SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:35).

–La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene mucho gusto en recibir a los representantes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Turismo, a quienes cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA LARRUINA.- Venimos en representación de los funcionarios del Ministerio de Turismo, solicitando la revisión de un par de artículos del proyecto de Presupuesto y, además, para informar a la Comisión sobre la problemática de los trabajadores de esta Cartera, en comparación con el resto, sobre todo en el ámbito salarial.

                Como es de público conocimiento, el turismo es una de las principales fuentes generadoras de ingreso en el país. En ese sentido, los últimos estudios han demostrado que esta actividad representa casi el 7% del producto bruto interno. Además, la gestión llevada adelante por el Ministerio de Turismo es muy importante porque, como es sabido, la Administración pública es la principal responsable del posicionamiento del país a nivel turístico en el exterior. Actividades como campañas publicitarias, participación en ferias y workshops, así como la recepción de periodistas y agencias de viaje del exterior que vienen a visitar nuestro país, son llevadas  adelante principalmente por el Ministerio y sus funcionarios.

En ese sentido, nos interesa destacar que, luego de la separación del área del deporte, nuestra cartera cuenta con alrededor de 150 funcionarios, de los cuales cerca de setenta están por jubilarse o tendrán causal jubilatoria en el período que inicia en esta Legislatura. Además, estos funcionarios –que como verán son pocos para las muchas tareas que se realizan– están mal remunerados. ¿Por qué decimos esto? Porque nos basamos en el principio de a igual función igual remuneración, sobre todo en relación al resto de los funcionarios del Estado. En un trabajo que entregamos oportunamente, hicimos una comparación con otros Ministerios y demostramos que funcionarios de nuestra cartera con igual grado, cargo, responsabilidades y compromiso con la función, cobran entre $ 10.000 y $ 15.000 menos que en otros como, por ejemplo, los del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Últimamente, a través de la ventanilla única, han ingresado muchos compañeros a la Administración, luego de haber concursado con iguales requisitos y demás. Los compañeros que ingresaron a nuestro inciso, cobran menos que otros funcionarios que lo hicieron en el mismo concurso pero en otro inciso. ¿Por qué? Por el simple hecho de que por fortuna les tocó el inciso del Ministerio de Turismo y no otro, a pesar de estar sujetos a los mismos requisitos y de haber participado en los mismos concursos que el resto.

Obviamente, nosotros consideramos que al igual que los Ministros, que cobran el mismo sueldo independientemente del Ministerio que estén gestionando, los funcionarios también tendríamos que cobrar lo mismo si desempeñamos la misma función. En la actualidad, no contamos con ningún provento o ingreso extra que no sea las remuneraciones por sueldo básico, algún viático por tarea realizada fuera del Ministerio y ciertas compensaciones que otorga la dirección, en forma discrecional. Lamentablemente, estas compensaciones pesan mucho en el sueldo y hacen que el funcionario no tenga estabilidad laboral en el sentido de saber cuánto va a cobrar todos los meses y que cada seis meses no sepa si se le va a mantener o no la compensación. No estamos en contra de que se paguen compensaciones pero no nos parece bien que tengan prácticamente el mismo peso que el sueldo –o que representen más de la mitad– porque una parte importantísima del salario del funcionario pasa a ser variable y depende de la voluntad de la jerarquía. Es en ese sentido que planteamos una modificación en los artículos 337 y 338 del proyecto de ley de Presupuesto que oportunamente fue enviado a consideración del Parlamento.

                Con respecto a nuestro planteamiento, somos plenamente conscientes de la realidad del país y de que estamos en una época en la que debemos ser serios en el manejo de las finanzas públicas. A través de negociaciones con autoridades jerárquicas, logramos que un dinero que antes era volcado al Ministerio y que no era utilizado, se destinara en parte, y a partir del próximo período, para el pago de remuneraciones. Ese pasaje de dinero se divide en dos rubros: compromiso con la gestión y aumento del monto de las compensaciones. Nuestro pedido es muy concreto: que el aumento que se dará al rubro remuneraciones sea todo para el rubro compromiso con la gestión. Es decir que la división que se hace de $ 3:000.000 para compromiso con la de gestión y $ 3:000.000 para el refuerzo de compensaciones que ya se da, se anule y que los $ 6:000.000 se destinen íntegramente al rubro compromiso con la gestión.

La intención no es quitar las compensaciones o rebajarlas, sino que se mantengan y, además, reforzar el rubro compromiso con la gestión. ¿Por qué? Porque hemos logrado que en el futuro se cree una Comisión, en la que participa la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Turismo del Uruguay (Afontu), para la definición de las metas y el compromiso con la gestión. Creemos que el compromiso con la gestión es la forma de retribuir a esos funcionarios que si bien hoy cumplen con los objetivos y metas propuestas, no se les reconoce.

                Reitero que nuestro pedido es muy concreto: que todo lo que se incremente en el rubro remuneraciones sea volcado al rubro compromiso con la gestión.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo a la nueva numeración del articulado del proyecto de ley de presupuesto que está considerando el Senado, los artículos de su interés son el 341 y el 342.

SEÑOR LESCANO.- Mi nombre es Gerardo Lescano y soy el Secretario General de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Turismo del Uruguay (Afontu).

Si bien no quiero agregar mucho más a la exposición de mi compañera, quiero dejar constancia de que este planteamiento ya fue hecho hace aproximadamente un mes en la Cámara de Representantes. Tuvimos una muy buena receptividad por parte de sus integrantes y en la versión taquigráfica consta que se iba a realizar la mención y la consulta a la señora Ministra, pero no se hizo, razón por la cual hoy estamos aquí.

Los Representantes coincidieron en nuestro planteamiento porque          –como expresó muy bien nuestra compañera– es algo insólito que no vengamos a pedir más salario en cuanto a mayor presupuesto, sino que solicitamos que lo ya votado sea más equitativo. Nos parece que sería un buen reconocimiento para que aquellos compañeros que en su momento quieran retirarse, puedan hacerlo con una jubilación un poco mayor, y para que las generaciones que ingresan se vean motivadas, como nosotros que ya tenemos unos años en esta tarea.

En virtud de tratarse de un Ministerio chico y debido a la separación del área deporte, cada vez vamos a ser menos. Entonces, la idea es que se pueda rever en esta instancia la posibilidad de ese cambio de rubro para compromiso con la gestión, ya que los pocos que estamos quedando en el Ministerio realmente estamos comprometidos con la gestión, y como fanáticos de nuestro trabajo nos gustaría estar bien remunerados.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- El planteo que quedado muy claro.

                Muchas gracias por su presencia.

 

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Turismo del Uruguay –Afontu–).

 

(Ingresan a Sala representantes de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo y de Paysandú).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Con mucho gusto recibimos a los representantes de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo y de Paysandú, a quienes les cedemos la palabra para que realicen su planteo.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Buenos días.

                Mi nombre es Miguel Sánchez, Presidente de la ACJ de Montevideo. A mi izquierda está Jesús Ithurralde, Director General de la ACJ de Montevideo y Director General Nacional de la ACJ de Uruguay, y a mi derecha el doctor Mauro Fonticiella, Presidente de la Unidad Centro de la ACJ de Montevideo y delegado al Directorio Metropolitano de la ACJ.

                Les agradecemos el recibimiento y, si bien tenemos poco tiempo para contar qué es la ACJ, vamos a tratar de explicar el porqué de nuestra concurrencia a esta Subcomisión.

                Desde hace 106 años la ACJ está trabajando en Montevideo. Se nos conoce fuertemente por el área de deporte y de recreación, pero desde sus inicios siempre ha estado presente la acción social.

Trabajamos con muchos proyectos no solo a nivel de Montevideo, sino también del interior. Con respecto a la ACJ de Paysandú, si bien tiene personería jurídica, estamos dándole una mano al respecto. Dado que tenemos excelentes vínculos con esa institución, venimos a hablar en representación de ellos.

                En Montevideo tenemos varios proyectos sociales, algunos de larga data, y acá voy a pedir a nuestro director general, Jesús Ithurralde, que hable un poquito respecto de cada uno de ellos, por lo menos que les pinte un panorama de dónde estamos actuando de manera social con proyectos de esta naturaleza acá en Montevideo.

SEÑOR ITHURRALDE.- Buenos días y gracias por recibirnos.

                Los señores Senadores han recibido un material donde figuran los distintos proyectos sociales que gestiona la Asociación Cristiana de Jóvenes, en especial en Montevideo y también en el resto del país.

                Como resumen, podemos comentar que tenemos alrededor de 18 o 19 proyectos diseminados en Montevideo que atienden a unos 4000 beneficiarios y diversas necesidades de la sociedad. Podemos mencionar el proyecto Casa Joven en Piedras Blancas, que tiene un centro juvenil –figura en el material que les entregamos– y atiende a más de 50 jóvenes en situación de riesgo.

También trabajamos en el programa ETAF, Equipo Territorial de Atención Familiar, por el que se brinda servicios a alrededor de 50 familias en la zona de Piedras Blancas con necesidades de distinto tipo. 

                En La Teja tenemos un proyecto de un club de niños y un centro juvenil.

                Asimismo, tenemos un proyecto en la zona del Buceo, denominado El Propio, que es atendido desde la unidad de Portones de Carrasco. Todo esto está cogestionado con la propia comunidad local con la que interactuamos permanentemente. En Portones tenemos distintos programas con los Centros Comunales Zonales  7 y  8.

En fin, hay una variedad de proyectos que podríamos seguir detallando como, por ejemplo, el de Casa INJU, en la calle 18 de Julio a espaldas de nuestro edificio. Allí también desarrollamos una serie de programas y proyectos con los que atendemos el tiempo libre de los jóvenes. Además, hay proyectos de inserción laboral en los que actuamos junto con Uruguay Trabaja del Mides, mientras que con el INAU tenemos los CAIF.

En pocos minutos, entonces, hemos hecho un breve pantallazo de lo que es nuestra acción social, a la que le damos suma importancia. Consideramos que es preciso encontrar los recursos que nos permitan atender las distintas necesidades, en conexión con las comunidades locales.

Como dijimos al principio, la Asociación Cristiana de Jóvenes en Uruguay también tiene proyectos en Rivera, Paysandú, Salto y San José, concretamente. Además, en el entorno de nuestro campamento Artigas, en la zona de Nueva Helvecia y Colonia Valdense, tenemos programas relacionados, sobre todo, a esa comunidad. Los proyectos en el interior del país también reproducen los CAIF, los clubes de niños y, en algunos casos, la atención de niños en situación de calle; en este sentido, resumimos un grupo de 4.000 beneficiarios.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora Presidenta: me gustaría que el doctor Fonticiella pudiera terminar esta exposición.

SEÑOR FONTICIELLA.- Además de agradecer, nuevamente, el habernos recibido, quería recalcar que este aspecto que tiene relación con los proyectos sociales quizás sea la cara que menos se conoce cuando se habla de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Estamos muy orgullosos de inculcar valores en actividades de educación física, como la natación, deportes y gimnasia, pues consideramos que es muy importante el desarrollo del cuerpo, del alma y del espíritu, pero también es necesaria esta parte de proyectos sociales, por la que lamentablemente  no se nos conoce tanto desde afuera. Por eso estamos pidiendo un empujoncito, una ayuda para poder reforzar este aspecto y, a su vez, marcarlo y mostrárselo a la sociedad y a los asociados.

                Para terminar queremos insistir en lo siguiente: en esta asociación civil, el señor Jesús Ithurralde es el Director Ejecutivo, el profesional que trabaja en esto, pero tanto el Presidente Sánchez como quien habla somos voluntarios. Además de nosotros, hay una gran cantidad de voluntarios y de personal que trabaja cobrando su sueldo en la institución. Los voluntarios, como nosotros, hacen esto como forma de devolver a la sociedad, a la institución, lo que de ella recibimos ya que, en muchos casos –como en el mío propio– concurrimos desde niños.

                Agradecemos a los señores Senadores que nos hayan recibido.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de los representantes de la Asociación Cristiana de Jóvenes.

 

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación Cristiana de Jóvenes).

 

 

(Ingresa a Sala la representación de la Institución Quelavi).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Con mucho gusto recibimos a la delegación representante de la Institución Quelavi.

SEÑORA OCAMPO.- Buenos días a todos. Soy coordinadora de la institución Quelavi, una ONG sin fines de lucro, que tiene, nada más ni nada menos, quince años de funcionamiento en la zona oeste de Montevideo. Nació dentro del Concejo vecinal del Centro Comunal Zonal Nº 18, bajo la mirada del propio Concejo y de dos concejales, José Luis Núnez y quien habla. Durante estos quince años hemos transitado un arduo camino de muchísimo trabajo, hemos contado con mucha ayuda, y es la comunidad la que hasta el momento está sosteniendo la institución, en la que trabajamos con 34 muchachos. Recién en la instancia Presupuesto Participativo obtuvimos nuestra casa; la comunidad votó que Quelavi tuviera su casa propia. En este momento estamos funcionando dentro de un terreno municipal, un predio de la Intendencia con la cual la ONG firmó un comodato para poder obtener su casa propia. En el material que entregamos a la Comisión, lo expresamos, pero lo manifestamos acá también: la comunidad nos apoya pero es muy difícil trabajar con recursos tan finitos. El Parlamento votó una partida de $ 100.000 para el año 2013 y otra, también de $ 100.000, para el 2014, pero ese dinero no alcanza para todo lo que se necesita. Los muchachos allí hacen un horario casi completo, pues permanecen en la organización  de 9:00 a 17:30.

Además, tenemos distintos talleres, como huerta, cocina, maestra de apoyo, reciclado, bijouterie, tallado en madera, peluquería, y una vez a la semana hay recreación en Defensor Sporting, beneficio que se obtuvo gracias a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo; si no fuera por ese convenio, sería imposible que los muchachos pudieran tener ese tipo de recreación.

                Algunas empresas de la zona nos están ayudando como socios colaboradores, entonces venimos a solicitar que, de ser posible, esas empresas pudieran aportar de otra manera –obviamente, dentro del concepto de responsabilidad social empresarial y dentro de la ley–, lo que nos permitiría despegar y poder brindar a los muchachos calidad de atención y de educación.

Como dije antes, tenemos maestra de apoyo y clase de música gracias al Ministerio de Educación y Cultura, por medio de Pronadis dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; si no fuera de esa manera, sería imposible poder pagarle a una maestra o a un tallerista de música.

Mi compañera podrá hablar desde otro ángulo, pero yo me estoy refiriendo a la parte más sustantiva. Por ejemplo, gracias a la Intendencia y al centro comunal, brindamos a los chiquilines la leche. Nuestros gurises vienen de la periferia y, como se dijo al comienzo, estamos en la zona oeste de Montevideo. Primero tenemos que alimentar o, al menos, engañar un poquito la panza para que la cabeza funcione. Todo representa mucho sacrificio y se hace a pulmón. Trabajamos con una población que existe, aunque todavía sigue siendo invisible ante los ojos de la sociedad. Está en los señores Senadores que esta población ya no siga siendo tan invisible como hasta ahora.

Si me permiten, voy a contar una anécdota relacionada con la discapacidad. La semana pasada estaba planificada una salida didáctica a Santiago Vázquez, porque aunque les parezca mentira había chicos que no conocían esa zona, pero justo hubo paro de las cooperativas de transporte y solamente funcionaba Cutcsa. Ningún ómnibus de Cutcsa que fuera  hacia la barra, al kilómetro 26 o a playa Pascual tenía rampa, porque los ómnibus de Cutcsa que tienen rampa van hasta la terminal de Paso de la Arena. Ese tipo de cosas no puede seguir pasando. Hay gurises en silla de ruedas que se sintieron terriblemente mal porque sus compañeros no podían viajar. Terminaron en la Plaza Carlos Caffa, cuando podrían haber hecho un paseo precioso; finalmente, lo hicieron esta semana. Son casos puntuales que van llenando un collar de muchas perlas de mucho tiempo. Se ha hecho bastante en el tema de la discapacidad, pero al no tener nada, lo poco que se ha hecho no se nota.

                Si las empresas pudieran colaborar de esa otra manera a nosotros nos permitiría brindar mejor calidad, ofrecer atención con foniatras, psicomotricistas y un montón de servicios que en este momento no podemos dar.

SEÑORA HELLINGER.- Muy buenos días para todos. En este momento estoy representando a la sociedad civil. Gracias a mi hija que tiene síndrome de Down, tengo la posibilidad de acompañar este programa, este proyecto, en el que sentimos como líder a Tania Ocampo. Cuando ingresé, en el año 2008, este proyecto ya estaba en marcha y a partir de 2010 empecé a compartir todo lo que tiene que ver con la sociedad civil. Si  bien se han venido haciendo cosas, todo es insuficiente y, como decía Tania, la discapacidad por momentos parece ser invisible. Desde la sociedad civil lo que se pretende todo el tiempo es trabajar el tema de la integración de nuestros muchachos, ya sea con las redes sociales como el Socat o desde el municipio. Todo el tiempo estamos colaborando con esto e intentando seguir adelante, porque se trata de nuestros muchachos, no solamente de mi hija, de toda la zona del municipio A, teniendo en cuenta que es la única organización dentro del municipio que da este apoyo incondicional.  Consideramos que los chicos, si bien no pueden defenderse en el área curricular, son seres humanos que necesitan material y herramientas para continuar viviendo,  para poder sentirse como un integrante más de esta sociedad. Creemos que lo que ha manifestado la compañera acerca del funcionamiento, es lo fundamental. Como padres –la mayoría de los integrantes de la institución somos  padres o abuelos– siempre apostamos a más, y aunque nos muestren la parte oscura –que ya la hemos vivido–, vemos y apreciamos todas las lucecitas que se dan del otro lado.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Buenos días y les agradezco que hayan concurrido y  nos den la oportunidad de conocer el trabajo que están llevando adelante.

                Por lo que escuché plantearon dos solicitudes. Una es integrar la parte de subsidios y subvenciones y la otra, la posibilidad de que las empresas que colaboran puedan ser exoneradas de algún tipo de impuesto, como plantea la Dirección General Impositiva. Quisiera saber si es este el planteo.

SEÑORA OCAMPO.-  Voy a plantear el tema –quizás no sea lo justo– de la manera más sencilla que es como nosotros pensamos.  Hay empresarios que en este momento están aportando un dinero como socios colaboradores y quisieran entrar dentro de la otra pauta para exonerar impuestos. No estamos hablando de todos los impuestos, sino los establecidos en la ley.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor Senador Meléndez parece que tiene dudas.  Son dos planteos, la integración por el artículo 79 y la incorporación a la planilla de subsidios y subvenciones.

SEÑOR MELÉNDEZ.- En realidad, en el proyecto de ley de la Cámara de Representantes están dentro de la planilla de subsidios y subvenciones, fue tratado este tema pero lo que nos están planteando ahora –ya lo presentó otra institución el viernes pasado–,  tiene que ver con la incorporación a una lista taxativa que tiene la Dirección General Impositiva que habilita a la exoneración de impuestos parciales para quienes hacen donaciones a las instituciones  que están dentro de esa lista. Creo que lo que nuestras visitantes plantean es la posibilidad de que estas empresas estén inscriptas en las dos modalidades.

SEÑORA PRESIDENTA.- Es así lo que hemos entendido.

                Ha sido claro el planteo, lo tomamos y les agradecemos la presencia en la Subcomisión de Audiencias.

                Si tienen algo más para agregar, le cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA OCAMPO.- El oeste también existe. Estaría bueno que personas como ustedes que dirigen, de alguna manera,  nuestros destinos, puedan ir a la zona oeste y conocer nuestro proyecto.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Con mucho gusto.

 

(Se retiran de Sala representantes de la institución Quelavi).

 

(Ingresan a Sala representantes del Plan Nacional de Agroecología).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Recibimos con mucho gusto a los representantes del Plan Nacional de Agroecología.

SEÑOR GÓMEZ.- Muchísimas gracias por la posibilidad de expresarnos en este ámbito.

                El Plan Nacional de Agroecología es una propuesta que surge desde las organizaciones de productores y de la sociedad civil, básicamente de la Red de Semillas Nativas y Criollas y de la Red de Agroecología del Uruguay. A esta propuesta se ha sumado la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología a través de su base en Uruguay, y ahora contamos con algunas adhesiones  de la Facultad de Agronomía y del Instituto Clemente Estable.

                Nuestra propuesta es generar un espacio institucional, en acuerdo con la participación de las organizaciones de productores y organizaciones sociales que están promoviendo el plan, a efectos de impulsar estas nuevas formas de producción, distribución y comercialización que se proponen desde la agroecología. Puede ser más conocida en relación a sus productos, como producción orgánica o ecológica, pero en realidad tiene una mirada un poco más amplia porque incluye aspectos de la  promoción del desarrollo de la comunidad en donde esté inserta y formas  de vincularse  con el ambiente.

                Quiero agregar que cualquiera de las dos redes tiene una fuerte presencia de agricultores familiares, aunque en el sector hay otro tipo de empresa.       

Ese fue el origen del plan. Ahora estamos recabando adhesiones en distintas reuniones realizadas en diferentes partes del país y a través de firmas que estamos levantando en apoyo al plan, que serán dirigidas al presidente de la república.

El plan promueve que a nivel de la institucionalidad pública se conjuguen esfuerzos para elaborar un plan definitivo. Para ello planteamos algunas líneas, como promover la producción de este tipo de productos, que están encontrando muy buena recepción por parte de los consumidores en Uruguay  –esto también es común en otras partes del mundo–, y apoyar aquellas experiencias que vinculen estas nuevas formas de producción con la conservación de los recursos naturales.

Al respecto, queremos  mencionar algo bien interesante: este tipo de producciones en muchas partes del mundo se promueven para mitigar o resolver algunos problemas, por ejemplo, la contaminación de aguas y afectaciones por plaguicidas donde está la producción convencional muy cerca de zonas urbanas. También es un elemento de promoción de la agricultura familiar y de estímulo para que la gente se quede en el campo, porque esto genera no solo una propuesta de comercialización ventajosa, sino que se basa en recursos propios que están en los mismos predios como es el caso de las semillas y de los abonos orgánicos. Hay muchos recursos que pueden ser fácilmente rearmados y utilizados localmente, que le genera al productor una defensa mayor  en su economía.

Para crecer en producción y llegar a más consumidores y productores, se precisa el apoyo de algunas instituciones, lógicamente de investigación, de formación de técnicos a nivel terciario –o en todo el ámbito educativo formal y no formal– y apoyo directo en diversos programas que hoy existen para el desarrollo rural, pero que no están dirigidos específicamente a este sector que ha ido creciendo, pero por fuera de la institucionalidad pública.

Entonces la demanda es en base a la experiencia de muchísimos años. Se ha pasado a una etapa de mayor escala, conjuntando lo que se viene haciendo de parte de muchos productores y organizaciones con algunos apoyos del sector público. Ese es un poco el resumen.

SEÑORA NANSEN.- Pertenezco a la coordinación de la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay. Efectivamente entendemos que si bien  se ha logrado avanzar mucho en el desarrollo de la agroecología en nuestro país, esto ha sido posible sobre todo por el esfuerzo de los propios productores familiares que han resuelto cambiar sus sistemas de producción. Por un lado, los ha vuelto más viables porque como decía el señor Gómez la agricultura agroecológica tiene la ventaja de que se basa en el uso de insumos que están dentro de los propios predios y de que no depende tanto de insumos externos pero, por otro, también se basa mucho en los conocimientos que tienen los productores, que son expertos en su entorno y en el manejo de sus agroecosistemas. En la agroecología hay un diálogo entre el sector académico –hemos contado con muchos docentes de la Facultad de Agronomía que están muy comprometidos con esta propuesta–, los productores y las organizaciones de la sociedad civil que estamos preocupadas por la sustentabilidad en la agricultura y por garantizar el derecho a la alimentación sana y en cantidades suficientes. Este es un derecho fundamental que nuestro país ha reconocido, pero pensamos que luego tiene que ser consagrado a diario en el territorio.

                Como decíamos, las dos redes tienen fuerte presencia territorial y creemos que es fundamental porque sería muy difícil construir un plan de este tipo solo desde Montevideo o desde espacios centrales. Tiene que estar arraigado en el territorio porque parte de ese diálogo con quienes habitan el territorio y viven a diario los problemas que se están planteando producto de la variabilidad climática y de otros factores, requiere una interacción mucho más responsable con el ambiente. Esto implica conocer en profundidad los sistemas con los que estamos interactuando.

Esta propuesta no tiene que ser única, sino que solo pretende ser una opción disponible para quienes la consideren necesaria. Incluso, no estamos diciendo que  los productores familiares se conviertan de forma total y rotunda a la agroecología o a la producción orgánica, sino que se puedan desarrollar e incorporar una serie de técnicas de manera de lograr una mayor sustentabilidad de los territorios y de los predios. Se necesita apoyo para potenciar la investigación y la formación de técnicos. Hoy en día la asistencia técnica en todo el territorio es muy necesaria porque las organizaciones que venimos trabajando en esto no logramos abarcar la demanda en relación a este tema. Para que nosotros podamos llevar adelante este plan es muy importante el aval que recibimos de la Facultad de Agronomía y  de otras instituciones como la FAO que hoy en día también destacan la importancia del desarrollo de la agroecología. Precisamente, este año se realizó en Brasilia una conferencia regional organizada por FAO y el gobierno de Brasil sobre el desarrollo de la agroecología y la necesidad de que haya políticas públicas para promoverla.

En nuestro país hay otros sistemas productivos que han tenido mucho apoyo y que se han desarrollado mucho, y por eso pensamos que la agroecología merece la misma oportunidad. Realmente entendemos que la agroecología va a hacer una contribución fundamental para nuestro país, porque como todos sabemos tenemos el problema de la erosión y de la contaminación del agua. Debido a la trayectoria y a la tradición que tenemos en el medio rural muchísimos productores no se identifican o no se autodenominan orgánicos o agroecológicos, aunque, en realidad, tienen una forma de manejo tradicional que está muy cercana a esta  forma más sustentable de producción agropecuaria. Pensamos que con la incorporación de ciertas técnicas y algunos nuevos conocimientos que se vayan desarrollando mediante la investigación, podrían volverse mucho más viables y así lograr una mejor situación para la familia en el medio rural.

SEÑOR GÓMEZ.- Quiero aclarar que, en este momento, estamos planteando la importancia de que haya un marco legal y un pronunciamiento del Poder Legislativo sobre el tema. No se puede decir que no exista apoyo de parte de los Ministerios o Intendencias, porque sí han trabajado, pero no tenemos ningún marco legal que le dé un contenido de interés general al tema.

                Por lo tanto, consideramos que sería interesante coordinar recursos que están disponibles en varios Ministerios, Intendencias, gobiernos locales, etcétera. Aclaramos que aquí no estamos hablando de fondos específicos porque, más allá de los recursos humanos que la institucionalidad requeriría, creemos que hay recursos que no están lo suficientemente coordinados y, de estarlo, podrían tener un impacto muy grande en una primera etapa.

SEÑOR HEBER.- Además de darle la bienvenida a la delegación, queremos decir que es muy interesante lo que están planteando.

                A los efectos de tener un mayor conocimiento sobre el tema, nos gustaría saber qué tipo de semillas o qué aceptan con más entusiasmo los productores para producir; cuántos productores hay involucrados en este plan de agroecología y si existe un consumo interno de esa producción o hay una exportación. Pregunto esto porque en el mundo este rubro está avanzando mucho y sería interesante saber cómo los podemos ayudar.

                Ustedes decían que hay ayudas locales y ministeriales pero que no tienen un marco legal. No sé qué tipo de marco legal necesitan, ¿solamente de interés nacional o una ubicación dentro de lo que son los planes concretos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Sería importante saber esto para que, cuando concurran los representantes de esta cartera, pudiéramos consultarlos al respecto.

SEÑOR DE LEÓN.- Buenos días. Es un gusto recibir a la delegación.

                Coincido con el señor Senador Heber en el sentido de que se trata de un tema muy importante y de mucha sensibilidad por muchos de los aspectos que han sido señalados, no solo por la calidad de los productos, sino también por el impacto a nivel ambiental y manejo de los recursos como el agua y el suelo.

                De acuerdo con lo que han planteado, es más que necesario contar con un marco legal porque en este tema están involucrados los agricultores, las intendencias, los organismos del Estado, la facultad, los institutos de investigación; en fin, hay mucha gente que individualmente está trabajando pero sin un rumbo o un marco que les permita aprovechar los recursos, entre otros, los económicos.

                Me parece importante colocarlo dentro de un marco de políticas que tengan que ver, no solo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sino también con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, entre otros organismos.

                Concretamente, me gustaría saber si ustedes, más allá de que ya nos han dado algunos elementos, visualizan la necesidad de concretar definitivamente un plan nacional de agroecología, así como la obtención de recursos para ir trabajando en su articulación. ¿Ese sería el planteo?

SEÑOR MELÉNDEZ.- Me interesó bastante la última página del repartido que nos presentan donde hay una expresión manifiesta del Instituto Clemente Estable de poder participar de la programación que el Plan Nacional de Agroecología tiene para desarrollar. Quiero saber cómo van avanzando estas cuestiones, así como también el contacto con los centros de investigación, con la Facultad de Agronomía o con alguno de los Ministerios, que tiene que ver con la situación, para ver el sustento que puede tener esa intención de declaración de interés general en el corto, mediano y largo plazo.

SEÑOR GÓMEZ.- Voy a caracterizar un poquito al sector atendiendo a las preguntas del señor Senador Heber.

                Algunos datos del censo agropecuario –uno de los problemas es que no tenemos estadísticas oficiales– hablan de que habría unos 800 productores certificados en producción orgánica, pero podría incluir alguna otra certificación como la forestal. Entonces, el censo podría andar más cerca de los 500 productores, porque esos productores comerciales manifiestan o se sienten representados por la pregunta. A esto hay que sumarle muchísimas experiencias de lo que llamamos la agricultura urbana más o menos organizada, escuelas por todo el país con el tema de la producción orgánica, que socialmente también son muy interesantes. El principal mercado de los productores que integran estas dos redes, básicamente, es el mercado interno –porque tradicionalmente es el que abastecían– que está creciendo y de hecho hoy la oferta no llega a dar satisfacción a la demanda, porque la gente se entera cada vez más de los problemas que puede traer una mala alimentación; lo saludable lo vincula a lo orgánico, y a veces sin mucha información de fondo prefiere esos productos. Estos productos se venden en todas las cadenas de supermercados, pero hay una experiencia interesante que estamos promoviendo que es la apertura de mercados por parte de los mismos productores. Por ejemplo, ayer a la tarde se inauguró un punto de venta en Pocitos gestionado por una cooperativa de productores de Sauce. Ellos nos manifestaron que pueden vender producción orgánica,  productos que llegan en el día de la chacra al consumidor, que son más baratos que los de los comercios de la zona. Digo esto para desmitificar un poco la idea de que son productos solamente para una élite de consumidores, sino que pueden acceder otras personas. Si bien no contamos con datos fiables, oficiales, sabemos que Uruguay también exporta carne, miel y hasta raciones para animales. Este sector de alimentos es el que más crece a nivel mundial: tasas de 5%, 10% y 15%, según el país. Quiere decir que es un sector interesante también desde el punto de vista comercial.

                Cabe destacar que se recomienda a los productores usar semillas adaptadas localmente entre otras cosas, porque muchas de las realidades modernas ya vienen seleccionadas para ser utilizadas con altas dosis de fertilizantes o plaguicidas, es decir con un manejo que no es el orgánico. Hay muchas semillas que los productores vienen reproduciendo hace muchos años, que estaban desvalorizadas, pero el trabajo de la Red de Semillas, la Facultad de Agronomía y el propio INIA, ha sido valorizarlas; van encontrando variedades que son resistentes a enfermedades o a problemas típicos de Uruguay, ya que se puede traer un híbrido importado que tiene muy linda pinta pero que no se adapta, se apesta mucho. Por ello se prefieren variedades locales, pero cuando no hay se planta lo que se tiene, porque también estamos atrasados en el tema de la producción de semillas. Se usa mucho reciclar el abono orgánico, la rotación de cultivos con praderas. Es decir que no son predios especializados en un solo rubro por el tipo de producción, sino que al tener varios rubros –producción animal y vegetal– hace que sean predios más adaptados a no sufrir ataques de plagas y desde el punto de vista de los productores que lo manejan es como un seguro frente a los riesgos de mercado o de clima que cada vez son más frecuentes.

SEÑORA NANSEN.- Con respecto a lo señalado por  el señor Senador De León,  necesitamos un marco de política pública que explicite la intencionalidad de nuestro país. Además, nos interesa específicamente que el Parlamento tome una postura de apoyo al desarrollo de la agroecología. Entonces, por un lado, es necesario un marco de política pública y, por otro, un marco institucional y un presupuesto que viabilice la implementación del plan específico que, como dijimos, tiene distintos componentes: formación, asistencia técnica, investigación, acceso a distintas partes del territorio para la implementación del plan, etcétera. Lógicamente, este plan deberá ser evaluado y ver cómo se va direccionando, pero pensamos que el plan es algo más concreto que la política pública nacional necesaria para el desarrollo de la agroecología.

                Respecto a las instituciones de investigación, hay una relación histórica tanto con la Facultad de Agronomía, como con un sector del INIA que ha desarrollado más la producción orgánica o agroecológica. Creemos que eso se puede potenciar muchísimo a partir de este plan, en la medida que exista una decisión política de que esto es necesario y se destinen más recursos para este tipo de producción. En nuestros institutos de investigación el destino de los recursos también está muy relacionado con decisiones políticas y el hecho de que la Facultad de Agronomía se haya expresado públicamente en apoyo al plan muestra un avance en el compromiso que hemos construido a lo largo de los años. Para nosotros esto es  un orgullo y algo fundamental para el desarrollo del plan.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos la presencia. La exposición fue clara y el próximo año –ya no este porque el estudio del Presupuesto abarca prácticamente lo que queda del año– la Comisión de Medio Ambiente del Senado tendrá mucho gusto en trabajar en estos temas por lo que conversaremos con ustedes y con otros actores.

                Muchas gracias.

 

(Se retira de Sala la delegación del Plan Nacional de Agroecología).

 

(Ingresa a Sala la delegación de la Fundación  Diabetes Uruguay).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Damos la bienvenida a la delegación de la Fundación Diabetes Uruguay y le cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA MOSEGUI.- Soy la Presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay, conformada por padres con chicos con diabetes y jóvenes con diabetes tipo 1. Trabajamos con el objetivo de apoyar a las personas con diabetes y sus familias.

                La diabetes es una pandemia y Uruguay no escapa a esa realidad ya que tenemos un 8,2% de la población con esta enfermedad y el  50% de las personas  pueden tener diabetes y no lo saben. Entonces, en la fundación tenemos una gran preocupación en el sentido de brindar información y apoyar a las personas que padecen esta enfermedad. También nos interesa informar sobre la prevención porque el 90% de las personas padece diabetes tipo 2 y eso se puede evitar.

                En nuestro caso, somos madres de niños con diabetes tipo 1, enfermedad autoinmune que no se puede evitar y por eso es muy importante lo relativo a la contención y el apoyo a las familias.

La fundación es una organización sin fines de lucro, viene trabajando desde el año 2009 y cuenta con personería jurídica desde 2012. Todos los que trabajamos allí lo hacemos en forma voluntaria y honoraria y no tenemos socios por lo cual tampoco hay un ingreso fijo que nos permita solventar las actividades que desarrollamos.

Nuestro objetivo fundamental es  apoyar y educar en todo lo que tiene que ver con la diabetes y para ello trabajamos con un equipo multidisciplinario de profesionales que honorariamente apoyan nuestra actividad, brindando talleres a la población en general y, en especial, a las familias que tienen un integrante con diabetes. Al no tener recursos propios, tampoco contamos con un lugar fijo, una sede, y eso es un problema porque durante mucho tiempo hemos estado trabajando y haciendo los talleres en los lugares que nos facilitan las propias empresas o los laboratorios que colaboran con nosotros. Durante dos años y medio estuvimos realizando nuestra actividad en la Casa de las Ciudadanas, que pertenece a la Intendencia y que nos cedió un lugar. La primera mitad de este año no teníamos un lugar para funcionar y ahora estamos en la Casa de Residentes de Flores. Evidentemente, al no ser un lugar propio, dependemos de los horarios y de la disponibilidad de los dueños de casa. Este es uno de los temas que nos preocupan y por el cual estamos solicitando apoyo. Estuvimos en la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes planteando nuestra realidad y hoy estamos aquí para que nos conozcan, sepan lo que hacemos, cuáles son nuestras necesidades y de qué forma nos pueden ayudar a seguir trabajando y brindando nuestro apoyo.

Para nosotros, la educación es un punto primordial, tanto en Montevideo como en el interior y por eso es necesario trasladarnos allí para dar apoyo y hacer talleres pero tampoco tenemos recursos económicos para hacerlo. Entonces, necesitamos resolver el problema del lugar físico y tener una persona que pueda cumplir un horario para atender a quien nos necesite. En la actualidad, la sede es atendida por jóvenes y padres que tienen disponibilidad pero, obviamente, todos trabajamos y tenemos nuestras obligaciones por lo que sería conveniente poder dar una atención más formal. También sería bueno que pudiéramos ir al interior del país para poder dar apoyo.

En cuanto a las actividades de la fundación, como dije anteriormente, hacemos talleres y una vez al año un campamento educativo. Todas nuestras actividades son gratuitas porque conseguimos el apoyo de empresas y laboratorios para llevar adelante nuestro objetivo. El campamento educativo –el de este año sería el cuarto–, tiene carácter nacional, vienen las familias del interior e, incluso, les pagamos los pasajes para que puedan asistir. En este evento participan especialistas como endocrinólogos, profesores de educación física, psicólogos y nutricionistas, brindando talleres a los niños y también a los padres, ya que los menores van acompañados de un adulto responsable.

¿Cómo hacemos este campamento? Una vez al año –desde ya están invitados a participar y les hemos dejado una carpeta con información al respecto–, el 14 de noviembre que es el Día Mundial de la Diabetes, hacemos la llamada Movida de la Diabetes. Este año será la sexta y se trata de una actividad que hemos logrado organizar con el apoyo de empresas y laboratorios, con un objetivo participativo e intentando promover la actividad física. Para ello, se hace un circuito de un kilómetro, de tres kilómetros y medio y de ocho, se invita a la población en general a que participe, se paga una inscripción, se le da una camiseta y con esos recursos que conseguimos hacemos los campamentos educativos.

Otra actividad importante que hemos hecho es la expedición a Los Andes, como forma de concientizar en el sentido de que la diabetes no es una limitante sino una condición que tenemos que aprender a manejar. Fuimos caminando con jóvenes con diabetes, durante una semana, al lugar donde quedaron los restos del accidente aéreo de los uruguayos en Los Andes. Realmente, fue una exigencia y un aprendizaje muy importantes en cuanto a cómo manejarnos con los valores de glicemia ante una gran exigencia física. Fue un elemento educativo para contagiar a los demás a que hagan actividad física y demostrar que el tema de la diabetes no es una limitante. Como dice nuestro lema: «Con diabetes se puede».

                Este año realizamos las segundas Diabe-Olimpíadas en la Pista Oficial de Atletismo para promover la actividad física de los niños, para que conozcan el lugar y nuevas disciplinas. Nuestra preocupación es tratar de acercar a las personas con diabetes al tratamiento que consiste en una alimentación saludable y actividad física. Asimismo, se trata de que la persona tenga apego al tratamiento, porque creemos que en la medida en que más conozcamos y aceptemos la condición de ser diabético, podremos evitar mejor las complicaciones que, lamentablemente, se dan mucho ya que acceder al tratamiento y a la alimentación es muy costoso.

La fundación trabaja para lograr mejoras en cuanto al tratamiento, para lo cual  concurrimos a la Comisión de Salud Pública a plantear las necesidades que tenemos las personas con diabetes. Es un trabajo que hacemos con mucho gusto porque, realmente, es una necesidad lograr mejoras en ese sentido.

Asimismo, tenemos una cadena de ayuda que consiste en que los padres estemos a disposición de otras familias para dar apoyo y contención. Es necesario que las mutualistas y hospitales sepan que existimos y que estamos a disposición. Queremos estar cerca de esas familias porque cuando se recibe la noticia de un debut diabético es impactante. Sabemos que es así porque lo hemos vivido.

Contamos con un banco de insulina y de insumos. Cuando hay una necesidad o una urgencia, debido a que por alguna razón la persona se quedó sin algún insumo, la fundación tiene para prestar. Trabajamos en red, nos contactamos con muchos padres en Montevideo y en el interior del país para que cuando exista una emergencia o una necesidad la fundación solucione la situación brindando la insulina o las tirillas que se necesiten y que, obviamente, muchas veces el sistema no puede cubrir en determinadas emergencias.

Nos acercamos aquí para que conocieran el trabajo que estamos haciendo y para plantear nuestras necesidades. Con el apoyo de empresas y laboratorios pudimos realizar muchas actividades con un importante monto de dinero en movimiento, pero no logramos establecernos en un lugar fijo para poder armar una estructura y brindar un mejor servicio tanto en Montevideo como en el interior, donde también tienen una gran necesidad.

SEÑOR HEBER.- En el presupuesto existe una partida de $ 150.000 para el año 2016 y $ 110.000 para 2017. Queremos saber si eso es una ayuda que de alguna manera satisface los requerimientos de la importante fundación.

SEÑOR BERTERRECHE.- Quiero saludar y agradecer la presencia de la fundación sobre cuyo trabajo tenemos conocimiento y con el que, de alguna u otra manera, tenemos participación vinculada a alguna de sus actividades.

                Tal vez, lo dispuesto en este presupuesto no sea suficiente para una fundación con los objetivos que esta tiene, pero se encuentra en el rubro «asígnase», lo que significa que por primera vez se le va a dar dinero. Creo que es algo bien importante que, además, tiene que funcionar como estímulo.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Qué vinculo tiene la fundación con el Ministerio de Salud Pública, con ASSE y con lo Asociación de Diabéticos del Uruguay, es decir con el resto de la institucionalidad que pueda estar relacionada con la temática?

 SEÑORA MOSEGUI.- Eso es algo que olvidé comentar.

                En todos estos años hemos estado en contacto con los organismos oficiales e internacionales y en Uruguay obviamente con el Ministerio de Salud Pública, al que le estamos planteando continuamente –es decir, no solo lo hacemos en la Comisión de Salud Pública, sino también en ese Ministerio– las necesidades que vemos en el tratamiento de la enfermedad.

                Con respecto a la Asociación de Diabéticos, aclaro que surgimos en su seno, pero ahí no encontramos el apoyo y la contención que estábamos buscando en cuanto a la necesidad especial de las familias que tienen niños con diabetes tipo 1 y por eso tuvimos que empezar a trabajar por la nuestra. Es así como surgió la fundación. Obviamente, hoy en día seguimos en contacto y trabajando juntos. Incluso, ahora con el material que se armó para presentar por el Día Mundial de la Diabetes relativo a los costos de una alimentación saludable, hemos trabajado en conjunto y hemos participado de actividades que ellos han hecho a propósito de dicho día y nosotros los invitamos a las nuestras. De todas maneras, tenemos formas de trabajo diferentes en el sentido de que nosotros no tenemos ingresos y todo lo hacemos sin costo para las personas con diabetes.

Estamos relacionados con la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo del Uruguay. Incluso, a través de ellos es que conseguimos los profesionales para nuestros campamentos. O sea que vamos tendiendo redes con las diferentes organizaciones que pueden ayudar a lograr nuestro objetivo.

                Con respecto a la consulta sobre el dinero asignado, sin duda que para nosotros es importantísimo poder ser considerados y estamos muy agradecidos de que así sea. Hoy en día no tenemos ningún ingreso y por eso esa asignación es muy valiosa e importante. Sin duda que quizás no alcance para todo lo que realmente necesitamos, pero lo sabremos utilizar de la mejor forma para hacer rendir esos recursos y brindar un mejor servicio a las personas con diabetes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos la presencia y vamos a tener en cuenta el planteo.

SEÑORA MOSEGUI.- Muchas gracias, quedamos a las órdenes y los esperamos el 14 de noviembre en las canteras del Parque Rodó.

 

(Se retiran de Sala las representantes de la Fundación Diabetes del Uruguay).

 

                (Ingresan a Sala los representantes de la intergremial de Funcionarios Judiciales del Uruguay).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Con mucho gusto recibimos a los representantes de la intergremial de Funcionarios Judiciales del Uruguay, a quienes  cedemos la palabra para que realicen sus planteos.

SEÑOR FESSLER.- Buenos días.

                En primer lugar, quiero aclarar que la delegación que concurre hoy viene en representación de la intergremial del sistema judicial uruguayo, donde están integradas la Asociación de Funcionarios Judiciales, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Magistrados Fiscales, la Asociación de Defensores de Oficio y la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay. Es una representación más amplia que la que se marcó en primera instancia.

                Desde la presentación del Presupuesto del Poder Ejecutivo, la intergremial del sistema judicial, en su conjunto, y cada uno de los gremios que la integran, hemos recorrido un largo y complejo camino en la búsqueda de una solución a la problemática de la Justicia. En ocasión de nuestra presentación ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, señalamos como un hecho peculiar la unidad de acción de todos los gremios que, de una u otra forma, participan en el quehacer judicial, peculiaridad marcada por la integración heterogénea que, muchas veces, nos enfrenta en nuestra visión del modelo de justicia al que aspiramos pero que nos permite recoger una mirada amplia sobre los temas que hacen al funcionamiento de la Justicia.

 La pérdida de recursos para el Poder Judicial, consagrada en el proyecto de  Presupuesto del Poder Ejecutivo y en el articulado votado por la Cámara de Representantes, colocan a los Senadores en una encrucijada.

                Asistimos a cambios culturales y sociales profundos, por los que la desconfianza, la inseguridad y la frustración se apropian del pensar de los uruguayos. Cuando el camino debiera ser el diálogo, la construcción, la búsqueda de soluciones, los responsables de la gestión actúan con orgullosa soberbia y resuelven los grandes temas nacionales a partir de enojos, perdiendo de vista el interés colectivo.

                Creemos firmemente que esto es lo que ha sucedido durante el proceso de construcción del presupuesto del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo ha dado una señal clara de su molestia política, ha desconocido las necesidades presupuestales del Poder Judicial, castigando no solo a sus más de 5.000 trabajadores sino a los sectores más vulnerables, que verán afectados sus derechos. Los trabajadores de la Justicia hemos tomado la bandera del diálogo, de la sensatez, buscando generar los espacios de acuerdo que la sociedad demanda. No hay oficina ni despacho que no hayamos recorrido porque entendemos que, en esta instancia, se juega mucho más que un tema de administración de recursos.

                No hay intereses políticos en nuestra acción. A nadie escapa que hemos reconocido, en todos los ámbitos, que en la primera Administración del actual Presidente, el Poder Judicial recogió uno de los mejores presupuestos de su historia lo que, sin duda, le ha permitido salir de una situación de crisis funcional y mejorar notoriamente su gestión. Pero desde entonces se ha dado un conjunto de circunstancias que han distanciado la conducción política nacional de las necesidades reales de un Poder que no cuenta con la autonomía económica necesaria para su normal funcionamiento. De aprobarse el Presupuesto que llega al Senado, se consagrará un hecho que pone en serio riesgo la armonía del Estado de Derecho, entre otras razones, porque produce una pérdida en la calidad de la democracia en tanto se vulneran las garantías al limitar al sistema judicial en el cumplimiento de su función castigando, en particular, a los sectores más vulnerables al no asignar recursos que tiendan a la mejora y fortalecimiento de la defensa pública y el desarrollo de medios alternativos a los conflictos –como la mediación– y castigando también a sus funcionarios, congelando sus salarios por una década y colocándolos dentro de los sectores más sumergidos de la Administración pública.

                Aquí debemos hacer un alto y reflexionar acerca de la perniciosa construcción que se ha hecho sobre las remuneraciones de los trabajadores de la Justicia, que mucho tiene que ver con el conflicto salarial que se mantiene desde el año 2011 y que tendrá pronta resolución en el Tribunal de Apelaciones que entiende en la causa.

                Sin entrar a discutir la escala salarial del Poder Judicial, algunos actores políticos han presentado a la ciudadanía una fotografía de ingresos que no es representativa de la realidad, construyendo en el imaginario de la gente la idea de que todos los trabajadores de la Justicia perciben los salarios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. De los 5.000 trabajadores judiciales, más de 3.500 reciben ingresos que se ubican entre los $ 15.000  y los $ 35.000 líquidos y, dentro de este grupo, 1.000 están en el entorno de los $ 15.000. Si se comparan los salarios en los cargos de ingreso de los diferentes Poderes del Estado, se verá con absoluta claridad las diferencias notorias que operan en detrimento de los trabajadores judiciales.

                De concretarse el congelamiento salarial previsto en el proyecto que llega de la Cámara de Representantes, se consagrará a mediano plazo un hecho particularmente grave: la pérdida de los mejores recursos humanos con que cuenta el organismo y, con ellos, de la calidad que exige la administración de los servicios de justicia.

                El proyecto que llega al Senado tampoco considera incrementos en los gastos de funcionamiento. No escapa a quienes hoy cumplimos funciones, los recortes que se están produciendo en insumos, empresas de  limpieza, seguridad y mantenimiento, preparando los servicios para una verdadera situación de emergencia. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto no se agota en la falta de recursos –algo ya, de por sí, grave– sino que, producto de los desencuentros generados por la aprobación de la Ley de Presupuesto       Nº 18.719 y las sucesivas soluciones legislativas, incorpora normas que rechazamos. Nos referimos en particular al artículo 710, que violenta los principios de seguridad jurídica del artículo 7º, el principio de igualdad del artículo 8º y excede el plazo de ejecución presupuestal que otorga el artículo 214 de la Constitución de la República. A partir de esta norma, el cumplimiento de la obligación de pago por parte del Estado, originada en una sentencia, dependerá enteramente de la buena voluntad del propio Estado, puesto que este decidirá si existen las condiciones que permitan atender el pago de la erogación resultante. También decidirá si incluye el crédito presupuestal en el Presupuesto Nacional o en las rendiciones de cuentas posteriores. En caso de que decida preverlo, se deberá esperar al año siguiente a la aprobación de la ley presupuestal o de rendición de cuentas, si el Parlamento lo aprueba, y ni siquiera podrá saber cuándo –dentro de ese año– ocurrirá, dado que el artículo establece que el pago se realizará dentro del ejercicio siguiente, pudiendo ser el día 2, el día 200 o el día 365.

                Con la inclusión del artículo 710 en el proyecto de ley de presupuesto el Poder Ejecutivo podrá pagar cuando quiera y como quiera, según su entera veleidad y con dilación de uno, dos o más años, postergando así la satisfacción del derecho por el tiempo que este considere, mientras entiende                        –discrecionalmente– cuáles podrán ser las próximas instancias presupuestales que permitan atender el pago de la erogación resultante por los cobros salariales adeudados. Esto es inconcebible, si se recuerda que la ejecución de un crédito salarial persigue el cobro de un derecho alimentario aun cuando su deudor sea el Estado.

                El artículo 710 del proyecto de ley de presupuesto es cuestionable en cuanto a su constitucionalidad, por clara contravención el artículo 214 de la carta magna, dado que excede el contenido de lo que debe ser una ley de presupuesto nacional, y por colidir con el inciso segundo del artículo 216 de la Constitución de la República, que establece: «No se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución».

En definitiva, esta disposición dificulta y perjudica a los acreedores salariales del Estado, favoreciéndolo en perjuicio de aquellos y comprometiendo el derecho al trabajo y a su justa remuneración, a su crédito alimentario y a su propiedad sobre el mismo, en violación a los artículos 7, 32, 36, 53 y 54 de la Constitución de la República, en tanto posterga inciertamente en el tiempo la satisfacción de dichos intereses.

Este artículo, a su vez, convierte al Poder Ejecutivo en el verdadero director de la ejecución salarial estatal, sustrayendo al Poder Judicial sus atribuciones para hacer ejecutar lo juzgado, según el artículo 6º de la Ley        Nº 15.750. El Poder Ejecutivo proyecta  la norma, diseña cómo se ejecutará y pagará esta clase de créditos salariales estatales, todo con un desembozado desbalanceo en desmedro del acreedor y en favor del Estado, en flagrante contravención al principio de separación de poderes y a los derechos de seguridad y de igualdad que tutela nuestro orden constitucional. Este artículo genera un camino tortuoso para los trabajadores del Estado quienes, fruto de eventuales sentencias judiciales favorables, verán dilatados los cobros de sus derechos.

Por otra parte, el artículo 696 muestra que el proyecto de ley presupuestal no solo no contempla ningún incremento general para los trabajadores del sistema judicial sino que, por el contrario, disminuye el ingreso de algunos de sus colectivos. Si lo que el Poder Ejecutivo busca es interpretar la naturaleza salarial de las partidas en cuestión, debió salarizarlas, integrando a ellas las cargas sociales.

En cuanto a otros aspectos del proyecto de ley de presupuesto que se encuentra a consideración del Senado, nos rencontramos con una vieja fórmula integrada a la compleja redacción del artículo 19, mediante el cual se promueve el desenganche de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de los Ministros de Estado, y desde allí hacia abajo en la escala jerárquica, quebrando la armonía en la organización, la promoción del orden y la justicia retributiva del Estado. Se nos dirá que esto no afecta hoy al Poder Judicial, pero lo indubitable es que de futuro sí nos afectará, favoreciendo a aquellos sectores con mayor capacidad de lobby político al momento de presentar sus demandas, perdiéndose de vista los aspectos de justicia vinculados al orden del Estado. En este sentido, los gremios de la justicia solicitamos la corrección del artículo 19 en lo que nos es pertinente y la ratificación del artículo 85 de la Ley Nº 15.750.

                Por lo expuesto, los gremios del sistema judicial solicitamos al Senado la corrección del artículo 19, tomando en cuenta las razones expresadas en la presentación, la eliminación del artículo 710, la modificación del artículo 696 atendiendo a las valoraciones expuestas, la consideración del proyecto de presupuesto presentado por la Suprema Corte de Justicia en su totalidad, en particular los artículos que recogen las aspiraciones de los trabajadores de la Justicia que son los artículos 1º, 2º, 11, 12, 13 y 14, y la previsión imprescindible para afrontar futuras condenas previstas en el artículo 60 del proyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR HEBER.- Es un gusto recibir a todas las organizaciones sindicales reunidas en un poder que naturalmente importa, ya que el Poder Judicial hace a la esencia de la democracia y a la separación de poderes y es fundamental atender su realidad económica como para que cumpla una función que necesariamente debe ser independiente y autosustentable desde el punto de vista financiero.

                Es cierto que el presupuesto no prevé absolutamente nada para incrementar lo que de alguna manera es justo en la realidad de este poder del Estado, que es el Poder Judicial. Esto será un motivo de discusión luego en la Comisión con los demás señores Senadores, pero me importan mucho los comentarios que se han hecho sobre el artículo 710. Nosotros no hemos recibido aún a la Suprema Corte de Justicia –creo que lo haremos el martes que viene–, pero indudablemente este es uno de los artículos más polémicos que tiene el presupuesto. Teniendo en cuenta de quién vienen las consideraciones realizadas sobre la constitucionalidad y la legalidad, creo que se pone una luz amarilla, naranja, si no roja, en este artículo.

                Ahora bien, quisiera preguntar a la delegación si han tenido con el Poder Ejecutivo, desde la elaboración hasta ahora, canales de diálogo, de conversación, para acercarse con lo que es la representación de los trabajadores y los jerarcas de este poder del Estado. ¿Han tenido vinculaciones, reuniones? ¿Hay una instancia que genere una esperanza en el tratamiento de este presupuesto como para generar el diálogo necesario con los trabajadores de un poder del Estado que necesariamente debe ser independiente y tener la autonomía financiera como para poder cumplir su importante misión en nuestra sociedad? Esa es la pregunta que quería formular. Luego discutiremos con los Senadores de todos los partidos sobre la pertinencia o no del artículo 710, y debo decir que yo ya tengo una opinión formada sobre dicho artículo y sobre el presupuesto del Poder Judicial. No vamos a tener acá una discusión que seguramente tendremos en las instancias en que se voten estos artículos, pero me importa saber si el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha tenido un acercamiento y un diálogo como para encontrar alguna solución. De lo contrario, se asoman en el horizonte nubarrones

SEÑORA PRESIDENTA.- Consulto a los señores Senadores si tienen alguna pregunta para formular a la delegación.

SEÑOR FESSLER.- Si me permite, señora Presidenta, quisiera responder a la pregunta formulada por el señor Senador.

Asimismo, aprovecho para señalar que hay otros compañeros de la delegación que también están en condiciones de participar.

                Como intergremial seguimos los canales que en su momento nos marcó el Poder Ejecutivo, que eran con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero fue  una instancia previa a la presentación presupuestal. En realidad,  se trataba de evaluar una situación de conflictividad que viene del año 2011 y que, de alguna manera, tiñe las posibilidades presupuestales que se están discutiendo en el día de hoy. Mantuvimos, reitero, una reunión como intergremial con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, porque fue la vía que el Poder Ejecutivo nos marcó para encontrar una solución –con esa expectativa fuimos–  a todo este tema y poder avanzar en la construcción del Poder Judicial porque, a su vez, diferentes interlocutores nos han planteado expectativas de mejoras y de reformas. En esa ocasión la reunión con el señor Ministro se extendió por casi dos horas. En síntesis, nos señaló que, tal como había procedido cuando había recibido  en forma individual a cada gremio del Poder Judicial, iba a trasladar el informe al Presidente de la República, que era quien iba a tomar una decisión al respecto.

                A partir de entonces, ya que era el presidente quien iba a definir por qué caminos podíamos avanzar en esa solución de fondo, formalizamos un pedido de entrevista a principios de agosto y hasta la fecha no hemos tenido respuesta a la solicitud.

                Posteriormente, lo que ha habido ha sido un accionar de cada uno de los gremios, manteniendo distintas reuniones. Nosotros, como Asociación de Funcionarios Judiciales, llevamos cincuenta entrevistas con Diputados y Senadores, lo que representa unas cuantas horas  dedicadas a tratar de encontrar caminos de solución e interlocutores que hicieran suya la idea de generar un ámbito de trabajo, de discusión, donde podamos abordar con honestidad los temas del Poder Judicial y las diferencias que podemos tener en cuanto a los litigios que se llevan adelante desde el año 2011. La verdad es que hemos encontrado buena disposición y empatía con la propuesta por parte de los Legisladores, pero a veces sucede que al momento de votar, esa realidad camina por otro lado. De modo que tampoco se han generado esos ámbitos.

En el caso de la Asociación de Funcionarios Judiciales, pudimos tener una entrevista con el doctor Roballo, Prosecretario de la Presidencia, que surgió fruto de una movilización de los trabajadores judiciales. Fuimos hasta la Torre Ejecutiva y allí mismo solicitamos esa reunión; esto sucedió hace ya quince días. El Prosecretario nos atendió de muy buena forma  y quedó en que iba a  trasladar al Consejo de Ministros  esa posibilidad de generar un ámbito de trabajo efectivo. Aspiramos a que más allá de lo protocolar de recibir a un gremio, se pueda hacer una construcción para buscar una solución y, de una vez por todas, terminar con lo que llamamos el conflicto con el Poder Judicial, que algunas veces camina por el lado de los reclamos salariales y, otras,  por un desencuentro entre el Presidente de la República y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

En definitiva, en virtud de esta situación que se ha creado, por un lado hay 5.000 trabajadores que están en el medio, que son rehenes por  reclamar lo que entienden que es su derecho y, por otro, aparentemente hay un  enojo entre el Presidente con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo que ha hecho que no exista diálogo entre estos dos importantes ámbitos representantes de la separación de Poderes del Estado. Nosotros seguimos transitando por la vía del diálogo. Hemos venido al Senado, porque apelamos a hacer los planteos que consideramos que son de orden. En las entrevistas personales, los señores Senadores con los que hemos podido conversar, han entendido no solo la necesidad del Poder Judicial, sino también la de llegar a una solución para comenzar el año 2016 con los mejores auspicios y la mejor voluntad de los trabajadores –que acá estamos presentes–, para hacer del Poder Judicial un organismo del que el país se sienta orgulloso, tal como tantas veces lo ha manifestado el actual Presidente de la República –básicamente en el exterior–, al destacar la importancia de la independencia con la que actúa y la excelencia de su trabajo. Sin embargo, al momento de aportar soluciones para la problemática de entrecasa, todavía no hemos encontrado ese ámbito.

SEÑOR MÍGUEZ.- Soy el doctor Ricardo Míguez, Presidente de la Asociación de Magistrados.

Coincido totalmente con lo expresado por mi compañero de la delegación, el señor Fessler. Hemos transitado esos caminos y tratado de agotar, en lo que estaba a nuestro alcance, las vías de diálogo. Continuamos abiertos a la posibilidad de escuchar y de dialogar con respecto a todo lo que sea necesario.

                En atención a la pregunta realizada por el señor Senador, esa sería nuestra respuesta, en coincidencia con la brindada por el señor Fessler.

                También quisiera agregar que no solo es importante el artículo 710, sino también el 696, que tiene que ver con las partidas de vivienda y de perfeccionamiento académico. Llama poderosamente la atención que la Ley   Nº 18.083 que establece el IRPF es del año 2006 y hoy estamos recibiendo esta norma que directamente procede a gravar esas partidas. Como se planteó al comienzo: o  se salarizan o se desgravan.

                Además, esa propuesta no implica tampoco una erogación para el Gobierno, por lo tanto, está dentro de las posibilidades del Parlamento proceder a realizar una  modificación o una derogación.

                En cuanto a lo demás, estamos abiertos y siempre hemos tratado de mantener el diálogo por todos los medios, tal como lo manifestó el señor Fessler, también desde la intergremial.

                Era cuanto quería expresar.

SEÑOR HEBER.- Es verdad, ya empezamos a discutir el artículo 696 con el Poder Ejecutivo. En esa instancia sostuvimos que la inclusión de las partidas     correspondientes al perfeccionamiento académico y a la vivienda en el cálculo del IRPF significa notoriamente una rebaja salarial. Señalábamos que además de que en el presupuesto del Poder Judicial no existen aumentos de ningún tipo, instrumentar una rebaja salarial parecería que es el peor de los mensajes que se puedan dar, sobretodo porque quienes tenemos años en esta casa hemos visto cómo fue  evolucionando la historia de las partidas de vivienda y de perfeccionamiento. Justamente, respecto a la instancia de relacionamiento vía presupuestal entre los sueldos de los magistrados y el resto del Inciso, hemos encontrado instrumentos que buscaban aumentos salariales mucho más que lo que fue el origen del tema de la vivienda. Como todos recordarán, en principio fue para quienes trabajaban en el interior en lugares donde no había vivienda; luego se generalizó a los magistrados. Esto demuestra una voluntad política de buscar instrumentos para tratar de mejorar y de que ello no significara importantes volúmenes de dinero, pues no había disponibilidad como para generar un aumento real.

Naturalmente, instrumentar la inclusión de este beneficio en el IRPF significa aumentarles el impuesto y que tengan menos liquidez salarial.

De alguna manera, esta situación también es otro de los motivos de discusión porque un presupuesto que no contiene aumentos, sino que genera rebajas, no quiero calificar pero parece un mensaje o una suerte de castigo. Esta situación nos preocupa. Por eso, nos gustaría saber si hicieron cálculos de lo que van a perder los jueces.

En función de la inclusión de este beneficio en el IRPF suponemos que habrá una instancia en la que el Banco de Previsión Social hará su interpretación, por lo que si es parte del salario también influirá en el montepío. Ya que se tocó el tema quería aprovechar la instancia para escuchar alguna reflexión sobre este artículo.

SEÑORA AYALA.- Quiero señalar que los planteos son de recibo, pero pienso que algunas otras consideraciones corresponden a la interna de la Comisión.

Realmente hemos escuchado a la delegación y agradecemos su planteo. Oportunamente, en la Comisión se tendrá en cuenta y discutiremos a qué definición arribamos.

No quiero extenderme, pues hay otras delegaciones que están esperando. Reitero que vamos a tener en cuenta el planteo y lo discutiremos en la Comisión.

SEÑOR DE LEÓN.- Quiero agradecer la presencia de la delegación y marcar un elemento. Ya lo hemos discutido y se ha planteado en otras instancias cuando vinieron otras delegaciones que con el señor Senador Heber tenemos una diferencia, un matiz con respecto al IRPF y si es una rebaja salarial o no.

Como decía la señora Senadora Ayala, lo más importante es que las propuestas que plantearon son de recibo y las analizaremos en nuestra Bancada y con toda la Comisión.

SEÑOR GÓMEZ.- Los agradecidos somos nosotros.

Quiero hacer dos o tres puntualizaciones lo más breves posible. En cuanto a la pregunta sobre el significado que tendría la aplicación del IRPF incluyendo estos beneficios en los sueldos de los magistrados, la respuesta es que ello equivaldría a una disminución del 3,99% para los magistrados judiciales y un 3,25% para los magistrados del Ministerio Público.

Quiero agregar que la Asociación de Fiscales del Uruguay tiene un buen diálogo con el director del servicio descentralizado, pero hay dos o tres mecanismos que nosotros no podemos dejar de considerar. En primer lugar, la lucha histórica de la asociación de fiscales era que los sueldos estuvieran equiparados con los del Poder Judicial. Una razón de una elemental ética nos obliga a compartir con ellos las inquietudes que se han manifestado. En segundo término, tenemos la profunda creencia de que el sistema judicial es muy importante en un Estado de Derecho; es un tema institucional. 

Estamos a poco tiempo de la implementación de un cambio procesal muy relevante. Humildemente, con la experiencia de actuar desde hace muchos años en el Ministerio Público, consideramos que si no se dan las necesarias circunstancias de paz, si no salimos del estado de conflicto permanente entre el sistema judicial y el Poder Ejecutivo y  el Poder Legislativo, pondremos en riesgo transformaciones mucho más importantes para la sociedad uruguaya.

                A nuestro humilde entender, el tema institucional es prioritario para buscar una salida. Esa institucionalidad no se mejora creando rebajas o interponiendo, como en el caso del artículo 710, una situación en la que nuestro patrón, el Estado, tendrá el dominio casi absoluto del pago de los créditos en los que eventualmente la Justicia pueda amparar tanto a los funcionarios como a los particulares.

                Sabemos que la Subcomisión tiene varias cuestiones para atender, pero pensamos que era bueno que escucharan nuestras humildes palabras y supieran que tenemos confianza en que serán consideradas como creemos que nos merecemos. No tenemos otra expectativa que no sea que la razón permita llegar a una solución en el tema del presupuesto, pero también a la resolución de una situación de conflicto que es inocultable, que de persistir, en mi modesta opinión, mal le haría la institucionalidad del país.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias a la delegación.

 

(Se retira de Sala la intergremial de Funcionarios Judiciales del Uruguay).

 

SEÑOR DE LEÓN.- A los efectos de ordenar el trabajo de la Comisión, solicitaría a la señora Presidenta si puede ajustar el tiempo de que disponen las delegaciones para que podamos recibir a todas de la misma manera.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se ha previsto un tiempo de quince minutos. En el último caso, solicitó audiencia la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay pero quienes concurrieron fueron los representantes de la intergremial de Funcionarios Judiciales. A efectos de no aumentar la presión, consideramos que era mejor escucharlos a todos.

                La Mesa informa que las próximas tres delegaciones que están previstas son complejas por los planteamientos que puedan llegar a realizar.

SEÑOR DE LEÓN.- De acuerdo, señora Presidenta.

 

 (Ingresan a Sala representantes de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Con mucho gusto recibimos a la delegación representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.

SEÑOR COLINA.- Agradezco por recibirnos en el día de hoy. Nuestra delegación docente de la Universidad de la República hoy está representada por Marcelo Cerminara, Alejandro Bielli, Mariana Meerhoff, Nicolás Wschebor, Andrea Basilio, Alicia Álvarez de León y, quien habla, Rodney Colina, Presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.

                Vamos a hacer una breve presentación del tema por el que hoy estamos aquí. Va a comenzar mi compañero Marcelo Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- Agradezco que nos hayan recibido en el día de hoy.

                Hicimos una pequeña presentación que intentaremos pasar lo más rápido posible para ilustrar lo que queremos plantear.

En la primera transparencia se puede ver el pedido que hizo la Universidad de la República. Aunque la institución todavía no compareció ante la Comisión, los señores Senadores tienen en su poder los materiales que han sido públicamente difundidos.

Voy a explicar muy brevemente la lógica con la que se hizo nuestro pedido total que, en principio, está basado en el planteo político que hizo el Gobierno antes de asumir, que era destinar el 6% del producto bruto interno a la educación y el 1% a la investigación. Los cálculos que realizamos, con base en las estimaciones más conservadoras posibles de cuánto iba a crecer el producto bruto interno al 2019 y los porcentajes correspondientes, nos dieron la cifra de $ 8.572:000.000 que equivale al pedido total que hicimos al 2019 y que prorrateamos de manera lineal en cada uno de los años del período. Este pedido lo hicimos con extrema fundamentación, ya que la Universidad trabajó prácticamente siete meses en la elaboración de su presupuesto, y está resumido en un plan estratégico de desarrollo que ustedes recibirán el miércoles cuando concurran las autoridades de la Universidad a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Simplemente, quiero decir que este presupuesto está ordenado en seis proyectos transversales, que son los que están desarrollados en el material, y cada uno de ellos contiene una serie de acciones. Por razones de tiempo no voy a detallar el contenido de cada uno, pero estos programas refieren a las acciones fundamentales que hacen a una universidad como lo es la Udelar.

Somos conscientes de cuál es la situación actual, que ya ha habido un trámite parlamentario, hemos tenido una serie de contactos políticos, de discusiones y el resultado actual entre lo que envió el Poder Ejecutivo en su Mensaje y lo que se agregó en la Cámara de Diputados está esencialmente resumido en el cuadro que se está mostrando en este momento. Hay una asignación para el 2016 y otra para el 2017. Nosotros hemos planteado la enorme preocupación de que significa para una Universidad, una institución que planifica a largo plazo, no poder contar con recursos y estimaciones de los recursos que tendrá en el quinquenio. Es decir, es una enorme limitación para nosotros tener un horizonte presupuestal solo para dos años.

Respecto al horizonte inmediato, que es el 2016, la Universidad hizo un pedido de $ 1.500:000.000. En este momento, con lo que se ha aprobado tenemos una satisfacción del orden del 36% de lo solicitado, que  aproximadamente sería unos $ 500:000.000. La preocupación más grande, además de que el porcentaje es bajo, está referida a una situación similar que ocurrió en el quinquenio pasado: el Parlamento ha destinado recursos para algunas de las funciones que nosotros solicitamos. Cuando ocurre esto se producen desequilibrios muy importantes en una institución tan compleja como la Universidad. A modo de ejemplo, en el período pasado solo se financió lo referido a construcción de edificios y al desarrollo de la Universidad en el interior. Cuando la Universidad comparezca va a hacer un informe pormenorizado de cuánto y qué bien se hizo esto para lo que dispusimos de recursos, pero no se financiaron el resto de las funciones.

Ahora ocurre una cosa similar: de los seis programas planteados, algunos están totalmente desfinanciados. Hay un concepto que nos parece fundamental: la Universidad está sometida a una acelerada demanda y a cierta presión de las condiciones externas. Vale decir algo muy sencillo: la matrícula universitaria aumenta cada año de manera significativa y las previsiones que tenemos son que esto va a continuar en los próximos años. El país está a punto de llegar al momento de su máxima cantidad de población en edad de ingresar a la Universidad y, por suerte, las tasas de ingreso mejoraron. Quiere decir que en los próximos tres o cuatro años lo único que podemos esperar es que aumente de manera acelerada la cantidad de personas que ingresen. Naturalmente, con igual cantidad de recursos y una matrícula mayor se van a desmerecer de manera muy significativa las condiciones de funcionamiento.

                Entre el porcentaje solicitado por el Poder Ejecutivo y el que aprobó       la Cámara de Representantes, se introdujo un pequeño aumento  de                      $ 100:000.000. Reconocemos que esto genera una situación mejor de la que había antes, pero es extremadamente insuficiente. En este momento, las asignaciones equivalen aproximadamente al 3,8% de la masa salarial de la Universidad, lo que permitiría un pequeño aumento salarial para los trabajadores docentes y no docentes. Ahora, al ser ese porcentaje tan pequeño es difícil que no se destine el cien por ciento a ese fin.

                Por otra parte, tenemos unas partidas destinadas a proyectos de investigación, entre los que se destacan los proyectos que tienen que ver con profesores en dedicación total. Este es un régimen de sobresueldo que tiene la Universidad que permite que  la persona se dedique en un cien por ciento a la actividad universitaria, que es el estado más natural en la vida de las universidades del mundo. Nosotros quisiéramos tener a todos los docentes en esa condición, pero la realidad es que en este momento solo abarca a cerca  del 10%. Con los recursos asignados podemos cubrir unas 40 dedicaciones totales. Por año tenemos una demanda del orden de 80 personas ingresando al régimen de dedicación total, y de estas 40 dedicaciones ya hay 27 cubiertas con gente que está en cola desde este año, por lo que muy basalmente vamos a poder resolver esas demandas.

                En resumen, tenemos una partida que va a generar  un pequeño aumento salarial,  otra que va a permitir dedicaciones totales y algo de mejora en las cuestiones de investigación y unas pequeñas partidas asignadas a gastos e inversiones. Pero la situación más dramática es la siguiente. Como les explicaba recién, el crecimiento de la población estudiantil es acelerado. En la gráfica se puede ver cómo se ha ido mejorando la cantidad de horas docente sobre alumno. Con los recursos con los que contamos ahora y una matrícula que va en aumento, en los años venideros va a haber una caída en la gráfica, es decir, que vamos a perder rápidamente el esfuerzo realizado estos años y retrocederemos a  situaciones de cinco años para atrás. Primero que nada, esto es una mala inversión de lo realizado hasta ahora.

Entonces, un asunto clave es que necesitamos algunos recursos que puedan destinarse a la creación de cargos. No hay ningún recurso asignado que permita esto y aumento de la masa horaria dedicada a actividades docentes en los próximos años.

                En ese sentido, el primer asunto concreto que queremos plantear para que reflexionen es la posibilidad de que tengamos una asignación del orden de los $ 100:000.000 que permita que los servicios universitarios tengan recursos para crear cargos. Ya no hablamos de aumento salarial ni nada de eso, sino de creación de cargos nuevos  por la vía de extensión horaria o de llamados de nuevos docentes.

SEÑOR COLINA.- En los últimos diez años en el país hubo una inflación importante, del orden del 105% y en paralelo, a partir de los apoyos presupuestales que ha recibido, la universidad ha hecho importantes mejoras en cuanto al desarrollo, en particular el edilicio y de la universidad en el interior en el último quinquenio.

                Todos estos desarrollos que ha tenido la universidad, obviamente están atados a presupuestos importantes para consolidar estos procesos. Uno de ellos es el vinculado a la programación para construir grandes edificios, tanto en el interior del país como en Montevideo pero entendemos que el hecho de que eso no esté contemplado en este Presupuesto –lo relativo al mantenimiento de las estructuras actuales tampoco está previsto–, hace que la universidad pueda tener un retraso en el corto plazo. Entendemos que con un crecimiento del 70% de la planta física en los últimos años, este renglón presupuestal es sumamente importante para la universidad. Por lo tanto, estamos solicitando el monto que ven en la diapositiva, que es acotado y razonable para atender el tema edilicio. 

                Respecto a lo que mencionaba mi compañero Cerminara, en el último quinquenio la universidad creció muchísimo en el interior, con indicadores claves. Se crearon dos centros universitarios regionales y un tercero está en vías de creación. A su vez, tenemos 250 docentes radicados en alta dedicación, 54 grupos de investigación y más de cuarenta ofertas nuevas a nivel terciario. Sin embargo, ese desarrollo que comenzó en el interior hoy está en vías de consolidación pero como el presupuesto estuvo volcado hacia esa parte del país, muchos de los servicios en Montevideo, por no decir la mayoría, se vieron totalmente congelados en su desarrollo y crecimiento a nivel de la matriz docente. Es por eso que entendemos que la creación de nuevos cargos es fundamental para poder consolidar y desarrollar la universidad en el mediano y corto plazo.

                En cuanto a temas de inversión, entendemos que el grado de prioridad que le asigna un gobierno a la universidad se traduce en la cantidad de recursos que le otorga. Esto, aunque parezca una frase armada, no lo es porque sabemos que cada presupuesto es complicado y entendemos la situación del Uruguay en el contexto regional. Además,  agradecemos las importantes inversiones que se han hecho en la universidad en los últimos años y desarrollo relevante que ha tenido, pero también entendemos que las necesidades que hay que cubrir y las metas que se ha propuesto alcanzar dependen de un presupuesto que sea razonable. Creemos que el presupuesto que hoy se asigna a la universidad está lejos de lo que está planteando y de ser un presupuesto que permita consolidar procesos que ya han comenzado.

                Finalmente, como gremio queremos decir que hemos tenido una política gremial importante con relación a los paros y las huelgas. A partir de la propia propuesta de ADUR, no hemos acompañado paros y huelgas, ya que la universidad entiende que estar aquí presentes, conversando con ustedes, –al igual que lo hicimos hace un mes en diputados– es el camino a seguir.  Por lo tanto, la universidad no perdió cursos y tampoco una sola semana de clase durante este período de solicitud presupuestal. Queremos destacarlo porque entendemos que esta es la vía de diálogo y así lo vamos a seguir haciendo. Desde ya les agradecemos por su tiempo.

SEÑOR WSCHEBOR.- Simplemente, quiero señalar que contrariamente a lo que se piensa en el Parlamento, la partida que fue votada en relación con el régimen de dedicación total es totalmente insuficiente, cosa que ha tenido consecuencias muy graves por la gran inversión que se hizo no solo por parte de la Universidad sino también del Gobierno a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

                Para la formación de posgrados tenemos un conjunto importante de jóvenes con alto nivel de formación que en los próximos dos años perderemos porque se van a ir del país. Ese es error grave que aún se puede corregir porque no requiere de mucho dinero.

                Si no aumentamos el dinero destinado a nuevos cargos y a la partida de DT, de gente que hemos formado a nivel de posgrado, ya sea en maestrías o doctorados, seguramente tendrán mejores posibilidades de ser contratados en el exterior que en nuestro propio país. Por lo tanto, es una inversión que estamos tirando a la basura; es dinero que ya invertimos en el país y que lo vamos a perder. Reitero que es un error que aún se puede evitar y que tenemos que tratar de evitarlo.

SEÑORA MEERHOFF.- Muy buenos días y gracias por recibirnos.

                Quiero resaltar uno de los mensajes que los compañeros Colina y Wschebor han expresado respecto a una de las consecuencias que tendrá el hecho de no seguir apoyando la creación de cargos de docentes investigadores, en particular en el interior del país ya que es la experiencia que conozco por haber integrado uno de los grupos que se radicó en el interior en los últimos cuatro años en el proceso de descentralización.

El país ha invertido muchísimos recursos materiales y humanos en la generación de una gran cantidad de nuevas carreras. Para la mayoría de los estudiantes que están ingresando en la universidad en el interior en este momento, significa la primera posibilidad de acceder a la educación terciaria; es la primera generación en su familia que accede a educación superior. Si bien ese proceso se ha iniciado en los últimos años y aún está en sus primeras etapas, por lo que necesita un apoyo sostenido para consolidarse.

Tenemos varias generaciones de estudiantes que están en su primero o segundo año de la carrera, por lo que necesitan poder terminar y tener una conciliación del cuerpo docente e investigadores que permita que esa gran inversión no se pierda, sino que se consolide, mantenga y expanda por las consecuencias que estamos viendo hoy de la presencia de la universidad del interior lo que genera en cuanto a la movilización cultural y educativa en cada uno de los departamentos en los que nos hemos radicado.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias por su presencia. Consideraremos su propuesta.

 

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República).

(Ingresan a Sala representantes de la Federación Nacional de Educación –Fenapes– y de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tenemos el gusto de recibir a la delegación.

SEÑORA PEREIRA.- En principio, gracias por recibirnos.

                En mi caso, integro la Federación Uruguaya de Magisterio y en este momento formo parte de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza.

                El planteo que vamos a trasladar tiene que ver con lo que ha resuelto la coordinadora –con lo que estamos en un todo de acuerdo, tanto con ustedes en el lugar que ocupan, como con buena parte de la sociedad–: que la educación reciba un presupuesto adecuado a sus necesidades. ¿Qué entendemos por esto? Por supuesto que entendemos que hay muchos aspectos de la educación que deben ser tomados y tenidos en cuenta para que esta educación, que a todos nos preocupa y nos ocupa, disponga del mejor presupuesto para desarrollarse de manera de garantizar a todos los niños, jóvenes y adultos de nuestros país una educación pública que atienda tanto las necesidades que tienen que ver con la ANEP como con la Udelar. Nos referimos a un presupuesto que para nosotros debería contemplar como un mínimo un 6% del PIB. Ese porcentaje ha sido emblemático; ha sido un eslogan y se ha reiterado en muchísimas oportunidades. Para nosotros no ha sido un eslogan ni una cuestión de repeticiones, sino un mínimo necesario para que se den las transformaciones que necesita la educación, tanto a nivel primario, secundario, medio como de la universidad.

                A esos efectos, es necesario que esto cambie, que tenga un fuerte impacto que entendemos debe darse en el tema educativo en los primeros años de este Gobierno. ¿Cómo nos encontramos hasta el momento? Nos encontramos con un presupuesto alineado a dos años que no nos garantiza, en los cinco años de este Gobierno, la posibilidad de que se dé la educación. El tema educativo no puede mirarse nunca en términos de tiempos mediatos, sino que debe hacerse a mediano y a largo plazo. En la educación nada se cambia en términos de medianos y cortos plazos.

                Si ustedes son tan amables de permitírnoslo, vamos a poner ejemplos concretos que tienen que ver con la educación primaria, que represento particularmente. Muchas veces se dice: «La educación primaria está muy bien y marcha fantástico». Sí, en muchos aspectos es así. La educación primaria tiene un desarrollo histórico –ya sea por su historia, por su coyuntura de llegar a todos los rincones del país– que le da una cierta estabilidad. Eso no quiere decir que todo esté funcionando bien. Eso no quiere decir que no haya nada para hacer. Eso no quiere decir que nosotros, como federación, no tengamos propuestas para hacer. Sí queremos señalar a esta Comisión la necesidad, por ejemplo, de estabilizar a los compañeros funcionarios de primaria de modo que a una misma función, igual remuneración. ¿Por qué digo esto? Porque hay casos –ustedes deben conocerlos– de muchos compañeros que se desempeñan en una misma función, pero tienen remuneraciones distintas.

                Por lo tanto, es necesario que esto se regularice. Sabemos que ha habido avances, que tienen que ver con bipartitas que hemos tenido con los Consejos Desconcentrados, pero es necesario que esto continúe y avance.

                En el tema específico de los maestros que tenemos unidades docentes de 20, 30 o 40 horas de acuerdo con la categoría de las distintas escuelas, hay muchos aspectos que hay que atender y mejor. Esos están posicionados, principalmente, en el tema de los directores de los centros escolares. La cantidad de funciones que hoy cumplen los directores de los centros escolares hace que se desatienda su tarea primordial, que es la pedagógica. Esto pasa también por una inversión presupuestal y porque hoy el rol pedagógico que está cumpliendo un director se está desdibujando. Tendríamos muchos ejemplos más para dar en el sentido de por qué es necesario que la inversión presupuestal en educación sea fuerte y en los primeros tiempos para que luego podamos ver, entonces, los avances en materia educativa.

                Seguramente, vamos a querer ver esos avances a corto plazo y, permítaseme decirlo, no los vamos a ver si no apostamos hoy para un futuro a mediano y a largo plazo, que es en los términos en que se pueden ver transformaciones en la educación.

                Si se me permite, señora Presidenta, me gustaría ceder el uso de la palabra al compañero Mario Bango, de Fenapes, para que ubique, también, algunos ejemplos concretos que tienen que ver con esto del presupuesto educativo.

SEÑOR BANGO.- Buenos días y gracias por recibirnos.

                Desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria hemos tenido una movilización muy fuerte este año, apostando a llegar a un salario digno para un profesor, que es una carrera terciaria y que implica un enorme compromiso. Nuestra aspiración era llegar a los $ 30.000 de salario mínimo y, finalmente, todos sabemos cuál fue el proceso: luego de varios días de huelga no se pudo arribar absolutamente a ningún acuerdo y quedamos lejos de la propuesta. Hoy vemos con profundo desagrado la incorporación, en un artículo, de la amenaza que constituye firmar un convenio para recibir un determinado aumento que, en realidad, es miserable.

                Queremos decir muy claramente que esto constituye un antecedente muy mal visto por nuestra federación; que tengamos que firmar algo para recibir $ 600 o $ 700 de aumento es un agravio a la profesión docente.

                También nos gustaría advertir sobre otro tema que está muy sobre la mesa y que es la incorporación de liceos de tiempo extendido y de tiempo completo.

En Secundaria hoy existen tres liceos de tiempo completo que son: el  Nº 4 de Rivera, el de San Luis, en Canelones, y el liceo de Ismael Cortinas. Puedo hablar con propiedad de los dos que mencioné en primer término porque asistí allí, en varias oportunidades, en virtud de que la escasez que tienen de infraestructura no posibilita que esta modalidad de tiempo completo se desarrolle como es conveniente.

Advertimos, además, que los dos liceos que se van a incorporar el año que viene, que son el Nº 5 de Las Piedras, ubicado en el barrio La Pilarica –no sé si los señores Senadores lo conocen, pero les comento que tiene solamente dos aulas y media– y el liceo de la Barra de Maldonado que, hoy por hoy, es una playa de contenedores. Estos liceos van a ser incorporados, también, a la modalidad de tiempo completo, lo que nos parece una absoluta barbaridad.

                Se nos ha dicho, de parte de las autoridades de Secundaria, que van a haber entre 14 y 16 liceos de tiempo extendido pero hoy, a horas de iniciar un acto electoral que va a ser por un año, no tenemos información de cuáles van a ser esos liceos, que conllevan un riesgo mayor que los de tiempo completo porque implican el acuerdo y la coordinación con organizaciones sociales que estarían en el territorio –como se habla ahora– de la institución. O sea que no habría solo dictado de clases en las aulas del propio liceo sino también en clubes sociales, deportivos, etcétera, sin que se nos haya comunicado si esas clases van a ser impartidas por docentes de Secundaria o por quienes proporcionen los locales para efectuar esa parte del tiempo extendido.

                Me gustaría que también otros compañeros hablaran al respecto.

SEÑOR DEVITA.- Buenos días. Soy el Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay.

                En primer lugar, gracias por recibirnos. Por supuesto que queremos suscribir lo que los compañeros han planteado con antelación en relación al Presupuesto, en lo que tiene que ver con el salario y la necesidad imperante de incrementarlo de forma significativa lo que, lamentablemente, en lo que corresponde al despliegue de presupuesto de estos dos años –tenemos que decirlo–, vemos como insuficiente. Esto ha quedado bastante claro y ha dificultado el proceso de negociación hasta ahora. Esa es la razón por la que no hemos llegado todavía a la firma de un convenio salarial, que nos hubiese gustado que fuese de acuerdo pero, lamentablemente, no fue así.

                El abordaje que quisiera hacer es el siguiente. En la instancia presupuestal siempre hablamos del tema salarial; en este caso me voy a referir a las horas docentes que, en definitiva, se traducen en cursos para atender la matrícula de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Como saben, durante mucho tiempo ha sido el buque insignia por el incremento sostenido en materia de ingreso de estudiantes año a año. En los últimos siete u ocho años hemos recibido un promedio de 4.000 estudiantes anuales, pero con el presupuesto que se está proyectando no podríamos atender esa matrícula. Actualmente, la UTU está ejecutando 226.000 horas docentes, que se traducen en todos los planes, programas y cursos que dicta en todo el país, pero el presupuesto que se nos pretende asignar nos permitiría ejecutar durante 2016 solamente la línea de base, que son 190.000 horas docentes, lo que implica que no podríamos atender no solo el incremento de matrícula –que, de acuerdo con los guarismos que venimos manejando, seguramente será de 4.000 estudiantes como mínimo– sino que ni siquiera estaríamos en condiciones de sostener el actual, o sea, la matrícula de este año. Esa es la realidad que estamos viviendo, que es preocupante. Sin duda, el presupuesto de la UTU es una parte del Codicen y del de la ANEP, lo cual reafirma la necesidad de incrementar significativamente los recursos, y no visualizamos –al menos en estos dos primeros años– que se llegue a alcanzar lo que hemos reivindicado durante muchísimo tiempo, que es el 6% del PIB para la ANEP y la Udelar.

SEÑOR OLIVERA.- Ante todo, gracias por recibirnos.

Quiero señalar que en el caso de los funcionarios de la Universidad de la República, por primera vez hemos firmado un preacuerdo en la negociación colectiva. En el período anterior el Gobierno adujo que como no habíamos tenido esa instancia, no iba a habilitar el ámbito tripartito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En este período se firmó ese preacuerdo y, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas cuando fue citado al ámbito tripartito señaló que no había sido consultado por la Udelar, lo cual marca una clara violación a la autonomía universitaria.

En el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes no está contemplado el incremento salarial que solicita la Udelar, así como tampoco se contemplan otras partidas que tienen que ver mayormente con la eliminación de cupos en carreras y cursos. Nos preocupa, asimismo, el tema del interior del país, puesto que allí no va a ser posible continuar desarrollando nuevos cursos y carreras.

Finalmente, queremos señalar la preocupación por el Hospital de Clínicas, al cual no se le destinan recursos para la reconversión. Está en marcha un proyecto de participación público-privada, que implica una privatización del hospital universitario, la pérdida de fuentes de trabajo y una merma en la atención a la salud que brinda el principal hospital que atiende a la población de más bajos recursos.

SEÑORA PEREIRA.- Pertenezco a la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, que nuclea a los mal llamados «no docentes», pues somos funcionarios de gestión y servicios.

                Simplemente voy a poner algunos ejemplos de las necesidades que pasamos a diario en los liceos, como la falta de funcionarios –lo que ha llevado a una brutal tercerización–, la falta de carrera funcional, la falta de grados y de concursos. En materia salarial, estamos en la franja de entre $ 10.000 y $ 12.000; se imaginarán que con eso no cubro ni siquiera el reajuste del alquiler.

                Solamente vine para puntualizar cosas concretas de la realidad que vivimos y de los gastos que tiene Enseñanza Secundaria. Por ejemplo, en el caso de proveeduría, que es la que se encarga de llevar los materiales a todo el país, cuenta con un solo camión, por lo que se termina contratando El Correo o camiones privados para llevar los materiales. En los talleres, se cuenta con un carpintero y un sanitario; entonces, también se termina ocasionando otro gasto porque cuando en un liceo se rompe, por ejemplo, una canilla, debemos llamar a un sanitario que cobra $ 2.000 porque Secundaria le paga a los tres meses. En realidad, nosotros sabemos de dónde se puede sacar la plata, invirtiendo en lo que es la educación, más funcionarios y la carrera funcional.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias. Contamos con el material para leerlo y discutirlo en la Comisión.

 

(Se retira de Sala la delegación de Fenapes).

 

(Ingresa a Sala una representante de la Comisión de Bienestar Animal).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias tiene mucho gusto en recibir a la representante de la Comisión de Bienestar Animal.

SEÑORA COLOMBO.- Antes que nada quisiera decir que integro la Comisión de Bienestar Animal pero no estoy a título de representante. Considero que el que debería ser representante es el Presidente. Yo integro la Comisión como representante de las protectoras.

SEÑORA PRESIDENTA.- Usted está acá para hacer un planteo, por lo que entonces está en representación de la Comisión de Bienestar Animal. De lo contrario, tendríamos que esperar que venga quien sí esté a título de representante.

SEÑORA COLOMBO.- Entonces no podría exponer, ya que considero que debe ser el Presidente el que esté como representante. Yo solicité una entrevista porque integro la Comisión de Bienestar Animal, pero represento a las protectoras.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le pediríamos entonces que nos haga su planteo. En realidad, tenemos una situación algo compleja.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Propongo que, para aprovechar la oportunidad de que la señora Colombo está aquí presente, conste en la versión taquigráfica lo que acaba de plantear, es decir que ella está en representación de las protectoras que forman parte de la Comisión y que, por lo tanto, lo que va a decir no es palabra de la Comisión sino de la representante de las protectoras.

SEÑORA COLOMBO.- Gracias por el tiempo y por darnos la oportunidad de poder explicar lo que está sucediendo en la Conahoba. Nosotros la integramos y asumimos porque el anterior delegado renunció, se llamó a un concurso al que se presentaron tres postulantes, se creó una Comisión y el Poder Ejecutivo nos eligió.

                Sinceramente estuvimos de acuerdo con un Diputado cuando esto se presentó en la Cámara de Representantes, en cuanto a que esto es un problema actual de la Conahoba de falta de herramientas, de voluntad de que la Comisión como tal funcione. Me consta –a pesar de que recién hace un año integro la Comisión– que los anteriores delegados, inclusive el Presidente, solicitaron varias veces a las autoridades todos los medios que la Conahoba necesita, como por ejemplo los inspectores. Consideramos que hacer un cambio hoy del Ministerio de Educación y Cultura al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es un retroceso. ¿Por qué digo esto? Porque ese Ministerio, por su naturaleza, trabaja con los animales como un producto y no con los derechos del bienestar animal. Una cosa es la sanidad animal, y otra distinta es el bienestar animal. Si hablamos de sanidad animal, una persona puede tener una producción intensiva, por ejemplo, de cerdos, que estarán bien vacunados y alimentados, pero generalmente están en jaulas y eso no es una condición de bienestar animal. Por eso consideramos que si efectivamente se produce el cambio, deberíamos tener la garantía de que no se modifique el espíritu de la ley.

                Cuando se aprobó la Ley Nº 18.741, que crea la Conahoba, fue respondiendo  a la voluntad popular de más de 30.000 personas que firmaron, preocupadas porque sus mascotas, sus animales de compañía tuvieran derechos. Con este cambio, seguramente  pasaremos a la órbita de un Ministerio que, reitero, considera a los animales como objeto de producción. Además, creemos que esto responde a una presión de los productores pecuarios, principalmente de los criadores de ovejas. Estamos trabajando en un proyecto con gente del INIA –que se está desempeñando muy bien–, en el que señalamos que hoy implantar las perreras no soluciona el tema. Los productores de ovejas –y las ovejas también– tienen derechos, pero se debe tener en cuenta que existen otros predadores, y con un manejo con determinado tipo de perro, este problema estaría solucionado. Implantar la perrera no soluciona el problema porque no va a contener a otros predadores como, por ejemplo, a un jabalí o a un mano pelada. Además, la mayoría de los perros –según lo que hemos investigado– tienen dueño, personas irresponsables que los dejan sueltos de noche.

                En relación a la reducción del número de delegados –hoy somos diez y se pretende reducir a cuatro–, se señaló que era excesivo y que no se llegaba a un consenso. En realidad, consideramos que no es tan así. Asimismo, se estaría dejando de lado a dos actores que son esencialmente importantes: los veterinarios y las protectoras. En definitiva, las protectoras son las que indefectiblemente amparan a los animales. Una Comisión de bienestar animal nunca podría funcionar sin ese apoyo. Es verdad que se los trasladaría a una Comisión consultiva, pero esta no es vinculante; por lo tanto, consideramos que sería un retroceso.

                En esa nueva propuesta, el Poder Ejecutivo reglamentaría los cometidos y la estructura. Pensamos que esto es interesante, porque la actual estructura de la Conahoba hoy está carenciada; los delegados estamos para tomar conocimiento de lo actuado pero no estamos para trabajar, digamos, a campo. Hoy lo estamos haciendo porque estoy colaborando con el Presidente que es el delegado del Ministerio de Educación y Cultura; por lo tanto, faltaría una estructura bien creada.

                Por último, cuando esto sea aprobado, vamos a presentar una propuesta de trabajo al Poder Ejecutivo, sobre la que también hicimos llegar un borrador a esta Subcomisión. En el ILDA, Instituto Legal de los Derechos de los Animales –que es la ONG que hemos creado–, hemos tratado ya con la Intendencia de Montevideo y acordamos que somos los administradores del Depósito Judicial de Semovientes. Por lo tanto, ya tenemos referencia de trabajar con el gobierno. Sería interesante poder trabajar en conjunto con la nueva Conahoba para diligenciar las denuncias. Este es un trabajo muy arduo y tenemos contacto directo con las seccionales y con los Jueces. Esta experiencia ya acumulada es muy beneficiosa para poder cumplir uno de los primeros cometidos de la Comisión –aunque no es el único–, que es recibir y diligenciar las denuncias de maltrato. Hoy se está recibiendo un promedio de cinco denuncias diarias de maltrato animal.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le agradecemos su presentación, hemos distribuido los materiales que nos ha acercado y consideraremos su propuesta.

SEÑORA COLOMBO.- Gracias a ustedes.

 

(Se retira de Sala la representante de la Comisión de Bienestar Animal).

 

(Ingresa a Sala una delegación de egresados de las carreras de la Universidad de la República).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Recibimos con mucho gusto a la delegación de egresados de las carreras de la Universidad de la República.

                La Presidencia les comunica que hay un atraso en los horarios de las audiencias, por cuanto les solicita que sean lo más concisos posible en el planteo. Si tienen materiales para entregar, los mismos serán repartidos a los señores Senadores. Asimismo, les solicitamos se identifiquen en el momento de hacer uso de la palabra.

SEÑORA GRAÑA.- Mi nombre es Virginia Graña, y soy abogada y escribana.

Venimos en representación de siete grupos de Facebook con aproximadamente 15.000 seguidores que reclaman diferentes cosas con respecto al Fondo de Solidaridad, desde su derogación hasta su reformulación.

                 A los efectos de avalar nuestro planteo, hemos recogido alrededor de 13.000 firmas de profesionales y egresados de carreras de UTU, a través de change.org.

                Desde siempre, los uruguayos nos hemos caracterizado por ser solidarios  con nosotros mismos y con personas de otras partes del mundo, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Sin perjuicio de lo expuesto y por imposición legal, hemos venido siendo solidarios coactivos ante los organismos del Banco de Previsión Social, Fonasa, IRPF, DGI, etcétera.

                Como todos sabemos, el Fondo de Solidaridad no tiene una marca partidaria. Fue creado durante el Gobierno del Partido Nacional, reformulado en el Gobierno del Partido Colorado y ahora se propone reformularlo  en el Gobierno del Frente Amplio.

                Todos sabemos que el Fondo de Solidaridad se compone también de un adicional que se creó en momentos especiales donde el presupuesto destinado a la universidad era insuficiente, pero según lo expresado por las autoridades del Gobierno, eso ha sido superado en la actualidad.

                 No está en nuestro ánimo cambiar nuestros sentimientos solidarios ni tampoco venimos a pedir que se modifiquen los artículos propuestos, sino que recurriendo a la solidaridad de los señores Legisladores, venimos a pedir que en un ámbito de tranquilidad y fuera de las premuras de la aprobación del Presupuesto, se nos dé la posibilidad de plantear muchos puntos que no son claros porque coliden con la realidad de la situación que vivimos los egresados universitarios dependientes e independientes; o sea, reformular este fondo en beneficio de usuarios y contribuyentes.

                Entendemos que los gastos en burocracia son demasiados, y eso conlleva que se requieran más ingresos para poder seguir otorgando becas a los estudiantes de la Udelar y de la UTU. Consideramos también que los contribuyentes no son los correctos ni tampoco los montos que se pretende cobrar, basados en preconceptos como, por ejemplo, que el estudio en la Udelar tiene mayores posibilidades de trabajo y con mejores remuneraciones. Sabemos que muchos profesionales no ejercen su profesión, no realizan ningún tipo de funciones que tengan como base el título y sin embargo son contribuyentes.

                Asimismo, los expertos en recursos humanos entienden que las personas que buscan trabajo y están sobrecalificadas están en condiciones desfavorables frente a los que se ajustan a los perfiles solicitados. Por tal motivo –tenemos experiencia en esto– muchos profesionales quitan de sus currículos sus títulos para poder competir.

                Estimamos también que no se les puede cobrar a los que supuestamente obtienen títulos intermedios, como el caso del título de procurador en la carrera de abogacía y notariado, porque es necesario para seguir la carrera, para obtener el título de grado.

                De esta manera, podríamos seguir mencionando muchos más elementos que hacen que el Fondo de Solidaridad sea injusto y no ajustado a la realidad.

                 En conclusión, venimos a solicitar que los artículos propuestos en el proyecto de ley sean desglosados y tratados en una ley común, con la participación de todos los involucrados. De aprobarse los artículos tal y como están, pedimos que su efecto no sea retroactivo porque muchos ya venimos haciendo aportes desde hace años y cuando ya casi estamos por cumplir los veinticinco años de aporte por una carrera –para  nosotros es suficiente– nos extiendan el plazo. Es como si alguien estuviera remando, casi por llegar a la orilla y le corrieran la costa. Yo me ahogaría porque son como diez o quince años más de aporte.

SEÑORA GARCÍA.- Mi nombre es Adriana García, soy odontóloga y estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de exponer la escribana Graña. Entre todas las declaraciones que hemos oído últimamente se ha señalado que esta reforma del Fondo de Solidaridad –lo ha dicho el señor Supervielle– es porque al jubilarse tantos profesionales el fondo se desfinancia y eso no es así porque está entrando mucha más gente a aportar de que la que se jubila. La cantidad de egresados de Udelar y de carreras terciarias de UTU es muy superior a la cantidad de jubilados. Hoy en día a los sesenta años nadie se jubila porque gracias a Dios estamos sanos y vitales, pero en el caso de carreras muy largas como, por ejemplo, medicina, ¡hay que lograr treinta años de aportes para poder jubilarse! Entonces, eso prácticamente es llevarlo a los setenta años. La verdad es que a partir de determinada edad estamos bien, pero ya nos encontramos cansados, agobiados por la profesión y por otros motivos.

                Tampoco estamos de acuerdo que en una Comisión honoraria se paguen sueldos muy considerables. Si sumáramos dos de esos sueldos podríamos pagar sesenta y seis becas más al año. Es una Comisión honoraria y consideramos que así debe seguir,  más allá de que tampoco nos gusta que se reforme su integración, que ahora va a estar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo. Está el Mides, el MEC y el MEF, pero no hay representación de los egresados, de los que mantenemos el Fondo de Solidaridad. La verdad es que nos gustaría estar al tanto, integrar una Comisión del fondo, ver a qué se destina exactamente nuestro dinero.

                Por más que digan que no, el fondo tiene fines confiscatorios. Hay más de ocho mil profesionales en el clearing porque no se han enterado de que hay que pagar el Fondo de Solidaridad –porque no informan– o sencillamente porque no han podido. Les pediría que con la mano en el corazón se acercaran a los profesionales –también me refiero a los egresados de UTU–, a todos los que aportan al Fondo de Solidaridad. Van a ver casos sangrantes; tenemos compañeros que tienen un sueldo de $ 10.000 y después van a comisión según el trabajo que realicen. Eso es muy fluctuante, pueden tener meses muy buenos pero otros muy malos y no pueden exonerarse de pagar al fondo un mes, tienen que pagar el año completo. Aunque los señores Senadores no lo crean, la gran parte de los profesionales –y por eso les vuelvo a pedir que se acerquen, que averigüen y que investiguen– tienen sueldos de $ 25.000 o de    $ 30.000, por lo cual no exoneran el fondo. Si se aprueba esta ley se aumenta el monto y con eso estamos absolutamente de acuerdo, pero se sube a             $ 24.000 que, de todos modos, tampoco es un sueldo nominal enorme. Reitero que estamos de acuerdo con que se aumente el monto mínimo no imponible porque el de ahora es absurdo y el próximo es un poquito mejor, pero tampoco se trata de que eso descargue mucho; solo un 17% de los profesionales va a estar por debajo de esos $ 24.000 de mínimo no imponible.

                Les pedimos que se pongan  una mano en el corazón y piensen con la cabeza fría. Queremos que este tema se desglose del presupuesto y que se estudie aparte porque es un tema muy delicado y con muchos artículos.  Nosotros estamos dispuestos a reunirnos con Senadores y con Diputados, para aportar y buscar soluciones que beneficien a todos: los becarios y los que aportan al Fondo de Solidaridad.

SEÑOR HEBER.- Rápidamente porque venimos atrasados con las audiencias, damos la bienvenida a la delegación y, a la vez, pedimos las disculpas por el apuro.

                Hace poco tiempo nos enteramos, mediante un señor Senador, de lo que ganaba el gerente. Diría que esta es una historia de nunca acabar porque, desde la creación, el Fondo de Solidaridad iba a servir para ayudar, justamente, a quienes en definitiva no tenían posibilidades de generar o tener condiciones económicas como para emprender una carrera, pero se fue desnaturalizando notoriamente. El adicional fue para atender un momento de crisis; supuestamente, después de que se logró salir de ella, se tendría que haber bajado y haber sustituido esa parte con Rentas Generales. Así como en momentos de crisis pedimos a los profesionales que hicieran un esfuerzo y lo hicieron, hubiera sido lógico que, a la salida de aquella –hace tiempo que ya no estamos en crisis, aunque se presenten otras, pero espero que no–, se hubiese revertido la situación.

                En lo personal, estoy de acuerdo con una reformulación del Fondo de Solidaridad y con que se levante el mínimo no imponible –creo que estaba en aproximadamente $ 12.000– porque es injusto.

                La cuestión aquí es la siguiente. Citemos como ejemplo el caso de una persona que, supongamos, por el nuevo régimen gana arriba de $ 25.000, tiene cuarenta años –tengamos presente que se reciben con poco más de veinte años– y se jubile a los 65 años de edad –o a los 70, como aquí se ha dicho–; en fin, cuarenta años de aporte. Eso significaría que el costo de la carrera podría llevar a que la universidad no fuera más gratuita. Se podría decir que el Fondo de Solidaridad puede ayudar porque le fue exitosamente bien, producto de que el Estado uruguayo y la sociedad en su conjunto  le dieron una universidad gratuita. Ahora bien, en ese «éxito» –dicho esto entre comillas, porque $ 25.000 no se puede considerar éxito profesional–, cuarenta años significaría que la Universidad del Uruguay dejaría de ser gratuita; se pagará después, pero se paga. Me gustaría conocer este número para analizarlo a la hora de la propia discusión interna. Esta inquietud que planteo es concreta porque no tenemos mucho tiempo; en realidad, no sé si la delegación maneja algún número promedio como para poder ayudarnos a razonar este tema importante de fondo.

SEÑOR GERSTENFELD.- Soy veterinario y no ejerzo mi profesión; trabajé mientras estudié y de esa manera pude solventar mi carrera.

                He pagado el Fondo de Solidaridad en mi despido cuando, en el 2002, lo consideraron como un ingreso. Y lo pagué.

                Si hacemos un cálculo con el régimen vigente hasta ahora, cada profesional –como yo en veterinaria– superaba los USD 10.000; con el nuevo régimen y pagando diez años más, estaría pagando USD 15.000. Lo más curioso es que la persona que es becaria, el día que se reciba teóricamente entra en el mismo régimen; esto es, terminará pagando más de lo que le dieron. O sea que si esto fuera un préstamo, de hecho, la persona lo estaría devolviendo. Si yo pudiera prestarle la plata a alguien, mano a mano, por un período de cinco años para que estudie –que es el promedio que lleva una carrera–, cuando se reciba, bastaría con que me la devuelva a mí, ni siquiera al Estado. Yo se lo presto y no le cobro intereses, esa persona me lo devuelve y todavía le sobra dinero.

SEÑORA BRUNO.- En primer lugar, quiero decir que soy contadora y voy a hablar un poco de lo que implica este impuesto para nuestros ingresos.

                En el año 1994, cuando se creó ese impuesto, los profesionales que trabajábamos en forma independiente solo estábamos gravados con el IVA. A su vez, como ya lo explicaron, este tributo no era tan gravoso, era por menos años, y solo lo pagaban aquellos que ejercían su profesión, ya que quienes no ejercían podían hacer un trámite, una declaración de no ejercicio, y obviamente, no lo pagaban. En el año 2002, con el contexto de crisis, se modificó el monto, el plazo y se creó el adicional. Para algunos profesionales haber aplicado este adicional implicó que el impuesto que estaban pagando por Fondo de Solidaridad se duplicara. Además, con esta modificación se amplió la población de sujetos pasivos del impuesto, porque ya no solo lo pagaban quienes ejercían su profesión, sino cualquier profesional cuyo ingreso superara las seis bases mínimas de prestaciones y contribuciones, que aproximadamente equivalen a $ 12.000,  aunque provenga de algo que nada tiene que ver con lo que estudió. Además de esto, en el año 2007, con la reforma tributaria, los profesionales independientes y dependientes pasamos a estar gravados con IRPF, por lo que la carga tributaria que tenemos que soportar se ha duplicado. Estamos gravados por el IRPF por nuestra capacidad contributiva, como cualquier ciudadano, pero también por el Fondo de Solidaridad, por haber estudiado en una institución supuestamente gratuita. Para muchos profesionales esto implica una carga muy pesada, ya que como explicó el Senador Heber, no todos tenemos altos ingresos, hay muchos que tienen que hacer un verdadero esfuerzo para estar al día con el fondo, que no los embarguen y manden al clearing.

SEÑORA GRAÑA.- Para cerrar nuestra exposición quiero agradecer muchísimo que nos hayan recibido y reiterar que lo que planteamos es que, de ser posible, se desglosen los artículos y que no sea retroactivo, es decir, que se aplique para los que egresan a partir de la aprobación del Presupuesto.

 

(Se retiran de Sala representantes del Grupo de Egresados de las Carreras de la Udelar).

 

(Ingresan a Sala representantes de la Asociación Nacional de Protección Animal).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tenemos el gusto de dar la bienvenida a la delegación.

SEÑORA GUARNERIO.- Quiero agradecerles a todos el tiempo que se están tomando para escuchar nuestro planteo.

SEÑOR SEQUEIRA.- Sabemos que la Cámara de Representantes aprobó el pasaje de la Comisión de bienestar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que era algo que no queríamos que sucediera. Ahora, como ya sabemos que eso va a quedar firme, al menos queremos intentar que se nos tenga presentes en la Comisión ejecutora que va a tener esta nueva Comisión.

                Hemos sido, desde siempre, los que trabajamos en pro del bienestar animal y creemos que el Ministerio solo va a poder solucionar este problema     –si es que así lo desea– trabajando codo a codo con nosotros. En cada Intendencia de cada departamento hay varias organizaciones que tienen centenares de perros, de caballos requisados por maltrato, gatos y trabajan con la fauna –que es cada vez más creciente en el país– sin que haya un buen control. También sabemos que la Comisión de Zoonosis no ha hecho una buena campaña y, entonces, nosotros seguimos trabajando y solucionando un problema que tendría que estar resuelto hace mucho si se hubiera atendido el trabajo que venimos desarrollando desde hace tiempo.

SEÑORA GUARNERIO.- Como dijo el compañero Sequeira, en realidad somos los animalistas, tanto las asociaciones civiles como las diferentes protectoras de animales, quienes hemos estado codo a codo trabajando en el mismo problema: el maltrato animal y el abandono.

                Estuvimos activamente trabajando hasta la promulgación de la Ley        Nº 18.741, de tenencia responsable de animales, que fue promulgada en 2009. También ese año, mediante la elección que llevamos a cabo nosotros, con un llamado en el Diario Oficial, etcétera –porque queríamos que fueran lo más limpias posibles– se eligió al primer representante de las asociaciones civiles que tenían por objeto la protección animal. Sabemos que se trabajó y mucho; es algo muy sacrificado que se hace con mucho gusto.

                También fuimos activos cuando se reglamentó la Ley Nº 18.471 en marzo de 2014. La ley marco y su reglamentación son un ejemplo para América Latina. Siempre nos sentimos orgullosos de la actividad que realizamos y de las leyes que se promulgaron.

En este caso, queremos hablar de dos temas fundamentales. Uno es el que se refirió Sequeira: no estamos de acuerdo con el traspaso de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal del Ministerio de Educación y Cultura al de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ahora, por la votación en la Cámara de Representantes, que  fue de 70 votos a favor del traspaso contra 21, y por diferentes sondeos que hicimos con los Senadores, sabemos que esto ya está casi resuelto. La propia Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal cavó su fosa; no cumplió con ninguno de los cometidos que le dio la Ley Nº 18.471 y la frutilla de la torta fue cuando estuvieron reunidos en la Comisión con los señores Diputados que, lamentablemente, fue el acabose. Nosotros no nos sentimos representados con la actual Conahoba porque las personas que representan a las protectoras no fueron elegidas por estas,  como sucedió en el año 2009.

                El otro tema refiere al actual proyecto de ley. Desde el artículo 271 al 275 inclusive, se crean diferentes comisiones. En el caso de la Conahoba dejaría de existir  y se crearía la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Esta Comisión estaría integrada por un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, uno del Ministerio de Salud Pública, uno del Ministerio del Interior y uno del Congreso de Intendentes. En esta Comisión no estamos representados y consideramos que tendríamos que tener un representante, elegido libremente, como se hizo en el año 2009 –lo elegimos nosotros–, dado que somos los que estamos codo a codo con la ciudadanía y con la persona que ve el maltrato animal en el día a día.  Por lo tanto, nosotros podríamos aggiornar esa Comisión y ser su motor porque, en definitiva, somos los que libre y voluntariamente elegimos esta actividad.

                Nosotros decimos que ya que hay tres representantes del Poder Ejecutivo y uno del Congreso de Intendentes, sería bueno que se pudiera agregar –por eso hoy estamos aquí ante ustedes– un representante de las protectoras de animales. No quiero ser reiterativa, pero nosotros somos quienes podríamos aggiornar, contribuir con el trabajo de la Comisión, porque estamos en la casuística y en el día a día.

                Por otro lado, estaríamos representados en una Comisión consultiva pero esta no sería tan ejecutiva. Sin perjuicio de esta representación, quisiéramos saber si es posible que se tenga en cuenta lo que mencioné anteriormente.

SEÑORA DE FREITAS.- Soy una de las integrantes del refugio Vida Animal y me gustaría referirme a lo que ha dicho mi compañera Guarnerio con ejemplos concretos. Una Comisión de bienestar animal no puede trabajar sin protectoras, porque eso implicaría que el Estado se tendría que hacer cargo de todos los animales que se quiten a sus dueños por abandono o maltrato. ¿Cómo podría el Estado hacer esta tarea sin las protectoras? Por eso, consideramos que es importantísimo que las protectoras tengamos representación en el ejecutivo. De lo contrario, si las protectoras nos negamos al ingreso de los animales producto de las requisas, la Comisión no va  a poder trabajar y no tendrá dónde llevar los animales. El Estado no está preparado para agarrar ese fierro caliente. Entonces, me parece que lo más importante en este momento es que estemos representados, con un representante elegido por nosotros, que tengamos voz y voto y que podamos trabajar en equipo con quienes integren la Comisión.

SEÑORA GUARNERIO.- Este proyecto de ley deja vigente la Ley Nº 18.471 y solamente revoca determinados artículos. Nosotros consideramos que es importante que haya un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio del Interior pero la reglamentación de esta Ley Nº 18.471 crea las pequeñas Conahoba departamentales. Nadie mejor que las protectoras, que estamos organizadas, para dar una mano en la tarea de las Conahoba departamentales. No quiero ser reiterativa pero quiero que quede claro que tenemos la infraestructura, los refugios y la gente que se necesita como para atender el día a día y la casuística. Dado que esta parte de la reglamentación sigue vigente, me parece que nadie mejor que nosotros para dar una mano a estas pequeñas Conahoba. En definitiva, es como decía Gandhi, la grandeza de un pueblo y su progreso moral se miden en la forma en que se trata a los animales. No nos olvidemos que tenemos la obligación moral de representar a los animales, porque no tienen voz. Nosotros elegimos esto, otros decidieron ayudar a otras personas. En nuestro caso, estamos bien haciendo esto, sin perjuicio de que también hagamos cosas para ayudar a los demás y es lo que venimos a ofrecer.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, el planteo ha sido muy claro.

 

(Se retiran de Sala la delegación representante de Protectores de Animales).

 

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios del Tribunal de Cuentas).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Damos la bienvenida a los representantes de la Asociación de Funcionarios del Tribunal de Cuentas.

SEÑORA DELLAPIAZZA.- Muy buenos días y gracias por recibirnos.

Antes de comenzar con los artículos que venimos a defender –que son solo tres– quiero expresar mi opinión sobre el Tribunal de Cuentas, organismo para el que trabajo desde hace años.

Como entidad fiscalizadora superior de nuestro país, el Tribunal de Cuentas constituye uno de los pilares de la democracia y da garantías técnicas al proceso del gasto público, a los estados financieros de los organismos públicos, a aquellos que administran fondos públicos y a sus rendiciones de cuentas. Con su tarea apoya a los administradores de fondos públicos a mejorar su gestión. Desde el punto de vista presupuestal, somos un organismo pequeño pero enorme en cuanto a los cometidos que nos asigna la Constitución y la ley. Somos el brazo técnico de los parlamentarios.

La actuación del Tribunal de Cuentas, como entidad fiscalizadora superior, debe marcar una diferencia en la vida de los ciudadanos. Con su actuación, agrega valor y sustenta mecanismos de rendición de cuentas que, a su vez, conducen a mejores decisiones de los administradores. Así se promueve la eficiencia, la eficacia, la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

En una democracia se crean estructuras y se empodera a los representantes electos para implementar la voluntad de la población y actuar en su nombre a través del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Un riesgo que se debe considerar en las instituciones públicas en democracia es que el poder y los recursos se administren o utilicen inadecuadamente, conllevando a un desgaste de la confianza que puede socavar la esencia de un sistema democrático.

Una entidad fiscalizadora superior como es el Tribunal de Cuentas, independiente, eficaz, eficiente y creíble, que examine la administración y el uso de los recursos públicos, es un componente importante en el afianzamiento de la democracia y es una garantía para los administradores. Por ello, el Tribunal de Cuentas debe contar con los mecanismos apropiados para hacer su trabajo y el seguimiento de sus recomendaciones. Debe procurar mantener su autonomía financiera y contar con recursos humanos, materiales y financieros apropiados.

SEÑORA LOMBIDE.- También hace muchos años que trabajo en el Tribunal de Cuentas.

                A partir del año 2014, la asociación de funcionarios ha tenido una actuación más activa en la negociación colectiva con el cuerpo de Ministros. De esa negociación colectiva surgió el articulado que remitió el cuerpo de Ministros. Para nosotros es importante defenderlo, porque incluso tuvimos que moderar para que pudieran  ser presentados por ellos. En virtud de que los tuvimos que bajar bastante, no queremos perder esta oportunidad de venir a defenderlos.

Tenemos entendido que hay problemas de decisiones políticas en relación a modificar lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Sinceramente, ese tipo de mecanismos nos preocupa porque, en definitiva, dejan muy poco para esta instancia. El hecho de que se pueda haber tomado alguna decisión de no hacer modificaciones a lo que aprobó la Cámara de Representantes –así nos lo dijeron algunos diputados con los que conversamos antes de tener esta instancia– nos desestimulaba un poco para venir a defender los artículos, pero entendimos que debíamos hacerlo porque hay tres artículos sin costo, entre ellos la presupuestación de los contratados.

                El Tribunal de Cuentas empezó con un sistema de concursos para el ingreso de funcionarios, como está contemplado en el artículo 1º. Hay personas contratadas hace ya más de tres años y medio y otra tanda que tiene un poco menos de antigüedad, pero no tenemos una cláusula automática que los pase a presupuestación.

                La transformación de cargos siempre queda supeditada a que se apruebe la ley de Presupuesto nacional por el Parlamento. Es decir que los funcionarios que están contratados deben esperar a que haya un artículo que lo prevea y esta es la instancia presupuestal que se estaba esperando.

                Entonces, el artículo 1º –en el que se decía que se podrá presupuestar a los funcionarios contratados en régimen de función pública del organismo sin generar costo presupuestal ni de caja con los requisitos que establecerá el tribunal y las condiciones para su presupuestación– no podría haber sido dejado de lado. El Ministerio de Economía y Finanzas no lo incluyó en su articulado y realmente es algo por lo que queremos seguir luchando –valga la palabra tan manida– para que sea tenido en cuenta.

                La compañera Dellapiazza me pide una interrupción.

SEÑORA DELLAPIAZZA.- Voy a decir cuán importante es la presupuestación de esos contratados, que tiene costo cero para el Estado.

El Tribunal de Cuentas tenía una plantilla envejecida de funcionarios. Habían ingresado algunos contadores y abogados, pero no administrativos. Esta tanda de 75 contratados está constituida por 30 abogados y contadores, y 45 administrativos. Es importante para el tribunal no solo la parte sustantiva –si bien es un organismo muy técnico– sino también la parte de apoyo.

Con el avance de las nuevas tecnologías y el ingreso de esa gente, el Tribunal de Cuentas ha tenido un cambio notorio y muy bueno: ha habido una fusión de experiencia y de juventud. Además, hemos tenido la suerte de que esas 75 personas estén calificadas por sus directores –como Presidenta del gremio tengo que ocuparme y preocuparme por si alguno anda mal, y no solo de pedir aumento– con muy bueno y matices de sobresaliente.

                Entre esta gente nueva hay que destacar un alto índice de natalidad, porque casi todos son jóvenes, que tienen sus parejas e hijos. Por ejemplo, hay muy buenos planes para adquirir vivienda, pero a los que estos funcionarios no pueden acceder dado que no son presupuestadas. Me parece que se lo merecen y que agregan valor al Tribunal de Cuentas. Si bien tiene costo cero, en realidad esa presupuestación es un plus porque da valor al tribunal y a la democracia, conlleva un montón de cosas.

SEÑORA LOMBIDE.- Me queda poco tiempo, pero como se repartió el material voy a ser muy breve.

                El artículo 6º regulariza una situación de un dinero que ya se está distribuyendo como una partida adicional –viene a ser como un segundo aguinaldo–, pero que no está en el grupo o en el renglón correspondiente. Es decir que tampoco conlleva un costo.

                El otro artículo tiene que ver con la posibilidad de aumentar la tasa en 0,3 por 10.000; hoy está en 1,5 y podría pasar a 1,8. Se trata de una tasa que paga el Estado y que va a ir a dar, de nuevo, al Estado, hacia el Tribunal de Cuentas; por eso consideramos que no tiene costo.

                En relación a lo que dijo la señora Dellapiazza en cuanto a los contratados, evidentemente, presupuestarlos los haría sentir más seguros. Hoy en día la gente se sigue presentando a otros concursos para puestos que ofrecen mejores remuneraciones. Hace 15 años que el Tribunal de Cuentas está sin una mejora en las remuneraciones y eso hace que permanentemente se esté yendo la gente mejor capacitada para otros puestos.

                Gracias.

SEÑORA DELLAPIAZZA.- Quiero decir que no solo venimos a pedir, sino a comprometernos para mejorar la gestión. De hecho, vamos a hacer algunos trabajos para llegar más a la ciudadanía. Pensamos aplicar nuevos indicadores, no solo en lo institucional porque creo que pedir debe tener, como contraprestación, un servicio. Queremos mejorar nuestra gestión y que la entidad fiscalizadora superior tenga el valor que debe tener, como sucede en los organismos de la región.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha sido muy claro el planteo, lo consideraremos oportunamente.

Muchas gracias por venir.

 

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios del Tribunal de Cuentas).

 

(Ingresan a Sala los representantes de los docentes del sector agrario del Consejo de Educación Técnico Profesional).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Damos la bienvenida a los docentes del sector agrario del Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU.

                Estamos un poco atrasados y pedimos a todas las delegaciones la mayor concreción en sus planteos. Obviamente, el material de apoyo que traen se repartirá a todos los señores Senadores.

                Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR PEREYRA.- Buenos días. Soy docente del Consejo de Educación Técnico Profesional de UTU, del sector agrario.

                Nuestra propuesta es informar cuáles son las características del sector agrario de UTU y de sus docentes. Este sector, que depende del programa Educación para el Agro, tiene un total de 30 escuelas agrarias más 27 cursos agrarios en escuelas técnicas, abarca una superficie de 7.000 hectáreas en todo el país y produce entre USD 1:500.000 y USD 2:000.000, de proventos por año, incorporando el dinero del canon minero, que paga la minera San Gregorio en el departamento de Rivera, en la villa Mina de Corrales.

 A todo esto se agrega que los docentes agrarios tenemos algunas características específicas. Nuestro cargo es de 40 horas reloj, que son pagadas en dos partes: 20 horas de docencia directa y 20 de docencia indirecta. Los señores Senadores van a ver, en la información que les hicimos llegar, una disposición de la ANEP del año 2007 que establece que la docencia indirecta debe remunerarse como docencia directa.

Por otra parte, estamos hablando de horas reloj, de 60 minutos, y la ANEP tiene fijada una hora clase de 45 minutos. Esto se traduce en 53 horas clase todo el día, porque si bien podemos estar en una clase, en docencia directa, cuando no lo estamos tenemos que intervenir, muchas veces, en acciones de los propios alumnos. Entonces, siempre es docencia directa.

                También trabajamos hacemos guardia, siempre queda un docente agrario a cargo de la escuela, los fines de semana, en las vacaciones, el 1º de Mayo, el 1º de Enero, el 25 de Diciembre, etcétera, porque se debe atender el sector productivo. Casi todas –o todas– las escuelas tienen un sector de producción de tambo donde se hacen las prácticas y hay que ordeñar las vacas y alimentar  a los terneros. Entonces, no se puede parar.

Además, con los docentes de la Universidad del Trabajo tenemos una enorme diferencia salarial que llega, en los casos del grado 7, a un 45%, siendo que estamos el mismo tiempo dentro de la escuela y somos tan docentes como ellos.

                Por otro lado, hay docentes básicos con 40 horas que no hacen docencia directa. Son los jefes de internado y los ayudantes de jefe de internado, que se quedan con los muchachos durante la noche. Olvidé decir que el sector agrario atiende a 4.000 alumnos en todo el país, de los cuales 3.300 están en régimen de internado y de seminternado. A los internados se les atiende con cuatro comidas diarias –desayuno, almuerzo, merienda y cena– y los seminternados, tres comidas –desayuno, almuerzo y merienda–, y algunos de ellos solo consumen dos comidas. Estos gastos corren por cuenta de la UTU, que compra algunos víveres, y los demás se producen en la propia escuela, como leche, carne y verduras.

                Es nuestro interés que esa inequidad que existe entre nuestros salarios y los del resto de los docentes de la ANEP se corrija. Lo que sucede es que somos 256 en todo el país, y frente a un bolsón de inequidad, la mayoría ejerce mayor fuerza como para corregir eso. Entonces, a nosotros nunca nos corrigieron lo que se llama la unidad docente compensada, constituida por las segundas 20 horas de clase. Más allá de todas las disposiciones de la ANEP, nunca se corrigió la situación de inequidad en la que estamos.

                En definitiva, nuestra idea es que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda incorpore al Presupuesto general del Estado –no sé de qué manera se hace– una norma que pueda corregir la inequidad que afecta a los docentes agrarios de todo el país.

SEÑOR PEDROZO.- Quiero aclarar que dentro de las escuelas agrarias hay diferentes cargos, lo que lleva a que nosotros mismos percibamos distintos salarios. En el material que hemos enviado figura como PANS el profesor agrario de nivel superior, que tiene un perfil profesional, ya sea ingeniero o veterinario; ahora, el PAE –profesor agrario experto–, el IA –instructor agrario– y el MMA –maestro de manualidades agrarias– tienen perfil técnico. Quiere decir que nosotros mismos tenemos una pirámide salarial. Si nos comparamos con los docentes de cualquier escuela técnica, un abogado que da clases de derecho gana lo mismo que un profesor de taller de carpintería.

                Por eso estamos proponiendo la unificación del cargo básico, para que todos ganemos lo mismo porque cumplimos la misma función.

SEÑOR PEREYRA.- En el material que les dejamos estamos solicitando la unificación de todos los cargos básicos agrarios que mencionó el compañero en dos: un cargo docente básico agrario de docencia directa equivalente a 53 horas, y un cargo docente básico agrario de docencia indirecta equivalente a 40 horas, para el caso de los maestros de internado y ayudantes de internado. Estos últimos no están relacionados con la producción, no hacen guardias porque no tienen vinculación con la tarea productiva, trabajan de noche. Por su parte, el maestro de internado se encarga cuando los muchachos no están en clase, porque cuando están en clase, cada uno está en su taller. Entonces, aquí sí hay una diferencia en el trabajo.

                Lo que decía el compañero es que entre los cargos no hay una diferencia de trabajo; nosotros damos las mismas clases que dan ellos, lo que sucede es que este sistema data de mucho tiempo, de cuando las clases prácticas se diferenciaban de las teóricas y tenían diferente remuneración. Pero en ningún sistema de ANEP la clase teórica vale más que la práctica; la hora de clase vale exactamente lo mismo.

                En resumen, son dos propuestas: la de unificación de los cargos a básico agrario y que los básicos agrarios tengan una remuneración equivalente a 53 horas clase los de docencia directa, y a 40 horas clase los de docencia indirecta.

SEÑOR VIVIAN.- Quiero aclarar que, en realidad, no estamos pidiendo un aumento salarial, sino una equiparación, que es diferente. Eso es lo que venimos pidiendo desde hace prácticamente 30 o 40 años, que es el tiempo que hace que estamos en esa situación de inequidad, situación que nos tiene atados de manos y que no nos deja avanzar desde el punto de vista salarial; nuestro salario siempre va a ser menguado. Esa es la problemática que tenemos y queríamos dejar bien claro que se trata de una inequidad, que no estamos pidiendo un aumento caprichosamente, sino una equiparación, que es algo diferente.

SEÑORA PRESIDENTA.- El planteo ha sido claro y tenemos el material de apoyo.

                Les agradecemos la presencia y oportunamente consideraremos vuestro planteo.

 

(Se retira de Sala la delegación de docentes del sector agrario del Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU).

 

(Ingresa a Sala una delegación de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Recibimos con mucho gusto a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes.

SEÑOR SASSI.- Soy el Presidente de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, FUTI.

                Voy a hacer referencia al material que les hemos entregado, con una pequeña conclusión al final.

                Agradecemos la atención que han tenido en recibirnos y conscientes del momento y las tareas que están desarrollando en la definición del Presupuesto Nacional, trataremos –precisamente como se nos solicitó– ser muy concretos.

                A nadie escapa que la elaboración presupuestal simboliza el país que deseamos para nuestro futuro y en esa proyección no nos imaginamos un Uruguay sin apostar y sostener los espacios culturales que con tanto esfuerzo hemos construido como comunidad. En el área específica del movimiento teatral la tarea y la historia son conocidas por todos y no vamos a redundar en ellas. Pero es válido recordar la lucha de los hombres como Zavala Muniz para la creación de un elenco público, como la Comedia Nacional, o la implementación de nuestra Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, Margarita Xirgú. Somos uno de los pocos países de Hispanoamérica que cuenta con un elenco estable oficial y tómese este ejemplo solo a modo de reconocer el esfuerzo público frente al formidable desarrollo de las artes escénicas que se sucedió fundamentalmente a partir de la década del treinta.

Ese desarrollo llegó a consolidar un movimiento teatral que, si bien debe verse como un todo, hay que tener presente sus diferencias de producción. Nadie podría imaginar el Uruguay de los próximos años sin el teatro independiente, sus salas, sus salidas en los barrios, sus escuelas de formación, su intercambio permanente con el interior y exterior, su poderosa infraestructura de más de 20 salas, con una capacidad de producción y calidad artística que no deja de sorprender. Recorrer la historia del teatro independiente es reconocernos como comunidad, en un transcurrir histórico, que solo puede entenderse en el grado de compromiso de hombres y mujeres que, afirmados por un reconocimiento y apoyo social indiscutido, entregaron gran parte de sus vidas en su construcción. No fue un movimiento improvisado ni espontáneo; nutrido por principios muy claros, siempre buscó lo colectivo como forma de organización y es fácilmente reconocible en los estatutos de estas instituciones culturales sin fines de lucro. Pero también apostaron a un nivel superior de articulación colectiva que hoy nos toca representar: la Federación Uruguaya de Teatros Independientes.

En marzo de 1947, reunidas dieciocho instituciones teatrales de Montevideo y del interior –de las cuales varias permanecen al día de hoy en la federación como fundadoras e iniciadoras de una época– convienen que hallándose sujetos a las mismas necesidades y abocados a los mismos problemas, se hace necesaria una agremiación en la que por medio de la ayuda mutua y la unión de  fuerzas e ideales se consiga un mejor porvenir para el movimiento del teatro independiente  en nuestro país. Entendiéndose por teatro independiente, aquel grupo que tenga una calidad artística general que realice su gestión artística sujeto a una categoría de buen teatro y manteniendo una línea elevada de arte y que no encara al teatro como una empresa comercialmente lucrativa de manera esencial.

                Es de conocimiento y reconocimiento público el rol que los artistas jugaron en la resistencia a la dictadura y en todos los frentes, pero esto es ampliamente conocido por todos los señores Senadores y lo recordamos solo para despejar cualquier duda del compromiso social que se mantiene intacto en cualquier circunstancia histórica.

 Cabe destacar que nunca dependimos de fondos públicos y nuestros bienes –finalmente de la comunidad– se conquistaron con el apoyo popular y miles de horas de trabajo voluntario. Construimos salas y las reconstruimos cuando nos las robaron los dictadores.

Actualmente la FUTI está integrada por veintiocho grupos que administran veinte salas. En ellas, si bien la actividad principal es el teatro, se reciben a los músicos, bailarines, escritores y son espacios de gran intercambio con los colegas de la región. Ha sido un principio básico concebirlas como espacio de integración social, de acceso democrático a la cultura, de apoyo permanente a la educación.

La tarea de extensión cultural –extender el aula al escenario– ha implicado casi una rutina de todos nuestros niños y jóvenes. Más de cien mil de ellos pasan anualmente por nuestras plateas o vamos nosotros a sus escuelas y liceos.

 Hemos desarrollado un importante trabajo de descentralización al interior del país y somos reconocidos por ello, por nuestra permanente presencia en  encuentros y festivales, pero también estamos en cada barrio junto a los vecinos, sea con obras que llevamos o talleres que desarrollamos para estimular la creatividad que todos somos capaces de llevar adelante. ¿Se puede comprender que esta actividad se mantenga en el tiempo sin apoyo público que permita un mínimo de estabilidad?

Por el problema económico hemos ido observando, con el paso del tiempo, el deterioro que se  va haciendo más importante en todo nuestro  trabajo de extensión y de formación. Entre otros han desaparecido las escuelas de teatro independiente –ejemplo en nuestro medio–  donde se formaba a la gente gratuitamente. Cada vez se hace más difícil ir a los barrios, al interior, debilitándose así todo nuestro trabajo para vecinos, niños y jóvenes que representan nuestra labor de descentralización.  También ocurre lo mismo con lo referido al interior, porque creemos que somos el único país que no cuenta siquiera con pasajes para las giras artísticas.  El monto  de mantenimiento y funcionamiento de salas, sin contar los costos de producción, es de                   $ 38:000.000 al año, aproximadamente. ¿Qué implica? Sostener  las  fuentes de trabajo –más de 120 funcionarios fijos y sus familias–; atender el vertiginoso avance tecnológico que nos  obliga adecuarnos a sus requerimientos; cumplir con la seguridad y las habilitaciones exigidas por bomberos y la Intendencia de Montevideo, con costos muy elevados; poner a punto nuestros espacios de acuerdo con las necesidades de la accesibilidad universal. Ante todo esto, se hace imposible llevar adelante el quehacer del teatro independiente, apoyándonos en el voluntariado.

Existen fondos para la financiación puntual de proyectos teatrales a los que se puede acceder si se tiene la suerte de ser seleccionado. Hasta el momento el único fondo que hemos obtenido y que dio oxígeno a FUTI y a sus salas ha sido el de la Intendencia de Montevideo en el último período 2010 – 2015, con un aporte anual de $ 10:000.000 que representaba una compra de servicios, dado que como contraprestación las salas acogieron otras disciplinas como danza, música, títeres, circo, escritores en forma gratuita y reservaban el 20% de sus localidades para recibir a los vecinos, incluyendo a los jóvenes poseedores de la tarjeta Montevideo Libre. A esta altura no sabemos si en el presente ejercicio esto tendrá continuidad.

FUTI considera que una subvención calculada de $ 25:000.000 permitiría democratizar más el uso de los recursos, porque cubriendo los costos fijos, los grupos que no tienen sala podrían acceder  con todos los beneficios a la sala de la federación.

Como preservadores de nuestra identidad, necesitamos de un compromiso de futuro para continuar desarrollando esta herramienta de cultura y educación que es el teatro.

                Para finalizar, queremos agregar que para FUTI es muy importante el subsidio de $ 8:000.000 anuales votado por la Cámara de Representantes. Por primera vez, en casi setenta años de vida, el teatro independiente es reconocido y apoyado por el Estado. Es cierto también que este subsidio contemplaría solamente una tercera parte de lo pedido para cubrir las necesidades básicas de la FUTI y sus salas.

                Nuestra presencia hoy aquí tiene como fin solicitar a los señores Senadores un incremento de lo otorgado, lo que nos aseguraría un poco más de oxígeno. Sabemos de las dificultades existentes, puesto que seguramente no somos los únicos que estamos solicitando apoyo. De todas maneras, apelamos a vuestra voluntad para lograr algo más.

SEÑORA PRESIDENTA.- El planteo ha quedado muy claro y lo vamos a considerar.

Sabemos que la Cámara de Representantes aprobó ese subsidio, pero de acuerdo al planteamiento que ustedes realizan, es absolutamente insuficiente.

                Oportunamente será considerado.

                Agradecemos vuestra presencia en el día de hoy.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Quisiera hacer una pregunta –y simplemente por curiosidad personal– con respecto al subsidio o contraprestación que tenían con la Intendencia de Montevideo. ¿La FUTI piensa realizar este planteo también en el Congreso de Intendentes? Lo pregunto teniendo en cuenta que ustedes abarcan varias regiones, no solo en Montevideo sino también el interior del país.

SEÑOR SASSI.- Al respecto, deberíamos tener en principio una charla con la gente de la Junta Departamental de Montevideo, dado que esto salió desde este departamento y luego sí, unidos con la Asociación de Teatros del Interior, dirigirnos precisamente al Congreso de Intendentes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a la delegación de FUTI por la información.

 

(Se retira de Sala una delegación de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes).

 

(Ingresan a Sala representantes de la Cruz Roja Uruguaya).

               

SEÑORA PRESIDENTA.- Recibimos con gusto a los representantes de la Cruz Roja Uruguaya.

Como saben hay un atraso en el horario previsto para las audiencias       –son muchas las delegaciones que aún restan por venir en la jornada de hoy–, por cuanto la Presidencia les solicita que sean lo más concretos posible y comunica que, si tienen material de apoyo para entregar, será repartido a los señores Senadores y adjuntado a la versión taquigráfica.

SEÑORA GARCÍA.- Buenos días. De parte de todas las autoridades de Cruz Roja Uruguaya, agradecemos la oportunidad que nos brindan de concurrir a esta Subcomisión y el tiempo que nos dedican. Vamos a tratar de ser breves.

                Mi nombre es Nibia García, soy la Presidenta Nacional de Cruz Roja Uruguaya y vengo acompañada por la Presidenta del Comité Departamental de Paysandú, profesora Mary Zapata –en representación de Cruz Roja del interior–; por la Secretaria General, profesora Yolanda Cabrera; por el contador y consejero Daniel Tami, y por el doctor Walter Meerhoff.

Queremos presentar a los señores Senadores nuestra situación actual en la Cruz Roja.

                La Cruz Roja Uruguaya fue fundada el 5 de marzo de 1897 y tiene 118 años de acción ininterrumpida. Siempre estuvo presente ayudando a la población, de donde provienen todos sus integrantes y todos sus voluntarios. En la carpeta que les presentamos van a encontrar un memorando con las acciones que cumplimos, así que voy a procurar ser breve.

Tenemos tres escuelas: la Escuela Nacional de Enfermería, con una filial en el departamento de Paysandú, dirigida por la señora Mary Zapata y la licenciada Juana Rodríguez; la Escuela de Primeros Auxilios y Socorrismo, y la tradicional Escuela de Manualidades donde se dictan 32 oficios y cuenta con 100 alumnos. Al mismo tiempo, realizan una labor en inserción laboral.

Como marca la federación en Ginebra, tenemos cuatro áreas esenciales: Voluntariado Nacional y Juvenil; Salud y Bienestar Social, con policlínicas ambulatorias; Difusión del Derecho Humanitario y Comunicaciones, y Gestión de Riesgos y Desastres, con todos los cursos inherentes.

Somos una asociación civil de voluntarios que auxilia a los poderes públicos en el área de la ayuda humanitaria y que depende directamente de Ginebra, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que representan a 189 países.

Al principio del material que les dejamos está la carta del director regional para América, el ingeniero Walter Cotte, quien conoce los problemas que actualmente tenemos. Entre ellos, el principal es que durante los últimos años la recaudación de fondos y nuestros ingresos no cubren el presupuesto, hecho que responde a muchas causas. Una de ellas es la siguiente. Tenemos catorce funcionarios de los cuales siete son docentes de la Escuela de Enfermería y de las asignaturas de apoyo, y los otros siete son no docentes, entre los que se encuentran la limpiadora, el chofer, dos administrativos y la telefonista. Hemos sentido el aumento salarial y de los laudos, y la disminución marcada de la masa salarial que se da en todos los comités departamentales del país. A propósito, olvidé decir que en cada departamento hay un comité de Cruz Roja. También ha repercutido la disminución del número de socios y el hecho de que los empresarios nos apoyan pero no mucho, porque no estamos en la nómina para que puedan donar y descontar los tributos.

Aunque lo decimos en la carta, quiero aclarar que desde Ginebra –y por lo que establecen sus estatutos– no se nos brinda apoyo administrativo para los balances o los déficits; solo nos apoyan con los proyectos y los programas, y capacitan a nuestros voluntarios. Es así que los voluntarios de las distintas áreas han tenido la oportunidad de hacer en Latinoamérica, donde hay muy buenas sociedades nacionales de Cruz Roja, estos cursos de capacitación.

Además, nosotros anualmente tenemos que pagar un tributo o baremo. Pagábamos 4.000 francos suizos, pero nos han marcado 16.000 francos suizos. Cuando  vayamos a la asamblea lo vamos a apelar porque Cruz Roja siempre fue una sociedad nacional muy sencilla. Es una casona del siglo pasado ubicada en la calle 8 de octubre 2990, al lado del Hospital Militar, que necesita mucho mantenimiento, pero marchamos con mucho corazón y vocación de servicio. Hemos podido aportar ese baremo para que sepan que queremos cumplir, pero nos ha ocasionado una importante repercusión. En la carpeta hay una carta donde se explica el monto del baremo. Nos dicen que el modo de calcularlo es según el índice de Gini y el lugar que ocupamos, en desarrollo, en las Naciones Unidas.

En la carta expresan que, como Uruguay está tan bien, para el próximo período no necesita mucho apoyo de proyectos y está en condiciones de pagar ese baremo. Yo mandé una carta. Veremos si podemos conseguir algo. Incluso, el hecho de pagarlo fraccionado nos resulta un gran esfuerzo.

                Como nuestros cursos son sociales, tenemos muchos alumnos que pertenecen a un contexto crítico, por lo cual existe un adeudo o atraso importante. Por supuesto que luego lo pagan porque es condición para dar el título, tanto de enfermero de Cruz Roja como de instructor de primeros auxilios, de guardavidas –que también formamos–, de socorrista acuático, dirigido desde España, etcétera. En fin, ahí tenemos un atraso mensual que nos repercute.

                Además, como la subvención nacional es baja, con el mayor de los respetos hemos considerado presentarnos y pedir la posibilidad de que nos puedan otorgar un aumento.

                No he hablado de los insumos que también tiene la sede, pero tenemos un promedio de 250 personas, y los cursos duran hasta la noche. En cierto modo, es una pequeña ORT, por todos los cursos que brindamos. Y por supuesto que todo esto repercute en los gastos, que se han visto aumentados porque es la tónica y lo que sucede normalmente. Nosotros hemos hecho beneficios y rifas, pero igual no llegamos a cubrirlos. Esa es, entonces, la razón de nuestra presencia hoy aquí.

                Reitero que en la carpeta encontrarán la primera carta a la que hice referencia, que está firmada por Walter Cotte; el memorando de la Cruz Roja Uruguaya y la cantidad de socios, que pasó de 1.500 a 380. Sobre las subvenciones ya hablé y las donaciones son muy pocas.

                Asimismo, nuestros siete funcionarios cobran un aguinaldo extra que también nos repercute. Se dice que es un aguinaldo que debe haber sido puesto en una época de bonanza; o también que se otorgó cuando ocurrieron las inundaciones de 1959. En fin, el hecho es que ellos cobran un doble aguinaldo, cosa que cada vez nos cuesta más. Cuando fuimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos dijeron que, como había sido incluido en el Banco de Previsión Social, debíamos seguirlo pagándolo. Así que pagamos dos aguinaldos.

                Tenemos las escuelas y los diferentes cursos. Además, en las policlínicas ambulatorias, la Cruz Roja promociona la prevención en salud a través de programas.

                Existe una consejería para atender los problemas de drogadicción, que vamos a comenzar gracias al apoyo de la Cruz Roja Italiana. Para ello contamos con personal formado y representantes del Gobierno, puesto que solicitamos a la Junta Nacional de Drogas que un integrante acompañara a nuestra delegación. Han ido a Villa Maraini, Italia, y ahora van a otra reunión. Esto, junto al programa HIV Sida, que viene de la época de la doctora Hilda Martínez Camusso, cuando comenzó la enfermedad; y también desarrollamos programas de educación comunitaria. Pero desgraciadamente no podemos ni hacer folletería.

                Con respecto a los Comités Departamentales del interior, a los que en cierto modo hay que ayudar, también tienen sus problemas y no pueden tampoco colaborar con lo que nosotros necesitamos.

                En la carpeta encontrarán una rendición de cuentas, un detalle de la estructura actual de los cargos, el informe fiscal, etcétera.

                Lo único que voy a leer es lo que dice la Jefa Mary Rankin de la Comisión de Finanzas de Ginebra, en respuesta a la carta que le mandamos, firmada por nuestro tesorero Pascual Gattás, quien envía sus saludos a esta Subcomisión pero no ha podido estar presente por razones de salud. La carta de la Jefa Rankin dice que no espera algún cambio significativo basado en los cálculos, debido al hecho de que Uruguay RC está en el grupo de altos ingresos D de la lista del Banco Mundial de las economías y solo hay una pequeña reducción en el ingreso sin restricciones por importe de 0.019% a la renta financiera individual de la sociedad nacional.

Entonces, y por el contrario, recibimos la sorpresa de que nos aumentaron.

SEÑORA PRESIDENTA.- El planteo ha quedado claro, lo vamos a leer en detalle y averiguaremos si hay alguna chance porque, efectivamente, esto de la renta promedio alta ha dificultado la cooperación internacional y no toma en cuenta que es un promedio y que todavía necesitamos mucho apoyo en áreas como las que ustedes abarcan.

                Agradecemos la visita de la delegación.

SEÑORA GARCÍA.- Estamos a las órdenes. Y si quieren visitarnos, los recibiremos con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias.

                Ante cualquier duda, nos comunicaremos.

                Se levanta la sesión.

(Son las 13:26).