidado fuertemente como un producto, unido a un conjunto de derechos que en Uruguay se han conquistado. Está dirigido a un segmento muy sensible que busca llegar a destinos amigables, donde se sientan respetados. Cabe señalar que nuestro país hoy está en primer lugar como destino amigable de América Latina para ese segmento.

                En esa misma línea estamos desarrollando el turismo idiomático. Muchos jóvenes europeos vienen a estudiar español a América Latina y nosotros conglomeramos instituciones de enseñanza de lengua. Este es un producto que trabaja muy bien Argentina, y Uruguay ha ido captando una parte del mercado.

Otro gran desafío es el turismo náutico y fluvial. Nuestro país siempre ha tenido ríos navegables maravillosos, pero no tenía un producto turístico. En ese sentido, me voy a referir a la cuarta línea que es la descentralización que nos ha permitido instalar lo que llamamos el Corredor de los pájaros pintados, en el litoral, producto del trabajo descentralizado que hicimos con el programa del BID. Como es de conocimiento de los señores senadores, en el 2008, por primera vez en la historia, el ministerio obtuvo un préstamo del BID para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos. Como funcionó muy bien nos dieron un segundo préstamo y hoy, en la discusión de este presupuesto, hemos asegurado al Ministerio de Economía y Finanzas que vamos a tener un tercer programa BID. El que está aplicándose tiene que ver con la descentralización  y eso explica que hayamos podido llegar a pequeñas poblaciones. Para nosotros era un precepto dejar de hablar de turismo solo en la costa atlántica y extenderlo a todo el Uruguay. Hoy podemos decir que es una realidad y que todas las intendencias han comprendido el valor de esta actividad.

En el año 2000 fui directora de turismo de Montevideo y en aquél entonces eran muy pocas las intendencias que tenían directores de turismo. Hoy, las diecinueve intendencias los tienen y trabajamos en forma conjunta, estamos haciendo un muy lindo trabajo, por supuesto, con el tercer nivel de gobierno. Esto nos permitió crear esta red llamada Corredor de Los pájaros pintados con estaciones náuticas –las que voy a describir rápidamente a continuación– que comprende la compra de algunas embarcaciones, previa licitación, para que puedan empezarse a hacer paseos náuticos, y fundamentalmente para lograr el desarrollo local. Así es que estamos en Nuevo Berlín, San Javier, Belén, Constitución, Montes del Queguay; ha sido una experiencia fantástica que une y construye la red de los pájaros pintados.

                Por otro lado, hay otra línea de trabajo muy fuerte, que es el tema del turismo social. Sabido es que en el concepto que tiene el ministerio y que nuestro plan de gobierno tenía de derecho humano, el ocio y la recreación, creamos un sistema nacional de turismo social en donde intervienen otros organismos –el BPS, la propia enseñanza–, pero lo lidera más bien el Ministerio de Turismo. En estos cinco años nos proponemos llegar a una porción todavía mayor de personas.

                Es un programa que, desde mi punto de vista, defino como conmovedor porque en la vida real nos hizo confirmar que el derecho humano a la recreación mejora la calidad de vida de la gente. La verdad que ha sido muy bueno que domésticas, peones rurales, personas que trabajan en institutos con discapacitados y que ganan salarios muy menguados, tuvieran tres días de descanso. Muchos nos decían que era la primera vez que se sentían atendidos y servidos.

                Ni que hablar del programa Quinceañeras que diseñamos para beneficiarias de Asignaciones Familiares porque no tenían fiesta ni viaje. Realmente ya han viajado 1500 chiquilinas de todos los pueblitos del Uruguay.

                La selección generó una discusión profunda en el ministerio. Decidimos seleccionar a los que tenían un promedio de más de 6. Tuvimos muchas dudas de si estábamos siendo justos. Creo que sí, que fue bueno como un incentivo. La verdad es que a veces, cuando se habla tanto de educación, hay ejemplos maravillosos de jóvenes muy humildes que realmente tienen una contracción al estudio y un deseo de superarse a través de él, por lo que es un premio lo del turismo social.

                Vamos a trabajar fuertemente –el presupuesto nos lo va a permitir– para aggiornar el plan Uruguay turístico del 2020. Tenemos un plan estratégico de desarrollo al 2020, producto de que esta actividad es altamente impactada por las tecnologías de la información y de la comunicación; es decir, está desafiándose permanentemente. Vamos a trabajar en un aggiornamento de ese plan porque, si bien es hasta el 2020, nos hemos dado cuenta de que tenemos que mirar algunas cuestiones con las luces largas, con un poquito más en profundidad.

                Obviamente, tenemos un desafío muy grande con el sector privado, que hemos venido llevando adelante sin ningún tipo de dificultad. Ustedes nos han escuchado también decir que no hay turismo sin colaboración pública-pública, nacional y departamental, porque lo que promovemos muchas veces tiene que ver con la tarea de las intendencias y de los municipios, pero también del sector privado. Ahí vamos a seguir profundizando nuestro vínculo con la Cámara Uruguaya de Turismo y con todas las organizaciones privadas vinculadas al turismo, que hasta ahora ha sido fluida y muy buena.

                Tenemos dos temas que nos preocupan. Uno de ellos es el de la accesibilidad – en lo personal, lo tengo como un desafío–, pues Uruguay tiene un atraso muy grande en la incorporación de la discapacidad al turismo. Si bien es un derecho, a veces solo pensamos en incluir la pobreza, pero tenemos casi 300.000 personas con algún tipo de dificultad que les resulta muy difícil el acceso al ocio y a la recreación. Con el subsecretario Liberoff hemos visto que en muchas partes del mundo es, además, un muy buen negocio para los que desarrollan productos que sean amigables para la discapacidad porque esas personas se hacen fieles y vienen acompañadas. El mes que viene vamos a hacer un seminario, hemos trabajado mucho con la OMT y hemos intentado incorporar en la hotelería el sistema braille, porque a veces la inclusión se reduce a la rampa y en realidad no es solo eso. Estamos trabajando en la accesibilidad a las playas para este verano. Hemos podido compartir con las intendencias algunos productos. En Noruega hay un uruguayo que tiene un gran trabajo en los temas de discapacidad. Cada seis meses poco menos que tiraba todo lo que tenía, sillas de ruedas, flotadores para nadar en el mar, sillas con flotadores. Ya ha mandado ochenta contenedores a Uruguay. Se lo ha puesto como una tarea de un uruguayo, que a veces es desconocida. Lo que hemos recibido lo hemos entregado a todas las intendencias. Los cuentos que nos han hecho algunos intendentes de la primera vez que alguien se puede bañar en el mar, que puede nadar o acceder a tocar la arena, es realmente conmovedor.

Atenderemos la accesibilidad, sin anunciar grandes resultados, pero con mucha seriedad.

                El otro tema es el combate a la explotación sexual infantil de niñas, niños y adolescentes en el turismo. Uruguay integra todas las organizaciones de esta índole y la OMT lo tiene como un precepto de su compromiso ético.

El ministerio empezó haciendo voluntaria la firma al compromiso ético de todos los privados que se deben registrar. Tuvimos una buena respuesta, pero también algunas resistencias. Por lo tanto, en el período pasado el presidente Mujica firmó un decreto, a solicitud del ministerio, haciéndolo obligatorio. Por ello hoy es obligación, para inscribirse en el ministerio, adherir al compromiso ético de la OMT que indica que ese turismo no lo queremos y que somos entidades responsables. Hoy nuestros inspectores están recorriendo todo el país poniendo, a los que se han registrado, un pegotín que los identifica como un lugar donde no se quiere ese turismo, y si se sospecha su práctica,  es obligatorio denunciarla.

                Por último quiero decir que Uruguay estará fuertemente impactado en uno de los productos más importante que tiene: los seminarios, congresos y eventos. Nuestro país es socio de ICCA, Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, y está en el lugar 43 en el mundo, es decir, una ubicación interesante.

En cuanto al Antel Arena, una infraestructura necesaria para Montevideo –los señores senadores habrán escuchado al ministerio siempre defenderlo–, nos alegramos enormemente de que en estos días esté pronto el fideicomiso y que en enero se pueda volver a construir. Además de un Arena deportiva          –seguramente por la alta tecnología que tiene– podrá dar respuesta a seminarios, congresos y eventos que Montevideo está necesitando. El centro de convenciones de Punta de Este es un predio ferial donde simultáneamente 5.000 personas podrían reunirse. Se trata de esos congresos que hasta ahora Uruguay no ha captado. Sí pasamos con buena nota el congreso de gobernadores del BID, con un desafío logístico impresionante. Uruguay fue bien catalogado pero no teníamos un lugar donde poder concentrar toda esa actividad. Creo que el centro de convenciones de Punta del Este marcará un antes y un después para el producto y para desestacionalizar Punta del Este porque, en general, los congresos son de abril a noviembre. Por lo tanto, creo que será una herramienta muy importante.

                Durante todos estos meses hemos conversado con el intendente de Maldonado y creemos que en marzo o abril se estará trabajando. La licitación tuvo la sensatez y el sentido común de licitar la construcción y la gestión a la misma vez. Por lo tanto, cuando se empezó la construcción también se otorgó la gestión y sus gestores ya están recorriendo todas las ferias, por cuanto ya hay unos siete u ocho grandes congresos concretados para cuando el centro esté abierto.

                Buena parte de los recursos que se ven en el presupuesto tienen que ver con la promoción. Cuando ocurrió el bloqueo de los puentes, cuando tuvimos aquella ofensiva tan grande vinculada a que podíamos ser contaminadores, decidimos salir de la prensa escrita –especialmente la de la región– e introducirnos en los cables y elaborar contenidos. Eso ha sido muy beneficioso y chequeado por la agencia de publicidad que lleva la cuenta del ministerio. Insisto, buena parte de los recursos asignados en este presupuesto tienen que ver con la promoción. Esto es lo último que quiero compartir con la comisión: podemos tener el mejor lugar del mundo pero si no lo conoce nadie no vendrá nadie.

                Nuestra campaña promocional siempre tiene mucho énfasis en Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Hoy los cables internacionales nos permiten llegar a otros mercados. La promoción incluye la presencia en ferias. Uruguay hace diez años iba a ocho ferias y hoy asiste a dieciocho. Hemos llevado adelante algunas acciones promocionales con las líneas aéreas que nos conectan con Europa –Air Europa, Iberia y Air France– estamos ploteados en los taxis de Londres y hemos recorrido en un ómnibus trece ciudades de España.

                Les cuento esto para que vean que la promoción tiene diversos formatos: está la feria, se recorren algunos lugares, se trabaja con las agencias de viaje mayoristas que venden Uruguay y, por supuesto, tenemos la publicidad tradicional que sale en los cables, en la televisión abierta y en la vía pública. Inclusive, creo que ya tenemos el cartel en la 9 de Julio y Corrientes, en Buenos Aires, que para nosotros es un lugar muy importante por el que pasan casi tres millones de personas por día. Este año, por primera vez, vamos a hacer un lanzamiento de temporada en la ciudad de Buenos Aires, producto de la mejora en la llegada de los argentinos y de la buena gestión del doctor Lescano en la Embajada –no soy objetiva en este sentido–, que nos ha facilitado muchas cosas. Precisamente, el 3 de diciembre vamos a realizar un lanzamiento en la ciudad de Buenos Aires, y los diputados y senadores que nos quieran acompañar están invitados.

                Si a la señora presidenta le parece bien, cedo el uso de la palabra al señor subsecretario para que comparta algunos productos de nuestra campaña promocional. Obviamente, estamos abiertos a las preguntas que deseen plantear.

                Muchas gracias.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Buenos días a todos.

                Tal como la señora ministra señalaba, a través de la propia comunicación hacemos tangible lo intangible. Esto quiere decir que cuando promovemos la información, a través del cable o por otro medio, ello hace posible que una persona, en cualquier parte del mundo, pueda efectivamente asumir lo que estamos mostrando. Aquí hay cambios muy importantes que se están operando en la forma de comunicación.

                En la pantalla se puede ver la carátula de un multimedio que comenzó en Italia, hace aproximadamente diez años, en una zona que podría ser como la de la Aguada. Se empezó a hacer un reciclaje en viejos galpones y ahí se ubicó una escuela de gastronomía que, posteriormente, tuvo una señal de cable europea; las clases empezaron a transmitirse por ese canal, el desarrollo fue importante y eso trajo como consecuencia que dichas escuelas comenzaran a vender indumentaria, cuchillos, vajilla, etcétera, a quienes estudiaban. Como eso seguía creciendo hicieron un anfiteatro, la gente se sentaba a ver y la obra consistía en que quienes estudiaban, cocinaran. Lo que ese chef cocinaba se empezó a pasar por la señal de cable, actividad que fue avanzando y se transformó en la degustación de los vinos de cada año. Había una sala de los 14, porque de cada botella de vino se degustan 14 medidas, y eso se filmaba para pasarlo por el canal de cable. Luego también pasó a ser una agencia de viajes, porque a esas bodegas iban aquellos que veían el programa por cable.

                En definitiva, se comenzó a operar un fenómeno de transformación de los medios que hoy acá es bastante visible. Tal vez algunos de ustedes hayan visto una serial que pasó la radiotelevisión española –hace tres temporadas– que se llamaba Gran Reserva. La historia contaba algo parecido a Romeo y Julieta, a partir de familias de bodegueros, y resultó que terminaron haciendo un concurso para una etiqueta de ese vino –Gran Reserva–, luego se iba a las bodegas y, además, fue la serie que tuvo el mayor impacto en tanto y en cuanto el público podía interactuar con los actores.

                Así fue que comenzó a variar la forma de comunicación y todo eso se transformó también en un atractivo turístico. Es decir que el trabajo promocional que antes podía estar resumido o relacionado con lo que eran las temporadas, para nosotros pasa a ser de carácter permanente, con obligaciones de medición y control, y con evaluación. Aquí también sucede que el problema está en los recursos humanos porque, efectivamente, dadas las características del ingreso a la administración pública, muchas veces no se generan las condiciones para contar con personal que tenga las aptitudes como para dar seguimiento al tema, a la velocidad a la que se está procediendo. Sin embargo, hemos dado algunos pasos que nos han permitido seguir adelante.

Desde el punto de vista del soporte de nuestros mismos materiales, hoy usamos nuevas tecnologías y, al respecto, hay una reorientación de la inversión, tal cual señalaba la ministra, en los espacios publicitarios y una generación de nuevos contenidos para diferentes medios. Hoy el twitter que tiene el ministerio para comunicarse tiene más de 110.000 seguidores, lo que implica trabajar todo el tiempo con eso para interactuar y que tenga movimiento. La página web del ministerio también tiene más de 46.000 visitas, lo que permite, combinado con el canal de televisión que tiene en internet desde hace cinco años, disponer  hoy de casi 3.000 contenidos. Esto lleva a que podamos tener imágenes de todo el territorio nacional que facilitan las presentaciones internacionales. Por consiguiente, tanto las misiones que van al exterior como las delegaciones de las embajadas, en cualquier momento están en condiciones de tener sus materiales, sin necesidad de hacer nada en particular. Además, en general los tienen en más de un idioma para poder trabajar. Si bien esto no siempre es acumulable, algunos de los materiales que ponemos en internet muchas veces reciben más de dos millones de visualizaciones. Esto sería imposible solamente con campañas tradicionales, que tendrían costos que también serían imposibles. Las nuevas tecnologías facilitan entonces esta posibilidad. Este canal de televisión que pusimos hace cinco años en internet –uruguaynatural.tv– recibió premios internacionales de la Organización Mundial del Turismo, en tanto fue una innovación de comunicación. Incluso, hemos generado algunos contenidos en función de lo que describí previamente como los programas de «De la mano de», en el que personas como Puglia, Larbanois y Mónica Navarro han participado gratuitamente, mostrando distintos lugares del país, a los efectos de «masivizar» eso, incorporándose a este programa de divulgación de destinos turísticos del Uruguay que no son los tradicionales. Por ejemplo, el actor de televisión Troncoso, que trabaja en Red o Globo, mostraba su propio Parque del Plata, la disc jockey Paola Dalto mostraba Rincón de Franquía, en Artigas,  y otras personas muestran  Piriápolis, el pueblo de Belén, etcétera. Esto nos permite ir acumulando determinadas experiencias y, además, por primera vez tenemos la contratación de servicios de relaciones públicas en Londres, Madrid, México, Colombia, Perú y ahora en Chile, así como también en San Pablo, Porto Alegre, Córdoba y Buenos Aires, donde hay representantes del ministerio trabajando. A eso le agregamos los acuerdos que mencionaba la ministra previamente, en cuanto a promoción corporativa.

                ¿Ahora qué se agrega? En esta denominación de compra programática, a diferencia de lo que se hacía previamente en los canales de internet, lo que hacemos es –por lo que vienen a ser las características de las redes semánticas, o sea, con las características de los usuarios– comprar contactos con esas personas, a partir de lo que se llama big data. Esos procesamientos a nosotros nos permiten llegar directamente a aquellos que son potenciales interesados o que tienen comportamientos, usos, compras, etcétera, que efectivamente nos acercan. Estas compras programáticas tienen una enorme ventaja y un problema. La ventaja es esa individualización cliente a cliente. Pero el tema es que ahora no se pueden comprar campañas sin evaluación, por lo que casi semanalmente hay que estar evaluando cuáles son las que dan resultado y cuáles hay que desestimar. Es decir, no se trata de comprar páginas de diario y poner el aviso. Eso también implica especialización y, desde ese punto de vista, nosotros nos apoyamos en sistemas que, de una u otra forma, hoy han demostrado esa posibilidad de llegada directa a los consumidores. También en eso hemos trabajado con los medios de comunicación de nuestro país e internacionales. Por ejemplo, cuando compramos en un medio de comunicación –puede ser un diario– de circulación nacional, no solo estamos comprando páginas, si no que estamos comprando en el canal de televisión online y en las redes sociales, lo que nos hace establecer las condiciones con las cuales queremos trabajar en función de los contenidos que nos interesa difundir; en algunos casos lo hicimos con los canales de cable internacionales. Cuando se jugó el campeonato mundial de rugby, con quienes lo transmitían para el mercado inglés acordamos hacer un sorteo a través de la página web, para que vinieran dos personas. Como había que registrarse para participar del sorteo, nos dejó una base de datos de más de 3.000 ingleses.

Con respecto a los canales abiertos que tenemos en Uruguay, hoy los programas de gastronomía no son solamente tanda: la gastrónoma cocina la receta, junto con su gente, desde su pueblo, por ejemplo, en Florida y muestra las cosas que a nosotros nos interesa. Este es un cambio que implica un trabajo cotidiano de intercambio con los medios para el que no estábamos históricamente preparados y que en algunos casos tampoco lo estaban ellos para una negociación de estas características.

 Por lo tanto, hoy tenemos un cambio cualitativo –lo podríamos llamar una «media morfosis», parafraseando a «La metamorfosis», de Franz Kafka. En ese sentido, creemos que la distinción de «Lonely Planet», una de las publicaciones más importantes a nivel internacional, destacando a Uruguay como uno de los diez destinos recomendados para el 2016, es el reconocimiento al trabajo conjunto de los funcionarios del Ministerio de Turismo, en función de posicionar al Uruguay como uno de los destinos que son y merecen ser visitados.

SEÑORA MINISTRA.- Dentro de las líneas de trabajo dejé de lado una que es clave: hay que unir la descentralización al trabajo regional. Muchas intendencias del este y del norte están haciendo un gran esfuerzo para empezar a trabajar juntas en la creación de circuitos que en algunas zonas del país presentan un mayor desafío como consecuencia, por ejemplo, de que el Frigorífico Anglo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, del paisaje cultural industrial de Fray Bentos. Esto le da la oportunidad a los departamentos de Colonia, Río Negro y Paysandú de trabajar juntos.

                Otra línea que ha tenido un gran avance es la capacitación de los recursos humanos. Por primera vez en la historia acabamos de firmar un acuerdo con el Inefop de capacitación de los recursos humanos del turismo que es una actividad que, como siempre digo, la van a seguir haciendo, por un tiempo, los humanos: la mucama, el recepcionista, el chofer, el guía turístico y para eso tenemos que darle elementos de capacitación que nos ayuden a mejorar la calidad de los servicios. Son casi medio millón de dólares los que va a invertir el Inefop para capacitar a trabajadores y a  empresarios vinculados a los servicios turísticos.

SEÑOR MICHELINI.- Antes que nada quiero felicitar el trabajo realizado por el ministerio que mucho me llena de orgullo porque ha actuado con profesionalismo y siempre ha estado un paso delante de todos nosotros. Este es un ministerio que cuando se creó, antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno, parecía que no tenía sustancia –creo que el primer ministro fue el señor Villar–, pero lo cierto es que se ha ganado un lugar y un respeto muy fuertes en el Uruguay y ha seguido aumentando los niveles de turistas, a pesar de la situación internacional compleja. Eso demuestra que el Ministerio cuenta con un staff –no muy amplio–que lleva adelante una labor permanente,  cotidiana y, en muchos casos, silenciosa que, además, tiene la camiseta puesta.

                Quería plantear dos temas, si me lo permiten. Con respecto al artículo 343 –es un preciosismo, si complica, lo dejamos como está–, en vez de modificar el artículo 494, podríamos decir que se exceptúa. Insisto en que es un preciosismo legislativo; quizás podría ser mejor redactar el inciso segundo del 494. Concretamente establece: «Las piezas publicitarias correspondientes a campañas promocionales oficiales que se difundan fuera del país, también se ajustarán a lo dispuesto en el inciso precedente». La propuesta que hacemos es que se podría cambiar su redacción por la siguiente: Las piezas publicitarias correspondientes a campañas promocionales oficiales que se difundan fuera del país, estarán exceptuadas del inciso anterior.» Es  un detalle, si complica lo dejamos como está.

                 El otro tema que quería plantear, también es un detalle y, seguramente, ya lo habrán observado. Nos parece que con la construcción del puente de Rocha, surge la percepción de que los puentes no solo tienen la función de trasladar de un lado a otro a la gente, sino que en sí mismos tienen lo que se podría llamar personalidad. Lo mismo pasó con el puente de la barra de Maldonado. Por suerte cuando se hizo la segunda vía se la construyó de la misma forma, porque no hubiera sido raro que apareciera alguien que se le ocurriera  que  fuera  recto.  Por  supuesto  que  la  eficiencia  del  puente  es menor a la que tendría si fuera recto, porque desde el punto de vista de la seguridad, es peligroso, pero lo cierto es que le da un distintivo, una personalidad. Ahora está a punto de Inaugurarse el de Rocha
Creemos que, quizás, trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se podrían identificar otros puntos en el país         –aunque no se hagan ahora– como, por ejemplo San Gregorio de Polanco, para que cuando se vaya a construir un puente se tenga la referencia de que en esos lugares deben tener características especiales porque, por sí mismos, se vuelven puntos turísticos. Estamos seguros que esto va a pasar con el puente de Rocha; la gente va a ir a verlo. Es un detalle, capaz que ya han conversado sobre este tema. Tal vez se podría hacer un mapeo del Uruguay     –porque puede ser que, además del puente de San Gregorio de Polanco se  puede llegar a identificar algún otro lugar–  y que el Ministerio de transporte y Obras Públicas cuando decida construir el puente tome en cuenta la opinión del Ministerio de Turismo que nos parece que es quien está más autorizado para decir que en determinado lugar no se puede hacer cualquier cosa.  Si se necesita un abordaje presupuestal,  para que ambos ministerios  trabajen en coordinación en la confección de un inventario, lo hacemos pero, quizás solo se precise hacer una llamada. Sí nos parece que sería interesante que tengamos un inventario  que contenga  puntos turísticos que, por sí mismos no lo serían si no tuvieran este tipo de puentes.

SEÑOR SARAVIA.- Damos la bienvenida a la señora Ministra y a su equipo y agradecemos las palabras de apoyo y solidaridad  para nuestro compañero José Carlos Cardoso y su familia.

                Me alegra de que el ministerio, en función de los temas planteados por la señora ministra, esté trabajando en el desarrollo turístico del interior y que esté tomando medidas en esa dirección. Eso es algo muy importante para quienes somos del interior, ya que el reclamo del desarrollo turístico ha sido una constante en estos últimos tiempos por  el potencial que tiene Uruguay no solo en el turismo rural sino en todo el interior del país. El senador Michelini mencionaba San Gregorio de Polanco, pero podemos mencionar también el Lago Merín u otras zonas del interior del país como las de los ríos Negro y Uruguay que tienen un gran potencial. Veo que el ministerio está en esa línea.

                Además, se está desarrollando una interesante estrategia en materia de promoción hacia el exterior para que Uruguay sea un punto de referencia turística para distintos puntos no solo de la región sino del mundo, cosa que me parece correcta. Creo que la herramienta del ministerio es muy importante para una industria exportadora que también lo es y que en algunos momentos llegó a superar o igualar a los principales rubros de exportación que tiene Uruguay como es la carne o fue la celulosa en su momento.

                Asimismo, felicito a la señora ministra porque veo que desde el ministerio se está trabajando en materia de accesibilidad para cumplir con lo establecido por la ley de discapacidad que fue aprobada hace tiempo –en aquel momento integré la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión–, en otra legislatura. Veo que para ese turismo se está planifican, lo que permitirá que todos los uruguayos que tengan capacidades diferentes puedan –como dijo la señora ministra– acceder a la playa.

                Me gustaría que la señora ministra y su equipo profundizara en el tema que voy a señalar a continuación. Se habló de visualizar la posibilidad de que se empiece a implementar el turismo regional, y hay señales positivas al respecto. Todos sabemos que el tema de la industria del turismo es como el de los rubros exportadores del Uruguay porque tiene que ver con la competitividad, con los costos fijos internos de las empresas que desarrollan servicios en el país y con el sistema cambiario. Concretamente, me gustaría saber si el Ministerio de Turismo ha hablado con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la autoridad monetaria uruguaya para ver cómo podemos compensar, como país, la diferencia cambiaria que tenemos en la región.

                Según las cifras del informe del ministerio en el tiempo en que su titular era el señor Lescano y después cuando asumió la señora ministra, en 2010 y 2011 ingresaban a Uruguay un poco más de 3:000.000 de turistas, de los cuales un 70 % provenía del turismo argentino. Se hablaba, sobre todo,  de un turismo perteneciente a la clase media argentina que viene quince o veinte días a gastar en Uruguay.

                Hoy en la región tenemos diferencias muy importantes con Brasil y Argentina a nivel de los costos fijos internos, como ser combustible, hotelería, impuestos y cargas tributarias, además de la diferencia cambiaria. La devaluación actual de Brasil es un hecho muy importante que afecta al turismo que estaba viniendo.

                En pocos días, tendremos la posibilidad de un cambio –más allá de quién sea el próximo presidente argentino– en la estrategia de la política económica argentina, porque cualquiera de los dos equipos económicos habla de una devaluación o de una progresiva devaluación que afectaría nuestros intereses como país. Sobre todo, porque los argentinos siempre fueron, en un 60% o 70 %, los que dieron una respuesta económica al turismo uruguayo.

                Me gustaría, entonces, que la señora ministra o su equipo profundizara un poco más en la presentación que realizó al principio de su exposición cuando se refirió a los 2:000.000 de turistas y qué es lo que el ministerio está pensando para el comienzo de esta temporada, a efectos de facilitar algunos costos internos y generar, también, una posibilidad de competitividad alternativa para que ese turismo realmente venga y podamos empezar a recuperar lo que perdimos estos dos o tres años y que tuvimos los años anteriores.

                Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Antes que nada, también quiero dar la bienvenida a las autoridades del Ministerio de Turismo y hacerles llegar el mismo agradecimiento que señalaba el señor senador Saravia.

Gran parte de las reflexiones que iba a hacer ya las planteó el señor senador Saravia en nombre de nuestro partido porque el éxito de una temporada no depende solo de la cartera de turismo, sino que hay una serie de factores que inciden. Lo importante a nivel del Ministerio de Turismo es tratar de dar promoción y eso es una apuesta que estará directamente ligada a un tema de calidad y precios, que son dos elementos que juegan en esto. Vale señalar que no solo tienen que ver los precios sino también la calidad de servicios; creo que Uruguay lo ha entendido y las cifras lo muestran. Participamos del objetivo que el ministerio tiene de llegar a los 3 millones de turistas, que sería ideal para nuestros intereses porque no se trata solamente de su venida sino también de la «exportación» que hacemos en el estómago de quienes vienen a consumir. O sea que hay una exportación sin aranceles y sin impuestos y, para nosotros, duplicar, en un año nuestra población, es realmente una meta y eso va a tener nuestro apoyo, por lo que celebramos los trabajos que viene haciendo el ministerio. Creemos que está haciendo bien las cosas y, realmente, lo apoyamos porque tenemos ahí una veta de crecimiento muy importante.

¿Qué es lo que me preocupa de la situación del turismo? Me preocupa el emprendimiento nacional, la pequeña empresa, el pequeño comercio y el pequeño restorán nacional. ¿Por qué? Hay empleo y nos parece que está bien, pero uno tiene la ambición de que haya más emprendimientos nacionales de uruguayos dando servicios de todo tipo a los turistas. Entonces, si bien el tema no está directamente ligado a esta cartera, tiene que ver con ella y queríamos saber si podemos ayudar a esos emprendimientos.

En primer lugar, quiero saber si tenemos alguna línea de crédito para generar, por ejemplo, una hostería o emprendimientos de ese tipo. No me refiero a que eso sea en el Ministerio de Turismo pero, seguramente, esta cartera podrá informarnos si existen líneas de crédito blandas como para que mañana alguien con un predio pueda establecer un emprendimiento hotelero, gastronómico o de servicios al turismo; quizás haya gente que pueda, de alguna manera, llevar a cabo este tipo de emprendimientos.

El otro aspecto que me preocupa respecto de los emprendimientos nacionales –vuelvo a decir que uno pretende que haya pequeños empresarios uruguayos en esta red de servicios– es la necesidad de ayudarlos fuera de temporada, que es una vieja discusión que no la tenemos con las autoridades del  Ministerio  de  Turismo  –estoy  seguro de que coinciden, en gran parte, con nosotros–, pero sí, a veces, con el Estado en su conjunto para que entienda que, en ocasiones, son más importantes otros aspectos. Esos emprendimientos hacen un esfuerzo muy grande para mantenerse durante los meses que no son de temporada alta y es más conveniente para Uruguay que no cierren sus puertas sino que se mantengan, como sucede en el caso de los empresarios gastronómicos. En el caso de la hotelería, estos establecimientos no pueden no cerrar.

Entonces, quiero saber si el Estado, en su conjunto, ha planteado una suerte de coordinación o si el ministerio tiene pensado coordinar con organismos sobre estos temas porque hay que tener en cuenta los gastos de la tarifa de UTE,  de agua,  de Antel y el IVA. Creo que en estos casos el Estado tiene que dar la sensación de que es un socio de ese emprendimiento y no un enemigo. Entonces, si alguien ganó dinero en el verano, en el resto del año tendría que aportar el esfuerzo que el Estado y la sociedad en su conjunto hizo durante el año para que pudiera mantener su emprendimiento abierto. No sé si hay alguna línea de crédito que permita que esos  comercios se mantengan abiertos y así darles alguna ayuda. Sabemos que este tipo de emprendimientos nacionales no tienen el aire suficiente como para poder sostenerse fuera de temporada, sobre todo con la estacionalidad que tienen muchos servicios. Me gustaría que los representantes del ministerio hicieran algún comentario sobre si hay alguna línea de acción para eso.

                En lo relativo a la promoción, ni qué hablar que la apoyamos en todo sentido. Hace relativamente poco tiempo vi un video sobre Uruguay que no sé quién lo hizo porque, aparentemente, no era del Ministerio de Turismo –he preguntado pero no lo he podido averiguar–, en inglés y con subtítulos en español. Dura aproximadamente diez minutos, habla de nuestro país y la verdad es que me encantó. En algunos casos, es un poco exagerado y se ve que quienes lo hicieron no eran uruguayos pero, en definitiva, tenían una buena apreciación del Uruguay. Allí se habla de la calidad de nuestra gente y del carácter natural de nuestro país y la verdad es que cuando lo vi, me ericé, me encantó. Hay detalles que están exagerados en este video, pero quienes produjeron eso realmente entendieron la esencia de lo que vendemos, que no es solamente nuestras costas y ámbitos rurales sino, también, la cordialidad y amabilidad de nuestro pueblo, lo que para mí es un diferencial a la hora de tener que vender un país.

Naturalmente, todo esto va de la mano de la seguridad, que para el turismo es tan importante. Soy consciente de la preocupación de la señora ministra respecto a este tema en el sentido de seguir dando la tranquilidad que nos diferencia de otros países del  mundo y que el turista pueda estar tranquilo con su familia. Sabemos que cada vez que aparece una noticia sobre robos, maltratos o copamientos a turistas, esto causa una gran herida en lo que tiene que ver con la promoción del Uruguay. Hago estos comentarios pero asegurándole a la señora ministra que cuenta con mi apoyo porque creo que está trabajando bien y por eso, al igual que lo hicimos en la Cámara de Representantes, vamos a votar los tres artículos que presentan en el proyecto de ley de presupuesto. La verdad es que, dentro de lo que es el presupuesto, no piden demasiado y la pretensión es bastante modesta. De todos modos, me interesa dejar claros estos objetivos que hacen a la meta final, en el entendido de que el éxito de la señora ministra es el del país. Creo que se está haciendo un buen trabajo y, por lo tanto, queremos manifestar nuestro apoyo a la gestión.

SEÑOR CAMY.- Quisiera sumarme a lo expresado por los señores senadores que han hecho uso de la palabra precedentemente, en particular, a lo dicho por el señor senador Heber en el sentido macro de la visión del turismo en beneficio del país y respecto a la visión positiva de este ministerio, que en los últimos gobiernos hemos advertido tiene una lógica de política de Estado, lo que saludamos.

                La señora ministra habló de promocionar con sentido de prioridad, dentro de las líneas de trabajo, el desarrollo del turismo náutico. Nos consta que incluso focalizó el interés y la gestión del ministerio en la promoción, no del turismo circunscripto a lo que tradicionalmente ha sido, es decir, el del mayor porte, de la costa atlántica, de los balnearios del este, sino también el termal, el rural y el de las zonas balnearias del interior del país. 

Específicamente, en cuanto al desarrollo del turismo náutico y mediante la lógica de trabajo con los gobiernos departamentales, ¿cómo se va a instrumentar esa línea de trabajo? ¿Son transferencias de recursos a los gobiernos departamentales? ¿Pueden existir, por ejemplo, pequeños convenios para fortalecer a las instituciones privadas náuticas que muchas veces tienen, en su calidad de clubes, un rol social, importante y distintivo en los pequeños balnearios? Se mencionó también la intención de impulsar, en el marco de Río de los Pájaros, las barcazas o las embarcaciones con el turismo de rio, tal como existe en el departamento de Soriano. ¿Eso lo impulsaría directamente el ministerio o estaría abierto a convenios con las instituciones privadas o los gobiernos departamentales? ¿Puede haber también recursos para el fortalecimiento de la infraestructura de esos clubes náuticos? Me refiero, por ejemplo, a una pequeña bajada o un pequeño puerto en ríos que hoy no están explotados, sobre todo en el sur del país, manejando el mismo criterio que se ha utilizado, y en forma exitosa, en el río San Salvador o en el río Negro. Estoy pensando en el río Santa Lucía, en la boca del arroyo Cufré con el río de la Plata.

Específicamente, ¿cuáles serían esas lógicas de desarrollo de turismo náutico que, desde ya y sean cuales sean los planes concretos, también saludamos? 

SEÑORA MINISTRA.- El senador Michelini habló de las políticas de la cartera. Siempre que uno llega a un ministerio hay una tentación a cambiar todo. En realidad, en ese sentido creo que fue muy sabia la discusión que se dio en ese momento, por ejemplo, con la marca país. Quiero rescatar que la valoramos como muy positiva; no la habíamos creado nosotros, sino que ya venía en  el  ministerio, que había hecho un trabajo al respecto. Por tanto, había un trabajo acumulado que nosotros, con nuestro programa de gobierno, con nuestro perfil, fuimos aggiornando. No llegamos a borrar todo, sino que incorporamos las cosas que nos parecían buenas. Y esto también se dio con las personas. Aquí se mencionó al exministro Villar, un caballero, con el que nosotros trabajamos hasta el día antes de su fallecimiento. Incluso, él nos acompañó a recibir al turista número tres millones porque fue el primero que habló de ese objetivo cuando, a la salida de la dictadura, este país tuvo la sabiduría de crear el ministerio y que dejara de ser una dependencia del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En ese sentido, nos sentimos muy tranquilos del trabajo realizado, habiendo acumulado muchas cosas buenas que también se hicieron antes de que nosotros llegáramos a la cartera. Para mi este aspecto es clave. 

                Sobre la pregunta del senador Michelini en cuanto a los puentes y los atractivos turísticos, sin ninguna duda mucha infraestructura es un atractivo turístico en sí misma. Y por eso es que en el marco del programa BID hemos invertido en infraestructura. Por ejemplo, hicimos el centro de bienvenida, interpretación y turismo en el puerto de Colonia en momentos en que por suerte este país destinó recursos públicos a mejorar una terminal fluvial que era, permítanme la expresión, una verdadera vergüenza para el turismo del Uruguay, tratándose, además, de un lugar por donde ingresan dos millones de personas. Cuando se mejoró esa infraestructura, nosotros la acompañamos con un centro de interpretación. Incluso, en el día de ayer conversé con el intendente Moreira para ver qué tipo de modificación podemos realizar en el funcionamiento de ese lugar. Por otra parte, recuperamos el Ventorrillo de la Buena Vista y no hay más que hablar con la intendenta de Lavalleja para ver lo que significó para Villa Serrana haber recuperado un atractivo turístico como ese. Ordenamos y mejoramos el ingreso al Cabo Polonio, que es un gran atractivo turístico que tenía un desorden muy grande, tanto en lo que hace al tránsito de pasajeros como al estacionamiento. Hicimos la Puerta del Polonio, que si no la han visto los invito a que lo hagan, porque realmente es un atractivo en sí mismo. Hicimos la estación fluvial de Santo Domingo de Soriano, que sin ninguna duda se convirtió en un atractivo turístico. Y hoy estamos haciendo estaciones náuticas y centros de bienvenida de turistas con buen nivel de atención en Nuevo Berlín, en Bella Unión y en Artigas; esas son las tres zonas en las que trabajamos concentradamente en el período pasado: Artigas y Rivera, Salto y Paysandú, y Soriano y Río Negro.

Me reafirmo un concepto que tengo muy firme, pero que la gestión me ha agudizado: el Estado tiene que estar al lado de la gente. No sé qué habría pasado si hubiéramos dejado sola a la gente de Nuevo Berlín, de San Javier, de Belén, de Constitución, del Queguay, de la Meseta de Artigas, donde acabamos de inaugurar, en el clima maravilloso que tiene ese lugar, un centro de interpretación con toda la tecnología. Creo que ese rol se ha jugado –y bien– y por supuesto ya un vínculo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el que se trabaja en forma permanente.

                El señor senador Saravia hablaba del desarrollo del interior. Ese es un objetivo y hoy podemos decir que sentimos ese orgullo de que se hable de turismo en los 19 departamentos del país. Esto está estrechamente unido al desarrollo local y a los pequeños emprendedores. En realidad, en el turismo el 90 % son Pymes, son pequeños emprendedores. En pocos meses también van a estar el Hyatt y el Hilton, que tienen inversores uruguayos, pero que están en otra galaxia de la inversión.

                ¿Cómo podemos ayudar? Nosotros hemos trabajado mucho con el Ministerio de Economía y Finanzas, y Uruguay ya hace tres años que está haciendo un gran esfuerzo de devolución total del IVA a todas las compras turísticas de los visitantes que vengan de cualquier parte del mundo: a las rentadoras de autos, al alquiler de casas, a la hotelería e, incluso, a las fiestas y el catering. Ese es un gran esfuerzo y creo que, como Estado, hemos estado ayudando en ese sentido.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: me surge una inquietud a raíz de esta información. Creo que, como en tantos otros rubros de producción que generan actividad, se está haciendo un gran esfuerzo fiscal y me gustaría saber desde qué momento se está devolviendo impuestos a los turistas en las diferentes modalidades que se puedan haber dado. 

SEÑORA MINISTRA.- Hace tres años, en el momento de mayores dificultades con la Argentina, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas nos pusimos a ver qué estrategias seguir. El primer año de beneficios incluimos una devolución de combustible, que fue bastante compleja de instrumentar, pero que tuvo su atractivo, y ya hace tres años que hay un decreto que prevé la devolución de la totalidad del IVA a los visitantes y que ahora incorpora a los uruguayos, a quienes no se les devuelve el 22 %, pero sí el 9 % en restoranes, en la hotelería –que tiene IVA cero–, en el transporte, etcétera. Esa fue una forma de ayudar a que los establecimientos pudieran seguir teniendo un flujo de visitantes.

                En lo que tiene que ver con las tarifas públicas, debo decir que me resultó frustrante, aunque no por las empresas públicas UTE y OSE, que respondieron fantásticamente bien. Nosotros logramos que las dos empresas le dilataran a los establecimientos el cobro de las tarifas en la temporada baja, o cuando tienen menos trabajo, y que las pudieran empezar a pagar en la temporada alta. Lamentablemente, solo dos instituciones se inscribieron en UTE y una en OSE. Es decir que esto no resultó atractivo para los empresarios, pero sí hicimos un esfuerzo de trabajo en ese sentido.

El señor senador Saravia hablaba de la competitividad, tema importante sin ninguna duda en el turismo regional. Y la devolución de 22 puntos del IVA va en ese sentido. Efectivamente, Brasil devaluó el 40 % y nosotros el 20 %, pero devolvemos 22 puntos del IVA, y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo en comunicar esta medida, porque seguimos siendo competitivos. Obviamente hablar de caro o barato es un concepto que tiene sus bemoles. Tenemos que ver la justa equivalencia entre lo que se brinda y lo que paga, porque hay personas que van a determinados lugares y ya saben los precios que tienen que pagar. Entonces, tiene que haber una equivalencia entre lo que se brinda y lo que se cobra. En ese sentido creemos que nuestra devaluación, la inflación que es más controlada que en los países de la región, y la devolución de 22 puntos del IVA, nos permiten tener la esperanza de seguir recibiendo este año un contingente muy importante de turistas.

                Es cierto lo que dice el señor senador Saravia  en cuanto a que en el horizonte hay algunas luces amarillas, especialmente en Argentina, un país que tiene un dólar paralelo y que todo parece indicar –no lo digo yo, sino los candidatos– que se van a tomar algunas medidas, seguramente en el verano, porque alguno de los candidatos ha anunciado que será rápidamente. Eso puede impactar. Por eso siempre decimos que el éxito de una temporada no es solo el diseño de las políticas públicas, sino que intervienen otros factores. Estamos preparados tratando de trasmitir estos beneficios para poder contener alguna de esas coyunturas que se puedan dar y en ese sentido las vamos monitoreando en forma permanente.

                Respecto a cómo podemos ayudar en el invierno –o en la baja temporada– a los que están en la costa o en otros lugares, hemos desarrollado fuertemente el turismo social –que en general se da en contratemporada– y el turismo interno. El año pasado el turismo interno tuvo 6:600.000 viajes de uruguayos dentro del Uruguay. Esta es otra batalla; tengo que pelear para que venga gente al Uruguay y, al mismo tiempo, tratar de que los uruguayos no se vayan a otro lado. Como ministra de turismo he dicho que nunca tomaré una medida que impida que los uruguayos viajen a otros lugares fuera de nuestro país. El turismo es de ida y vuelta y me gusta reafirmarlo. Insisto: nuestro país no va a tomar medidas proteccionistas o disuasivas que eviten que la gente salga del Uruguay. Tenemos que ser inteligentes para ver cómo los convocamos con otras cosas y no con ese proteccionismo.

                Respecto a los pequeños emprendedores podemos decir que hay un equipo que trabaja junto con el Ministerio de Economía y Finanzas mirando múltiples cosas vinculadas a la tributación, desde el comercio digital –que en estas horas todos saben de lo que estamos hablando– a los pequeños emprendedores. ¿Cómo podemos darles un tiempo de oxígeno para que se afirmen? Esto lo vivimos crudamente con el Innovaturismo. La ANII incorporó un premio vinculado a innovación y turismo, al que se presentaron propuestas muy atrayentes y también se dieron premios muy interesantes a diversos jóvenes. La cuestión es que cuando el proyecto tiene que instalarse y hay que aplicarle las mismas normas que al resto de las empresas turísticas, no se sostiene. Hay un equipo que está trabajando en el tema tributario en general y en las particularidades de las pequeñas empresas. Hay mucho empresariado nacional, que era lo que se mencionaba en la pregunta.

                Por otro lado, también es cierto que las intendencias departamentales tienen beneficios particulares de exoneración de contribución y de algunos otros impuestos en la contratemporada, que también ayuda a sobrellevar los meses que puedan ser de baja.

                ¿Por qué digo que para nosotros el turismo interno tiene una gran importancia? El 28 % de los dineros de nuestra promoción van a estar destinados al turismo interno porque eso hace sostenible a los establecimientos de los que hablaba el señor senador Saravia.

                El señor senador Heber  hablaba de un video interesante. Sabemos de lo que él habla; creo que lo hizo un uruguayo. Es verdad que tenía algunas cosas muy interesantes y otras que podían estar un poco exageradas.

                ¡Uruguay estuvo cincuenta minutos en la Red Globo! Es decir, Uruguay es mirado por los otros países de la región y por los grandes medios de comunicación como un gran atractivo. Puedo asegurar que esos cincuenta minutos que dedicó la Red Globo a hablar de Uruguay fueron un aliado impresionante, así como lo fue salir cuartos en el Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Siempre digo que creció tres mil por ciento la búsqueda de Uruguay en Google; era Uruguay y después Forlán. Hay muchas cosas que nos ayudan a potenciar la marca país: el plan Ceibal, la trazabilidad de la carne. Nos conocen en el mundo por los derechos, etcétera, etcétera.

                Con relación al turismo náutico, si se me permite voy a ceder la palabra al profesor Álvaro López, geógrafo turístico, que hasta ahora ha estado al frente del programa BID y podría desarrollar algunas particularidades de lo que estamos haciendo sobre el tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de que el señor López haga uso de la palabra, quiero informar a los integrantes de la comisión que, por causas de fuerza mayor, ASSE no va a asistir en el día de hoy por lo que marcamos su concurrencia para el martes a las 9:30, sabiendo que hay sesión del Senado a las 13:00. Dejamos, pues, sin efecto la sesión de hoy por causas de fuerza mayor. Lo aviso porque les va a llegar la citación.

SEÑOR HEBER.- Brevemente, pido que, después de que se retire la delegación y antes de que ingrese la siguiente del Tribunal de Cuentas, se me concedan cinco minutos para hablar de la agenda de trabajo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

SEÑOR LÓPEZ.- Buenos días.

                A nosotros nos toca en suerte trabajar en el programa que aplica el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. En particular, el segundo programa es de un total de USD 6:250.000  –es decir, se trata de un programa relativamente pequeño–, que se aplica en el área que va de Soriano a Artigas más el departamento de Rivera, en parte por considerarla un área en que hay predominio del bajo índice de desarrollo humano y con dificultades desde el punto de vista económico y social.

                Ahí es donde se comienza a aplicar el Plan Nacional de Turismo Náutico            –aprobado en 2010– en una primera zona, la del río Uruguay, que apunta fundamentalmente a acercar el turismo náutico argentino, bastante poderoso, de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Comenzó en el primer programa BID con la construcción de la estación fluvial de Villa Soriano. En estos casos se procura, en primer lugar, una acción coordinada con la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque el Ministerio de Turismo no maneja recursos de una escala que permita construir puertos náuticos. No puede hacerlo, incluso desde el punto de vista jurisdiccional. El Ministerio de Turismo desarrolla la logística que favorece la llegada de ese turismo náutico, es decir, fundamentalmente lo que son los servicios a ese tipo de turista, buscando algo que es esencial: que, de ser posible, ese turista no solo se quede en la embarcación, sino que recorra el lugar al que llega y beneficie a esos pequeños emprendedores de los cuales hablaba el señor senador Heber. Ese es uno de los puntos claves de este programa BID: en primer lugar, la construcción de infraestructura aproximándonos a los centros náuticos y, en segundo término, el apoyo a los emprendedores que ahí se puedan instalar y desarrollar.

                Con respecto a las intervenciones concretas del Ministerio de Turismo, además de Villa Soriano, en estos momentos se está realizando una estación fluvial en Nuevo Berlín. Podemos considerar con una alta carga de vínculo a lo náutico la reconstrucción del galpón de piedra de San Javier y toda la intervención que se viene desarrollando en la Meseta de Artigas, que comprende lo que señalaba la señora ministra, en cuanto al área expositiva de la vieja casona. A esto se agregará un centro de visitantes y a través de una inversión privada que acompañará esta intervención del ministerio, se instalará un alojamiento turístico próximo a la Meseta de Artigas, de modo de hacer allí todo un conjunto. Esto también está vinculado a todo este fenómeno de Villa Purificación, que está solo a siete kilómetros.

                También es muy importante la obra que se realizará en el puerto de Bella Unión, que también constituye una estación fluvial que se ubicará junto al edificio de prefectura.

                Estas son algunas de las cosas concretas que se están realizando, remarco, en torno a las intervenciones de la Dirección de Hidrografía. No es por casualidad que hayamos ido a Villa Soriano y paralelamente hidrografía haya construido un muelle  muy importante, porque no puede separarse lo turístico de lo propiamente náutico.

SEÑORA MINISTRA.- No quiero obviar la respuesta sobre la seguridad.

                Sin duda, se trata de un tema clave y un aliado imprescindible. Un destino seguro es un destino mucho más atractivo turísticamente.

                En  Ciudad Vieja el mejoramiento es notorio a partir de la instalación de las cámaras y creo que será complementado con este plan de obras de revitalización  que ya comenzó en el lugar con la mejora de las veredas y la instalación de  nuevas luminarias en 89 manzanas. Creo que ese casco histórico que en todas partes del mundo es un gran atractivo turístico –en Uruguay es exactamente así–, tendrá una mejora sustancial. En definitiva, hemos venido trabajando fuertemente.

Por otra parte, acaba de empezar la temporada de cruceros, donde hay un trabajo muy vinculado a la seguridad, que el año pasado funcionó muy bien. Tuvimos creo que solo once reportes en casi 400.000 personas que bajaron      –incluso, muchos de ellos aclarados–, vinculado a las cámaras y a un dispositivo especial que el Ministerio del Interior desarrolla alrededor del turismo de los cruceros. Aprovecho a decir que serán 110 buques los que llegarán a Montevideo y 60 a Punta del Este.

En realidad, en Punta del Este hay un descenso que tiene que ver, fundamentalmente, con el hecho de que algunas compañías no llegarán a Buenos Aires porque la entrada a puerto tiene precios muy altos. A raíz de eso y como había algunas compañías que vendían pasajes Buenos Aires – Punta del Este,  nos veremos afectados tangencialmente. De todos modos, en cuanto a la cantidad de personas podremos compensar porque los barcos que llegarán este año son un poco menos en Punta del Este y los mismos en Montevideo, pero más grandes. Por lo tanto, el contingente de turistas seguramente será el mismo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a las autoridades del Ministerio de Turismo por su presencia.

(Se retiran de sala las autoridades del Ministerio de Turismo).

                              

(Ingresa a sala la delegación del Tribunal de Cuentas).

                –La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gusto de recibir a los representantes del Tribunal de Cuentas.

SEÑOR RIPPE.- Buenos días y muchas gracias por recibirnos. Ante todo me gustaría saber de qué tiempo disponemos, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- En principio, disponemos de dos horas como máximo.

SEÑOR RIPPE.- Agradecemos la invitación que tuvieron a bien formularnos y debo decir que me acompañan las señoras ministras Marcos y Martínez, los señores ministros Ezcurra, Grecco y Lev –el ingeniero Long se encuentra fuera del país y por eso no nos puede acompañar–; a su vez, están presentes la contadora Santinelli, Secretaria General del Tribunal de Cuentas; el doctor Fonseca, director de la División Jurídica; el contador Zooby, director de la División Auditoría; y el contador Yelpo, que es el contador central.

                Voy a explicar brevemente cuál será la metodología de la exposición del tribunal. De acuerdo con una decisión tomada en consenso por este cuerpo, haremos un planteo en términos generales, por lo que las manifestaciones de quienes participan representan esa opinión, salvo en algunas circunstancias      –ya lo adelantamos– en las que tal vez algún ministro o alguna ministra pudiera llegar a hacer alguna reflexión de tipo estrictamente personal, pero eso quedará debidamente asentado en su oportunidad. En primer lugar, quien habla hará una mínima introducción y luego el ministro Ezcurra hará una exposición sobre la situación general del tribunal. Por su parte, la ministra Martínez explicará los aspectos económico - financieros incluidos en el proyecto de presupuesto presentado por el tribunal y el doctor Óscar Grecco hará la presentación de los aspectos jurídicos. Estará a mi cargo, luego, el cierre.

                Para nosotros esta es nuestra última oportunidad. Consta que el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo cuando elevó a la consideración del Parlamento su proyecto de presupuesto, ni la Cámara de Representantes en oportunidad del tratamiento presupuestal, tuvieron en consideración  el  Inciso 17, correspondiente al Tribunal de Cuentas. Esa es una constancia que ustedes tienen absolutamente clara. Esto provoca necesariamente inquietud y preocupación en el ámbito del tribunal; preocupa al tribunal, a los ministros y a los funcionarios. En definitiva entendemos que la preocupación también tendría que darse en los señores senadores porque acá se compromete el presente y el futuro de esta institución que, desde el punto de  vista  constitucional,  es el órgano estatal de control de la hacienda pública y de su gestión. Como ustedes comprenderán, cuando se ignora presupuestalmente al Tribunal de Cuentas y no se considera ninguno de sus planteamientos en el ámbito estrictamente económico – financiero y ni siquiera tampoco en el ámbito jurídico, obviamente que eso compromete su gestión constitucional y legal.

                Si se me permite, le cedería la palabra al ministro Ezcurra, quien hará referencia a los aspectos generales y situacionales del Tribunal de Cuentas.

SEÑOR EZCURRA.- Muchas gracias por recibirnos.

                La exposición que voy a realizar tiene por intención trasmitir a esta comisión nuestra visión, la de todos los ministros, acerca de la realidad preocupante del funcionamiento del tribunal.

                Lo primero que queremos decir es que nosotros reconocemos la independencia técnica con que ejercemos nuestras funciones. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, está en entredicho la autonomía funcional establecida por la Constitución desde el momento en que, si esa autonomía no se ve reflejada en el Parlamento y respaldada por la clase política –me refiero, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo–, difícilmente podamos cumplir con nuestro mandato constitucional.

                Nosotros razonamos las dificultades económicas financieras que pueda haber en el presupuesto actual pero, sin embargo, entendemos que hemos planteado un presupuesto absolutamente austero, donde pedimos lo mínimo para poder funcionar y cumplir con los cometidos constitucionales. Reitero, lo comprendemos, pero ello no enerva, de ninguna manera, que nosotros reclamemos los fondos mínimos para poder cumplir debidamente con los cometidos del tribunal.

                Además –es muy común y lo sabemos–, la ciudadanía no comprende la función del Tribunal de Cuentas. Es bueno traducirla y trasmitirla porque lo que hace el Tribunal de Cuentas es cuidar el dinero de todos; además de eso, es un obstáculo notorio con respecto a la corrupción. Por lo tanto, es bueno bajar a tierra el funcionamiento del Tribunal de Cuentas porque, en realidad, no se conoce mucho de sus funciones.

                Tal como dije, evidentemente, tenemos graves problemas de funcionamiento que tiene algunas causas que voy a intentar trasmitir con algunos números. El número de ejecución presupuestal de 2013 –que en 2014 se repetiría– para todo el Estado es de USD 60.000:000.000. El presupuesto del Tribunal de Cuentas fue de USD 20:000.000. Esto significa que el único órgano de control externo de la Administración Pública constituyó el 0,03% del total del gasto público; es decir, se le dedica al control de toda la Hacienda Pública como establece la Constitución de la república, el 0,03% del total del presupuesto. Con relación a los recursos humanos, se dedica el 0,14% del total de los funcionarios públicos para el control del gasto público. Esto es, cada 1.000 funcionarios públicos hay uno y fracción que se dedica al control de toda la Hacienda Pública.

                Voy a trasmitir una experiencia personal que ya compartí en la Cámara de Diputados. Soy funcionario del Tribunal de Cuentas desde 1980. Cuando entré mi número de funcionario era 471, es decir, que entre jubilaciones y fallecimientos en 1980 había 400 funcionarios. Hoy en día seguimos siendo aproximadamente 400 funcionarios, con un Estado que ha progresado en la creación de entidades paraestatales, de fideicomisos; es decir, hay instrumentos jurídicos que no teníamos en 1980 y que hoy existen, y en cantidad suficiente como para ejecutar mucho del gasto público. Hay personas privadas que son propiedad del Estado. En fin, hay un Estado absolutamente diferente al que teníamos hace cuarenta años y, sin embargo, seguimos siendo los mismos 400 funcionarios, con problemas locativos, algo que intentamos resolver pidiendo la habilitación de una partida de ahorros del tribunal para terminar el edificio que está pronto para que se entregue en estos días, y no se nos ha tenido en cuenta en ese sentido.

                En resumen, hay 400 funcionarios con una asignación presupuestal del 0,03%  del  total  del Presupuesto Nacional para controlar la ejecución del gasto de toda la Administración Central,  los entes autónomos, los servicios descentralizados, los gobiernos departamentales, los municipios y todavía toda esa complejidad de las nuevas personas jurídicas que se crearon.

                Yo quiero dar un dato final porque es importante que los señores senadores conozcan las realidades de otros organismos del mundo.

                En Europa,  algunas contralorías cuantifican el beneficio que obtiene el Estado por su intervención en la ejecución del gasto. Se hace una auditoría con respecto a una obra determinada y se compara cuál ha sido el beneficio, habiendo hecho la auditoría sus constataciones y recomendaciones, con respecto a lo que hubiera sido la ejecución de ese gasto sin la intervención del Tribunal de Cuentas. Es un número, se cuantifica perfectamente. Esto da como resultado –y los señores senadores lo habrán observado en varios casos y es real– que, en ese caso, las contralorías se autofinancian porque, si se hace un buen control del gasto público, el beneficio del Estado es mucho  mayor que el presupuesto que se dedica para su funcionamiento.

Como decía el presidente esta es la opinión del Tribunal de Cuentas y lo que voy a decir a continuación es de convicción personal que sé que algunos ministros lo comparten pero no es la opinión unánime del cuerpo.

Desde mi punto de vista existe una notoria degradación de la función del ejercicio del control del gasto público, ya sea por desinterés o indiferencia del espectro político que, como decía, es quien nos debe respaldar en esta tarea. Eso se manifiesta de varias maneras pero, para terminar, voy a mencionar algunas. En primer lugar, por la falta de autonomía funcional derivada de la negativa a atender nuestras necesidades presupuestarias. Evidentemente la Constitución establece claramente que el Tribunal de Cuentas debe funcionar con autonomía funcional, pero eso es una quimera si no está respaldado debidamente por el  presupuesto.

En segundo término, hay un proceso de desaplicación progresiva y constante del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera. Lo vemos, como decía, en personas jurídicas nuevas como, por ejemplo las de  derecho privado propiedad del Estado y en los  fideicomisos de administración. Se atenúa el control que hace el Estado sobre el gasto público y eso se ve agravado porque, al no tener presupuesto, no podemos ingresar a lo que hacen prácticamente todas las contralorías del mundo que son las auditorías de gestión. Si pudiéramos ingresar a las auditorías de gestión ese tipo de gastos, si bien no lo podríamos controlar por la actividad actual del Tribunal, sí lo podríamos hacer con auditorías de  gestión que implicarían que todos los ciudadanos y el Parlamento tuvieran claro que esa ejecución del gasto se hizo de manera eficaz y eficiente porque, más allá de la legalidad del proceso en el que interviene el Tribunal, además se ejecuta de manera eficiente.

Voy a hacer referencia a dos puntos en términos personales. Propusimos modificaciones al Tocaf sobre materia competencia del Tribunal de Cuentas con costo  cero. Estamos hablando de modificaciones basadas en la experiencia de todos los ministros a partir de la constatación de que hay artículos que son difícilmente aplicables por irracionales, porque su redacción es errónea o porque su contenido  produce en la gestión de los organismos muchísimas dificultades. Hemos propuesto esas modificaciones y, sin embargo, no se han recogido, teniendo en cuenta que su costo es cero. Esa parte tampoco la entendemos.

Finalmente, el artículo 26 del proyecto de presupuesto viola flagrantemente, desde mi punto de vista, reitero, la autonomía  funcional del Tribunal de Cuentas. No se nos recogió ninguno de los artículos que presentamos en el presupuesto pero, sin embargo,  se pensó en marcarnos un plazo que tiene como consecuencia la intervención tácita no sabemos de qué porque, en realidad, en la redacción del artículo no sabemos cuál es el ámbito de aplicación. Reiteramos que entendemos que eso constituye una violación de la autonomía funcional del Tribunal de Cuentas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perdón, ministro, pero es el artículo  27 actual.

SEÑOR EZCURRA.- Discúlpeme, señora presidenta, nosotros teníamos el del proyecto.

                Para finalizar quiero decir que el artículo 209 de la Constitución de la república nos hace responsables, a los ministros del Tribunal de Cuentas «por el fiel y exacto cumplimiento de sus funciones». Entiendo que ese cumplimiento exacto está en riesgo y, por lo tanto, me pareció que era mi obligación hacer estas referencias a la comisión.

                Muchas gracias.

SEÑOR RIPPE.- Me gustaría que la ministra Martínez hiciera uso de la palabra para explicar los aspectos económicos y financieros contenidos en la propuesta del tribunal.

SEÑORA MARTÍNEZ.- La cifra con la que participa el Tribunal de Cuentas de la república en el presupuesto nacional –como decía el doctor Ezcurra– es insignificante. Por lo tanto, creo que es importante considerar que aún más insignificante sería cualquier aumento que pudiera acordarse de esa cifra.

                Si bien el proyecto de presupuesto que el tribunal remitió al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo supone algún aumento de las cifras de que hoy se dispone, podemos afirmar, sin lugar a la más mínima duda, que la prudencia que se requiere en materia presupuestal ha imperado en su elaboración.

                Hemos incluido una norma que habilita la presupuestación de funcionarios contratados que no implica costo. También hemos proyectado algunas mejoras en las retribuciones de los funcionarios recogiendo parte de las solicitudes del gremio que nos parecieron adecuadas para retribuir la tarea eminentemente técnica de quienes deben ejercer el control del manejo de la hacienda pública por parte de otros funcionarios que perciben, en muchos casos, cifras muy superiores.

                Lamentablemente, no hemos podido recoger la totalidad de lo solicitado por los funcionarios. Debo decir que esa imposibilidad radicó en que el total de lo solicitado suponía incrementos de retribuciones del orden del 40 % que, a nivel del cuerpo, se entendió que no era posible por la prudencia con que ha sido elaborado este presupuesto.

                Creo que no podemos considerar la propuesta que elevó el tribunal al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sin tener especialmente en cuenta dos aspectos. En primer lugar, está próxima –como también lo decía el ministro Ezcurra– la finalización de la obra de remodelación de la parte del edificio de la extienda La Ópera que el tribunal compró al Ministerio de Industria, Energía y Minería con recursos propios ahorrados a lo largo de muchos años. Se trata de la parte del edificio que da sobre la calle Juan Carlos Gómez, lindera al actual edificio del tribunal. La ampliación del edificio es imprescindible para superar la situación locativa actual que impone pésimas condiciones de trabajo, obliga a tener horarios diversos, a no disponer de espacio para contar con un equipamiento informático suficiente, a tener que estudiar las carpetas que se reciben de los distintos organismos y elaborar los correspondientes proyectos de informes al cuerpo y de resoluciones que el cuerpo adoptará, cosa  que está muy lejos de hacerse en un adecuado ambiente de trabajo.

                En este marco, se proyectan los recursos necesarios para la finalización de la obra. En función de que la obra se está finalizando, como también dijo el ministro Ezcurra, se piden recursos solo para el 2016.

                También se piden algunos recursos para mobiliario e instalaciones que se incluyen en el año 2016 y el 2017 y para ir solucionando, progresivamente, la acuciante necesidad de actualización del equipo informático que, a fin de no recargar estos primeros años, se distribuye a lo largo de todo el período. Esta es una prueba más de nuestra consideración, en la elaboración del Presupuesto, ante una situación de dificultades porque creímos que era conveniente participar y colaborar en considerarla.

                Además, es necesario tener en cuenta que, en realidad, solo solicitamos el crédito presupuestal que nos permita finalizar el edificio con dinero propio porque, como dije, la compra se hizo, precisamente, con dinero propio que no se gastó en su totalidad. O sea que lo que hoy necesitamos es que se nos habilite un crédito que permita contar con los recursos para la finalización del edificio utilizando, una vez más, ese dinero propio depositado en cuenta bancaria del Tribunal de Cuentas; no podemos gastar ese dinero porque no tenemos el  crédito que nos habilite. En este sentido, estamos pidiendo que se nos permita gastar nuestro dinero para terminar una obra que ya, en pocos días, está a punto de finalizar.

                Desde luego, la ampliación del local supone mayores gastos de funcionamiento como, por ejemplo, los servicios públicos y la vigilancia y eso lo hemos proyectado. En este aspecto deben considerar los señores senadores que este año y el anterior, el anterior y el anterior, el Tribunal de Cuentas ha debido solicitar refuerzos de rubros para cubrir esos gastos de funcionamiento puesto que sus créditos presupuestales son absolutamente insuficientes. Esta es la situación actual y, naturalmente, se verá muy agravada al contar con el nuevo edificio.

                Por otra parte, decía que no podíamos considerar la propuesta de presupuesto que hemos elaborado sin tener en cuenta el tema locativo al que me he referido; el otro aspecto a considerar es la reestructura del organismo. Este proceso, que se está instrumentando en la medida de los recursos disponibles o cuya implementación se ha iniciado en la medida de los recursos disponibles, tiene su origen en el Programa de Fortalecimiento de los Organismos de Control y Gestión Presupuestaria, financiado con un préstamo BID. Este programa tiene por objetivo mejorar la eficiencia y calidad de las prácticas de administración pública, así como la transparencia y confiabilidad de la rendición de cuentas por parte de los gobiernos a la sociedad. Su objetivo específico es la mejora de la gestión de la función pública en el ámbito nacional y la articulación entre los organismos de control del Estado, fortaleciéndolos institucionalmente. Por eso es que este programa afecta al Tribunal de Cuentas de la República como entidad fiscalizadora superior, a la Contaduría General de la Nación y a la Auditoría Interna de la Nación.

                Se ha iniciado, como ya dije, la implementación de esta reestructura y, para incorporar en esta instancia algunos recursos humanos imprescindibles, solicitamos integrar apenas a 27 funcionarios. Debo poner énfasis en especificar que los cargos que se pretende crear son de idéntica naturaleza a los ya existentes, es decir, pertenecen al escalafón A, que comprende a los profesionales, o al escalafón C, que es el administrativo. Quiere decir que estamos hablando de los escalafones que ya existen en el Tribunal de Cuentas. Perteneciendo a los escalafones que he mencionado, a estos cargos se accederá, como se ha dispuesto en el Tribunal de Cuentas a partir de que es integrado por quienes hoy estamos al frente, por concurso. Cuando nosotros llegamos al Tribunal se ascendía por antigüedad calificada que, a mi juicio, prácticamente era solo por antigüedad porque las calificaciones eran muy uniformes, pero nosotros hemos implementado el concurso. Hoy en el tribunal, los funcionarios solamente ascienden a grados superiores a los que ocupen en el momento por medio de concursos. En el caso de los 27 cargos que pretendíamos crear para poder terminar de implementar la reestructura, el modo de acceso, sería el mismo que rige para todos. Por lo tanto, en ese sentido no habría ninguna diferencia entre esos cargos que se crearían y los que hoy existen en el Tribunal de Cuentas.

                Creo que en este resumen hemos tratado de trasmitir –espero haberlo logrado– que si se analiza nuestra propuesta, realmente se confirma que hemos sido austeros, hemos actuado con mucha prudencia y que hemos solicitado los recursos que son imprescindibles para terminar la obra y equipar esa ubicación locativa ampliada que vamos a tener ahora. También en nuestra propuesta solicitamos apenas lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento como los servicios públicos y la vigilancia. Los créditos que hoy tenemos ya son insuficientes, así que con mayor razón lo serán cuando nuestras necesidades crezcan un poco más. Aclaro que no estamos pidiendo para ninguna clase de gasto suntuario ni extraordinario y, para el caso de inversiones, reitero que solo pedimos créditos para hacerlas con recursos propios.

                Por lo tanto, insisto en que nuestro pedido es muy austero y limitado porque comprendemos que la situación actual no es de mayor holgura y todos los organismos tenemos que tratar de adaptarnos a esa realidad.

                Espero haber podido trasmitir lo que pretendía en nombre de todos los integrantes del cuerpo, ya que esta exposición ha sido consensuada, y que podamos lograr algún eco de parte de los señores senadores.

SEÑOR RIPPE.- Si la señora presidenta lo habilita, me gustaría ceder el uso de la palabra al ministro Grecco para que explique los aspectos jurídicos contenidos en la propuesta presupuestal del tribunal, más algún comentario que amerita el actual artículo 27 del proyecto de ley de presupuesto.

SEÑOR GRECCO.- Como decía el señor presidente, me voy a referir a las propuestas de modificaciones normativas que incluimos en nuestro proyecto de presupuesto.

                Consideramos que nuestra obligación y responsabilidad es contribuir a clarificar algunas disposiciones que nos han planteado dificultades de interpretación o de aplicación en el tratamiento de los asuntos que se someten a nuestra consideración. Quizás, los señores senadores no puedan comprender demasiado bien algunas de las consideraciones que se hicieron antes porque forman parte de la realidad diaria interna del tribunal, pero en este momento me voy a referir a problemas que se originan con la interpretación de normas y como son quienes las hacen, creo que van a poder entender el tema con propiedad.

                Como todos sabemos, la realidad es mucho más rica que la imaginación y no se puede pedir al legislador que prevea todo el elenco de situaciones que pueden ser objeto de la aplicación de las normas. Por lo tanto, su revisión –es lo que estamos patrocinando en este caso– se torna imprescindible, en la medida en que su texto e interpretación, resulten insuficientes para resolver los variados casos que se plantean.

                La propuesta que hemos hecho, es el resultado de un análisis jurídico en  la búsqueda de mejores soluciones a las dificultades que se presentan en el ejercicio de nuestra actividad de control. Para ello, hemos capitalizado nuestra experiencia, que comprende el estudio de todas las contrataciones del Estado, para hacer un aporte constructivo a la tarea legislativa en temas de nuestra especialidad, lo que también forma parte de nuestra competencia. 

                En particular, me voy a referir ahora a los artículos cuya modificación proponemos. Quiero explicar que en las sesiones semanales del tribunal para la consideración de los asuntos que vienen a la mesa, muchas veces nos encontramos con artículos cuya aplicación estricta nos conducen a situaciones absurdas, que desde el punto de vista de la consideración de su justicia parecen injustas, pero que no tenemos más remedio que observarlas. Quizás por culpa nuestra, lamentablemente por un problema de comunicación,  no hay un conocimiento por parte de la ciudadanía de lo que hace el Tribunal de Cuentas. Entonces, está ese concepto, a nuestro juicio equivocado, de que el Tribunal de Cuentas está para impedir el funcionamiento del Estado o para observar todo lo que se hace, y eso no es así. Les puedo dar mi más absoluta seguridad de que muchas veces, ante situaciones donde podría inclinarse la balanza hacia un lado o hacia el otro, se buscan las formas de no tener que observar determinadas contrataciones. Y, lamentablemente –este es un concepto que lo vengo manejando desde hace muchos años desde que estoy en el tribunal–, se ha incurrido en la costumbre de decir que si el tribunal lo observa no importa porque el ordenador reitera y sigue. Me parece que es una práctica bastante perversa desde el punto de vista de lo que quiso el constituyente cuando creó el Tribunal de Cuentas. Lo que se está dando actualmente entre muchos ordenadores –eso lo veo con mucho optimismo–  es que frente a una observación del tribunal, intentan corregir la situación y tienen la sensibilidad suficiente como para consultar al organismo y tratar de encaminar determinadas soluciones acordes a derecho porque confían en que, tanto los servicios del tribunal como los ministros que lo integramos, estamos en la posición de facilitar las cosas en la medida que lo que se haga se ajuste a derecho. Por eso, los artículos que estamos proponiendo –exhortamos a los señores senadores que los estudien adecuadamente a los efectos de que puedan ver cuál es el motivo de la propuesta de la modificación– muchas veces han sido un problema para nosotros, en el sentido de que las contrataciones que llegan están debidamente justificadas pero no ajustadas a derecho.   Nosotros no podemos estar juzgando si es conveniente o no determinada cosa para un ordenador. Lo que tenemos que juzgar es si esa contratación está ajustada a la legalidad.

                En el artículo 10 de nuestro proyecto proponemos la modificación del literal C) del numeral 3º del artículo 482 de la Ley n.º 15903, del 10 de noviembre de 1987. A los efectos del Tocaf, es el numeral 3, del literal C) del artículo 33. Esta modificación refiere a la posibilidad de realizar una contratación directa que, como ustedes deben entender, se puede hacer de varias formas, que a los ministros nos crea innumerables problemas de interpretación y discusión. Incluso, estos temas son los que se llevan gran parte de nuestras sesiones ordinarias. En este caso, me refiero a la posibilidad de realizar una contratación directa como excepción al régimen general para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por elementos similares. Lo único que proponemos con respecto a este literal es la exigencia de acreditar en forma fehaciente los extremos que habilitan la causal adjuntando el informe técnico respectivo. Pensamos que esto no es una exigencia que pueda violentar el espíritu de la norma e impedir ningún tipo de contratación en forma directa. Lo que pretendemos es que no dejen sujeto a los ministros el juzgamiento de si la invocación que se hizo de esa causal es técnicamente aceptable y que se ajuste un informe técnico. Entendemos que en este caso, como los que voy a mencionar, nos facilitaría mucho la tarea de control y también al ordenador la posibilidad de que salga esa contratación sin observaciones. Lo que consideramos  –y también se aplica para la siguiente modificación que voy a mencionar– es que no es suficiente que se invoque genéricamente la causal. Desde hace muchos años  los ordenadores utilizan la causal de excepción que se prevé en el Tocaf y dicen que se hace la contratación por esa causal. Se invoca genéricamente la urgencia y esta causal que estoy mencionando, pero no se justifica adecuadamente. Entonces, en este caso, lo que pedimos es que se adjunte el informe técnico.

                Con respecto al artículo 11 de nuestro proyecto, que refiere al numeral 9 del literal C) del artículo 33 del Tocaf, las razones por las que proponemos las modificaciones son similares. Se trata de cuando se invocan razones de urgencia para proceder a una contratación directa. Proponemos que se incorpore la exigencia de acreditar que la imposibilidad de realizar un procedimiento competitivo deriva de circunstancias objetivas no imputables a la Administración. Como decía antes, en la mayoría de los casos se invoca sin  más la causal de urgencia, no disponiendo el Tribunal con  la información o fundamentación necesaria como para considerar que dicha invocación es correcta y que la causal se ha configurado. En especial, pedimos la justificación cuando se trata de la imposibilidad de seguir un procedimiento competitivo.

                En lo que tiene que ver con el artículo 12 de nuestro proyecto, que refiere al numeral 1 del artículo 46 del Tocaf –este es otro tema–, en la redacción actual se habla de que algunas formas de vinculación de los sujetos generan un impedimento para contratar con el Estado. Es algo que ustedes ya conocen e, incluso, ha habido casos muy notorios. Se hace hincapié en la vinculación que tienen empresas o entidades contratantes por razones de dirección o dependencia con las firmas. La finalidad de la disposición que estamos proponiendo apunta a preservar el estricto cumplimiento de los principios éticos que deben presidir los actos de los funcionarios públicos en los procesos de contratación, procurando impedir que se generen espacios de implicancia o conflictos de intereses. Sin perjuicio de reconocer que la norma vigente apunta a salvaguardar esos principios, es preciso darle mayor amplitud y claridad para poder resolver variadas situaciones con respaldo jurídico y sin tener que recurrir a interpretaciones extensivas frente a la casuística. Más allá de que la disposición, tal como está, prevé alguna situación de implicancia que merece la observación, deja espacio para otros tipos de vinculación que si bien desde el punto de vista formal no estarían afectadas por la observación,  desde el punto de vista sustancial deberían seguir el mismo camino. Entonces, proponemos que se extienda la calificación de vinculación a fin de que alcance situaciones sujetas a diferentes regímenes como, por ejemplo, directores, administradores, contratados, representantes, asesores o socios, manteniendo la excepción a la prohibición para las situaciones de vínculo de dependencia cuando la intervención no explique la configuración de un conflicto de interés y no exista intervención en el proceso de adquisición.

                Ahora voy a pasar al artículo 13 de nuestro proyecto, que es muy especial para el Tribunal de Cuentas porque en los últimos años o meses ha sido el que más discusiones nos ha provocado. En realidad, cada vez discutimos menos porque vemos que hasta que no tenga solución legislativa no tenemos alternativa de cambiar las cosas. Se refiere a la sustitución del penúltimo inciso del actual artículo 48 del artículo 33 del Tocaf. Como decía, este artículo ha dado lugar a la mayor controversia y diferencias de interpretación en el tribunal, tanto entre los técnicos de la dirección jurídica como entre los integrantes del cuerpo de ministros. A tal punto esto es así que, luego de haber alcanzado una posición constante sobre el tema por mayoría, todos coincidimos en que la aplicación estricta de la norma conlleva situaciones que no se compadecen con el sentido común ni con la intención del legislador al aprobarla, en cuanto a darle mayor agilidad al sistema de contrataciones estatales. ¿Por qué proponemos esta supresión? Para los senadores que quizás no tengan tan presente el tema, debo decir que lo que prohíbe este artículo es que se le exija al oferente todo requisito o documentación que desde el punto de vista formal deba ser exigida solo al adjudicatario. Entonces ¿qué pasa? Nos hemos encontrado en situaciones donde en el pliego de condiciones, por ejemplo, junto con la propuesta se exige la presentación del recibo de compra del pliego. Si aplicamos estrictamente el inciso –cuya supresión proponemos–, es observable. No se le puede pedir al oferente que presente el recibo de compra del pliego –a pesar de que se estableció un precio–, sino solo al adjudicatario. Tampoco se le puede pedir al oferente la garantía de mantenimiento de la oferta. Entonces, si no se la puedo pedir al oferente ¿a quién se la voy a pedir? ¿Al adjudicatario? Sin embargo, el artículo 48 impide que en el pliego se le pida al oferente la garantía del mantenimiento de la oferta.

Así hay otras situaciones, algunas que a nuestro juicio son mucho más graves, como que no se le podía pedir al oferente la acreditación de la representación, si la empresa que presentaba la oferta existía o no y si la persona que firmaba la oferta era representante del oferente o no. Como eso no se podía pedir, entonces, la aplicación estricta de la norma llevaba a que todas esas contrataciones eran observadas.

La intención del Poder Ejecutivo –creo que es válida, incluso fue aprobada en la Cámara de Representantes– es solucionar parte de este tema. En el artículo 28 se pretende que se permita pedir la acreditación de la personería y otros aspectos sustanciales. La «acreditación de la personería» está bien porque soluciona una parte del problema –de esta manera, se puede pedir determinado tipo de documentación que para nosotros es fundamental y sustancial–, pero no «otros aspectos sustanciales», porque otra vez vuelve a caer en la interpretación del Tribunal de Cuentas cuáles son estos aspectos. Entendemos que con la supresión del inciso y volviendo a la situación anterior –donde cada administración contratante, atendiendo a las especiales características de cada llamado y al interés del organismo, pueda exigir en el pliego lo que quiera–, eliminamos el problema. Eso sí, aprovechamos la eliminación que proponemos para solicitar que se incluya un inciso que diga que no se podrá pedir ningún requisito que haya debido exigirse para la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado. De esta forma estamos eliminando de un plumazo un montón de problemas, porque todo lo que se le pidió para su inscripción en el RUPE –obviamente, para ofertar tiene que estar inscripto–, no debe pedirse nuevamente.

Me parece que esta sustitución –que pedimos especialmente que se considere–, a todas luces soluciona la situación del ordenador. Pido a los señores senadores que entiendan lo siguiente: por un lado, nos llegan los pliegos y las licitaciones y discutimos si se puede pedir o no y, por otro,  el ordenador lo pide porque así lo entiende y nosotros estamos observando los pliegos. Por lo tanto, solicitamos que este artículo se considere especialmente.

Respecto a la mención que hacía el doctor Ezcurra en su intervención sobre el artículo 27, donde se incluye un plazo para el tratamiento de determinados pliegos o condiciones de contratación, y se le da una interpretación al silencio del Tribunal de Cuentas, pedimos a los señores legisladores que consideren –es una oportunidad importante– y analicen a la luz de la colisión que ello tiene con las normas constitucionales.  Entendemos que interpretar en un sentido el silencio del Tribunal de Cuentas, con un plazo fijado de esta manera, afecta la autonomía funcional de este organismo y la iniciativa que debe tener en este tipo de situaciones jurídicas.

                En cuanto a nuestra propuesta de carácter jurídico, esto es lo que teníamos para decir.

Agradecemos a los señores senadores la consideración y el estudio que puedan hacer de estas disposiciones que van a ser para mejorar, de alguna manera, nuestra tarea de control, pero también la posibilidad que van a tener los ordenadores de realizar las contrataciones sin merecer las observaciones de las que permanentemente son objeto en  asuntos que no deberían recibirlas.

Muchas gracias.

SEÑOR RIPPE.- Señora presidenta: voy a tratar de reformular el cierre luego de escuchar a mis compañeros.

                Creo que inicié esta intervención diciendo algo así como que esta era nuestra última oportunidad. En realidad, es única y última, por lo menos en este período, para que se contemplen las necesidades y las demandas del Tribunal de Cuentas.

                Esto tiene, para nosotros, una triste historia. Por un lado, como manifestaba la señora ministra Martínez, hace años que ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento contemplan situaciones propias del Tribunal de Cuentas, más allá de los planteamientos que el organismo hace en función de una facultad constitucional.

                Por otro lado, digo que es triste, hasta dolorosa, donde uno se siente realmente impotente en las circunstancias. El proyecto de presupuesto del tribunal se viene procesando hace unos cuantos meses con la participación de funcionarios de áreas que son competentes en esta materia presupuestal. Nos habíamos acercado en su oportunidad, una vez que teníamos preparado el anteproyecto, al Ministerio de Economía y Finanzas para conocer su opinión y tener alguna devolución al respecto. Tuvimos una reunión, presidida por el señor subsecretario, con la presencia de funcionarios tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, entre otros. Nos atendieron muy bien y nos escucharon con mucha paciencia, hicimos la presentación y quedaron en que nos iban a hacer la devolución, en el sentido de conocer cómo eso es considerado o advertido por el ministerio. ¡Nunca tuvimos respuesta!

                Por otro lado, la propuesta del ministerio no incluyó ningún contenido al Inciso 17, Tribunal de Cuentas. Así lo elevó al Poder Ejecutivo y este acompañó la propuesta del ministerio, sin escuchar en ningún momento las opiniones del tribunal. Llega a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, en donde repetimos, reiteramos, explicamos y justificamos, y también tuvimos como respuesta el silencio, a tal punto que ni siquiera se formuló una pregunta por parte de los señores diputados presentes. El silencio de la comisión fue lo que acompañó la exposición del tribunal. Luego nos encontramos con que la Cámara de Representantes mantuvo un silencio absoluto y no dio ningún contenido al Inciso 17.

                Ahora tenemos esta oportunidad. No sabemos si nos encontramos o no en la misma situación que en la Cámara de Representantes. Lo que nosotros pedimos en su caso es que el Cuerpo reflexione sobre las inquietudes y las preocupaciones del tribunal. Aquí está en juego no solo la suerte de un órgano constitucional, sino también el cumplimiento oportuno y adecuado de los cometidos de dicho tribunal.

Es una realidad que con los recursos humanos actuales y el presupuesto asignado, no es posible avanzar en el desarrollo de estos cometidos. Cada día nos encontramos más y más alejados de lo que son las realidades, no ya del contexto regional sino de todo el contexto latinoamericano y universal en materia del control de la gestión de la hacienda pública. No podemos aportar absolutamente nada frente a los avances que han tenido la multimayoría de las entidades fiscalizadoras superiores en materia de control de la gestión de la hacienda pública que incluye, en parte,  el control preventivo, el control de la gestión, y el desempeño y cumplimiento de los organismos estatales controlados.                En estas circunstancias, muchos de quienes integramos el tribunal tenemos  la facultad de realizar no solo el control preventivo –de orden constitucional–,  sino además el control  de gestión financiera –también tiene base constitucional–  de todos estos nuevos fenómenos jurídicos como las empresas públicas no estatales, las sociedades anónimas de derecho privado, constituidas por entidades del Estado, particularmente por empresas públicas y todo lo que tiene que ver con la constitución del fideicomiso.

                En ese sentido, estimo que el Senado tiene claramente entendido que cada vez que se avanza en la constitución de fideicomisos y de sociedades anónimas trabajadas en el ámbito privado, hay fondos  públicos que evaden el control del Tribunal de Cuentas. Esa conciencia el Senado debe tenerla porque es el que autoriza, en definitiva, las normas legales que habilitan la constitución de estos fideicomisos, de estas sociedades anónimas y de estas entidades que operan en el derecho privado. El tema es si realmente hay intención y voluntad de ir desvinculando al Tribunal de Cuentas y a sus cometidos de control constitucional, todo el quehacer de esta entidades que operan en el derecho privado, pero que manejan fondos públicos, como lo manejan las empresas públicas, como lo manejan los organismos de la administración central, como lo manejan las intendencias y las juntas departamentales. ¿Es efectivamente así?

                Lo que hago, simplemente, es una suerte de diagnóstico conocido, planteando la realidad. ¿Esa es la intención?  ¿Eso es lo que se pretende: ir disminuyendo el funcionamiento del sistema de control externo de la gestión de la  hacienda pública por parte del Estado? Tiene que quedar claro que, tal como están las cosas, el Tribunal de Cuentas estaría en condiciones constitucionales y legales de extender su gestión, su control a estas entidades pero, para ello, evidentemente, necesita otro tipo de recursos humanos, otro número de recursos humanos y obviamente otro tipo de presupuesto.

Me siento tranquilo con mi conciencia al simplemente presentar la problemática y alternativas de solución, pero la solución, en definitiva, corresponde al Parlamento nacional.

                Hay un último mensaje que me queda por decir. De alguna manera, en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, de la Cámara de Representantes, dije algo así como que «esto no es llanto, esto no es queja; es una situación objetiva». La prensa recogió parcialmente este tipo de manifestación y ahora, a meses de ocurrido aquello, me pregunto si efectivamente no debo llorar, si efectivamente no debo quejarme, porque este no es estrictamente un tema personal –las personas pasan; hoy estamos, mañana no estaremos– sino institucional. En un Estado de derecho, las entidades fiscalizadoras superiores ocupan un lugar de primera línea en lo que es el Estado nacional. No hay país que admita que un órgano de gestión no esté necesariamente controlado, ya sea antes, durante, ex – post o en toda la gestión. ¿Qué garantías tiene el Parlamento nacional? ¿Qué garantías tiene la ciudadanía, que aporta con sus impuestos, tasas y contribuciones los recursos necesarios para el funcionamiento del aparato estatal? ¿Qué tipo de garantías existen? Le podemos decir a la ciudadanía, por ejemplo: «Señores: esto es el Tribunal de Cuentas, esto dice la Constitución de la república y esto dice la ley. Nos dice que también tenemos la posibilidad de presentar nuestras propias soluciones presupuestales, pero ¿saben qué? No nos dan los recursos. No podemos cumplir con los cometidos».

                Nosotros no hemos salido a la prensa; nadie podrá decir, por lo menos de mí o de la institución Tribunal de Cuentas, que hayamos salido a la prensa para divulgar su situación. Nuestro foro, donde hacemos nuestros planteamientos, es el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo o el Parlamento nacional; no hacemos escándalos ni paramos nuestras actividades, más allá de que se corre cierto tipo de riesgos al respecto. Lo que quiero es –insisto–, hasta por libertad o tranquilidad de conciencia, plantear la enorme inquietud, la enorme preocupación de los siete ministros que integran el cuerpo del Tribunal de Cuentas sobre su situación actual, tanto en el plano económico financiero como en el jurídico.

                Tenemos que agradecer que nos escuchen y que lo hagan con mucha paciencia, pero solicitamos que también consideren cómo se puede contemplar a una institución que tiene el número de personas y el recurso económico que se planteó –ya sea por parte de la ministra Martínez como del ministro Ezcurra–, absolutamente insuficientes para cumplir, una vez más, en tiempo y forma, con toda oportunidad y apropiadamente, con todos sus cometidos en materia de control de legalidad en la gestión de la hacienda pública.

                Muchas gracias. Quedamos a las órdenes para las preguntas que deseen plantear.

SEÑOR BERTERRECHE.- Ante todo quiero dar la bienvenida al Tribunal de Cuentas y congratularme por la pasión que ponen sus representantes a la presentación   –sepan que nosotros sí vamos a hacer preguntas y no habrá silencio–, pero esa misma pasión hace que sea difícil –lo sabe uno, que fue ordenador de gastos– aceptar determinadas generalizaciones. Es cierto que existe la reiteración del gasto, pero no lo es que a todos los observadores del gasto no nos importe lo que diga el Tribunal de Cuentas porque lo podemos reiterar. Me parece que es un poco liviano plantear esto en un lugar donde no va a haber escándalo pero que es público, por lo que la prensa puede acceder. Como ordenador del gasto le dije a todos mis funcionarios, tanto en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como en el Instituto Nacional de Colonización, que jamás iba a reiterar un gasto que no estuviera debidamente fundamentado, es decir que no es así nomás. Además, cuando hay una observación y hay que parar un proceso, cualquiera sea, como contrataciones o licitaciones, se afecta al organismo y a un tercero. Sobre ese tercero, el que pone la responsabilidad, es decir, la cara, no es el Tribunal de Cuentas, sino el organismo que fue observado. Aun así la orden a los funcionarios era que no se iba a reiterar el gasto, a no ser que estuviera absoluta y debidamente justificado.

                Quería plantear esto porque no me parecieron correctas algunas generalizaciones que se hicieron durante la defensa de la iniciativa del Tribunal de Cuentas.

                Por otra parte, tengo dos preguntas para formular. Quisiera saber cuál es el presupuesto actual, con los refuerzos presupuestales incluidos, que tiene el Tribunal de Cuentas, y si alguna vez le fue negado un refuerzo presupuestal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR HEBER.- Damos la bienvenida a toda la delegación del Tribunal de Cuentas y realmente es un gusto tenerlos acá.

                Hemos escuchado a varios de sus ministros y al propio presidente. Como reminiscencias de muchas etapas vividas acá en las consideraciones de los presupuestos, quiero decir que lamentamos no haber escuchado a nuestro ex colega León Lev, quien fue un duro diputado y me imagino las cosas que hubiera dicho, como diputado, si nosotros hubiéramos presentado como Gobierno esta negativa al Tribunal de Cuentas. ¡No imagino lo que hubiera sido y con la dureza con que nos hubiera tratado! Pero quizás en la discusión lo podremos escuchar tan fuerte y tan duro, defendiendo al tribunal como seguramente lo hace. Sin perjuicio de estos recuerdos del pasado sobre enfrentamientos parlamentarios, duros pero leales, queremos tomar conciencia de lo que nos advierte hoy el tribunal. El Tribunal de Cuentas nos dice algo muy grave, nos está alertando sobre una situación de extrema gravedad, a tal punto que no pueda cumplir con las funciones constitucionales que la misma Constitución le establece. Uno de los señores ministros hacía referencia al crecimiento del Estado y al mantenimiento de la plantilla de funcionarios que, según me pareció entender, es de 400 y algo. Esto es como si no hubiera pasado nada en todos estos años. Realmente, entendemos que el trabajo del tribunal es vital para el control parlamentario y del pueblo de las finanzas públicas.

                Antes que nada, queremos hablar globalmente y luego nos referiremos a algunos artículos y haremos preguntas al respecto.

El artículo 27 establece al Tribunal de Cuentas la obligación de expedirse en un plazo máximo de noventa días corridos contados a partir del ingreso de la solicitud en las oficinas del Tribunal. Vencido dicho plazo sin resolución expresa, se continuará con el procedimiento de presentación al Poder Ejecutivo, entendiéndose la falta de pronunciamiento del Tribunal como aprobación tácita del mismo. Este artículo no se ata al presupuesto y no lo podemos considerar  si no le damos al tribunal lo que nos está pidiendo, que es para cumplir su tarea sin este artículo. Y miren que estoy de acuerdo con que se ponga un plazo en toda la administración del Estado para defender a quien tramita un permiso –no solamente para el tribunal–, pero coadyuvantemente a la exigencia del plazo, hay que darle las armas para que pueda cumplir. De otro modo, lo que estamos diciendo es que el Tribunal de Cuentas está pintado, perdónenme la expresión. Le exigimos que se pronuncie en 90 días sobre el análisis de pliegos de licitación, de los presupuestos y su ejecución, y de la legalidad del gasto en toda la administración pública –estoy hablando de los gobiernos departamentales, los servicios descentralizados y las empresas públicas–, pero para ello cuenta con 400 funcionarios a los que ni siquiera se les vota incentivos para un mejor desempeño, en función del premio natural que puede tener la gente que se dedica muy por encima del horario, dado que a veces se llevan el trabajo para hacerlo en su casa. De esa manera no podemos votar el artículo 27. Lo que no podemos hacer son las dos cosas: aprobar el artículo 27 y no votarle nada al Tribunal de Cuentas. Y miren que estoy de acuerdo con el artículo 27, siempre y cuando le demos las armas para que puedan cumplir en tiempo y forma.

Reitero, yo soy partidario de poner al Estado plazos para la presentación de informes porque no se puede tener como rehén a las empresas públicas ni a los privados por no establecer los dictámenes en tiempo y forma; las demoras parecen ser moneda común. Pienso que tenemos que dar al Tribunal de Cuentas el presupuesto que nos está pidiendo y recién después exigirle el tiempo de información. Creo que las dos cosas van de la mano: presupuesto y artículo 27; no puede haber un artículo 27 sin un presupuesto adecuado, porque entonces estamos diciendo que el Tribunal de Cuentas no va a cumplir. Además, el artículo habla solo del Poder Ejecutivo, no se refiere a las empresas ni a los gobiernos departamentales. Este artículo 27 demuestra que el Poder Ejecutivo está molesto y pide que el tribunal se expida dentro de 90 días o, de lo contrario, queda aprobado. Lo lógico sería que si fijamos ese plazo al Tribunal de Cuentas, lo pusiéramos para toda la actividad de fiscalización que realiza de otros gobiernos. O sea, los 90 días corren para instancias que de alguna manera establezca el Poder Ejecutivo y no los gobiernos departamentales. Entonces, el artículo 27 es complicado. Además, en las exposiciones me pareció oír hablar sobre su dudosa constitucionalidad y me gustaría que lo pudieran comentar.

Dicho esto, y manifestando mi apoyo al Tribunal de Cuentas, quiero pensar que en la Cámara de Diputados los más de 700 artículos llevaron a la decisión que muchas veces se toma en el Parlamento, que es dejar a estos organismos para que sean negociados en el Senado de la República por falta de tiempo. Digo esto porque, a nuestro juicio, es inadmisible que no venga nada para el Tribunal de Cuentas. Vamos a hablar con los compañeros diputados sobre esto. Seguramente, como ha pasado con otros organismos, quiero decirle al  Tribunal –sobre todo con el dolor justificado que manifestó su presidente– que no hay  necesidad de llorar, sino de  exigir en esta instancia. Quiero pensar que le faltó tiempo a la Cámara de Representantes  porque quizás la atención y la discusión se dirigieron a otros puntos del presupuesto que son muy polémicos. Insisto, lo quiero pensar, pero no lo puedo asegurar. Esto lo vamos a saber luego, cuando se trate en el Senado, porque ahora sí tendremos tiempo de examinar un presupuesto que tiene dos capítulos muy claros, uno exclusivamente presupuestal, de crecimiento, incentivos y financiación del propio  organismo y el otro que contiene una serie de artículos que mencionó el ministro Grecco que hacen a las normas del Tocaf. Es injustificable que los artículos 10 al 13 –cuatro artículos–  no se tengan en cuenta. Estos cuatro artículos son para el mejor desempeño en el contralor y  no podemos entender por qué no se votan si no generan ningún tipo de gasto. Después discutiremos el gasto del Tribunal de Cuentas, pero sobre estas cuatro disposiciones que presenta el organismo, que tienen que ver  con el Tocaf y que apuntan a su mejor desempeño –no puedo adelantar– no puede haber ninguna discusión, sobre todo porque es de confianza política. Todos hemos confiado en la neutralidad de su presidente y, también, en la  representación de los ministros porque los partidos, salvo el Partido Independiente, estamos representados en el Tribunal de Cuentas. Tener a alguien que observe en la Administración es una garantía para el sistema. Cuantos más ojos ven mejor vamos a hacer las cosas, sin que eso demore la contundencia,  eficacia  y  eficiencia que debe tener el Estado a la hora de tener que accionar. Este organismo constitucional, como decía su presidente, necesita USD 3:000.000. En un presupuesto de 13.000:000.000, se está hablando de que se necesitan USD  3:000.000 para controlar el gasto de los otros U$S 13.000:000.000. Reitero, son USD 3:000.000 de aumento. Realmente no puedo creer que no podamos conseguir  el dinero que solicita el Tribunal de Cuentas para poder cumplir con su labor. Parecería que si no lo conseguimos es una suerte de castigo para el Tribunal de Cuentas por cumplir con su labor. Por el contrario, si esto es tomado como un castigo, creo que tengo que felicitar al organismo porque, en todo caso, fue castigado por haber cumplido bien su labor. 

Por ejemplo, en el período pasado, en mi tarea parlamentaria he podido constatar que ASSE –a la que íbamos a recibir en la tarde de hoy– ha tenido 1.500 observaciones en un año por parte del Tribunal de Cuentas por ilegalidades. Reitero: ¡1.500 observaciones del tribunal! Eso fue motivo de una interpelación que se realizó al entonces ministro Benegas en el Senado de la república y quien habla fue el miembro interpelante. Si hay organismos en el Estado que tienen no una ni diez observaciones en un año, sino 1.500, es porque actúan en la ilegalidad. Las observaciones refieren a aspectos de carácter ilegal, y para nosotros el trabajo del Tribunal de Cuentas es fundamental y esencial. En él están representados todos los partidos políticos y es  el que, en definitiva, además de ser neutral, lauda lo que mañana pueden significar alineamientos y entendimientos lógicos que hacen a la pertenencia de los partidos políticos.

En ese sentido, creo que el sistema político ha evolucionado mucho porque contamos con un Tribunal de Cuentas que realmente es garantista para todos. La garantía es que cuenta con gente de confianza de los partidos,  además de que quien lo dirige, es decir su presidente, es una persona a quien le reconocemos su destacada trayectoria jurídica y administrativa                      –reconocimiento que no va en desmedro de la capacidad técnica de los otros ministros que lo integran–, pero que indudablemente genera la neutralidad de que cuando se vota entre distintas opciones, está teñida solamente por un criterio técnico-jurídico que es garantista para el Estado uruguayo y para todas las partes.

Señora presidenta, la pregunta es sobre la constitucionalidad del artículo 27 –cosa que me pareció sentir– y sobre si estoy en lo cierto de que acá tenemos dos líneas de artículos, de las que una es exclusivamente presupuestal. Quiero saber si con USD 3:000.000 –cifra que expresé para tener un número más o menos global y no ajustada del presupuesto que se está solicitando– el tribunal puede cumplir con la tarea y exigencia establecidas en el artículo 27; monto que está muy cuestionado.

                Asimismo, quiero saber si dándole al Tribunal de Cuentas el presupuesto que solicita, es factible que éste llegue en tiempo y forma con la exigencia del artículo 27. Independientemente de la votación que surja en la comisión, expresaremos en el plenario que aquí no hay intención de penalizar a un tribunal que cumple con su tarea, sino que, por el contrario, de lo que se trata es de  apoyar la transparencia que debe tener la administración en cuanto a los controles que esencialmente lleva a cabo el Tribunal de Cuentas.

                Es cuanto quería decir.

SEÑOR AMORÍN.- Doy la bienvenida a la delegación del Tribunal de Cuentas.

                En virtud de que la hora de finalización de la sesión estaba pactada para la hora 13:00, voy a tener que ausentarme porque a esa hora tengo un compromiso que no puedo eludir, pero me comprometo a leer con detenimiento la versión taquigráfica de lo expresado aquí.

                Quiero decir que todas las exposiciones realizadas han sido muy claras y tocantes porque estamos tratando un tema muy importante para el país; el control y legalidad del gasto en general es un asunto muy importante. Especialmente, fueron tocantes las últimas expresiones de su presidente. Me pareció que la suya fue una expresión casi desesperada, como diciendo: «¡Ayúdennos, a ver si podemos hacer funcionar esto!». Parecía que no sabían si había que llorar o quejarse –por aquello de que «el que no llora no mama»–, para que los escucharan, ni cuán fuerte tenía que ser el grito para decir que hay una institución que tiene fundamental importancia para que exista la república.

                Entonces, seguramente vamos a tener una discusión pero, como noticia buena, les digo que creemos que va a ser así, que el Presupuesto se podrá volver a discutir. Podrá haber modificaciones al Presupuesto, que va a abrirse, obviamente, con cautela. Si fuéramos gobierno también lo abriríamos con enorme cautela, eso me parece razonable.

                Comparto con el señor senador Heber en cuanto a que aquí hay tres tipos de normas o de artículos y, en primer lugar, me interesaría que quedara constancia, en la versión taquigráfica, de la postura de inconstitucionalidad del artículo 27. Si es inconstitucional, lo es más allá de que tengan dinero o no para cubrir las posibilidades. Si poner un plazo es inconstitucional, lo es tengan o no el dinero para funcionar y, a lo mejor, hacerlo en menos de 90 días.

Esta es una cuestión profunda y pasa siempre, pero en este Presupuesto hay algunas normas que consideramos inconstitucionales y me gustaría tener los fundamentos al respecto porque estoy seguro de que la mayoría del Cuerpo votará en contra de una norma que sea inconstitucional si los fundamentos son claros.

                Me parece que respecto a estos cuatro artículos que mencionaba el señor senador Heber –del  10 al 13–, son los representantes del Tribunal de Cuentas –y de la Administración, obviamente– los especialistas en el tema ya que son quienes saben cómo funciona y aplican el Tocaf.

                Seguramente, estos temas serán discutidos y cada cual volcará sus argumentos para votar a favor o en contra; lo que me parecería mal sería que esto pasara inadvertido, que ni se  hable de la situación.

                Los primeros artículos –del 1.º al 9.º– ya implican algún costo y también los discutiremos. Creo que esto es fundamental para el tribunal porque, además, no son cifras muy importantes. Es cierto que el presupuesto del Tribunal de Cuentas es más que acotado así que tendremos que conversar, por supuesto, con el Poder Ejecutivo y con la bancada oficialista.

Es muy complicado el tema del Presupuesto y esto lo digo  porque es muy fácil, desde la oposición, tirar piedras pero cuando uno estuvo en el gobierno sabe que desde allí las cosas son difíciles. Lo que tenemos que hacer es ayudar, poner un poco de cabeza y ver cómo hacemos para que esos recursos le lleguen al Tribunal de Cuentas. Ese es el compromiso que tenemos y, por supuesto, no queríamos que nuestros invitados se fueran sin escuchar nuestra voz y, además, pretendo que sepan –sé que muchos lo saben– que estamos preocupados y que nos vamos a ocupar del tema. Todo el Senado y todos los partidos, seguramente, vamos a discutir a fondo estos artículos y me parece –eso es bien probable– que algunos de los artículos serán votados.

SEÑOR PARDIÑAS.- Creo que hemos tenido una presentación, por parte del Tribunal de Cuentas, de su demanda presupuestal la que, sin lugar a dudas, siempre es de recibo. Tal como han sido las expresiones de quienes nos han precedido en el uso de la palabra, hacemos llegar nuestra valoración y preocupación y, también, nuestro reconocimiento.

Quiero dejar alguna constancia de carácter general.

Para nuestra fuerza política importa –y mucho– que existan controles en la función pública, por la responsabilidad que implica el manejo de los recursos públicos, de la hacienda pública y no solamente para que se realicen dentro de la legalidad sino también para que su realización se ajuste a los cometidos, objetivos y destinos correctos, de manera que redunden en un beneficio para el desarrollo del país. Creo que para nosotros siempre será un desafío poder seguir construyéndolo. El señor senador Berterreche hablaba del apego al cumplimiento en los ordenadores de gastos y me parece que muchas veces, a quienes nos ha tocado pasar por ese rol, nos complica que por acciones formales se observen ciertos gastos, pero cuando se cumple lo formal no se observe lo que se desvía del ejercicio de la función. Esa es la realidad del gasto público porque sabemos que se hacen compras con factura, Rut, vigencia y registro y resulta que lo que adquirió la Administración no es lo que dice esa factura. Eso también pasa y por eso hay que seguir bregando por evitar estas cosas en la Administración. Por todo esto, quiero destacar que no solamente el Tribunal de Cuentas debe realizar la fiscalización y la auditoría, porque las normas también establecen que la propia Administración también tiene que hacerlo. Hay varias administraciones que tienen sus sistemas de auditorías pero no hay duda de que el jerarca y los ordenadores de gastos tienen que ser los primeros en preocuparse de que estén dirigidos a lo que se quiere. Entonces, creo relativizar ese concepto de que solo el Tribunal de Cuentas realiza el control y lo aclaro porque, en cierta manera, se podría haber comprendido así luego de la exposición del señor ministro. Aclaro que comprendo su postura por el apego e identidad con su rol y función en el Tribunal de Cuentas.  

                En mi opinión, el Gobierno y nuestra fuerza política han atendido a este organismo y que no hay un problema de no atender demandas presupuestales de los organismos y del inciso que estamos analizando, más allá de que en este Presupuesto no se hayan incorporado incrementos presupuestales y normativas. En lo relativo a la normativa, el Parlamento tiene la potestad ahora de tomarla en cuenta, en base a lo que explicitó la delegación y creo que en ese sentido, desde el Senado, podemos tomar en consideración aspectos que por equis razón la Cámara de Representantes no consideró. Algunos tienen que ver con normas que ya fueron modificadas en rendiciones de cuentas pasadas y que hacen a la forma y al ajuste de la realización de los gastos y contratos, tema que consideramos bastante con el Tribunal de Cuentas en la anterior legislatura. Por lo tanto, es posible incorporar estas cuestiones.

                Recuerdo que en el presupuesto pasado –responsabilidad del Parlamento nacional pero a  iniciativa de la fuerza política que estaba en el gobierno– se adjudicó al Tribunal de Cuentas un presupuesto mayor, para satisfacer y atender la necesidad de algunas mejoras en el aspecto salarial y para la contratación de funcionarios. También, en el presupuesto anterior, se incorporó el artículo 1.º del proyecto de presupuesto que presenta el Inciso, relativo a la facultad de presupuestar a los funcionarios contratados en régimen de función pública. Esto ya estuvo aprobado en el presupuesto pasado. Entonces,  hay posibilidades y creo que tenemos elementos para dar cuenta de algunas de las cuestiones que demanda el propio Tribunal de Cuentas. Pero  hay otras cosas que me generan ciertas contradicciones, y las quiero plantear porque quizás hice una mala interpretación de los hechos. En cuanto a la retribución de los funcionarios, todos debemos bregar por tener mejores ingresos, que este refleje una razón de justicia en cuanto a la responsabilidad, el compromiso y a la significación de la tarea que se realiza.  También sabemos que para esta etapa presupuestal las prioridades del Poder Ejecutivo, en cuanto a mejoras de retribuciones salariales, están puestas en otros colectivos. Y esto no quiere decir que no se tenga en cuenta la importancia del rol del Tribunal de Cuentas. Creo que no se puede comparar en el presupuesto la significación en forma porcentual del Tribunal de Cuentas o de cualquier otro inciso para ver si es importante o no. En primer lugar, porque hay incisos que sabemos que su peso es de gran relevancia porque recogen la principal inversión pública que hace el Estado, el Gobierno y la nación uruguaya. O sea, si comparamos con el presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene un altísimo componente de inversión pública, ahí tendremos una gran disparidad. ¿Cuál es más importante? Creo que no se va a determinar el rol más importante porque cada uno tiene el suyo y cómo incide en el presupuesto nacional.

                Tampoco creo que la eficiencia o el apego al ejercicio de la legalidad del gasto en un inciso se base en cuantificar la cantidad de observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas a la administración. No hay duda que en situaciones tan complejas como se viven en la salud, donde se ejecutan fondos para dar un buen servicio –un servicio que ha sido ampliado– de cobertura para toda la población, con normas que son muy rígidas, en una situación de complementariedad de un sistema público con otro privado, es lógico que a veces haya muchas excepciones. Y el que haya excepciones no quiere decir que haya ilegalidad. Por algo el Tocaf admite que el ordenador pueda reiterarlo y eso no quiere decir que haya ilegalidad. Si acumulamos y sumamos la cantidad de observaciones que reciben los gobiernos departamentales estaríamos diciendo que no sirven las intendencias porque registran más de cinco mil observaciones del gasto por año. No; es porque están bien. Son gobiernos que bajo ciertas circunstancias desarrollan reiteraciones de gastos, aunque algunos de ellos son ilegales. Eso es real.

                Pasemos al tema del artículo 6 que propone el organismo. Hablamos de que faltan funcionarios, de que hay una plantilla que no se incrementa, pero en el artículo 6 se solicita una partida que no incrementa el crédito presupuestal porque se dice que se financia con el crédito existente por la supresión de vacantes por un monto equivalente. ¿Cómo es posible pensar que tenemos pocos funcionarios, que hay que tener más y, a su vez, se suprimen vacantes para usar una partida presupuestal? Entonces, interpreto mal la norma o esta no expresa lo que realmente el órgano quiere llevar adelante en cuanto a la cantidad de funcionarios que requiere para la tarea que tiene que realizar.  Estas son las cuestiones que debemos conversar en este ámbito y los argumentos que nos pueda brindar la delegación del Tribunal de Cuentas nos ayudarán a discernir y esclarecer el tema.

SEÑOR RIPPE.- Si la señora presidenta está de acuerdo, el ministro Grecco contestaría algún comentario que hizo el señor senador Berterreche, el doctor Ezcurra se referiría a la constitucionalidad de la norma; la ministra Martínez aludiría a algún aspecto económico-financiero y el contador explicaría las dos preguntas que hizo el señor senador.

SEÑOR GRECCO.- Quiero aclarar lo que expresé anteriormente con respecto a las reiteraciones. En primer lugar, quiero decir que las reiteraciones son absolutamente ajustadas a la Constitución y a la ley; no hay ninguna duda de que el sistema de control está previsto así: le da la posibilidad al ordenador de reiterar.

                Cuando dije que no consideraba que fuera un sistema conveniente, me refería a que históricamente –no en los últimos cinco, diez, quince o veinte años– las reiteraciones se convirtieron en un recurso habitual sin considerar el fondo de la observación. Entonces, como se tiene la salida de la reiteración, no se considera el fondo de la observación. Después esto pasa al Parlamento nacional, ya que la Constitución establece que el Tribunal de Cuentas envíe las reiteraciones para su consideración. De todas maneras, eso es responsabilidad de los legisladores.

                Por otra parte, quiero destacar –y que seguramente debe constar en la versión taquigráfica– que dije que veía con mucha satisfacción que en los últimos tiempos se veía a los ordenadores sensibilizados con las observaciones y que había una corriente de varios de ellos que estaban dejando sin efecto determinadas contrataciones por las observaciones del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, la generalización –asumo que pueda ser interpretado así– pasa solamente por un dato estadístico: de todas las observaciones del tribunal, la gran mayoría se reitera. De todas maneras, reconozco que hay ordenadores que quizás hayan iniciado una corriente –como el senador que me hizo la observación– de reconsiderar la contratación en base a las observaciones del tribunal, lo que me alegro que suceda.

SEÑOR EZCURRA.- Quiero referirme a lo que expresó el señor senador Pardiñas de que no es el único control que se realiza en la Administración. En realidad debe estar plasmado en la versión taquigráfica, pero aclaro que nunca dije que es el único control que se realiza. Lo que dije es que el Tribunal de Cuentas es el único órgano de control externo de la Administración, pero eso no quiere decir que no consideremos que la Auditoría Interna de la Nación haga su control interno. Reitero que el único órgano de control externo de la Administración es el Tribunal de Cuentas, y a eso me refería.

                En segundo lugar, también hablé de un porcentual respecto a la cantidad de funcionarios y del presupuesto. A los ministros –porque esto lo consensuamos con los ministros– nos parece válido hacer ese comparativo, pero eso no tiene que ver con la importancia de la tarea que ejerce cada cual. Para nosotros es una tarea de raigambre constitucional y nos parece válido establecer la cantidad de personas que están  dedicadas a la tarea con respecto a la totalidad de funcionarios. Es una manera de medir en la que, obviamente, se podrá estar de acuerdo o no.

                En cuanto a lo que expresó el señor senador Heber sobre el artículo 27, que le interesaba por el tema de la inconstitucionalidad, voy a dividir mi exposición entre el contenido y la formalidad. En cuanto al contenido del artículo, el problema está en que no sabemos exactamente cuál es el ámbito de aplicación, porque habla de procedimientos y base de contratación. Entonces, no sabemos exactamente a qué se refiere ese plazo que se pretende establecer, entre otras cosas, porque el Tribunal nunca fue consultado sobre esto, a pesar de que es su competencia y materia privativa. Realmente no podemos saber cuál es el ámbito de aplicación. Además, este artículo pasa por alto algunos problemas prácticos, por ejemplo –voy a decir solo uno–, muchas veces el plazo que el Tribunal de Cuentas tiene para expedirse sobre los expedientes que llegan a este organismo se ve suspendido porque están incompletos. Este aspecto tampoco fue previsto en la norma.

                En lo que tiene que ver con la formalidad, la Constitución de la república es clara respecto a la autonomía funcional del Tribunal de Cuentas, es decir que este organismo tiene que defender ese precepto constitucional. Esto no significa –y creo que puedo hablar en nombre de todos los ministros– que no estemos abiertos a considerar estos plazos, así como cualquier otro, pero siempre con la intervención del Tribunal de Cuentas, dado que esto forma parte de su autonomía funcional.

                Espero haber satisfecho las consultas realizadas.

                Quiero decir que hay un antecedente en el presupuesto quinquenal anterior donde se agregó una norma que obliga, está vigente, a los ministros del tribunal a fundamentar su voto negativo. Se inició una acción de inconstitucionalidad y todavía no tenemos sentencia al respecto, pero la postura es similar. Estimo que con el acuerdo de los ministros, en caso de mantenerse este artículo, también iniciaríamos una acción de inconstitucionalidad por violación de la autonomía funcional.

SEÑOR PARDIÑAS.- Quisiera saber si es posible –que no se entienda como una obligación, sino como una  mejora a lo que ya se votó en la Cámara de Representantes– que el Tribunal de Cuentas haga llegar a la comisión la propuesta de un artículo sustitutivo, que contemple las acciones de forma y contenido. Entiendo que es muy importante el contenido –tal como recién se señalaba– y leyendo el artículo veo que es bastante vago o amplio.

SEÑOR EZCURRA.-  Sin duda este es un cuerpo colegiado. Tendría que hablar con el resto de los ministros. Obviamente, se ha terminado la etapa en donde podemos incluir artículos y simplemente sería una propuesta como de asesoramiento a la comisión. Con mucho gusto lo vamos a tratar entre los ministros.

SEÑORA MARTÍNEZ.-  En cuanto a las preguntas formuladas por el señor senador Berterreche respecto a las cifras del presupuesto, voy a ceder el uso de la palabra al señor Yelpo, contador central del tribunal.

 En lo que tiene que ver con la otra pregunta sobre si el ministerio alguna vez negó refuerzo de rubros, tendría que contestarle que sí y  que no. ¿Por qué? Porque aunque habitualmente no niegue el refuerzo de rubros, también habitualmente no cubre las necesidad que presenta el Tribunal de Cuentas. O sea: podrá no haber una negativa rotunda, pero hay una negativa de cubrir las efectivas necesidades que justifica el Tribunal de Cuentas en su pedido de refuerzo de rubros.

                A continuación, si me permiten, voy a cederle el uso de la palabra al señor Yelpo a los efectos de referirse a las cifras totales del presupuesto.

SEÑOR YELPO.- El presupuesto básico del Tribunal de Cuentas en la apertura es de $ 493:000.000 en el año 2015. Se solicitaron dos refuerzos: uno, para inversiones, de carácter excepcional, porque se está terminando el edificio        –que a fines de este mes o principios del que viene ya se entrega, y del que han hablado los ministros–, que fue de $ 17:300.000; y el otro se otorgó para funcionamiento $ 6:500.000 cuando se habían solicitado $ 12:000.000, que es a lo que hacía alusión la ministra Martínez. Si bien no se niega, normalmente se pide una cantidad y se otorga el 50 % o menos.

                Básicamente es eso. Esto incluye todos los rubros: sueldos, funcionamiento e inversiones.

SEÑOR BERTERRECHE.- Entonces, estamos hablando de unos                      $ 520:000.000, $ 530:000.000.

SEÑOR YELPO.- En total son $ 517:000.000.

SEÑOR BERTERRECHE.- Según tengo entendido, lo hice a vuelo de pájaros porque no pude estudiarlo más en profundidad, sería un poquito más de      USD 3:000.000 de los que hablaba el señor senador Heber. Me da alrededor de $ 120:000.000.

                De todas maneras, es significativo que en un presupuesto de                   $ 500:000.000 se solicite un incremento de $ 120:000.000. Eso da, pesos más pesos menos, un valor incremental de un 20 % en un país que crece 2,5 %.

                Este presupuesto fue diseñado honesta y seriamente para dar todo el incremento que se prevé por el crecimiento del PIB y distribuirlo entre los distintos Incisos, pero justamente lo que se viene planteando es a partir de un crecimiento país del 2,5 %. Es difícil que en una propuesta austera se plantee un incremento presupuestal del orden del 20 %.

                De todas maneras, creo que es atendible y entendible. Hay algunos rubros de incremento del gasto que llaman la atención, pero ese tema será para hablar en otra oportunidad.

                Era lo que queríamos decir, más allá de la justicia en los reclamos genéricos que ha hecho el Tribunal de Cuentas.

                Gracias, señora presidenta.

SEÑORA MARTÍNEZ.- A los efectos de la consideración de las cifras de nuestra propuesta de presupuesto, no podemos obviar la situación especial del momento que está viviendo el Tribunal de Cuentas –como fue explicado previamente– en cuanto a la finalización del edificio, a la necesidad de equiparlo, a la necesidad de una actualización informática porque estamos realmente muy retrasados en ese tema. Es decir, es una situación coyuntural; no es que estamos pidiendo porque tenemos ganas de gastar mucho, de darnos gustos o de colocar obras de arte en el edificio; no, son necesidades realmente. Además, repito, se da una circunstancia especial de terminación del edificio, de su equipamiento, de la actualización informática y de su mobiliario, en fin, de lo imprescindible para trabajar.

                De manera que eso no puede ser dejado fuera de la consideración de las cifras que presentamos.

SEÑORA PRESIDENTA.- La presidencia consulta al señor Berterreche si está contemplada su inquietud.

SEÑOR BERTERRECHE.- No quiero entrar en dialogados, porque además entiendo y comprendo la situación.

                Ahora bien, los gastos incrementales son precisamente incrementales para el 2016, 2017 y 2018. Son incrementales año a año.  A no ser una pequeña diferencia, que además después se suma en el concepto de inversiones, porque se da 28:500.000 el primer año –lo puedo entender– pero después se suma 18:000.000 –que se dieron–, luego se suman 18:900.000 más, 10:000.000  más, y 10:000.000 más. Es decir que se va aumentando el incremento.

Entendemos la situación –somos sensibles–, pero más allá de las consideraciones del nuevo edificio,  nos parece que un incremento del 20 %  es difícil  en un país que crece un  2,5 % anual. Nada más. Ese 20 % no es que crezca en 2016 y después se termine. Todos los aumentos presupuestales siguientes están basados sobre ese incremento que se daría o que se pidió.

Como lo mencioné anteriormente, no quiero entrar en dialogados.

SEÑOR RIPPE.- Creo que está básicamente lo más esencial. Solo esperamos haber podido manifestarnos y, por eso, tenemos que agradecer no solo la oportunidad, sino además el tiempo que han dedicado a esta exposición.

                Lo único que les pedimos es que nos contemplen. Es una especie de SOS en las actuales circunstancias.

SEÑOR LEV.- En primer lugar, quiero desear un feliz restablecimiento al vicepresidente de esta comisión integrada, al amigo senador Cardoso, por el grave accidente que sufrió.

                En segundo término, agradezco los recuerdos traídos por  senadores de ambos partidos sobre mi paso por estas cámaras, demostrando que no fue invisible.

                En tercer lugar, desear al Parlamento, que es una institución imprescindible y respetable en la democracia –a quien tengo en alta estima–,  la mejor posibilidad de hacer un gesto hacia el Tribunal de Cuentas, contemplando alguna de sus aspiraciones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Despedimos y agradecemos la presencia de las autoridades del Tribunal de Cuentas.

(Se retira de sala la delegación del Tribunal de Cuentas).

                –La presidencia recuerda a los señores senadores que mañana se reúne la Subcomisión de Audiencias y que debemos estar presentes tanto en la mañana como en la tarde.      

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 13:18).