SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 9:41).

–Damos la bienvenida al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, señor Tabaré Aguerre, y a la delegación que lo acompaña.

Ya hemos informado que a las 13 horas tenemos una sesión extraordinaria del Senado, por lo que tendríamos que culminar aproximadamente a las 12 y 50. En caso de no haber cubierto el tratamiento del Inciso correspondiente y para que en el día de hoy quede terminado, nos estaríamos comunicando con el señor ministro, una vez finalizada la sesión de la tarde con el Poder Judicial, para que vuelva a concurrir a efectos de culminarlo; de lo contrario, lo haríamos en la sesión de mañana.

SEÑOR MINISTRO.- Buenos días.

                Vamos a hacer una presentación que probablemente nos lleve una hora, con la idea de que durante su desarrollo se expliquen los contenidos de la mayoría de los artículos que se presentan pero, sobre todo, hacer una contextualización de por qué se hacen las cosas.

                Nosotros consideramos que esta es una instancia trascendental, en la cual un Inciso del Poder Ejecutivo plantea al conjunto de legisladores qué quiere hacer en materia presupuestal, pero también es una oportunidad para comunicar hacia dónde  dirige las acciones y las políticas.

                Esta presentación consta de varias etapas que resumen en una situación de contexto los recursos utilizados en el período anterior; el plan quinquenal, y los desafíos que tenemos por delante.

                Cuando hablamos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no solo nos referimos al  Inciso 7, sino también, a una institución que articula con el resto de los institutos públicos no estatales con representación de integrantes del Poder Ejecutivo y del sector privado.

La institucionalidad agropecuaria ampliada, específicamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tiene que ver con el conjunto de actividades vinculadas a las cadenas agroindustriales, que en nuestro país implican 245.000 puestos de trabajo.

Empiezo por este aspecto porque entendemos que es de magnitud; podríamos decir que explica el 78 % de las exportaciones y el 55 % de la industria nacional.

Cuando hablamos del sector agropecuario y miramos las estadísticas, vamos a ver que implica un 8,7 % del PIB. Cuando salimos de la clasificación convencional del sistema de cuentas nacionales y analizamos el agronegocio como tal –con todos sus encadenamientos– y las actividades agropecuarias, vemos que llegan a un cuarto del PIB nacional.

La evolución del sector en los últimos años, desde el 2003 al 2014, se puede ver en la imagen que mostramos. Me refiero a la evolución de la producción agropecuaria pero, también, la transformación agroindustrial, comparadas con el resto de la actividad económica. Uruguay ha vivido un ciclo notable de dinamismo y, en esta situación actual, eso se ha enlentecido pero no detenido, sino creciendo a una tasa menor y en esto ha tenido un componente fundamental que ha sido la inversión.

El sector agropecuario no ha estado aislado de este proceso y la transparencia final que estamos proyectando debería permitirnos quedarnos con la idea de que, en ocho o diez años, Uruguay multiplicó por tres su producción agropecuaria. Si esto lo expresamos en kilocalorías de alimento por habitante, podemos decir que Uruguay producía alimentos para 9:000.000 de personas y hoy lo hace para 28:000.000.

Creo que todos conocen cuál es nuestra proyección en este sentido porque hace años que la venimos diciendo. Uruguay puede alimentar a 40:000.000 o 45:000.000 de personas sin perder las características que hoy nos permiten tener un posicionamiento que nos diferencia del resto de nuestros competidores en el mundo, por lo menos, en aquellos rubros con más posibilidad de elección o de diferenciación por parte de un consumidor exigente.

En este contexto actual, Uruguay se enfrenta a una situación diferente. Hay un repunte de las economías avanzadas y, a la vez, un fortalecimiento de la moneda de transacción universal –el dólar– y un desaceleramiento de las economías emergentes. Los socios comerciales de Uruguay atraviesan una coyuntura menos favorable, sobre todo, los regionales y aquí hay que marcar una diferencia muy grande.

 Si hacemos una línea de tendencia de precios, podemos observar que el petróleo bajó un 40 % o un 50 % y, el oro, un 47 %, la plata también bajó así como todos los commodities, el maíz, la soja y la leche. Lo único que no bajó en el mundo es el precio de la carne y de la celulosa, y este es un tema determinante para Uruguay porque, si bien tenemos amenazas y problemas, el hecho de ser un productor de alimentos y de fibras de calidad, nos pone en una posición que, según entiendo, nos permite enfrentar esto con una expectativa diferente.

En cuanto a la diferenciación de la calidad de la producción de Uruguay –me refiero a la calidad en términos organolépticos, o sea, la de un producto alimenticio pero también la ambiental–, puedo decir que el valor agregado ambiental, la calidad de las instituciones y la posibilidad de certificar y diferenciar, son insumos estratégicos a la hora de proyectarnos al mundo.

Ahora mostramos cómo han evolucionado los precios de la carne y de otros productos. Los precios de los granos han caído significativamente, así como el precio del petróleo, mientras que los fertilizantes están en una situación intermedia. La celulosa –lo menciono de nuevo– está en una situación en la que la disminución de precios es menor.

¿Por qué hablo de esto? Porque esa gráfica es la que, a mi juicio, directa o indirectamente, todos los uruguayos deberíamos conocer. Somos un país de 3:500.000 habitantes y si bien  tenemos fibras y celulosa, el 78 % de sus exportaciones se debe mayoritariamente a los alimentos.

 Esa tendencia de demanda de alimentos en el mundo debería ser un elemento a tener en cuenta por cualquier ciudadano uruguayo. En los próximos 35 años, la humanidad tendrá que producir más alimentos que en toda la historia de su existencia. El mundo de los 9:300.000 de habitantes demandará una cantidad de alimentos en una situación diferente. Alguna vez dije que no estamos en una época de cambio sino que estamos en un cambio de época, un cambio de era. Digo eso porque ha habido profundas transformaciones estructurales en la producción a nivel mundial, ya que en muchísimos países se eliminó la población rural. En el año 2011 por primera vez en la historia de la humanidad hay más gente viviendo en las ciudades que en las zonas rurales, proceso de urbanización que llevó a un cambio en la estructura de producción y de consumo, y cambios en las revoluciones de las cadenas de distribución.

Me gustaría que los señores senadores se observen la foto central de la imagen proyectada: los alimentos que están arriba de la mesa son los que consume la familia australiana en una semana. El desafío del Uruguay es ver cómo y cuánto podemos participar nosotros en esa mesa, ya sea con valor agregado, con diferenciación, con trazabilidad, con calidad y con un conjunto de acciones que se vienen llevando a cabo por una o varias de las unidades ejecutoras de este ministerio en coordinación con la institucionalidad público-privada agropecuaria.

                ¿Cómo hemos evolucionado en ese contexto? Cuando se habla de un presupuesto es importante ver dónde estamos parados. En la diapositiva que se muestra, figura el presupuesto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 2011-2015 y la línea de base del 2016 a valores constantes. La línea de abajo representa el presupuesto del 2011: 3.447:000.000, línea de base de 2016: 3.440:000.000. Ese es el todo en términos cuantitativos de lo que vamos a discutir. En definitiva, es un gasto igual o sensiblemente inferior en la línea de base. Podemos quedarnos con el 2015 o con el 2014, pero se puede ver que el crecimiento es constante a pesar de que tenemos algunas políticas que hoy son estratégicas e importantes.

La Dirección General de Recursos Naturales Renovables prácticamente ha duplicado su presupuesto. Hoy Uruguay se destaca en el mundo –creo que orgullosamente– por ser un país que tiene una política integral de suelos, por tener 1:600.000 hectáreas de agricultura bajo un novedoso sistema de planificación de uso en coordinación con los usuarios, los propietarios y arrendatarios que se controla satelitalmente y que nos permite atacar el flagelo ambiental y productivamente más determinante de la historia económica del Uruguay rural que es la erosión hídrica de los suelos.

Las zonas más pobres de nuestro país son las que perdieron sus suelos. Por ejemplo el noreste de Canelones ha perdido la mayor parte de horizontalidad de su suelo. Cuando en 1981 me recibí de agrónomo y empecé a dedicarme a la conservación de suelos marcando curvas de nivel en Young, ya había un mapa que indicaba la situación de erosión en los distintos lugares de Uruguay. Entre los años 1982 y 1983 se aprobó una ley de suelos que si bien después tuvo algunas modificaciones, no se aplicó en treinta años. Hoy hay instrumentos que han transformado modelos de predicción de erosión          –desarrollados en la Universidad de Indiana en la década del ’60 y validados por nuestros institutos– en un instrumento de política. Eso se está haciendo y el presupuesto no ha aumentado.

A la Dirección General de Desarrollo Rural que no existía –o existía con cuatro funcionarios en el 2010 y en el 2011–, se la dotó de presupuesto y actualmente está presente en todas las localidades del interior.

El Sistema Nacional de Información Ganadera era un proyecto en curso en el año 2011. Como se podrá recordar, la primera ley que tuvimos que promover en 2011 fue para postergar la fecha en la que se iba a terminar la identificación de los animales, porque se había hecho la trazabilidad de los animales nacidos a partir de 2006 pero faltaba identificar a los grandes. El sistema generaba un montón de problemas y había reclamos permanentes, sin embargo en la actualidad el Sistema Nacional de Información Ganadera ha mejorado su funcionamiento con la participación de los usuarios.

Por su parte, el Sistema Nacional de Información Agropecuaria –que detallaré  más adelante– tiene que ver con poner las herramientas de información e informática modernas al servicio de la toma de decisiones de manera más eficiente.

                Cabe acotar que la mayor parte de nuestro presupuesto tiene que ver con los recursos humanos. En el cuadro se ve que en 2010 había 2.265 funcionaros; en 2014, 2.229 y en el presupuesto están proyectados 2.169: 1.967 funcionarios presupuestados y 200 contratados mediante los programas de endeudamiento externo, ya sea con el Banco Mundial, el BID, etcétera. Hay que tener presente que en el período 2015–2020, de los 2.200 funcionarios, 1.050 van a tener causal jubilatoria y 180 deberán cesar obligatoriamente. Esta es una constante de nuestro Inciso, pues permanentemente se está retirando gente y el proceso de sustitución o reposición a veces es lento, lo cual obliga a enfrentar eso de la mejor manera, pero con algunas dificultades, sobre todo porque de 2.200 funcionarios, 670 son profesionales, es decir que tienen habilidades y especificidades y muchas veces acreditaciones, por lo tanto, a la hora de suplirlos no se resuelve simplemente  con el ingreso de funcionarios de un día para el otro.

Por lo tanto, el ministerio está presente en el territorio en función de ese mapa, con distintas acciones.

                Las políticas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca están diseñadas en una estructura que tiene cinco grandes ejes estratégicos, y su esquema se resume tal como se hizo hace cinco años atrás.

 En primer lugar, el país que produce alimento para 28:000.000 de habitantes solamente puede crecer conquistando los mercados del mundo y eso tiene que ver con la promoción de competitividad, en relación con aspectos de productividad y de inserción internacional. Esto está relacionado con la sanidad, la inocuidad y la calidad.

 El segundo eje es el de intensificación sostenible y cuidado del medio ambiente. Cabe acotar que no estaríamos promoviendo un desarrollo si no tuviéramos en cuenta esto, en un escenario de cambio climático global, que ya nadie discute hoy, que nos obliga a generar una estrategia de adaptación de nuestros sistemas de producción al  incremento de la variabilidad –en la lámina se simplifica hablando de una adaptación al cambio climático– y al aumento de la frecuencia de los eventos climáticos extremos provocados por el cambio climático.

En una lógica de desarrollo rural, en el Uruguay más del 60 % de los productores son familiares y en su gran mayoría –el 70 %– ganaderos.

 Si el mundo va a demandar alimentos de calidad, y si se va a pagar diferencialmente por los atributos que estamos en condiciones de desarrollar, las políticas a llevar a cabo no deberían ser solamente una clave de crecimiento en términos globales, sino que deberíamos tener las políticas diferenciadas que permitieran que esta fuera una oportunidad  para miles de pequeños y medianos productores. Todo esto no se logra sin la convicción y el compromiso de articular institucionalmente de la manera más eficiente posible. Es decir, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es el responsable de las políticas públicas agropecuarias, pero muchas veces se diseñan y se terminan ejecutando en el territorio con el involucramiento del INIA, INAC, INALE, del Instituto Plan Agropecuario o el INAVI.

                En el eje número uno –y acá voy a empezar a comentar algunos de los artículos– referido a la inserción internacional, se presenta la evolución de los mercados con respecto a los distintos productos a los que ha accedido Uruguay. En los últimos años hemos abierto veinte mercados; es un trabajo permanente, donde muchas veces termina siendo más importante mantener los mercados que tenemos, que abrir nuevos. Esto es importante porque en materia comercial hablamos muchísimo del tema arancelario, y sin duda que es un asunto importante y determinante, pero para hablar de aranceles primero hay que acceder al mercado por la vía sanitaria o de inocuidad. Mantener abiertos los mercados implica sortear con éxito las misiones de los distintos países compradores. En el caso de la carne en el año 2014 tuvimos auditorías de Estados Unidos, Rusia, México, Panamá e Israel; estamos trabajando fuertemente para la apertura. Ayer regresé de los Estados Unidos a donde fui a tratar de lograr la apertura del mercado no aftósico de carne ovina con hueso. Uruguay decidió encarar esta limitación de manera inteligente, pragmática y valientemente generando o aprovechando un apartado del código de la UE y generando un compartimento sanitario ovino como un sistema de producción donde los ovinos se terminan de engordar aislados de los vacunos. Creo que este es el argumento con el cual vamos a acceder a esos mercados, y tal vez estemos construyendo la mejor oportunidad para 13.000 productores ovinos del país, de los cuales 11.500 son productores familiares. En ese sentido, la creación de la Dirección General de Bioseguridad –con este nombre fue propuesta en el articulado que se remitió inicialmente y posteriormente fue tratado y modificado por la Cámara de Representantes– tiene como objetivo coordinar y ejecutar las políticas en materia del sistema de control fitosanitario de organismos genéticamente modificados, así como asesorar al ministro y diseñar protocolos.

                El concepto de bioseguridad es mucho más amplio que el de organismo genéticamente modificado, por eso en nuestro mensaje original lo llamamos bioseguridad. Lo que importa es el componente y lo que dice la letra. La definición de bioseguridad es mucho más amplia que la de inocuidad. Consta de tres sectores: inocuidad de alimentos, vida y sanidad de la planta, y vida y sanidad de los animales. ¿Por qué nos parece que tenemos que crear una nueva unidad ejecutora? Porque en la medida en que prácticamente no nos quedan mercados por conquistar, desde el punto de vista sanitario, las barreras que van a aparecer tienen que ver con los aspectos vinculados a la inocuidad. Acabamos de recibir una misión de China porque tenemos cuatro frigoríficos cerrados o suspendidos por los embarques de seis contenedores, cuyos informes y análisis indicaban que el problema no estaba en Uruguay sino en otra etapa. Sin embargo y hasta tanto esta situación no se aclare, hay cuatro frigoríficos cerrados.

                La capacidad de responder proactivamente; de anticiparnos a los problemas y hacer los análisis de riesgo de forma anticipada que nos permitan saber cómo nos tenemos que manejar frente a determinados productos y mercados, en definitiva, tiene que ver con la actividad económica y con el empleo de muchísimos uruguayos. A partir de que el Uruguay amplía su participación en los mercados, estos temas empiezan a ser cada vez más determinantes.

                La bioseguridad, entendida como un concepto de la inocuidad, calidad y sanidad, trasciende a lo que históricamente hemos hecho. El Ministerio tiene la Dirección General de Servicios Agrícolas –que tiene que ver con todos los protocolos vinculados a la sanidad vegetal– o la Dirección General de Servicios Ganaderos. A través de estas normas pretendemos crear un pequeño equipo especializado que, en materia de inocuidad, salga del concepto de gestionar el riesgo y se proyecte al de análisis del riesgo, es decir, por dónde pueden venir los problemas cuando se intensifica un sistema de producción. Históricamente, hemos intensificado los sistemas de producción y luego hemos corrido detrás de la solución de los problemas que aparecen. Acá se trata de crear la capacidad para prevenirlos.

                La segunda sección corresponde a las barreras sanitarias, que  son claves para un país de las características del Uruguay, pero también sabemos que nuestras barreras son vulnerables. Estamos trabajando junto con el Ministerio de Defensa Nacional sobre un proyecto de ley –que próximamente remitiremos al Parlamento–, relacionado con la articulación de efectivos de las Fuerzas Armadas y los servicios técnicos del Ministerio que permitan aplicar, sobre la base de análisis de riesgo, un control más eficiente, efectivo y rápido a nivel de la frontera. No se trata de entender a la barrera sanitaria como un puesto en la frontera –en el que no se sabe qué pasó antes ni qué pasará después–, sino como un trabajo en la prefrontera –es lo que se hace con los trámites de importación–, en la frontera y un seguimiento posterior. Aquí no estamos inventando nada; esto es lo que hacen los países que han avanzado más en la materia.

                La idea es trabajar desde la protección de salud, consolidar el acceso a los mercados y proteger la imagen del país. Si somos reconocidos por hacer las cosas bien y tenemos un problema sanitario con determinado producto, este no afectará la imagen que tenemos como país y como servicio.

                El artículo 286, referido al sistema de control zoosanitario y fitosanitario, tiene que ver con aspectos vinculados a los recursos acuáticos, a los servicios agrícolas y ganaderos.

                Los señores senadores podrán observar que en la imagen se muestra el diagrama sobre el cual se va a trabajar. Simplemente, vamos a poner un ejemplo de lo que tenemos que cambiar.  Desde el punto de vista del riesgo de un determinado producto, hoy existe un mismo protocolo. No tiene nada que ver el análisis de riesgo de Aceguá con el del puerto de Nueva Palmira.

Hablemos de un tema que nos entristece cuando lo recordamos: la aftosa. Si mañana tuviéramos un problema de aftosa en Bagé, con el máximo control en el puesto de frontera de Aceguá, el riesgo lo tendríamos igual. Ahora bien; si llega un marinero chino proveniente de una provincia en la que hay circulación de aftosa –de un virus para el cual hoy no vacunamos– y genera un residuo alimenticio que no es bien procesado en el sistema de recolección y tratamiento de residuos del puerto de Nueva Palmira, todo el sistema de vacunación que tenemos para la aftosa no sirve de nada porque no estamos vacunando para un virus que hoy no existe en el Uruguay, pero que está vivo.     

                Entonces, el análisis de riesgo que tenemos que hacer en los distintos puntos de frontera nos obliga a estar manejando permanentemente toda la información de lo que está pasando en el mundo y ajustando nuestro análisis. De lo contrario, sería imposible. Si queremos cubrirnos de todo, en todos los lugares y de la misma manera, en una frontera seca de 800 kilómetros, eso es imposible de hacer. Esas son las capacidades que tenemos que generar.

                En cuanto a lo que se entiende por bioseguridad –que se circunscribe a organismos genéticamente modificados–, en el Uruguay ha habido una revolución productiva de la mano de los organismos genéticamente modificados, que están regulados por el Decreto n.º 353 de 2008, que es el que crea la Comisión para la Gestión de Riesgo, está integrada por distintos ministerios. En ella se analiza técnicamente, con el informe favorable de los representantes de los distintos ministerios y del ámbito académico, y se toma una decisión que debe ser aprobada por el Gabinete Nacional de Bioseguridad, que preside el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El Gabinete Nacional de Bioseguridad tiene su oficina dentro del ministerio, por lo que está «colgado» –entre comillas– de la Unidad Ejecutora 01. La idea es poner esto, junto con las barreras sanitarias y la Dirección General de Control e Inocuidad Alimentaria, dentro de la Unidad Ejecutora de Bioseguridad. Cabe destacar que los señores diputados resolvieron nombrarla Dirección de la Inocuidad Alimentaria. Quiero aclarar que el concepto de bioseguridad es más amplio que el de inocuidad. Este funcionamiento se mantiene porque el análisis de los impactos que pudiera tener un organismo genéticamente modificado trasciende las competencias y la opinión exclusiva del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es importante la opinión de todos los ministerios que la componen.

                El objetivo es llegar a que los uruguayos nos alimentemos con las cantidades que se muestran en la diapositiva de la mesa de la familia australiana y ver cómo nos preparamos institucionalmente para no quedar afuera de esa mesa por problemas relativos a la inocuidad, a la sanidad, a la calidad o a las barreras vinculadas a los sistemas de producción.

Asociado al concepto de bioseguridad, está lo del compartimento ovino. Continuando con el análisis de los artículos, el artículo 271 faculta al ministerio a certificar desde el punto de vista higiénico-sanitario los productos de origen animal, provenientes de sistemas de producción en los que la bioseguridad sea diferente. El departamento de agricultura de los Estados Unidos ya ha finalizado el análisis de riesgo del sistema de producción, lo aprobó y en estos momentos se está redactando la norma que se someterá a consulta pública. Si eso ocurre normalmente, es probable que el año que viene tengamos habilitado, por lo menos, ese mercado. Espero que así sea. Cuando eso ocurra –no importa cuándo, si es en el primer o segundo semestre–, la condición que tendrá el acceso es que se certifique que los cortes que se envíen provengan de animales que cumplieron con el protocolo. Eso lo tiene que certificar alguien. Por tal motivo, este artículo crea la condición para poder atender esa demanda.

                No voy a entrar en los detalles de lo que es el compartimento ovino, pero esa es la imagen.

La foto que están viendo es del Centro de Investigación y Experimentación «Alberto Gallinal» del SUL y muestra un sistema de producción de pastura con riego, que el año pasado produjo 1.350 kilos de carne ovina por hectárea. Si tenemos en cuenta, que el precio por kilo de carne ovina se ubica en los USD 6, podemos ver que es mejor que cualquier agricultura y eso no tiene frontera en el Uruguay. Digo esto porque esos suelos son de índice Coneat 95 y porque la represa que se hizo allí –y que tuve el orgullo de inaugurar hace cuatro años– se podría hacer en la enorme cantidad de establecimientos que se encuentran en el resto del país y que tienen un mínimo de escala. En el caso de aquellos que no tengan la escala necesaria, tendremos que poner creatividad para que de forma asociativa y con un concepto de cuenca hidrológica, lleguemos a tener la capacidad de administrar un recurso que hoy tiramos en un 93% al océano. Si eso es así, si es cierto, permítanme decirles que de todos los productos alimenticios del mundo, el único que tiene proyección de demanda creciente y oferta decreciente es la carne ovina y, en segundo lugar, la vacuna. Esa es la oportunidad y a través de la visión estratégica, la construcción institucional y la credibilidad en el sistema, podremos aprovecharla.

                Desde el punto de vista social, podemos informar que un tercio del rodeo ovino nacional se ubica en predios familiares de menos de 500 hectáreas y, por lo tanto, este no es un tema desvinculado de la construcción del desarrollo, la atención y creación de actividades para la producción familiar.

                El artículo 291 tiene que ver con los aspectos de bioseguridad o de sanidad y faculta a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos a determinar las enfermedades de animales acuáticos de importancia económica presentes en el país. Esto es clave en términos de la acuicultura o la producción artificial. En la foto pueden ver un esturión y creemos que es necesario preparar la institucionalidad para un mayor incremento de la producción acuícola. En realidad, en el mundo crece la producción de la acuicultura frente a la captura. Lo cierto es que la captura en los océanos está estabilizada y, en el caso del Uruguay está decreciendo. Para que tengan una idea, en la imagen se muestran los números de producción anual de carne de esturión.

                El artículo 292 también tiene que ver con la pesca y en virtud de los acuerdos que nuestro país ha suscrito, está obligado a inspeccionar y certificar buques pesqueros de bandera extranjera. Aquí se crea una tasa.

SEÑOR HEBER.- Me gustaría saber cuál es la mecánica de trabajo porque el ministro está haciendo referencia a cada uno de los artículos y no me queda claro si este es el momento de hacer preguntas sobre el articulado o esperamos a que finalice su presentación.

SEÑOR MINISTRO.- Preferiría terminar con la presentación global de los artículos.

SEÑORA PRESIDENTA.- La metodología que estábamos utilizando era una presentación general por parte del encargado del inciso correspondiente y luego comenzar a analizar el articulado en particular.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 284 tiene que ver con el sistema de monitoreo aviar. El Uruguay tiene un consumo de 100 kilos de carne por persona por año, de los cuales 22,5 kilos corresponden a la carne aviar. Estamos convencidos de que la producción aviar se puede incrementar sobre la base del aumento del mercado interno pero también con la conquista de nuevos mercados. Si es cierto –yo no tengo ninguna duda– que el 75 % del costo de producción de un pollo está basado en la ración y el Uruguay es un país competitivo en producción de soja, maíz y sorgo, entonces deberíamos serlo también  en materia de penetración de los mercados externos. Pero, reitero, todo lo que tenemos desarrollado en carne vacuna, en carne ovina –144 mercados–, no lo tenemos en los pollos, porque toda la vida el sector avícola, de alguna manera, ha visto como mercado al interno. Entonces, Argentina tiene 44 kilos per cápita, Brasil, 48 kilos per cápita, y si Uruguay es competitivo en producción podría crecer. Acá estamos hablando de cuatrocientos y tantos productores fasoneros, que producen en un sistema de integración vertical con empresas industrializadoras, y de lo que se trata es de generar las condiciones de sanidad que nos permitan acceder a los nuevos mercados. Un requisito básico para poder monitorear y manejar la sanidad, para poder responder a las auditorías que vengan, es tener un sistema de trazabilidad, que no es                –obviamente– una caravana colgada del pescuezo de un pollo, sino que estamos hablando de trazabilidad grupal, por lotes, que permite, por ejemplo, tener registrado cuántos pollitos bebés entran a un criadero y cuántos pollos salen. Ese tipo de controles son exigencias de los mercados y son básicos desde el punto de vista del manejo y, en todo caso, de la vigilancia epidemiológica. Esto ya se hizo. Hoy, con toda la producción aviar se ha desarrollado, en paralelo al sistema de trazabilidad ganadera, un sistema de monitoreo abierto. Lo que hace este artículo es generar las condiciones y facultades para que esto se aplique, y se sustituye la guía de tránsito avícola, que es una guía de tránsito de ganado, por la aplicación de un sistema informático. Esto hoy se hace todo por la vía electrónica.

                Luego, como se puede apreciar en la presentación multimedia, hay en total 87:417.000 aves. El sistema de trazabilidad –lo menciono solo para conocimiento de los señores senadores– arranca con la importación de los huevos que van a dar lugar a los reproductores padres. O sea que el sistema de trazabilidad comienza en la importación.

                El artículo 283 es más de lo mismo, por lo que no voy a entrar en detalles. No obstante, si hay preguntas, al final las podemos ver. Todo esto consiste en desarrollar un programa estratégico en materia de sanidad e inocuidad y considerar y proponer las estrategias de control y erradicación de dichas enfermedades. Esto está complementando el sistema de monitoreo aviar, pero responde a una necesidad sentida por los actores de la producción. No quiero ser irrespetuoso, pero en nuestro escudo nacional hay una vaca, no un pollo. Nosotros tenemos un sistema que se ha desarrollado sobre la base de la producción ganadera, y hemos conquistado el mundo; tenemos 144 mercados y recibimos 7 o 10 auditorías por año en materia de vacas o de ovejas. Por lo tanto, hemos decidido disruptivamente, dentro de la unidad de servicios ganaderos, crear un pequeño cuerpo especializado en la producción intensiva para atender diferenciadamente ese tema.          Esos son los cometidos que va a tener esa unidad.

Lo que se ve ahora sigue siendo lo mismo: la unidad coordinadora de la sanidad e inocuidad aviar. Esa es la ubicación geográfica. Esto está asociado a la pérdida de suelo. ¿Por qué el noreste de Canelones está lleno de gallineros? Porque están bajo techo y la alimentación es artificial; si hay suelo u hormigón es lo mismo porque es un asiento físico. Por tanto, que la actividad crezca, que Uruguay pase de 22 a 44 kilos per cápita y que la producción avícola sea un rubro de exportación, tiene que ver con construirle oportunidades a un montón de gente que se encuentra en zonas donde la producción en escala desde el punto de vista agropecuario es difícil de realizar por un tema de tamaño o calidad de los suelos.

                Los artículos 299 y 300 –seguimos en el capítulo I– refieren a la promoción de la competitividad e inserción internacional. Buena parte de nuestro acceso a mercados tiene que ver con responder a algunas de estas cosas. En estos artículos se amplían las facultades para hacer análisis de calidad e inocuidad de productos de origen vegetal en base a metodologías de evaluación de riesgo. Los senadores se preguntarán por qué creamos una unidad de inocuidad cuando, por ejemplo, en este caso la Dirección General de Servicios Agrícolas plantea aumentar sus facultades en esa materia. Lo que pasa es que aquí hay pensamiento y acción. Contamos con unidades ejecutoras que tienen que estar ejecutando, controlando y aplicando, y ahora creamos una unidad de pensamiento estratégico que nos permita saber por dónde pueden venir los problemas para alimentar las unidades que tienen que ver con el trabajo directo en el campo.

                En materia de control fitosanitario podemos decir que nuestro sistema tiene un registro de los productos basados en determinadas condiciones. Se controlan los productos, las aplicaciones y los residuos. En el país hay 1935 productos registrados, más o menos 400 se renuevan y aparecen 40 nuevos por año. Los productos peligrosos cuentan con un control especial y se venden con receta profesional. Nos encontramos en una etapa donde hay un proceso de habilitación para empresas aplicadoras, es una exigencia obligatoria para que realicen cursos de buen manejo. En este momento, estamos en la etapa de incorporar a todos los equipos de aplicación comercial un dispositivo de tecnología de comunicación –como el utilizado en los celulares– que permitirá registrar el lugar donde se están realizando las aplicaciones. Ahora se está construyendo este sistema de monitoreo. Ya hay una reglamentación que obliga a quien va a hacer una aplicación, si es un aplicador comercial, a comunicar mediante un formato electrónico. Se tiene que informar, por ejemplo, que se va a hacer una aplicación en el padrón 3944, de la sección judicial equis, del departamento de Artigas. Esa es una obligación. Ahora lo que estamos generando es la capacidad de saber dónde está ese equipo, el que tendrá una señal de telecomunicación y nos permitirá saber dónde se encuentra. Entonces, se podrá saber si se está haciendo la aplicación y se podrá fiscalizar si no hubo autorización. Esto es importante porque tiene que ver  con el cuidado de la calidad ambiental; los instrumentos modernos que pueden ayudarnos a que no se caiga en la tontera de tratar de prohibir todo lo que no podemos controlar. Como potencialmente la agricultura puede afectar un curso de agua, prohíbo la agricultura; no es así, lo que debo tener es la capacidad de control y, para ello, debo contar con instrumentos que permitan ser eficientes y modernos; que nos permitan utilizar las herramientas de la tecnología y comunicación actuales al servicio de una política pública inteligente.

                Ya dijimos que la intensificación sostenible era el segundo eje. Los artículos 297 y 298 tienen que ver con eso y crean una figura o categoría en el régimen de fiscalización y seguimiento del cumplimiento de los planes de suelo que no estaba prevista en nuestra normativa y que es la del apercibimiento. Nosotros aplicamos e invertimos tres años de trabajo de extensión, comunicación, educación y coparticipación en cuanto al diagnóstico del problema con la mayoría de los actores de la agricultura nacional y a pesar de que a priori podría pensarse que el mecanismo que restringe el uso del suelo a su dueño iba a provocar resistencias muy grandes, no las generó porque está basado en principios técnicamente muy sólidos: a medida que hacemos un mal uso del suelo pierde productividad. De todas maneras, si creamos una norma tenemos que tener capacidad de control y cuando detectamos un incumplimiento debemos tener la capacidad de sanción. Como esta norma se fue aplicando gradualmente, nos pareció importante generar la figura del apercibimiento, es decir, en la primera infracción no sancionar con todo el peso, sino generar una instancia que nos permita seguir fortaleciendo esa acción.

Recordemos que Uruguay ha tenido un cambio en su sistema de producción, porque históricamente hemos tenido un cultivo por año y en los últimos tiempos hemos ido a un promedio de 1,5 o 1,6 cultivos por año. Si bien es cierto que Uruguay transitó por esa revolución tecnológica que fue sustituir el arado por la aplicación de agroquímicos y hacer la siembra directa –la foto de la derecha muestra una soja naciendo en un rastrojo de trigo que,  de por sí, es mucho mejor que lo anterior–, eso no resuelve todos los problemas ya que, aun con el sistema de siembra directa la mayor parte de nuestros suelos no toleran una agricultura continua. La foto que está a la izquierda es del año 1981 y lo que está en color rojo son las zonas que tienen un índice severo de erosión. Las zonas que vemos en color verde oscuro y claro no tenían erosión en el año 1980, pero la foto de la derecha nos indica el riesgo de degradación. Al día de hoy todos sabemos que la agricultura se ha extendido por todo el territorio, aunque con los precios de hoy y con los costos de logística, probablemente, en las zonas pintadas de rojo haya una tendencia a su disminución pero, inexorablemente, se va a asociar con la ganadería en todos esos lugares. El razonamiento que nos llevó a aplicar esta política con toda la fuerza fue el siguiente. La foto de la izquierda nos dice que si llegamos a tener niveles severos de erosión en los suelos más fértiles y con mejores condiciones del país, no sabemos qué ocurriría dentro de 50 años si no tomáramos una medida para regular la capacidad del uso de los suelos. En este sentido, a partir de la aplicación de la ley de suelos  del año 80 sancionábamos con una multa la cárcava de erosión que está a la derecha de la foto; cuando constatábamos eso multábamos. El problema es que formar un centímetro de suelo lleva cien años, por lo que sería un daño que no tiene retorno. Lo que hacíamos antes era certificar una autopsia; en cambio lo que hacemos ahora lo llamamos medicina preventiva, es decir, planificar en función de la capacidad de uso que tienen los suelos aplicando toda la técnica. Esto se hizo acreditando –a nivel informático sin presentar ni un papel– a 597 agrónomos privados que trabajan en coordinación con el ministerio y se fiscaliza por imágenes satelitales. La imagen satelital, tal como vemos en la presentación, muestra 13.160 planes en 1:500.000 hectáreas. Esta es la realidad del Uruguay. La comparación y el análisis de las imágenes satelitales es lo que nos permite fiscalizar si hay un lugar donde se está haciendo agricultura que no se comunicó y si lo que se está haciendo es lo que se puso en el plan. No quiere decir que no se pueda cambiar de cultivo. Lo importante no es señalar al productor qué es lo que tiene que hacer y plantar, sino decirle que plante lo que quiera, en la medida en que  no afecte la capacidad productiva del suelo en el futuro. En todo este proceso –que, como podrán advertir, es novedoso, desafiante y diría que es innovador a nivel mundial–,  la etapa de diálogo  con los productores nos obliga a tener una instancia en la cual debe existir la figura del apercibimiento, porque esto será sostenible en el tiempo en la medida en que los usuarios lo acepten de una manera proactiva y no lo resistan. Afortunadamente, es uno de los grandes logros que hemos tenido. El próximo paso será incorporar a los planes de uso de suelo para agricultura la dimensión lechera, por la importancia que tiene este sector y, sobre todo, por los impactos ambientales que puede tener debido a la localización geográfica de las principales cuencas. En ese proceso, se le agregará a los planes de suelo el tema de la calidad del agua, es decir, el manejo de efluentes.

                En el artículo 274 se incrementa el presupuesto del proyecto de endeudamiento. Teníamos una capacidad de crédito vinculada al endeudamiento del Banco Mundial y del BID –que si no me falla la memoria  era de USD 48:000.000 y USD 12:000.000–, pero  en la Cámara de Representantes fue modificada. Apunta a fortalecer las acciones relacionadas con los planes de suelo específicamente en la cuenca del río Santa Lucía y tiene que ver con el suelo, la calidad del agua y control y fiscalización del bosque nativo. Este último es un tema en el que se está trabajando. Para que se tenga una referencia, queremos señalar que el manejo del arado en los suelos de la cuenca del río Santa Lucía, se puede estimar en una pérdida de 40 toneladas de suelo por hectárea y por año. Cuando hablamos de calidad de agua en el río Santa Lucía –lo digo siempre y lo haré una vez más; pido disculpas a los compañeros– tenemos que ver qué pasó antes, porque todos los suelos que no están en el noreste de Canelones que mencioné anteriormente, están en los cursos de agua o en los lagos de este río. Por lo tanto, controlar la erosión no es solo ocuparnos de mantener la capacidad productiva de nuestros suelos en el futuro, sino también de mantener los aspectos ambientales vinculados al factor ambientalmente más importante en la agricultura, que es la erosión. Estamos hablando de que se pierden 40 toneladas por el  arado y 5 a 7 toneladas por año es lo que pierde un sistema como el que estamos promoviendo. Planteo esto porque siempre hay pérdida. Cuando sacamos un suelo de su condición natural, tenemos que asumir que habrá una pérdida. No quiere decir que solo con lo que aparece en la proyección se logre, sino que en algunos suelos frágiles, aunque sea siembra directa, no es posible la agricultura continua y eso es lo que surge de la aplicación del modelo de la ecuación universal de pérdida de suelo y es lo que se regula a través del instrumento en cuestión.

                En la cuenca del río Santa Lucía ha habido una serie de sanciones por no respetar la distancia y por la desforestación del bosque nativo que, como ustedes saben, fue protegido por la ley forestal.

                En los planes de suelos vinculados a la lechería hay un tema central que es qué se hace con los efluentes del tambo y el desafío es cómo transformar     –para decirlo bien sintéticamente–, un pasivo ambiental en un activo productivo. Esto tiene que ver con un manejo inteligente de los efluentes del tambo que no son, otra cosa, que 20 % de bosta que queda en el corral de ordeñe y 80 % de agua que se usa para lavar. Aclaro esto porque, a veces, cuando se habla de efluentes, parece que estamos pensando en una estación radioactiva cuando, en realidad, estamos hablando de agua con bosta que hay que sacar de la pileta de los efluentes y ponerla donde corresponda.

                El artículo 30 se refiere al Registro General de Operadores de Alimentos para Animales. La Dirección General de Servicios Agrícolas amplía sus facultades y les exige a los elaboradores de alimentos para animales que garanticen el cumplimiento de determinados requisitos. Ya existe una normativa por la que se obliga a las fábricas de raciones para animales que estén separadas de la línea de producción de monogástricos, gallinas y cerdos o de la línea de producción de raciones de rumiantes. Esto tiene que ver con todos los aspectos vinculados a la «vaca loca» o BCE. Este control es fundamental.

                Ayer regresé de los Estados Unidos porque la semana pasada introdujimos el primer contenedor de carne certificada Never ever. Esto quiere  decir que somos un país que produce sin la aplicación de hormonas y sin antibióticos en los sistemas de alimentación. Además, habilitamos un protocolo que nos hace ser el único país del mundo que hoy tiene el reconocimiento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con la etiqueta Never ever 3, que certifica que la carne nunca tuvo una aplicación de antibióticos en su vida y que hoy está en las góndolas de los supermercados de más alto nivel de los Estados Unidos con una identificación y un sellito que dice «Uruguay» y con el simbolito del INAC que comienza con los pastitos movidos al viento y termina con el código de barra. Todo esto implica acceso a mercados diferenciales.

 Lo siguiente es la adaptación al cambio climático. El artículo 272 crea formalmente el Sistema Nacional de Agropecuaria que se define como un sistema de información y soporte para la toma de decisiones y el monitoreo de eventos extremos. Esto pone en un sistema interoperable a todas las fuentes de información y registro que hay en el ministerio. Con ello se apunta a terminar con un registro único de productores –hoy tenemos un montón de registros y en este presupuesto vamos a crear dos o tres más que son necesarios para aplicar algunas políticas– que es la clave de trabajo. Un sistema de información agropecuaria debe identificarse como está ahí: como capas de un sistema de información geográfico que nos permite interoperar y mejorar la toma de decisiones. Y no me estoy refiriendo a las tomas de decisión de la administración, porque el sistema de información agropecuaria está diseñado para que pueda ser interactivo con los usuarios y estar, en algunos aspectos, disponible vía electrónica para que el usuario tome decisiones de inversión, de comercialización y de otro tipo.

Esa foto que vemos en pantalla bien podría ser del departamento de Rocha en el mes de agosto. En aquél momento, salimos de una de emergencia por sequía y a las 72 horas teníamos inundaciones. Eso es lo que se llama «eventos extremos» y una de las consecuencias del cambio climático es el aumento de la frecuencia de esos eventos. ¿Con un sistema de información vamos a poder prevenir eso? No totalmente. Lo que sí podemos hacer es mejorar la rapidez en la toma de algunas decisiones. Conceptualmente, estamos hablando de identificar vulnerabilidades y oportunidades y de entender, cuantificar y reducir incertidumbres.

Este tipo de manejo de la información nos lleva a la posibilidad de masificar un seguro por índice. Precisamente, Uruguay tiene un seguro por índice paramétrico por exceso de lluvia en rubros hortícolas en Canelones –fue el primero en América Latina– y hoy también tiene –lo lanzamos en la exposición del Prado–, en convenio con el Banco de Seguros del Estado, un seguro por índice paramétrico de sequía en ganadería, asociado a lo que se está haciendo con productores familiares en suelos de superficie.

Está claro que no vamos a evitar la variabilidad de nuestro clima que, históricamente, siempre fue alto y tampoco vamos a poder superar solos los efectos de un cambio climático que es de escala global, pero lo que podemos hacer es generar instrumentos que permitan que los productores no soporten todo el riesgo del clima sobre sus espaldas. Para que los seguros puedan existir deben trabajar sobre la base de la cuantificación del riesgo y no sobre la incertidumbre. Por lo tanto, mejorar la calidad de la información nos permite bajar la incertidumbre y manejar mejor el riesgo.

Hoy están en proceso estos productos: alertas tempranas en ganadería, control de aplicación de agroquímicos, control de vertido de efluentes, caracterización de riesgo para el seguro ganadero y de la granja –esto ya está terminado y en un plan piloto–, planes de uso y manejo de suelo e índice de riesgo de incendio forestal. Estas son capas de información que ya existen pero que se integran a un sistema único.

Hace unos meses atrás, en base a la situación de agua en el suelo, de la lluvia pero, también, a la medición de la curva de crecimiento de pasturas por imágenes satelitales y su interrelación con la densidad ganadera en las distintas secciones policiales, pudimos hacer un mapa que nos permitió ir declarando la emergencia agropecuaria en distintos departamentos y con diferente velocidad. Esto no es exacto porque aun dentro de un departamento o una seccional policial, puede haber diferencias entre el productor de una punta y el de la otra, que está a 35 kilómetros, pero sin duda que esto mejora la decisión y, sobre todo, en términos de oportunidad de la toma de decisiones.

Ya expliqué lo concerniente a seguros por índice. Lo que se muestra en la imagen es, a la derecha, todos los pixeles que están siendo leídos por imágenes satelitales, y lo que figura a la izquierda son las dos regiones donde estamos validando la tecnología del seguro por índice de sequía para ganadería. Como pueden observar los señores senadores, estamos trabajando en los suelos más superficiales, es decir, en los que tienen menor capacidad de almacenamiento de agua y, por lo tanto, son más susceptibles a la sequía.

Respecto al artículo 282 –lo menciono en forma rápida porque, seguramente, habrá preguntas a este respecto–, debo decir que el ministerio tiene cuatro grandes asesorías: la Oficina de Programación y Política Agropecuaria –Opypa–, la Dirección de Estadísticas Agropecuarias –DIEA–, la Unidad de Asuntos Internacionales y la Secretaría Técnica de Cooperación. Estas fueron diseñadas, en algún momento de la historia institucional del ministerio, como una especie de secretaría al servicio del ministro. Nosotros estamos planteando la integración de una gran oficina de políticas que integre la política, la inserción internacional y la cooperación, y a la parte de las estadísticas verlas como un insumo para la mejor gestión, en una lógica donde no sean oficinas de asesoramiento al ministro sino estructuras especializadas en el análisis al servicio de las distintas unidades ejecutoras del ministerio.

                En ese caso, lo que se hace es poner a la DIEA, es decir, incorporar o consolidar, en una misma unidad, a la Opypa y a la Dirección de Estadísticas Agropecuarias. Por otra parte, si pensamos en la Dirección de Estadísticas Agropecuarias como un centro de información agropecuaria y, además, la vemos en clave de Sistema Nacional de Información Agropecuaria, consideramos que dentro de 10 años vamos a estar trabajando sobre una base de recolección de datos muy diferente a la que tenemos hoy.

                En la misma línea, hay una modificación en Dicose. Esto nace en el año 1970 o 1971; me refiero a la declaración jurada anual, a la fotografía de la cantidad de vacas y las categorías que tengo. Con un registro de los movimientos y con la Guía de Propiedad y Tránsito –que es el título de propiedad de ganado en este país–, hoy tenemos una imagen en tiempo real. Por ejemplo, si se va a mover un animal, hay que registrarlo con un lector e ingresar la información en la computadora. Con una clave se ingresa al Sistema Nacional de Información Ganadera, se autoriza el movimiento y cuando se hace, automáticamente se carga el sistema. Eso es lo que quedó registrado y no la foto al 30 de junio de cada año. Por lo tanto, nos parece que Dicose que genera el registro, le da el número, arma las declaraciones, hace el seguimiento y controla las guías, hoy está duplicándose con la actividad que lleva a cabo el Sistema Nacional de Información Ganadera. Entonces, salgamos de las cuatro hojas y los tres carbónicos y vayamos al pendrive; dejemos las capacidades de Dicose a las capacidades inspectivas en el territorio que se fusionarán con la actividad que realizan los servicios sanitarios en el interior. Es decir, la fiscalización del cumplimiento de la normativa en términos de registro y movimiento en el territorio asociado a la actividad de vigilancia sanitaria.

                Con respecto a la creación de un registro de productores, cabe destacar que actualmente solo funcionan 62 registros que comprenden aspectos productivos, comerciales, sanitarios y cuya información es aportada por actores externos. Estamos en proceso de crear dos o tres ya que se necesitan aplicar determinadas políticas, pero al mismo tiempo ingresar todo eso en el Sistema Nacional de Información Agropecuaria.

                Me acaba de informar la directora de la Dirección General de la  Granja que el plan regional de plagas ha posibilitado que a nuestros frutales de hoja caduca se les aplique la tercera parte de agroquímicos que se les aplicaba. Un innovador sistema de confusión sexual por hormonas hace que la mariposa macho se confunda y tengamos menos huevitos fecundados y, por lo tanto, menos gusanos. Esta innovación ha sido distinguida con el premio Morosoli Institucional. Esto es transformar una innovación tecnológica generada por el INIA y la Facultad de Agronomía en un programa de política pública del ministerio que hoy alcanza al 85 % de la superficie de frutales de hoja caduca en el país y que permite que nuestros consumidores, tanto nacionales como extranjeros, dispongan de un producto que tiene la tercera parte de la carga de agroquímicos que tenía anteriormente. Para gestionar lo anteriormente expuesto, se requiere de un registro de la ubicación georreferenciada de esos establecimientos en el Sistema Nacional de Información Agropecuaria.

Con respecto al desarrollo rural –voy a ir culminando para dar lugar a las preguntas– la suma de USD 34:000.000 será destinada a la aplicación de los ocho planes que figuran en la diapositiva. Se trata de 7.350 planes y alrededor de 5.300 productores –algunos de ellos tienen más de un plan– que han participado de esos procesos. Hay cuarenta mesas de desarrollo rural distribuidas en distintos lugares del territorio y participan 501 organizaciones de productores asalariados y pobladores rurales.

El artículo 304 formaliza la creación de un registro nacional de productores que si bien ya existe, no está formalizado. Hoy existen en el país       –según un relevamiento que se hizo hace un mes y medio cuando se elaboró este informe y que no se actualizó– 23.446 registros. Se incluye a 31.400 personas que están identificadas como productores familiares. En este país el 73 % de los productores lecheros son productores familiares; el 60 % de los productores ganaderos también son familiares; y el 86 % de los productores hortícolas, son productores familiares. Entonces, tener este registro actualizado significa contar con un instrumento de trabajo no solo para la Dirección General de Desarrollo Rural que es la que debe llegar al territorio con el conjunto de políticas diferenciadas para este segmento, sino también para el diseño de las políticas y el monitoreo de los efectos. La evaluación de las políticas es una constante en la línea instrumental que estamos planteando. Es decir, no forma parte del articulado pero hemos creado una unidad de evaluación de políticas dentro de la Opypa que nos permite medir los impactos y los efectos de las políticas que desarrollamos. Por ejemplo, nosotros tenemos planes de agua y cuando evaluamos el cumplimiento de un llamado público para el  desarrollo de agua damos por sentado que con agua vamos a mejorar y lo que evaluamos es cuánto y cómo se gastó y si los tajamares, los bebederos o los molinos se hicieron o no. No tenemos una evaluación de los impactos de esa política. En una visión de largo plazo, la evaluación de las políticas desarrolladas por el sector público tiene muchísimo que ver y debe tener mucha coincidencia con la eficiencia en el gasto. Por lo tanto, definir inteligentemente líneas de base tal vez sea un insumo para futuras administraciones, no para ésta, pero en algún momento tenemos que empezar a generarlas. Los registros son esenciales en ese sentido.

                Seguramente se haga alguna pregunta en relación a los cargos de directores departamentales, así que en ese momento desarrollaremos el tema.

                No me voy a detener en el tema de fortalecimiento de articulación institucional, pero sintéticamente quiero decir que es la capacidad de articular entre distintas instituciones del Estado y privadas, en una línea en la que podamos trascender –en el caso de la trazabilidad– de soporte para la política sanitaria y transformarnos en un instrumento de base para la política de innovación. La incorporación de la selección genómica en la selección de nuestros reproductores de carne no puede hacerse exclusivamente por los productores en forma individual, independientemente del nivel genético que tengan sus cabañas. Por eso este es un ejemplo de articulación. Muchas veces, la articulación institucional tiene que ver con el diagnóstico y el análisis, pero otras veces –como en el caso del artículo 322– tiene que ver con la utilización de los recursos. En el artículo 322 el Instituto Nacional de Carnes le transfiere a Rentas Generales recursos que van a ser fundamentales para mantener aggiornado y actualizado al Sistema Nacional de Información Ganadera y para conservar los sistemas de inocuidad alimentaria y de barrera sanitaria. Buena parte del financiamiento de la unidad ejecutora 09, la que se llamaba de bioseguridad y ahora se denomina de inocuidad alimentaria, está financiada sin incrementar el gasto. En realidad lo que nosotros vamos a hacer en ese caso tiene que ver con mejorar las posibilidades y mantener el acceso comercial de un rubro fundamental que es la carne. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Carnes –que se nutre en un 100 % por aportes del sector privado– identifica esas acciones como estratégicas para el desarrollo sectorial y complementa el presupuesto por esta vía.

                No voy a explicar lo que es la trazabilidad ni lo que ha significado.

                En definitiva, para ingresar al análisis del articulado, quiero que lo analicemos desde la perspectiva de lo que nosotros llamamos los desafíos. Si pensáramos que tenemos todo resuelto estaríamos equivocados; a su vez, si pensáramos que esto es fácil, desconoceríamos que en muchos temas estamos desafiando viejos paradigmas y, en muchos casos, estamos innovando. No hay ningún país en el mundo que tenga un sistema de identificación individual de carácter obligatorio, desarrollado como un bien público, financiado por el Estado y al servicio de la producción nacional. Cuando hablamos de infraestructura normalmente nos referimos a carreteras, a puertos y a electrificación rural, pero el sistema de trazabilidad es una infraestructura al servicio de una cadena productiva que hoy explica el 27 % de las exportaciones de nuestro país.

                Agradecemos la disposición de escucharnos, pero preferimos no discutir el articulado aislado, sino en este marco conceptual de encarar el desafío de la intensificación sostenible con imaginación, creatividad, conocimiento científico y, sobre todo, con el involucramiento de los actores sean públicos o privados. En definitiva, nosotros vamos a crecer y a desarrollarnos sobre la base de una conquista de mercado y un aumento de la producción. Tiene que ser en un eje de intensificación sostenible, adaptándonos al cambio climático, manejando información en tiempo real, promoviendo la inclusión social –diría– desde la perspectiva de la inserción competitiva de los agricultores familiares en la cadena de valor.

Hay muchas otras áreas de nuestro país donde tenemos que encarar aspectos desde el punto de vista de la inclusión social para atender situaciones de injusticia y en algunos casos de emergencia histórica. En el caso de la producción agropecuaria, cuando uno ve cuál es la situación de nuestra agricultura familiar nos damos cuenta de que la agricultura familiar de subsistencia no existe  y lo que tenemos es gente que, con innovación o realizando actividades complementarias con la actividad productiva, puede seguir siendo productor familiar. Lo importante es que sean competitivos, que puedan participar de ese mundo de oportunidades,  ya sea en el mercado externo o interno, no importa, pero para eso se requieren productos de calidad con inocuidad, con sanidad, con certificación y con procesos productivos eficientes y competitivos; y esto no es imposible para la mayoría de los productores familiares de nuestro país. Nuestra política pública diferenciada tiene que permitir que todas las oportunidades, de alguna manera, se orienten por las leyes del mercado a un determinado segmento de escala, y para eso debemos ser asimétricos. El desafío para crecer es ofrecer productos seguros y confiables. Eso es lo que mostraba el otro día, un país que produce mayoritariamente a pasto –con un sistema de trazabilidad individual, con la prohibición por ley de promotores de crecimiento, que nos permite sortear las barreras que el Uruguay, como país productor de alimento, va a enfrentar en el futuro– tiene barreras, en su gran mayoría, para arancelarias –no van a ser arancelarias– y tenemos que prepararnos para esa circunstancia.

                Quedamos a la orden para pasar a la discusión del articulado.

SEÑOR DELGADO.- En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del señor ministro y su equipo.

                La verdad es que uno tiene que ser honesto y muy justo en los juicios de valor. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha hecho una de las presentaciones más completas en ocasión del tratamiento del presupuesto en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. Lo tengo que reconocer; podemos coincidir o discrepar en algunas cosas, pero ha sido una presentación sólida y completa. El señor ministro empezó hablando de la situación del agro en el mundo, lo vinculó con el tema del hambre, la oportunidad que tiene Uruguay de alimentar a casi 50:000.000 de personas, después habló de las políticas agropecuarias y, por último, aterrizó en algunos comentarios generales sobre el articulado. En general, en la Cámara de Representantes el Partido Nacional acompañó la mayoría de los artículos y no votó, sobre todo, los que tienen que ver con la creación de los cargos de confianza.

                Voy a empezar por señalar algunos temas generales de política agropecuaria, para luego pasar a formular algunas preguntas, también generales, sobre el articulado y otras específicas cuando consideremos cada una de las disposiciones. Por lo menos, mi primera intervención será más bien conceptual.

                El señor ministro habló de la importancia del sector agropecuario, de su vinculación con las exportaciones y con el empleo y de un gran desafío, como es la inclusión social. Sobre este punto se centró una de las últimas diapositivas que se mostraron que, aprovecho la oportunidad para solicitar a la delegación que tenga a bien dejar la presentación en poder de la comisión.

                Queremos decir que coincidimos con algunos ejes temáticos de este proyecto de ley de presupuesto que, dicho sea de paso, no son nuevos. El señor ministro ha venido insistiendo desde hace tiempo, entre otros asuntos, con el tema de la bioseguridad y el riesgo, que ahora ha plasmado a nivel presupuestal. Ahora bien, el Uruguay agropecuario y el Uruguay en general        –porque de la agropecuaria depende en forma importante– tienen algunas amenazas por adelante.

                La introducción y el diagnóstico que realizó el señor ministro es real, pero también es verdad que seguramente el Uruguay reciba menos de          USD 1.000:000.000 por concepto de exportación, respecto a lo que recibió el año pasado, como consecuencia de la baja de precios de la mayoría de los productos exportables vinculados al agro. Serán USD 1.000:000.000 menos que no estarán en la sociedad, en la ciudad, en los pueblos ni en las arcas del Estado.

                También es verdad que la perspectiva de la situación de los subsectores agropecuarios es bastante heterogénea. Bien dijo el señor ministro que la ganadería es hoy el sector más sólido; es verdad, como también lo es que hay algunos otros sectores que registran amenazas importantes vinculadas al mercado internacional y a la competitividad. Es más; me consta que el señor ministro hizo un gran esfuerzo por tratar de buscar algunas válvulas de escape para hacer frente a una situación coyuntural complicada, sobre todo, en los rubros de la leche, del arroz y de algunos granos.

                Desde la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca –se encuentran aquí presentes los señores senadores De León y Berterreche– hemos trabajando con el Ministerio en la creación del Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera

–FFAL–, que contó con la unanimidad de los miembros del Parlamento y que no es otra cosa que un instrumento financiero.

                Sin embargo, el señor ministro avanzó más en el tema y trató de buscar la oportunidad –hubo un anuncio de parte del Gobierno en ese sentido– de aprovechar la cancelación anticipada de la deuda con PDVSA para generar un fideicomiso  para  el  pago  de  productos,  sobre  todo  de  origen  lechero, de arroz, de pollos y de granos. Reitero que hubo un anuncio en ese sentido. La cancelación de la deuda motivó un proyecto de ley que fue votado y acompañado por nosotros por segunda vez porque, recordemos que hace cuatro años hubo otra cancelación. La verdad es que, con una quita y una tasa de descuento interesante, Ancap canceló anticipadamente la deuda con PDVSA pero, aparentemente, esa plata terminó en un banco chino, en función también de algunos compromisos que Venezuela tiene con China, con quien tiene comprometida gran parte de su producción petrolera. Por parte de algunos sectores se estaba a la espera, ya no del equivalente de las compras futuras –hoy no está vigente el convenio de intercambio, la financiación que Venezuela nos hacía sobre el 25 % del crudo que importamos–, sino del de la cancelación anticipada de la deuda, que rondaba la cifra de USD 270:000.000 y sería depositada en el Bandes. La verdad es que contra ese compromiso hubo algunos embarques. Conaprole embarcó cerca de 16.000 toneladas de leche en polvo –algunas de ellas desembarcaron en Venezuela y otras están en un puerto colombiano– y en estos días se firmaron algunos contratos con Corpovex y otras industrias lácteas pero, obviamente, existe la incertidumbre por el pago de lo que se embarcó y de lo que se está por embarcar en estos días. Estamos hablando únicamente del sector lácteo, pero también hay una expectativa muy grande de otros sectores porque se ve a Venezuela como un comprador muy interesante de los productos que exporta nuestro país y, además, a precios relativamente importantes. Hasta ayer, no llegó partida alguna de dinero al banco Bandes. Me dicen que se anunció que quizá en el día de hoy se depositarían USD 50:000.000, que equivalen a casi la totalidad de lo que se embarcó. Esta semana se embarcará con contratos a pago posterior de empresas que quizá no tienen tanta espalda, como la principal cooperativa del país.

Por todo lo expuesto, la primera pregunta refiere a cómo evalúa el señor ministro la situación de este fideicomiso, que generó expectativa –creo que positiva porque fue una válvula de escape, que fue ingeniosa–, pero que en la medida  en  que  vayan  surgiendo  problemas  de instrumentación, se generará un efecto búmeran. Hay USD 50:000.000 que supuestamente están comprometidos e incluso el presidente de la república ha tenido que intervenir o por lo menos así se comunicó en la prensa. Concretamente queremos saber si el señor ministro tiene la confirmación de que en el día de hoy se pagarán esos USD 50:000.000, que corresponden a lo ya embarcado, y qué pasará con el resto de las partidas, por lo menos con lo equivalente a la cancelación anticipada de la deuda con PDVSA. También quisiéramos saber cuál sería la secuencia para dar garantías porque nos hemos reunido con personas del sector lácteo, del sector del arroz y con gente que vinculada a la exportación de pollo y la verdad es que de la expectativa pasaron a la incertidumbre. Me parece que está bueno que el señor ministro dé certezas en ese sentido, sobre todo porque es un tema en el que se involucró personalmente y con mucha fuerza.

                En el articulado presentado por el ministerio hay algunos temas vinculados a algunos registros –como el Registro Nacional Frutihortícola–, que analizaremos cuando se discuta ese artículo en particular. Debo confesar que me quedé esperando un anuncio relacionado con el Fondo de Fomento de la Granja –en la sesión de hoy contamos con la presencia de su directora, con la que hemos conversado en varias ocasiones–, sobre lo que incluso se trató un proyecto de ley en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca que posterga el sistema del régimen actual hasta diciembre. El señor ministro sabe que hay una gran incertidumbre en este tema. Incluso, se llegó a un acuerdo entre todos los partidos políticos para buscar una solución, pero estamos a mediados de noviembre y la verdad es que nos gustaría saber si el ministerio ha avanzado en la elaboración y en el envío de un proyecto de ley a ese respecto.

                Asimismo, el ministerio ha presentado algunas normas que regulan el sector de la pesca. Actualmente existe una vieja idea de varios actores de crear un instituto nacional de la pesca. Ya lo hay de la leche, de la carne y vale decir que son absolutamente positivos; creo que convalidan y apoyan una institucionalidad agropecuaria en un sentido multilateral o multipartito. Concretamente, queremos saber si más allá de las normas presupuestales que están vinculadas a alguna taza y a alguna norma más, está previsto por parte del ministerio el envío de un proyecto de ley de creación de un instituto nacional de la pesca.

                También se han presentado algunas normas vinculadas a la producción aviar, que nos parecen bien. Este es un tema que viene siendo reclamado hace tiempo y que va a ayudar a dar estatus exportador a un sector que tiene muchos problemas. Hemos recibido a la asociación de fasoneros de pollo y a los criadores de cerdo y realmente están con dificultades. Generalmente son productores –se lo pueden haber comentado al señor ministro; si no me equivoco le enviamos la versión taquigráfica de la comisión– y muchos de ellos cuestionan la medida que elimina la exoneración del IVA a la carne de pollo y de cerdo. Queremos saber si el señor ministro ha hecho una evaluación sobre la medida que tomó en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas: si fue positiva, si afectó el consumo, si encareció el precio al público.

                Seguramente, iremos desglosando los temas cuando comencemos con el análisis del articulado pero me interesa destacar la trasposición de rubros y la creación de algunas unidades ejecutoras, lo que nos parece muy interesante –hablé de la bioseguridad pero hay algunas otras–, algunos reordenamientos que seguramente vamos a discutir, se generan vacantes y se crean cargos, que más o menos se compensan entre sí. Sin embargo, también es verdad que si tuviera que definir el articulado del ministerio, llama la atención la creación de 25 cargos y aclaro que no digo que todos sean de particular confianza porque, en realidad, no lo sé. Hay algunos de particular confianza y otros que me gustaría saber qué definición les da el  ministerio porque se dice que quienes los ocupen deberán acreditar idoneidad suficiente de acuerdo con las tareas a desempeñar y luego se lo asocia a temas de productividad y objetivos de gestión y evaluación. En estos cargos están comprendidos, por ejemplo, los 19 coordinadores departamentales. Luego hay cargos de particular confianza con nombre y apellido y compensaciones asignadas a la tarea, en función de cumplimiento de objetivos, por lo que sería bueno que el ministro explique un poco sobre esto. Además, paralelamente, en el articulado se crean siete tasas; una queda en la Dinara y el resto en el ministerio.

                Me gustaría saber si el ministro tiene previsto –aclaro que yo no lo escuché– cuánto se va a recaudar por estas tasas. Seguramente, cuando comencemos a analizar el articulado vamos a profundizar en este tema pero hay tasas para las playas de faena de carne, de cerdo, de pollos, para la quesería, los lácteos, los laboratorios, de habilitación, de mantenimiento, etcétera. ¿Estamos hablando de las plantas que ya existen o de las nuevas? Me gustaría que el señor ministro, en este caso, pudiera aterrizar algunos números sobre cuál sería la recaudación estimada, si refiere a las que ya están funcionando o a las que se crean en este Inciso.

                Estos son algunos temas generales que queremos plantear y que tienen que ver con políticas y definiciones del ministerio. Reitero que se hizo una exposición sólida y fundamentada pero algunos de los temas que estamos planteando no estuvieron incorporados en ella. Obviamente, más adelante, cuando consideremos el articulado, sería bueno que el señor ministro explicara lo relativo al sistema de información, al instrumento de la declaración jurada y cuál va a ser el futuro en función del nuevo ordenamiento que hace el ministerio, al menos para tener garantías.

SEÑOR CAMY.- Saludamos la presencia del señor ministro, el señor subsecretario y de todo el equipo técnico que compone la representación del ministerio.

                El señor senador Delgado hizo referencia a temas sobre los cuales íbamos a hacer algunas consideraciones y, por supuesto, nos comprenden las preguntas que formuló y algunas expresiones vinculadas principalmente al tema lácteo y a la situación con Venezuela.

                Vamos a hacer ciertas puntualizaciones y preguntas sobre el articulado pero previamente queremos saludar lo que ha expuesto el señor ministro. En lo personal, me gusta destacar cuando la delegación de un ministerio viene y presenta en detalle lo que va a proponer y lo explica sin medir el tiempo. Creo que estamos para eso y es destacable. También resalto lo positivo de que su exposición no se haya ajustado estrictamente al tratamiento de los temas presupuestales, motivo de esta convocatoria, sino que haya tenido la amplitud de enmarcarlo en el contexto de las grandes líneas de acción que tiene planteada esta secretaría de Estado.    

Hemos escuchado con atención, señora presidenta. El señor ministro ha detallado en porcentajes y en estadísticas la situación del sector agropecuario, el peso en el producto bruto interno del país, la generación de puestos de trabajo directos e indirectos que se vinculan al sector agropecuario y el peso que tiene el sector en las exportaciones del Uruguay. Para quienes somos defensores de esa visión, considerando el peso que tiene el sector en la economía nacional, hay algunas cosas que lo demuestran claramente, como la tasa de multiplicación; mencionaba el 3,22, seguramente uno de los indicadores más altos de la economía sobre cada peso que se produce en el agro, y lo que se multiplica. Hay que ver lo que ha crecido la inversión; lo que define a Uruguay como agrointeligente. Constituye un gran desafío saber qué alimentos venderle al mundo, dónde han cambiado los hábitos alimenticios, las barreras sanitarias crecientes, etcétera. En ese marco se establece alguna consideración sobre la lechería, que es lo que nos preocupa especialmente.

El ministro se refería a los siete años del sector lechero, donde creció un 56 % sin que hayan aumentado las vacas ni las hectáreas, lo que habla claramente del mérito en la producción y en la cadena. También hay que reconocer que hubo dos factores claves: Brasil y, fundamentalmente, Venezuela, que explican parte de ese crecimiento; y hoy los problemas, seguramente, también vienen por ahí.

                Ayer escuchábamos a una importante gremial nacional requerir un involucramiento político del ministro –así lo entendíamos– por la situación del sector lechero, y eso me parece importante. Quería estribar en eso. Por supuesto que la discusión que vamos a dar sobre los artículos es algo que corresponde. No obstante, yo solo quisiera hacer algunas preguntas, porque tenemos que dar la derecha –obviamente– a los técnicos y al conocimiento específico de cada área del ministerio, que es la que está trabajando diariamente con la realidad. Partimos de la base de que las propuestas son todas para mejorar el funcionamiento. Pero hay un tema que es, específicamente, de política. La lechería nacional está pasando un momento de crisis y el ministro está al tanto; lo sabemos conocedor de estas cosas. La situación es compleja, pero no pretendemos señalar –obviamente– al Gobierno como el culpable de esto, pues naturalmente no lo es. Hay una situación objetiva que, realmente, alarma. Yo vivo en San José, conozco al sector lechero, estoy metido desde siempre dentro de él y puedo dar fe de que estamos hablando de una situación crítica, de dificultades muy serias de un sector que se identifica, básicamente, con productores medianos y pequeños. El ministro hablaba y definía todo sobre bases de líneas estratégicas, sobre la promoción de la competitividad y la inserción internacional, sobre la intensificación sostenible, sobre la adaptación al cambio climático, sobre el desarrollo rural, sobre la articulación y el fortalecimiento institucional. Entonces, quisiera conocer cuál es la visión estratégica que el país tiene, que el gobierno se plantea, que el ministro está evaluando para la situación que vive el sector lechero. Me cuesta entender cómo vamos a revertir esta situación o cómo vamos a promover la ayuda que se requiere cuando depende, en buena medida, de los mercados internacionales, y cuando entiendo que el país está yendo a contrapelo en las decisiones que asume en esa materia en lo que tiene que ver con el interés del sector lechero. Vemos que a nuestros competidores, fundamentalmente en Oceanía, se les abren las posibilidades del mercado en mejores condiciones que para nosotros, fruto de los tratados y la vinculación internacionales.

                Los otros días en un foro que organizó la Asociación Rural de San José, en el marco de la exposición internacional de ganado lechero, un técnico de la Cancillería señaló que Japón era el tercer consumidor de productos lácteos en el mundo y que Uruguay solo le vendía USD 12:000.000, en virtud de las dificultades arancelarias para ingresar a ese mercado. Por tanto, ahí no se vislumbra algo que nos permita ser más optimistas.

                El segundo planteo lo hice en el Club Social y Deportivo San Rafael, en el pueblo Rafael Perazza, hace unos meses, ante la presencia del señor subsecretario que concurrió en representación del ministerio, cuando se desató la crisis por el cierre de la empresa Schreiber. En ese momento hubo una acción del sector lechero realmente digna de destacar porque productores, representantes de los trabajadores que quedaron sin empleo,  representantes de la empresa que se iba, autoridades del gobierno departamental, actores políticos de la región –no solo del departamento de San José– y de todos los partido políticos y el ministerio a través de una jerarquía importante, concurrimos para ver cómo se podía encontrar una solución. Ahí se habló –y lo comparto– de la necesidad de contar con una definición política en materia de lechería. Sabemos que la caña de azúcar tiene un sustento político que se pude denominar subsidio o política activa. Entonces, lo que se debe plantear es si en Uruguay da lo mismo que la  superficie  de tierra que actualmente se vincula con la actividad lechera   –con todo lo que ello implica en mano de obra de calidad en la industria láctea, en radicación de la familia en el medio rural, en la intensificación de esa producción– se sustituya por otro tipo de producción agropecuaria, por razones de mercado, por las circunstancias o por la situación. Hay que definir si estratégicamente para Uruguay es importante defender la lechería. La ley del Inale la define como una actividad estratégica. Es más, el Inale que, a nuestro juicio, está realizando un buen desempeño, define el trabajo como forma de promover la colaboración entre el sector público y privado, como articulador y coordinador de una estrategia a largo plazo para desarrollar la cadena.

Cuando vemos que la cuenca lechera está fuertemente sacudida por el cierre de dos industrias lácteas de peso, cuando vemos que, en su mayoría, las matrículas remitentes están en rojo, cuando vemos que la mayoría de los ingresos de la media de los tamberos no llega a la media de los trabajadores de la industria que sigue de pie en el sector, entendemos que debe evaluarse con un criterio político y de larga visión qué vamos a hacer con la lechería.  Ni siquiera, señor ministro, quiero plantear –estoy totalmente de acuerdo porque es un tema importante y de urgencia– lo que manifestaba el senador Delgado. Sé que el señor ministro está preocupado por el tema y cuando votamos en el Senado de la República la autorización para la cancelación de Ancap, que implicaba la solución al tema, todos estuvimos contestes. Más allá de eso haré el planteo con más claridad. Hace dos décadas en este país comenzamos a hablar de la forestación  y debo decir que yo fui de los que la cuestioné, tal vez, por provenir y vivir en una región fuertemente vinculada con otras actividades, que lejos estaban de la forestación. Por supuesto que en ello también iba la crítica, por lo menos en lo personal, a los mecanismos auxiliatorios que tuvo el desarrollo de ese sector. Sin embargo, hoy se le retiraron las muletas a la forestación, y contribuye de manera muy significativa al desarrollo del PBI.

                La pregunta concreta es –naturalmente con voz de reclamo, pero no de crítica– si el ministerio no entiende que es necesario desde la visión política implementar una lógica de promoción de la actividad lechera –somos optimistas que prontamente, si no es hoy, será mañana o cuando se pueda, se resuelva este tema coyuntural con Venezuela–,  a la luz de la situación actual. ¿Qué vamos a hacer con este sector? Puede parecer simple la definición al señor ministro, y está bien que así sea, porque está muy bien que se maneje por la rigurosidad de las estadísticas, la objetividad de los criterios técnicos y, a su vez, de la presencia física, que me consta el ministerio y su estructura tiene en todo el país, pero de este lado del mostrador en la visión cercana y diaria      –que es la que intentamos hacer– nos llega una voz de alerta de un sector que no sabemos cómo decirle que se va a recuperar. Digo esto, sobre todo, después de que delegaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras dependencias que han pasado por esta comisión nos señalaron cuál es el panorama internacional y las dificultades de este sector en la búsqueda de mercados o, por lo menos, de mejores condiciones de nuestra competencia directa para acceder a los mercados potencialmente más importantes. Entonces, a nosotros alguna vez nos tocó dar una definición que en nuestra propia fuerza política tuvimos que explicar más de una vez, vinculada la política de la caña, no de ALUR.  En primer lugar, creo que el desarrollo nacional es la suma de los desarrollos regionales y muchas veces la política se explica por otros conceptos que no es el económico. Me refiero, por ejemplo, a la política de frontera o de cómo implicaría sacarle a Bella Unión, que está a 600 kilómetros de Montevideo, el apoyo o la muleta de la política activa que sostuvo el tema de la caña, con sus pros y sus contras. Yo no soy de los ligeros que propone desbaratar esto; no. Con la misma lógica planteo si para el señor ministro la lechería es un sector que pueda ser sustituido por cualquier otra lógica sectorial con otros números que tenga la economía agropecuaria. Hace poco discutíamos a nivel partidario sobre un artículo que nos va a ocupar estos próximos días que es el posible aumento de la Contribución Inmobiliaria Rural y objetivamente las posiciones que escuchábamos en un debate muy franco pasaban por la cercanía a las distintas actividades agropecuarias que se desarrollan en la zona conocida por los referentes que hablaban. Seguramente, esos números, dólares o porcentajes, no pesaban de igual manera en el litoral agrícola que en la ganadería extensiva que hoy se desarrolla mejor y en la lechería cuesta explicar lo que significa para el que no lo está viendo.

                Pido disculpas al señor ministro por la consideración extensiva y fuera de la focalización del articulado, pero como a mi juicio él fue generoso en su intervención y habló de un tema mucho más amplio que los propios artículos del presupuesto, me parece que cabe esta reflexión –si no podría ser en otro ámbito– que expresa una preocupación que para mí tiene tono de urgencia. Le estoy hablando de cientos de colonos, de tambos, donde viven familias radicadas lejos de los pueblos, con medias de 70 u 80 hectáreas. Está presente el ingeniero Marzaroli integrando la delegación –saludo su presencia, es coterráneo y amigo de muchos años–, quien conoce estos asuntos.

                En lo personal creo que hay un tema de fondo social que requiere una señal del Gobierno y del sistema político. El tema de la lechería, insisto, necesita una definición de política. Uruguay, a lo largo de las décadas ha tenido gobiernos de todos los colores que han actuado con políticas distintas, con la concepción de que muchas veces para hacer justicia no hay más remedio que generar  una injusticia. No me quiero quedar con la sensación de que pasaron por el Parlamento ministros, los senadores estuvimos sentados aquí discutiendo durante horas mientras hay un sector que está agonizando. No estoy hablando en términos de catástrofe, porque es así y me animo a hablarlo con el señor  ministro porque conoce el tema. Me parece que si pasa el verano y no hay una vuelta de tuerca, va a haber consecuencias complicadas en el sector lechero.

                Pese a la larga exposición, es una pregunta conceptual y concreta que nos interesa que el señor ministro conteste. Luego vamos a establecer algunas consideraciones en los artículos específicos.

                Me gustaría que el señor ministro responda sobre dos temas más. Uno tiene que ver con la quesería artesanal. Quisiera saber cómo se está instrumentando la estrategia de tan importante sector. El segundo tiene que ver con lo institucional. Si bien es verdad que coincido, a veces la creación de cargos nos cuesta. Para llevar un plan adelante, hay que organizarse y dar el crédito para que funcione. Quisiera saber por qué en el organigrama del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hay una Dirección General de Servicios Ganaderos, una Dirección General de Servicios Agrícolas, una Dirección General de Servicios de la Granja, una Dirección General Forestal y, en el mismo nivel, no hay una para la lechería. Me parece que es un sector muy importante para el país y lo veo subordinado a otras institucionalidades en el ministerio. Aclaro que no es algo de este Gobierno; en el ámbito político existe la  propensión de que cada vez que se dice algo parece que nos referimos a lo que hizo uno cuando estuvo o a lo que no hace el que está. Digo, con total claridad y franqueza, que el sector lechero precisa de un apuntalamiento que es menester que lo dé el Ministerio de  Ganadería y Agricultura y Pesca en este tiempo.

SEÑOR BERTERRECHE.- Le damos la bienvenida al ministro y a la delegación que lo acompaña.

                No vamos a entrar en polémicas con algunos planteos y preguntas que se realizaron; simplemente haremos algunas aclaraciones y una pregunta.

                La primera aclaración que quería realizar es que en el artículo 675 está previsto –y era un compromiso del ministerio– un incremento para fortalecer el Fondo  Nacional de la Graja. Estamos hablando, sobre todo, de los créditos, porque los fondos los tiene. Más allá de que el ministerio después expondrá sobre este tema, quiero decir que en el  artículo 675  está la respuesta a las dudas que tenía el señor senador Delgado.

Quiero hacer una aclaración sobre otro tema, sin ánimo de polémica, y es que al Puerto Arazatí vamos a tener que mandarlo a Colonia, si no hay forestación en San José. Es una de las empresas más importantes.

En mi opinión, el sector lechero está pasando por una fase complicada como de las tantas que hubo y seguirá habiendo. Sin lugar a dudas, para nosotros si hay un sector eficiente y competitivo a nivel del contexto global es el  lechero. Desde la época de la dictadura de Terra cuando se creó Conaprole, se lo apoyó y durante muchísimos años la población lo subsidió para que tuviera la potencia que tiene hoy. Más allá de eso, el ministro responderá lo que tenga que responder, pero quería hacer la aclaración de que si bien el sector forestal fue apoyado, también se apoyó al sector lechero para su creación y conformación; después, los sectores tienen que andar sin muletas. Estamos convencidos de que este empujón tiene que ser el «starter» y que después tienen que seguir solos. Más allá de eso, por trabajar en eso y porque estamos convencidos del significado del sector lácteo nacional, me parece que hay que seguir prestándole atención y no dejarlo caer.

Por otra parte,  quiero preguntar si el registro de productores familiares    –que ya existe, lo que se hace es estructurarlo desde el punto de vista del articulado– puede dar un certificado con el que justifique determinadas políticas, más allá de las del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Para aclarar la pregunta, voy a dar un ejemplo. El Registro de Bosque Nativo de la Dirección General Forestal permite que los que declaran bosque nativo exoneren impuesto con un certificado expedido por la dirección forestal. Lo que quiero saber es si el día de mañana si se estableciese que aquellos que son productores familiares no pagan algún impuesto puedan ir con un certificado de ese registro.

SEÑOR MINISTRO.- Se han planteado una serie de preguntas de índole general que no tienen que ver concretamente con el articulado y que voy a contestar en el orden en que fueron presentadas. Voy a vincular en el sector lechero preguntas realizadas por los señores senadores Delgado y Camy.

                Como decía el señor senador Berterreche, la historia del sector lechero en el Uruguay no empieza ni en esta administración ni en la anterior, lo que ha sido a todas luces, un ejemplo de lo que puede constituir una política de Estado que, a lo largo de generaciones nos ha llevado a algunos indicadores que, a mi juicio, significa la fortaleza, más allá de una situación coyuntural, más o menos prolongada, de precios que nos hace ver las cosas un poco más grises dependiendo de los precios. Si hubiéramos tenido este diálogo hace 18 meses atrás, todos estaríamos festejando una tasa de crecimiento del 7% anual del sector lechero en base a productividad. Pero, más allá de las oscilaciones de precios a lo que estamos estructuralmente expuestos por las características que tiene la producción lechera en el mundo, el sector lechero uruguayo tiene algunas fortalezas que hay que destacar.

                En primer lugar, el 80% de la producción de leche del país se comercializa en el marco del sistema cooperativo.

                En segundo lugar, aquellas empresas que no son de estructura cooperativa, por razones de competencia en el mismo mercado, han adoptado mecanismos de comercialización que hacen que su relacionamiento con los productores sea muy similar al sistema cooperativo.

                En tercer término, quiero decir que el señor senador Camy hablaba del desarrollo de la forestación y no tengo los datos aquí presentes; voy a hacer uso de la memoria –puedo errarle en más o menos cinco años–, seguramente, la situación de la lechería cuando se votó la Ley Forestal era apenas de autoabastecimiento, es decir, de abastecimiento interno. Hace menos de 35 años se importaba ocasionalmente leche en polvo para atender el suministro en los meses de invierno.

                ¿Qué ha pasado? Uruguay hoy destina al mercado interno el 30 % de la leche y exporta el restante 70 %. Ese crecimiento, que ha sido de las tasas más altas en comparación con otros sectores en los últimos siete años, ha estado basado en dos aspectos: en primer lugar, un conjunto de mercados en los que Uruguay se ha insertado en virtud de acuerdos o de relaciones entre países. No hay que olvidar que el Mercosur fue el destino principal y, hoy día, la mayor cantidad de la leche se está vendiendo en Brasil. Tampoco hay que olvidar que Venezuela, en buena medida, explica ese crecimiento. Si tuviéramos que decir que la cantidad incremental que se generó en los últimos cinco años fue a un determinado lugar, diríamos que fue a Venezuela. Por eso fue trascendentalmente importante que Venezuela dejara de comprar a fines del año 2014. También por eso fue meridianamente importante tomar la decisión, como Gobierno, de involucrar este tema en la decisión de cancelación de Ancap con PDVSA y transformar eso en una oportunidad para la colocación de nuestros productos.

Podemos compartir el diagnóstico de todo lo que se dijo, pero el tema es cómo lo solucionamos si tenemos un sector que exporta el 75 % de su producción al mundo y es vulnerable a las variaciones internacionales de precios.

                En el sector lechero, como en otros, el problema no es de demanda sino de oferta. Los problemas que atraviesan los sectores que tienen precios deprimidos no es porque el mundo haya dejado de comer, lo que ocurre es que ha habido un exceso de oferta. ¿Cuál es la explicación por la que, en términos generales, no ha caído el precio de la carne? Porque en el mundo se producen 59:000.000 de toneladas de carne vacuna y se comercian 10:000.000, pero los 59:500.000 que se produjeron este año implicaron 500.000 toneladas menos que las que se produjeron el año anterior. El único producto en el mundo –esto ya lo dije hoy– que tiene una proyección de oferta estable y no creciente, a la vez que una proyección de demanda creciente es la carne, en primer lugar, la ovina y, luego, la vacuna. No pasa eso con la lechería por sus características, por la importancia estratégica que tiene la leche en la alimentación y porque se trata de una de las producciones que ha tenido, históricamente, más protección. Cualquier país que desarrolla una estrategia de construcción de soberanía alimentaria empieza por la leche, entre otras cosas, por la importancia que tiene en la alimentación, sobre todo, de los niños.

                Los años de buenos precios, en términos relativos y a nivel internacional, de la soja y del maíz, y los años de buenos precios en materia de producción lechera, produjeron un aumento de la producción que generó una caída en los precios. ¿Qué ha ocurrido en las dos últimas dos décadas? Hubo un desarrollo vertiginoso de algunas economías asiáticas, un período de convergencia  económica en amplios sectores de población que no se alimentaba adecuadamente en países en desarrollo y que empezó, por lo menos, a alimentarse. El tema aquí no es solo lo que pasó en China, sino también lo que sucedió en la India, Malasia, México y también en Brasil con millones de personas que en la última década no consumían proteínas animales, comenzaron a hacerlo.

                Hay un segundo efecto –que no estuvo presente en la primera presentación– que consiste en que buena parte de alimentos o de productos que tuvieron un destino alimentario, como la soja y el maíz, complementariamente tuvieron un destino energético, lo que generó una demanda agregada de soja para biodiesel o de maíz para la producción de etanol. Cuando veamos a una vaca lechera europea o a una vaca lechera en el Caribe demandante de maíz como alimento –muchas veces importado–, ese maíz tiene que competir con una política energética en los Estados Unidos a partir de etanol, o con una demanda de soja por parte de China.  Eso hace subir los precios y se desencadena un proceso de producción, es así que los países que estaban en un nivel 8 en términos de productividad, pasan a un nivel 9 o 10. ¿Por qué? Porque el litro de leche valía 46 centavos de dólar. Es decir que, en términos comparativos, se desencadenó el crecimiento de la producción lechera de muchísimos países.

Esa es nuestra visión de la situación, sin hacer pronósticos porque es muy difícil realizarlos, y basándonos en los modelos que hemos trabajado y, obviamente, en función de los trabajos desarrollados con el Instituto Nacional de la Leche. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es la autoridad sanitaria competente. Es decir que tiene competencia específica en materia de certificación sanitaria, de inocuidad y desarrolla capacidades en ese tema.

A efectos de contestar la última pregunta sobre por qué no hay una dirección nacional de lechería y por qué creamos una oficina vinculada a la avicultura es porque, en realidad, no tenemos fortalecidas las capacidades técnicas en los aspectos sanitarios que sí tenemos en la lechería. El análisis estratégico de por dónde tiene que ir el sector, es algo que hacemos con el Inale que tiene la competencia de asesorar al Poder Ejecutivo. La fortaleza del Inale es ser un instituto con representación de los productores y de los industriales que coordina con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y otros ministerios, la construcción de la política lechera.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe la interrupción, señor ministro.

                En virtud de que necesito ausentarme por unos minutos y que no está presente el vicepresidente de la comisión, corresponde votar un presidente ad hoc. Propongo al señor senador Meléndez.

                Se va a votar.

(Se vota).

                –9 en 10. Afirmativa.

                               (Ocupa la Presidencia ad hoc el señor senador Meléndez).

SEÑOR MINISTRO.- Contestando a lo que se planteaba, debo decir que yo no creo que debamos tener un instituto para cada sector, pero en todo caso en la lechería ya lo tenemos. Es decir, la discusión estratégica de para dónde va la lechería se da en el Inale y ¡vaya si en los últimos meses hemos estado en contacto permanente tratando de entender qué es lo que está pasando e intentando proyectar por dónde puede venir el futuro! Según la gente del Inale y nuestros técnicos de Opypa, en realidad con estos precios internacionales de la leche se desarticulan un montón de programas que estimularon la producción de leche. La leche en polvo, a USD 2.500 la tonelada, no es atractiva para la producción uruguaya ni tampoco lo es para la de otros países, sobre todo aquellos que tienen programas menos competitivos. La pregunta es cuánto dura esto, es decir, en cuánto tiempo se desarticulan los excedentes. En todo caso, nosotros no podemos alterar eso; lo que sí podemos hacer es tratar de poner al servicio de este sector todos los instrumentos que podamos tener para mejorar la colocación de la leche de nuestros productores. Se mencionaba recién por parte de los senadores el caso de Venezuela, es decir, qué podemos hacer para que Venezuela vuelva a comprar. Al respecto, podemos decir que se estableció estratégicamente la oportunidad de la cancelación de Ancap con PDVSA y que eso fuera un instrumento para la promoción o facilitación de la colocación de nuestros productos. Respondiendo asimismo a la pregunta del senador Delgado, se celebró un acuerdo que fue el marco para que una misión de empresarios uruguayos negociara cantidades y precios, agregando también mecanismos de pago. Es decir, se generó un mecanismo de pago que antes no existía y que termina siendo un instrumento similar a lo que podía ser, no una carta de crédito pero sí un cash against documents, que implica presentar el documento y cobrar. Como es obvio, nos confirman que los primeros            USD 50:000.000 aparentemente habrían llegado. No estoy hablando de cuándo van a venir los otros, pero estoy diciendo que hay un convenio celebrado gobierno a gobierno por el que se fija una partida, una cantidad, que equivale a los 262 millones. Contra eso se están realizando las exportaciones. Se me podrá decir que los productores quieren tener la certeza de cobrar y claramente eso es cierto, pero el tema es si miramos el vaso medio lleno o el medio vacío. Es decir, lo que generamos fue un instrumento para que eso se pudiera colocar. Podríamos haber tenido una cancelación como la que tuvimos hace dos años atrás sin que eso se utilizara como un instrumento de pago.

SEÑOR DELGADO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MINISTRO.- Déjeme terminar, señor senador.

                Acabamos de regresar, con el Presidente del Inale y con el Presidente de Conaprole, de una misión en Cuba. Todo el mundo empresarial ve a Cuba como un mercado potencialmente emergente con un conjunto de 12:000.000 de consumidores. Uruguay ha sido un tradicional vendedor de leche en polvo a Cuba. Pensando en la articulación de lo público y lo privado y el gobierno, tratamos de generar oportunidades para la producción nacional. ¿De qué manera? ¿Con qué instrumentos? El mundo ideal del comercio sin aranceles no existe, y menos en la producción láctea. Entonces, ofrecemos cooperación, poniendo al servicio de la política comercial uruguaya nuestras capacidades de cooperación en temas científicos, tecnológicos y diría hasta organizacionales en la cadena agroindustrial lechera. ¿Qué va a significar eso? ¿Va a significar vender, en vez de 6.000 toneladas, 15.000? No lo sé; estamos trabajando. Lo que es claro es que el sector privado –la cooperativa Conaprole, o en el caso de Venezuela las cooperativas o las industrias queseras– ve una conjunción de esfuerzos de las acciones públicas que no se quedan en poner el sello sanitario, en certificar la sanidad o en reclamar contra los aranceles. Podemos reclamar toda la vida contra los aranceles, el tema es si simplemente reclamamos o nos remangamos y peleamos los aranceles, que tampoco va a ser sencillo porque, reitero, para discutir sobre el tema, primero hay que tener el acceso sanitario, segundo el acceso vinculado a los temas de inocuidad y, tercero hay que tener relaciones comerciales. No podemos desconocer que en el mundo de los alimentos muchos países con más potencia y trayectoria que nosotros han utilizado su peso político a la hora de hacer los acuerdos comerciales. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Yo no lo voy a pronosticar, sí sé que todos tenemos la conciencia tranquila de que estamos poniendo los instrumentos que tenemos en materia de inserción internacional al servicio de eso. Obviamente la cancillería está articulando y trabajando para ver de qué manera mejoramos nuestra inserción comercial. Ahora, todos los que están en esta sala saben que eso no se arregla con un discurso o una exposición, y que un productor lechero, como cualquier otro empresario, tiene determinados compromisos que asumir a fin de mes. Por lo tanto, parecía que se había logrado el piso de caída de precios y empezado a rebotar, pero tuvimos cuatro subas consecutivas del precio de la leche hasta la última que no subió y volvió a caer un 4 %.

                Esta discusión es el tema central en Nueva Zelanda, el endeudamiento que tienen los productores de ese país es históricamente el más alto. ¿Cómo es esto en Uruguay? Además de haber crecido un 7 % y de haber logrado el desempeño que tuvimos, hay dos cosas que no se pueden desconocer. La primera es la brecha de productividad entre los productores. Si dividimos la producción de leche en tres terciles –bajo, medio  y alto– vamos a encontrar que la media del 33 % superior es casi un 200 % de la productividad del tercil inferior. La segunda condición importante a considerar es que eso no está asociado a la escala porque tanto en el tercil de abajo, en el del medio y en el de arriba hay productores chicos, medianos y grandes. No es un tema asociado a la escala. Por otro lado, más del 70 % de los productores –como ya dijimos– son familiares. Desde el punto de vista social, obviamente, es un tema estratégico, y desde el punto de vista del empleo no desconocemos que genera veinte puestos de trabajo cada 1.000 hectáreas. Es parecido a lo que sucede en la forestación, lo digo antes de que el señor senador Berterreche me lo recuerde. A veces se piensa que la forestación no genera empleo, sin embargo no solo lo ha generado sino que lo ha formalizado de manera ejemplar, aunque no se trata de hacer un análisis comparativo entre los sectores.

El señor senador Delgado me pregunta, concretamente, si sabemos cuándo van a venir los segundos USD 50:000.000 o los 212 restantes. No sé contestarle, pero sí puedo decirle que hay un acuerdo suscrito entre los Gobiernos y hay determinado compromiso y ganancia. También sabemos que hay empresas que han embarcado, lo que probablemente ocurra es que alguna empresa no embarque si no está disponible el dinero. Por varias razones, es muy distinta la situación de la industria lechera a la de una empresa que comercializa soja. En primer lugar, porque la empresa que comercializa soja toma posesión, la compra, la tiene en un silo, opta por el 303, y apretando el botón, seguro tiene la carta de crédito o un diferencial de precios que puede obtener contra determinado riesgo. Esa opción no la tiene el productor lechero que vende en Venezuela o en Brasil, o no vende, y eso hace una diferencia grande. En una circunstancia especial, este instrumento puede ser la tabla de salvación en un año comprometido. Aclaro que esto no lo digo yo sino los principales actores de la actividad lechera.

                ¿Esta es la solución definitiva? No, entre otras cosas porque por lo que sabemos, no se ha definido un programa de compra de petróleo con Venezuela para el año próximo. Como parece difícil que el instrumento se vaya a repetir, es importante seguir buscando otros mercados y mantener la mayor parte del sector activo y con esperanza.  Por ejemplo, la semana pasada se batió el record de remisión de leche en el país, sea por lo que son nuestros productores lecheros, por la estructura cooperativa y un poquito, creo, porque hay confianza. Alguien podrá decir que la única manera de sobrevivir es produciendo lo máximo; es cierto pero, para producir lo máximo, no se debe caer en la desesperanza.         

                En otro orden de cosas, sabemos perfectamente bien cuál es la situación de la matrícula remitente; no podemos desconocer la política activa que se ha hecho en los últimos años vinculada sobre todo al segmento de los pequeños productores.

                Estamos convencidos que aquí hay un problema que tiene que ver con la transferencia de tecnología, con el relevo generacional, con el envejecimiento de los productores y con la seguridad y tenencia de la tierra. Acá hay que valorar el programa especial que desarrolló el Instituto Nacional de Colonización para los productores lecheros. Nosotros tenemos la expectativa de que cuando la situación de precios simplemente se estabilice, el instrumento de fideicomiso de compra de tierras para arrendar a los productores lecheros, contribuirá a levantar esta restricción. Para ser competitivo hay que tener pasturas perennes y, en lo posible, empoderamiento y una distribución de agua de calidad. Eso determinará la producción y, la sostenibilidad, el hecho de contar con una pileta de efluentes de primera oxidación, una segunda y un sistema de fertirrigación. Esto no se hace cuando una persona está a dieciocho meses de que se le venza el contrato y no sabe si tendrá o no renovación. Por lo tanto, muchos de los temas de productividad tienen que ver con la estabilidad de los productores. Debemos atender todos estos instrumentos.

                Por ejemplo, se puede poner todo un servicio técnico a hacer extensión y comunicar cómo se debe producir, pero si la persona sabe que dentro de doce meses se queda sin contrato, difícilmente pueda hacer las inversiones que determinan la productividad.

                No quiero extenderme más sobre este tema.

SEÑOR DELGADO.- Posiblemente haya interpretado mal al señor ministro porque, con el tiempo –hace seis años que es ministro–, uno lo aprende a conocer. Pocas veces he visto a un ministro que cuando uno lo elogia, se enoja.

SEÑOR MINISTRO.- No me enojo; el día que lo haga, no tendrá dudas.

SEÑOR DELGADO.- Capaz que usted tampoco.

                Lo que intenté preguntar –creo que fui claro– fue sobre el convenio que el señor ministro anunció en la exposición del Prado y que por esa fecha se informó. Recuerdo que una delegación de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Relaciones Exteriores concurrió a Venezuela a firmar una especie de preacuerdo que se terminó concretando en un acuerdo entre presidentes, sobre dos bases: por un lado, sobre la cancelación anticipada de la deuda con PDVSA –que lo hizo Ancap a través de un préstamo del Ministerio de Economía y Finanzas, con un proyecto de ley que se convirtió en ley y con una tasa de descuento–, donde el dinero iba a generar un fideicomiso que, según escuché, se incrementaría en función de futuras compras de petróleo que ya no van a estar o, por lo menos, no lo están hoy. Esto es así. O sea que nos vamos a remitir solo a la primera parte, es decir, a los aproximadamente USD 270:000.000, el valor actual neto de la deuda con Venezuela. ¿Estamos de acuerdo? En realidad, eso iba a permitir pagar las exportaciones –el señor ministro ha dicho que en realidad no es una carta de crédito y es verdad, funciona más como un fideicomiso y termina siendo, en algunos aspectos, como un fondo de garantía–, no las atrasadas, sino las nuevas. El anuncio fue de cinco rubros y con tonelaje. La verdad es que el señor ministro ha trabajado mucho en ese aspecto y lo quiero elogiar porque fue una idea creativa. Representó una válvula de escape que generó y genera mucha expectativa. No le pretendo endosar problemas que no dependen de usted, señor ministro, pero la verdad es que hay empresas con más espalda, con problemas de stock, que terminaron embarcando a cuenta de lo que supuestamente se iba a cobrar y asumieron el riesgo. Conaprole es un caso típico porque embarcó 16.000 toneladas de leche en polvo. Y tan así fue, que algunas decidieron no asumirlo del todo y no desembarcaron en Venezuela porque la plata terminó en un banco chino y no en el Bandes. Las otras empresas del sector lácteo siguen esperando porque están –vale la expresión– quemadas con leche. No quieren embarcar si no está la plata.

Aparentemente, hoy estarían llegando los primeros USD 50:000.000. Quisiera saber si eso equivale a lo que ya se embarcó o a lo que se está por embarcar y si el señor ministro tiene más información, por ser ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y por haber sido el promotor de este instrumento, sobre cómo va a ser la secuencia.

SEÑOR MINISTRO.- No sabemos cuál es la cadencia, sí sabemos el acuerdo que se firmó. Los acuerdos se pueden cumplir o incumplir; cada uno tiene que hacerse responsable. Obviamente, el acuerdo generó expectativas, no me cabe duda. Si no se hubieran generado expectativas, no estaríamos batiendo el récord de producción porque no hay industria láctea que funcione si no hay productores detrás, sobre todo luego de haber atravesado una sequía como la que sufrimos. Aquí hay gente que no tiene por qué saber, pero la curva de producción de leche de una vaca se define entre la cuarta y la décima semana y lo que se defina en ese momento tendrá que ver con la productividad del resto de la lactancia. La lactancia de primavera es buena porque se tomaron decisiones adecuadas en un momento de sequía. Esto se dio por un cúmulo de razones; yo no voy a decir que fue por mérito político, fue por decisión de los empresarios. Esa decisión no se hubiera tomado si no se hubiera generado alguna expectativa. Nos pesa como compromiso, señor senador, y seguiremos haciendo todo lo posible para que esto se concrete.

                Con respecto a cuándo se resolverá esto desde el punto de vista de los precios internacionales –contestando la pregunta del señor senador Camy–, debo decir que es muy difícil poner una fecha, lo que sí sé es que, según los datos del Inale, Uruguay y Nueva Zelanda son de los pocos países que tienen mayor capacidad para competir. Este es el número del país porque una cosa es producir 8.000 litros de leche por hectárea y otra es producir 3.000. Entonces, tenemos un problema que es particularmente difícil de resolver: en situaciones con precios extraordinarios, prácticamente no teníamos productores con problemas, pero ni bien comenzaron a caer los precios, un segmento de productores empezó a tenerlos. El ministerio, junto con el Inale, ha desarrollado una batería de instrumentos que tratan el concepto de articulación institucional, que no va solamente desde el punto de vista de la generación de tecnología, sino que tiene que ver con cosas que hoy no están dentro de la esfera de la institucionalidad en forma integral: la tenencia de la tierra, el rol del Instituto Nacional de Colonización, los fideicomisos, todos temas centrales. Hace un par de años, la lechería tenía precios extraordinariamente altos y el problema era cómo competiría por la renta de la tierra con la agricultura.

SEÑOR PRESIDENTE.- En el caso de que el señor ministro esté culminando con la exposición general, podríamos hacer dos cosas: analizar artículo por artículo o en bloque de artículos. El señor senador Delgado acota que quedaron algunas preguntas pendientes.

SEÑOR DELGADO.- El señor ministro no respondió lo vinculado a la exoneración del IVA a la carne de pollo y de cerdo.

SEÑOR MINISTRO.- No puedo contestar hoy qué efecto ha tenido y no quiero decir simplemente lo que me parece. Lamentablemente no traje las gráficas pero si quieren puedo hacerles llegar el análisis histórico de qué pasó cuando se eliminó el IVA. En realidad, cuando se eliminó el IVA a la carne de pollo, a diferencia de lo que pensaba, el precio no bajó sino que subió. Cuando uno analiza la dinámica del sector de producción de pollos puede ver que es típicamente la de un sector volcado al mercado interno, en el que no tiene competencia por el producto y su precio varía en función del valor del producto alternativo que, en este caso, es la carne vacuna. Por eso decimos que una de las formas de que la producción crezca, es conquistando mercados porque eso obliga a internacionalizar la competitividad intrínseca del sector. Entonces, si somos –como creo que somos– potencialmente competitivos, eso debería hacer mucho más transparente el mercado de la producción avícola en el que, reitero –y esto es difícil de explicar en pocas palabras y sin la ayuda de las gráficas–, no creo haya incidido. Sí me parece que hay otras cosas que incidieron en el consumo y que esto hay que decirlo sin ninguna vergüenza. Está claro que la situación de desvalorización de la moneda en Brasil tiene un impacto directo e indirecto sobre el consumo de una cantidad de bienes, en la frontera y no tan cerca de ella. Eso hay que asumirlo y es una de las razones por las cuales digo que tenemos que jerarquizar y trabajar sobre análisis de riesgo, para poner el mayor énfasis posible en controlar todo aquello que tiene riesgo sanitario. En la frontera hay un problema que es el contrabando y, el otro, es el sanitario. El contrabando afecta la recaudación, el funcionamiento de una empresa o la parte tributaria pero lo sanitario puede dejarnos fuera de los mercados por un tiempo indeterminado.

                Todos los que andamos cerca de la frontera sabemos que la producción de aves de Brasil está ingresando, por arriba del puente o por el costado, y es bueno reconocer que algo pasa con los servicios que hoy tenemos realizando esa actividad. Creo que no se soluciona un problema que no se reconoce y yo lo reconozco y me preocupa más lo sanitario que lo tributario, por la competencia que tenemos. Por eso queremos fortalecer esas capacidades. Reitero que cuando tenga la información, la voy a enviar. 

SEÑOR DELGADO.- Para que el señor ministro siga llevándose elogios, debo decir que nos pareció muy buena la misión que llevó a cabo en Cuba. Creo que es un mercado bien interesante. Para romper todos los paradigmas –que conste en la versión taquigráfica– quiero recordar que hasta propusimos un TLC con ese país. Creemos que es un mercado que será una gran oportunidad en el futuro y que nuestro país tiene mucho para ofrecer. Quería dejar esta constancia para que se lleve la canasta llena.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hecha la constancia del señor senador Delgado, le solicitamos al ministro que pase a considerar el articulado. Creo que la discusión ha sido bastante profunda e iremos a temas concretos.

Con relación al articulado, ya algunos senadores habían anticipado su intención de hablar de alguno en particular. Si el senador Heber está de acuerdo, comenzamos con él, para agilizar el tema y poder terminar antes de las 13:00.

SEÑOR HEBER.- Creo que, en líneas generales, ya se ha hablado lo suficiente y considero que han sido ponderadas las acciones que correspondían.

Nosotros queremos referirnos al artículo 292, porque la verdad es que no entendemos esta tasa que establece la Dinara. Queríamos conversar al respecto porque nos parece, según hemos podido averiguar, que es altamente negativa. Creo que produce lo contrario, y sería buena cosa que con humildad el ministerio pensara esta tasa porque, si no, termina por generar un efecto contrario, y paso a explicar por qué. En la actividad política siempre tengo códigos, así que no puedo mencionar nombres; pero en la negociación que hubo en la Cámara de Representantes, a último momento diputados de nuestro partido hablaron con sus pares oficialistas para mirar este artículo con detenimiento. Se les contestó que no había instancias como para poder negociar, producto de que esto era plata para la Dinara, porque la estaba precisando. Ese es un tema que lo podemos resolver. Si la cuestión es que la Dinara precisa dinero, con gusto podemos colaborar, pero no de esta forma, y pasó a explicar por qué. El artículo 292 establece una tasa de diez mil unidades indexadas «que gravará cada solicitud de ingreso a puertos de la República presentada por parte de buques o embarcaciones de bandera extranjera utilizados para la pesca, para actividades de apoyo o relacionadas con la misma –aclaro que estoy leyendo el artículo–, por la intervención que le compete a la citada Dirección Nacional en el control e inspección de tales buques o embarcaciones, en cumplimiento de acuerdos internacionales. En el caso de buques que reciben trasbordos en altamar, la tasa deberá ser abonada tanto por el buque que recibe la donación como por cada buque donante».

Acá se está estableciendo una tasa por un servicio que no sabemos cuál es; es una tasa de ingreso al puerto. Para los servicios que se requieren en la industria pesquera, a la Dinara se le paga actualmente. Acá tengo un memorándum en el que se nos explica que hay tasas que se cobran por la inspección que hacen; se da un certificado sanitario que es importante, sobre todo por el volumen de pesca, que es de 0,3 unidades reajustables por tonelada. O sea que hoy ya está cobrando un provento por los servicios que la Dinara da. Pero por esta redacción del artículo se está generando la posibilidad de que se cuestione realmente los costos que tiene nuestro puerto, que es libre. Nuestro puerto da la posibilidad de que mañana en aguas internacionales haya un buque nodriza o madre, que pesquen en aguas territoriales 10 o 20 pesqueros y depositen el pescado en el buque nodriza e ingrese a puerto para realizar los servicios, incluso para pasar a containers lo pescado para enviarlo a otros mercados.  Esto ha llevado a que haya competencia con otros puertos internacionales. Además, tal como está redactado, no solo paga la tasa el barco madre que ingresa, sino también los buques pesqueros que se encuentran en aguas internacionales. Lo vamos a cobrar, entonces, la gente resolverá no ingresar al puerto de Montevideo. Por eso, creo que es un artículo que habría que analizar mejor, si el objetivo es tener recursos. 

Me dicen que hay buques pesqueros que optan por ir a puertos africanos, a seis días de traslado y no a dos como el puerto de Montevideo. Por tanto, no son rehenes nuestros. Parece ser que hay un criterio, que no comparto, por el que se cree que los buques en la zona solo pueden venir al puerto de Montevideo, siendo que importantes industrias pesqueras ya han optado por dejar esos dineros en otros puertos.

                Quiero trasladar la importancia de la actividad que generan estos buques que solo entran a puerto para reexportar: dejan 175.000 jornales de estibadores que deberíamos cuidar porque es como que se tuvieran 583 puestos de trabajo, lo que genera USD 8:000.000 en salarios; mueven 35.000 fletes de camiones; producen  35.000 movimientos de contenedores y generan proventos portuarios por USD 1:000.000. Es decir que esta actividad genera un recurso, pero no entendemos qué tiene que ver la Dinara con el ingreso del barco a puerto porque, en todo caso, sería la ANP, a no ser que se precise un certificado. Los certificados que se están pidiendo son solamente para la industria pesquera del krill, que es la única que se inspecciona realmente porque para lo otro se da un certificado que va a la Dinara. También está la pesca de merluza. Hoy la Dinara ya está cobrando, entonces, se podría aumentar esa tasa y no crear una nueva que, a mi juicio, genera un problema. Además, tengo mis dudas y, de pronto, las empresas pesqueras de la región optan por otros puertos.

(Ocupa la Presidencia la senadora Payssé).

                Más que venir a hacer un cuestionamiento, porque esa no es la intención, planteo una reflexión, y si insisten que me traten de convencer sobre las bondades de esto porque la verdad es que no lo veo así. Creo que esto puede significar que se aumenten las opciones de las agencias marítimas, sobre todo de la industria pesquera,  que optarían por ir a otros puertos. Se nos dice que los únicos buques a los que esporádicamente se inspecciona son los atuneros, los de merluza negra y los de krill, pero esas embarcaciones no superan las 20 en total. Me gustaría conversarlo con el director de la Dinara, si es el que insiste con esto, o con el propio ministro, en caso de que esté muy embanderado con esta tasa. Creo que deberíamos revisar esto con sentido global. Le pedí a la industria pesquera que me pase todos los ítems que paga, por puerto, espacio portuario, que nada tienen que ver con la Dinara. Pero esto está llevando a la falta de competitividad en comparación con otros puertos que brindan servicios más baratos; tan solo por el costo del combustible ya se están yendo embarcaciones. Ni qué hablar de las medidas que hemos tomado solidariamente, que no viene al caso hablar, sobre buques que pescaban con bandera de las Islas Malvinas; hemos perdido muchos ingresos. Quizás, una de las consecuencias sea esta: el hecho de haber perdido muchos ingresos en el puerto y en la Dinara de barcos que antes calaban en el puerto de Montevideo y que no hacen una labor de industrialización en nuestro país, sino que llegan, desembarcan, pagan por eso y por el espacio, lo ponen en contenedores y lo llevan. Creo que eso nos deja toda esta plata de trabajo y de inversión que me parece tendríamos que cuidar para ser competitivos. Por eso planteo este tema en los términos que a mí me preocupan porque, seguramente, si hay que ayudar a la Dinara, proponemos trabajar con los legisladores del oficialismo para buscar los recursos, pero no encarecer lo que es el ingreso de buques, porque además está la aureola de no saber qué pasa con el remolcador que lo trae, si paga o no y qué tipo de límites hay, aunque acá se dice que es básicamente por la intervención de certificación de la Dinara. Si hay certificación nosotros estamos dispuestos a buscar una solución a través de la cual la Dinara obtenga un provento por la certificación, que es una garantía que en el mundo se tiene por la pesca indiscriminada que se hace en los océanos. Reitero que estoy de acuerdo con el control, pero el costo portuario nuestro se va a encarecer sostenidamente. Tengo el temor de que esto vaya en desmedro del ingreso de barcos pesqueros en el puerto de Montevideo. Vamos a perder todo, porque en vez de cobrar bastante más, vamos a tener cero. Esta es la preocupación que traslado al señor ministro.

SEÑOR BERTERRECHE.- Sin ingresar a evaluar estrategias del sector pesquero, quiero hacer una pequeñísima aclaración, ya que la explicación la tendrá que dar el ministerio. Solo quiero aclarar que una tasa no es un precio ni un impuesto, sino el valor por un servicio que da el Estado. En realidad, esto está asociado a un servicio que tiene que dar el Estado que, en su defecto, puede ser impugnado.

En el artículo 292 se especifica cuál es el servicio que se da: «por la intervención que le compete a la citada Dirección Nacional en el control e inspección de tales buques o embarcaciones». Ese control e inspección debe tener un valor porque, si no,  como es un trabajo que hace el Estado, la otra opción sería que lo pague el resto de la ciudadanía. Esto trasciende las charlas de pasillo «me dijeron que» o «me dejaron de decir». Me parece que no es un problema de generar recursos para la Dinara sino, en todo caso, tal como está establecido en este artículo, pagar un servicio que esta dirección da a los buques pesqueros.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor ministro va a responder a estas preguntas, pero no sé cómo vamos a hacer con el resto del articulado, si los trataremos por bloques o si seguimos de tardecita. Digo esto porque  a la hora 12 y 50 vamos a tener que cortar esta reunión porque sesiona el Senado.

SEÑOR MINISTRO.- Asumiendo que las consideraciones que fundamentan la pregunta  permiten razonar de la manera que el señor senador lo está haciendo, me parece que la mejor manera de aclarar esto es que el Director de la Dinara explique los compromisos  que el país tiene ante organismos internacionales y los servicios que el Estado brinda, tal como planteó el señor senador Berterreche y por los cuales se establece una tasa.  Por tal razón, solicito autorización a la señora presidenta para que el doctor Gilardoni se refiera a este tema.

SEÑOR GILARDONI.- Lástima  que el tiempo de que disponemos sea tan breve –voy a seguir las recomendaciones de la mesa– porque es un tema que vale la pena  hablar y aclarar.

                En primer lugar, no es, de ninguna manera, por razones de necesidad de recaudación de Dinara y lo quiero dejar muy claro. Uruguay es miembro de la CCAMLR, la Convención para la conservación de los recursos marinos vivos antárticos y de la Comisión para la conservación del atún atlántico, desde hace muchos años. Todos sabemos los problemas que ha generado la pesca ilegal en el mundo, lo cual ha provocado que estas comisiones hayan planteado exigencias muy fuerte desde hace mucho tiempo que pueden dejar a un puerto, por ejemplo, en una lista de incumplidores. En CCAMLR, Uruguay es el país que hace más inspecciones de barcos que pescan en aguas antárticas. Concretamente, hace más inspecciones que Corea, Nueva Zelanda, Chile y Reino Unido en los últimos años. 

                En el año 2009  la FAO aprobó un acuerdo vinculante sobre pedidas del estado rector del puerto para el combate a la pesca ilegal que fue ratificado por este Parlamento en el año 2013 y que se convirtió en la Ley n.º 19017. Esta ley obliga a todos los buques de bandera extranjera que son usados  para la pesca y que ingresen a puertos uruguayos a solicitar autorización previa y presentar toda la documentación que acredite que el barco tiene las licencias de pesca, las declaraciones de captura, los posicionamientos donde ha pescado para que se investigue, además, si tiene antecedentes de pesca ilegal; recién luego se permite o no el ingreso al puerto. Se trata de una exigencia nueva. El decreto reglamentario está dando la recorrida y esperamos que se apruebe antes de fin de año. De esta manera tendrá que inspeccionarse el 100% de los buques que entran a Montevideo. Hoy buena parte de ese trabajo se hace y la inspección consta de dos partes: una documental, que se complementa con un análisis de riesgo de las banderas. De acuerdo con dicho análisis y a la inspección documental se puede  llegar a hacer la  inspección in situ, a bordo, o no. Solo por citar un ejemplo, en el año 2013 uno de estos buques que anunció que quería entrar a puerto de manera voluntaria, al saber que se iba a inspeccionar se quedó en antepuerto, hizo maniobras evasivas, fue inspeccionado por la Armada y se encontró que ese buque que decía ser un pesquero para atún, no tenía las artes de pesca, tenía todo el instrumental en mal estado y no podía pescar y lo que hacía eran trasbordos en altamar de buques que pescaban de manera ilegal. Todos esos antecedentes fueron elevados a la comisión y ese barco fue incluido en la lista de barcos ilegales de todas las organizaciones pesqueras que hay en el mundo.

Hoy en día, la comercialización del pescado va más allá de los certificados sanitarios. Desde el año 2010 para exportar a la Unión Europea se necesita un certificado de  pesca legal. Para comercializar la merluza negra se precisan certificados que se tramitan electrónicamente, que emite el país de bandera, donde intervienen el Estado del puerto, y el Estado donde se comercializa el producto. Esto significa un esfuerzo bien pensado y organizado, porque puede poner al país en cuestionamiento sobre el puerto y sobre las posibilidades de acceso a mercado. La Unión Europea luego de su reglamentación n.º 1005/2010 realizó distintas visitas de cooperación a muchos países que Uruguay pasó con éxito, pero hubo cuatro países –entre ellos la República de Corea– que quedaron en capilla hasta el día de hoy, para poder exportar sus productos, por no cumplir con medidas acordes a las que tiene la Unión Europea, sobre combate a la pesca ilegal.

Nosotros compartimos las preocupaciones y nunca somos partidarios de establecer cargas para ningún productor, porque el país vive de la producción, y es la producción la que da trabajo. Pero en este caso pensamos que es de justicia, que es una carga que seguramente no sea mayor al dólar o a los dos dólares por tonelada de lo que pescan estos grandes barcos y que, por otra parte, hoy en día, lo que se hace en ese sentido es financiado con las tasas que pagan las empresas nacionales. Entonces, nos parece de justicia esta carga para las empresas extranjeras que usan el Puerto de Montevideo, que es uno de los puertos más conveniente en la región. Además, ni Argentina ni Brasil tienen el sistema de puerto libre que permite que barcos pesqueros de bandera extranjera desembarquen en sus puertos. Por lo tanto, entendemos que esto tampoco afectaría la operativa del Puerto de Montevideo.

En estos días circula por parte de una empresa argentina, cuestionamientos muy duros al Puerto de Montevideo por permitir la pesca ilegal, que son totalmente equivocados. Se trata de una ONG que tiene el estilo de querer perjudicar, sin tener las pruebas claras. Pero, en el futuro, la mayor parte del pescado que se comercialice en el mundo va a tener que demostrar a qué puertos va, en qué condiciones fue pescado y descargado desde el punto de vista sanitario, y si su captura fue legal o no.

Por último, en relación con lo que señalaba el señor senador sobre los buques nodriza, una de las maneras más frecuentes de evadir los controles sobre la pesca ilegal es tener barcos que están toda su vida en el mar y transfieren sus cargas a buques cargueros que son los que entran a puerto. En los últimos tiempos, en Uruguay se está dando ese fenómeno. Hay buques que traen el producto de treinta o cuarenta barcos pesqueros a puerto, y cada producto que trae debe venir identificado en sus bodegas y catalogado, porque el país debe estudiar los antecedentes de cada una de esas cargas y de cada uno de sus barcos pesqueros.

No sé si la explicación ha sido suficiente o no, pero estamos a las órdenes para aclarar acá o en otro ámbito, las dudas que puedan existir.

SEÑOR HEBER.- Le agradezco al señor director Gilardoni, de quien tengo las mejores referencias sobre la credibilidad que el sector tiene, pero acá se trata de normas que después quedan: los hombres pasan y las normas quedan.

                Si es una tasa y cumple un servicio, está bien, entra el barco nodriza y hay una inspección que se cobra; ya hay una de Dinara que se cobra que se puede estudiar si es adecuada o no. El tema es que estamos gravando la actividad en ultramar, en aguas internacionales y ahí no hay tasa, no hay servicio de Dinara. Entra el barco a puerto por distintos motivos –para descargar su carga, ponerla en containers y llevarla a otro lado– y, necesariamente, debe tener un certificado por el que la Dinara cobra. Eso me parece perfecto, hasta ahí estamos bien, pero el tema está en que el artículo dice: «En el caso de buques que reciben trasbordos en altamar,» –estamos hablando del barco nodriza que entra a puerto– «la tasa deberá ser abonada tanto por el buque que recibe la donación» –el barco nodriza– «como por cada buque donante». Además, eso es muy difícil de determinar.

Entonces, esto es un impuesto y no una tasa porque no estamos brindando servicios. Vamos a controlar al buque nodriza que entra a puerto y que precisa el certificado para poner la captura en containers. Está bien, estamos de acuerdo. Creo que la tasa ya está, la certificación se tiene que pagar. Esto ya existe y me tranquiliza que el director diga que lo que está buscando la Dinara no es un tema de recaudación sino de justicia respecto a empresas extranjeras que usan el puerto.

                Ahora bien; me parece que esto le está quitando la posibilidad de ser, realmente, un puerto libre porque los servicios de certificación se cobran, al igual que los servicios de puerto. Quiere decir que se cobra todo lo que se tiene que cobrar, pero si también estamos cobrando la actividad en aguas internacionales, eso ya es un impuesto para este barco nodriza, en función de los barcos que lo proveen en ultramar. No sé si me explico.

                El tema es, repito, que si hay servicio, si hay certificación, está bien que la Dinara cobre, pero no el ingreso a puerto. Debería cobrar en función de la certificación que el barco precisa, pero no por el ingreso al puerto; esto último, en todo caso, podría cobrarlo la ANP. La Dinara debe cobrar por los servicios que presta, y eso está bien. Tenemos varios convenios internacionales que son buenos, que se pueden suscribir y con los cuales coincidimos porque es importante preservar la fauna marítima. Por lo tanto, estos controles son buenos, estoy a favor de ellos.

La Dinara es la que controla y está bien que cobre cada vez que lo hace, pero no al buque que ingresa. Incluso puede haber un ingreso forzoso al puerto. Según me decían representantes de empresas pesqueras que se entrevistaron con nosotros, a veces rompen algo y tienen que ingresar a puerto. En esos casos no precisan nada de la Dinara, sino que entran a hacer los arreglos y salen nuevamente. ¿Tendrían que pagar la tasa si no hay servicios de certificación?

Esto es lo que estoy planteando. Me parece que deberíamos estudiar más este tema. Estaríamos dispuestos a buscar una redacción que aclarara esta situación para que no se le quite la condición de puerto libre de Montevideo que, a nuestro juicio, es muy importante para competir en la región con otros puertos. Esto no va en desmedro de los controles, que se siguen haciendo y se siguen cobrando. Repito que me parece bien que se controle y que la Dinara cobre las certificaciones, pero no le quitemos, por medio de un impuesto, el carácter de puerto libre a Montevideo, que es el gran atractivo que tiene  en la lucha de puertos de la región.

                Era lo que tenía para decir.

SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a ceder el uso de la palabra al señor ministro o a quien considere que debe responder –tal vez el director que estaba hablando– pero, una vez  terminado el tema, tendríamos que dar por finalizada esta parte de la sesión. Estaríamos convocando a esta delegación para la hora 18:30 a los efectos de continuar con el tratamiento del articulado ya que se ha planteado la solicitud de analizar artículo por artículo a pesar de la explicación general que se brindó.

SEÑOR MINISTRO.- Me gustaría que el director Gilardoni aclarara este último punto, es decir, si los buques vienen simplemente para reparación, si tienen que pagar o no; admito que, en lo personal, también me genera una duda.

SEÑOR GILARDONI.- Con respecto a los últimos conceptos que se vertieron, la tasa –porque para nosotros es una tasa– es para todas las actividades, ya sea para buques nodriza u otros buques de tercera bandera, son actividades que hacen en altamar que al entrar a puerto necesitan obligatoriamente la intervención del Estado rector del puerto en materia pesquera que, en este caso, la asume la Dinara.

                No todos los barcos que entran a puerto piden certificación higiénica sanitaria y esto, como ya dije, se trata de otro tipo de control que nada tiene que ver con la certificación sanitaria, es hecho por personal totalmente distinto y que precisa otro tipo de capacitación.

                En cuanto a la situación de si el buque debe volver a entrar porque se le rompió algo, seguramente ya me fue planteada por algún operador y no recuerdo si también por algún parlamentario. Si bien la tasa es propuesta por la Dinara, va al Poder Ejecutivo.

                No veo ningún inconveniente en que la tasa tenga una validez razonable para que los buques que la abonen puedan salir a altamar y si llegan a tener un desperfecto, volver a entrar sin que se les cobre nuevamente. De acuerdo a las reglamentaciones de CCAMLR e ICCAT, cada vez que un buque entra a puerto, sea para la actividad que sea, requiere la intervención del Estado rector del puerto en la materia.

                Es cuanto tengo para aclarar. Por supuesto que esos artículos quedan abiertos a la consideración de los integrantes de la Cámara y si podemos colaborar en una mejor redacción, estamos a las órdenes.

SEÑOR DELGADO.- Si no entendí mal, el señor Gilardoni dijo que coincide con que se agregue un plazo de vigencia a la certificación, en el caso de que el artículo se vote tal como está, ya que de lo contrario, cada vez que esté la solicitud, terminarían pagando.

SEÑOR GILARDONI.- Concretamente, dije que la tasa deber ser reglamentada por el Poder Ejecutivo y estaríamos dispuestos a poner una cláusula para que el pago de la tasa tenga determinada validez en caso de que el barco tuviera que entrar a puerto por fuerza mayor en un plazo determinado de tiempo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se levanta la sesión y nos reencontramos con el señor ministro y su delegación a la hora 18 y 30.

(Son las 12 y 53).

(Vueltos a Sala).

SEÑORA PRESIDENTA.-  Continúa la sesión.

(Son las 18:42).

                –Vamos a tratar el articulado del Inciso 07, Ministerio de  Ganadería, Agricultura y Pesca, que corresponde a los artículos que van del 266 al 322 más el 765.

                Tiene la palabra el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.-  Realizada la presentación de encuadre en la mañana de hoy, muy rápidamente vamos a explicar el contenido del articulado. Vamos a hacer una presentación por grupos de artículos para que sea más accesible, salvo que los señores senadores quieran que los expliquemos uno por uno.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si lo considera así, los explica por bloque y luego los señores senadores hacen las preguntas pertinentes.

SEÑOR MINISTRO. – Los artículos que van del 266 al 270 refieren a la creación de la unidad ejecutora 9, que definimos hoy como la unidad de bioseguridad, inocuidad y barreras sanitarias, con los objetivos que explicamos en la mañana. Se crea el cargo Q, que es  el director de la unidad ejecutora, mientras el resto de los cargos corresponden a gerentes y coordinadores. Además, se autoriza el ingreso al régimen de funcionamiento del artículo 140 de la Rendición de Cuentas del año 2012, que estableció un mecanismo por el que determinadas funciones exigen un trabajo a la orden, son sometidos a evaluación de desempeño y semestralmente se considera su mantenimiento.

Esto tiene que ver con todo lo que explicamos hoy de mañana. Si hay alguna pregunta en particular, agradecería que la plantearan para poder ser más concreto.

SEÑORA PRESIDENTA.- En la mesa tenemos dos sustitutivos, uno para el 266 y otro para el 268. Le agradecería que nos ilustrara sobre esos cambios.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 266, como ya dije, crea la Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria, que tiene que ver con las características que mencioné en la mañana de hoy: coordinar y ejecutar las políticas en materia de sistemas de control; asesorar al Ministro y a las unidades ejecutoras en tareas específicas; y, lo más importante, diseñar protocolos de evaluación del riesgo para el ambiente, salud humana, sanidad animal y vegetal, de procesos para evitar que se introduzcan en el territorio nacional  animales vivos o vegetales o productos provenientes de organismos genéticamente modificados.

                El artículo 267 tiene que ver con el cargo de director general de control, un cargo Q de particular confianza, al igual que el resto de los directores de las unidades ejecutoras del inciso.

SEÑOR DELGADO.- Lo justo es justo: creo que es una buena idea del ministerio comenzar a vincularse con el tema del control e inocuidad alimentaria. Este es un concepto sobre el que escuché hablar al señor ministro en varias oportunidades. Me parece que ese mundo que se viene es el de las barreras paraarancelarias, por lo que me alegro de que el ministerio esté haciendo boca y empiece a aterrizarlo presupuestalmente.

                Además de crear la dirección, se crea un cargo de confianza, es decir, el director de Control, y una serie de gerentes: el gerente en Inocuidad; el gerente en Bioseguridad y el gerente en Barreras Sanitarias. La verdad es que después se emplea una frase que se repite en otros artículos del ministerio, y es a lo que apunta mi inquietud. Concretamente, se dice: «quienes deberán acreditar idoneidad suficiente de acuerdo a las tareas a desempeñar, por un plazo de un año, renovable no más allá del Período de Gobierno, previa suscripción de un compromiso de gestión aprobado por el jerarca y sujeto a evaluación anual». En ese caso, ¿cómo es la selección? ¿Es una selección con un llamado, por concurso? ¿Se selecciona por parte de los equipos del ministerio o del ministro?

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor senador Delgado está consultando sobre el artículo 268, al que todavía no llegamos. De todos modos, queda hecha la pregunta.

SEÑOR HEBER.- Además de las interrogantes del señor senador Delgado, queremos consultar al señor ministro sobre las modificaciones que introdujo la Cámara de Representantes a lo que envió el Poder Ejecutivo. En algunos casos cambió el nombre, lo que parece muy claro, pero hay ítems o literales –por ejemplo, el c) del artículo 266 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo– en los que se habla de instrumentar, coordinar y monitorear, y no advierto si la variación obedece a una sugerencia del señor ministro o si fueron modificados en la Cámara de Representantes por los señores diputados.

Quisiera conocer la trazabilidad, digamos, de los artículos que estamos estudiando. Aclaro que estamos hablando de los artículos 266, 267 y 268 porque presentan notorias modificaciones.

SEÑOR CAMY.- Quisiera saber si la modificación que recibimos en el día de hoy sobre el artículo 266 involucra lo referente al Decreto n.º 353/008.

SEÑORA PRESIDENTA.- Así es.

                ¿Vamos a trabajar sobre el artículo sustitutivo o sobre el que fue votado en la Cámara de Representantes?

SEÑOR CASTELAR.- Sobre el sustitutivo.

                Efectivamente, hay un cambio entre el proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo y el que finalmente aprobó la Cámara de Representantes en el artículo 266. Dicha modificación fue hecha en la Cámara de Representantes. Ahora bien: el sustitutivo que se presentó hoy a la mesa corrige en parte la redacción de ese artículo aprobado por la Cámara de Representantes.

Si los señores senadores tienen a la vista el artículo aprobado en la Cámara de Representantes, podrán ver que el literal A), dice: «Coordinar y ejecutar las políticas en materia de sistemas de control zoosanitario y fitosanitario y de los organismos vivos genéticamente modificados». En la redacción propuesta en el sustitutivo presentado en el día de hoy se elimina esa frase del literal A), que aparecerá en la redacción del literal B) del sustitutivo que proponemos.

El sustitutivo que propone el Ministerio dice así: «Artículo 266.- Créase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", la unidad ejecutora 009 "Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria", con los siguientes cometidos: 

 A) Coordinar y ejecutar las políticas en materia de sistemas de control zoosanitario y fitosanitario, respecto de personas, equipajes, bultos y vehículos que ingresan al país por cualquier medio de transporte marítimo, fluvial, terrestre o aéreo». El literal B) quedará redactado de la siguiente manera: «B) Asesorar al Ministro y a las unidades ejecutoras del Ministerio y articular con la institucionalidad agropecuaria, en materia de barreras sanitarias, inocuidad alimentaria y organismos genéticamente modificados, de acuerdo a los cometidos del Gabinete Nacional de Bioseguridad, creado por el Decreto n.º 353/008 y sin perjuicio de los cometidos y atribuciones que correspondan a otros incisos». Estas son las modificaciones que se proponen en el sustitutivo con respecto al artículo aprobado por la Cámara de Representantes.

                Con relación al artículo 267, también vamos a proponer un sustitutivo. Los señores senadores podrán ver que el artículo aprobado por la Cámara de Representantes crea la Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria. Este dice: «Artículo 267.- Créase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", unidad ejecutora 009 "Dirección General de Control e Inocuidad Alimentaria" el cargo de Director General de Control». Con el sustitutivo que presentamos a la mesa, proponemos agregar lo siguiente: «Créase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", unidad ejecutora 009 "Dirección General de Control e Inocuidad Alimentaria" el cargo de Director General de Control de Inocuidad Alimentaria».

                En cuanto a la contratación de los gerentes, también fue presentado un sustitutivo a la mesa en la mañana de hoy. En la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo se incluían tres incisos, que suponemos fueron omitidos en el artículo aprobado por la Cámara de Representantes. Se trata del artículo por el que se faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a la contratación de los gerentes en materia de inocuidad, bioseguridad y barreras sanitarias. En los tres incisos que faltan   –que estaban en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y que en el sustitutivo que se presentó hoy proponemos que se incluyan– se detalla cuáles son las características –como reseñaba el señor senador Delgado– y cómo se van a financiar. Suponemos que hubo una omisión al excluir estos tres incisos, que lo único que hacen es describir las características de las contrataciones a que se faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, a su vez, cómo se financian.

Por lo tanto, estos tres incisos que faltan en el proyecto de ley de la Cámara de Representantes deberían ser incluidos nuevamente.

SEÑOR DELGADO.- La explicación que da el director general creo que aclara algunas cosas. Nosotros ahora estamos trabajando en un sustitutivo por el que se vuelve en parte a la redacción original del Poder Ejecutivo. En él se establecen los cargos que se crean, los gerentes, que no adquieren la calidad de funcionarios públicos –pueden ser funcionarios públicos con reserva del cargo–, y como se financian.

                La pregunta es si para la contratación se está pensando en hacer un llamado o se hará una contratación directa. En síntesis, nos gustaría conocer el procedimiento de selección de los gerentes, que también se aplica para otros cargos que se generan en el inciso.

SEÑOR MINISTRO.- Sin perjuicio de aclaraciones de índole legal o administrativas que puedan hacer algunos otros integrantes del equipo, quiero resaltar que ese es el espíritu porque el inciso dice que se faculta a contratar y, por lo tanto, no se están creando cargos públicos. Por ejemplo, en las actuales partidas presupuestales los ministros tenemos una partida que se asocia a los que se denominan adscriptos al ministerio, y en el caso de nuestra cartera prácticamente se ha utilizado para la contratación de personal especializado para desempeñar funciones específicas y complementar alguna tarea. Es el caso de una persona que tiene un posdoctorado de seis años de economía agrícola de la Universidad de Iowa y que incorporamos a la Opypa para trabajar en economía de recursos naturales. Para los casos en que la idoneidad es difícil de identificar o donde hay muchas personas con esas capacidades, hemos desarrollado –sin tener la obligación de hacerlo– un llamado a concurso. La actual directora de la DIEA llegó a ese cargo como resultado de un llamado a concurso. Por ejemplo, en el caso de un concurso para un adscripto, se hace un llamado público, se eligen las mejores capacidades y con posterioridad se aplica la discrecionalidad de la adscripción para contratar. Aquí se dice claramente que se faculta a contratar; las personas que se contraten deberán tener la capacidad para ejecutar estas tres funciones que entendemos requerirán una idoneidad técnica para hacer lo que queremos y que tiene que ver con la excelencia en funciones que consideramos estratégicas para enfrentar lo que advertimos como un escenario de complejidades por el lado de las barreras del tipo paraarancelario. Para eso tenemos que fortalecer las capacidades que hoy tenemos.

                Por todo esto reitero que el único cargo de confianza –hoy de mañana se habló de cargos de confianza– que se crea aquí, bajo la particularidad de lo que se conoce en la administración como cargo Q, es el del director de la unidad ejecutora. Con respecto a los demás, se dice claramente que se faculta a contratar.

                Dado que hoy se habló de cargos de confianza –ya que estamos en el baile, bailemos–, sería bueno que hiciéramos referencia a las funciones de directores departamentales.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Me parece que es bueno hablar de esto porque facilita la explicación.

                Los cargos de las direcciones departamentales están basados en el mismo concepto. Estos cargos existen hoy, pero por ley son de funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo que nos ha limitado mucho el proceso de selección, tanto que en el período pasado y en este nos están faltando siete directores departamentales; solamente tenemos doce en funciones. Y el proceso es muy largo. Es por eso que incluimos este criterio, que nos faculta a contratar y, por lo tanto, a hacer un llamado y a evaluar. Esos cargos son por el período de gobierno, con contratos anuales y sujetos a evaluación. Esto es lo que ya estamos haciendo hoy. Esta evaluación ya existe, aun con los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero insisto: el criterio es exactamente el mismo. Es por eso que lo ligué y, entonces, de una sola vez podíamos explicar estos 24 cargos, de los cuales uno es de confianza –el director–, y todos los otros son contratos llenados por concurso y sujetos a compromiso de gestión y evaluación.

SEÑOR DELGADO.- Obviamente, estamos hablando de un artículo que se va a considerar más adelante, pero ya aprovecharon la ocasión porque, en realidad, tiene la misma tipología y, además, utiliza la misma frase.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Exactamente.

SEÑOR DELGADO.- Hoy de mañana hablé de altos cargos; no hablé de cargos de confianza porque acá está claro cuáles son los cargos de confianza.

                Me parece que es innovador como lo presentan. Más allá de que acompañemos o no la creación del cargo, me parece que es innovador el hecho de que pueda haber reserva, que el subsecretario diga que va a haber un llamado y que, además, se contrata con evaluaciones anuales, no adquieren la calidad de funcionario público y cesan con el período de gobierno. Adelantando una opinión personal, me parece que es innovador y positivo, más allá de compartir o no el tema de fondo.

Ya que estamos hablando del artículo que mencionó el señor subsecretario, aprovecho para preguntar si las funciones de los directores que se contraten mediante los llamados a que hacía referencia, ¿van a ser las mismas que hoy tienen los directores que están en funciones, que son funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Esa es la pregunta.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Es exactamente lo mismo. Insisto: esto fue a través de la ley de descentralización que creó las direcciones departamentales. Los directores son los que articulan los consejos agropecuarios departamentales, las mesas de desarrollo, y articulan en el territorio las funciones del Ministerio. Son exactamente lo mismo. La propuesta es porque queremos ser mejores ejecutando las políticas públicas. En el marco actual hemos tenido dificultades. No hemos podido llenar todos los cargos de directores, y ahí nos quedamos rengos.

                Y hay otra cosa que yo no dije: cuando son funcionarios del Ministerio y se presentan a estos cargos, nos dejan una función vacía. También está el caso de la dirección departamental de Artigas, para citar un ejemplo, que está compartida y una funcionaria de la Digegra también se encarga de la dirección departamental. Entonces, en realidad, tenemos dificultades para que se hagan las dos tareas. Con esta figura nueva pensamos jerarquizar esta actividad de descentralización con la gente en el territorio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Aclaro que el artículo al que se está haciendo referencia es el 290.

SEÑOR MINISTRO.- Ahora paso al artículo 272: creación del Sistema Nacional de

Información Agropecuaria. También hoy ejemplificamos sobre este tema.

Los objetivos son: interoperar los diferentes sistemas de información y registros que tiene el Ministerio; articular el relacionamiento interno de todas las dependencias del Ministerio respecto al intercambio de datos e información; crear un registro único de productores, es decir, ir migrando de la cantidad de registros que tenemos a un registro único que se relacione con esta base de información. Esto de hecho se está realizando; en una transparencia de hoy de mañana mostramos los once primeros productos del Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Es importante tener presente que en el proceso de construcción conceptual de este sistema nos gusta decir «Del SNIG al SNIA», es decir, del Sistema Nacional de Información Ganadera, que es una capa de información que identifica a los animales y nos dice dónde están, a un sistema más complejo donde incorporamos el tema de suelos, efluentes,  agua, en fin, todas las capas de información que hoy planteamos.

                La interoperatividad de la información y lo que viene después, que es la posibilidad de que esta información esté al servicio de los tomadores de decisión, sean públicos o privados, ha requerido un aporte importante de diseño con un conjunto de especialistas que hemos tenido la oportunidad de contratar a través de un proyecto del Banco Mundial. Se trata de un equipo que proviene de la Universidad de Columbia, Nueva York, donde hay quince técnicos con distintas especialidades, que han interactuado. En esta lógica también deberá desarrollarse toda la plataforma de infraestructura de datos espaciales a nivel del Estado. Cuando hablamos de la interoperabilidad de la información a nivel del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por qué no decir que tendríamos que trabajar en un concepto de interoperabilidad de toda la información.

Esto lo que hace es dar forma legal a un proceso que se viene desarrollando desde el año 2012 o 2013, cuando entró en ejecución este programa. El componente uno del proyecto de financiamiento externo con el Banco Mundial, conocido como Desarrollo rural y cambio climático, es el Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Esto le da marco legal.

                Hoy de mañana omití decir que en el Ministerio hay seis sistemas de información geográfica, entre ellos: de suelo, forestal, de la pesca, del ganado, de la citricultura, pero en realidad ninguno de ellos es interoperable entre sí; no dialogan entre sí las bases de información. Queremos resaltar la importancia que tiene el hecho de invertir intelectual y físicamente en este tema.

SEÑOR DELGADO.- Este artículo también lo compartimos. Creo que puede ser una gran oportunidad porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene, por diferentes vías, una cantidad importantísima de información y lo que falta muchas veces es la interrelación. Si se crea una plataforma de gestión de la información disponible para los agentes vinculados al sector, me parece absolutamente positivo.

                En el literal C) se crea el Registro Único de Productores, el cual deberá interoperar, sistematizar y estandarizar todos los registros existentes y a crearse en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero,  ¿cuál es el objetivo? ¿Tiene que ver con el registro que ya hay en Dicose que, obviamente, está estandarizando la información de una cantidad de productores? ¿Este es un registro aparte?

SEÑOR MINISTRO.- Hasta ahora los registros se han creado  –algunos se crean en este proyecto presupuesto– en función de la necesidad específica de una determinada funcionalidad. Creamos un registro de productores frutícolas y, sobre esa base, implementamos un conjunto de políticas.

El literal C) de este artículo expresa que el objetivo es terminar en un registro único, donde se encuentre toda la información. Por ejemplo, habrá un productor que tendrá un determinado registro y que figurará en determinado campo de información; no va a figurar en Dicose porque no tiene vacas, sino duraznos, pero tendrá un determinado padrón, un suelo y estará en una determinada cuenca hidrográfica; además tendrá una  historia en materia de aplicación de agroquímicos y –estoy imaginando– en los planes de producción hortifrutícola o de financiamiento.  Se trata de que algún día tengamos un registro y que no sigamos en una secuencia en la cual aquellos productores que tienen distintas actividades, o que están en distintos lugares, sientan que tienen que suministrar muchas veces determinada información porque no se construye una historia que pueda integrar el conjunto de los datos. Esto es fácil de decir, pero difícil de hacer, sobre todo cuando se están dando procesos que no se pueden interrumpir. Para ilustrar esto, es como cambiar un neumático con el auto en marcha. Por eso  parece que existe una aparente contradicción porque en el propio proyecto de Presupuesto estamos proponiendo la creación de un registro único, pero en otro artículo tenemos la creación  de un registro de productores, o en el artículo 273 un registro de productores frutícolas. Necesitamos crear esos  registros para llevar adelante algunas políticas, pero al mismo tiempo estamos creando la infraestructura que va a permitir la migración a un sistema único. Ese es el espíritu; no sé si queda claro.

SEÑOR DELGADO.- Preguntamos por el artículo 272, pero el señor ministro también hizo mención al artículo 273, que refiere al Registro Nacional Frutihortícola, que funcionará en el ámbito de la Dirección General de la Granja. A diferencia del anterior, lo hace obligatorio e implica sanciones.  Tiene carácter gratuito y obligatorio y, a renglón seguido, se dice que en caso de  comprobarse infracciones a lo dispuesto precedentemente –me imagino que esto tiene que ver con la obligatoriedad– se aplicarán las sanciones previstas en el artículo y se hace  una serie de referencias a la legislación que existe sobre el tema. Me gustaría saber por qué la diferencia entre uno y otro.

SEÑOR MINISTRO.-  Solicito autorización a la mesa para que sea la Directora Nacional de la Granja la que conteste esta interrogante.

SEÑORA GABARD.- Podríamos decir que el Registro Frutihortícola es una vieja reivindicación de dos partes: del sector productor y del Ministerio.  Hablamos de reivindicación del sector productor porque hacia la  frutihorticultura se aplican recursos, muchas veces provenientes del Fondo de Fomento de la Granja, y el propio sector pide transparencia en su aplicación, pero es muy difícil hacerlo cuando no existen los datos de cuántos  y quiénes son,  dónde están y qué es lo que hacen. Hasta el momento varios sectores tenían registro, pero la frutihorticultura no. Por ejemplo,  la vitivinicultura tiene un muy buen registro; lo mismo sucede con el citrus y con la apicultura, que tiene un excelente registro que es la base de su trazabilidad. El sector  frutihortícola se sintió siempre rezagado porque no lo tenía. El sector y el Ministerio siempre estuvieron trabajando en la búsqueda de ese registro. Lograr, luego de algunos años de trabajo,  tener en el 2015 el registro implementado es importante. Lo que hace el proyecto de ley es darle el sustento, pero el registro se está implementando y, de hecho, en la fruticultura se abrió y se registraron los productores. Nos da una base muy importante para la aplicación de los recursos, para la generación de políticas públicas y la atención de emergencias. No son ajenas a ninguno de los presentes las emergencias que ha pasado el sector en los últimos años –cuando no ha sido el granizo, ha sido el exceso hídrico, la sequía o las heladas–, y en esos casos tuvimos que apelar a las organizaciones, a todo el Ministerio y a las intendencias para logar declaraciones juradas de cada productor en papel y lápiz –que después había que ingresar–, donde el productor declaraba qué produjo, dónde lo produjo y qué grado de afectación tuvo. Si contamos con un registro, se minimizan los problemas de gestión de esos datos.

A la pregunta de por qué la obligatoriedad, para que efectivamente el registro atienda la universalidad del sector es necesario que sea obligatorio porque, si no, lo que tendríamos como producto es que tendríamos 10 inscriptos, que sé dónde están, qué hacen y qué producen, pero como no puedo saber cuánto me quedó afuera, no estaría dirigiendo las políticas en forma correcta. La obligatoriedad me da la seguridad de que lo que está dentro del registro es el universo de productores frutihortícolas. Voy a dar un ejemplo. En estas últimas semanas se está trabajando con una problemática en el sector frutícola, fundamentalmente en los frutales de pepita, como la pera y la manzana. Por la suma de distintos factores se están cayendo las yemas de las peras y se prevé que no va haber peras para la próxima zafra. Hoy, existiendo el Registro, rápidamente hemos podido tomar medidas y prever otras para el futuro porque sabemos que de toda la fruticultura nacional, la pera representa el 13 %. Antes, ese dato lo podíamos estimar a través de encuestas o del conocimiento que los técnicos tienen del sector; pero hoy no es una estimación, sino una realidad. El 13 % de la fruticultura es pera y sabemos dónde está ubicada. De este modo me parece que queda aclarado lo de la obligatoriedad,  salvo que se considere lo contrario.

                Un último punto con respecto al registro: cuando hablamos de dónde están, toda la frutihorticultura –hoy está la fruticultura, pero en diciembre va a estar la horticultura– queda georreferenciada, algo que es muy importante para cuando se generan políticas ambientales. Diría que más del 70 % de la frutihorticultura está ubicada en la cuenca del río Santa Lucía; o sea, cuando se tienen que aplicar políticas ambientales, muchas veces pensamos en las grandes producciones y nos olvidamos de que la granja y la frutihorticultura están ubicadas ahí. Si lo tenemos georreferenciado, la llegada de las políticas al territorio son más eficientes.

SEÑOR MINISTRO.- Hablando de la importancia estratégica de la cuenca del río Santa Lucía y de la necesidad de fortalecer algunas acciones disponiendo de recursos de financiamiento externo vinculados, tanto al Banco Mundial como al Banco Interamericano de Desarrollo, dentro de los programas de endeudamiento que tenemos lo que estaba faltando era la partida de crédito. Entonces, lo que se hace en el artículo 274 es incorporar $ 30:000.000 en un caso y $ 10:000.000 en el otro para seguir desarrollando actividades de apoyo. Obviamente, la mayoría de estas situaciones están o van a estar dirigidas hacia pequeños y medianos productores familiares, con todo lo que tiene que ver con aplicaciones de políticas o mejora de instrumentos en la calidad y gestión del agua en esas cuencas.

SEÑOR DELGADO.- Le pasaron tijera al 20 %.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 275 lo va a comentar la señora Alicia Díaz.

SEÑORA DÍAZ.- Lo que establece el artículo 275 es la identificación de algunas partidas que se destinan a una iniciativa que, por primera vez este año, se abrió en el Presupuesto –se pretendió hacer lo mismo en todos los Incisos–, que es el Proyecto 121. En el caso de nuestro ministerio logramos abrirlo asignándole algo de crédito para, de alguna manera, identificar todas las partidas que en los distintos presupuestos de los Incisos se asignan para la promoción de acciones afirmativas por la igualdad de género.

                En nuestra cartera hay apertura en dos unidades ejecutoras, en la Administración central: la Dirección General de Secretaría y la Dirección General de la Granja, destinadas a capacitación en equidad de género. En el caso de la Dirección General de Desarrollo Rural, se trata de un proyecto destinado a mujeres rurales que presenten propuestas de desarrollo; estamos hablando de una partida de $ 600.000 anuales que se abre durante el período. Más concretamente, son $ 1.800.000 en el primer año y $ 600.000 en los siguientes.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Me voy a referir a los artículos que van desde el 276 al 281.

                Estos tienen que ver con una actividad que se venía realizando en el Ministerio de Educación y Cultura; me estoy refiriendo a la ley n.º 18471 y a otra ley que tiene que ver con esta, que es la relativa a la hidatidosis, la n.º 13459. La primera norma que cité creaba la Conahoba –Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal–, que cuenta con determinada representatividad pero que ha tenido algunas dificultades de ejecución.

                Hemos trabajado con los Ministerios del Interior, de Educación y Cultura y de Salud Pública, porque aquí estamos hablando de la tenencia responsable de animales. Por eso, como Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca definimos, en su momento, la disposición política de asumir esta responsabilidad en la medida en que fuera revisada la ley, porque la verdad era que no estaba funcionando.

Entre lo que ponemos sobre la mesa está nuestra disposición y nuestro conocimiento, que tiene que ver, por ejemplo, con la identificación de animales; aquí estamos hablando de animales en general.

                Estoy analizando todos los artículos juntos, pero seguramente van a surgir preguntas sobre algunos de ellos en particular.

Como dije, esto se pasa, en bloque, del Ministerio de Educación y Cultura al de Ganadería, Agricultura y Pesca.

                En el artículo 278 se crea la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal que la integran el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –que la preside–, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y el Congreso de Intendentes. Se trata de un grupo relativamente chico, pero somos Poder Ejecutivo y estamos planteando esto porque el grueso del marco legal es el mismo; no lo estamos cambiando, pero aclaramos que no está funcionando.

                En el artículo 280 se crea el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Cuando concurrimos a la Cámara de Representantes reconocimos un error, que era no agregar la profesión veterinaria, pero esa omisión ya fue subsanada.

También debo decir que hay una clara articulación con la otra ley que cité relativa a hidatidosis. Hay en paralelo toda una actividad que queda tal cual está, pero que de alguna manera queda articulando con esta. Creemos que la articulación interinstitucional es una herramienta que deberíamos utilizar más de lo que hacemos, está dentro de nuestro lineamiento estratégico y por eso está plasmado aquí en este articulado.

                No sé si fui lo suficientemente claro. Preferiría contestar preguntas.

SEÑOR DELGADO.- En ocasión de la conmemoración de los cincuenta años del INIA de Las Brujas –hace pocos días atrás– tuvimos la oportunidad de compartir la mesa con el señor ministro. Estaba el doctor Fratti como presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes y quien habla como presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores. Comencé diciendo que en un evento del INIA de investigación agropecuaria hubiera un veterinario en la mesa era obviamente una curiosidad, pero que hubiera dos ya era un sacrilegio.

(Hilaridad).

                –La verdad es que en esto debo aplicar el mismo razonamiento. Entiendo y comparto el pasaje de lo que era la Comisión Honoraria de Bienestar Animal –Conahoba– del Ministerio de Educación y Cultura al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con su nueva denominación. Además, sé que es un hierro caliente. Aquí, debemos decir todo.

(Apoyados).

                –No solamente hay problemas de integración, sino que también hay problemas de presupuesto.

                Considero que es absolutamente inconveniente e inaceptable dejar la profesión veterinaria fuera de la dirección de la nueva Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. El bienestar animal, claramente, es competencia de la profesional veterinaria. Además, en la mayoría de los elementos que la reglamentación hoy permite en cuanto a la ley de bienestar animal, quien termina lo hace con un certificado expedido por profesionales veterinarios, cosa que será imposible de aplicar sin la profesión veterinaria. A mi juicio, el ministerio no está en condiciones de aplicar esto sin la profesión veterinaria.

                Hay otra discusión adicional que pongo en dos planos. Me refiero al tema de incluir o no a las protectoras de animales con personería jurídica como la Conahoba. Si bien aquí hay opiniones diferentes, me parece que podemos seguir avanzando si logramos, no la comisión consultiva que es meramente consultiva –y creo que termina siendo casi formal el sustituto que se hizo en la Cámara de Representantes de poner un delegado en el consejo consultivo de la comisión–, sino la comisión misma de decisión, ya sea a través de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay o de la Universidad de la república donde pueda participar la Facultad de Veterinaria.

                Me parece que es una discusión que se debe llevar a cabo. No estamos hablando de una comisión muy grande que, en definitiva, integra el Congreso de Intendentes. Considero que la profesión veterinaria es el brazo ejecutor lógico de esto, y ya sea a través del gremio o de la Universidad de la República debería integrar la nueva Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Dicho sea de paso, me imagino que los créditos presupuestales que están en el Ministerio de Educación y Cultura, que no son muchos, se transferirán al  Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Ocurre casi lo mismo con el artículo 281 que dice: «Créase la Comisión Asesora en materia de Zoonosis, Tenencia Responsable y Bienestar Animal, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la que tendrá cinco integrantes: uno designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de las Comisiones de Zoonosis y Bienestar Animal que la presidirá, dos representantes de la Comisión Honoraria de Zoonosis y dos representantes de la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal» Acá también queda rengo respecto de una reivindicación profesional que me parece absolutamente intransferible, justa y lógica. Luego, en su momento, daremos otra discusión sobre las protectoras de animales con personería jurídica.               

                El ministro dijo en la Rural del Prado que el derecho de los perros no está por encima del derecho de las ovejas o algo parecido. Creo que no está por encima, pero tampoco por debajo. Quizás con esa expresión quería manifestar que, muchas veces, en estos casos culturalmente hay intereses encontrados y creo que en esto los fundamentalismos son malos. Por tanto, hay que actuar con mucha lógica y prudencia dentro del marco de la ley y, sobre todo, hay que ser efectivos y eficientes, pero para que ello ocurra entiendo que es inexorable incluir en la  comisión madre a la Sociedad de Medicina Veterinaria o a la Universidad de la República la que, obviamente, estaría representada por la Facultad de Veterinaria.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- La primera consideración la compartimos, señor senador, porque esto es un fierro caliente debido a que no está funcionando. En la primera comparecencia dije que estábamos dispuestos a asumir el desafío y a hacer todo el esfuerzo para lograr que esto funcione. Obviamente no estaba funcionando por varias complicaciones y el tema de la integración es un aspecto difícil. Revisamos esto con los otros ministerios y como formamos parte del Poder Ejecutivo, nos comprometemos a ejecutar. Además, hay antecedentes de que siendo asesores se puede funcionar perfectamente. Me refiero a las comisiones honorarias de salud animal y a las comisiones departamentales de salud animal que funcionan en este país porque, de no hacerlo, no tendríamos el estatus sanitario que tenemos. En ellas los veterinarios están como asesores. Creo que cada uno tiene que defender con trabajo la silla que ocupa. Si estamos haciendo esta propuesta es porque entendemos que es la mejor composición.

Respeto totalmente la profesión de veterinario –pedí disculpas en la Cámara de Diputados porque los habíamos olvidado y me sentí responsable– y creo que deben estar, pero no es necesario que estén en el ámbito ejecutivo que es para ejecutar. Pienso que pueden tener total participación, como la tienen en las otras comisiones que están funcionando desde hace mucho tiempo. Esa sería la posición de nuestro ministerio e insisto con esto. No me quiero centralizar en el tema de los perros, porque hablamos de todos los animales y de zoonosis, que el senador conoce mejor que yo. Hay un montón de enfermedades que se pueden transmitir a los humanos y tenemos serias dificultades con la salud humana, pero esa no es competencia nuestra. Por ejemplo, estamos poniendo sobre la mesa la posibilidad de estudiar el tema de la identificación de los animales. Si hablamos de tenencia responsable y  queremos ser responsables, debemos saber de quiénes son los animales. Sabemos de quienes son los doce millones de bovinos  que hay en este país, pero si bien hay muchos menos perros, no sabemos de quiénes son. Creo que en esto la apuesta es muy fuerte y asumo toda la cuota parte que me corresponda, pero creo que debemos ser claros. Si queremos que esto funcione debemos cambiar lo que tenemos, de lo contrario, no va a funcionar y, entonces, honestamente preferiría no tener la cuota parte que me corresponde en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR DELGADO.- Obviamente tenemos opiniones diferentes, sobre todo en cuanto a por qué no ha funcionado hasta el momento, pues no creo que sea simplemente por la integración. Es más, me he reunido con varias de las sociedades protectoras con personería jurídica y debo reconocer un gran trabajo de muchas de ellas. Como en todas las cosas de la vida, hay cosas que funcionan bien y de las otras. Para el caso de este artículo nosotros vamos a presentar un sustitutivo, porque nos parece que es de justicia y además porque ayudará a instrumentar para que pueda funcionar bien, ya que la función veterinaria termina siendo el brazo ejecutor de varias de las políticas que se diseñan ahí, en la acepción más amplia de la palabra, particularmente en el ejercicio liberal de la profesión.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 282 refiere a la unificación de la DIEA y la Opypa, que es la Oficina de Programación y Política Agropecuaria. Para dar la fundamentación de  este artículo le cederé la palabra al doctor Mondelli, director de la Opypa.

SEÑOR MONDELLI.- La unificación o consolidación de capacidades en una asesoría, Opypa y DIEA –una oficina dedicada al diseño de políticas y la otra a las estadísticas–, se sustenta en varios argumentos. Por un lado, vale decir que la Opypa cumplió el año pasado 50 años y creo que ha acompañado durante mucho tiempo una función muy importante, que es asesorar de cerca a las autoridades. En los últimos años, y si miramos los ejes estratégicos que hoy el ministro presentaba –que orientan las acciones del ministerio en particular desde 2010–, se pueden ver palabras como adaptación al cambio climático, competitividad e inserción internacional, conservación de recursos naturales o intensificación sostenible, políticas diferenciadas y la inserción de pequeños productores. De alguna forma, todos esos ejes de política son un cambio de estrategia que ha tenido el ministerio y son muy exigentes en términos de la información que necesitamos para diseñar, acompañar, mejorar y, en última instancia, para ver los resultados. Para esa estrategia hemos revisado la organización de la generación y el uso de los datos para potenciar la ejecución de estas políticas. Por lo tanto, el análisis y el monitoreo, sobre todo en temas de intensificación sostenible y monitoreo de los efectos de la actividad agropecuaria en el medioambiente, han implicado una agenda muy exigente en cuanto a la información en tiempo real. Si bien no está en el presupuesto, una de las áreas de análisis que hemos reforzado el año pasado –creo que la continuidad del ministro y de gran parte del equipo es una gran oportunidad, pero también una responsabilidad– tiene que ver con la evaluación de políticas. Dentro del área de Opypa hemos organizado un área de evaluación de impacto de políticas para poder rendir cuentas, para poder ver cuál es el resultado que tienen nuestras políticas en los agentes. Y para poder hacer eso, la exigencia del acceso a la información y el rediseño de qué tipo de información estamos relevando con el presupuesto con el que contamos –que es escaso y que tenemos que potenciar para dar soporte a las actividades– nos han llevado a unificar tanto el área de políticas y de estudio, que es Opypa, con el área de generación de estadísticas agropecuarias. Esa unificación permite potenciar las capacidades humanas promoviendo la especialización y estando muy bien articulados para responder con algunos lineamientos claros a fin de lograr organizarnos rápidamente. También nos permite avanzar en todo lo que es el perfeccionamiento y la interoperabilidad de los registros. Hoy en día tenemos mucha información, no solamente generada en el ministerio sino también en la institucionalidad ampliada. El proyecto que tenemos tiene que ver, justamente, con combinar esa información en forma dinámica para que tengamos, en todo momento, mejor información para tomar las decisiones. 

Otro proyecto que también se discutió anteriormente, es el relacionado con la información satelital y el sistema de información agropecuaria. Sin duda, el gran desafío es potenciar la generación de encuestas y de estadísticas, aprovechar la información satelital y de esa forma tener más información para tomar decisiones. El proyecto que estamos analizando está vinculado a las políticas públicas, adoptadas desde el Poder Ejecutivo, pero con una mirada tendiente a que se disponga de esa información y para que las decisiones privadas sean potenciadas precisamente en virtud de esa información.

La unificación de estas dos unidades, entonces, tiene que ver con potenciar capacidades, dar mayor respuesta, interoperar información, monitorear y evaluar las políticas que desarrollamos.

SEÑOR MINISTRO.- Pasamos a los artículos 283, 284 y 285 que los va a comentar el director general de Servicios Ganaderos, doctor Muzio.

SEÑOR MUZIO.- El artículo 283 refiere a la creación de la Unidad Coordinadora de Sanidad e Inocuidad Avícola.

Como fue explicado en la presentación por el señor ministro, esta es una materia pendiente que tenemos con el sector avícola, que no ha tenido en el ministerio el mismo desarrollo que otros sectores. Se refiere, principalmente, a la posibilidad de salir del mercado interno para poder ser un sector exportador. Por la experiencia que tenemos en los otros rubros, sabemos que las exigencias en materia de sanidad e inocuidad son muy fuertes si pensamos en los mercados que mejor remuneran, como es el caso de la Unión Europea. La creación de esa unidad coordinadora prevé la contratación de un epidemiólogo aviar y de un patólogo aviar, ya que es sumamente necesario por la especificidad que tiene la industria avícola. Es un trabajo que va a llevar su tiempo, se tiene que ir paso a paso y, tal como lo manifestamos en la Comisión de  Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes, Uruguay, por su seriedad, está muy conceptuado en diferentes mercados, lo que podría decirse es parte del patrimonio del país. Entonces, estos pasos tenemos que darlos seguros y fortalecidos para poder colocar a la producción avícola en los mejores mercados.

SEÑOR DELGADO.- Los artículos 283 y 284 tienen que ver con la Unidad Coordinadora de Sanidad e Inocuidad Avícola. En realidad es un reclamo de varios actores avícolas. Es más, están pidiendo que tengan más competencia y que no se restrinjan algunos aspectos sanitarios.

                En este caso, la duda es sobre cómo se va financiar esta unidad, porque no hay referencia a créditos presupuestales ni a financiamiento ni a traspaso de rubros. Como obviamente va a ser una unidad importante, que va a tener un rol estratégico, además reclamado por los propios actores, nos gustaría saber si está previsto el financiamiento, o sea, si será con redistribución de rubros y de persona, porque no está explicitado.

SEÑOR MUZIO.- La reserva para los contratos de estos nuevos cargos de la unidad se va a hacer con recursos de la unidad 5.

                Entiendo el planteo del señor senador Delgado con respecto a los reclamos del sector avícola, pero el primer paso y el más importante es fortalecer los sistemas sanitarios y de inocuidad, porque es la precondición de prácticamente todos los rubros en los que Uruguay figura como un exportador fuerte y son las primeras exigencias necesarias para lograr una producción y una industria de este tipo. Estamos hablando de que todo el sector de la faena en la avicultura debe ser fortalecida para poder aspirar a ese crecimiento que legítimamente pretenden quienes pertenecen al sector.        

Por el artículo 284 se da un paso adelante muy importante hacia la informatización de los datos del Registro Avícola del Sistema de Monitoreo Avícola, que ha permitido un mejor manejo, sobre todo, de los aspectos sanitarios. El mismo se basa en que la trazabilidad se lleva a cabo y se inicia en la importación de material genético y de pollitos, lo cual permite inferir, mediante actualizaciones de información, si hay o no problemas sanitarios. Esto es absolutamente así en casi todos los grandes países que producen y exportan aves. Por lo tanto, es un sistema que el Uruguay adoptó y está desarrollando con mucho éxito.

                El artículo 285 hace referencia a la Dirección Nacional de Contralor de Semovientes, que está dentro de la Dirección General de Servicios Ganaderos. En esta norma, se propone  una reasignación de los cometidos legales en virtud del desarrollo del Sistema Nacional de Información Ganadera –SNIG–, donde la parte de la informatización de la información ha sido muy importante.

                En Dicose se mantienen las funciones inspectivas de fiscalización con una mejor coordinación de las funciones que en materia de sanidad animal cumplen también en el campo el área de Servicios Ganaderos.  Entendemos que este es un paso muy importante hacia la búsqueda de que la declaración jurada se pueda llevar de manera informática, como forma de evitar el registro en papeles que, muchas veces, se hace dificultoso para los mismos productores.

                En esencia, este artículo apunta a una reasignación de las funciones de Dicose que apunta a un sistema informatizado de modo tal de otorgar una mayor facilidad al manejo de la información.

SEÑOR DELGADO.- Hablando en términos a los que hoy estamos acostumbrados, de hecho esto implicaría la disolución de Dicose. Además de un tema funcional, aquí hay una cuestión cultural, pues los asuntos que en materia registral lleva adelante Dicose, pasarán a ser competencia del SNIG, y Dicose cumpliría solamente funciones inspectivas.

                Más allá de pretender hacer un juicio de valor sobre el objetivo del artículo, me gustaría saber si Dicose funcionará como unidad. ¿Qué pasará con sus funcionarios? ¿Cumplirán solamente tareas inspectivas?

                Con respecto a la parte registral, desde las guías, la declaración jurada anual, hasta las planillas de contralor interno, ¿se seguirá aplicando pero deberá tramitarse en otra repartición, como es el SNIG?

                Estas son las preguntas que me surgen a raíz de este artículo.

SEÑOR MINISTRO.- No entendí si el señor senador habló de destrucción o eliminación de Dicose. No sé cuál fue el verbo que utilizó.

SEÑOR DELGADO.- Hablé de disolución.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto al procedimiento actual, sin duda es un cambio conceptual y metodológico. En la década del cuarenta existía una unidad –yo no la conocí– para controlar y eliminar la langosta; hoy no la tenemos más. Entonces, lo primero que hay que decir es que el éxito del sistema de trazabilidad en el Uruguay –con el cual se nos distingue en el mundo–, tiene que ver con la existencia de hace cuarenta años de Dicose. Hoy se hablaba de por qué tienen que ser obligatorios los registros, pues bien,  la obligación de tener un número de Dicose como productor ganadero, un número de Dicose en el predio, un documento que no solo es la guía de tránsito sino que representa la  propiedad de los animales y de realizar las declaraciones juradas anuales –con posterioridad se incluyó la planilla de control interno–, son todos instrumentos que se crearon en una época en la que no existían los avances de tecnología de la información y de la comunicación que tenemos hoy.

¿Cómo funciona hoy el movimiento de animales? Anteriormente, el movimiento de animales implicaba la presentación de una guía con la correspondiente fiscalización –en los casos que fuera necesaria– o de la aprobación por un veterinario y un sellado en la comisaría. Ese documento tenía cuatro vías: una para el productor remitente, otra para el destinatario, otra para la Policía y otra para Dicose. Hoy en día, para llenar la guía, previamente hay que hacer la lectura de los animales que se van a embarcar o a trasladar de un campo a otro –haya cambio de propiedad o no–, se debe cargar el archivo,  ingresar la información a la base de datos del Sistema Nacional de Información Ganadera, esa información será aprobada o no según el estatus sanitario que tenga cada una de las caravanas y, en función de eso, se autoriza. Por lo tanto, en el momento en que se hace la lectura, se establece la cantidad de novillos, que van de tal a cual  Dicose y que los números son tales y cuales. Esto implica llenar la información que al mismo tiempo va en la guía. Obviamente, lo que se plantea en este caso es modernizar el procedimiento. En múltiples oportunidades nos ha llegado el reclamo sobre por qué hay que llenar la planilla de movimientos internos. En realidad, es correcta la inquietud de la gremial de productores. Es decir, por qué es necesario llevar en papel una planilla de movimiento interno, si en realidad han quedado todos registrados en el sistema informático del Sistema Nacional de Información Ganadera.

Por eso, con esta norma buscamos mantener el objetivo y adecuar los instrumentos, que están definidos y son: la parte registral y la parte de inspección. Hoy en día, Dicose cumple las dos funciones. El número de Dicose –División Contralor de Semovientes– implica la obligatoriedad de cualquier productor ganadero de iniciar su actividad con un registro. Esa parte de registros hoy se está duplicando con la información del SNIG. Por tanto, lo que pretendemos es, tal como en muchas otras funciones que se desarrollan en el Ministerio, tener un mostrador único, que el productor pueda hacer todos los trámites en un solo lugar. Para ello, se reasignan las funciones registrales hacia lo que hoy conocemos como Sistema Nacional de Información Ganadera, porque la base de un sistema de información en este caso es un registro, pero eso no obsta a que siga siendo importante la fiscalización del cumplimiento. Todo sistema que tenga exigencias de registro y de movimientos, requiere de supervisión y fiscalización para ver si se cumple correctamente. Ese saber hacer que los funcionarios de campo de Dicose tienen, se mantiene en la unidad ejecutora 05, en apoyo a la actividad de vigilancia sanitaria y epidemiológica que la Dirección General de Servicios Ganaderos y el Sistema de Información de Salud Animal, llevan adelante. 

En definitiva, hablamos de que para mejorar el funcionamiento se redistribuye funciones dentro de la organización que hoy tiene el ministerio; no con el ánimo de eliminar sino con el de ser más eficientes.

SEÑOR DELGADO.- Eso lo entiendo pero la pregunta concreta es si se eliminan algunos requisitos como, por ejemplo, la declaración jurada en papel o la planilla y si con esto se mantiene el tema de las guías de propiedad de tránsito.

                Por otro lado, quisiera saber si se reasignan funcionarios de Dicose a funciones al SNIG –con los créditos presupuestales correspondientes– y a quienes tendrán tareas inspectivas, a la Dirección de Servicios Ganaderos.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto a las declaraciones, debo decir que estamos trabajando –hubiéramos querido hacerlo antes pero no hemos podido– para la eliminación gradual del papel, en la medida de lo posible. El papel es una fuente de error: cuando cargamos y leemos en la máquina no tenemos errores pero cuando llenamos un papel, podemos cometer errores. Lo que sin duda se va a eliminar primero es la planilla de movimiento interno porque, en realidad, está duplicando algo que está registrado en el sistema. Tenemos que generar la capacidad de que el sistema lea eso y que, además, lo devuelva al usuario por si en determinado momento tiene que transformarlo en una declaración jurada. Nuestra aspiración es trabajar para que la declaración jurada al 30 de junio no sea otra cosa que una lectura de todos los animales que hay a esa fecha y que simplemente se ponga la firma a lo que surge de un archivo informático, que se alimenta por una lectura en un determinado momento.

                Con respecto a los créditos presupuestales, el artículo dice que se faculta y, de alguna manera, se reglamentará la forma en que se hará.

SEÑOR CASTELAR.- En cuanto al artículo 286, lo único que hace es modificar el Inciso primero de una norma preexistente y esto es en virtud de la creación de la nueva unidad ejecutora. Se incluye la unidad ejecutora 009, aclarando que los criterios técnicos en materia de control zoosanitario y fitosanitario de personas, equipajes, bultos y vehículos estará a su cargo, pero según los criterios técnicos de las unidades ejecutoras 002, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la 004, Dirección General de Servicios Agrícolas y la 005, Dirección General de Servicios Ganaderos. En realidad, es una adecuación a las normas preexistentes en función de la creación de la nueva unidad ejecutora y de que este cometido del control zoosanitario y fitosanitario de personas, equipajes, bultos y vehículos va a pasar a dicha unidad.

SEÑORA DÍAZ.- El artículo 287 simplemente prevé una partida de $ 5:000.000 para poder pagar la nocturnidad de los funcionarios del ministerio que cumplan sus tareas en el horario de 21.00 a 6.00. Este crédito se abre por reasignación dentro del grupo 0 en la unidad  ejecutora 001 pero el objetivo es tenerlo allí para fortalecer la unidad ejecutora que lo requiera.

                En el caso del artículo 288, hubiéramos querido que la partida asignada a este concepto fuera un poco más alta. En realidad, como el esfuerzo estuvo puesto en no incrementar el presupuesto con relación al ejercicio 2014, el monto quedó un poco escaso. Pero vamos a hacer el ejercicio de asignar estas compensaciones, no en la forma tradicional como se asignan las compensaciones –muchas veces en el Estado se asignan asociadas a la función–, sino en este caso pensando también en que sea asociada a la función de alta responsabilidad que cumpla un funcionario y a un compromiso de gestión que pueda ser evaluado con el cumplimiento de metas anuales. También por reasignación de créditos se destina esta partida. La forma de asignación va a ser objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

SEÑOR DELGADO.- Acá hay dos artículos. Uno tiene que ver con la nocturnidad, y el otro con compensación por compromiso de gestión. La verdad es que es una partida bastante chica, de casi $ 3:000.000. Personalmente, compartimos el objetivo; esto en otro lenguaje se llama casi productividad. La pregunta es: ¿quién determina los compromisos de gestión? ¿El director de la unidad ejecutora correspondiente adonde está asignado el funcionario y cumple tareas? ¿Es un compromiso de gestión elaborado anualmente? ¿Es de evaluación anual? Son ese tipo de cosas que me imagino después serán objeto de reglamentación, como dice al final del artículo. Si el ministerio lo tiene definido, sería bueno dejarlo aclarado. Me parece que es una innovación acerca de la cual no sé si los gremios estarán de acuerdo. En lo personal, creo que es una innovación positiva, aunque no sé qué va a opinar COFE. Pienso que es positivo en el sentido de buscar algunos objetivos de gestión y darle una compensación, es decir, no tocar el salario pero sí buscar un premio sobre determinado cumplimiento de objetivos. Es importante saber quién determina esos objetivos y quién los evalúa.

SEÑOR MINISTRO.- La gestión implica asumir las responsabilidades, y el cambio implica no solamente asumir las responsabilidades, sino también el riesgo de los costos que tiene cambiar. El ministerio tiene claramente definido sus cinco líneas estratégicas. Dentro de esas cinco líneas estratégicas hay un montón de capítulos que están definidos como objetivos, y esas son las líneas de acción que hemos llevado adelante y pretendemos seguir haciéndolo. Nosotros creemos que, como en todos los órdenes de la vida, no todo el mundo tiene la misma capacidad, ni todo el mundo tiene la misma dedicación, ni todo el mundo tiene el mismo compromiso. De lo que se trata es de definir objetivamente cuáles son los objetivos y establecer compromisos de gestión. Cuando se explicaban hoy las funciones de directores departamentales, claramente se explicó ese concepto. El concepto es definir qué es lo que se quiere y, obviamente, habrá que definir previamente qué es lo que se evalúa. Sobre este tema hay bibliotecas escritas.

Nosotros estamos iniciando este proceso. Y lo hemos iniciado en alguna oficina, como la Opypa, en la que hemos empezado a desarrollar una política de evaluación de los funcionarios. Son funciones técnicas muy específicas, muy especializadas, donde se definen determinados tipos de objetivos. Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer en el resto de las oficinas. Como ustedes observarán, la partida es residual. ¿Por qué? Porque si teníamos $ 3.447:000.000, y a valor constante hoy tenemos un presupuesto de $ 3.429:000.000, estamos manejando menos recursos que los que teníamos. Con esa menor cantidad de recursos y con algún número menor de funcionarios estamos desarrollando un montón de actividades que antes no desarrollábamos y que hoy mencioné. Se trata de que con esa partida residual se empiece a practicar el ejercicio de evaluar. Considero que la evaluación no puede ser subjetiva, y es por eso que establecemos una serie de objetivos. En definitiva, lo que falta es cómo se va a reglamentar esto. A modo de ejemplo, cuando tuvimos que hacer un llamado a concurso para seleccionar un adscripto al ministro que hoy ocupa la dirección de la DIEA, el tribunal estuvo integrado por el director de la Opypa, por la adscripta, pero también por la directora del Instituto Nacional de Estadística, porque entendemos que en algunos lugares tenemos que ir a buscar capacidades o idoneidades fuera de la institución. Cuando se trate de diseñar este tipo de cosas, obviamente, tendremos que buscar esto. No puedo responder cuáles van a ser los criterios de evaluación porque eso va a depender de cada cargo específico. De lo que se trata acá es de empezar a generar una cultura donde comencemos a valorar la eficiencia, el compromiso y no solamente los atributos que tradicionalmente se han manejado en el Estado.

SEÑOR CASTELAR.- Corresponde pasar al artículo 289.

Con respecto al artículo 289 presentamos un sustitutivo que, en realidad, consiste en una sugerencia de eliminarlo. ¿Por qué? Porque en el proyecto original del Poder Ejecutivo nosotros pretendíamos modificar la redacción de la norma preexistente para que el cargo de director nacional de Descentralización y Coordinación Departamental estuviera comprendido en el literal c) del artículo 9.º de la Ley              n.º 15.809. La Cámara de Representantes decidió que siguiera como está hoy en el literal d) del artículo mencionado. Por lo tanto, es una reiteración de una norma ya existente. Este artículo no debería estar incluido aquí.

El artículo 290 ya lo explicó el subsecretario.

Los artículos 291 a 295 refieren a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y corresponde que los explique el doctor Gilardoni.

SEÑOR GILARDONI.- El artículo 291 lo mencionó en la presentación de la mañana el señor ministro y tiene que ver con la facultad de la Dinara de determinar cuáles son aquellas enfermedades de los animales acuáticos de cultivo de importancia económica en el país y que deben ser declaradas de acuerdo con las normas de la OIE. Si bien en Uruguay la acuicultura todavía no ha tenido un desarrollo importante, a nivel mundial somos un importante productor de cultivos hidrobiológicos como el esturión. Entonces, tenemos que ir adecuándonos a estos requisitos que todavía hoy en Dinara no los tenemos tan asumidos como en otras unidades del ministerio. Entonces, presentamos este artículo porque debemos empezar a trabajar en este tema.

                El artículo 292 no sé si lo podemos dar por suficientemente debatido. Es el que refiere a las tasas y que nos extendimos en la mañana de hoy. En todo caso, luego se pueden hacer las consultas, y esto lo hago en aras de la brevedad que nos solicitaron.

                El artículo 293 refiere a la posibilidad de exportar ejemplares de recursos vivos acuáticos en estado vivo, valga la redundancia. Esto es por un error de redacción de la ley de pesca n.º 19175 que se votó en el 2013, donde se dividió un párrafo y quedó con dos incisos. Hoy nuestra dirección solo puede hacer una excepción al primero de los incisos y es que Dinara, en los casos que amerita, autorice la importación de peces vivos o la exportación, en el caso que fuere, en los dos sentidos.

                El penúltimo artículo también refiere a una puesta a punto de lo que fue la ley n.º 19175 de pesca responsable de 2013. Allí se establece cuándo corresponde aplicar la sanción de apercibimiento. Esta ley tiene un capítulo especial referido a sanciones donde las califica y cuantifica, inclusive, el monto. En este caso, para dejarlo meridianamente claro, se establece: «Corresponderá aplicar la sanción de apercibimiento siempre que el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma naturaleza y éstas sean calificadas como leves». Esto no figuraba en la ley y de esta manera queda claro cuándo corresponde apercibir y cuándo  las otras sanciones que la ley prevé. 

                Nuestro último artículo también es un ajuste a la Ley n.º 19175, donde no quedó claro qué procedimientos se seguían en aquellas infracciones previas a la aprobación de la ley. Previo a esto quien sancionaba era el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que hacía la resolución sancionatoria y, a partir  de su aprobación, quien sanciona es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, previo visto de la División de Servicios Jurídicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En este caso se establece cómo se procederá con aquellas infracciones anteriores a la entrada en vigencia de la ley y que quedaban en un limbo. Estos son los artículos que traemos en esta ronda y estamos a disposición de los señores senadores si es que tienen alguna consulta para hacer.

SEÑOR DELGADO.-  El señor senador Heber se refirió al artículo 292  y nos sentimos representados en su argumentación. Obviamente estamos  frente a  una voluntad de recaudación de la Dinara. Creemos que el artículo, además, tiene algunos errores de redacción y, a nuestro juicio faltan algunas garantías sobre todo para definir el concepto tributario de lo que es tasa y algunas contraprestaciones.

Como el partido de gobierno tiene la mayoría, el artículo se aprobó en la Cámara de Representantes y es probable que se apruebe aquí también, vamos a presentar un artículo aditivo para que no quede sometido a la reglamentación, sino que quede a texto expreso en la ley la posibilidad de que en caso de que haya que pagar estas tasas las certificaciones tengan un plazo de vigencia. 

SEÑOR CASTELAR.-  Con respecto al artículo 295, queremos hacer una observación  a la comisión. Cuando se menciona la Ley n.º 19175 de 20 de diciembre de 2013 falta el nombre de la ley.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Ya lo anotamos, doctor, lo vamos a corregir.

SEÑOR CASTELAR.-  Los artículos 296, 297 y 298  los va a presentar a la comisión la ingeniera Mariana Hill,  Directora de la Dirección de Recursos Naturales.

SEÑORA HILL.- Estos tres artículos refieren, en términos generales, al sistema de los planes de uso y manejo responsable de suelos, actividades que se vienen realizando desde el año 2010 y pretenden dar un marco legal a temas que se  vienen desarrollando.

                En el caso del artículo 296, los planes de  uso y manejo de suelos se presentan por un ingeniero agrónomo que hoy se acredita ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y se hace responsable de lo que  presenta a través del plan que exhibe. Eso se establece en este artículo para responsabilizar al profesional en la presentación de planes.

                El artículo 297 tiene que ver con  el plan de uso y manejo de suelos que es una planificación que se aplica a  una unidad de uso y manejo –o sea a una chacra, a un  predio que tiene un tipo de suelo, una determinada pendiente– y debe mantenerse, independientemente  de la tenencia del padrón, en el sentido de que se hace en función de la calidad del suelo y su capacidad de uso.  Eso es lo que se establece en este artículo. A su vez, se busca poder brindar información a un nuevo arrendatario, propietario o a quien esté involucrado con ese sistema de producción. Dicha información está relacionada con el plan presentado y con cuáles son las características, de manera que eso sea parte de la información asociada al padrón  en adelante.

                En cuanto al artículo 298, del que el señor ministro habló hoy de mañana, podemos decir que se refiere a la gradualidad de la aplicación de sanciones; nosotros  siempre dijimos que debería ser gradual.

Cuando se modificó la ley del año 2009, el apercibimiento que siempre existió como una sanción quedó excluido de la posibilidad de sanción dentro de lo que es la ley de suelo, y nosotros la estamos agregando porque entendemos que debe existir como una sanción, porque hay muchas situaciones donde lo que hay que dar es una señal de apercibimiento, que no necesariamente requiere que sea una multa. En general, esto es lo que plantean estos tres artículos.

SEÑOR CASTELAR.- Pasamos a considerar los artículos 299, 300, 301  y 302.

SEÑOR BERTONI.- Seré breve al referirme a estos artículos.

En la mañana de hoy, en la presentación realizada por el señor ministro quedó planteado cuál sería el modelo de crecimiento y desarrollo que estamos manejando y dentro de eso, los lineamientos estratégicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en particular, el proceso de intensificación sustentable que venimos manejando. En función de eso, estos artículos tienen, básicamente, lo que llamamos «un reforzamiento del marco normativo», con el que el ministerio y la Dirección General de Servicios Agrícolas –unidad ejecutora 004– tiene para llevar adelante este marco. Un elemento clave que se incorpora es que para todo proceso de intensificación sustentable tenemos un triángulo virtuoso –llamémosle así– que es la sanidad de los productos de origen vegetal, la calidad y la inocuidad de esos productos tanto para el mercado interno como para la exportación. Entonces, el comentario general es que estos artículos modifican y complementan. Si ustedes observan, los artículos 299, 300 y 301 hacen pequeñas modificaciones a la Ley n.º 19149, de octubre de 2013, ampliando algunos elementos.

El artículo 299 hace un agregado a algunos elementos que la tecnología está llevando adelante como, por ejemplo, incorporar los agentes de control biológico a todo lo que es el control de los procesos mediante los cuales se evalúan datos científicos completos y se realizan ensayos o análisis de ensayo para demostrar que todos los productos se emplean de conformidad con las instrucciones, para un uso eficaz a los fines propuestos, y no tienen un riesgo indebido para la salud humana, animal, vegetal y el ambiente. Esto ya existía, lo que estamos incorporando son otros productos, fundamentalmente, los agentes de control biológicos que han sido regulados últimamente en el país y necesitamos incorporarlos a esta normativa.

El artículo 300 lo que incorpora en esa modificación a la ley es establecer que, en definitiva, es potestad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la DGSA, determinar cuáles son los procesos de evaluación que corresponde aplicar para cada uno de estos productos, atendiendo a las características, fundamentalmente, con un criterio de análisis de riesgo. Esa es una pequeña modificación que se hace.

 En el segundo numeral se establecen y publican cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que estén en conocimiento de todos los administrados y, fundamentalmente, apunta a lo que damos en llamar la certificación de condiciones necesarias con el fin de garantizar inocuidad y calidad de todos los productos que se destinan al mercado interno de la exportación. Es decir, reafirma normativamente un estándar único, que es el emblema que han manejado estas administraciones, en el sentido de que el estándar de calidad e inocuidad de los productos alimenticios de origen vegetal tengan un estándar único tanto para la exportación como para la importación.

En el artículo 301, se modifica una disposición  de la Ley n.º 19149 y se hace mucho énfasis al manejo de los alimentos para animales, ya sea raciones o importación de otros subproductos.

                Como vimos hoy, para Uruguay, es un tema no menor poder tener garantías y seguridades en cuanto a calidad e inocuidad en la producción de carne. La idea es que  los alimentos que utilizamos para animales tengan también un control de calidad e inocuidad adecuado. Aquí es donde habíamos visto que podemos tener algunos elementos a reforzar. En definitiva, con esta norma buscamos reforzar el Registro General de Operadores de Alimentos para Animales –el señor ministro hizo alguna referencia a esto hoy de mañana–; incorporar un esquema de declaraciones juradas periódicas de todos los operadores que actúan en esta materia, pero incluyendo no solo quienes elaboran raciones para la venta sino también para el autoconsumo. Nos referimos a los feedlots, a la avicultura en particular, actividad en la que, mayoritariamente, los alimentos se producen en los propios establecimientos.

Esto implica tener un control que permita bajar las vulnerabilidades del sistema sanitario de producción animal en Uruguay, en particular, a partir de una vigilancia lo más estricta posible de los alimentos con destino a la alimentación animal.

                El artículo 302 reafirma un tema en el que se ha trabajado anteriormente y al que le estamos dando formato legal. Concretamente, se trata de que todas aquellas empresas comercializadoras de productos fitosanitarios –que deben estar registradas a nivel del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la Dirección General de Servicios Agrícolas, lo que significa que sus instalaciones han sido controladas– estarán obligadas a contar con un director técnico –ingeniero agrónomo– en su funcionamiento, condición clave, también, hacia el futuro en lo que refiere al cumplimiento de requisitos internacionales.

                En definitiva, se establece por vía legal, algo que ya se maneja en la práctica.

                Gracias.

SEÑOR CASTELAR.- Si la señora presidenta está de acuerdo, consideraríamos ahora los artículos 303 y 304 y propongo que los explique a la comisión la señora adscripta a la Dirección General de Desarrollo Rural, la ingeniera agrónoma Alicia Ximeno.

SEÑORA XIMENO.- Buenas noches.

                El artículo 303, refiere a la sustitución del literal B) del inciso cuarto del artículo 383 de la Ley n.º 18719 que creó el Fondo de Desarrollo Rural, que tiene que ver, específicamente, con cómo se financia ese fondo. Se trata de un ajuste. Hoy en día tenemos algunas dificultades administrativas en lo que hace a la sistematización e identificación de los reintegros o devoluciones por parte de productores que reciben apoyo a través de los planes y proyectos de la Dirección General de Desarrollo Rural. Dicho de otro modo, se hace difícil identificar esos reintegros y devoluciones.

                Con este artículo lo que se pretende es, justamente, identificarlos, lograr una buena sistematización y para eso se pide una habilitación de la Tesorería General de la Nación para crear una cuenta bancaria asociada y que cumpla con ese fin, es decir, identificar y registrar esos reintegros.

                El artículo 304 hace referencia a la creación del Registro de Productores Familiares. Actualmente, el registro existe y está amparado por una norma de menor rango, que es una resolución de la unidad ejecutora. Lo que se pretende con este artículo es, justamente, elevar ese rango legal y ponerlo en la misma jerarquía del Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas, que fue creado por ley y también está su decreto reglamentario; van a trabajar conjuntamente dentro de la órbita de la Dirección General de Desarrollo Rural.

El Registro de Productores Familiares es una herramienta potente que permite identificar a los productores que cumplen con estas condiciones y, a través de él, aplicar las políticas públicas diferenciadas.

                La aprobación de este artículo permitiría también que las nuevas políticas públicas no solo fueran dirigidas a través de la Dirección General de Desarrollo Rural sino que otros organismos y ministerios puedan contar con esa información y llevar a cabo la aplicación de esas políticas públicas.

                Hoy en la mañana quedó planteada una interrogante por parte del senador Berterreche que –si mal no recuerdo– era sobre si con la creación del Registro de Productores Familiares estaba previsto un certificado de productor familiar. Actualmente, no está así previsto pero es algo que se puede trabajar para obtenerlo.

SEÑOR CASTELAR.- El artículo 305 se refiere a la unidad ejecutora 008, Dirección General Forestal. En virtud de que el director general forestal no se encuentra presente, me voy a permitir explicar el artículo.

                Simplemente, se trata de autorizar a la Dirección General Forestal a adquirir plantas y semillas de otros viveros nacionales mediante la modalidad de la permuta. Y se puntualiza de que para que ello sea posible, debe tratarse de valores iguales. Se le da una facultad más para poder enriquecer su banco de germoplasma.

                Pasamos a considerar los artículos 306, 307 y 308. El artículo 306 será explicado por la doctora Gabard, directora general de la granja; el 307, por el doctor Muzio, director general de servicios ganaderos, y el 308, por la doctora Riera, asesora de la Dirección General de Secretaría.

SEÑORA GABARD.- El artículo 306, figura resumido en cuatro cometidos, algunos de los cuales se vienen llevando a cabo y otros son nuevos para la unidad. Podríamos decir que cualquiera de ellos encaja en la misión, visión y objetivos de la Dirección General de la Granja, que es velar por la soberanía y seguridad alimentaria de nuestra población.

                Los señores senadores sabrán que de la frutihorticultura que se consume en el país, el 96 % se debe a la producción nacional; lo que se importa para la demanda que no queda satisfecha es apenas un 4 %. Si será, entonces, importante mantener esa producción cuando, justamente, es la que nos asegura esa soberanía alimentaria.

                Además de los dos factores mencionados, el sector productor que nos provee de esa soberanía alimentaria es, fundamentalmente, un productor familiar. Cuando decimos productor familiar nos referimos –en forma resumida– al productor que vive en el predio donde produce. Por lo tanto, cuando a esa producción familiar, a esa soberanía y seguridad alimentaria que buscamos a través de las producciones granjeras le queremos aplicar políticas ambientales, no es un ambiente lejano para ese productor. El ambiente para el productor familiar, para el productor granjero, es donde convive su familia, no es ajeno, ya que al lado de donde sus hijos juegan a la pelota,  tiene el cuadro de lechuga, el cuadro de manzana, los cerdos o las aves.

                Entonces, cuando hay que aplicar políticas que conduzcan a esa producción y a esa intensificación sustentable de la producción granjera, se hace necesario remarcar algunos de los cometidos que figuran en el artículo 300, que tienden al logro de la  intensificación sustentable y el cuidado del ambiente, del consumidor y del productor.

                Creo que cualquiera de los cuatro puntos a que hace referencia el artículo 306 está sustentado en el artículo 273 que refiere a la creación del Registro Nacional Frutihortícola. La trazabilidad es impensable si no tuviéramos el registro. Dicho de otra manera, la base para ese trabajo de trazabilidad es el registro. Se tiene que entender que al hablar de registro, no nos referimos solo al nombre del productor y dónde se ubica, sino que llega al nivel de quinta y dentro de ella al nivel de cuadro de producción. Llegar al nivel de cuadro va a ser la base para la trazabilidad porque cuando el productor tiene identificado –dentro de su usuario y con su clave–  en su sistema de qué quinta, de qué cuadro, salió la manzana que está ofertando en el mercado, el producto efectivamente podrá ser trazado. Acá vale la pena mencionar que el codex alimentarius define la trazabilidad como la habilidad para seguir el movimiento de un producto a través de los pasos específicos de producción y la comisión europea establece que es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción. Cuando hablamos de trazar, nos referimos a rastrear el producto. El numeral 1) de este artículo crea ese Sistema de Trazabilidad de Frutas y Hortalizas Frescas para lo cual nos vamos a apoyar fuertemente en la existencia del Registro Nacional Frutihortícola.

                Con respecto al numeral 2), dice: «Elaborar, mantener actualizadas, divulgar e implementar el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas», recuerdo que  hoy de mañana entregamos el manual de buenas prácticas agrícolas aprobado por el  Ministerio. Dicho manual se elaboró entre cuatro unidades ejecutoras: la Dirección General de Servicios Agrícolas, Recursos Naturales, Desarrollo Rural y Digegra. En la solapa el manual tiene un CD con todas las normas legales existentes en el país sobre las buenas prácticas, como ser, la legislación laboral del trabajador, del productor.

Las buenas prácticas son el conjunto de principios, de normas y de recomendaciones técnicas que se aplican a la producción de frutas y hortalizas frescas, con un fin muy claro que es la obtención de alimentos inocuos para la salud humana, para el ambiente y para el productor que las produce. Además de conseguir eso, se logra una diferenciación del producto. Por ejemplo, antes el consumidor compraba una manzana, pero hoy busca algo más, busca un sello detrás de esa manzana; busca un sello que diferencie el producto. Uruguay no puede escapar a eso, máxime cuando no podemos salir a pelear volúmenes, sino calidad y diferenciación de productos. Si eso lo pensamos para el mercado externo, con más razón debemos trabajar en un estándar único, como bien lo decía el ingeniero Bertoni porque es la línea del Ministerio. Si esto lo pensamos para la exportación, lo mismo lo debemos cumplir para nuestro consumidor.

                Hablamos de las buenas prácticas agrícolas y salteo el tema de la inocuidad que luego lo voy a considerar.

                El numeral 4), establece: «Implantar el Programa Manejo Regional de Plagas en Frutihorticultura, el que funcionará bajo su coordinación» Esto no es nada nuevo. Con esta norma se pretende dar el marco, ya que el Programa Manejo Regional de Plagas lleva su  cuarto  año  y  es  coordinado   por  el  Ministerio. Hoy  el   ministro  Aguerre decía –déjenme mencionarlo nuevamente–  que obtuvimos el Premio Morosoli, lo que es todo un logro y una satisfacción muy grande. Con este artículo se busca dar el marco para que el ministerio pueda seguir coordinando, mandatado por la Ley de Presupuesto,  este exitoso programa.

Dejé para atrás el tema de inocuidad porque lo que acá se hace es resaltar la competencia que la Dirección General tiene en materia de inocuidad en la fase de producción. O sea, en la fase productiva de frutas y hortalizas frescas se resalta la competencia de trabajar en la inocuidad. Se trata de una serie de acciones que ya se vienen llevando a cabo desde la capacitación en el uso de los agroquímicos, el cuidado del ambiente y lo que se agrega ahora de las BPA. Todo eso conduce a la inocuidad y acá buscamos dar la competencia a la unidad ejecutora.

SEÑOR MUZIO.- El artículo 307 refiere a una interdicción sanitaria de carácter informático. Esta es una aspiración y, diría, una mejora sustantiva para quienes hemos trabajado en programas sanitarios durante varios años, ya que conocemos los sistemas y sabemos lo difícil que es a veces manejarse con enfermedades infecciosas, sobre todo las de alta infecciosidad o parasitarias. Mediante este artículo se faculta al Inciso a aplicar medidas de interdicción a través del sistema informático. Estas medidas tienen la oportunidad debida cuando se han dado las circunstancias que ameritan la interdicción, y pueden ser de materia sanitaria o higiénico sanitaria. La interdicción es una medida administrativa que limita en forma transitoria el movimiento animal y el producto de origen animal hasta el efectivo cumplimiento de las obligaciones exigidas. Quiere decir que en muchos casos en los que puede haber alguna interdicción por algún error en el sistema, en la base de datos, se corrige casi en forma automática. Repito que desde el punto de vista sanitario este es un instrumento que significa un gran adelanto para la sanidad animal del país.

SEÑORA RIERA.- El objetivo del artículo 308 es culminar con un proceso que se inició en el ejercicio 2007 en el que, por una resolución presidencial, se desafectó el padrón mayor área de Arerunguá, del Ministerio de Defensa Nacional, y se afectó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino al Instituto Nacional de Colonización. En 2008 se le adjudicó en carácter de prueba a dos grupos de colonos, uno llamado Arerunguá y otro Nuevo Horizonte. Luego, en 2012 nuevamente se confirmaron estos colonos, que hicieron una cantidad de reformas, llegó la electricidad, hay molinos, hicieron cursos de capacitación y concretaron una cantidad de avances en la colonia. Ahora lo que estamos solicitando es que se culmine con este proceso por el cual se le otorga al INC, como era el espíritu de la resolución presidencial, la titularidad del padrón. Se trata simplemente de regularizar eso.

SEÑOR CASTELAR.- Ahora nos referiremos a los artículos 309 y 310 y vamos a pedir a la ingeniera Mariana Hill, directora general de Recursos Naturales Renovables, que los presente.

SEÑORA HILL.- En el artículo 309 se dispone un cambio de nombre de la unidad ejecutora, que pasará de llamarse «Dirección General de Recursos Naturales Renovables" a denominarse "Dirección General de Recursos Naturales". El hecho de que un recurso natural sea o no renovable depende básicamente del uso que se le dé. Cuando sí existe el carácter de renovable, debe pasar muchísimo tiempo para que logre esa categoría. Entonces, nos parece más acertado y con un contenido mejor en lo que nos compete, si hablamos de Dirección General de Recursos Naturales. Es por ese motivo que se cambia el nombre de la dirección general y de la directora. En el mismo espíritu que los artículos anteriores, se intenta dar un marco legal mejor o mayor a las actividades que se desarrollan en el marco de los planes de uso. En este caso, lo que se hace es utilizar la erosión estimada de un sistema de uso y manejo del suelo como indicador objetivo de una buena planificación del uso.

SEÑOR CASTELAR.- Pasamos a explicar el artículo 311, que lo va a presentar la doctora Riera, el 312 lo va a explicar el doctor Muzio y del 313 al 316 lo hará la señora Alicia Díaz.

SEÑOR RIERA.- El artículo 311 se refiere al Fondo Agropecuario de Emergencia creado en 2008, y como todos recordarán actúa, justamente, en aquellas situaciones extremas de emergencia ya sea fitosanitarias, sanitarias o climáticas que afecten a una zona o rubro. Como comprenderán los señores senadores el ministerio tiene que actuar  muy rápidamente. Entonces, este artículo solicita –aunque ya lo estamos utilizando por otro artículo general– que las compras directas sean como las que tiene el sistema de emergencia de presidencia. Es nada más que la autorización.

SEÑOR HEBER.-  Tengo una duda. En el presupuesto siempre se establecen fondos excepcionales para todo el Poder Ejecutivo y creo que lo maneja presidencia cuando hay alguna emergencia. ¿No se puede hacer por esa vía? ¿Necesitan tener esto?

SEÑORA RIERA.- Lo que dice el señor senador sería bueno, pero en el artículo 33 del Tocaf, que habilita las compras directas, hace específica referencia al caso de emergencias de presidencia. Nosotros estamos en otro sistema que es el Fondo Agropecuario de Emergencia que no actúa junto con presidencia. Podemos tener diferentes instrumentos en caso de una situación crítica; no son solamente apoyos financieros, sino que pueden ser infraestructuras o compra de raciones. No es el mismo sistema, son leyes separadas y, por lo tanto, no podemos mezclarlas.

SEÑOR MUZIO.- El artículo 312 es sumamente corto y sencillo. Se pide al Poder Ejecutivo la facultad para designar agentes de percepción y retención de tributos, tarifas y precios que recaude el Inciso 07, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el cumplimiento de sus cometidos legales. Esto significaría un ordenamiento que es necesario y está en línea con el artículo 23 de Código Tributario para que este tipo de acciones se vean facilitadas.

SEÑOR CAMY.- ¿En qué sujeto se está pensando para designarlo como agente de percepción y retención? ¿Puede especificar qué tributos y transacciones estarían comprendidas?

SEÑOR MUZIO.- Se solicita la facultad que tienen otros ministerios para poder designar, dentro del Inciso, agentes de percepción y retención. Esto es porque muchas veces se generan problemas porque el tributo puede estar perfecta y legalmente aplicado, pero no se identifica bien el agente de percepción; puede ser muy costoso para que se identifique, y el productor tiene que hacer un peregrinaje para saber dónde tiene que colocar los tributos.

SEÑOR HEBER.- Con respecto al artículo 312 nos gustaría saber a qué tipo de tributos se refiere. Las tasas, los precios y las tarifas estarían dentro de la lógica, pero no sé cuáles son los tributos que se pagan en el ministerio. Reitero que el precio por un servicio, las tarifas y las tasas estarían dentro de la mecánica de todos los ministerios pero, ¿de qué tributo es agente de percepción o de retención el ministerio? Quiero saber a qué se refiere porque no lo identifico.

SEÑOR MUZIO.- Soy veterinario, no economista; por lo tanto, le solicito al señor senador Heber tenga la amabilidad de permitirnos poder dar una información más precisa sobre este tema.

SEÑORA DÍAZ.- Me voy a referir a los artículos 312 a 316.

                Correspondería presentar en conjunto los artículos 312 y 313. Por ambas disposiciones se permite al ministerio amortiguar el impacto que, durante este período de Gobierno, puede tener el retiro de aproximadamente el 50 % de sus funcionarios, si todos aquellos que tienen causal jubilatoria optaran por acogerse a dichos beneficios.

                De un total de 2.090 cargos ocupados que tenía el ministerio al momento de elaborarse este proyecto de ley –digo «que tenía» porque la cifra es muy variable–, 1.050 van a configurar causal: 870 configurarán causal en este período de cinco años y 180 cesarán en forma obligatoria. Esto representa un 50,23 % de los funcionarios que potencialmente pueden presentar sus renuncias en el curso de los próximos cinco años.

                Al momento de la elaboración de esta norma legal contamos solamente con 79 vacantes de ingreso. Entonces, de las vacantes de ascenso, que en total eran 634, se tomaron 168 vacantes que son las que se suprimen por el artículo 313 con el objetivo de transformarlas en cargos de ingreso que se crean por el artículo 314. Se suprimen 168 y se crean 208 cargos, de los cuales 206 corresponden a ingresos. Esto permitirá, a partir del 1.º de enero, comenzar a tramitar los llamados a concursos para ocupar estos cargos. Como seguramente bien saben los señores senadores, este es un proceso bastante largo que está llevando un año y medio o, en algunos casos y dependiendo de la complejidad del llamado, un par de años para que los cargos se provean, de manera de ir haciendo las reposiciones unidas a las vacantes de ingreso que se generarán por las promociones que se están llevando a cabo en este momento.

SEÑOR HEBER.- Quiero hacer una consulta porque, naturalmente, tanto estos artículos como estas planillas deberemos mirarlas con mayor detenimiento del que lo hemos hecho. Para tener más o menos una idea de este tema, voy a plantear lo siguiente. Es lógico que el ministerio necesite renovar la plantilla de funcionarios, sobre todo, porque las personas se jubilan o por la edad. Hace unos instantes, el señor ministro nos mostraba una planilla muy clara. Si se suprimen cargos y se crean otros las estructuras cambian, porque una cosa es que las personas se jubilen –que básicamente no generan mayores costos porque pasan a retiro–, y otra, que haya ascensos y que por el último grado del escalafón ingrese gente nueva, que no son profesionales. En la planilla que se nos presentó hay de todo: asesores, oficiales, auxiliares y técnicos.

                Según nuestros cálculos, en el artículo 313 se suprimen 181 cargos –me pareció escuchar que la directora anunció un número menor– y se crean 206 nuevos cargos. Es decir que la cantidad de cargos que se crean es mayor a la cantidad de cargos que se suprimen. Concretamente, quisiera saber si la pirámide funcional del ministerio se reordena dependiendo del costo de los cargos que se suprimen.

SEÑORA DÍAZ.- La División de Recursos Humanos del ministerio y los directores de cada unidad ejecutora hemos tenido mucho cuidado al seleccionar las vacantes que iban a ser objeto de supresión. Seleccionamos, sobre todo, aquellas vacantes de ascenso que por su serie resultaban excedentarias para los funcionarios que se encontraban revistando en la misma unidad ejecutora y en la misma serie. Por ejemplo: teníamos quince personas Grado 9 y por debajo había solamente diez funcionarios que podían ascender. Entonces, se podían suprimir cinco cargos sin lesionar derechos aunque, en realidad, el ascenso no es un derecho sino que se genera una expectativa en el funcionario público y en todo momento tratamos que esa expectativa se contemple. Como decía, son 634 las vacantes de ascenso y solamente se suprimen 168, procurando que la cantidad en cada unidad ejecutora, entre las que se suprimen y las que se crean, sea equivalente.

                El artículo 315 modifica la serie de una persona Grado 9. Este es un caso parecido al que le explicaba recién al señor senador Heber. Tenemos una persona Grado D9, que corresponde al cargo de jefe de sector Microfilmación, y no hay nadie en un grado inferior con esta serie que pueda ascender. Por lo tanto, se modifica el grado de jefe de sector especializado, de manera de contar con un cargo más de ascenso que se pueda definir para qué especialidad se asigna.

                En el caso del artículo 316, también se hacen modificaciones de las series de cargos en la unidad ejecutora 008, «Dirección General Forestal». En ella había una persona Grado 12, con una serie destinada al interior, por lo que se procuró dejarlo abierto para que no se sesgara y que solamente tuvieran posibilidades de ascenso los funcionarios del interior, es decir, que fuera genérico. Lo mismo en el caso del especialista VII, Inspección, que fuera especialista VII especializado y el Grado A12, un asesor IV, Bibliotecología, que no hay nadie por debajo con esa serie y para poder ascender se le pone asesor IV, Agronomía porque sí hay agrónomos con grado inferior al 12.

SEÑOR CASTELAR.- Vamos a presentar un bloque de artículos compuesto por los artículos 317, 319, 320 y 321, que los va a presentar el doctor Muzio. Finalmente, quedarían por considerar los artículos 318 y 322 y terminaríamos con el articulado.

SEÑOR MUZIO.- Vamos a tratar de considerar estos cuatro artículos de la forma más breve posible.

                El artículo 317 refiere a la reasignación de partidas. Como se ha dicho en algunos artículos que se presentaron anteriormente, hemos tenido bajas sobre todo por problemas de beneficios jubilatorios, corrimientos y adecuaciones de niveles de responsabilidad y mayor volumen de trabajo de algunos funcionarios que pertenecen al servicio. Esto hace necesaria la reasignación de una partida que ya fue autorizada en octubre de 2006, para regularizar esas situaciones donde, sobre todo, hay que retribuir mayor responsabilidad y volumen de trabajo. Eso permitiría a la unidad ejecutora 005 regularizar la situación de 16 funcionarios que quedarían en esa unidad y que hoy tienen una mayor responsabilidad.

                El artículo 319 modifica las sanciones y para nosotros tiene gran peso porque refiere a las violaciones a las normas vigentes por parte de infractores. En este caso, se ha pedido una ampliación del monto de las sanciones porque estamos hablando de normas que regulan los programas de control y erradicación de brucelosis y tuberculosis, que son dos enfermedades que se transmiten al ser humano y son zoonosis importantes. También refiere a la violación de normas que regulan la utilización de productos fitosanitarios, veterinarios y contaminantes ambientales.

                En este caso, se trata principalmente de la campaña de combate a la brucelosis, que ha llegado a un nivel de prevalencia sumamente bajo gracias a una vigilancia importante de la enfermedad. Los muestreos demuestran que los niveles de la enfermedad tienen niveles cada vez más bajos, lo que hace pensar que podría erradicarse. Por lo tanto, cuando se presenten violaciones importantes a esta campaña, se entiende que la sanción en Unidades Indexadas debería ser de un valor bastante superior al que se aplicaba hasta ahora. Este artículo también tiene que ver con la desforestación de bosques nativos y por el cual el monto de la sanción se sube considerablemente.

                El artículo siguiente habla de la creación de tasas. Específicamente, estamos hablando de tasas de servicios que se prestan desde hace mucho tiempo y que si bien tienen un costo, no había una tasa prevista para cubrirlos. En ese sentido, en el artículo hay seis ítems en los que se habla fundamentalmente de tasas de habilitación higiénico- sanitaria y de registro, las que se abonan por única vez.

Estas tasas tienen que ver con establecimientos de faena, industrializadores; también con industrias lácteas, industrias de acopiadores y transformadores de queso artesanal; depósito de productos lácteos; también con la habilitación higiénico‑sanitaria y de registro de establecimientos industrializadores, depósitos de miel y productos de la colmena. Asimismo, tasa de habilitación para los laboratorios para el diagnóstico de brucelosis; ustedes saben que los laboratorios acreditados participan muy activamente en la campaña de brucelosis. Esos son los que recoge este artículo con la creación de estas tasas por los servicios que efectivamente presta el ministerio.

SEÑOR CAMY.- ¿Estas tasas las va a recaudar el propio ministerio? Tengo claro que la recaudación sería destinada a la Dirección General de Servicios Ganaderos. ¿Pero la recaudación es directa del ministerio? ¿El pago es realizado directamente por los sujetos pasivos? ¿O aquí se piensa aplicar lo que se solicita como agente de retención o de percepción en el artículo anterior? Quisiera saber si era pensado en este sentido, por ejemplo. Me gustaría saber si al respecto tienen una estimación de cuánto va a ser la recaudación del total de las tasas.

                La otra pregunta era si se hace en función de la estimación, pero prefiero que primero me responda esta.

SEÑOR MUZIO.- La situación que se genera acá es que en la creación de estas tasas no se cuenta con el crédito. Esta es una de las aspiraciones que se tienen: que la unidad ejecutora, por estas prestaciones que hace, obtenga el crédito para que estos fondos sean percibidos por la propia unidad ejecutora.

SEÑOR DELGADO.- Vamos a insistir con la pregunta del senador Camy en el sentido de tener un estimado. Acá hay media docena de tasas –para decirlo en términos de bazar– y, además, aplicamos tasa de habilitación y tasa de mantenimiento a todos los rubros: carnes, lácteos, quesería, miel, laboratorios. Obviamente, calculamos que esto está vinculado a servicios que hoy presta y a instituciones que hoy están siendo inspeccionadas y habilitadas, o manteniendo la habilitación por parte de la Dirección General de Servicios Ganaderos, con lo cual perfectamente se podría estimar, en función de la cantidad de unidades donde se presta este servicio, cuánto es la recaudación. Asimismo, esto va afectado directamente a gastos de funcionamiento e inversión en la unidad ejecutora 005, Dirección General de Servicios Ganaderos.

Por tanto, insistimos en preguntar cuánto es lo estimado. Como tenemos la cantidad de rubros que abarcan y estamos cumpliendo con el objetivo, o por lo menos con la habilitación y el mantenimiento –que hoy debe ser gratuito; hoy no se cobra por esto– y lo que se aplica es poder cobrarlo, entonces me gustaría tener una idea acerca de cuánto sería la recaudación estimada al día de hoy a los establecimientos habilitados dentro de los rubros que aquí están comprendidos.

SEÑOR HEBER.- Quizás en el mismo sentido, pero con otro ángulo, es que preguntábamos nosotros sobre las tasas. Hay dos tipos de tasas que aplica el ministerio en términos generales a los distintos servicios.: una tasa de habilitación y una tasa anual de mantenimiento.

Con respecto a la tasa de habilitación podemos coincidir en que si van al ministerio, a quienes en definitiva piden una habilitación para una planta de faena e industrialización de depósito de carne, si precisan una habilitación, van al ministerio y esa habilitación se cobra. Muy bien. Pero cuando se habla de tasa anual de mantenimiento, le agregan a todos los ítems que es mantenimiento, ampliación y auditorías de los establecimientos de faena. Entonces,  el ministerio hoy está brindando este servicio, no cobra tasa, pero ¿hace tareas auditorías anuales? Lo lógico sería que, por ejemplo, si mañana alguien pone una planta de lo que fuera va al ministerio para que la habiliten. Está bien, el ministerio cobra la habilitación. Pero quiero saber si el ministerio después hace auditorías anuales por lo que cobraría un mantenimiento o es solamente una tasa que no está reflejando un servicio que está prestando el ministerio. No sé si es claro lo que estoy preguntando. ¿Hay auditorías anuales en todos estos lugares? En la habilitación se puede discutir el precio, la tasa, si está bien –como preguntaba el señor senador Delgado– lo que se va a cobrar y cuánto significa como ingreso. No creo que esté haciendo, quizás los representantes del ministerio lo puedan explicar más, el mantenimiento que son tareas de renovación y ampliación lácteas, por ejemplo. ¿Todos los años hacen una tarea de mantenimiento de renovación y ampliación de industria láctea? Si hay una tarea de servicios del Estado entonces podríamos mirarlo, pero me parece que son cosas distintas una auditoría a una ampliación de industria láctea, porque no se hace anualmente, no todos los años se amplía la industria láctea como para pedir un servicio. Hay industria láctea que se establecen, pero no necesita ampliaciones anualmente donde esté requiriendo que el ministerio le cobre una tasa de mantenimiento como si fuera un servicio.

SEÑOR CAMY.- Quiero saber a qué está vinculada la tasa de habilitación que refiere la quesería artesanal, a los acopiadores y a los transformadores. Me interesa saber si esta situación –tal como lo admitió la propia Ursea cuando asistió la OPP el  elevado monto de la tasa que se está cobrando–, está vinculada al tema de la energía en las queserías artesanales. Es un tema de seguridad que también nos preocupa y que no se puede descuidar.

                En cuanto a la gremial de los pequeños productores quería saber si la tasa aquí  involucra algo genérico que ha llegado a miles de dólares, montos totalmente desproporcionados para la capacidad de algunas industrias pequeñas.

SEÑOR MUZIO.- Vuelvo a decir que estas son actividades que el ministerio realmente realiza y por eso es que se crean esas tasas, más allá de lo que puedan reflejar los números. Se está presentando por primera vez la creación de estas tasas, pero refiere a acciones que realmente el ministerio realiza y como se expresa en el articulado, la de registro  es por única vez y, anualmente, cuando hay mantenimiento y renovación.  Voy a citar algunos ejemplos como es el de la habilitación de tambos. Existe una habilitación  anual, después de creado el registro. Podría, también citar el sexto  y último que son los laboratorios privados habilitados que casi permanentemente se están auditando por la importancia que tienen, así como también la tienen la mayoría de los ejemplos que están citados en el artículo para la exportación. También se debe tener en cuenta lo que significa para  la exportación esos controles que hace el área de lácteos, dependiente  de  Sanidad Animal, para garantizar que esos productos tengan el control del ministerio tanto en lo sanitario como en la inocuidad.  No tengo la cifra, pero se las puedo proporcionar en una información posterior. En definitiva, lo que se está proponiendo, más que nada, son costos que tienen que ver con la movilización de la gente que tiene que hacer el control, no se incluye nada que tenga que ver con el costo horas – hombre del ministerio que, evidentemente no se está teniendo en cuenta. Creemos sí que estas tasas en el futuro es necesario que se tributen.

SEÑOR MINISTRO.- Respecto a la cuantía de la tasa, frente a la pregunta de si se hacen renovaciones anuales, creemos que es importante tener en cuenta algunos conceptos que mencionamos en la mañana de hoy. El Uruguay exporta  hoy el 75 % de la carne y algo así como el 70 % de la leche que produce. Para poder exportar  se debe tener, primero, habilitaciones sanitarias y de inocuidad que se logran por tres vías. En primer lugar, se debe definir un protocolo sanitario que es el que el país exportador le propone al país exportador. En realidad, más que proponer, nos tenemos que adaptar a las condiciones que están establecidas por los países importadores. La mayoría de ellas están vinculadas  a normas que, a su vez, están refrendadas en el codex alimentarius, en la UIE o, en el caso de que se trate de producción vegetal, en el órgano que tiene que ver con los aspectos vinculados a la sanidad vegetal. En este caso que estamos hablando de sanidad animal, tenemos que cumplir  con las exigencias que se imponen por parte de los mercados. Por suerte, existen ámbitos internacionales que están laudados, son reconocidos y nos dan las garantías de que esto no se utilice como normas de impedimento comercial de tipo pararancelario. 

                El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca cumple un rol como autoridad sanitaria competente. Dije que tenemos tres niveles: el  análisis,  la definición y la aceptación o no  de la norma solicitada por el país importador. Dentro de esa norma, la autoridad  sanitaria competente oficial en el Uruguay debe establecer rutinas y mecanismos de certificación de las unidades de producción, sean agrícolas o industriales y, el tercer nivel es el de auditoría. También mencioné hoy de mañana que el Uruguay recibe decenas de auditorías, anualmente, en distintos rubros. Lo que se audita, no es el  100% de los establecimientos, sean estos primarios o industriales, sino los procedimientos y si en estos hay un protocolo de refrendación, por ejemplo de los tambos o que exige que los frigoríficos tienen que tener una inspección anual, es porque está escrito en alguna norma.

                Esto va más allá de si está bien o mal el monto, estoy explicando la fundamentación de por qué esto tiene que estar registrado y se tiene que realizar. Lo subsiguiente es si son servicios o funciones que desarrolla el Estado. Como en tantas otras actividades,  se establece la tasa. Me parece que es más importante que no nos quede la duda de si estas cosas se hacen o no que a cuánto asciende el monto. En todo  caso, si no se hacen, hay algo que está mal, porque está  protocolizado que deben realizarse.

                Gracias, señora presidenta.

SEÑOR HEBER.- Pido disculpas por la insistencia, pero como somos nosotros los que tenemos que levantar la mano tenemos que estar seguros de hacerlo a conciencia.

                El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca debe cumplir una misión higiénico-sanitaria y de registro. Es decir, que lo que haya tiene que estar habilitado o porque la población lo va a consumir o porque se va a exportar, y necesita tener la certificación. Y eso me consta que el ministerio lo hace, y bien. Es un ministerio garantista que siempre ha cumplido esa misión, lo que me alegra mucho por el país.

                Pero, de no cobrar nada, como venía haciendo, ahora quiere cobrar la habilitación y la tasa de mantenimiento que, en realidad, cuestiono mucho más. Si las autoridades del ministerio dicen que hay ampliación y auditorías de los establecimientos de faena, industrializadores y depósitos de carne y productos cárnicos, obviamente, lo puedo entender, pero no en el caso de subproductos y derivados de especies bovinas, ovinas, porcinas, avícolas, equinas, en conejos, liebres y animales de caza menor. Lo más lógico sería decir que es para carne ovina, bovina, y avícola, pero: ¿de conejo y de liebre?

                Por otro lado, el ministro dice que es para el mantenimiento, renovación y ampliación de industrias lácteas, está bien, pero el numeral 3), habla de la renovación de la habilitación de acopiadores y transformaciones de queso artesanal. Luego se establece para los depósitos de productos lácteos. El numeral 5), hace referencia a una tasa anual de mantenimiento y renovación de establecimientos industrializadores de depósitos de miel y productos de colmena. Cuando uno mira este universo, parece que se incluyeron cosas sobre las que estamos seguros que el ministerio cumple una tarea de habilitación –lo que me parece lógico–, pero los mantenimientos anuales me suenan más a un aporte, y no a un servicio que se está dando. No me imagino que sea aplicable a los establecimientos industrializadores de depósitos de miel y de colmena y en la caza menor como las liebres. Quizás yo tenga un desconocimiento total de los trabajos y el señor ministro me lo pueda explicar.

Con respecto a las habilitaciones, no voy a discutir, pero la tasa de mantenimiento suena más a un impuesto que a una tasa por un servicio.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a pedirle a la Directora de la Granja que informe sobre algunos aspectos: en primer lugar, cuál es el porcentaje de la miel que exportamos; en segundo lugar, cuál es la cantidad de los productores que están registrados; en tercer lugar, qué procedimientos se realizan en materia de trazabilidad y, en cuarto lugar, en relación a lo que preguntaba el señor senador Heber, cuántos establecimientos hay de acopio de miel.  Voy a contestar la primera pregunta: la mayor parte de la miel que exportamos era para Alemania y no lo hacemos más, porque Alemania tiene una exigencia de libre de transgénico de 0,9%. Por lo tanto, tuvimos que redireccionar la exportación de miel –actividad principal para muchísimos productores y complementaria para muchos más– al mercado de Estados Unidos.

Uno puede preguntarse cómo hacemos la trazabilidad de la miel, ya que no tenemos caravanas en las abejas. La trazabilidad la tenemos en las colmenas y eso, entre otras cosas, exige una cantidad de tareas. Me gustaría que la ingeniera agrónoma Zulma Gabard nos explicara el tema.

SEÑORA GABARD.- Estaba buscando en los apuntes pero no llegué a encontrar el dato de los miles de productores. En la actividad de la miel, de repente, el 95 % de la producción es exportable y se vende bajo un régimen muy severo de condiciones de calidad. Es un producto con un seguimiento de su potencial y calidad muy estricto, y eso hace que tenga que llevarse totalmente al día un registro nacional.

SEÑOR HEBER.- No estoy preguntando eso. Lo que pregunto, concretamente, es si hay servicios que el ministerio lleva a cabo. Conozco la exportación de miel porque tengo amigos que son productores y que ahora están pasteurizando. Repito, no estoy discutiendo eso, sino que lo que pregunto es si detrás de esto hay un servicio anual del ministerio. Eso es lo que quiero saber, nada más.

SEÑORA GABARD.- Existe todo un trabajo con las salas de acopio que no es en un momento sino durante todo el año. No solo se inspeccionan esas salas, sino que se capacita en el mantenimiento de las condiciones para lograr que sean habilitadas. Ese es un servicio que se brinda, desde el ministerio, a través de la Dilave y de la Dirección General de la Granja. Se trata de uno de los tantos servicios, pero es una pieza clave; me refiero a que poder habilitar esa sala de acopio es una pieza clave para lograr la salida de la miel.

SEÑOR HEBER.- Eso es anual.

SEÑORA GABARD.- En este caso, anual no quiere decir una vez al año sino durante todo el año.

SEÑOR CASTELAR.- Me gustaría que se pasara a considerar el artículo 321, que lo va a presentar el doctor Muzio. Después, para terminar con el articulado, el señor ministro va a explicar los artículos 318 y 322.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de darle la palabra al doctor Muzio quiero decir que, si bien hoy en la mañana el señor senador Berterreche hizo mención al artículo 675, no sé si los representantes del ministerio tienen algo que decir al respecto.

Por otra parte, detectamos un error en la planilla del artículo 318 porque hay una columna cuya suma no cierra. Oportunamente la revisaremos; no sé si el artículo 4.º del Presupuesto salvaría esto o si tendremos que repasar un poco el tema. Del seguimiento que hicimos surge que en la última columna está sobrando $ 1:000.000 de los $ 3:000.000 que figuran o que ese $ 1:000.000 está faltando en la suma y el total sería de $ 27:452.500. Revisaremos y chequearemos el original que vino de la Cámara de Representantes, pero como fue allí que se modificaron las cantidades originales, vamos a seguir trabajando en la búsqueda de una planilla que cierre correctamente o veremos si el artículo 4.º de este presupuesto salva esa diferencia.

                Quería hacer esa aclaración porque notamos esa diferencia aquí en la mesa mientras los invitados hacían la presentación de los artículos.

SEÑOR MUZIO.- El artículo 321 es remanente de la partida del artículo 140, que es el que permitió una mejora sustancial de los servicios de la unidades ejecutoras 004 y 005 con la figura de «estar a la orden». Lo que sucede es que hubo una asignación de la partida para la unidad ejecutora 005 y otra para la 004, y ahora, la unidad 005 le pasa a la unidad 004 para el mejor cumplimiento de esa partida. Es decir que el mejor resultado de estar a la orden es, realmente, un pasaje de parte de esa partida de la unidad ejecutora 005 a la unidad ejecutora 004.

SEÑOR CASTELAR.- Los artículos 318 y 322 serán explicados por el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Brevemente, hoy de mañana hice referencia a este tema cuando hablé sobre el capítulo de articulación institucional.

                La creación de la unidad ejecutora 009 está vinculada a los temas relativos a las barreras sanitarias, a la inocuidad alimentaria y a la bioseguridad. Dentro de la unidad ejecutora 001 tenemos en funcionamiento el Programa 320 que tiene que ver con el sistema de trazabilidad, es decir el Sistema Nacional de Información Ganadera.

En este caso, incrementamos, a través de una transferencia que hace el Instituto Nacional de Carnes a Rentas Generales, a los efectos de apoyar el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Ganadera, trazabilidad del ganado bovino, inocuidad alimentaria y sistema de control zoosanitario y fitosanitario en frontera –es decir, barreras sanitarias–, una determinada cantidad de partidas. Obviamente, de la definición estratégica por parte del Instituto Nacional de Carnes surge que algunas de estas acciones son importantes para el desarrollo de la producción ganadera. Los recursos pasan a Rentas Generales y esta, a través del artículo 318 establecido en esas partidas, pasa una determinada cantidad.

Si los señores senadores comparan los totales de la planilla que está en el artículo 318 con la planilla que está en el artículo 322, verán que no coinciden. Evidentemente, hay un error de una diferencia de un millón. La diferencia entre la primera columna del año 2016 se incrementa en $ 33:952.000 por parte de Rentas Generales al Inciso 07, pero por parte INAC se reciben $ 40:000.000. La diferencia entre 40 y 39 está en el artículo 647 a través del cual –con una definición también estratégica del Instituto Nacional de Carnes– se involucra y articula institucionalmente con las acciones del Instituto Plan Agropecuario. El Instituto Plan Agropecuario tiene como competencia específica la transferencia de tecnología prioritaria en el sector ganadero. Es un instituto con un presupuesto cuya partida, además de su actualización y de la creación del Fondo de Promoción y Transferencia de la Tecnología Agropecuaria que se definió en la última ley del Instituto Plan Agropecuario, se refuerza su partida en $ 6:047.500. Si se suman las partidas que van al Plan Agropecuario y las que van a la unidad ejecutora I para trazabilidad y la unidad ejecutora IX para bioseguridad e inocuidad, la cifra da justo. Acá está el tema de cómo canalizar recursos que apunten a mejorar la promoción de tecnología en materia de ganadería, que apunten a mejorar y fortalecer los temas vinculados con la sanidad y los vinculados con las barreras sanitarias y la inocuidad. Todo eso es estratégico para seguir aumentando la producción ganadera, entre otras cosas.

                Aparentemente, hay un error de $ 1:000.000.

SEÑOR DELGADO.- Hoy al inicio pregunté sobre el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, sobre un régimen especial de IVA que se prorrogó hasta diciembre y sobre algunas incertidumbres en el sector granjero acerca del régimen vigente y del manejo del fondo. El senador Berterretche aclaraba que había un artículo 675 por el que se incrementa en $ 70:000.000 el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, que alcanzaría los $ 350:000.000 anuales. Lo que resta preguntar es si está previsto que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley que prorrogue el régimen especial de IVA del sector granjero que, entre otras cosas, permite la constitución de este fondo.

SEÑOR BERTERRECHE.- Antes de que la delegación responda, debo decir que somos contestes con la preocupación del senador. Hemos hablado con autoridades del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Economía y Finanzas, y teniendo en cuenta que no nos darían los tiempos porque el Senado está discutiendo el Presupuesto y la prórroga culmina a fin de año, solicitamos a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, con la intervención del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que presentaran un proyecto a la Cámara de Representantes para llegar a tiempo y dar una solución definitiva que no tenga en ascuas a los productores.

                Más allá de esta apreciación que me corresponde dar por haber estado en la discusión del tema, el ministerio dará su contestación.

SEÑOR MINISTRO.- El Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja tiene su origen en un desagradable y desafortunado evento climático que se dio por el año 2002. Luego se hizo una modificación para atender los problemas del endeudamiento y al inicio de la legislatura pasada se hizo una modificación estableciéndose algunos cometidos más específicos que tienen que ver con cuatro o cinco líneas estratégicas importantes. Una apunta a atender las situaciones catastróficas mediante la generación de un fondo; otra tiene que ver con la promoción de la cultura del seguro y otra con la promoción de la aplicación de tecnologías innovadoras. El ejemplo de la política pública que comentaba en la mañana de hoy y que recibió un premio, fue financiado a través del fondo de la granja. El 23 de enero de 2013 se produjo una granizada que afectó el 74 % de la superficie frutícola, la que se atendió con el Fondo Agropecuario de Emergencia. Eso se dio porque solo el 14 % o 15 % de los productores  de frutales de hoja caduca tenían seguro, aunque la ley ya existía y los recursos estaban. Lo que nosotros hicimos fue generar una política que estimulara la adopción del seguro, lo que hoy nos lleva a tener más del 85 % del área de frutales de hoja caduca con seguro. Hace unos meses atrás hubo un granizo que afectó a más de 100 productores y nadie se enteró; no fue noticia en la prensa porque parte de la política fue promover el seguro, pero con la condición de que si hay seguro no se atiende más con fondos de emergencia a alguien que no ha estado cubierto con un seguro que existe y que además está subsidiado a través del fondo de la granja. Haciendo todo eso, el gasto anual con cargo al Fondo de Fomento de la Granja nunca superó los $ 280:000.000. El artículo 675 incrementa en $ 70:000.000, porque la línea de base que tenemos es de $ 280:000.000  y lo queremos llevar a $ 350:000.000. Esto responde a un compromiso que asumimos en su momento con los productores para tratar de llevar a cabo algunas políticas adicionales a las que se vienen desarrollando para fomentar el consumo de frutas y hortalizas en nuestro país. Esto se hace por distintas razones. Los productores lo ven desde el punto de vista de la oportunidad de incrementar su actividad, pero hay otras razones que pueden implicar beneficios indirectos por el lado de la salud. Muchas veces hemos dicho que en nuestro país tenemos un consumo de frutas y hortalizas que está por debajo de la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Se dice que este bajo consumo –no soy veterinario pero voy a opinar sobre salud– está asociado a enfermedades crónicas no trasmisibles. En ese sentido, el hecho de haber aumentado estos $ 70:000.000 tiene que ver con practicar algunas políticas que no hemos desarrollado. Esto está relacionado con el gasto. El artículo 675 establece la línea de crédito por la que podemos gastar y lo incrementamos en algo así como un 22 % con respecto a la máxima ejecución anterior. La pregunta que se hacía tiene que ver con el mecanismo de recaudación del fondo de la granja, que es lo que en este momento está en suspenso. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Economía y Finanzas están trabajando al respecto; nosotros no tenemos  terminado ese proyecto pero el espíritu es tratar de presentarlo antes de fin de año para que esto no caiga y tiene que ver con modificar la forma de recaudación para hacerla más simple, más efectiva. Seguramente antes de fin de año se presente este proyecto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos culminando la jornada de hoy. Agradecemos la presencia de los representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

                Se levanta la sesión.

(Son las 21:38).