SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:15).

–Comenzamos la tarea vespertina dando la bienvenida al Prosecretario de Presidencia, doctor Juan Andrés Roballo; al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señor Álvaro García; al Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, señor Alberto Scavarelli, y a todo el equipo que los acompaña.

Hoy vamos a tratar los artículos vinculados a Presidencia de la República, que van del 16 al 111. A su vez, si hay algún otro artículo que consideren necesario tratar, así lo haremos.

Vamos a darle la palabra al Prosecretario de Presidencia para comenzar con el análisis del articulado.

SEÑOR ROBALLO.- Muy buenas tardes a todos.

                Los saludo formalmente y les agradezco de antemano por el trabajo que vamos a hacer sobre un inciso que tiene muchos componentes, muchos elementos para trabajar.

                Brevemente, voy a hacer una pequeña introducción. Como los señores Senadores saben, para la confección del presupuesto del Inciso Presidencia de la República se siguieron las pautas acordadas en el Consejo de Ministros. Las áreas que presentan artículos son: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil –organismo que acaba de comparecer en la Comisión–, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la Secretaría Nacional Antilavado, el Sistema Nacional de Emergencias, la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones, el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y la Secretaría Nacional de Deportes. Dejando de lado, de alguna manera, a la OPP y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, que tienen un estatus específico, el resto de las áreas han ido desarrollándose, han ido creciendo, van ampliando su rango de acción y eso justifica el articulado que se presenta. Corresponde el fortalecimiento institucional, básicamente, y a esos efectos se presentan modificaciones normativas que tratan de mejorar las condiciones y maximizar su rendimiento. Por eso en esta última expresión se procedió a disponer la supresión de cargos para contribuir a financiar  esas mejoras.

                Como último punto de la introducción quería hacer referencia a que el Inciso hizo un aporte a las cuentas del Estado de $ 100:000.000 por año como consecuencia de la disminución de créditos presupuestales correspondientes al Rubro 0, es decir, a salarios.

                Pasamos a referirnos a los artículos concretamente, señora Presidenta.

                El artículo 16 del nuevo texto refiere a una herramienta para utilizar excepcionalmente a los efectos de generar la mejor administración del establecimiento del parque  de la residencia presidencial Aarón de Anchorena, por supuesto dentro del esquema que establecen el Tocaf y la normativa vigente y como una de esas excepciones que tiene su fundamento, sobre todo, en la parte productiva. Por lo tanto, dada la dinámica de un establecimiento que tiene un componente productivo, es necesaria una excepción de estas características.

SEÑOR HEBER.- Creo que tenemos que explicar a la delegación el método de trabajo, es decir, que se piden interrupciones cuando hay dudas o queremos una aclaración.

                Según los fundamentos que incluye el propio Poder Ejecutivo, se pide esta excepción en el artículo 16 a los efectos de darle más operatividad, dado que existe posibilidad de paralización y falta de agilidad en las operaciones cotidianas del establecimiento. ¿Eso es necesario en estos momentos? ¿Cómo ha funcionado hasta ahora? ¿No había actividad productiva? ¿Cómo hacían, si ahora dicen que de no votarse este artículo existe la posibilidad de que se paralicen las operaciones? ¿Eso significa que durante estos diez años de gobierno del Frente Amplio las operaciones estuvieron paralizadas? ¿En los años anteriores no necesitaban esta norma? ¿No había actividad productiva?

Me gustaría que se justificara un poco más la existencia de esta norma porque no entiendo cuáles son los inconvenientes que ahora no se pueden sortear, a no ser que el Tribunal de Cuentas observara esto por no tener normas que los ampararan.

                En consecuencia, me gustaría que nos dieran una explicación más en profundidad.

SEÑOR ROBALLO.- Como saben, la residencia tiene tres componentes: la residencia presidencial, la parte productiva y la que tiene que ver con el parque y las actividades turísticas. Todo esto está bien establecido en el comodato que existe y está vigente.

                Lo cierto es que el aspecto productivo fue creciendo con el paso del tiempo, por lo que se fue haciendo necesario amoldarlo al esquema normativo vigente, es decir, a las normas del Tocaf y otras. Incluso, en el año 2013, a solicitud de la propia Presidencia de la República se realizó una auditoría a los efectos de tener una hoja de ruta de todos los aspectos que deberían complementarse con procedimientos nuevos y ajustados a la normativa vigente en virtud del crecimiento de la parte productiva del establecimiento.

                Si la señora Presidenta lo permite, quisiera que hiciera uso de la palabra el doctor Diego Pastorín, Director General de Presidencia, a los efectos de que profundice un poco más en este tema.

SEÑOR PASTORÍN.- Lo que se está solicitando al Parlamento es la aprobación de una norma de contratación directa como la que establece el Tocaf, a los efectos de intentar que el establecimiento de Anchorena funcione dentro de esa normativa. Es muy difícil –y así lo ha sido durante todo este tiempo– la administración de un establecimiento con fines productivos de acuerdo con la normativa que establece el Texto Ordenado, por los tiempos biológicos de la producción y por la metodología.

                En definitiva, se hace esta solicitud para llevar la administración de Anchorena de acuerdo a la normativa. Hay que aclarar que históricamente  la administración de Anchorena estuvo bajo la orden de Casa Militar hasta el año 2013, cuando  pasa a estar bajo  la órbita de la administración general de Presidencia, quedando Casa Militar como una unidad de apoyo y colaboración.

                Estuvimos trabajando con la Auditoría  Interna de la Nación de acuerdo a las observaciones que nos hizo y, a través de un proceso en conjunto, estamos tratando de que el conjunto de la actividad esté  funcionando con la normativa del Texto Ordenado; lo necesitamos, por ejemplo, para vender y adquirir ganado. De otro modo, deberíamos encarar la compra de ganado por remate o licitación.

                También está el tema de la regularización del vínculo con Conaprole que desde hace tiempo tiene el establecimiento Anchorena y la posibilidad de utilizar la facilidad en el crédito que tiene esa cooperativa a través de Prolesa. Esto se viene desarrollando actualmente, pero queremos  que  esté de acuerdo a la normativa vigente.

                Se trata de una excepción que, como toda excepción, estará bajo los controles del Tribunal de Cuentas, y se pide esta facultad para mejorar el funcionamiento.

SEÑOR DELGADO.- Saludo a los integrantes de la delegación de Presidencia de la República que hoy nos visita, con algunos de los cuales tengo una vieja relación.

                Cuando se trató este mismo articulado en la Cámara de Representantes  hubo un dato –si es cierto, quisiera saber por qué sucede y, de no ser así, es una oportunidad para desmentirlo– que me llamó la atención –más allá de la excepción que se pide al Tocaf y al cambio de normativa vinculado a la administración del establecimiento–, y me parece que es una buena  oportunidad para dejar constancia  de algo que tiene mucho que ver con un objetivo que ha tenido el Uruguay y en el que ha insistido mucho: la trazabilidad.

                Los datos que se manejaron indican que habría un 35% de animales del establecimiento Anchorena no trazados. Esto nos llamó mucho la atención porque hoy es casi imposible poder hacer movimiento de ganado sin trazabilidad. Es más: para la propia Dicose hay que presentar un control de campo con la trazabilidad de los animales. Queríamos que esto se corroborara o se desmintiera, pero además sería bueno –teniendo en cuenta que es algo emblemático– saber cuál es el mecanismo  por el cual se realiza la trazabilidad del ganado que ahí se produce.

SEÑOR HEBER.- Además de los comentarios que han hecho los compañeros Senadores, también me han alcanzado el informe –que no había leído– de la Auditoría Interna de la Nación, que es muy duro con respecto a la administración porque, además de lo que señalaba el señor Senador Delgado, dice que el establecimiento carece de una administración integrada y un adecuado sistema de control y supervisión que le impiden optimizar la gestión de sus sistemas de producción, conocer y aumentar su rentabilidad, lograr un crecimiento sostenido en el tiempo y avanzar tecnológicamente. A veces uno se pregunta si la Presidencia es la que tiene que hacer esto directamente o si se podría establecer otro tipo de contrato que optimice la producción. Luego agrega que la administración de fondos por los conceptos que recauda no se encuentra sujeta a controles externos de los organismos correspondientes. Suponemos que eso lo tiene que hacer el Tribunal de Cuentas, pero además el informe agrega que no cuenta con información financiera y de gestión integral que le permita conocer la totalidad de sus ingresos, gastos e inversiones para la adecuada y oportuna toma de decisiones. Quiere decir que no hay control financiero y da la sensación de que es un gran relajo, y pido perdón por la expresión.

                Luego el informe dice que en cuanto a la gestión de los principales sistemas de producción en la ganadería, se destaca el buen estado del rodeo y un correcto manejo de los animales. Sin embargo, la gestión no es eficiente dado que en muchos casos los precios de venta fueron inferiores a los del mercado, se efectuaron ventas motivadas por necesidades financieras y el nivel de mortandad declarado es más del doble que el esperado para el sector. Esto demuestra lo poco eficiente que es el Estado a la hora de administrar todo esto.

                Por otro lado, se informa que el 35% de los animales no contaban con la caravana de trazabilidad, tal como dijo el señor Senador Delgado. Se dice que hay debilidades en el control, que lo mismo sucede en el contrato formal con el medianero y se recomienda evaluar la pertinencia de asignar a una persona idónea en asuntos agropecuarios.

Supongo que habrán leído este informe y la verdad es que nos gustaría que nos lo comentaran un poco más porque no serán cifras importantes para un Estado que está gastando USD 13.000:000.000, pero los pesitos se cuidan de a uno y aquí parecería que hubo un descontrol muy grande. ¿Se busca controlar un poco mejor? Pido disculpas por reiterar el planteo porque no conocía en detalle el informe de la Auditoría que me acaba de alcanzar la señora Senadora Alonso.

SEÑOR CAMY.- Damos la bienvenida a las autoridades y asesores de la Presidencia de la República y de las distintas entidades que componen la delegación.

                Analizamos el informe de la Auditoría Interna de la Nación, que es del año 2013, y conocemos algo del tema vinculado al campo. Evidentemente, este informe presenta números que alarman y a ello se pueden sumar los índices de mortandad que allí se expresan. Incluso, el funcionamiento del tambo es preocupante porque ni siquiera llega a lo planificado como número básico de ordeñe en el 2005.

                Más allá de la situación, que nos genera las mismas dudas que a los señores Senadores que hablaron precedentemente, quisiera preguntar a las autoridades si realmente entienden que es correcto el destino que se ha dado a una parte de las 1.369 hectáreas que componen este valioso inmueble y que se definió en el período pasado.

Fundamentalmente, planteo esto como alerta y expresión de preocupación de nuestro partido respecto a cómo puede afectar al Estado uruguayo, porque este establecimiento es una donación modal de la familia Anchorena, que tenía como propósito la creación de una reserva de fauna y flora y el desarrollo de actividades vinculadas al turismo y la educación, en el marco de la disposición de que fuera también residencia presidencial. Entonces, quisiera saber si no corremos el riesgo de que se malinterprete y desvirtúe la actividad principal para la cual fue donada voluntariamente al Estado uruguayo. ¿Está claramente analizado si el fin del inmueble debería ser este que se le dio? Seguramente se podrá decir que es una actividad complementaria y que no afecta lo que tiene que ver con el casco principal y sus adyacencias más próximas, pero estamos hablando, evidentemente, la afectación de 700 hectáreas del plantío, más un rodeo ganadero, más un rodeo lechero, y el negocio no es viable. A mi juicio –esta es una opinión subjetiva– no es conveniente que la Presidencia de la república se ocupe directamente de llevar adelante un establecimiento agropecuario. Tengo la duda y la preocupación de que estemos tergiversando el fin que tuvo esta donación.

SEÑOR AMORÍN.-  Buenos días a la delegación que nos acompaña; es un gusto estar con ustedes.

                Quiero referirme a la pregunta formulada por el señor Senador Heber en su primera intervención: ¿Cómo funcionaban hasta ahora? De acuerdo con los datos del informe leído, parece que no funcionaban muy bien y no hablo de la eficiencia, que parece bastante claro que esa no era la ideal. ¿Cómo hacían para vender por debajo del precio? ¿Las compras se hacían de acuerdo con el Tocaf? ¿Cómo llegaron a tener un 35% del ganado sin caravana? ¿Cómo se administró en los últimos años? Esta es una de las dudas que tenemos. ¿Por qué llegamos a este estado? ¿Por qué antes no se consideraba necesaria esta norma y ahora sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo se manejaron los fondos del Estado: 1.300 hectáreas?

SEÑORA AYALA.-  Buenas tardes a la delegación que nos acompaña.

                Voy a hacer una pregunta. Se está hablando de una auditoría del año 2013, realizada a quienes administraban la estancia Anchorena, a partir de la cual se cambia la administración y por eso ahora se propone un cambio en el articulado. ¿Es así?

SEÑOR ROBALLO.- En primer lugar, me parece bueno aclarar –creo que lo dije al pasar, pero quizás debí haberle dado más énfasis– que en determinado momento se decidió que la parte productiva del establecimiento pudiera servir para sustentar sus erogaciones. De alguna manera, ese aspecto creció. Como saben los señores Senadores, el parque, la parte turística y de acceso a los ciudadanos en general, no tiene rentabilidad. Entonces, a partir de ese crecimiento, se empiezan a dar todas esas dificultades constatadas en función de una acción de la propia Presidencia de la república,  que toma dos decisiones fundamentales. En primer lugar, retirarla de la administración de Casa Militar y, en segundo lugar, solicitar una auditoría que sirva de hoja de ruta para la solución de todas esas cuestiones y también para su proyección a futuro. Por supuesto, no se pretende que sea mucho más de lo que es hoy, sino lograr un establecimiento autosustentable. Estamos hablando del año 2013. Desde aquel entonces hasta el presente, con un trabajo permanente, un trabajo sostenido durante estos últimos años con la auditoría, todos esos aspectos se han ido resolviendo, sobre todo los que tienen que ver con la trazabilidad del ganado y con el manejo administrativo de las finanzas del Parque Anchorena. Por supuesto que hay una persona idónea al frente de la parte productiva y por eso, en realidad, se solicitó la inclusión este artículo. Si no contamos con una disposición de este tipo, se puede volver muy difícil completar de alguna manera esta dinámica en virtud de la dimensión que ha tomado la parte productiva que, como expliqué, no tiene otra razón de ser más que la sustentabilidad del parque y evitarle al Inciso mayores erogaciones.

 

                Por ejemplo, se han hecho arreglos de caminería en el parque y están previstos otros. Además, se han destinado ómnibus con visitas guiadas para que los ciudadanos de nuestro país que quieran concurrir al parque y conocer su riqueza de flora y fauna, puedan hacerlo en condiciones. Además, para proteger el medioambiente en ocasión de esas visitas y –por supuesto– de la llegada de extranjeros, especialmente los argentinos.

                Por último, quiero aclarar que mencioné la palabra «comodato» pero cometí un error, ya que esta es una donación modal. Obviamente, las donaciones modales tienen determinadas condiciones y Presidencia de la República observa permanentemente el cumplimiento de todos y cada uno de esos extremos. De hecho, se nos ha informado que ha habido alguna visita de los descendientes de quien hizo la donación, que han expresado su satisfacción por el mantenimiento del parque y el cumplimiento de los fines para los cuales fue hecha la donación.

SEÑOR HEBER.- Voy a hacer una simple intervención para ver si, por lo menos, puedo entender la situación. La donación que hizo la familia Anchorena ¿permite, por ejemplo, que gran parte de ese establecimiento se pueda arrendar por medio de una licitación, con los controles del caso, para no tener administradores que de alguna manera fracasen? Formulo esta pregunta porque, por ejemplo, el Gobierno dice que quiere que se autosustente, y todos estamos de acuerdo con eso, incluso se puede poner un tique con un determinado precio al turismo que va a conocer el parque o generar algún provento como para que la residencia presidencial se pueda autosustentar. La donación modal ¿impide arrendar parte de ese campo a alguien que lo sepa explotar y pague por un arrendamiento sin entrar en los vaivenes del mercado, que de alguna manera han demostrado que no hay eficiencia para generar esos recursos y autosustentarse? Esa es la pregunta. ¿Eso se puede hacer, o no?

SEÑOR ROBALLO.- En la donación modal no está prevista esa posibilidad, y entendemos que, de proceder de esa manera, pondríamos en riesgo el cumplimiento del modo. Por lo tanto, eso es imposible. Lo que sí hicimos fue tomar decisiones como las que ya expresé, que han saneado la situación. Por eso –y lo digo con todo respeto– no comparto la afirmación de que hay un completo desorden. Es posible que hasta determinado punto y por las dimensiones dinámicas que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, hubiera aspectos que debían observarse, pero a partir de un trabajo permanente con la Auditoría y de la incorporación de personas con conocimiento adecuado para la explotación, hoy podemos decir que el establecimiento está muy ordenado y que logra, de alguna manera, sustentarse o autosustentarse, lo cual es una buena noticia a los efectos de pensar en los recursos que se deben destinar para una residencia que no sólo tiene que ver con el descanso del señor Presidente, sino con algo emblemático, histórico en nuestro país. Como los señores Senadores sabrán, allí se trabaja mucho desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de las visitas y desde el punto de vista político. Si bien hasta cierto punto pudo haber habido un desorden proporcional a la dimensión que tenía en su momento, a partir de la decisión institucional de explotar esa veta y de las observaciones formuladas, se han saneado todas esas observaciones que se formularon en el 2013 y sobre las que se ha venido trabajando permanentemente con la Auditoría Interna de la Nación.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Quisiera saber qué período abarcó esa auditoría y si hubo alguna anterior.

SEÑOR ROBALLO.- La auditoría se realizó en el 2013 y no se extendió en el tiempo. Lo que se hizo posteriormente fue trabajar con la Auditoría a los efectos de que certificara efectivamente el levantamiento de las observaciones. Si nos quedamos con un informe de auditoría y nosotros mismos decidimos si las observaciones se levantan o no, no estaríamos actuando de acuerdo a derecho y tampoco sería racional. La propia Auditoría ha ido acompañando ese proceso, que no es que se haya dado a lo largo de todos estos años, sino que se dio en un período relativamente corto, inmediatamente después de realizada la auditoría. Hasta donde sabemos, por lo menos en las últimas décadas, es la primera vez que se hace una auditoría en el Parque  Anchorena.

SEÑORA PRESIDENTA.- Proseguimos con el articulado. Retomamos el artículo 17.

SEÑOR ROBALLO.- El artículo 17 propone la creación de una Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que tiene como cometido articular y coordinar con instituciones y organizaciones públicas y privadas la ejecución de las políticas públicas relativas a la materia de medioambiente, agua y cambio climático. Esta materia nos preocupa a todos, tanto a nivel nacional como internacional. Hay diferentes foros que, de alguna manera, van recomendando o estimulando la creación de áreas específicas para el tratamiento de estos asuntos y, precisamente, en ese sentido se quiso incorporar en la ley de Presupuesto un artículo que pudiera ser la base de lo que se está proyectando o trabajando junto con el Presidente de la República, quien le ha dado prioridad a este tema, así como con los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Defensa Nacional, de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por supuesto, con el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente, que es el que lidera en estos temas. Sobre este asunto, tenemos la expectativa de que a través del instrumento que resolvamos, podamos crear un sistema nacional de medioambiente con las finalidades que acabo de referir; y a su vez, con la incorporación y la articulación de los diferentes organismos del Estado que tienen que ver con la materia, un gabinete ambiental nacional que marque las políticas, integrado por las cabezas de las instituciones que acabo de mencionar. En virtud de los temas que se tengan en agenda  podrá incorporar obviamente el trabajo de otros Ministerios u organismos.

Además, se está pensando en que esto dé lugar a un Consejo Nacional del Ambiente, con el objetivo de incorporar a la sociedad civil organizada, al tercer nivel de Gobierno, etcétera. En fin, esta es una materia sensible que afecta a toda la sociedad y, por lo tanto, se deben crear instancias a esos efectos.

                Ese es el objetivo. Seguramente se remita un proyecto de ley con el objetivo de afinar estos aspectos. Ha estado en el debate nacional la creación o no de un Ministerio de Ambiente, Cambio Climático y Agua o con alguna denominación parecida. En definitiva, se trata de la necesidad de un organismo de rango institucional superior en la materia, porque en nuestro país no solo se han instalado estas cuestiones, sino también la conciencia de las consecuencias de no ser observante en lo que a ellas se refiere, y Uruguay tiene compromisos al respecto tanto por la normativa nacional como por los instrumentos internacionales.

No existen condiciones políticas para crear un Ministerio de estas características en el presente, pero no renunciamos a la expectativa de poder hacerlo en el futuro. En el ínterin queremos dar este paso para, de alguna manera, atender esta situación y poder ir generando las condiciones para que en un futuro podamos tener un Ministerio o una institución de rango ministerial que pueda atender esta problemática que se anuncia cada vez con mayor dramatismo en los informativos, ya no solo respecto de lo que pasa en otros países sino también a nivel nacional.

SEÑORA ALONSO.-  Me sumo a la bienvenida brindada a la delegación, y saludo en particular al doctor Roballo.

                En este tema –y seguramente se reiteren en los artículos siguientes– quiero hacer algunas consideraciones. Se nos plantea esta creación de una secretaría relativa al medioambiente, y coincidimos con el doctor Roballo en cuanto a la importancia de este tema y del cambio climático en el mundo que vivimos. Ahora, nos preocupa –y quiero que quede constancia de esta inquietud en la versión taquigráfica– la superposición de funciones. Se propone crear una Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, cuando existe ya una Dirección Nacional de Medioambiente, la Dinama, que en este último tiempo ha generado una fortaleza con la cual estamos de acuerdo. Pero además, existe una Dirección Nacional de Aguas funcionando en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Entonces, tenemos una gran preocupación, no solamente porque esto va a generar dificultades –y nos gustaría que nos explicaran cómo va a ser la articulación con estas direcciones que ya están creadas–, sino además porque hay una suerte de acaparamiento de funciones de muchísima importancia. Estas funciones y competencias que deberían estar a cargo de los Ministerios hoy pasan a ser manejadas por Presidencia de la República, con lo cual –y esto quiero dejarlo bien claro también– se va a perder el control parlamentario y la participación en la elaboración de las políticas públicas vinculadas a este tema.

                De manera que me gustaría saber –y esta es la pregunta al doctor Roballo– cuál es el sentido de establecer estas potestades y competencias en el área de Presidencia de la República y cuál es el sentido de duplicar funciones y cometidos que, insisto, le corresponden a un área ministerial. Este es un tema que se ha venido repitiendo y seguramente vayamos a plantear la misma inquietud cuando hablemos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que está prevista en el artículo 18. Es un cambio que se ha venido generando en el último tiempo y que lleva a que Presidencia de la República se convierta en un super Ministerio, que termina acaparando cada una de estas funciones. Creemos que no es bueno generar estos precedentes y pedirle al Parlamento la creación de varias secretarías, sobre las que ya tendremos en la tarde de hoy oportunidad de conversar.

                En este caso, además, me imagino que esta secretaría va a tener costos financieros y presupuestales. Entonces, me gustaría conocer cuáles son esos costos. Quiero dejar constancia, insisto, de nuestra preocupación con respecto a esta superposición de tareas y a la falta de un control parlamentario. Pero además, si tan importante es esta temática –y estamos de acuerdo en que lo es–, ¿por qué no se propone la creación de un Ministerio? Nos gustaría saber cuáles son las condiciones que tienen que estar dadas para la creación de ese Ministerio, que compartimos y desde ya adelantamos al prosecretario de Presidencia que tiene todo nuestro apoyo para ir en ese camino.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero recordar a los señores Senadores que los artículos que están vinculados a las secretarías son el 17 y el 18. En el comparativo, es el articulado que figura a la derecha.

SEÑOR HEBER.- El doctor Roballo, en nombre del Poder Ejecutivo, tiene la difícil tarea de defender todos estos artículos, y lo vamos a escuchar con mucho gusto. Seguramente va a tener que hacer un gran esfuerzo esta tarde para tratar de convencernos, pero es parte de esta tarea.

                Por mi parte coincido plenamente con las preocupaciones que ha planteado la señora Senadora Alonso. Simplemente quisiera agregar algo que está por escrito: los señores Senadores Cardoso y Lacalle Pou presentaron un proyecto de ley en el que se proponía la creación de un Ministerio. Hace tiempo que venimos insistiendo –esto fue presentado en el período anterior y ratificado en este período– en la necesidad de la creación de una secretaría de Estado, de un Ministerio. Para nosotros el tema del medioambiente es una tarea típica del Estado. Sé que muchos de los miembros del Gobierno creen que somos partidarios de un Estado renunciante, pero eso no es así. Creemos que el Estado tiene que avanzar en materia de cuidado del medioambiente. No hay otro que pueda cuidar el medioambiente que no sea el Estado. Es el Estado el que tiene que cumplir esta misión tan importante. Esto empezó hace mucho tiempo siendo una dirección, pero teniendo en cuenta sobre todo la definición de Uruguay Natural que tenemos, debe tener una presencia mucho mayor que una dirección dentro de un Ministerio. Creemos que tiene que ser una secretaría de Estado, un Ministerio, sobre todo pensando en el Uruguay Natural, que ojalá sea más natural. Por lo tanto, hagamos honor a ese nombre o a esa definición.

Considero que la creación de una secretaría va en contra de esto que estamos diciendo; lo tomamos como una mala noticia frente a la posibilidad de crear un Ministerio o de darle rango de Secretaría de Estado. ¿Por qué? Porque las cosas a medias son las peores. En un momento el doctor Roballo decía que iban  a crear una institución con rango ministerial. ¿Cómo que una institución con rango ministerial? ¡Un Ministerio! ¡Coméntelo en Presidencia, señor Prosecretario!, porque como muy bien decía la Senadora Alonso, en temas tan importantes en el rol del Estado como el cuidado del medio ambiente, nos da la sensación de que crear una secretaría condiciona la independencia, la jerarquía y la posibilidad de incidencia de la Dirección de Medio Ambiente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque hay una Secretaría por debajo del señor Presidente de la República que mañana puede controvertir alguna decisión de la misma Dirección de Medio Ambiente. Se habla de «coordinar». ¿Cómo coordinar? En el argumento se manifiesta la posibilidad de coordinar transversalmente las organizaciones. ¡Pero eso es lo que tiene que hacer un Ministro y lo que tiene que hacer una dirección!

Más adelante indica que el resultado de lo esperado acerca de la propuesta es una mayor eficiencia y coordinación de las políticas. ¿Hoy no es eficiente la dirección? Yo fui miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Senado en el período anterior y la verdad es que no tengo objeciones que hacer a la gestión de quien estaba al frente de la dirección, más allá de las discrepancias que en algún momento se pudieran haber generado en el propio Gobierno, porque esto de sacar la Dirección de Medio Ambiente y llevarla a Presidencia fue una idea que se estuvo manejando en el período pasado. Pero acá duplicamos y generamos la secretaría. Y creo, sinceramente, que es un error.

Nosotros estamos dispuestos a votar la creación de un Ministerio, la posibilidad de tener una Secretaría de Estado y no un secretario del Presidente. Vamos a discutir esto en distintos rubros de este inciso, Presidencia, y es por eso que me parece que esta va a ser una tarde discutidora, porque también vienen con el tema deportes y con el artículo 18, que es el de ciencia y tecnología.

Creemos que por este camino vamos mal. Lo que pasa es que muchas de estas Secretarías no tienen control parlamentario.

Entonces, parecería que en este tema los parlamentarios podemos controlar a la Dirección de Medio Ambiente; pero si mañana la secretaría de Medio Ambiente de la Presidencia corrige, no podemos preguntar, ni averiguar ni controlar lo que hace esa secretaría, creándose realmente una situación bastante caótica en cuanto a la posibilidad de generar las políticas que todos queremos. Me parece que es un error, y se lo quiero decir al señor Prosecretario de la Presidencia, de modo tal de ver si nos puede convencer de lo contrario, aunque creo que es difícil; pero le doy el crédito suficiente como para que lo intente.

SEÑOR CARDOSO.- Poco voy a agregar, porque coincido plenamente con lo que se ha expresado antes.

Sinceramente, no entiendo las razones políticas que se expresan acá acerca de que no habría condiciones para crear un Ministerio. No sé cuáles son esas condiciones. Desde el punto de vista presupuestal, la creación de un Ministerio no implicaría costos adicionales a los que ya tiene estructurada la propia Dirección Nacional de Medio Ambiente. Inclusive, funciona en edificio independiente. No entiendo cuáles son las razones políticas para darle un lugar en el gabinete a la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

                Presentamos un proyecto para la creación de un Ministerio porque consideramos  que esta temática ha ido creciendo, no solo en el país, sino también en la región y en el mundo. Si revisamos la Constitución de la República seguramente nos encontraremos con que el tema del medioambiente no está suficientemente protegido desde el punto de vista constitucional porque los debates que se dieron aquí a mediados de la década de los noventa aún no le daban al tema ambiental el rango constitucional que sin duda hoy tiene. Parto de la base, entonces, de que si es un tema para incorporar en la Constitución de la República, mucho más lo es para destinarlo a una Secretaría de Estado, cosa que compartimos y que el Partido Nacional ha propuesto. Por lo tanto, contaría con nuestro apoyo y no con nuestra crítica.

                Llevar las competencias de la Dirección Nacional de Medio Ambiente a la Presidencia de la República también me genera muchas interrogantes. La Dinama es una caja de turco, ya que debe resolver desde el impacto de una minera hasta la ampliación de un circuito arrocero. Desde el punto de vista territorial casi no queda asunto que no pase por la Dinama. Por ejemplo, la ampliación de un circuito arrocero necesita un visado de la Dinama, y ni que hablar de los megaproyectos con el capítulo de las autorizaciones ambientales previas y, luego, las definitivas.

                La competencia técnica, la relevancia de la participación de la Dinama en los proyectos del país y la creciente incorporación del concepto de ordenamiento territorial complementario de los temas ambientales le dan al asunto un volumen que con este artículo me parece que no se tiene en cuenta y que, por el contrario, se reduce; es querer encorsetar dentro del ámbito de la Presidencia de la República una cuestión que está en plena expansión. Creemos que si el Estado tiene que crecer en sus gastos, en sus determinaciones presupuestales y en la incorporación de personal técnico específico es justamente en este tema; es del que más nos debemos ocupar por la diversidad de asuntos, la enorme complejidad y la amplísima competencia que hoy tiene en debate la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

                No quiero abundar más en el tema; creo que la posición está clara. No estamos de acuerdo con este artículo porque queremos más. Queremos un Ministerio de medio ambiente, queremos ampliar las competencias, queremos darle recursos, queremos capacitación técnica y esto, de alguna manera, es un retroceso. No porque el tema esté en la órbita de la Presidencia tendrá más importancia, sino que es todo lo contrario: se reduce. Me parece que aquí se lo limita en esa diversidad y en esa potencialidad que le daría una cartera de Estado, que no tiene por qué ser muy grande en cuanto al tamaño, sino que debe tener potencia y autoridad política para avanzar, relacionamiento y control parlamentario en sus acciones; tiene que poder explicarle al Parlamento de qué tratan los temas de su competencia, pero eso no es posible si se lo ubica en la Presidencia de la República.

                Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Los temas que se están planteando son muy importantes y están todos muy mezclados. Obviamente, el Poder Ejecutivo tendrá mucho para decir.

La creación de un Ministerio requiere mayoría parlamentaria. El Ministerio necesita, por el artículo 174 de la Constitución de la república, iniciativa del Poder Ejecutivo, y nadie puede negar la importancia del medioambiente y del deporte, más aún cuando está por delante la celebración de los 100 años del campeonato mundial de fútbol, que podría poner al Uruguay nuevamente en la palestra. Y también podemos hablar de la creación de un Ministerio de Justicia, de los derechos humanos, cuando todos los años se juegan USD 600:000.000 por pleitos que el Estado puede perder.  Entonces, si este Presupuesto es por dos años, puede haber un diálogo entre la oposición y el gobierno –obviamente con el Poder Ejecutivo– sobre el tema de los Ministerios para ver cuál podría ser el nuevo diseño institucional, donde algunos Ministerios se puedan crear rápidamente y otros, de pronto, con el futuro gobierno, pero todo esto desde el punto de vista del Estado. Es obvio que el Poder Ejecutivo y el oficialismo no lo podían hacer en este proyecto de Presupuesto porque la medida podría haber sido muy criticada. Una cosa es lograr un acuerdo y otra que se hubiera planteado la creación de uno  o más Ministerios. Entiendo que estos temas necesitan ser consultados porque por más que hoy no impliquen una erogación, después los Ministerios tienen vida y objetivos propios –para eso los creamos– y, entonces, entran en el Presupuesto con fuerza.

Por tanto, me parece que el diálogo no es solo con el Poder Ejecutivo, sino también con la Bancada de Gobierno; quizás de aquí a dos años entre todos podamos encontrar un diseño institucional que se pueda llevar adelante en forma  escalonada.

                Un tema es si lo que propone el Poder Ejecutivo asigna o no la relevancia que queremos y, otro, es cómo se informa al Parlamento. Si al Parlamento hay que informarle a través de algún mecanismo, lo incorporaremos. Son temas distintos que hay que verlos de forma separada; no hay que ponerlos en la misma bolsa porque si todo está entreverado, serán de difícil solución.

SEÑOR AMORÍN.- Por supuesto que vamos a escuchar al doctor Roballo para que nos explique y nos convenza sobre el motivo de estos planteos que, para nosotros, son duplicaciones. Si hay un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ¿por qué tenemos que crear una secretaría en Presidencia con características similares? Si el Ministerio de Educación y Cultura se encarga de ciencia y tecnología y para ello tiene un área y gente trabajando, ¿por qué tenemos que crear en Presidencia una secretaría que tenga que ver con ese tema? Me preguntó por qué un ámbito para el deporte tiene que estar en Presidencia cuando tuvimos un Ministerio de  Turismo y Deporte. Una de nuestras preocupaciones es que Presidencia se va agrandando y empieza a abarcar una cantidad de cosas, y en este caso no hablamos de materias nuevas, sino de algunas que ya están en los Ministerios. Eso es lo que nos parece mal. No terminamos de comprender por qué se hace.  Vemos que Presidencia comienza a tener un poder enorme y empieza a incursionar en una gran cantidad de temas que ya están adjudicados a los distintos Ministerios.

                No me quiero extender porque nos interesa escuchar la explicación del doctor Roballo para ver si nos convence.

SEÑOR ROBALLO.- Fueron varios los planteos y no sé si podremos convencer a los señores Senadores, pero vamos a hacer el intento.

Lo que vamos a hacer es aclarar algunos puntos para los que quizás      –más allá de que se desprende del tenor literal de la norma– sea necesaria una expresión política sobre el alcance del artículo. De alguna manera esperamos aventar algunos temores que se han manifestado.

En primer lugar, debemos decir que no estamos creando una unidad ejecutora; no estamos creando un organismo ejecutor de políticas de Estado. Como no lo estamos creando, no podemos concluir que va a sustituir a cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo como, por ejemplo, las unidades ejecutoras del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, como la Dirección Nacional de Medio Ambiente o la Dinagua. Efectivamente, esta Secretaría no sustituye a ninguno de esos organismos, no ejecuta políticas, no se le atribuyen ningunas de las potestades, de las obligaciones ni de las facultades que tienen esos organismos. Repito, ninguna.

                Recién se hacía referencia, por ejemplo, a que algunas cosas necesariamente tienen que pasar por la Dinama para expedirse sobre el impacto ambiental de determinado emprendimiento productivo, industrial, etcétera. La Secretaría no va sustituir a la Dinama ni al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en esas cosas. No está planteado y tampoco es el espíritu de la norma ni de la disposición. En ese sentido, no vemos superposición ni duplicación de funciones.

                Como dice el propio texto, lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo es poner el tema en el centro del trabajo político institucional desde un órgano importante como es Presidencia de la República para mejorar la articulación transversal interinstitucional. El hecho de que lo haga Presidencia de la República primero, no es ninguna novedad porque el presidente encabeza el Consejo de Ministros. Se plantea crear una herramienta de estas características con los recursos que ya tiene Presidencia de la República hoy porque no estamos destinando infraestructura ni dinero extra a estas cosas sino utilizando la infraestructura y las herramientas que ya tiene para mejorar ese entramado interinstitucional que se ha vuelto más complejo por lo que, efectivamente, se decía aquí.

En este sentido, la Dinama, especialmente, se ha visto fortalecida, cada vez tiene más funciones y da cada vez más garantías. Esa es una política de Estado que se mantiene y se quiere fortalecer.

No sé si ya concurrieron las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de no haberlo hecho aún, seguramente cuando lo hagan la ministra podrá dar cuenta del fortalecimiento y del importante proceso que ha llevado a cabo la Dirección Nacional de Medio Ambiente en los últimos años. Los señores Senadores ya lo han mencionado, no quiero extenderme mucho en este asunto.

Esta Secretaría no sustituye nada de eso. Es más, creemos que puede ayudar a que esos organismos puedan concentrarse en esos aspectos tan importantes y que haya un ámbito de jerarquía institucional con la presencia del presidente de la república directamente a través de Secretaría para esa parte del trabajo prospectivo de futuro en el cual, efectivamente, está en el horizonte la posibilidad de llegar a un Ministerio de estas características, un Ministerio de ambiente, cambio climático y agua. Una vez más, respeto las apreciaciones de los Legisladores en cuanto a que es posible hacerlo ahora. Por nuestra parte, entendemos que no hay condiciones políticas ni financieras para hacerlo en este momento. Esto quiere ser un impulso del tema, quiere ser un paso intermedio hacia ese fin, hacia ese objetivo, porque el tema es trascendente, es importante.

En cuanto al control parlamentario, de ninguna manera está pensado ni se establece que algún aspecto de la política de Estado en esta materia pueda quedar fuera de él.    

                Como se dijo, este órgano no es un ejecutor de políticas y no sustituye a los que sí lo son, que pertenecen a Ministerios como el Ministerio de Defensa Nacional; el Ministerio de Industria, Energía y Minería; el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, o el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Además, en ninguna parte se establece que estos no puedan venir a responder al Parlamento.

                Entonces, quiero dar la tranquilidad de que no existe –ni en el tenor literal ni en la intención del Poder Ejecutivo– la idea de abstraerse, abstenerse, evadirse del control parlamentario y del diálogo con las organizaciones políticas representadas en el Parlamento para tratar estos temas. Eso es muy importante. Si vemos estas cosas como positivas, de ninguna manera podríamos estar creando algo para evadir esa garantía, esa obligación y esas posibilidades que ofrece el intercambio con el Parlamento.

                No sé si he contestado todos los extremos que se han planteado. Quiero recalcar que no sustituye a ningún órgano ni es una unidad ejecutora. Ratificamos esa visión de que en este momento no es posible la creación de un Ministerio de estas características, pero sí damos un paso a los efectos de darle relevancia política y caminar hacia ello. Efectivamente, la tarea de intercambio y de convencimiento a los Legisladores sobre las necesidades de esto que estamos planteando, no solo no es difícil, sino que es linda, sobre todo cuando uno está absolutamente convencido. Seguramente, en el futuro y con el desarrollo de estos temas nos iremos poniendo de acuerdo en los pasos que tenemos que ir dando como país en medio ambiente, cambio climático y agua.

                El artículo 18 crea, en un formato igual, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Como ustedes seguramente saben, se dictó el Decreto Nº 139 de 2015, que crea una Comisión asesora con el fin de proponer el reordenamiento institucional y competencias de los diferentes organismos del Estado en el área de ciencia y tecnología. Está integrado por: Secretaría de Presidencia; el Presidente del Plan Ceibal, en representación del Poder Ejecutivo; el Rector de la Universidad de la República; el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay; el Presidente del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, y un integrante de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Uno de los cometidos principales fue elaborar un inventario de las principales áreas y organismos del Estado que tienen a su cargo las políticas de innovación, ciencia y tecnología; proponer las reformas y reordenamientos institucionales correspondientes; formular las propuestas que correspondan y presentar al Poder Ejecutivo las recomendaciones que entienda pertinentes. Entre otras recomendaciones, se incluye, precisamente, la creación de esta secretaría, en lo que se ha venido trabajando intensamente. Quizás, al igual que en lo que tiene que ver con la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Agua, a través de una norma de rango jurídico de decreto o de ley, se puedan establecer mucho más a fondo los cometidos, las funciones y la perspectiva de una secretaría de estas características.

                Me importa resaltar que, en todo caso, esta iniciativa responde a la inquietud y a los planteos de diversas organizaciones sociales y sobre todo de la academia. Como podrán observar los señores Senadores, esta Comisión asesora quiere dar los primeros pasos hacia la integración de la secretaría, para luego poder avanzar en esta materia, que es imprescindible tratar y profundizar en los tiempos que hoy corren. Al respecto, el Parlamento –concretamente, la Cámara de Representantes– ya tiene a estudio algún proyecto de ley importantísimo  que tiene que ver con la materia.

                Nuevamente estamos ante un área a la que se le quiere dar un impulso importante, y se elige este formato. Esto parte de la preocupación del Gobierno, que coincide con los planteos realizados en los últimos meses  por  la academia y  la sociedad civil organizada.

SEÑORA ALONSO.- Los argumentos de carácter general ya los expresamos con respecto al artículo anterior; de todas maneras, queríamos dejar una constancia.

                Aquí han venido varios especialistas, juristas y constitucionalistas que hablan, incluso, de que estas disposiciones tienen dudas de constitucionalidad con respecto a lo que establece el artículo 149 de la Constitución de la República, en cuanto a que la Presidencia de la República es un órgano de competencia cerrada. Por lo tanto, esto deja serias dudas con respecto a la constitucionalidad.

No vamos reiterar los conceptos sobre la preocupación que tenemos respecto de estos temas, pero el caso particular de la creación de la secretaría de ciencia y tecnología sí nos merece algunas especificidades.

En primer lugar, no nos cuesta reconocer que en particular los Gobiernos del Frente Amplio venían recorriendo un buen camino con respecto a este tema. Es más: todos los partidos políticos coincidimos en la creación de la ANII, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Por lo tanto, sentimos que hay un retroceso a partir de la creación de esta secretaría. Se dice que es para jerarquizar el tema y, sobre todo, para que haya una respuesta más eficaz.

La creación de esta secretaría nuevamente nos genera dudas, porque no entendemos cómo va a funcionar; me refiero, en particular, a la orgánica de la Administración Pública.

En el Ministerio de Educación y Cultura existe la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, me surge otra vez la pregunta: ¿cómo va a funcionar, si venía funcionando bien? ¿Qué pasa con ese gabinete vinculado a la innovación? La ANII más la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología eran una institucionalidad creo que suficiente, que ha dado buena jerarquía al tema.  Creo que todos coincidimos en que nos hubiera gustado que tuviera un presupuesto adicional mayor y apostar a este tema, pero nos vuelve a dejar la preocupación a la que hacíamos referencia con respecto al artículo anterior.

Por todas estas razones, no compartimos la solución, pero tampoco el procedimiento,  por las razones que explicábamos y a las que aludieron mis compañeros hace apenas unos minutos. 

Volvemos a dejar la constancia señora Presidenta. Quizás el doctor Roballo pueda realizar alguna referencia específica en relación a  cómo funcionará esto, y  si el gabinete vinculado a la innovación seguirá actuando, o si se superpondrán estas tareas  a partir de ahora.

SEÑOR ROBALLO.- Una vez más, reafirmo el concepto de que de la letra del artículo no surge la intención –no es lo que desea el Poder Ejecutivo– de sustituir a ningún organismo que tenga competencia en la materia, ni avocar o lo que fuere ningún cometido o función específica de los mismos. Lo que se pretende, de acuerdo a los tiempos y a la realidad en esta materia a nivel nacional e internacional, es dar un nuevo impulso. De nuevo, quizás se podría afirmar –o no– que sería necesario también un Ministerio para este tipo de temas, por su importancia, trascendencia y por cómo va el mundo en cuanto a velocidad, tecnología, innovación, etcétera. No es lo que estamos proponiendo, pero sí que en toda esta materia haya una coordinación interinstitucional y una visión de conjunto, que no sustituye las potestades, los cometidos y las obligaciones de los organismos que se encuentran funcionando hoy.

Entonces, lo que se quiere es jerarquizarlo, y creo que es bueno destacar un aspecto importante: incluso en este caso, esta visión del Poder Ejecutivo, que luego tendrá que traducirse en una norma que describa mucho más los cometidos y los objetivos que tiene este ámbito –que, reitero, no sustituye los que ya existen–, parte de un consenso y un trabajo en conjunto con la academia. Acabo de mencionar las diferentes áreas que son muy representativas a nivel nacional y de la sociedad civil y, precisamente, se está trabajando con estos actores para generar, a través de la norma que sea           –quizás de un decreto si tenemos la suerte de que nos acompañen con la votación de este artículo o de un proyecto de ley que pueda remitirse al Parlamento; es parte de lo que se discute con la academia y las organizaciones sociales–, una herramienta que nos permita abordar esta temática de una mejor manera. Esto no quiere decir que hagamos un juicio de valor negativo sobre cómo viene funcionando hasta ahora, sino que el desarrollo de esta área amerita y exige que generemos estas herramientas para estar a tono con los tiempos.

Ese es el objetivo y, al igual que en la norma anterior, esto no está pensado para abstenerse del control o del diálogo con el Parlamento y con las organizaciones políticas que lo integran, sino todo lo contrario. Por lo tanto, nos parece que al igual que el artículo anterior, se trata de una propuesta interesante que además cuenta con un importante consenso de los ámbitos especializados en la materia. En los próximos meses esperamos poder presentar a los señores Senadores una herramienta que pueda dar mayor eficiencia y se adapte mejor a los tiempos que estamos viviendo en esta materia. 

                Para referirse a los próximos artículos, quisiera que hiciera uso de la palabra el doctor Diego Pastorín.

SEÑOR PASTORÍN.- El artículo 19 establece la supresión de seis cargos de Coordinador Regional, creados por el artículo 83 de la Ley Nº 18.719; un cargo de Director de Relaciones Públicas, y un cargo de Secretario Particular del Presidente de la República, creado por el artículo 72 de la Ley Nº 16.170; y transforma el cargo de Secretario General de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos en un cargo  –cambia la denominación– de Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, modificaciones que están más delante en este articulado.

                También este artículo aumenta la remuneración del Director de División, Secretario General Ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y Subdirector de la Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia a un 45% del sueldo de un Senador de la república;  y la del Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, Director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Director de la Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia, Escribano de Gobierno, Secretario de Derechos Humanos, Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, Director de la Dirección Nacional de Emergencias, Director Ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a un 50% del sueldo de un Senador de la República.

Con los cargos que se suprimen, se financian los aumentos que se proponen. En el artículo se establece también que esta retribución es para los cargos taxativamente enumerados. También se determina que para ninguna otra retribución que estuviera ligada a ellos podrá establecerse como criterio la que se propone y, para los cargos que no están incluidos, queda establecido el criterio del artículo 9 de la Ley Nº 15.809. Básicamente eso es lo que se propone.

El artículo 20 establece que la compensación de permanencia a la orden que existe  actualmente en Presidencia se pueda abonar desde el momento de la resolución del pase en Comisión y no como hasta el presente, a los sesenta días.

Para referirse a los artículos 21, 22 y 23 voy cederle la palabra al Gerente financiero señor Juan Serra.

SEÑOR SERRA.-  Muchas gracias.

                Buenas tardes para todos.

                Siguiendo con los lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas, estos artículos determinan la reasignación de créditos. El artículo 21 tiene como finalidad solventar becas y pasantías dado que este crédito no puede ser reforzado sino que tiene que ser autorizado por ley.

El artículo 22 refiere a reasignaciones a nivel del grupo cero; muchas de ellas ya se estaban realizando a través de trasposiciones, y lo que se quiere hacer en esta nueva ley de presupuesto es darle este formato.

El artículo 23 establece la disminución de créditos del grupo cero, que se suman a los cien millones que ya se habían comentado. Y el artículo 24 otorga la facultad para reasignar o suprimir cargos y pasarlos a gastos de funcionamiento.

Básicamente es eso; no sé si hay alguna consulta al respecto.

SEÑOR PASTORÍN.- El artículo 25 refiere a la reasignación de partidas vinculadas a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, donde se pasa de la Unidad Ejecutora 004 a la 001.

                Los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 al 34 tienen que ver con ajustes al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.

                Concretamente, el artículo 26 establece una propuesta para elaborar planes anuales de contratación de bienes y servicios con el asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. La idea es tratar de generar un criterio de planificación por parte del conjunto de los organismos estatales.

                En el artículo 27 se establece un plazo máximo de noventa días corridos contados a partir del ingreso de la solicitud en las oficinas del Tribunal de Cuentas para emitir su opinión en la elaboración de los distintos mecanismos de contratación del Estado. Una vez vencido el mencionado plazo sin resolución expresa, se continuará con el procedimiento de presentación al Poder Ejecutivo, entendiéndose la falta de pronunciamiento como aprobación tácita del mismo. 

                En el artículo 28 se propone una modificación del Tocaf. Básicamente, se agrega que se podrán incluir los requisitos sustanciales necesarios para determinar la admisibilidad de la propuesta, tales como la acreditación de la personería jurídica y representación. Esto es porque se han constatado distintas opiniones y a partir del artículo se trata de brindar la posibilidad de que los organismos puedan ampliar los requisitos.

                En el artículo 29 se otorga la posibilidad de que la Administración establezca en los pliegos que no acepta cesiones de contrato.

                En el artículo 30 se proponen algunas modificaciones al artículo 35 del Tocaf a los efectos de una mejor interpretación de lo que allí se establece.

                Mediante el artículo 31 se modifica el artículo 76 del Tocaf con la finalidad de establecer algunos criterios y aspectos vinculados con el RUPE.

                El artículo 32 propone una modificación al artículo 50 del Tocaf vinculado con el sitio web de compras y contrataciones estatales, también a los efectos de establecer algunos ajustes en su implementación.

                Por su parte, el artículo 33 plantea suprimir el numeral 4) del artículo 5º del Tocaf.

                Y, finalmente, el artículo 34 se vincula con los documentos provenientes del extranjero que deban ser incorporados al Registro Único de Proveedores del Estado, estableciendo que podrán estar traducidos en el extranjero, siempre que se encuentren debidamente legalizados o apostillados. La intención es que los mecanismos para los proveedores extranjeros sean más ágiles.

SEÑOR CAMY.- Con referencia al artículo 26, este determina que los organismos del artículo 2º del Tocaf, entre ellos, los Gobiernos departamentales, tengan que elaborar planes anuales de contratación de bienes y servicios con el asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. Si bien compartimos el planteamiento de que se planifique por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no solo debería ser en lo que hace a la sistematización de las compras y de las contrataciones; en realidad estamos de acuerdo con todo lo que pueda contribuir a mejorar la gestión. Por ejemplo, en oportunidad de comparecer por otros temas el Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, planteamos que nos parecía algo positivo el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que también está en el Tocaf. También podemos mencionar el Sistema Integrado de Información Financiera, que no está en el Tocaf pero sí en el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional de la OPP, ya que nos comprende la misma visión. Creemos en la planificación, pero puntualmente este artículo  nos genera una duda con respecto a la afectación de la autonomía de los Gobiernos departamentales por cuanto esta modificación determina que tengan que contratar a esta agencia que depende de la Presidencia de la República. A fin de no plantear nuestra opinión como una certeza absoluta, ya que podríamos hacerlo desde nuestra subjetividad política, quisiéramos conocer previamente el punto de vista jurídico sobre este aspecto relativo a la autonomía de los gobiernos departamentales.

Está muy claro que el Tocaf tiene que ver con la hacienda pública y regula, en numerosos aspectos, el accionar del Estado central, de sus organismos y, obviamente, de los gobiernos departamentales. Pero en este caso,  al establecer coactivamente que los municipios tengan que vincularse a esta agencia de la Presidencia de la República para la planificación de las compras, entiendo –o se me genera una duda razonable– que esta modificación puede estar afectando su autonomía.

SEÑOR PASTORÍN.- En primer lugar, quiero aclarar que estamos ante una norma de carácter programático, que establece criterios de buena administración a los efectos de la elaboración de planes anuales de contratación. Esto se establece con el asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado –organismo cuya competencia está dada por ley–, que funciona en la órbita de la Presidencia de la República con relación a esos temas. No creemos que esta norma atente contra la autonomía departamental, ya que se establece como criterio general y no con relación a un tema concreto del departamento. Citando al doctor Delpiazzo podemos decir que la materia departamental es aquella en la que predomina el interés del departamento sobre el interés del Estado, en tanto la misma no haya sido asignada a otro órgano del Estado. En ese sentido, puntualizamos que la norma que se propone no es de interés específico para un departamento en particular, sino que su ámbito es nacional y abarca a todas las administraciones del Estado. La materia que se pretende regular, que es la planificación de las adquisiciones, no es un cometido que la constitución o las leyes hayan asignado a los gobiernos departamentales ni responde a la forma en que estos organismos recaudan sus recursos. Por el contrario, es una competencia cuya regulación está asignada a otros órganos, como es la agencia de contrataciones del Estado. Por su parte, los gobiernos departamentales están sometidos al contralor del Tribunal de Cuentas. Más allá de eso, el interés de la norma legal es tratar de generar disposiciones que ayuden a la planificación, que aumenten el grado de eficiencia en las compras públicas, y por eso está incluida como norma programática en esta oportunidad.

SEÑOR BARRIOS.- Los artículos referidos a la Unidad Nacional de Seguridad Vial van desde el 35 al 41. Son aspectos que tienen que ver con la definición del problema que el país está abordando, y con la estructura que tiene la unidad en general. Presenta algunas modificaciones, como la creación de la Junta Nacional de Seguridad Vial con la participación de los Ministerios directamente involucrados: los Ministerios de Salud Pública, Interior, Transporte y Obras Públicas y Educación y Cultura.

Otro aspecto central de la estructura es la regionalización, que está para reglamentarse si la ley y este artículo se mantienen. Vamos  a dotar a la unidad de una estructura nacional que permita –diría– el seguimiento de las políticas a nivel nacional y, obviamente, como retorno, las realidades locales. Esta ley, con la relación a la anterior, aclara un poco y profundiza mucho más los objetivos de la unidad, así como las competencias que tiene en todos los aspectos, incluso, abarcando aspectos que no estaban contemplados en la Ley de creación, Nº 18.113.

Hay dos aspectos fundamentales que refieren a los dos últimos artículos: el establecimiento por ley del sistema de información nacional de tránsito          –elemento fundamental, porque es una base de datos confiable y accesible con acceso público a nuestra base de datos, que da garantía de los resultados y de la planificación que estamos desarrollando– y la creación del permiso único nacional de conducción, con el que todos estamos de acuerdo. Ya hay resoluciones del congreso al respecto y estamos trabajando para su conformación. Por último, además de estas estrategias basadas en la adaptación al  momento que vivimos desde el punto de vista de la siniestralidad vial, queremos informar que, en base a esto, para este año y para este período proyectamos la profundización en el descenso de la mortalidad en el tránsito, como se viene produciendo desde que empezamos a tener una acción conjunta a nivel nacional. Básicamente, esas son las modificaciones que se han hecho con relación a la ley anterior.

SEÑOR ROBALLO.- Si la señora Presidenta lo permite, para referirnos a los artículos 42 a 44, referidos a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, cedo el uso de la palabra al Director, señor Carlos Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- Gracias, señora Presidenta.

                Si no existe inconveniente, en tanto estos artículos integran un cuerpo único, quisiera hacer una especie de resumen, sin perjuicio de poder responder cualquier tipo de inquietud.

                La Secretaría Antilavado, que forma parte de la Presidencia de la República, encuentra su antecedente en el Sepblac, creado en el año 2000. Me voy a referir, fundamentalmente, a aquellos cambios que se introducen en este proyecto, con el que venimos trabajando desde hace 16 años.

                En primer lugar se crea la Secretaría por ley, porque estaba creada por decreto, no así el cargo de secretario general que fue establecido por ley. Además, se adecua el nombre incluyendo la expresión: «Financiamiento del Terrorismo», tal cual lo exigen los organismos internacionales. Se establece que esta Secretaría –y para nosotros este es un aspecto fundamental–, sin perjuicio de que todo el andamiaje con el que funcionará estará en la Presidencia de la República, deberá actuar con autonomía técnica absoluta.

                En lo que tiene que ver con los cometidos de la Secretaría, en el numeral 3) del artículo 42 se agrega el control del cumplimiento de los sujetos obligados que pertenecen al sector no financiero.

Se le autoriza a suscribir convenios nacionales e internacionales para el cumplimiento de sus cometidos, previa conformidad de la Presidencia de la República.

Todos los otros cometidos de la secretaría y las competencias del secretario ya estaban establecidos en el Decreto Nº 239/009 y en el artículo 49 de la Ley Nº 19.149, de 2013, que remite al artículo 5º de la Ley Nº 17.835.

En el artículo 43 se sustituye el artículo 2º de la Ley Nº 17.835, en la redacción dada por la Ley Nº 18.494. Se señala –exclusivamente a efectos aclaratorios, porque siempre sobrentendimos que estaban incluidos– que dentro del concepto de intermediarios en la compraventa de inmuebles están comprendidos los promotores inmobiliarios y las empresas constructoras, estableciéndolo a texto expreso. Se incluyen, además, como nuevos sujetos obligados, los usuarios de zonas francas.

Se agrega que la Secretaría nacional podrá aplicar sanciones a los sujetos obligados. El monto y la escala de esas sanciones son los mismos que vienen establecidos por la Ley Nº 17.835, de 2004.

En última instancia, como no se crean cargos, se establece que los funcionarios de la DGI que pasen en Comisión a la secretaría mantendrán su régimen de exigencias en cuanto a exclusividad, implicancia, régimen horario y la totalidad de sus retribuciones.

Este es, señora Presidenta, un resumen de las modificaciones que han sido establecidas.

SEÑOR CAMY.- El proyecto de ley que estamos considerando prevé, en estos artículos, la creación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y lo que sugiere el Poder Ejecutivo es la creación de un órgano desconcentrado que dependa de la Presidencia de la República.

                En primer lugar, señora Presidenta, permítame que señalemos lo paradójico que nos resulta que este proyecto, que se elabora por parte del Poder Ejecutivo, se ocupe de reforzar institucionalmente a los órganos públicos que se dedican al contralor del lavado de activos y no incluya un solo artículo para reforzar el presupuesto del Poder Judicial, que tiene que ver con esto.

En nuestro caso, tenemos opinión formada, pero queremos trasladarla en tono de duda o interrogante a efectos de que se nos aclare y podamos escuchar la opinión fundamentada del Poder Ejecutivo sobre el establecimiento que se hace de la obligación de colaborar con el control del lavado de activos por parte de determinados profesionales y, en especial, de los escribanos. Nosotros creemos que no debe estar acompañada de la facultad, por ejemplo, de realizar allanamientos en las oficinas de los escribanos. Estamos todos de acuerdo –lo doy por sentado– en que el espíritu de esto es positivo y estamos a favor de instrumentar los objetivos de combatir el lavado de activos y fortalecer la lucha contra el terrorismo, pero no es lo mismo que la DGI tenga facultades de inspección o de investigar a los sujetos obligados, que el hecho de que a esta secretaría se le otorgue la posibilidad de realizar allanamientos en los despachos de los escribanos, cuando además sabemos que tienen una relación pautada de secreto profesional con los clientes. Por tanto, si a eso agregamos la capacidad que reza el artículo de establecer multas, incluso de suspender actividades hasta por tres meses sin intervención del Poder Judicial, nos parece –francamente– que estamos atribuyendo a un órgano desconcentrado que depende de la Presidencia de la República facultades que no están en la naturaleza de un organismo de estas características. Me da la sensación, señora Presidenta, de  que le  estamos otorgando más atribuciones que a la propia DGI  –casi tiene más poderes que la DGI– respecto a sujetos que no son obligados principales por sus obligaciones tributarias para con el fisco. Se trata de profesionales que meramente ejercen el ejercicio liberal de su profesión, sin tener que conocer necesariamente los fondos de sus clientes.

Por lo tanto, nos parece excesivo, y queremos colocar la posición de profesionales, escribanos, rematadores, usuarios de zona franca, etcétera, es decir, de determinados rubros que se ven afectados directamente en esta consideración que sobre sus actividades hace este proyecto. Tenemos la impresión de que la regla es que los referidos profesionales son inocentes y desconocen la vinculación de sus clientes.

En todo caso, sí me parece que esta Secretaría, en el rol que se le otorga como objetivo y como fin –que compartimos–, de tener la sospecha o de considerar que un sujeto obligado pueda estar vinculado de forma activa al lavado de activos, debe dar cuenta al Poder Judicial. Pero –francamente– no nos parece  adecuado  que se investigue por su cuenta desde la Presidencia de la República, ni que se le dé la capacidad de suspender sin la intervención del Poder Judicial a un órgano desconcentrado de la Presidencia de la República. Nos parece que eso no va directamente con la naturaleza del órgano.

                Queríamos plantear esta opinión, que la hemos recabado después de haber estudiado el artículo y haber considerado opiniones de especialistas en la materia. En definitiva, decimos todo esto con la mayor convicción, pero también –como siempre que intervenimos– con el tono de planteamiento y estando abiertos a la opinión respecto de esta posición que tienen quienes originaron la propuesta de la norma.

                Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR ROBALLO.- En realidad, el articulado da rango legal a una cantidad de disposiciones que ya se encuentran vigentes y que forman parte no solo de los compromisos por la normativa nacional, sino también de los que hemos ido asumiendo a nivel internacional. En estos días hemos visto el trabajo, el intercambio que el Presidente de la república ha tenido con la OCDE, y todos sabemos las consecuencias negativas que puede traer para el país el hecho de estar mal considerados por un organismo de las características de GAFI. En ese sentido, para proteger los intereses de Uruguay, los de los uruguayos, en esta materia se establecen estas obligaciones.

                Con respecto a los profesionales intervinientes, en realidad lo que se hace es ratificar una obligación que ya tienen porque, incluso, los que se mencionaron dan fe pública de una cantidad de extremos, y esto no hace más que reafirmar, en realidad, la obligación de reportar determinados indicios que podrían configurar el lavado de dinero.

                A efectos de complementar la respuesta con respecto a la actuación o intervención de los escribanos públicos en los negocios, me gustaría –si la señora Presidenta está de acuerdo– que hiciera uso de la palabra el Director de la Secretaría Nacional Antilavado, señor Carlos Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- Algunos de los aspectos manifestados por el señor Senador son compartidos por nosotros. Es más, tenemos una excelente relación con la Asociación de Escribanos del Uruguay y el mejor de los conceptos de ella. 

                Venimos de aquella generación en la que quienes firmábamos las escrituras, lo hacíamos sin leer, y lo seguiremos haciendo porque ese es el concepto que nos merecen los escribanos y todos los sujetos obligados a quienes no vemos como profesionales que debamos controlar, sino como socios que debemos convocar para luchar contra ese problema.

                Quiero hacer algunas precisiones. Bien decía el señor prosecretario que la mayoría de las facultades ya están. Incluso, existen algunas que se han ejercido poco, como las que tiene la UIAF del Banco Central frente a la secretaría desde el año 2012. Ningún organismo puede oponer ningún tipo de secreto ni reserva. 

                En cuanto a nuestra relación para con el Poder Judicial, no hemos recibido ningún tipo de retribución. Sin embargo, vale la pena decir que prácticamente todas las investigaciones que se realizan en materia de crimen organizado y lavado de activos las coordina la secretaría bajo la obligación del debido sigilo que, en buenos términos, significa «respondiendo exclusivamente al juez». Ninguno de los funcionarios que están involucrados en esto puede comunicar a su jerarca qué es lo que tiene que hacer.

                En cuanto a la situación de los escribanos, ya la Ley Nº 17.835 los releva del secreto comercial y profesional a la hora de involucrarse en temas vinculados con el lavado de activos. Para ellos esa obligación no corre como tampoco para ninguno de los sujetos obligados en materia de lavado de activos.

                En lo que tiene que ver con los allanamientos, bien decía el señor Senador que no pretendemos descubrir nada nuevo; es una copia del artículo 68 del Código Tributario. Lo único que se pretende es contemplar situaciones border y en ningún caso se puede realizar un allanamiento si no es bajo la orden y dirección del Juez competente. La Secretaría no tiene la facultad de realizar allanamientos per se, sino bajo la orden del juez. ¿Qué es lo que se pretende contemplar? Que en cualquier casa de comercio o estudio profesional pueda subsistir una casa habitación. A quienes tenemos tantos años de experiencia en la propia administración tributaria, nos ha sucedido que cuando caía una inspección se tendía una cama y se ponía una persona allí de suerte tal de que no se pudiera continuar con el procedimiento. Naturalmente, estamos frente a un caso de border y excepcional que –estamos casi convencidos– jamás vamos a utilizar.

                Con respecto al secreto profesional, como bien decía el señor Prosecretario, lo que hacemos es tratar de cumplir con las normas internacionales que en el caso, concretamente, de los escribanos lo establece a texto expreso la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional.

SEÑOR HEBER.- Voy a realizar consideraciones de carácter general y algunas preguntas de carácter puntual. Quizás la creación de una secretaría nacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo esté plenamente justificada, porque no pasa lo que ocurría en otras instancias donde sosteníamos que había una suerte de duplicación o superposición de actividades. De todos modos, creo que el Banco Central viene cumpliendo una gran labor en la materia y, si no me equivoco, se puede hablar de las normas GAFI. Creo que somos de los primeros países de América Latina que las cumplimos, lo que genera una seguridad financiera que, para nosotros, es fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Quizás hablar del financiamiento del terrorismo sea la novedad de la Secretaría, esa sería la ampliación. Si bien sabíamos que con muchos de estos lavados de activos se financiaban actividades terroristas, creemos que es importante que esta secretaría de Estado expresamente aborde el tema del financiamiento del terrorismo, a fin de poder combatirlo, lo que va alineado con anuncios sobre la posibilidad de coordinar esfuerzos para combatir el terrorismo en términos generales. Creo que es importante que eso se establezca de forma expresa.

                Lo que me llama la atención es el tema puntual de las multas. En la Cámara de Representantes se le hizo un agregado al final del artículo 43 y allí se establece el monto de las multas. Quisiera saber si esto fue promovido por la Presidencia o planteado por Legisladores. También consulto si hay alguna correlación en cuanto a los montos de los   que  estamos  hablando. Las  cifras parecen  importantes porque 20:000.000 de unidades indexadas, que es el máximo, vendrían a ser aproximadamente USD 2:000.000. De todos modos, no sé si poner el monto en el artículo porque frente a la comprobación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo quizás estas cifras sean exiguas. Entonces, no sé si no habría que dar la potestad al Poder Ejecutivo para que establezca las multas vía decreto reglamentario. Todos sabemos que se manejan cifras abultadas de dinero, millones y millones de dólares, y no sé si estos USD 2:000.000 son poco o mucho. Insisto en que quisiera saber si esto fue promovido por la Presidencia. A veces se presentan artículos para que sean mejorados en Comisión y no sé si la autoría de esta norma es de la Presidencia. Entiendo que en un tema tan delicado como este, debemos apoyar.

                Quizás la obsesión que siempre hemos tenido es cumplir con las normas GAFI. Respecto de las de la OCDE entramos en otro plano porque hemos podido comprobar que los países que están aglutinados en esta organización, muchas veces tienen distintos criterios y eso lo hemos sufrido en el pasado reciente, cuando se nos midió de una manera a nosotros, mientras que las principales potencias que dirigen la organización pueden cometer sus pecados en estados o islas que son paraísos fiscales, mucho más importantes de lo que se pretendió acusar al Uruguay en su momento. Entonces, lo que refiere a la OCDE siempre lo miro con lupa y diría que hasta con microscopio. Sin embargo, las normas GAFI son las que, de alguna manera, está cumpliendo el Banco Central y creo que venimos muy bien rankeados en ese sentido porque venimos cumpliendo correctamente.

                Así pues, hice una consideración de carácter general de modo de dejar constancia. Creo que el Banco Central viene cumpliendo muy bien esta tarea.

                Además, está la pregunta sobre las multas para saber qué opina el Poder Ejecutivo, concretamente Presidencia de la República, con respecto a esta inclusión, a  este artículo que fue modificado en la Cámara de Representantes.

SEÑOR ROBALLO.- Coincido con el señor Senador en algunas de sus apreciaciones relativas a la diferenciación entre lo que son los exámenes de la OCDE y de GAFI. Pero también es cierto que después nos traen problemas, así que tenemos que hacer todos los deberes y bien. Fue por esa razón que mencioné a los dos.

Estamos trabajando porque vamos a ser auditados en 2019. Entonces, parte de la fundamentación de este articulado que se está presentando tiene que ver con ir preparándonos y tener un estándar aún mejor para poder hacer frente a ese examen de GAFI.

Con respecto a las multas, ese inciso aparece ahora porque, en realidad, hubo una omisión del Poder Ejecutivo. Estaba proyectado, estaba previsto, pero por alguna razón no quedó incorporado. En cuanto a los mínimos y a los máximos, ellos tienen que ver con la graduación. Como ustedes saben, al igual que la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la DGI y la Aduana, están reglados a la hora de fijar una multa. Ello es así porque, en general, tiene que ver con la dimensión de la irregularidad administrativa, con los montos manejados y demás, y esas cifras son las que nos parecen adecuadas según lo que se ha visto hasta ahora.

Para complementar este aspecto, que me parece muy importante, solicito se autorice nuevamente al señor Díaz a hacer uso de la palabra.

SEÑOR DÍAZ.- Me ha parecido más que acertado el elogio y, más que eso, el reconocimiento a la labor fundamental que ha venido cumpliendo la UIAF del Banco Central en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que surgen del GAFI.

                Hace ya mucho tiempo que el GAFI dejó de ceñir sus obligaciones al sistema financiero e incursionó estableciendo obligaciones fuera de este sistema, como las que merecieron la intervención del señor Senador: escribanos, zonas francas, abogados, inmobiliarias, todos sectores que no están en el sector financiero.

Uruguay, para nuestro gusto y para lo que han informado organismos internacionales, sí está conceptuado entre los mejores de América Latina, concretamente, entre los dos mejores. 

Quizás, en el apuro omití señalar que la secretaría está en el ámbito de la Presidencia, pero el órgano máximo que regula todo el sistema –como nosotros le llamamos– antilavado de activos es la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Esta Comisión está presidida por el Prosecretario, la integran los Viceministros del Interior, de Economía y Finanzas, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura, así como la UIAF del Banco Central, y es coordinada por la Secretaría Antilavado. Es decir que todos ellos son quienes articulan la política en materia de lavado de activos en todo el país y, sin ningún lugar a dudas, el rol que juega la UIAF en el sector financiero resulta fundamental.

                Con esta incorporación se pretende cerrar y completar el trabajo que la UIAF realiza en el sector financiero, haciéndolo a su imagen y semejanza en el sector no financiero. Es decir que tendría autonomía técnica al igual que la UIAF, pero los sueldos y todos los servicios de asistencia los paga el Banco Central. Eso es lo que se está haciendo en este momento.

                En relación con las multas, la escala que se omitió en el primer envío del Poder Ejecutivo es la misma que fue establecida en la Ley Nº 17.835, de setiembre de 2004, con la modificación dada por la Ley Nº 18.494, de 2009. Nos pareció que era necesario que el propio Poder Ejecutivo se estableciera a sí mismo un freno y no ha encontrado otro mejor que ese que ya ha cumplido los diez años. Si ustedes ven las multas, son exactamente las mismas; no ha cambiado nada.

SEÑOR ROBALLO.- Para referirnos al artículo 45, quisiera que hiciera uso de la palabra el Director del Sistema Nacional de Emergencias, licenciado Fernando Traversa.

SEÑOR TRAVERSA.- El Sistema Nacional de Emergencias, que forma parte de la Presidencia de la República, presenta hoy la creación de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos. Como allí está expresado, es el ámbito de coordinación del Poder Ejecutivo para la definición de políticas públicas de reducción de riesgo y atención a emergencias y desastres. Esta junta reforzará las capacidades del Estado para coordinar sus acciones en la gestión de riesgo en todas sus fases, es decir la prevención, mitigación, preparación, atención a las emergencias, rehabilitación y reconstrucción. Por tanto, las competencias que allí quedan expresadas aumentarán las capacidades que el país dispone para la gestión de riesgos de emergencias.

SEÑOR HEBER.- Quisiera saber cómo funcionaba hasta ahora. ¿Esto le da más organicidad, una institucionalidad mayor? Recuerdo que antes el prosecretario era el que hacía todo. Supongo que esa será la justificación de la creación de la Junta.

SEÑOR TRAVERSA.- En realidad, la Ley Nº 18.621 establece cinco órganos dentro del Sistema Nacional de Emergencias, que recaen en el Poder Ejecutivo como órgano superior. Además, están la Dirección Nacional de Emergencias, la Comisión asesora, los Ministerios y, por último, los subsistemas departamentales. En los cinco años de creación de la ley nunca fue convocada la Comisión asesora y desde el Sistema Nacional de Emergencia entendimos que no revestía las condiciones necesarias para el fortalecimiento del sistema. La creación de la Junta ayuda a fortalecer las capacidades para el trabajo de articulación entre los Ministerios, que están expresados en la ley, pero que encontraban como espacio colegiado de trabajo, exclusivamente, los subsistemas departamentales y eran convocados desde la dirección nacional de acuerdo con los temas. Esto permitirá, en particular, tener un trabajo estable para el desarrollo de mejores condiciones de prevención y mitigación de riesgos. Por esa razón se considera pertinente desarrollar la junta.

                El Prosecretario naturalmente sigue siendo quien ejerce la Presidencia de dicho ámbito y la Secretaría General de la Junta es ejercida por la dirección nacional que depende del Prosecretario que, además, por delegación presidencial, es quien ejerce la última responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo.

SEÑOR GARCÍA.- Retribuyo los saludos dados por los señores Senadores que han hecho uso de la palabra.

                De los ocho artículos que van del 46 al 53, seis tienen que ver con mejoras en el funcionamiento y la reasignación de rubros, que veremos en detalle, y dos con alguna innovación que nos parece importante resaltar a la hora de mejorar la gestión.

                En particular estas reasignaciones de rubro están financiadas con ahorros del propio Inciso –digamos, de la Unidad Ejecutora– y de los                 $ 100:000.000 que decía el prosecretario en un inicio, relativos al ahorro en retribuciones personales del grupo  0, la OPP aporta unos $ 40:000.000 en esta ley presupuestal.

                El artículo 46 refiere a una reestructura organizativa que hemos realizado en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la que necesitamos modificar tres cargos de particular confianza existentes y crear uno más, el de coordinador general. Esto refiere básicamente a la introducción de tareas que consideramos sustanciales en la OPP durante este período de Gobierno. Tiene que ver con la mirada de mediano y largo plazo. Estamos creando la dirección de planificación.

                El país ha tenido buenas experiencias en el pasado con referencia a la mirada prospectiva. Esto no se ha sistematizado institucionalmente y de alguna manera la Oficina de Planeamiento y Presupuesto –como lo dice el primero de sus apellidos–  tiene este cometido para llevar adelante. Hay historia referida a esto. El propio Parlamento tiene una iniciativa de mirar al futuro y de ver las posibilidades de Uruguay en adelante.

                El artículo 46 simplemente readecua esto a la reestructura organizativa que estábamos planteando.

                Voy a seguir adelante con la consideración de los ocho artículos, pero con muchísimo gusto profundizaré cualquier pregunta.

                El artículo 47 crea el Registro Nacional de Evaluaciones de la Intervención Pública. Este es uno de los artículos que me parece relevante con referencia a innovaciones, que comete a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la creación del Registro Nacional de Evaluaciones e Intervenciones Públicas. Este registro tiene que ver, básicamente, con algunos mandatos legales que tiene la oficina –a partir de la Ley Nº 16.736 del año 1996, en la redacción dada por el artículo 22 de la Ley Nº 18.996–, como la evaluación semestral de las intervenciones públicas de los organismos del Presupuesto Nacional.

Estamos en el Año Internacional de la Evaluación, determinado por Naciones Unidas y se acaba de cumplir la meta que este organismo había planteado para los objetivos de desarrollo del milenio y se están planteando los objetivos de desarrollo sustentable a nivel de todos los países. Esta es una meta ambiciosa que se vincula directamente con la evaluación que los países tienen que hacer sobre cómo están cumpliendo cada uno de esos objetivos. Diría que más allá de lo que establece Naciones Unidas, en Uruguay, a partir de la creación del Área de Gestión y Evaluación del Estado en el año 2007, hemos venido generando un verdadero cambio de cultura a nivel del Estado, por el cual la profundización de la evaluación de lo que hacemos todos y cada uno de nosotros resulta de especial importancia. Obviamente, es un hecho gradual y en este presupuesto se está planteando un paso más, para que por medio de este Registro Nacional de Evaluaciones, con razones de transparencia, de conocimiento público y de mejora del conocimiento del destino de los fondos públicos, se pueda seguir en este proceso de evaluación de la gestión pública.

                El artículo 48 está asimilando los proyectos 520 y 912, de equidad y desarrollo territorial que ya existen en la OPP, al mecanismo que históricamente tienen el proyecto 745 y otros, de apoyo al sector productivo electrificación. Este proyecto implica poder aprovechar los reintegros de los gastos de inversión y los recuperos de préstamos para seguir otorgando beneficios a los nuevos proyectos. En particular, el proyecto de electrificación rural ha permitido que estemos muy cerca de completar prácticamente el 100% de la electrificación y hoy nos queda por atender los lugares más lejanos, unos 3.000 casos en los que estamos trabajando. El hecho de utilizar esto como un fondo rotatorio, ha permitido seguir avanzando con los recuperos, a favor de nuevos proyectos.

SEÑOR HEBER.- Los artículos 46 y 47 son claros pero se ha dicho que el artículo 48 básicamente está destinado al programa de apoyo al sector productivo de electrificación, en donde se asimilan, se agregan o se fusionan programas que ya tenía la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En el caso de que esto no sea así, pido que me lo expliquen.

                Hay proyectos de fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios como, por ejemplo, los 520 y 912, relativos al desarrollo territorial y al apoyo de los gobiernos departamentales y locales. Me gustaría que me explicaran esto un poco mejor porque de la lectura no surge claramente cómo va a funcionar. Creo que se trata de que haya un reintegro de dinero para continuar con otras actividades productivas o de electrificación.

SEÑOR GARCÍA.- Es lógico que no lo entienda porque esta es una nueva redacción de una norma anterior que no tiene por qué conocer y tampoco está el comparativo con la situación existente.

                Quizás no fui claro pero este artículo busca aplicar a los proyectos 520 y 912, que son los denominados de equidad territorial y de desarrollo territorial, los mismos mecanismos que ya existen para el programa de apoyo al sector productivo de electrificación, de infraestructura comunitaria y de proyectos productivos, que operan como una suerte de fondos rotatorios. Se apela a los recuperos de lo que se cobra por los préstamos otorgados, que tienen una contraparte de subsidio para la electrificación rural porque eso ayuda a seguir avanzando en cada una de las materias. Como entendemos que este mecanismo es el adecuado, también estamos proponiendo incorporar los programas 520 y 912.

SEÑOR HEBER.-  Ahora entendí bien qué es lo que se pretende.

                Me queda una última duda de la generosidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en cuanto a que los recuperos de los préstamos otorgados por el Fondo Nacional de Preinversión con anterioridad al 31 de diciembre serán vertidos a Rentas Generales.  Quizás sea un buen fondo como para poder terminar estos proyectos que son importantes. No entiendo esa devoción que se  tiene por Rentas Generales; nosotros terminamos odiándola.

(Hilaridad).

                –Simplemente, quería hacer un comentario final sobre este artículo porque se trata de recuperos que pueden ser útiles.

SEÑOR GARCÍA.-  La última frase está relacionada con la modificación de otra disposición que está más adelante. Si no me equivoco, se trata del artículo 663, que pertenece al grupo de artículos que tiene que ver con las trasferencias a los Gobiernos departamentales. Sobre él hablaremos en su momento. Para explicitar más profundamente este artículo, voy a solicitar Pedro Apezteguía, Director de Descentralización e Inversión Pública, que haga uso de la palabra.

SEÑOR APEZTEGUÍA.- Dentro  de ese grupo el artículo 663 es realmente importante y establece un cambio de criterio de cómo venía funcionando el Fonadep hasta ahora. El Fonadep es un préstamo de fines de la década de los ochenta que funciona en un sistema en el cual fue otorgado un préstamo de preinversión. El Ministerio de Economía y Finanzas habilita un crédito presupuestal y luego reintegra al fondo del propio Ministerio las cifras prestadas por dicho fondo. Ese sistema estaba hecho para épocas donde las disponibilidades de caja eran bien distintas a los créditos presupuestales, por lo cual, en este caso, se procura establecer un monto fijo, absolutamente ejecutable, independientemente de si el organismo tiene crédito o no, de si la Intendencia tiene o no autorización de la junta departamental para obtener un préstamo  que luego no iba a devolver –pero como era un préstamo tenía que requerir autorización de la junta departamental–; es decir, en lugar de utilizar ese sistema complejo se estudió hacia atrás cuáles habían sido los niveles de inversión del Fonadep en los últimos diez años. Se llegó a la conclusión de que con un fondo del orden del millón de dólares eso podía ser atendido sin requerirle al titular del estudio el reintegro del fondo y, en el caso de los reintegros de los préstamos anteriormente otorgados, que ese dinero volviera a Rentas Generales, que era quien finalmente había realizado oportunamente los desembolsos. Ese el motivo de la exclusión del Fonadep  en los artículos 48 y 663.

SEÑOR GARCÍA.- El artículo 49 reconoce la realidad retributiva y procura como objetivo evitar la reiteración de gastos que plantea el Tribunal de Cuentas  por exceso del 5% de los sueldos básicos en el pago de horas extras. El Tribunal toma los sueldos básicos puros –así está establecido y queremos corregirlo con esta norma–, pero hay una serie de compensaciones que tienen que ver con alimentación, prestaciones por salud, compensación producto o similares u otras retribuciones que de uso también forman parte de la retribución básica. Por lo tanto esta norma trata de reconocer esa realidad retributiva actual a los efectos de evitar una serie de reiteraciones que hay que realizar ante el Tribunal de Cuentas.

                Otro de los artículos que nos parece importante destacar es el 50, que se relaciona con la creación de compromisos de gestión para entes autónomos y servicios descentralizados. Allí se establece que los entes autónomos y los servicios descentralizados incluidos en el artículo 220 de la Constitución de la república podrán contar con compromisos de gestión suscritos entre el organismo, el Ministerio a través del cual se relacionan con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El objetivo de esta disposición es establecer, a partir de un conjunto de indicadores, las metas anuales y de mediano plazo –coherentes con los planes estratégicos que posee cada uno de los organismos– para tener una base de coherencia –tal como planteamos en el artículo anterior que destacamos especialmente a raíz del tema de la evaluación– y que esa medición sirva a los efectos de la evaluación. Estos compromisos de gestión nos van a brindar –ya lo están haciendo en algunos casos– los objetivos de cada uno de los organismos para poder llevar adelante un mejor funcionamiento. Como decía, estos organismos son los que están incluidos en el artículo 220 de la Constitución, los cuales podrán contar con compromisos de gestión suscritos entre el organismo, el Ministerio a través del cual se relacionan con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a partir de una modificación que se introdujo en la Cámara de Representantes.

SEÑOR HEBER.- Entiendo y comparto las necesidades de los compromisos de gestión que se establecen en este artículo. Ahora bien, no es poca cosa modificar el término «deberán» por «podrán». El «podrán» puede implicar la posibilidad de que digan «no puedo»; en cambio, el «deberán» implica una mayor obligación a la que estos organismos tenían como compromisos de gestión. Me parece que este cambio condiciona el poder que puede tener el propio Poder Ejecutivo en cuanto a arribar a las metas de gestión. Por eso considero que no es un cambio menor el que se introdujo y en ese sentido quería saber la opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR GARCÍA.- El artículo original incluía el término «deberán», lo que generó en la Cámara de Representantes un debate interesante con relación a los alcances de la autonomía de cada uno de los organismos y hasta dónde esto podía o no estar violentando la autonomía. Creo que hay un necesario equilibrio y balance que deben darse y podemos hacer mayor hincapié en una de las partes o en la otra. Hay una zona gris en torno a la cual se dio la discusión en la Cámara de Representantes y nos parece muy importante el mecanismo de compromiso de gestión. Por lo tanto, en esa cámara se planteó soberanamente la discusión, que ahora está a consideración del Senado, también soberanamente. Lo que queda claro es que el Poder Ejecutivo planteó el término «deberán» porque entendía que era más importante deber contar con los compromisos de gestión y los representantes lo consideraron diferente.

SEÑOR HEBER.- Voy a leer la discusión que tuvo lugar en la Cámara de Representantes para estar bien empapado de los argumentos que se dieron en una y otra instancia.

                Naturalmente, los organismos que están incluidos en el artículo 220 de la Constitución tienen autonomía, lo que lleva a que ellos mismos establezcan un compromiso de gestión y no que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto les diga lo que tienen que hacer. Pero si ellos mismos establecen el compromiso de gestión simplemente deben cumplir con lo que se autoimponen; entonces, me parece que no estaríamos violando la autonomía, lo que tendríamos sería una exigencia, y no solo por parte del Poder Ejecutivo sino también del propio Parlamento. Me refiero a poder cumplir con los compromisos y, muchas veces, también exigir a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución que concreten los compromisos de gestión que ellos mismos se han establecido.

                Quería hacer este comentario, más allá de que voy a leer la discusión que se dio sobre este punto en la Cámara de Representantes. Me parece que el término «deberán» es mucho más imperativo porque obliga a que los propios organismos establezcan sus objetivos de gestión, a menos que queden siempre en una especie de limbo presupuestal, en virtud del cual resulta difícil determinar si se cumplieron o no. Este es simplemente un comentario y no una pregunta, porque en primer término quisiera informarme más sobre el nivel de discusión que hubo en la Cámara de Representantes.

SEÑOR GARCÍA.- El artículo 51 reasigna una partida para contrataciones de becarios y pasantes; pasa de Objeto del Gasto 092 004 una partida global ya existente para reformulación de estructuras al Objeto de Gasto 057, correspondiente a becas de trabajo y pasantías. Como decía, esto tiene el mismo financiamiento y eso nos permite contar con recursos humanos nuevos para cubrir áreas de apoyo y servicio. Hay algunos programas, inclusive, que están dados a nivel del propio Estado, como es el caso de un programa muy exitoso, «Uruguay estudia y trabaja», en el cual los propios organismos públicos podemos participar.

SEÑOR HEBER.- El artículo 51 nuevamente brinda posibilidades de generar becas de trabajo y pasantías. Posteriormente, como ya sabemos, vendrán artículos que propondrán regularizar y presupuestar, tal como estuvimos discutiendo hoy de mañana. Sin dudas, se trata de trabajos temporales que después se terminan presupuestando y así pasamos de 230.000 vínculos a 290.000 vínculos; de ese modo, se abre otra puertita sobre la que espero no volver a tener con el Director Nacional del Servicio Civil otra discusión con respecto a estos becarios y pasantes, que resultan imprescindibles para la administración porque 290.000 vínculos no son suficientes para cumplir con su misión. Obviamente, estos comentarios que estoy haciendo son de carácter político, ya que, repito, esta mañana discutimos sobre este mismo punto. Me pregunto a cuántas becas y pasantías pueden corresponder estos $ 2:978.447.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Con relación a la doble consulta que realiza el Senador, debo decir que para que responda la primera tendrá que esperar a la próxima rendición de cuentas para dar fe de su clarividencia. Efectivamente, el uso correcto de esta legislación permite que los jóvenes puedan incorporarse a tener experiencias laborales y luego continúen con una etapa de desarrollo laboral fuera de la estructura del Estado o, al menos, fuera de esta herramienta de contratación. El número varía entre 10 y 7, dependiendo de cuál sea la situación de la persona convocada, porque como los señores Senadores saben, el salario para esos cargos se ubica entre 4 y 6 BPC, dependiendo de si se trata de una joven embarazada, ya que esta circunstancia cambia la remuneración. Por lo tanto,  cuando se hace la convocatoria hay que tener en cuenta estos aspectos a fin de que cada uno asuma su responsabilidad.

SEÑOR GARCÍA.- En el artículo 52 se hace justicia al corregir una situación de discriminación en la cual se encontraba la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con la existencia de diferentes regímenes de pases en Comisión dentro de la Administración central. Lo que se propone es eliminar el doble estándar que existía hasta el momento y autorizar el pase de funcionarios desde organismos públicos estatales y no estatales. En definitiva, lo que hace el artículo es unificar los procedimientos de pases en Comisión.

                El artículo 53 establece una reasignación en la unidad ejecutora «Oficina de Planeamiento y Presupuesto», programa 481 «Política de Gobierno», del objeto del gasto 095.002 «Fondo para Contratos Temporales de Derecho Público», al objeto del gasto 042.510 «Compensación especial por funciones especiales». La idea es poder financiar la compensación que paga la oficina en caso de pases en Comisión entrantes y en caso de funcionarios que pasen a desempeñar funciones que exijan una mayor dedicación o un mayor desempeño, ya sea con carácter permanente o zafral. El objetivo final es contar con las remuneraciones acordes a las tareas que desempeñan los funcionarios y la reasignación es por un monto de $ 10:843.334.

SEÑOR HEBER.- El fondo de los contratos temporales es el tema del día de hoy, porque a él hemos vuelto una y otra vez. Aquí se plantea que lo que se ahorra del fondo se traslade a compensaciones, si entiendo bien.

SEÑOR GARCÍA.- Sí, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Si eso es así, vamos a tener un mayor gasto porque, en definitiva, derogamos la figura del contrato temporal; no hay, supuestamente, más contratos temporales, y a los 263 los presupuestamos, pero la plata que teníamos para esos 263 la usamos para compensaciones. No sé si estoy equivocado, pero quizás nuestros invitados me puedan aclarar cómo es este sistema por el cual se regularizan los contratos temporales y se los transforma en provisorios, por 18 meses. Los contratos temporales eran por tres años, con una renovación por otros tres, pero se transforman en permanentes, porque ahora se hacen por 18 meses y después va a llegar la presupuestación. Si después de seis años les damos 18 meses, van a continuar; parece lo lógico. Y esta plata se utiliza para compensaciones. No sé si entendí bien el artículo.

SEÑOR GARCÍA.- Siempre es importante ver el bosque completo y no los arbolitos por separado. Ya me ha pasado en varias de las intervenciones en el Parlamento que a veces se ven algunas partes por separado y no el total.

En el total hay un ahorro de $ 40:000.000 en el Rubro 0 en este Presupuesto por parte de la OPP. Es parte de los $ 100:000.000 que planteaba el señor Subsecretario. Eso es importante. Y en este artículo hay reasignaciones de otros rubros ya existentes. En este sentido, diría que ambos son temporales, porque un pase en Comisión puede ser por un período de gobierno o por más y puede haber o no una tarea adicional que cumplir y por la cual haya que otorgar alguna compensación, y en el caso de los contratos temporales, lo dice su propio nombre.

Por lo tanto, aquí no hay ningún incremento de gasto; al contrario, como decía antes, mirando el bosque en general y en particular el Inciso 02, Unidad Ejecutora 004, hay un ahorro.

                Si no hay más preguntas he llegado al final de los artículos, por lo menos en esta etapa porque más adelante tenemos algunos más.

SEÑOR ROBALLO.- Para referirse a los artículos que van del 54 al 57 de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, solicito a la señora Presidenta que le ceda  la palabra al doctor Laborde.

SEÑOR LABORDE.- En el caso de la Ursea, hay cuatro propuestas de artículos. Por un lado, tenemos el artículo 54 que establece ajustes al artículo 15 de la Ley Nº 18.597, que es la norma legal que regula y promueve el uso eficiente de la energía.

                Esa norma prevé que la Ursea controle la comercialización de productos y equipamientos eléctricos de manera que se incluya en ellos información normalizada, referente a su nivel de eficiencia energética, mediante etiquetado. El artículo 15 de la redacción vigente preveía como sanción, ante incumplimientos, la multa y establecía el tope del cien por ciento del precio de venta de los productos involucrados.

A raíz de la experiencia inspectiva de la Ursea en este último tiempo, que ha sido realmente bien interesante, se decidió hacer algunos ajustes. El primero es prever la posibilidad de otro tipo de sanciones, tal como establece nuestra propia ley organizativa, Nº 17.598. Por ejemplo, posibilitar la sanción de apercibimiento para incumplimientos de menor cuantía, tal como está previsto en nuestra ley. Pero el tema del tope previsto también genera inconveniente, por ejemplo, cuando en una inspección se constata o corrobora que en un comercio hay un stock menor de lámparas de iluminación que no cumplen con las normas de etiquetado. Si bien la infracción es de entidad porque no se está informando al consumidor sobre el nivel de eficiencia de esas lámparas, la cuantía de las lámparas lleva a que la sanción de multa a aplicar sea mucho menor y no se da una señal adecuada para que se corrija la irregularidad. El artículo postula vincular lo sancionatorio a lo previsto en la ley de organización de la Ursea y al principio de razonabilidad.

 Luego tenemos el artículo 55. Como bien saben los señores Senadores es práctica extendida en la región y en el mundo –que la Ursea ha tomado– que para evaluar la conformidad de un producto de equipamiento eléctrico a las normas de seguridad o de etiquetado de eficiencia energética se atienda a la certificación de organismos certificadores acreditados ante el organismo uruguayo de acreditación, tales como UNIT, LSQA u otros. Si esos organismos certificadores tienen incumplimientos en su labor de certificación, la Ursea debe informar al órgano acreditador para que adopte las medidas del caso. En ese sentido, se postula para dar mejor blindaje a este sistema de acreditación y certificación.

El artículo 56 atiende al artículo 26 de la Ley Nº 16.598,  organizativa de la Ursea. Ahí se hace un pequeño ajuste. Como bien saben los señores Senadores, desde la creación de la Ursea, a fines de 2002, la ley prevé que si hay incumplimientos, por parte de las empresas reguladas, que provocan perjuicios a los usuarios y estos pueden identificarse, el regulador puede revertir a ellos lo percibido por la multa. Ello se viene dando en materia de control de calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, por ejemplo, con interrupciones, nivel de voltaje, facturación estimada, etcétera.

El proyecto procura dar una respuesta normativa para la reversión de la multa fundada en el principio de razonabilidad cuando hay efectivamente usuarios afectados e identificados, pero resulta muy dificultoso determinar el perjuicio producido. Por ejemplo, cuando se superan las metas en materia de facturación estimada, en que es muy difícil determinar el nivel de perjuicio que sufre cada usuario. Ahí se plantea el ajuste final, es decir, establecer que el monto a revertir de la multa debe ajustarse al principio de razonabilidad.

Por último, es una norma netamente presupuestal que habilita al Poder Ejecutivo a suprimir vacantes en la Ursea y a reasignar  los créditos que resulten de la eliminación  de vacantes en materia de compensaciones especiales. ¿A qué apunta esto? La Ursea necesita tener una flexibilidad razonable de reasignación, de manera de poder viabilizar la provisión de cargos necesarios que la habiliten a prestar servicios con personal con adecuado perfil y capacitación. Existe en la plantilla un número considerable de cargos previstos, que solo tienen asignada presupuestalmente una retribución básica, sin incluir la diferencia de tablas para arribar a la retribución total. De aprobarse el artículo, la Ursea podría evaluar la posibilidad de reasignar créditos de vacantes eliminadas y, de esa manera, habilitar la provisión de otros cargos con una retribución acorde que incluya la diferencia de tablas. De esa manera, podrá optimizar la disposición de recursos humanos de mejor forma dentro de las posibilidades presupuestarias, lo que mejorará la prestación del servicio. No implicará más costos que los previstos a nivel presupuestal.

SEÑOR CAMY.- Quería hacer dos preguntas y establecer nuestra opinión en un tema que nos importa mucho, como es el de los organismos reguladores, particularmente la Ursea, que –como sabemos– es una institución estatal creada con el fin de defender los intereses de los usuarios y contribuir al desarrollo del país mediante la regulación, fiscalización y asesoramiento en los sectores de energía, combustible y agua.

El objetivo, obviamente, es que cada uruguayo tenga acceso a todos los productos y servicios que se vinculan a la electricidad, al gas, al combustible y al agua potable, con la calidad, la seguridad, la continuidad y el mejor precio posible. De esta manera –obviamente– se están logrando dos cosas: proteger los derechos de los consumidores y, a la vez, promover la competencia.

En los últimos años se ha sumado a esta regulación el control de actividades relacionadas con el uso eficiente de la energía, la seguridad de los productos eléctricos, el uso de la energía solar térmica y la utilización de generadores a vapor, las calderas, como les decimos en criollo. Ese es un tema que se da particularmente en los departamentos del suroeste, donde se concentra la mayor cantidad de pequeños establecimientos industriales lecheros. Es un tema de complejidad, de reclamo y de una necesaria atención.

La Ursea regula actividades de energía eléctrica, combustible, gas natural, agrocombustibles, agua potable y saneamiento; de eficiencia energética, energía solar térmica y los generadores a vapor, como señalábamos, tanto en el funcionamiento como en las condiciones de seguridad.

Para ingresar a la pregunta, señora Presidenta, en el literal H) del artículo de la Ley Nº 18.719 de Presupuesto Nacional, Período 2010‑2014 –la última ley de Presupuesto–, se transfieren las competencias en materia de funcionamiento y condiciones de seguridad de los generadores de vapor. Antes lo realizaba la Dirección Nacional de Energía con el apoyo del LATU y el Ministerio de Industria, Energía y Minería percibía, por estos servicios, ingresos que estaban establecidos en la Ley Nº 15.809. Eran dos tasas: la Tasa de Verificación de Calderas de Vapor y la Tasa de Inspección Anual de Calderas de Vapor. Una se establecía para probar cada caldera antes de que se instalara, y la otra era por la inspección anual que se hacía a cada una de estas calderas.

También se les establecía a los tenedores y usuarios de las calderas algunas obligaciones; y, asimismo, en otro artículo se decía en función de qué se establecían las tasas. Básicamente, era en función de la superficie, y ahí había una prelación.

El artículo 419 de esta ley de Presupuesto establece que esas tasas deben ser recaudas por la Ursea, pero con destino a Rentas Generales.

                Según los cuadros que se proyectan del proyecto de ley de Presupuesto en discusión, se prevén ingresos anuales del entorno de los $ 9:000.000 para los años 2015 y 2016, que se incrementará en los años siguientes.

                La pregunta puntual es por qué no se destinaron esos recursos específicamente al presupuesto de la Ursea, que incluso no tenía profesionales formados en esa especialidad, por lo que tuvo que suscribir un convenio con el LATU con sus propios recursos presupuestales. La pregunta puntual, reitero, es por qué esos recursos no se destinaron al presupuesto de la Ursea.

                Otro tema al que quiero hacer referencia tiene que ver con las inversiones. Hace pocos días evaluamos en esta Comisión el plan quinquenal de inversiones en infraestructura por un monto de USD 12.370:000.000 y se señalaba que se preveían inversiones en energía por USD 4.230:000.000 y en saneamiento por USD 550:000.000, es decir, un total de USD 4.780:000.000, que es el 38,6 % del total de lo que se aspira a concretar en inversiones de infraestructura. Estamos hablando de inversiones en sectores regulados por la Ursea, pero a ella no se le asignan recursos. Es decir que hay más responsabilidad, más competencia, pero reitero que no se asignan recursos para la Ursea. Creemos que los recursos están –muchas veces se nos ha planteado aquí que pedir y no decir de dónde se saca parece poco responsable y serio­–, el tema es que van al tesoro central.

                En el artículo 57 se autoriza al Poder Ejecutivo a eliminar vacantes –es decir, eliminar cargos– para redistribuir el crédito presupuestal a un rubro de compensaciones que se destinaría para ocupar otros cargos. Sabemos que la Ursea no dispone en el Rubro 0 de los recursos presupuestales para ocupar toda la estructura aprobada. Es bueno mencionar que cuando se crea la Ursea, en el año 2002 mediante la Ley Nº 17.598, en el artículo 17 se crea la tasa de control del marco regulatorio de energía y agua. Es decir que creamos una tasa –obviamente, asociada a un servicio– que no se destina totalmente para atender las necesidades que hoy tiene la Ursea, a la que se atribuyen más competencias en el marco que señalábamos.

                Queremos resaltar la necesidad de la reguladora de contar con profesionales, especialistas y funcionarios capacitados en los temas de las competencias que le atribuimos. Por ello sentimos que tenemos que darle recursos presupuestales porque si no le damos las herramientas para cumplir la función, no tiene sentido que estemos creando esto que creo que todos reivindicamos.

                En la Ley Nº 17.930, de Presupuesto Nacional para el período de 2005-2009, se establecen los niveles retributivos, la asignación de gastos e inversiones, y se modifica algún artículo de la ley de creación de la Ursea. En el artículo 192 de esa ley se establece que si hubiera excedentes en la suma anual que se recauda por dicha tasa, por sobre el presupuesto aprobado de la Ursea, esa diferencia se devolverá al año siguiente a los regulados. La diferencia entre la tasa recaudada y el presupuesto que se aprobó es de aproximadamente USD 2:000.000, monto que ni siquiera se devuelve en dinero sino que se deduce del pago que realizan los regulados que, entre Ancap, UTE y OSE, equivale casi al 90 % de los ingresos que genera esa tasa. Si todo funcionara bien, los regulados deberían devolver ese dinero a los contribuyentes; eso sería lo lógico ya que dicha tasa es cobrada en la facturación de los servicios públicos que paga cada usuario. Sin embargo, en la práctica esto no se realiza ni por los regulados públicos ni por los privados.

La segunda pregunta puntual es por qué no destinar esos excedentes anuales a consolidar la unidad reguladora, permitiéndole ocupar  toda la estructura de cargos y funciones. Reitero que la justificación –es lo que entendemos luego de consultas realizadas a especialistas y gente vinculada que conoce el tema– apunta a la necesidad de contar con técnicos especialistas en los temas, tanto de las actuales como de las nuevas competencias que se le han asignado a esta unidad, con la posibilidad de retener profesionales valiosos que hoy tiene la Ursea y que se podrían ver tentados por el mercado. En el ánimo de que funcione la unidad –a todos nos involucra–, nos parece importante dotarla de recursos. Además, se nos ocurre sugerir la posibilidad que mencioné porque se trata de recursos que existen. No le decimos al Gobierno que tendría que hacer tal cosa y que busque la plata para eso; no es así: nos ponemos en un lugar de responsabilidad. ¿Quién de los que estamos acá no quiere contribuir a solucionar las cosas? Seguramente, en gran parte pensamos igual.

Planteamos un tema de recursos que nos parece justo y entendemos que se los puede redireccionar para potenciar un organismo muy importante para el país.

                Esas eran las dos preguntas y los argumentos  que queríamos expresar.

SEÑOR ROBALLO.- Coincidimos con el Senador en cuanto a la necesidad de capacitar a los funcionarios y fortalecer la estructura. Se ha venido trabajando y por eso se obtienen recursos del Ministerio de Economía y Finanzas y se realizan convenios con el LATU y otros organismos.

Se hizo referencia a los generadores de vapor, tema que conozco bien porque en la transición que hubo en el pasaje de la fiscalización del Ministerio de Industria, Energía y Minería a la Ursea dirigía la Inspección de Trabajo, era quien pedía la certificación y, si no estaba, había que clausurar, así que imagínense. Se hizo un trabajo muy bueno con la Ursea y el LATU que permitió sanear el atraso que existía.

                Con respecto a los recursos que genera cada organismo, podemos decir que es el sueño de cada uno de ellos –lo digo como ex Director de un organismo de fiscalización que imponía multas– quedarse con lo que recauda por concepto de multas u otras herramientas. Sin embargo, esos no dejan de ser recursos incluidos en el Presupuesto, que se distribuyen de acuerdo con determinados criterios. Podemos poner como ejemplo a la DGI; pensemos qué sucedería si este organismo pretendiera lo mismo. De pronto es un ejemplo exagerado, lo admito, pero el tema de si los recursos que generan los organismos se afectan a su propio funcionamiento, en qué porcentaje y si tienen prioridad o no, es una discusión histórica de todos los gobiernos; pero así está organizado.

                En el tema de la relación entre el crecimiento de las inversiones y las competencias de los organismos de contralor, no siempre hay una relación directa o proporcional en función de la dimensión de las inversiones y la necesidad de fortalecimiento del organismo. Esto lo digo también en base a la experiencia. De no ser así, tendríamos que haber duplicado o triplicado la Inspección de Trabajo, por ejemplo, para el emprendimiento Montes del Plata, luego disminuirla y, si se construye otra pastera, duplicarla o triplicarla nuevamente.

                Para eso se diseñan mecanismos, instrumentos –sobre todo a partir de la introducción de tecnología– para hacer frente a esas situaciones, poder controlar debidamente y adaptarse a esas realidades.

A modo de ejemplo –luego pediré al Presidente de la Ursec que se refiera a este aspecto–, controlar el horario de trabajo o el trabajo efectivo de  cada uno de los 6.000 trabajadores en Montes del Plata sería un poco complicado, aunque mandáramos a los 150 inspectores.

Sin embargo, a partir de datos en formato electrónico del molinete, es decir, al ingreso a la zona franca –Montes del Plata era una zona franca–, los recibos de sueldo y la planilla del puntero –o sea,  quien da ingreso al lugar de trabajo a  cada trabajador–, y mediante una comparación aleatoria de esos tres documentos se podría saber, de a centenas de trabajadores, si se estaba cumpliendo o no, qué horario hacían, si había trabajo extraordinario, etcétera.  

Hay mecanismos inteligentes a partir del desarrollo y la introducción de tecnología que permiten esa adaptación. Nosotros apostamos a eso, especialmente en la Ursea. Coincido con el señor Senador en cuanto a que los emprendimientos proyectados son, por suerte,  importantes y requieren de una profundización de ese trabajo.

Vamos a ir haciendo un amalgamiento lo más responsable posible de acuerdo con las posibilidades presupuestales, pero teniendo en cuenta el cumplimiento de la misión que tiene el organismo que, sin duda, es muy importante.

Para complementar la respuesta porque hay algún aspecto que quizá requiera profundización, solicito que se autorice al Presidente de la Ursea, ingeniero Falcón, a hacer uso de la palabra.

SEÑOR FALCÓN.-             Como Presidente de un organismo, uno quisiera manejar a veces presupuestos de otra índole, pero la realidad es la realidad y estamos convencidos de que, con lo que hoy tenemos asignado –unos $ 129:000.000 anuales– vamos a hacer una gestión acorde a nuestras obligaciones.

                Hay que tener en cuenta –son muy acertadas algunas apreciaciones del señor Senador– la variación que han tenido algunas materias que la Ursea ha estado controlando últimamente. Se puso sobre el tapete el tema relativo a los generadores de vapor, que ha sido todo un problema, y que una vez que la Ursea tomó cartas en el asunto, ha tenido sistemáticamente una evolución positiva. Pasamos de una situación en la que el panorama era muy complicado en lo que se refiere a generador de vapor y a lo que implicaba en materia de seguridad laboral y de seguridad del entorno. Gracias a una secuencia y a un plan de trabajo, hoy estamos en una situación totalmente diferente.

Están quedando algunos resabios, como muy bien señalaba el señor Senador. Es el caso de los queseros artesanales, ya que en la cuenca lechera está manejándose este tipo de generadores. Debemos señalar que su contralor se hace muy difícil y también transferir obligaciones.

Hay una serie de pautas, por ejemplo, para manejar un generador de vapor hay que tener un foguista permanente, que es algo que puede resultarle complicado a un quesero artesanal. Queremos señalar que también estamos buscando soluciones con relación a este asunto. Seguramente las encontremos con Uruguay más cerca y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no solamente en lo que refiere a controlar sino también a acercar soluciones a ese sector que, en el área de generador de vapor, está quedando un poquito atrás. En cuanto al resto en materia de las industrias, la evolución ha sido muy buena, realmente muy buena. Hay 700 generadores de vapor. En la actualidad los tenemos prácticamente controlados a todos.

A lo que voy es que eso demandó un esfuerzo en ese momento. Hoy ese esfuerzo puede llegar a ser menor desde el punto de vista de la Ursea. Podemos ir a otro tipo de mecanismos como el de la declaración jurada y no hacer tantas inspecciones, sino derivar más al industrial a que presente esas declaraciones juradas, con lo cual desde el punto de vista presupuestal, eso nos puede ayudar.  Las necesidades siempre están, pero con este presupuesto que tenemos asignados podemos cumplir con estos objetivos.

                Similar situación se da con el GLP, con el gas. Algunos recordarán algunos episodios desgraciados que ocurrieron hace dos o tres años, pero hoy la situación es otra. Requiere de un control permanente, pero en los puestos de venta, en las cadenas de distribución ha habido un control de tal índole, que hoy podemos decir que estamos en una situación diferente a la que teníamos hace dos o tres años. Eso es algo que nos alivia desde  el punto de vista de las inspecciones. En ese sentido, es bueno recordar que pate de todas esas inspecciones a nivel de campo las hacemos en convenio con el LATU. Esta nueva situación que tenemos que administrar nos permite, con este nuevo presupuesto, diseñar una estrategia que nos permita cumplir con los objetivos. De todas formas, podríamos diseñar, investigar y conversar otras opciones para reforzar nuestro presupuesto ante la eventual aparición de nuevos desafíos. Como decía el señor Senador, la Ursea tiene un presupuesto de $ 129:000.000 al año y el total de tasas es del orden de $ 170:000.000. La Ursea solo gasta lo que está autorizado, por lo que la diferencia vuelve a los organismos regulados para que estos la transfieran a sus usuarios.

SEÑOR CAMY.- Señora Presidenta: me complace coincidir con el Presidente de la Ursea. Evidentemente, estamos hablando de algunas cosas que son indiscutidas: hay más responsabilidades y más competencias asignadas, pero no se le han asignado más recursos. Por todo lo expuesto, creo que coincidimos en que los requiere.

                Además, no se trata de que se necesiten nuevos recursos  –los recursos están–, sino de definir si el destino debe ser el Tesoro central o, específicamente,  reforzar la Ursea. Más allá de que es digno de destacar que su Presidente y sus Directores estén asumiendo la responsabilidad acrecentada con los mismos recursos, lo que habla de un criterio de eficiencia.

                También quiero decir que en alguna oportunidad, seguramente, vamos a plantearle al Presidente y a los Directores nuestra disposición a ayudar y trabajar en forma conjunta para lograr algunas medidas innovadoras que puedan comprender la situación de la zona que se dedica a la producción de queso artesanal, es decir, fundamentalmente, Colonia y parte de San José, que –con algún aporte menor de Soriano y Flores– concentran el 80 % de la producción. Realmente, el tema es complejo. Se requieren foguistas e, incluso, hay una demanda para los cursos de UTU de las localidades comprendidas en la cuenca quesera tradicional artesanal del Uruguay. A la vez, el desafío es ver de qué modo se puede dar lugar a las demandas de las pequeñas industrias queseras y de productores queseros artesanales, teniendo en cuenta la necesaria seguridad que hay que dar y que es responsabilidad de la Ursea.

                Realmente, me complazco en coincidir, no tanto con el señor Roballo, que tiene un matiz, pero sí con el Presidente de la Ursea.

                Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- No estoy muy de acuerdo con lo manifestado tanto por el doctor Roballo como por el Presidente de la URSEA, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el señor Camy como para tirar puentes, tirar puentes, tirar puentes.

                En primer lugar, el doctor Roballo habla de multas y acá hablamos de tasas por un servicio que le corresponde a la Ursea.

El señor Presidente de la unidad reguladora dice «la realidad es la realidad». No, la realidad es que se puede cambiar; esa es la realidad. La realidad es que hay una tasa, que teóricamente se la devolverían a los usuarios, para que se la devuelvan a los consumidores. ¿Cuándo vimos que se les devolviera algo a los consumidores? Queda en las empresas, que son las reguladas.

El señor Senador Camy hace un planteo con respecto a esa tasa, que corresponde al servicio de contralor y que este año –dice bien– corresponde a $ 122:000.000 frente a un presupuesto original presentado para el año 2016 de $ 162:000.000. El presupuesto que presentó la Ursea al Poder Ejecutivo es de $ 162:000.000 para el 2016, $ 180:000.000 para 2017, $ 202:000.000 para 2018 y $ 236:000.000  para  2019. Acá se le da $ 122:000.000 y punto. Esto resentirá, naturalmente, el funcionamiento y reducirá los controles en un 50 %, en la previsión de los cinco años. Está presupuestado por parte de la Ursea      $ 236:000.000 –y no creo que haya generado un presupuesto demasiado abultado– y recibiría $ 122:000.000. ¡La realidad es la realidad! No; la realidad se puede cambiar y acá tenemos a los que tienen la potestad de hacerlo.

                Precisamente, tenemos una propuesta positiva del señor Senador Camy que ha planteado la necesidad de que si esto es una tasa, si no se la devuelve a la gente, por qué se le devolvería a quienes son las empresas reguladas        –privadas y públicas–, cuando la Ursea tiene una función esencial. Miren que si no les damos los recursos les pediremos resultados y mañana puede haber algún inconveniente. Todos estos artículos que nos presenta la unidad reguladora son votables porque hacen a la defensa del consumidor y a que, de alguna manera, se esté garantizando lo que están comprando y tengan el stock necesario para cumplir con las tareas reguladoras que tiene el organismo. Son $ 122:000.000. Esto no se lo digo al señor Presidente de la Ursea –que naturalmente tiene que cumplir una misión–, sino al doctor Roballo. Es una tasa, no es lo mismo que la DGI.

SEÑORA PRESIDENTA.- En razón de que no se encuentra en sala el Vicepresidente de la Comisión, solicito que los miembros de la Comisión autoricen a la señora Senadora Xavier a ocupar la Presidencia.

                Se va a votar.

(Se vota).

                –8 en 9. Afirmativa.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Xavier).

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Lo que digo es que como no se puede hacer la devolución de esta tasa, debería quedar en la Ursea. Es una propuesta presentada por el señor Senador Camy. Creo que el Presidente de la Ursea lo va a mirar con cariño, aunque no lo pueda decir.

Vuelvo a decir que esta es una tasa por un servicio de contralor que está haciendo la Ursea y no una recaudación de ningún impuesto. Por lo tanto, le corresponde a la Ursea y si eso no es así, le corresponde a la gente y no a las empresas. Ni qué hablar de Rentas Generales, que aquí no tiene nada que ver; tiene pero no debería. Reitero que la Ursea se queda con la recaudación de la tasa o se le devuelve a la gente. No hay otra alternativa. Por mi parte, no me parece correcto que se le devuelva a los regulados cuando la estamos pagando los usuarios, los consumidores, los que usamos la energía, el combustible y el agua. Entonces, estamos planteando al doctor Roballo que modifique esto. En los años 2016 y 2018 no va a sobrar mucho, porque se está hablando de que en  2014 devolvió $ 54:000.000. Frente a un presupuesto que presentó la Ursea de $ 162:000.000, el Poder Ejecutivo lo baja a                        $ 122:000.000, por lo que aquí estaría sobrando mucho menos y esto crece en función de una proyección del organismo para cumplir sus roles de control y fiscalización. Creo que es muy importante que los regulados efectivamente lo estén, pero en 2017 no sobraría nada y estaría faltando en el presupuesto para los años 2018 y 2019. Por lo tanto, reitero que considero que esto es una tasa y que lo recaudado se debería devolver a la Ursea. Soy menos condescendiente que el señor Senador Camy que lo saludó y apreció el esfuerzo porque nosotros también lo hacemos, pero ese esfuerzo lo ata de pies y manos en el futuro.

                Por otro lado, naturalmente coincido con lo que ha mencionado sobre el tema de las calderas en las queserías. Días pasados recibimos reclamos en San José y si bien me parece que tenemos que ir educando y evolucionando, también entiendo que hay que darle tiempo a la gente para que pueda adecuar sus calderas porque se trata de una inversión importante. Hay que ser cuidadosos, ya que podemos terminar liquidando una actividad como la quesería, que ha tenido y tiene mucha trascendencia para el país. Además, no podemos olvidar que la lechería está pasando por un momento de crisis, que están ahogados y que la comprensión de la Ursea, dando tiempo a estos productores, puede ser un elemento importante.

                Ahora bien; con respecto a la plata, no. Ese dinero es de la Ursea y, de lo contrario, es del pueblo. Sin embargo, está clarísimo que al pueblo no se le devuelve nada.

SEÑOR ROBALLO.- Quiero aclarar que lo que dijimos sobre la multa fue simplemente un ejemplo y que tenemos bien clara la diferencia entre la tasa, el impuesto, las contribuciones, las multas, etcétera. Nosotros apreciamos mucho la profundidad de la información que poseen los señores Senadores porque enriquece la discusión y también su preocupación con respecto a la Ursea. Aclaro que esto lo digo en serio, que no estoy ironizando y que tomamos estos apuntes para analizarlo.

                Para el análisis de los artículos 58 a 64, quisiera ceder el uso de la palabra a la señora Nalbarte. 

SEÑORA NALBARTE.- Buenas tardes.

                Voy a hacer referencia al articulado y trataré de ser lo más breve posible.

                Los lineamientos del presupuesto se enmarcan en parte en lo que ya se ha venido conversando sobre el fortalecimiento de las instituciones. En los cinco años de planificación en los que se está trabajando, el lineamiento fundamental es el fortalecimiento del sistema estadístico nacional, que es descentralizado, es decir, que se producen estadísticas en muchas oficinas del Estado, de las cuales el Instituto Nacional de Estadística es el rector. El fortalecimiento se puede apreciar en distintas áreas y se plasma en muchos artículos en forma indirecta, y este tiene que ver con el fortalecimiento y captación de recursos humanos, la mejora de la producción y la actualización de operaciones estadísticas existentes, el poder dar respuesta y satisfacer la demanda de los usuarios en cuanto a esa producción de estadística oportuna, confiable y de calidad que es tradición del Instituto Nacional de Estadística.

                Las oficinas de estadísticas a nivel mundial se enfrentan a la necesidad de trabajar con lo que implica la revolución de datos porque la tecnología está avanzando de manera tal que hace tomar desafíos importantes. Por eso también está la necesidad de explorar y avanzar en otro tipo de formas de trabajo y uso de registros administrativos. Esos son los lineamientos de trabajo, algunos de los cuales están plasmados en el articulado que voy a pasar a explicar y otros se vienen desarrollando sin necesidad de estar plasmados en esta ley de Presupuesto.

                Hay artículos vinculados a la normativa que están relacionados con la reasignación de recursos para la realización de operaciones estadísticas o contratación de personas.

                El artículo 58 refiere a la posibilidad de contratar personas bajo la modalidad de contratos de trabajo y contratos laborales desde y en el INE, para trabajos especiales. Se considera trabajo especial aquel que no está dentro de la operativa que por ley, sí o sí debe realizar el Instituto Nacional de Estadística. Por ley debemos llevar adelante el cálculo del IPC, el índice medio de salario, el índice de la construcción, pero cada vez más es necesario recabar información adicional que no está en la actividad permanente, como encuestas de uso del tiempo para ver el trabajo no remunerado de las mujeres, información sobre encuestas de violencia, trabajo infantil, por ejemplo, encuestas vinculadas al tabaco, a la adolescencia y a la juventud. En el INE le llamamos trabajos especiales y son solicitados por distintos organismos públicos, debido a la necesidad de tener información en diferentes áreas; además, son financiados por el solicitante. La posibilidad de contratar es la generalización de un artículo ya existente, el 64 de la Ley Nº 19.149, de Rendición de Cuentas, que ya permitía al Instituto Nacional de Estadística hacer contratos laborales para poder dar satisfacciones a demanda. Muchas veces estos trabajos llevan de dos a seis meses y necesitamos que la contratación sea ágil para poder dar respuesta y satisfacer esa demanda. Por eso hablaba del fortalecimiento del sistema estadístico en esa línea.

                La generalización pasa de contratos laborales –ya teníamos la autorización– a contratos de trabajo y, a su vez, una generalización en lo que podemos contratar. El artículo 64 de la ley antes mencionada solo permitía contratar encuestadores, supervisores y críticos, que son parte del trabajo de campo. Este artículo nos permite contratar a todo lo que involucra un trabajo especial, es decir, desde un analista, al programador de la encuesta.

SEÑOR HEBER.- Ante todo quiero decir que el Instituto Nacional de Estadística es un organismo cuya gestión está llevándose correctamente, todos sus datos son confiables y tiene nuestro apoyo para poder cumplir con su importantísima misión de creer en los datos que oficialmente son fidedignos. Es más, la objetividad del trabajo no está para nada en cuestión; por el contrario, apoyamos con calor la labor de este instituto porque es parte de la seriedad del país.

Sin perjuicio de ello, tenemos otra discusión con el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil –que tangencialmente involucra a la Directora del Instituto Nacional de Estadística– en torno a los contratos temporales, que tendrán otro nombre pero son contrataciones que se exceptúan por el procedimiento del sistema de reclutamiento y selección de la Oficina Nacional del Servicio Civil. O sea que por un lado se derogan los contratos temporales y se dice que no va a haber más pero, por otro, estamos frente a contratos que tienen temporalidad, aunque se llamen contratos provisorios o de trabajo…

(Dialogados).

                –…son contratos laborales de personas que terminan en régimen de provisoriato y después pasan a estar presupuestadas. Solo espero que la Directora del INE no lo haga; a ella le creo, pero no creo en todo lo demás porque se nos habla de contratos temporales y terminan siendo provisoriatos para después pasar a presupuestados. Ahí está el árbol y el bosque del que hablaba el Director de la OPP; es verdad, hay arbolitos que van sumándose y en diez años se ha formado un bosque de 120.000 árboles. ¡Fíjense los señores Senadores cómo será el bosque si tiene 120.000 árboles nuevos! ¡120.000 nuevos funcionarios! Naturalmente, es un bosque; empezamos por los árboles y así se fue llenando.

Estoy mencionando tangencialmente a la Directora del INE no para hacerle una pregunta sino para dejar sentado un comentario, una constancia. Seguramente estos contratos tengan fin y sean necesarios; así lo creo, porque le creemos al INE y a su Directora, pero no puedo hacer extensiva esa confianza al resto de la Administración en materia de contrataciones porque desde el año 2004 hasta ahora se ha formado un gran bosque con 120.000 árboles más. Quiere decir que hemos pasado a ser grandes forestadores de funcionarios públicos.

SEÑORA NALBARTE.- Lo que se plantea en esta norma son contratos de trabajo según el artículo 92 del estatuto, y no pasan a provisoriato. No son los contratos del artículo 90 sino del 92, o sea, contratos de trabajo o contratos laborales. Los contratos de trabajo tienen una duración de dos años pero no pasan a provisoriato; estoy hablando de los del artículo 58.

                Los artículos 59 y 60 podrían considerarse en forma conjunta y tienen que ver con una regularización de los encuestadores del INE, de sus tareas permanentes. El artículo 59 se refiere a los nuevos ingresos, y el 60, a los funcionarios que tenemos actualmente. Hoy día nos encontramos sin una normativa para poder contratar encuestadores, por eso la necesidad de plantear la regularización de los viejos encuestadores y de ver cómo contratamos nuevos. Se plantea que sean contratos presupuestados bajo destajo, lo que no implica cobrar bajo la modalidad de destajistas, es decir que cada funcionario cobre en función de las encuestas que hace en el mes, que es la situación que se da al día de hoy. Ello no implica ningún incremento presupuestal porque la muestra de la encuesta de hogares y de productos que se relevan para el IPC ya están determinadas. Entonces, como se hace habitualmente, todos los meses se da de alta en los padrones la cantidad de encuestas que se realizan.

Estos dos artículos nos permiten regularizar las situaciones porque al día de hoy nos encontramos con el problema de que no tenemos normativa para contratar. Al día de hoy tenemos contratos temporales y contratos de trabajo; los primeros se eliminan y con respecto a los segundos, si bien ingresaron en la Rendición de Cuentas de 2013, se plantea que dadas las características de trabajo permanente de estos encuestadores no estarían cubiertos por esa normativa. Por eso los artículos 59 y 60 tienen que ver con la necesidad de contratar y regularizar a los ya existentes.

El artículo 61 tiene que ver con la partida de alimentación que cobran los funcionarios. Queremos aclarar que las partidas de alimentación van decayendo a medida que aumenta el salario, pero hoy por hoy, si se realizan trabajos especiales –que están permitidos por el artículo 125 de la Ley            Nº 15.809–, los funcionarios que los desempeñan pierden la partida de alimentación, por lo que perciben menos salario. Entonces, este artículo nos permite regularizar esas situaciones al no contar la partida de alimentación cuando se realizan tareas especiales.

El artículo 62 tiene que ver con la necesidad de respuesta al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que se hace es transformar dos cargos C7 en dos D7; esto tiene que ver con un recurso que viene del año 2008 y sobre el que el Tribunal falló en el 2014. En virtud de ese fallo, que contempla lo reclamado por los funcionarios –que pasaron de un D1 a un D5–, ahora nosotros transformamos dos cargos C7 en dos D7.

Los artículos 63 y 64 tienen que ver con dos reasignaciones. Por el artículo 63 se reasignan fondos que se tienen en el INE para poder contratar pasantes y la suma establecida es de $ 2:000.000. Con respecto a este tema, puedo contar la experiencia que hemos tenido con pasantes que hemos contratado en el período anterior. Luego de que se cumplieron los 18 meses los tres pasantes se fueron del INE al haber cumplido su primera experiencia laboral. Con esa experiencia ahora están en condiciones de competir en otros lugares. A nosotros esa experiencia nos ayuda porque no tenemos en el área administrativa vacantes de ingreso. Por consiguiente, hasta que podamos generar una reestructura –porque tenemos vacantes– la idea es procesar una de modo que lleguemos a tener una carrera funcional para retener a los funcionarios y captar recursos.

El último artículo tiene que ver con una reasignación de recursos que existían en el INE para la encuesta nacional de gastos e ingresos. La encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares se realiza cada 10 años y es parte de las operaciones grandes que tienen que hacer los institutos de estadísticas, porque esa información nutre a la canasta básica del IPC y va directamente a lo que es la línea de pobreza. Precisamente, la línea de pobreza y la canasta básica están asociadas a la última encuesta de gastos del período 2005–2006. Cabe aclarar que las recomendaciones internacionales viejas refieren a que deben realizarse cada 10 años, pero las nuevas plantean que deberían hacerse cada 5 años dados los cambios de las estructuras de gastos y consumo que tienen los hogares. Con esto estamos haciendo una reasignación, aunque no se cubre todo el presupuesto de la encuesta de gastos e ingresos. Pero ya hay una partida que ingresó al INE vía convenio de colaboración con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y con esto completamos casi la totalidad del presupuesto. De todos modos, nos queda una pequeña partida que será solicitada por refuerzo de rubro, pero lo que hacemos es tomar partidas que existían, que quedaron y que son por única vez. Por nuestra parte, pedimos poder tenerlas y que nos autoricen para que puedan ser distribuidas en los distintos objetos de gastos, inclusive el 0, a los efectos de poder contratar. Es una encuesta que lleva trece meses y a los hogares se los consulta sobre el consumo y el gasto que tienen. Necesitamos consultarlos durante un año porque existe estacionalidad en lo que uno compra; no es lo mismo comprar algunos productos en enero que en julio. Entonces, repito: necesitamos tener doce o trece meses de trabajo. Además, durante ese período es necesario respaldar con contrataciones el funcionamiento y a los funcionarios del INE; con esto vamos a poder dar respuestas. Esto tiene que ver –y ya termino– con lo que ya mencioné: el fortalecimiento del sistema estadístico nacional. Estamos mejorando una operación estadística existente y pudiendo dar respuesta a una demanda: la necesidad de que se actualicen las estructuras de gastos y consumos que tenemos al día de hoy, que refieren a diez años.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Payssé).

SEÑOR ROBALLO.-  Pasamos a los artículos 65 y 66, que corresponden a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Si la señora Presidenta está de acuerdo, le cedemos la palabra al doctor Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Estos son los dos artículos que quedaban pendientes. En el día de hoy la Oficina Nacional del Servicio Civil ha tenido una larga jornada en esta Comisión y agradecemos el buen trato recibido.

                El primero de los artículo, el 65, es un derogación. Lo que estamos proponiendo derogar es el artículo 6º de la Ley Nº 19.149, que implementa un sistema unificado de sumarios administrativos a la administración. Dentro del ámbito de funcionamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Director de Servicio Civil preside la Comisión Nacional del Servicio Civil, un órgano colegiado que entre sus funciones principales tiene la de dar prácticamente la última opinión antes de la definición de la destitución del funcionario público después de agotado el proceso sumarial. Es evidente que no es posible garantizar las normas del debido proceso si el Director de Servicio Civil preside la Comisión Nacional que evalúa la forma y el procedimiento seguido para una eventual destitución de un funcionario público y, al mismo tiempo, Servicio Civil es la oficina que realiza los sumarios. Esta norma no se aplicó nunca, creemos que con una lógica implacable, porque los resultados hubieran sido imputados de nulidad.

En fin, este artículo establece la supresión de ese cometido tentativo que nunca se reglamentó. Quizás esta sea una información interesante –me parece que es así–: tenemos aproximadamente un total de 1.550 sumarios anuales, cada uno de ellos con más de un año de duración. Así que está a consideración la supresión de este artículo 6º de la ley para dejar las cosas como están funcionando actualmente, porque es una norma inaplicable.

                El siguiente artículo tiene que ver con algo que mencionamos en el correr de la mañana: el rol no solo de transversalidad de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de su escuela de formación de funcionarios públicos, sino la nueva actividad que va a tener con  el apoyo del Congreso Nacional de Intendentes, es decir, la formación de funcionarios hasta el tercer nivel de gobierno en todo el país, la implantación en el territorio. A través de la aplicación del artículo 19 de la Ley Nº 18.172 de 2007, la escuela genera recursos con afectación especial. Este artículo establece nada menos que lo siguiente: lo recaudado por concepto de los cursos dictados por la escuela se podrá verter directamente a la remuneración de horas docentes. Eso nos va a permitir extender en el territorio a los docentes para la formación de funcionarios públicos en todo el país.

                Estos son los comentarios sobre estos dos artículos.

SEÑOR ROBALLO.- Para referirse al artículo 67, quisiera ceder la palabra al doctor Cendoya, de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación.

SEÑOR CENDOYA.- Respecto a la Ursec, tenemos un solo artículo, que ha quedado con el número 67.

Esta es, estrictamente, una redacción que proviene de la Cámara de Representantes. Nosotros habíamos propuesto un ajuste a la redacción del artículo 217 del Código Penal, de modo de castigar específicamente a los inhibidores de señales. Se trata de dispositivos que transmiten una señal interferente y, como fruto de esa transmisión, se impide la recepción de una o de todas las señales en un punto determinado del territorio, dependiendo de potencia, localización, etcétera. Se entendió, por parte de la Cámara de Representantes, que el artículo debía ser desglosado y sustituido por el texto que actualmente tenemos.

Ya hemos comparecido, como Ursec, en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes y ya se ha empezado el trabajo sobre el tipo penal. En este caso se trata de una prohibición de tipo administrativo, que habilita la imposición de las sanciones que la Ley Nº 17.296, la ley de creación de Ursec, atribuye como potestad punitiva. Se castiga una conducta que en parte ya está prohibida –lo que habilita la imposición de sanciones– en virtud de la vigencia en nuestro país del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Concretamente, la activación y la utilización de este tipo de dispositivos se ven castigadas y, del mismo modo, la tenencia, utilización, distribución o transferencia, es decir, las conductas preparatorias para lo que hoy por hoy ya está tipificado como atentado a la regularidad de las telecomunicaciones. ¿Por qué se agregan estos verbos? Porque este tipo de dispositivos, que son muy pequeños en las tecnologías más modernas, muchas veces son de difícil detección, y en la medida en que no se detectara su utilización, estaba la discusión de si podía ser decomisado o no y si se podían desplegar las potestades sancionatorias y eventualmente la denuncia penal por atentado a la regularidad de las telecomunicaciones.

Por lo tanto, si bien no es el texto que propusimos, compartimos, como Ursec, lo aprobado por la Cámara de Representantes y también la frase final, que establece que lo producido de las multas aplicadas por este concepto corresponderá a Ursec. Se nos ha hecho un planteo en el sentido de acotar ese destino a Ursec de las multas a las actividades que tienen que ver con gastos e inversiones en materia de inspección en el territorio. Compartimos esa modificación, de manera que, en la medida en que esa frase, que viene a acotar un poco ese dispositivo final, sea introducida, también nos parece que es adecuada a los cometidos y a los fines de nuestra unidad.

SEÑOR HEBER.- El artículo 65 fue desglosado por la Cámara de Representantes y me pareció entender que se está discutiendo en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración por el tema de las penas allí previstas. Pero creo que esa norma le da un mayor poder de acción a la Ursec.

                Si bien quizás en este proyecto de presupuesto no tengamos el tiempo suficiente para hacer las consultas, igual me parece importante, porque con relación a este tema de las multas aplicables, hay mucha gente que no es factible de agarrar y después multar. Quizás no tenga posibilidad de hacer frente a la multa y, por lo tanto, es incobrable; y lo que es incobrable es inaplicable. En cambio, el tema de que serán castigados con la pena de seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría, tenemos que mirarlo en el Código Penal, como dicen los abogados. Todas estas normas penales siempre son de mucho estudio y de mucha comparación con otras normas penales para guardar una unicidad que es necesario tener en el propio código. Pero si no se aplican medidas de este tipo, no se podrá controlar las intromisiones que pueda haber en las ondas y en los servicios, los sistemas inhibidores de las señales de telecomunicación.

                Vamos a seguir estudiando el tema, pero supongo que la Ursec seguirá insistiendo con este artículo 65, de modo de poder analizarlo más a fondo; si bien no es urgente, sí está de acuerdo con su implementación.

SEÑOR ROBALLO.- Brevemente, señora Presidenta, quiero decir que con relación a la norma original se entendió que correspondía remitirla a la discusión de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración que está tratando el Código Penal. Parecía más ordenado hacerlo de esa manera. Sin perjuicio de ello, se incorporó esa norma porque, en realidad, a lo que se refería el Senador Heber es parte del problema; me refiero, por ejemplo, a los actos preparativos de un delito, o a los efectos de cubrir un delito, un escape o lo que fuera. También tenemos un uso ilegítimo por parte de empleadores, por ejemplo, que para aumentar la productividad y evitar las comunicaciones de celulares de sus trabajadores también utilizan este tipo de herramientas y terminan perjudicando, asimismo, al entorno, más allá de la organización del trabajo en su propia empresa. Digo esto por poner solamente un ejemplo. Entonces, los dos instrumentos son necesarios.

Solicitamos el apoyo y, por supuesto, al artículo a incorporarse al proyecto de Código Penal en la Cámara de Representantes le estamos haciendo un seguimiento porque entendemos que también es necesario.

SEÑOR DELGADO.- Este artículo quedó claro. Además, como decía el Senador Heber y el prosecretario Roballo, fue sustituido en la Cámara de Representantes por esta redacción.

                Quería preguntar a la Ursec lo siguiente. Se habló mucho de crear los créditos presupuestales para la aplicación de la Ley Nº 19.307, Servicios de Comunicación Audiovisual. No hay acá ninguna referencia con respecto a la Ursec, por lo menos en términos presupuestales. Seguramente más adelante, en otro capítulo del presupuesto hablemos del tema. Pero aprovechando que tenemos al presidente de la Ursec, queríamos preguntarle si esta está aplicando la ley. Preguntamos esto porque, en realidad, la ley no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, cosa que nos pareció prudente puesto que hay recursos varios de inconstitucionalidad y se está esperando un fallo al respecto por parte de la Suprema Corte de Justicia. Como ustedes saben, nosotros votamos en contra de la ley en general, más allá de que en algunos artículos podíamos coincidir con su redacción. Pero hay artículos que, en realidad, nos indican que la Ursec está interpretándolo de manera casi oblicua. ¿Es así? ¿Está hoy aplicando la ley dentro del marco de sus competencias? Acá hay toda una competencia superpuesta en lo que vendría a ser un consejo de comunicación audiovisual, las competencias de la Ursec, a tal punto de que en un momento fue la Ursec la que iba a estar encargada de la tarea. En definitiva, ¿la Ursec está aplicando en parte la ley sin que esté reglamentada?

SEÑOR ROBALLO.- Me gustaría, si la señora Presidenta está de acuerdo, que hiciera uso de la palabra el doctor Cendoya.

SEÑOR CENDOYA.- Ante todo, aclaro al señor Senador que no soy el presidente de la Ursec, sino uno de los Directores. El Directorio está formado por tres miembros y su presidente no está presente porque se encuentra en una misión oficial fuera del país.

                El tema que plantea el señor Senador es ciertamente complejo como compleja es toda norma que tiene más de doscientos artículos. De alguna manera, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vino a sustituir un marco anterior vigente que era el del Decreto-Ley Nº 14.670, el Decreto Nº 734, de 1978, y algunas otras normas vinculadas a temas específicos como ser los satelitales y la televisión para abonados, entre otros. El régimen de transición en cuanto a la competencia orgánica que establece la ley es que hasta tanto no se cree el Consejo de Comunicación Audiovisual, los órganos que venían desempeñando las competencias de que se trata, lo hacen, y las competencias nuevas quedan a cargo del Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Ese es el régimen que se establece. Por lo tanto, aquellas competencias que veníamos ejerciendo y que han sido modificadas en cuanto al fondo del asunto por la ley, dado que se trata de una ley vigente, estamos aplicando sus aspectos. Con respecto a los aspectos novedosos, habría que preguntarle a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Recuerdo que también hay otros órganos que tenían competencia, como el INAU en materia de protección de niños y adolescentes en cuanto a las emisiones que se dan a través de medios masivos de comunicación.

 Por lo tanto, la respuesta es sí, en la medida en que la ley lo exige; sí, en la medida en que la ley no establezca la necesidad de reglamentación           –como hacen algunos artículos– y, obviamente, como en todos los temas de la Ursec, estrictamente acotados a las disposiciones normativas que nos otorgan competencia.

SEÑOR ROBALLO.- Señora Presidenta, si usted lo permite, me gustaría que el ingeniero José Clastornik hiciera referencia a los artículos 68 a 80, correspondientes a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

SEÑOR CLASTORNIK.- Señora Presidenta: si usted me lo permite también haré referencia a los artículos 665 a 669 que refieren al refuerzo presupuestal.

                El artículo 68 y los subsiguientes hacen referencia al tema de los trámites en línea. A efectos de explicar el alcance de los artículos, me gustaría tomar como ejemplo el modelo que tienen las Naciones Unidas.

                Las Naciones Unidas tienen un modelo que en los trámites en línea consta de cuatro fases. Una primera fase consiste en tener un lugar donde la ficha de los trámites esté disponible. La segunda, permite que los trámites se puedan iniciar electrónicamente. La tercera, consiste en que el trámite sea    100 % electrónico, lo que entre otras cosas requiere de la firma electrónica, las notificaciones electrónicas, los pagos y sellos electrónicos y toda una serie de mecanismos que se han ido desarrollando. Por último, la cuarta fase visualiza el estado más integrado, permitiendo la interoperabilidad de los trámites.

                Respecto a la primera fase, que es la disponibilidad de la información de todos los trámites en línea, hoy prácticamente tenemos toda la información de los trámites de la Administración central en formatos estandarizados en línea en el sitio denominado trámites.gub.uy. Esto es parte de un esfuerzo que se dio en el año 2013 y, entonces, pudimos pasar información de 600 trámites a 1300 de la Administración central y a casi 2000 de todo el Estado.

                En cuanto a la segunda fase, a que los trámites se comiencen electrónicamente, se debe discernir entre el número de trámites y el volumen de uso. Actualmente cumplimos con el compromiso de que un 30 % de los trámites de la Administración central, que hoy representan el 70 % de los volúmenes de uso, se comiencen en línea. Tenemos unos 300 trámites que están 100 % en línea y hoy en la plataforma de interoperabilidad hay unas 100.000 transacciones, unos 100.000 trámites que les evitamos a los ciudadanos. Por ejemplo, una transacción dentro de la plataforma es una consulta a DGI. Evitar que se le pida a un ciudadano un certificado de que está al día con DGI es poner una consulta en esa plataforma.

                Lo que pretende el proyecto Trámites en Línea es avanzar para tener el mayor número posible de trámites que comiencen electrónicamente en el corto plazo y que sean 100% en línea a finales de 2020.

En lo que refiere a gobierno electrónico, a trámites en línea, actualmente Uruguay está liderando los indicadores de la región y se encuentra en el lugar catorce en el mundo. De todos modos, eso no significa que hayan hecho todos los deberes porque queda mucho por hacer y estamos tratando de llevarlo adelante.

                De modo que el artículo 68 crea en la Agesic el proyecto Trámites en Línea, con el objetivo de promover y desarrollar estrategias de simplificación, priorización y puesta en línea de trámites en todas las entidades públicas.

SEÑOR DELGADO.- Me queda claro que mediante el artículo 68 se crea dentro de la Agesic un proyecto denominado Trámites en Línea que se estuvo explicando. Ahora bien; en la Cámara de Diputados se hizo una consulta que, a nuestro juicio, quedó en el limbo, por lo que sería bueno clarificarla. En la Legislatura pasada funcionó en la órbita de la citada Cámara una Comisión especial que elaboró un proyecto de ley sobre la administración electrónica, que contó con media sanción. Luego pasó al Senado y, según creo, está desarchivado y a la espera. Quisiera saber si esto vendría a sustituir o no el proyecto que cuenta con media sanción que impulsó el Gobierno.

SEÑOR ROBALLO.- Efectivamente, tanto estos artículos como un decreto que dictó el Poder Ejecutivo este año, que le da el rol rector a Agesic a efectos de generar homogeneidad en todos los proyectos de gobierno electrónico en los diferentes organismos del Estado para que haya una verdadera interoperabilidad, de alguna manera sustituyen a ese proyecto de ley que fue desarchivado y se encuentra en la Cámara de Diputados. Agesic y Presidencia de la República ya dieron su opinión, pero el Poder Ejecutivo no está promoviendo ese proyecto de ley.

SEÑOR CLASTORNIK.- El artículo 69 establece el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con el Estado.

                El artículo 71 dispone los deberes de simplificación y publicación para los organismos como contracara del derecho que mencionábamos antes. Dice así: «Artículo 71.- Las entidades públicas deberán simplificar sus trámites, siguiendo los lineamientos de gobierno electrónico, adoptando el procedimiento más sencillo posible para el interesado y exigiéndole únicamente el cumplimiento de los requisitos y etapas que sean indispensables para la obtención del propósito perseguido. En virtud de lo señalado en el inciso anterior, las entidades públicas no deberán solicitar copias de la documentación presentada por los interesados cuando estas puedan obtenerse a través de medios electrónicos, ni solicitarles información que pueda obtenerse de otras entidades públicas.

Las entidades públicas deberán publicar en su sitio web y en el Portal del Estado Uruguayo cada uno de los trámites que ofrecen, con la indicación precisa de todos los requisitos que el interesado debe cumplir para su realización, del costo total que debe abonar, del plazo máximo de duración del trámite y de la dependencia donde debe realizarse el mismo.

Serán responsables de revisar periódicamente la información publicada, exhibiendo la fecha de la última revisión. No se podrá exigir al interesado el cumplimiento de requisitos adicionales a los previstos en la publicación referida».

El artículo 72 está relacionado con las notificaciones electrónicas. Dice así: «Artículo 72.- Las entidades públicas deberán proveer medios electrónicos para la notificación de sus actuaciones a los interesados, proporcionando seguridad en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y su fecha. El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo».

Los artículos 73 y 74 regulan a las copias electrónicas de documentos electrónicos y a las copias electrónicas de documentos en soporte papel. Por su parte, el artículo 75 refiere a copias en soporte papel de documentos electrónicos. La suma de estos tres artículos define toda la casuística de la copia de documentos en formato papel y electrónico.

El artículo 76 hace referencia a las compensaciones para funcionarios especializados en tecnología de la información. Dice así: «Artículo 76.- Los funcionarios egresados de carreras relacionadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones y que desempeñen funciones prioritarias de coordinación, supervisión, conducción en el programa 484 "Políticas de Gobierno Electrónico", unidad ejecutora 010 "Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento" podrán percibir una compensación equivalente hasta el 15 % (quince por ciento) de sus remuneraciones de naturaleza salarial.

Reasígnanse en la referida unidad ejecutora, los créditos del objeto del gasto 095.002 "Fondo para Contratos Temporales de Derecho Público" a partir del Ejercicio 2016 en $ 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos uruguayos) anuales con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", a los objetos del gasto correspondientes para cubrir dicha compensación, el aguinaldo y aportes patronales resultantes». Actualmente estamos teniendo enormes dificultades para mantener funcionarios especializados dada la alta demanda que tiene el mercado para estos profesionales.

Los siguientes artículos corresponden a unidades reguladoras que están en la órbita de Agesic. El artículo 77 corresponde a la unidad de acceso a la información pública y trata sobre llevar a formato de datos abiertos la información que las entidades tienen la obligación de publicar. ¿Qué significa formato de datos abiertos? Que se puede publicar información como, por ejemplo, la estructura, la institución, la misión, la visión, las remuneraciones, en un formato PDF. Si alguien quiere hacer una investigación tendría que pasar en limpio toda la información. En este caso la idea es ponerlo en determinado formato para que sea exportable automáticamente por computadoras, para que la ciudadanía ejerza el rol de auditores de todos estos elementos de una forma mucho más fácil y automática.

En cuanto al artículo 78, existe un área dentro de la agencia que es la de Derecho Ciudadano. Es el área que tiene la especialización de Derecho Informático. Figuraba como área, pero en la estructura en la que estamos trabajando tiene características de división y  las remuneraciones corresponden a las de división. Por lo tanto, al eliminar el formato de área estamos habilitando a que quede estructurado con las escalas que estamos manejando.

SEÑOR HEBER.-  De todos estos artículos me preocupa esta derogación porque  no sé dónde quedaría la Dirección de Derechos Ciudadanos, que tiene como cometido la atención de consultas, asesoramiento en materia de protección de datos, etcétera. ¿Desaparece? ¿Queda subsumida en otra repartición? Hago la pregunta porque esta área me parece clave y no entiendo la razón de esta norma.

SEÑOR CLASTORNIK.-  En realidad esto es parte del aprendizaje que tuvimos. Cuando originalmente pensamos la estructura de la Agesic hubo un fuerte componente de desarrollo de los marcos legales para el acceso a la información pública y protección de datos en un contexto de gobierno electrónico, por lo que la incluimos como dirección en esa área. Lo que estamos visualizando hoy es que, de hecho, es algo más amplio y está en un contexto de Sociedad de la Información. Entonces, la idea es pasarla como división al área Sociedad de la Información. Para eso debe ser una división y no un área, para que esté dentro de esta área mucho más abarcativa de Sociedad de la Información.

SEÑOR HEBER.- Me quedo tranquilo.

SEÑOR CLASTORNIK.- El artículo 79 fortalece la independencia de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. La unidad tiene potestades sancionatorias en caso de mal uso de las bases de datos, que puede ir desde la multa hasta la supresión de la base. Como no se tenía clara la redacción, cuando la unidad reguladora se expedía, pasaba a Agesic para que también se expidiera y estar tranquilos de que no se incumplía nada desde el punto de vista legal. Ahora, lo que queremos es fortalecer la unidad reguladora y su independencia, y que no necesite pasar por la Agesic para definir las multas o las sanciones que correspondan.

                El artículo 80, relacionado al certificado electrónico, dice: «Las entidades públicas admitirán en su relacionamiento electrónico, entre ellas y con las personas, los certificados electrónicos reconocidos, conforme con lo establecido en la Ley Nº 18.600». Este artículo, promovido por la UCE –Unidad de Certificación Electrónica–, pretende que no se pueda negar nunca el uso de los certificados electrónicos. Por ejemplo, las cédulas de identidad electrónicas nuevas tienen la firma electrónica avanzada incorporada dentro de la cédula, incluso con una validez de cinco años. Alguien podría decir que no acepta esa firma electrónica sino otra de tal proveedor o con determinadas características. Lo que pretende esta norma es obligar a aceptar cualquier firma electrónica que esté dada por una unidad de certificación que haya sido acreditada por la unidad reguladora. El Estado no puede negarse a aceptar ninguna firma electrónica que esté acreditada.

                A continuación me voy a referir a los artículos 665 al 669, que son los presupuestales.

Solicitamos los refuerzos presupuestales en el Inciso 24, cuando la inversión es para todo el Estado. El primer caso en que se hizo eso fue cuando se decidió hacer una red que unía a todas las unidades ejecutoras del Estado. Se eliminaban todas las redes paralelas y se ponían en una sola en el Inciso 24, en el entendido de que estábamos administrando o gestionando fondos o presupuestos que eran comunes a toda la administración pública. La misma lógica es la que tenemos ahora para todos los proyectos que están aquí.

El artículo 665 corresponde al proyecto de trámite de que habíamos hablado antes. ¿Qué es lo que estamos financiando en este caso? Se financian varias cosas. Por un lado, estamos generando activos comunes: la idea es que para empezar a comenzar un trámite se necesita tener una agenda para todo el Estado. Lo hacemos una sola vez, gastamos una sola vez y lo tenemos disponible en todos los lados. Esto es lo que hemos hecho, por ejemplo, en el expediente electrónico: contratamos un expediente y lo disponibilizamos en forma gratuita para todo el Estado.

Lo segundo es que la evolución de esos activos, que pueden ser la agenda, formularios electrónicos y lo que se llama BPM. Lo que hicimos fue estructurar los distintos trámites para licitar cada uno de los componentes. Por otro lado, también estamos licitando los distintos tipos de trámites, como habilitaciones, registros, etcétera. Además, estamos proyectando financiar no solo esos activos, sino cómo se utilizan en cada uno de los organismos, es decir, cómo fortalecer la infraestructura interna de las organizaciones y las consultorías.

SEÑOR HEBER.- Estaba mirando el artículo 665 y, justamente, los asesores me hicieron notar que es parte integrante de los recortes que ha tenido este proyecto, lo que va a afectar gran parte de las inversiones y del funcionamiento en todo el período, porque hubo un tijeretazo importante en la Cámara de Representantes.

Me gustaría que el señor Director nos comentara cómo este recorte afecta, justamente, la puesta en marcha de algo tan importante como el gobierno electrónico. Yo le asigno mucha importancia a estas inversiones porque con esto se eliminan muchos trámites burocráticos  y se generan mucho más controles por parte del propio Estado y de los ciudadanos. Para nosotros es clave que Agesic tenga los recursos necesarios, por lo que me gustaría que nos dijera cómo afectan estos recortes, que son tan importantes, los proyectos que se presentaron oportunamente.

SEÑOR ROBALLO.- Espero que el señor Senador Heber se sienta satisfecho con mi respuesta porque, además, integro el Directorio de Agesic.

                Efectivamente, el esquema de reasignación de gastos que legítimamente realizaron los diputados –que, obviamente, contaron con nuestro acuerdo y trabajo en conjunto– nos obliga a trabajar los diferentes tiempos, pero no va a afectar los compromisos que se han expuesto ante la ciudadanía porque constituyen una prioridad. Entonces, las resignaciones, el trabajo con los tiempos y las prioridades nos permiten cumplir con los objetivos con algunas variantes, pero sin lugar a dudas siguen siendo una prioridad bien importante. En ese trabajo de reasignación con los diputados el tema estuvo presente. Incluso, si se leen las versiones taquigráficas de nuestra comparecencia en la Cámara de Representantes, se puede entender cabalmente la importancia que tiene esta materia, porque es una política social, llega directamente a los ciudadanos, tal como recién se señalaba, y el aspecto financiero no es una cuestión menor.

En ese trabajo de reasignación nos aseguramos –y podemos garantizar que vamos a cumplir con lo que se anunció trabajando un poco los tiempos–  las prioridades del proyecto en su conjunto: el gobierno electrónico y el trámite cien por ciento en línea.

SEÑOR CLASTORNIK.- El artículo 666 trabaja con los gastos de funcionamiento.

                Me gustaría señalar en lo que refiere a la Sociedad de la Información, tenemos el funcionamiento de las distintas unidades reguladoras que están dentro de la órbita de Agesic. Me refiero a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, la Unidad de Acceso a la Información Pública y la Unidad de Certificación Electrónica, además de tener el presupuesto de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.

                En cuanto al Área de Seguridad de la Información, en este momento está muy demandada debido a los temas de seguridad, los hackers y todo el manejo de información. Todos conocemos este tema. Y en la medida en que sea más crítico el funcionamiento dentro del Estado, más importante va a ser el trabajo de esa área.

                En lo que refiere a la infraestructura del gobierno electrónico e integración del Estado, debo señalar cómo hemos trabajado. Cuando pensamos que vamos a tener trámites cien por ciento en línea, tenemos que darle calidad al ambiente operativo, a los trámites. Quiere decir que empieza a ser más importante la disponibilidad de la información. Cuando levantamos la calidad de los data centers tenemos otro problema que es cómo hacerlo de manera eficiente. Lo que hicimos dentro de Presidencia fue generar una consolidación de todos los data centers de Presidencia. De alguna forma se han ido consolidando los de cada una de las unidades ejecutoras que están acá presentes.

                Actualmente, el data center de Presidencia virtualiza todos los otros data centers. Cada vez que alguien dentro de la OPP necesita levantar una máquina, no la compra sino que genera una instancia virtual de ella. Tenemos 1.700 máquinas virtuales dentro del data center de Presidencia.

                Voy a seguir hablando de todos estos aspectos, de la plataforma de interoperabilidad para adelante. Más que al tema funcional, quiero referirme a las inversiones. Nosotros estamos haciendo una doble inversión en lo que refiere a infraestructura e integración. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la integración del Estado, estamos haciendo que haya herramientas que permitan el control de acceso para todos los trámites, que exista trazabilidad de todos ellos. Hay una herramienta de trazabilidad que va a permitir que el ciudadano sepa, al final del período, dónde está cada uno de sus trámites, en qué dependencia. Es parte de la lógica de calidad del servicio que debe tener el Estado.

SEÑOR HEBER.- Apoyado.

SEÑOR CLASTORNIK.- Prácticamente ya tenemos expediente electrónico en todos los lugares de la Administración central y en este momento estamos facilitando expedientes electrónicos en otras instituciones comprendidas en el artículo 220 de la Constitución de la República e Intendencias.

                Desde el punto de vista de la infraestructura, como decía anteriormente, tenemos 1.700 máquinas virtuales dando soporte a todos.

                El artículo 668 refiere al proyecto de Historia Clínica Electrónica Nacional. Es el programa salud.uy que, en realidad, tiene varios componentes. La historia clínica electrónica nacional es una visión transversal de todas las historias clínicas para que podamos reunir la información central del ciudadano a fin de que cuando entre en un lugar pueda conocerse toda su información clínica. Se trata de un tema de mejora en la calidad de la atención, de mejora en la capacidad de monitoreo del Ministerio de Salud Pública y, fundamentalmente, es un tema de equidad. Cuando uno piensa en la atención médica, se olvida de que los funcionarios del interior tienen que venir a Montevideo, porque el 95 % de los especialistas están a cinco cuadras del Obelisco. La telemedicina, la teleimagenología y, en particular, la telerradiología, permiten lleva toda la información de cada uno de los lugares a los técnicos, de manera que la calidad de la atención sea similar en cualquier lugar del país. Ni que hablar de los gastos que tiene la gente del interior cuando debe quedarse acá, con todo lo que implica a nivel familiar. Hay verticales que están incluidos acá, como telerradiología o historia clínica oncológica, que es uno de las que están operativos, y la idea es seguir avanzando en eso.

                En infraestructura de datos espaciales, cumplimos cincuenta años sin actualizar el relevamiento fotogramétrico que hizo Ferreira Aldunate en 1964. A partir de una licitación que se va a hacer ahora con fondos del BID, vamos a generar una sola infraestructura de datos espaciales que compartirán Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas y Agesic. La idea es que haya capas comunes, es decir que no se estén licitando distintas capas que sean incompatibles. El proyecto básico arranca con la generación de una nueva cartografía nacional, tanto para lo rural como para lo ciudadano, y la licitación estará lista para salir en corto plazo.

SEÑOR HEBER.- Agradezco la información y ojalá pueda cumplir con todos los objetivos.

                Tomé debida nota de lo que dijo el doctor Roballo, quien lamentablemente no está en sala. Realmente fue una respuesta política y se recorta más de un millón de dólares en el quinquenio. Lamento que sea así, porque creo que el dinero para financiar otros proyectos, por más justificados que sean, debería quitarse de otros lugares.

                Deseo dejar esa constancia, porque si bien se dice que se van a cumplir las metas previstas en el artículo 665, creo que no deja de ser una propuesta de buenos deseos. Lamentablemente, la realidad presupuestal es que tienen recortes importantes en el período 2016-2019. A mí me gustaría darle los recursos para cumplir los objetivos plenamente, ya que se va a encontrar con dificultades cuando no cuente con el dinero necesario para cumplir la gran misión que tiene al frente de la Agesic, a la que apoyamos calurosamente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si nadie desea hacer uso de la palabra, pasamos a considerar los artículos 81 a 107, relativos a la Secretaría Nacional del Deporte.

SEÑOR ETCHANDY.- Señora Presidenta: la Secretaría Nacional del Deporte, a través de esta serie de artículos, procura cumplir con el proyecto y con el plan que tiene para este quinquenio.

                Como se sabe, en los 104 años de historia, el modelo institucional ha cambiado muchas veces. La propia Comisión Nacional de Educación Física, creada en 1911, cambió su integración de distintos modos por diversas leyes; incluso perteneció al Ministerio de Instrucción Pública y, a partir de 1967, al Ministerio de Educación y Cultura. Luego pasó a ser Ministerio de Deporte y Juventud y con el tiempo volvió a transformarse en la Dirección Nacional de Deporte, siendo parte del Ministerio de Turismo y Deporte de nuestro país. A partir de la Ley Nº 19.331 se ha convertido en la Secretaría Nacional del Deporte, perteneciente ahora a Presidencia de la República.

                Teniendo en cuenta que el deporte es un derecho –así fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas en la Carta Internacional  de la  Educación Física y el Deporte en 1978–, es también una manifestación de carácter cultural que tiene efectos en la educación, en la salud, en la convivencia y en la inclusión, y es un factor de desarrollo para todas las naciones y para todos los países.

                El fundamento de la Secretaría Nacional del Deporte para este presupuesto, tiene que ver con los cometidos que ha establecido la ley: promoción, regulación y ejecución de políticas públicas para posicionar el deporte como derecho ciudadano y generador de valores, convivencia, salud y calidad de vida.

                Dentro de estos cometidos está la erradicación de la violencia, la descentralización, la asistencia a las federaciones, la reestructura de cargos para la nueva organización, la inversión en infraestructura deportiva en todo el país y el deporte en el sistema educativo, es decir, la relación del deporte con el sistema educativo.

                Para el cumplimiento de todo esto se busca, a través de algunas normas en el presupuesto, fortalecer institucionalmente y establecer una reestructura  de carácter organizacional. Esa transformación del modelo ha generado el deseo de descentralización y en el proyecto de trabajo que tenemos, se tratará de cumplir el plan de inversiones y buscar la gobernanza, es decir, la rectoría a través también de obtener una contrapartida, sobre todo en el caso del deporte federado.

                Todo esto ha determinado que se divida la Secretaría Nacional del Deporte para su tarea y su trabajo en cuatro áreas que no fueron inventadas porque sí, sino que surgen del Plan Nacional Integrado de Deporte, llevada adelante en la Administración anterior  –pagado por el BID– y que realmente ha dejado recaudos muy importantes que deben tenerse en cuenta para todo el deporte de nuestro país y la forma de llevarlo adelante.

                La primera de esas cuatro áreas en las que se pretende trabajar es el deporte comunitario. Está integrado por las 114 plazas de deporte que existen en el país y también por todo lo que tiene que ver con la actividad del deporte comunitario, escuelas deportivas y demás, para ofrecerle a la población el acceso y la posibilidad al deporte.

El área número dos refiere  al deporte y la educación. Estamos en contacto permanente con las autoridades de la educación para encontrar la forma de trabajar en forma conjunta y llevar el deporte a la educación, cumpliendo así con la ley de universalización de la educación física en la escuela, en secundaria y a nivel universitario. Esto permite que se realicen una serie de actividades en conjunto, como los juegos escolares, que acaban de finalizar y donde participaron 140.000 niños de todo el país.               

                El área número tres, corresponde al deporte federado. En este momento tenemos 61 federaciones deportivas reconocidas como ente dirigente de esas disciplinas deportivas en nuestro país. Además, está la Fundación Deporte Uruguay, creada en la época en que había un Ministerio de Deporte y Juventud, cuando el Ministro era el señor Trobo, cuya puesta en funcionamiento se hizo en el año 2008. En estos meses la hemos reestructurado y está trabajando en forma especial con todos los deportistas de alta competencia para brindar no solo asistencia económica para el ciclo olímpico integrado por los Juegos Odesur, los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos y todas las competencias clasificatorias sino, además, ayuda de carácter médico, científico y técnico. Esto permite que los deportistas de alta competencia en nuestro país cuenten con metodólogo, evaluador, nutricionista, psicólogo y todo el laboratorio del centro médico a su disposición para que puedan realizarse todos los exámenes necesarios para que puedan prepararse de la mejor manera posible.

                El área número cuatro, está dedicada a programas especiales como Gol al Futuro, Knock out a las Drogas y los que tienen que ver con la discapacidad y el acceso al deporte de las personas con distintos tipos de discapacidades. Esta área tiene que ver, también, con la inclusión de la mujer, sobre todo en el deporte federado. Hemos hecho un estudio que ha demostrado que en las 61 federaciones hay inscriptos 246.000 deportistas y solo el 7 % de ellos son mujeres. Por lo tanto, este es uno de los temas en que más tenemos que trabajar, para dar a la mujer la oportunidad –que hoy no tiene– de acceder al deporte federado. Sin perjuicio de ello, debemos recordar que de las últimas cinco medallas panamericanas que ganó Uruguay, tres de ellas corresponden a mujeres.

                A continuación voy a comenzar a detallar el articulado correspondiente.

                El artículo 81 crea la Unidad Ejecutora 011, en el Inciso 02, Presidencia de la República, con la naturaleza jurídica y cometidos establecidos en la Ley Nº 19.331.

                El artículo 82 crea los cargos de particular confianza de Secretario Nacional de Deporte, Subsecretario Nacional del Deporte y Gerente Nacional del Deporte, suprimiendo los tres cargos de particular confianza que ya existían en la anterior organización, dependientes del Ministerio de Turismo y Deporte, es decir, el Director Nacional de Deporte, el Director de Promoción Deportiva y el Director de Desarrollo Deportivo. A su vez, también crea los cargos de los cuatro coordinadores de las áreas que he mencionado, que dirigen cada una de ellas e intentan cumplir lo establecido en la ley.

                El artículo 84 refiere al pase en comisión para tareas propias del deporte, desde la Secretaría Nacional del Deporte hacia las Intendencias departamentales, en todos los casos en que estas últimas lo soliciten.

                El artículo 85 dispone un incremento de $ 5:000.000 para las partidas autorizadas por el artículo 441 de la Ley Nº 18.719. Esta partida estará destinada a convenios con organizaciones públicas y privadas para mantenimiento y vigilancia de equipamientos deportivos comunitarios. También se utilizará para tareas de docencia, administración, limpieza y guardavidas.  Estas son funciones que desempeñan las ONG y el incremento se fundamenta en las nuevas responsabilidades y la seguridad necesaria para las plazas de deporte, sobre todo, para el programa de verano, porque muchas veces por las noches aparecen conjuntos de personas  que se meten en las plazas y generan problemas. Entonces, parte de ese incremento también está destinado a este tema.

                El artículo 86 refiere a la transferencia de créditos presupuestales para cumplir con los artículos 2º y 3º de la ley. Se da un pase en espejo de los funcionarios que antes desempeñaban sus tareas en la Dirección Nacional de Deporte dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte y que ahora lo harán directamente en la Secretaría Nacional del Deporte, conservando, por supuesto, todos sus derechos.

                El artículo 87 tiene que ver con las contrataciones para el programa de verano de docentes y no docentes. Son contratos de trabajo con un máximo de ciento ochenta días, compatibles con otras tareas. Acá hay un incremento del rubro para este tipo de contratos de trabajo y si bien el máximo  es de ciento ochenta días, en la mayoría de los casos no llega a cuatro meses, porque es justo para la temporada de verano.

                El artículo 88 está relacionado con la asignación de una partida anual para la adecuación salarial de funcionarios no docentes que históricamente han sido postergados, porque ninguno de todos estos cambios que ha tenido la Comisión Nacional de Educación Física, posteriormente el Ministerio, luego la Dinade, ahora la Secretaría Nacional del Deporte –en estos tiempos se hicieron cinco reestructuras–, llegó a aplicarse. Por lo tanto, todos esos funcionarios han quedado postergados y por eso deseamos cumplir de alguna manera con la reestructura que tendría que estar vigente.

                El artículo 89 tiene que ver con la reestructura organizativa para el cumplimiento de fines de la Secretaría Nacional del Deporte. Acá hubo un recorte en la Cámara de Representantes;  esto era fundamentalmente para los concursos que se tenía pensado hacer para determinados cargos.

                El artículo 90 está relacionado con un incremento de la partida para financiar la asignación transitoria de funciones de administración superior, de un millón de pesos anuales.

                El artículo 91 refiere a los funcionarios excedentarios, que son 17, en su mayoría del interior del país. Nuestro deseo es que puedan ser reintegrados ante la necesidad de recursos humanos. Insisto: esperamos que con la aprobación de este artículo y las acciones posteriores puedan ser reintegrados.

                El artículo 92 tiene que ver con la autorización de una partida para cumplir con compromisos de gestión de los funcionarios  para el año 2019, luego de recorrer un tramo de acondicionamiento de la reestructura. La idea es que en el 2019 podamos hacer realmente un compromiso de gestión para que los funcionarios lleven adelante.

                El artículo 93 refiere a la llamada ventanilla única. Es un pronunciamiento previo y preceptivo de la Secretaría Nacional del Deporte de toda decisión relacionada con el deporte y/o actividades deportivas. Se busca establecer la rectoría del organismo. Se incluye la organización de competiciones, apoyos económicos, entrenamiento a deportistas, campañas de promoción de deportivas, y también la Secretaría podrá asesorar a gobiernos departamentales y organismos del Estado.

                Como se ve, no se trata de un informe vinculante; es la manera de dar a conocer algunos planes de trabajo, de ver si coinciden o no con algunos aportes que hacen al deporte otros organismos del Estado, y la manera de canalizarlos por una vía que sea más beneficiosa para todo el deporte en general e, incluso, para las arcas del Estado.

                El artículo 94 propone un incremento para los programas de inversión en infraestructura deportiva –nos referimos a piscinas y gimnasios, fundamentalmente– y los montos están establecidos para cada uno de los años que corresponden a este quinquenio. En la Cámara de Representantes se votó una rebaja de $ 6:500.000 por año. En realidad, la Secretaría Nacional del Deporte había elaborado un proyecto a treinta años para que el país tuviera la posibilidad de marcar la inversión a largo plazo. Las prioridades de los fondos que ya fueron asignados en administraciones anteriores son las que primero se están mirando para desarrollar obras de infraestructura. También hay algunos compromisos asumidos por el Presidente de la República –que trataremos de cumplir– y la idea es dejar esa infraestructura en las capitales departamentales que no cuentan con ella para que pueda ser utilizada por la gente del lugar.

                El artículo 95 propone el aumento de la partida para suministros, puesto que ante una mayor inversión se requiere una ampliación de servicios. Por ejemplo, en los casos en que se construye una piscina se necesitan más profesores, más personal no docente para poner en funcionamiento la actividad de esa piscina o de ese gimnasio, y a veces también profesores formados para atender a personas con capacidades diferentes.

                El artículo 96 establece una partida anual de $ 4:000.000 para programas especiales, como deportes para discapacitados, «Knock out a las drogas», escuelitas deportivas, equidad de género y demás. Con respecto al programa «Knock out a las drogas», podemos informar que se está revitalizando y reestructurando; en cuanto a los programas especiales, se está buscando ampliar «Gol al futuro» a otros deportes, utilizando los profesionales que ya están trabajando en él; incluso se han hecho acuerdos con el Ministerio de Defensa Nacional para la utilización de algunos cuarteles donde comenzaron a implementarse algunas escuelitas deportivas que ya están en funcionamiento, y también se está trabajando en todo lo que tiene que ver con la equidad de género.

                En el artículo 97 se declara de interés nacional la propuesta de la candidatura de nuestro país para ser sede de la Copa Mundial FIFA 2030, así como el programa de celebraciones del centenario del campeonato del mundo del año 1930, y se encomienda al Poder Ejecutivo la realización de las gestiones necesarias a tales fines. Para ello se asigna una partida anual de $ 500.000 para los años 2016, 2017 y 2019, y una partida de $ 1.000.000 para el año 2018, que seguramente será el año en el que la FIFA defina el tema, en caso de cumplir con el mismo ritual que siguió cuando definió los campeonatos mundiales a celebrarse en Rusia y en Qatar.

El artículo 98 habla de una partida de $ 2:500.000 para el año 2016 y de $ 1:000.000 para el 2017 y el 2019, para gastos de funcionamiento e inversiones del Laboratorio de Control de Dopaje –que ya se ha reestructurado en todo lo que hace al centro médico–, que va a cumplir algunas funciones diferentes. En aplicación de una ley del año 2010, todo lo que tiene que ver con la ficha médica pasa al Sistema Nacional Integrado de Salud y eso va a permitir que el centro médico de la Secretaría Nacional del Deporte pase a cumplir otro tipo de funciones a nivel de laboratorio de atención a deportistas y también en todo lo que tiene que ver con el dopaje. Precisamente, en este momento, el Secretario Nacional del Deporte está haciendo gestiones con WADA y con otras organizaciones y es muy factible que en un futuro cercano Uruguay pueda dar el pasaporte biológico para muchos países de América de acuerdo a la eficiencia de su centro médico y de sus laboratorios de control del dopaje, lo que se va a realizar con estos dineros que se van a aplicar precisamente a ese tipo de cosas.

                El artículo 99 habla de un incremento de $ 500.000 anuales para el pago de compensaciones especiales.

                El artículo 100 establece un incremento de $ 1:000.000 para servicios odontológicos, guardería y otros, que ya se dan pero necesitan de un incremento.

El artículo 101 habla de un incremento de $ 3:000.000 para dietas, que son las personas que actúan como interventores o administradores de entidades o comisiones especiales, donde la Secretaría Nacional del Deporte muchas veces tiene que designar a algunas personas para esos cometidos.

El artículo 102 habla de un incremento de asignaciones para gastos de inversión para el funcionamiento de la Secretaría Nacional del Deporte, fundamentalmente gastos de oficina, informática y vehículos, lo que está estipulado en la norma por monto y por año, tal como establece este artículo.

                El artículo 103 habla de un incremento de $ 3:500.000 para las partidas  destinadas a las transferencias, ayudas y asistencia que se hacen a las federaciones deportivas para las delegaciones a instituciones y para eventos determinados. Este año ya hemos hecho dos reuniones generales con todas las federaciones y hemos establecido una serie de normas –que se van a cumplir a partir del 1º de enero– con respecto a la asistencia de carácter económico para todas las federaciones: tendrán que presentar un plan de desarrollo antes del 15 de enero, que incluya todo lo que tiene que ver con las actividades fuera del país que deben de cumplir durante todo el año, y también antes del 15 de enero deben informar si van a ser sede de alguna competencia de carácter internacional. Esto va a ser estudiado por la Secretaría Nacional del Deporte y antes del 29 de febrero se hará la devolución correspondiente a cada federación que ya va a saber de qué manera y en qué se le va a apoyar, y en qué momento se le va a entregar el dinero durante todo el año. Así se va a hacer en años posteriores.

Con respecto a los planes de desarrollo, allí se establece también la presentación de proyectos. A esos efectos hemos integrado una Comisión con la participación del Comité Olímpico Uruguayo, la Federación Uruguaya de Deportes, el Panatlon, junto con la Secretaría Nacional del Deporte, para preseleccionar proyectos y, de acuerdo con el número preseleccionado y el dinero de que se disponga, se van a entregar los recursos y, por supuesto, se van a controlar las obras que se establecen en dichos proyectos.

                El artículo 104 refiere a la declaración de interés deportivo o institucional. El Poder Ejecutivo reglamentará el alcance de esta norma. Como se sabe, el Ministerio de Turismo y Deporte muchas veces ha declarado de interés ministerial alguna actividad que conviene al turismo o al deporte en nuestro país. Al salir del Ministerio no teníamos ninguna norma que fuera soporte para poder declarar de interés deportivo o institucional alguna competencia deportiva o realización que tenga que ver con el deporte; esta norma quiere ser soporte de ese hecho.

                El artículo 105 regula la construcción de infraestructura e instalaciones deportivas teniendo en cuenta los reglamentos de cada disciplina. Es lo que llamamos las normas NIDU, es decir, un conjunto de normas que establezcan que cuando cualquier organización, institución, federación u organismo de Estado haga alguna obra de carácter deportivo, realmente pueda servir para la práctica del deporte, que esté adecuada a lo que son las normas internacionales en la materia en lo que hace a las distintas disciplinas deportivas: medidas de la cancha, cantidad de metros que deben existir entre la línea final y una pared, altura de determinadas cosas que se deben poner en un gimnasio o piscina, así como la cantidad de andariveles y de metros. Todo eso debe quedar establecido en las normas NIDU para que cuando realmente se hace ese gasto tenga la bienvenida posterior y la obra pueda ser utilizada de la mejor manera.

                El artículo 107 habla de lo que nosotros llamamos la Gala del Deporte, que es una premiación de carácter anual a deportistas y reconocimientos especiales, sobre todo a proyectos exitosos y a buenas prácticas deportivas. Este año tenemos una preparada, que será el día 8 de diciembre en el Teatro Solís; seguramente les llegará la invitación correspondiente.

Hasta aquí serían los artículos que refieren a la Secretaría Nacional de Deporte. Quedo a las órdenes para cualquier consulta.

SEÑOR HEBER.- Deberíamos haber agendado un nuevo inciso; deberíamos tener una tarde para analizar un nuevo Ministerio. Lo que está planteando el doctor Etchandy –a quien conocemos desde hace tiempo y, además, es una figura pública reconocida– es la creación de un Ministerio con la particularidad de que está dentro de Presidencia de la República. Venimos hablando de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de las distintas Secretarías, y esto no es una Secretaría: es un Ministerio dentro de Presidencia de la República. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no pasamos todos los Ministerios a Presidencia de la República y tenemos una sola discusión con los señores que hoy nos visitan? Realmente, lo único que falta es nombrar al Ministro y al Subsecretario, porque la prevista es una estructura enorme. La pregunta es si antes en el Ministerio de Turismo y Deporte la parte de deportes estaba desmantelada. Fue Ministerio y después la pasamos a una Dirección dentro del Ministerio de Turismo y Deporte, pero parecería que el Ministerio era de turismo y no de deportes, por todo lo que ahora está necesitando para cumplir sus tareas. Nos parecen correctos las metas y los objetivos establecidos, pero lo que deberíamos hacer hoy es crear un nuevo Ministerio y no una Secretaría. Creo que esto es, más que nada, un capricho de la Administración, porque la verdad es que no lo entiendo. La creación de un Ministerio es lo que deberíamos estar haciendo en esta oportunidad.

Se trata de una ley que se votó en julio y estamos dándole todas las presupuestaciones. Incluso, hoy discutíamos con la Oficina Nacional del Servicio Civil el tema de la reestructura y hay un artículo que busca adecuar la escala salarial, porque creo que el doctor Etchandy dijo que la Dirección de Deportes había tenido cinco reestructuras y las cosas quedaron como están. Fue un desastre.

                En cuanto al tema de la Secretaría de Deportes, lo que deberíamos hacer es darle rango ministerial. Para nosotros el tema del deporte tiene rango ministerial. Y a modo de constancia –no estoy haciendo ninguna pregunta–, quiero decir que nos parece que la Secretaría de Deportes está encubriendo un Ministerio dentro de Presidencia de la República. Es algo inusual; nunca lo habíamos visto. Entonces, la pregunta es por qué no se hace lo mismo con el Ministerio de Defensa Nacional, con el Ministerio de Economía y Finanzas o con el propio Ministerio de Turismo. Podríamos llenar de Secretarías a Presidencia de la República, de modo tal que el Parlamento no pueda tener la fiscalización y el control que tenemos sobre los Ministerios.

La verdad es que no entendemos al Poder Ejecutivo. No entendemos al Presidente de la República, que tiene esta actitud de capricho al insistir con la Secretaría cuando tiene todos los elementos para crear un Ministerio. Es más, ya hubo un Ministerio de deportes, y el tema ha tenido idas y venidas. Cuando salimos de la Comisión nacional tuvimos un gran avance, pero después se fusionaron y se generó toda esta historia. Esperemos que en el futuro venga la creación del Ministerio. Se nos dijo, cuando se envió este proyecto de ley que era algo que no se descartaba.

Pero insisto: este es un Ministerio que se está creando dentro de la Presidencia de la República y por eso es nuestra oposición. Esa es la constancia que queríamos dejar. Y hay comprobaciones varias en todos estos artículos que se van a votar y que no sabemos todavía si vamos a acompañar.

SEÑOR CAMY.- Nosotros apoyamos plenamente lo que señalaba el señor Senador Heber. Somos partidarios de que exista un Ministerio porque entendemos que prestigia, catapulta, promociona al deporte de una manera más importante que lo que jurídicamente puede contextualizar este marco nuevo que se le está dando.

                Pero, señalado esto, quiero plantear dos preguntas puntuales, no sin antes hacer una especial consideración por lo grato que me resulta poder recibir en la Comisión al doctor Etchandy. Lo sabemos hombre del deporte y, en oportunidad de dirigir la Organización Nacional del Fútbol Infantil, nos consta que realizó un trabajo realmente digno de destacar en todo el país, con un criterio auténticamente nacional. Y lo resalto porque a veces aburro a los compañeros por reclamar, en otros aspectos del Estado, una visión nacional.

El artículo 94 se refiere a partidas para proyectos de inversión con destino a construcción de piscinas y gimnasios. Al respecto quería hacer dos preguntas puntuales. Primero, cómo se tiene pensado coordinar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pregunto esto porque en oportunidad de estar presente ese inciso en esta Comisión, expresamente el señor Ministro Rossi estableció como una de las consideraciones el retomar la práctica tradicional –así la definió– del Ministerio de Transporte y Obras Públicas acerca de los convenios, destinando recursos para la construcción con organizaciones deportivas, educativas, culturales, de obras de infraestructura, e involucraba las obras de infraestructura deportiva.

Y lo segunda pregunta es si solamente se refiere a la construcción de piscinas y gimnasios, o también ahí está prevista la disposición de recursos, aparte de los humanos, teniendo en cuenta que en otro artículo el doctor indicaba claramente que está dispuesto para las piscinas. Existen algunas situaciones que conocemos en el interior del país –seguramente también en la capital–, de esfuerzos inconclusos y obras que fueron impulsadas, sobre todo, por gobiernos departamentales; se construyeron piscinas que a veces cuesta mantenerlas cuando están en manos de una organización deportiva. Hemos visto piscinas, aunque parezca irrisorio, sin agua potable o sin el dinero para poder potabilizarlas, etcétera. Por eso quería saber si también se ha previsto algún tipo de ayuda menor al desembolso que sería específicamente construir una piscina en las capitales departamentales, tal como se estableció.

                Asimismo, el artículo 104, referido a la creación de la Secretaría Nacional del Deporte para declarar de interés deportivo e institucional las propuestas en el ámbito de su competencia, dice que el Poder Ejecutivo reglamentará el alcance de la presente declaratoria. Me queda claro que es el basamento jurídico o normativo para poder llevar adelante eso que se hace; pero quería saber si se tiene una idea aproximada del alcance que pueda llegar a tener la declaración de interés deportivo. ¿Eso está pensado, por ejemplo, con una suerte de mecenazgo deportivo? ¿Puede alcanzar temas tributarios, o es simplemente el impulso declarativo que puede dar lugar a cualquier evento o actividad?

                Muchas gracias, señora Presidenta; muchas gracias, doctor Etchandy.

SEÑOR ROBALLO.- Sobre la creación de otro Ministerio, ya hemos hecho referencia a las consideraciones políticas sobre la oportunidad de tal creación en este contexto. Pero antes de pedir a quienes se expresaron que aclaren los puntos a los que se refirieron los Senadores Camy y Heber, quiero manifestar que lamento mucho los calificativos lanzados por el Senador Heber, especialmente los referidos al Presidente de la República. Aclaro que esta es mi opinión. Quizás podrían haberse evitado. Sin ningún lugar a dudas, se puede discrepar –por supuesto– con una propuesta de estas características. Además, es coherente con el planteo que se viene haciendo sobre la necesidad de tener otra institucionalidad. Ahí hay claramente una diferencia. Lamento y rechazo esas expresiones de capricho, etcétera, y quería dejar constancia de eso en la versión taquigráfica. Simplemente resta agregar que la decisión de no crear un Ministerio en este momento obedece a diversas consideraciones de tipo financiero y político que vamos a sostener.

                Le solicitaría al doctor Etchandy que contestara parte de lo que se ha planteado.

SEÑOR ETCHANDY.- Con respecto a las consultas, en cuanto al artículo 104 a que hacía mención el señor Senador, el interés es deportivo o institucional, pero sin buscar que esto signifique una exención tributaria. Es para darle de repente una mayor jerarquía y para que los organizadores puedan tener la posibilidad, inclusive, de realizar todo lo que tiene que ver con la organización de ese espectáculo, torneo, evento o viaje; que lo puedan hacer con este espaldarazo que, de alguna manera, los puede ayudar.

                Con respecto a la otra pregunta, relacionada con las piscinas y los lugares –como decía el Senador Camy–, me gustaría que hiciera uso de la palabra el arquitecto Daners que está encargado de muchos de esos aspectos y podrá responder mejor que yo.

SEÑOR DANERS.- Buenas noches. La pregunta tenía dos partes.     

                Históricamente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha realizado convenios con las instituciones deportivas, sobre todo del interior del país. Seguramente a eso se refería el Ministro de Transporte y Obras Públicas,  por lo tanto, eso quedará a cuenta de esa cartera.

                En  cuanto a  obras  que  han  quedado  inconclusas  y  demás, hemos  intentado –también en el período anterior– colaborar tanto con instituciones privadas como con los gobiernos locales y, en la medida de lo posible, lo seguiremos haciendo. Nos parece prudente y responsable que las infraestructuras que estén a medio terminar o subutilizadas se potencien.

SEÑOR HEBER.- Quiero hacer otra consideración.

                La verdad es que no veo –el doctor Roballo no está en sala– cuál fue la ofensa. No le encuentro explicación a la creación de una secretaría con esas dimensiones. Se trata de duplicar esfuerzos con respecto al tema del medioambiente. Sin embargo, acá se habla de una enorme estructura a la que no le encuentro explicación, por eso digo que se debe a una actitud caprichosa. No veo cuál es el gasto mayor a la creación de un Ministerio al poner un Ministro y un subsecretario. No creo que el gasto mayor sea por los sueldos, porque acá se crean cargos y sueldos, además de existir la posibilidad de contrataciones. En virtud de que no encuentro otra explicación, digo que es caprichoso. No entiendo cuál es la ofensa y el rechazo. ¡Estoy ofendido porque se dijo que esto es un capricho! Sí, no tengo otra explicación porque, en verdad, estamos hablando de la estructura de un Ministerio que se crea en la Presidencia de la República.

                De modo que ratifico los comentarios. Espero no ofender, pero al parecer ahora estamos hipersensibles con el tema del Presidente de la República al que no se le puede decir nada.

                Aprovecho esta instancia para solicitar que se nos comente sobre el artículo 111, la última disposición de Presidencia de la República y a través del cual ingresa una partida anual de $ 50:000.000  para la Secretaría Nacional del Deporte, con cargo a Rentas Generales. No sé cómo se financia, si está financiado en la Cámara de Representantes, y cuál es la opinión que se tiene al respecto. Es para fortalecer la formación del nivel terciario en la educación física. Seguramente sea necesario, pero no lo presenta el Ministerio, sino que ingresa por la Cámara de Representantes. Me gustaría conocer la opinión de quien podría ser, quizás, alguien que tenga responsabilidades en la Secretaría Nacional del Deporte, el Ministro ad hoc.

(Hilaridad).

SEÑOR ROBALLO.- Me ratifico en igual sentido, señor Senador.

                El artículo 111 refiere a la partida destinada al ISEF a efectos de que pueda cumplir mejor su misión. Esta ha sido una discusión que tuvo trascendencia pública y que se materializa en el artículo que aquí se presenta. Tenemos la expectativa de que se pueda desarrollar una mejor actividad desde esa área y, por eso, la inclusión.

                El artículo 108 refiere a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los integrantes de dicha Oficina lo explicarán.

SEÑOR APEZTEGUÍA.- Se trata de una facultad que se da a efectos de poder realizar, eventualmente, una reasignación de créditos presupuestales existentes en la OPP, que se permite pasarlos a proyectos  de funcionamiento del mismo Inciso. Se trata de asegurar  transferencias de fondos de los proyectos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  –hoy nos referíamos a la posibilidad de los recuperos– que, por algún motivo, no se realizaron. Se apunta a poder aplicar en términos de funcionamiento las transferencias de los fondos asignados a organizaciones locales o municipios. Entendemos que debemos movernos con flexibilidad porque la pérdida de la donación de la Unión Europea en ejercicios anteriores –que estaba destinada a tareas de descentralización e integración en el territorio– puede generar un desbalance en la clasificación programática de los usos de los fondos asignados a nivel municipal o local. Esta es una posibilidad de reasignar los fondos para que puedan ser utilizados donde se proponga por parte de las organizaciones. Es una facultad que no modifica la estructura presupuestal, ni la cantidad de fondos, sino que se adapta a lo que son los requerimientos que vienen hacia la oficina.

SEÑOR HEBER.- Se dice que se reasignan recursos para proyectos de inversión que tengan que ver, básicamente, con mantenimiento de la red vial subnacional. ¿Es así? Son proyectos de administración, pero ¿para qué son los $ 32:000.000? ¿Qué es lo que está pensando la OPP y la Dirección de Descentralización? ¿Se piensa apoyar a las alcaldías? ¿Cuál es el destino que tiene pensado la Dirección?

SEÑOR APEZTEGUÍA.- Efectivamente, estos $ 32:000.000 hoy están en la línea de base en el sector de inversiones. En principio, la mayor parte de ellos podía ser utilizada para financiar subsidios vinculados con la electrificación rural de pequeños productores, de familias, como de sectores productivos. De acuerdo con la evolución que tuvo el «gasto» –dicho esto entre comillas– en este sector y las previsiones que podemos realizar para los cinco años –que muchas veces no dependen de nosotros sino de la cantidad de grupos interesados en realizar conexiones a la red– lo que hacemos es lo siguiente. Como esto forma parte de la asignación que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto desea hacer en los distintos territorios, queremos tener la posibilidad de sacarlos de inversiones y usarlo en funcionamiento, esto es, en la financiación de proyectos que se realizan tanto a nivel municipal, como local, para tomar una acepción más grande. El inciso segundo del mismo artículo establece que esos $ 32:000.000 no se pueden quitar –insisto en esto– de los programas de caminería. Es decir que se hace con los fondos no comprometidos para caminería que tiene la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la OPP. Se utiliza esta flexibilidad para decir que el conjunto del gasto suma lo que debe sumar. 

SEÑOR ROBALLO.- Para referirse al artículo 109, cedo la palabra al Gerente Financiero de Presidencia, contador Juan Serra.

SEÑOR SERRA.-  En este caso se trata de una reasignación desde el Inciso 24 hacia el Inciso 02. Estos eran créditos de la unidad ejecutora 002 y a los efectos de financiar la estructura lo único que se hace es cambiar el destino desde el Inciso 24, que es nuestra unidad ejecutora, hacia el Inciso 02 unidad ejecutora 001. Se dispone que se transfieran desde el grupo 1, que son bienes de consumo, al grupo 2, que son servicios.

SEÑOR HEBER.- Estos «Servicios no Personales», que son el objeto del gasto, ¿pueden referirse a contrataciones?

SEÑOR SERRA.- Básicamente está pensado para financiar todos los servicios, desde limpieza hasta otro tipo de cosas. Las contrataciones son una parte de ellas, pero en ese caso tendría que pasar por la Oficina Nacional del Servicio Civil. En principio, no está pensado para eso, sino para solventar la estructura de gasto de funcionamiento de nuestra unidad ejecutora, teniendo en cuenta, básicamente, el anexo que se está construyendo. Es una reasignación y, en principio, no está pensando para contrataciones personales.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 110.

SEÑOR ROBALLO.- El artículo 110 en realidad debería estar en el Inciso del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR HEBER.- Creo que serviría decir que el artículo 110 se ubicó en Presidencia de la República por la ayuda que se estaba dando a los servicios de comunicaciones audiovisuales. Es por eso que el señor Prosecretario está planteando que esto esté en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Considero que habría que redactar nuevamente este artículo que refiere a este dinero –$ 10:000.000– que se comprometió en la Cámara de Representantes para  a los servicios de comunicación audiovisual y los subsidios que se establecen para apoyar esta actividad. Me parece correcto y supongo que estará debidamente financiado. Creo que es para este servicio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Prosecretario: este artículo fue introducido en la Cámara de Representantes. Nosotros ya recibimos a la Ministra de Industria, Energía y Minería. Ella no hizo referencia a este artículo porque aquí hay una asignación a Presidencia.

Entonces, nos gustaría que nos aclarara si tiene alguna indicación de modificación o de ubicación para después analizar entre nosotros cómo lo estamos viendo porque la asignación está hecha al Inciso 02.

                Tiene la palabra el señor Prosecretario.

SEÑOR ROBALLO.- Gracias, señora Presidenta.

                Efectivamente, está asignado a Presidencia de la República pero es un error porque, según la normativa vigente, debería estar asignado al Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el órgano a través del cual se relacionan los servicios de comunicación audiovisual.

                Por tanto, seguramente propondríamos a la brevedad una nueva redacción del artículo a los efectos de subsanar este error.

                En realidad, no debería haber sido asignado al inciso Presidencia de la República.

SEÑOR CAMY.- Quisiera hacer una pregunta que nos planteamos en oportunidad de la comparecencia del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

                El segundo inciso del artículo 108 refiere al Proyecto de Inversión 999, «Mantenimiento de la Red Vial Departamental», que incorpora $ 350:000.000.                 Hasta el presente proyecto de ley esto era ejecutado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

                Quiero hacer una pregunta puntual, sin ingresar en el porqué de la decisión de la transferencia a la OPP. ¿Cómo se piensa captar un know-how, muy propio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de conocimiento de las redes viales primaria, secundaria y terciaria de cada departamento, y un grupo de ingenieros que, incluso hasta que la norma lo prohibió, generalmente actuaban en la doble condición de ingenieros de vialidad y de asesores de los gobiernos departamentales? ¿Está previsto incorporarlo, de alguna manera, en la transferencia? ¿Cómo quedó establecido?

                Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Con respecto a la consulta del señor Senador Camy, vamos a profundizarla de inmediato porque también está relacionada con el artículo 655.

                Podemos adelantar lo siguiente: se va a aprovechar todo el know-how. Justamente, de lo que se trata en este caso es de la solución encontrada en el período pasado con respecto al tema de la caminería y, con el avance que entendemos ha sido muy importante en el acuerdo global con las intendencias en este período de gobierno, se entendió que el funcionamiento era mucho más eficiente si se realizaba a través de una sola unidad y no quedaban los programas en unidades diferentes. En ese caso se definió que fuera la OPP. Vamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuando veamos el artículo 655 vamos a profundizar este asunto.

SEÑOR ROBALLO.- Si la señora Presidenta está de acuerdo, pasaríamos a tratar el inciso 24 «Diversos Créditos», que comprende los artículos 651 a 663.

                En este sentido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto va a hacer una exposición. Si la señora Presidenta lo autoriza, vamos a hacer una presentación en PowerPoint.

SEÑORA PRESIDENTA.- Adelante.

SEÑOR GARCÍA­.- Cuando comparecimos en esta Comisión junto con el equipo económico, hace poco más de una semana, los señores Senadores hicieron algunos planteamientos sobre este grupo de artículos. En ese momento quedamos comprometidos a profundizar sobre este tema –al igual que lo hicimos en la Cámara de Representantes–, que es relevante y preocupa a varios señores Senadores.

                En ese sentido, el profesor Apezteguía va a hacer la misma presentación que realizamos en la Cámara de Representantes de un tema que es complejo y relevante y en el que hay que trabajar permanentemente. Además, no hay límites entre lo nacional, lo departamental y lo municipal porque las políticas públicas son una sola cuando se mira esto a nivel de todo el  territorio nacional, que es muy asimétrico, en función de distintos parámetros.

                La introducción que voy a realizar antes de la presentación de Pedro Apezteguía tiene que ver con el hecho de que todos estos artículos están relacionados con un acuerdo realizado a nivel del Congreso de Intendentes y del Poder Ejecutivo. Como todos los señores Senadores saben, con treinta días de antelación a la presentación del Presupuesto Nacional ante el Parlamento de la República, es decir el 31 de julio, el Poder Ejecutivo junto con el Congreso de Intendentes, a través de la Comisión Sectorial de Descentralización, tiene que hacer una propuesta de presentación –que luego es trasladada al proyecto presupuestal– para los cinco años respecto a la asignación de los recursos a nivel nacional prevista en algunos de los artículos de la Constitución, básicamente el 214 y el 298. A su vez, a lo largo de los distintos períodos presupuestales se han ido agregando otros elementos que van complementando de buena manera las políticas que benefician los dos niveles de gobierno, así como al tercer nivel –el gobierno municipal–, que está apareciendo cada vez con mayor intensidad.

                Esta es una negociación, prácticamente, de casos de estudios, tal como planteamos en la Cámara de Representantes. Estamos hablando de un Gobierno nacional y de 19 intendencias departamentales, cada una de las cuales presenta realidades completamente distintas en materia de densidad de población, desarrollo productivo, desarrollo humano, etcétera. Además, estamos hablando de un tercer nivel de gobierno que va creciendo en el país, ya que pasó de 89 municipios a 112.

                Todo eso hay que resolverlo en escasos veinte días, es decir, una vez que asumen los Intendentes municipales –el 10 u 11 de julio– hasta el 31 de julio. Son veinte días de intensas negociaciones junto con la delegación que envía el Congreso de Intendentes, que en este caso estuvo conformada por su Presidente –el Intendente de Cerro Largo, Sergio Botana–, el Intendente Aníbal Pereyra y el Intendente Marne Osorio.

                En esta oportunidad llegamos a un acuerdo que, como planteamos públicamente, merecía un festejo, ya que es beneficioso para todas las partes por lo que implica en materia de recursos a transferir durante el período y por lo que significa en la profundización de algunas políticas favorables para la población.

                Uno de los primeros planteamientos realizados por los Intendentes fue el aseguramiento de la base de recursos que se da a las Intendencias departamentales. Como vamos a ver en la presentación, se da esa seguridad, pero de todas maneras esa base fue considerada.

                Un segundo gran objetivo es el cumplimiento de lo planteado en la segunda ley de descentralización, la del año pasado, que implica llegar al 10 % de los recursos transferidos a los gobiernos departamentales para los gobiernos municipales. Ese objetivo también se cumple de manera gradual       –como lo veremos en la presentación– por cuanto es otro motivo de satisfacción.

                Un tercer punto, que resulta muy importante, refiere a la caminería departamental –que mencionamos al responder la pregunta anterior– que el país ha ido incorporando en diferentes programas. Creo que ahora damos un paso más agregándolo al acuerdo global y llevando  una cantidad de recursos importantes a la caminería departamental, que están orillando los                 USD 250:000.000 en los cinco años de este período de gobierno, reconociéndose por todas las partes la necesidad de trabajar en ese aspecto y, de alguna manera, consolidándolo a través de la inclusión en este acuerdo.

                Por otro lado, el acuerdo incluye lo establecido en el  artículo 298,  el Fondo de Desarrollo del Interior y otros instrumentos que también tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional. Se trata de herramientas importantes de trabajo con los gobiernos departamentales y que también siguen adelante en este período de gobierno.

                Asimismo, se incluye todo lo que tiene que ver con las políticas de fomento del alumbrado y de mejora de la eficiencia energética, así como el subsidio referido a ello –que también está en este acuerdo–, además del Sucive y la generación de la patente única de rodados a nivel nacional, incluyendo recursos para su administración y para su continuidad, manifestando también la posibilidad de avanzar en el permiso nacional único de conducir que traería grandes beneficios para nuestro país.

                Creo que el acuerdo al que se llegó es  muy bueno. Vamos a cumplir con lo prometido y a profundizar en la complejidad que este tema tiene, de la cual somos todos son conscientes. Veremos también algunas tareas que tendremos que encaminar como sistema político en este período de gobierno, tanto a nivel del Gobierno nacional, como del Congreso de Intendentes y del plenario de los municipios en materia de análisis de la nueva realidad del país, para ver cómo arribamos al próximo período presupuestal y qué podemos realizar en función del cambio de la realidad nacional.

SEÑOR APEZTEGUÍA.- Esta presentación –voy a tratar de ser lo más rápido posible en atención a la hora– muestra siete aspectos que fueron parte de lo analizado en oportunidad de intentar  recoger la redacción de estos artículos, que van del 651 al 662, producto de un acuerdo que, a propuesta del Congreso de Intendentes, aprueba la Comisión Sectorial de Descentralización.

                El señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mencionaba la premura y la urgencia que los Intendentes tenían, una vez que asumieron entre el 9 y el 10 de julio, para lograr este acuerdo antes del 31 de julio, tal como lo establece la Constitución de la República. Sin perjuicio de ello, debemos confesar que con delegaciones de técnicos de los distintos partidos, la negociación o los criterios comenzaron a exponerse, quizás 15 o 20 días antes de la asunción de los señores Intendentes.

                El primer problema que intentamos ordenar fue el de las disparidades territoriales sobre un territorio que ahora tiene 112 municipios ubicados en 19 departamentos. Tenemos una situación que muestra que el 70 % de la población nacional se encuentra municipalizada, pero solamente el 30 % del área de la república se encuentra en esas condiciones. Por lo tanto, de acuerdo a la última ley de descentralización, la Nº 19.272, todavía queda espacio para avanzar sustancialmente.

                Con respecto a las disparidades territoriales que mencionaba el señor Director, en la presentación podemos observar como el norte del país y fundamentalmente el noreste, todavía presentan altos porcentajes de población con necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo al censo de 2011. A su vez, en el mapa del departamento de Montevideo se puede ver que esas disparidades territoriales se reproducen, como seguramente sucede también en los departamentos del noreste cercanos al Río Negro.

Desde el punto de vista de la contribución de los departamentos al PBI, la Comisión fue analizando la forma en que se distribuye y llegó a la conclusión de que el 75 % del producto bruto se genera en seis departamentos: Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia, San José y Paysandú. En el otro extremo hay un 5 % que es generado en Artigas, Durazno, Treinta y Tres y Flores. Por cierto, lo que intentan hacer los artículos 651 y 662 es contemplar esa disparidad, que tiene que ver no solo con la contribución al PBI sino con sus características en cada departamento. Los departamentos que están en color más oscuro, a la izquierda, son los que contribuyen en mayor medida al PBI del sector primario, y fundamentalmente Montevideo, Canelones y Maldonado lo hacen al del sector servicios.

Sin embargo, las disparidades territoriales también están vinculadas al ingreso promedio de las personas, y si tomamos como base cien, nos encontramos con que en un extremo están Montevideo y Maldonado con       121 % y 102 %, mientras que en Artigas y Tacuarembó el porcentaje está prácticamente en 69 % y 71 %. Por lo tanto, hay una desviación estándar importante y una media del país del 85 %, pero la distribución es diferente. Los avances desde el año 2008 han sido importantes y podemos ver allí que en las localidades del interior de más de 5.000 habitantes el ingreso promedio se fue acercando a la media del país. De la misma manera, en algunas zonas de Montevideo también se produjo un acercamiento a esa media, pero desde el extremo derecho de la curva o de la campana. En ese caso, lo que podemos asegurar es que solo en este período 2008-2012 hemos podido avanzar en equidad en cuanto a la distribución territorial.

En cuanto al porcentaje de la población pobre, vinculado también a la evolución de los ingresos, se percibe una situación inversa. En las localidades del interior hasta 5.000 habitantes, el porcentaje de población pobre pasó de 27,9 % a 10,7 %,  mientras que en las zonas más pobres de Montevideo pasó de 45 % a 32 %. También en la Comisión se discutió sobre las diferentes oportunidades que tienen los territorios en cuanto a competitividad y capacidad de captar las inversiones, disparidades territoriales que también se expresan en diferencias importantes en el capital humano y especializado. Está claro que hay diferencias en el capital humano y que hay departamentos que tienen ausencia muy importante de recursos especializados capaces de promover el desarrollo interno.

En base a esas consideraciones, se nos planteó la necesidad de analizar cómo llegábamos a un acuerdo. Fue entonces que en el trabajo con la Comisión fijamos ocho medidas para analizar las potencialidades territoriales de desarrollo, la situación fiscal de los gobiernos departamentales, cómo evolucionaron las transferencias realizadas en los últimos años y también criterios ecualizadores de las transferencias, es decir, si había alguna posibilidad política y matemática de ir mitigando de alguna manera las injusticias que se habían generado en los repartos anteriores de las transferencias del Gobierno nacional a los departamentales. También se puso atención en actualizar los indicadores de base de los criterios de distribución y, finalmente, se decidió no disminuir los ingresos de los gobiernos departamentales como resultado del acuerdo, no incrementar el gasto presupuestal y realizar al Parlamento –cosa que estamos haciendo– una propuesta consensuada.

Junto con el Congreso de Intendentes –en este caso, el saliente– realizamos una serie de instancias públicas. Los señores Senadores observarán las presentaciones que hicimos; quizá la más interesante tiene que ver con la realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo donde se muestran las diferencias del gasto departamental  per cápita en el país, donde vemos que hay diferencias que ponen en los extremos a Maldonado y Canelones en ese sentido y algunas instancias que el BID planteó como posibilidades de ecualización del gasto. Una de ellas es igualar la capacidad del gasto y, de alguna manera,  entregar a cada uno de los departamentos lo que le falta para poder tener los mismos gastos por habitante, es decir, compensar con transferencias nacionales aquello que los departamentos no son capaces de recaudar.

La otra posibilidad es la capacidad de ecualizar en función de la capacidad de generar ingresos, o sea, en lugar de medir los ingresos efectivamente generados por los departamentos, analizar cuál es su capacidad para recaudar y no tomar la cifra que efectivamente se recauda, sino la potencialidad en la medida de incentivar a los gobiernos departamentales a realizar el mismo esfuerzo tributario estén donde estén en el país.

Respecto a cómo igualamos la brecha entre las necesidades de gasto y la capacidad de generar ingresos, el BID nos acercó una tabla –que los señores Senadores podrán analizar con mayor detenimiento–, donde nos plantea que hay departamentos –allí están eliminados, pero este es un ejercicio real realizado exclusivamente en función de un ingreso como es la patente de rodados– cuyas transferencias deberían disminuir en un 100 % y en otros debería aumentar un 179 % para responder al criterio que mencionábamos anteriormente, que era cómo igualar la brecha entre las necesidades del gasto y la capacidad de generar ingresos.

Finalmente, la recomendación era decir que, en lugar de trabajar sobre lo que actualmente se está repartiendo, se trabajara sobre el incremental como única forma de modificar la situación existente.

La situación fiscal de los gobiernos departamentales fue analizada. Allí vemos una gráfica de cómo han variado a dineros constantes los ingresos municipales entre los años 1990 y 2013. En la línea de arriba vemos el total y en la de abajo, en azul, los departamentos del interior, o sea que no hay mayor diferencia entre la evolución de Montevideo y el interior. En términos de ingresos los gobiernos departamentales oscilan entre el 3% y el 3.5% del PIB, mientras que en los departamentos del interior del país el porcentaje es alrededor del 2%.

En la gráfica de la evolución de los ingresos vemos la diferencia entre la recaudación propia y las transferencias y cómo éstas últimas han ido aumentando en los últimos años. Esto se ve bastante mejor en la evolución de los ingresos respecto al porcentaje del producto interno bruto.

La evolución de los ingresos corresponde o tiene como contrapartida la distribución del gasto, en función de la disposición constitucional que obliga a los Gobiernos departamentales a por lo menos presentar presupuestos equilibrados. En 1990 las remuneraciones significaban el 56 % del gasto; en 2013, el 47 %, una cifra que de alguna manera oculta los extremos que van del 33 % en algunos casos, al 68 %, en otros. Vemos un importante incremento en las inversiones que pasan del 7.8 % al 18.4 %, manteniéndose –salvo en los primeros años, 2005 y 2006– con altas partidas de intereses  producto del endeudamiento de los años anteriores.

La siguiente gráfica muestra qué sucedió con los ingresos, con los egresos y con el resultado fiscal. La habitualidad en el caso de los departamentos es un resultado fiscal negativo. Si lo analizamos por departamento –para que quede constancia en la versión taquigráfica–, allí se muestra una recopilación de los resultados fiscales de cada uno de ellos desde el año 1990 hasta 2013.

Este es un resumen que nos permite ver cuál es la situación de déficit fiscal en los años 1990, 2004, 2009 y 2013, y cómo va variando por departamento. Obviamente, el color rojo indica un resultado fiscal negativo.

La siguiente lámina muestra cuál fue la situación en el año 2014. Como se puede apreciar, seis departamentos del país presentaron resultados fiscales positivos, mientras que el resto presentó –según la última Rendición de Cuentas– resultados fiscales negativos.

En lo que respecta a la recaudación de los principales tributos durante el período, en la evolución se ve que es la patente de rodados el tributo que, básicamente, más aumenta su recaudación. Allí hay un cuadro mediante el cual se puede analizar qué pasó con la recaudación de la patente de rodados en cada uno de los años, desde 1990 a 2013, y se pueden constatar las pérdidas de recaudación que hubo en la primera década del siglo XXI debido a la guerra de las patentes, que en términos reales llevó a los Gobiernos departamentales a que perdieran ingresos.

El próximo cuadro muestra la evolución de cada uno de los tributos principales que son recaudados por los gobiernos departamentales. Allí se puede observar que la patente de rodados se ubica por encima de todos, debajo de ella está la contribución inmobiliaria urbana y suburbana, y la de más abajo es la contribución inmobiliaria rural. Allí figura la recaudación propia; fíjense los señores Senadores qué interesante es ver que en el año 1990 la principal recaudación en la mayoría de los departamentos estaba vinculada con la contribución inmobiliaria rural, mientras que en el 2013 correspondió a la patente de rodados.

La siguiente gráfica muestra las diferencias en el ingreso de las Intendencias como parte del ingreso departamental; algunas tienen un alto impacto en la economía departamental y en otros casos es bastante menor. Por ejemplo, Maldonado y Florida se encuentran en un extremo, mientras que en el otro están Montevideo, Canelones y San José, que son las que tienen una menor participación relativa en el ingreso departamental.

En la siguiente lámina vemos la misma gráfica pero despejada de los años anteriores, o sea, solamente para 2013.

La siguiente muestra los ingresos de las intendencias per cápita. Podemos ver que en este caso también hay importantes diferencias en lo que respecta a su recaudación per cápita, y nuevamente encontramos en un extremo a Florida y a Maldonado, y en el otro, a Montevideo, a Canelones y, quizás, a San José.

Con relación a la evolución de las transferencias desde el Gobierno departamental, con el criterio del Tribunal de Cuentas para la clasificación de las transferencias, en el año 2013 se acerca al 40 %. Quiere decir que el 40 % de los presupuestos municipales, en términos promediales, proviene de las transferencias del Gobierno Nacional. 

En la siguiente lámina hay diecinueve gráficas en las que se puede analizar el proceso que para cada una de las Intendencias van significando las transferencias; estas son cada vez más importantes en términos de sus recursos, y en muchos casos superan con creces los recursos propios. Allí, de alguna manera, en forma de resumen se presenta el cuadro en el que las Intendencias van avanzando en términos porcentuales. El verde indica que las transferencias están entre el 44 % y el 60 % de los ingresos departamentales. Como se puede ver, hay solamente un departamento en rojo que es el de Treinta y Tres; Colonia, Canelones y Maldonado presentan indicadores de entre el 15 % y el 25 %.

                Esta gráfica que los señores Senadores conocen forma parte de algo habitual en las rendiciones de cuentas y de la exposición de motivos del Gobierno nacional, y muestra en forma actualizada cuál ha sido desde el año 2004 al 2014 el incremento en términos reales de las transferencias a los gobiernos departamentales. La siguiente tabla muestra cuál fue el resultado en el año 2014 y cuál es la estructura de esas transferencias en términos porcentuales, es decir cuáles son los departamentos que reciben más o menos de esas transferencias.

En función de esta situación que nos mostraba las disparidades, los problemas y la realidad a atender, comenzamos a analizar qué sucedía con las distribuciones de las transferencias. En la primera columna se pueden ver los porcentajes actuales de acuerdo con las leyes de presupuesto vigentes y, en la columna de la derecha, se ve qué pasaría si se utilizaran nuevos indicadores, es decir si se actualizaran aquellos indicadores que se utilizaron en el año 2005 y que, a su vez, eran un promedio entre lo que venía pasando y los indicadores del censo. Actualizados al 2011 esos indicadores nos muestran que hay cambios sustantivos en los siguientes departamentos: Canelones, Colonia, Montevideo, Río Negro y San José. En el caso de estos departamentos su participación debería ser del 44 % y no del 36 %, mientras que otros 13 departamentos deberían disminuir su participación desde el 63 % de las transferencias al 55 %. Parece simple o fácil al decirlo, pero cuando vamos a la cantidad de dinero vemos que se está hablando de cifras que rondan los      USD 40:000.000 o USD 50:000.000 anuales que perderían esos 13 departamentos si tuviéramos los indicadores exógenos.

La evolución de los indicadores de las transferencias aparecen con un criterio distinto, es decir que ahí se plantea qué dice el artículo 214 de la distribución actual, cuáles son según los indicadores que habíamos mostrado en la diapositiva anterior y cuál es en la tercera columna la distribución que refleja este presupuesto que se está presentando. Allí hay varios departamentos que incrementan su participación, como es el caso de Artigas,  Canelones, Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Rivera, Salto, Soriano y Treinta y Tres. Estos son los departamentos que, de alguna manera, sobre el indicador que originalmente tenía en el artículo 214 y en función de los indicadores del 2011 van convergiendo a esos casos. En definitiva, 12 departamentos reciben un porcentual mayor y 7 departamentos reciben uno menor.

Veamos las bases conceptuales de la propuesta. El acuerdo se basa en 13 puntos. En primer lugar, el porcentaje de los recursos nacionales se establece en el 3,33 %. Asimismo, se fija un mínimo absoluto para la libre disponibilidad de las Intendencias, es decir que en el articulado se asegura que los municipios van a recibir el equivalente a $ 9.805:000.000 a valores promedio del año 2014, independientemente de lo que pase, sea esa cifra inferior al 3,33 % o que luego de debitados algunos gastos –que después veremos– se mantenga. Establece un mínimo absoluto para la libre disponibilidad. Mantiene la distribución actual para las intendencias. Parte del crecimiento se destina a los municipios –como bien dijo el señor Director– con el objetivo de que el 10 % de las transferencias sean destinadas directamente a los programas presupuestales municipales y eso se financiará parcialmente con el incremento que, en términos reales, puedan tener las transferencias que reciben los gobiernos departamentales. El Gobierno asegura que los municipios alcancen los $ 1.000:000.000 a valores 2015 en el año 2019. El artículo dice que si el crecimiento en términos reales de la partida del 3,33 % no alcanza para financiar los municipios, el Gobierno nacional asumirá el pago de esa partida y de cualquier manera alrededor  del 30 % de esos 1.000:000.000 se pondrán directamente de parte del Gobierno nacional. La distribución de los municipios se va a realizar contemplando las necesidades básicas insatisfechas, el capital humano y la densidad de cada uno de los municipios. Se mantiene el monto y la distribución del Fondo de Desarrollo del Interior. El monto para el alumbrado se independiza, de alguna manera, del menor consumo por eficiencia y se establece un nuevo régimen para fomentar aquellos sistemas de alumbrado público más eficientes energéticamente. Se establece un monto máximo para el funcionamiento de Sucive. Se financia la implantación del permiso nacional único de conducir. Se mantienen los aportes de Rentas Generales para caminería, que igualan a los del 2015. Se fija el aporte mínimo de los gobiernos departamentales para caminería y se elimina la rebaja de la contribución inmobiliaria rural para contribuir a ese aporte mínimo pero sin condiciones.

                Por último, los detalles de la propuesta. Los artículos que van del 651 al 658, contienen exactamente esas dotaciones. Allí vemos cómo en el año 2016 hay $ 12.719:000.000 destinados a la transferencia de los gobiernos departamentales, mientras que en el año 2020 –me tomo la libertad de sumar cifras que no son exactamente sumables– hay 13.319:000.000. El efecto a valores 2014, el promedio de 2014 en algún caso, mientras que los 600:000.000 son a valores corrientes. Esta estimación es la del efecto del artículo 659 que establece la eliminación de la rebaja de la contribución inmobiliaria rural, pensando que es posible que la recaudación sea de aproximadamente 2.200:000.000. En este caso, hay una diferencia de alrededor de $ 400:000.000 entre la situación actual y la de 2016.

                Con respecto al Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios vemos cómo se va  a repartir, evolucionando entre 2016 y 2020 para llegar a lo que establece la ley: 100:000.000 se reparten en forma proporcional al número de municipios; 750:000.000 para lo que llamamos en la jerga el «literal b», que es para el funcionamiento y la inversión de cada uno de los programas presupuestales municipales; y 150:000.000 para partidas que deberían recibir los municipios debido al cumplimiento de los compromisos de gestión del año anterior.

En el cuadro de abajo vemos cómo año a año varía el aporte de Rentas Generales al financiamiento del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios. Y en las dos líneas de abajo vemos cómo se financian en función de la transferencia del 214 o de Rentas Generales en el caso de que estas no crecieran en la cantidad suficiente.

Le hicimos una propuesta a la Comisión Sectorial de Descentralización, pese a no estar aprobado el presupuesto. El 9 de enero las Intendencias deben presentar los presupuestos departamentales a las respectivas juntas; por lo tanto, es imprescindible que en las próximas semanas la Comisión Sectorial de Descentralización, aun sin estar aprobado el articulado correspondiente, pueda dar instrucciones a los contadores departamentales a los efectos de poder preparar los programas presupuestales.

En la imagen se puede observar cuál es la actual distribución del Fondo de Desarrollo del Interior, que se realiza en función de lo que establece el Decreto Nº 411, de 23 de octubre de 2001. Es una distribución que nadie ha podido hasta ahora reconstruir con exactitud en función de sus criterios.

Como se puede apreciar, agregamos a la presentación que se realizó en la Cámara de Diputados, en función de las preocupaciones manifestadas en esta Comisión, cómo ha evolucionado la recaudación según domicilio fiscal entre el año 2004 y 2014. En la tarde de hoy, estando aquí presente, recibí de la Dirección General Impositiva la información de qué pasó entre el año 1999 y 2004, que no estaba disponible y hubo que procesar especialmente. En 1999 la recaudación total de la Dirección General Impositiva debido a los tributos recaudados a los residentes fiscales del interior era 10,60 %; en 2000, 10,06 %; en 2001, 9,95 %; en 2002, 10,88 %; en 2003, 12,65 %, y en 2004, 13,25 %. Si se dividiera en tres períodos, se observaría que la recaudación proveniente del interior del país según domicilio fiscal de quienes aportan anduvo en el 11,35 % en el quinquenio 2000-2004; de 2005 al 2009, en 15,36 %, y de 2010 a 2014, en 16,53 %.

Ahora se puede observar cuál es la distribución por departamento según domicilio fiscal, según distintas alternativas y según la distribución del FDI. Allí se ve claramente que no hay ninguna relación –razonablemente, agrego yo– entre la recaudación que se realiza en cada uno de los departamentos y lo que recibe cada uno de ellos, sino que esto responde o debería responder a la atención de las disparidades territoriales, no solo entre Montevideo e interior, sino también entre los departamentos del interior entre sí.

En la siguiente imagen se muestra qué ha pasado con la recaudación bruta de la DGI, que no es el total de recursos del Presupuesto Nacional. Luego, de allí hay que descontar certificados de crédito, devoluciones, etcétera. En azul se ve cuál ha sido la evolución del gasto por el FDI y, en rojo, cuál ha sido la evolución de la recaudación bruta de la Dirección General Impositiva.

Ahora vemos, en este caso en millones de pesos constantes de enero de 2005, qué ha pasado con la composición del FDI. En la línea de más abajo nos encontramos con lo ejecutado por los gobiernos departamentales; en la línea gris, lo ejecutado por el Poder Ejecutivo, y arriba, en amarillo, lo que adicionalmente a lo comprometido por ley ejecutó el Poder Ejecutivo en cada uno de los departamentos.

Veamos ahora el tema de los programas de caminería, sobre el que algún señor Senador preguntaba. Los programas 999 y 998, «Mantenimiento de la Red Vial Departamental» y «Mantenimiento de la Red Vial Subnacional», simplemente son nombres que no significan mayormente diferencias. Estaban y figuraban en el inciso 10, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los primeros 350:000.000 que aparecen allí se descuentan del 3,33, y los 150:000.000 que aparecen en la segunda fila son aportes netos de Rentas Generales. Nacen en distintos momentos. Los 150:000.000 aparecen allá por el año 2007, 2008, como adicionales, pero atendiendo a la situación de caminería. Ese agregado era conocido como el programa forestal, pero los intendentes en el año 2010 o 2011 acordaron que se manejara con los mismos criterios que el Programa 370, que funciona actualmente como un compromiso de los gobiernos departamentales a realizar obras de caminería en un conjunto de caminos. El Ministerio verifica que esas obras sean realizadas y efectúa los desembolsos en función de una lista de precios. Eso se mantiene de esa manera y el gobierno nacional agregó en esta negociación un complemento de $ 450:000.000 anuales a esos dos programas, y también acordó que eso iba a significar el 70 % del total de lo aplicado –esos 950:000.000–  en caminería, y no menos, mientras que las intendencias departamentales se comprometían a aportar 407:000.000, con lo cual nos podría dar, de cumplirse con lo previsto, una ejecución de 6.786:000.000, que no tiene antecedentes en términos de constancia en aplicación de una política de caminería rural.

Abajo está la distribución: 44% de esos fondos provienen de Rentas Generales; 26 % de Rentas Generales, pero por la vía de las transferencias del artículo 214 –la Constitución de la República establece que son recursos departamentales–, y los gobiernos departamentales deberán aportar un 30 % adicional.

                Finalmente, esta tabla indica la distribución que este proyecto de presupuesto trae sobre las transferencias, y allí vemos incluidas las que están previstas en lo que antes era el artículo 631 y ahora es el artículo 662, que establece unas partidas adicionales para los departamentos de Canelones y Montevideo para realizar obras de importancia metropolitana. Esto es bien importante de resaltar porque esta fue una parte no menor de la negociación en la cual, vista la imposibilidad de ajustar las transferencias a los distintos indicadores exógenos, se habilitó en su momento que los departamentos de Canelones y Montevideo –que eran los que manifestaban de alguna manera verse perjudicados con la distribución actual– pudieran establecer una negociación paralela que los acercara a la distribución que debió haber sido si se hubieran tomado los indicadores de producto bruto interno, necesidades básicas insatisfechas, ingreso de las familias.

SEÑOR HEBER.- No entendí lo de Montevideo y Canelones.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Se refiere al artículo 662, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- ¿Es la zona metropolitana o solamente están Montevideo y Canelones?

SEÑOR APEZTEGUÍA.- El artículo concretamente dice: «con el objetivo de contribuir al financiamiento de obras de infraestructura viales, de transporte y de desarrollo logístico destinadas a mejorar el funcionamiento del área metropolitana de los departamentos de Montevideo y de Canelones». No lo dije entonces por haber estado distraído, sino que es, exactamente, parte del acuerdo. Es decir que debía haber una partida que permitiera a los departamentos de Montevideo y Canelones realizar obras de importancia metropolitana, obviamente, en sus propios departamentos.

                Esa fue una discusión que liberó las posibilidades de seguir avanzando y de no modificar los indicadores exógenos que venían de años anteriores. Más allá de las opiniones, eso es parte del acuerdo global que muestra cómo, aun incluyendo cada uno de esos aspectos, podemos mirar las diferencias en términos de distribución que le pudieran corresponder a cada uno, si tomáramos en cuenta distintos indicadores.

                Finalmente, hay algunas gráficas que nos van indicando qué pasa con las transferencias. El bloque marrón que figura debajo del cuadro es el de los recursos que reciben directamente los gobiernos departamentales y que son de libre disponibilidad, mientras que los aparecen arriba de ellos no lo son, sino que tienen destinos específicos. Eso es lo que hace bien compleja la discusión sobre la actualización de la base de cálculo del programa Fondo de Desarrollo del Interior. En la medida en que la base de cálculo de ese programa se incrementa, más recursos quedan dirigidos y deben ser transferidos en función de la presentación de proyectos, mientras que los fondos del artículo 214 son de libre disponibilidad.

Hagamos un ejercicio: si planteáramos que el Fondo de Desarrollo del Interior ajuste sus montos, no a los $ 31:000.000 que maneja el Presupuesto, sino al promedio del último período, es decir $ 41:000.000, deberíamos agregar $ 352:000.000 a la partida del Fondo de Desarrollo del Interior a ejecutar por los gobiernos departamentales. En las características del acuerdo, eso significaría la disminución de $ 352:000.000 en las partidas de libre disponibilidad de las intendencias, algo con lo que los intendentes departamentales manifiestan no estar de acuerdo.

SEÑOR GARCÍA.- En función del planteamiento que recibimos en ocasión de estar reunidos con el equipo económico, me parece de especial atención el punto acerca de la no actualización del Fondo de Desarrollo del Interior. En el marco del paquete global  –como decíamos en aquel momento– vemos que el total de los recursos se incrementa.

                La apreciación que está haciendo el señor Director me parece de especial relevancia en virtud de que si se actualizara el Fondo de Desarrollo del Interior, habría menos recursos de libre disponibilidad para las intendencias y más recursos relacionados con proyectos a realizar por parte de ellas y no de libre disponibilidad.

SEÑOR APEZTEGUÍA.- Incluso, el Poder Ejecutivo –como hemos visto en alguna gráfica– aporta al Fondo de Desarrollo del Interior mucho más de lo que lo que la ley establece, porque –razonablemente, agrego yo– la gran mayoría de las obras se realizan en el territorio y fuera del departamento de Montevideo. En la medida en que se trata de un acuerdo global, no tendríamos ningún inconveniente en pasar fondos del artículo 214 al 298, pero eso generaría rigideces en el manejo de los presupuestos departamentales.

                En la siguiente gráfica, sacando el bloque marrón que era la gran mayoría de la distribución del artículo 214, vemos de otra forma cómo se distribuye cada una de las otras partidas: caminería, municipio, Fondo de Desarrollo del Interior y Sucive, entre otros.

SEÑOR GARCÍA.- Agradecemos la presentación realizada por el Director Apezteguía. Creo que dada la hora, sería más beneficioso ir a las preguntas puntuales con respecto a cada uno de los artículos y no ingresar al articulado ahora, salvo que se decida otra cosa. Creo que será lo más práctico.

SEÑOR CAMY.- Voy a  realizar consideraciones generales y contestar algunas alusiones. Como lo señaló el Director de la OPP, parte de estos temas los conversamos en la instancia en que parte de la delegación estuvo en la Comisión.

                Se plantea que hubo un acuerdo político entre el Congreso de Intendentes y el Gobierno central, pero para alguna de las cosas que planteamos eso no es respuesta. Se nos traslada la realidad, se nos dice que se llegó a un acuerdo, lo que nos parece muy bien, pero los intendentes siguen la lógica de la supervivencia y si alguno de los presentes lo fueron o lo serán, seguramente, apliquen la misma lógica: conseguir la mayor cantidad de recursos para los gobiernos departamentales. Por ejemplo, nadie puede negar que el Sucive significó una pérdida de soberanía tributaria de los gobiernos departamentales. Tampoco nadie puede negar que fue una solución a un tema al que nos habíamos acostumbrado de forma progresiva y creciente y que denominábamos «la guerra de las patentes» que, en definitiva, era la aplicación de lógicas locales que se iban instrumentando a partir de la necesidad de los gobiernos departamentales de recaudar más.

Si tratamos de ser objetivos en el análisis del tema, vemos que es dispar la visión que tiene el Gobierno central –cualquiera sea– con la de los gobiernos departamentales. Estos últimos parten de un interés para una circunscripción territorial limitada, que es el departamento; ese es el interés que prima. Por su parte, el Gobierno nacional tiene que bregar por la visión del territorio de forma nacional. Por eso tal vez la visión del Senado de la República no comprenda cabalmente la situación de los Intendentes porque los Senadores son electos por una circunscripción nacional. De pronto en la Cámara de Representantes el interés del departamento tenga otra incidencia en las resoluciones que adopten los diputados. Eso lo vimos en algún artículo del Presupuesto que generó discrepancias. Allí lo local le pesa a quien es electo, que tiene lealtad con la circunscripción territorial por la que fue elegido y debe representar. Eso no sucede en el Senado de la República, pero es uno de los órganos que votan el Presupuesto.

                Me parece importante que haya acuerdo con los intendentes y creo que alcanzarlo es un mérito de los intendentes, de la OPP y del Gobierno central. Sin embargo, lo analizo desde otra perspectiva.

Quiero dejar sentado lo que más me preocupa, y recojo el guante del Director de la OPP que creí entender que, al pasar, dijo que esto requería una mirada de largo plazo, una mirada hacia adelante. Tal vez sería mezquino pretender responsabilizar a los actuales gobiernos departamentales y al actual Gobierno nacional por un tema que es mucho más profundo.

                ¿Qué es descentralizar? Si hablamos de política cultural, donde se hace inversión, la creación de centros MEC no niego que sea inversión, ni que traslada al territorio servicios y bienes culturales; ahora bien, ¿eso es descentralizar o es superponer la estructura nacional del Estado con la que tiene cada departamento? Tengamos en cuenta que todo surge del mismo bolsillo: el de los contribuyentes. Puedo decir que eso es desconcentrar. Descentralizar es trasladar esos mismos recursos, que van a valer más, al gobierno departamental de turno, por ejemplo, y esa es una discusión que podemos dar. Descentralizar también podría ser una mayor cantidad de dinero. Está bien; sería otro criterio.

                El otro día, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto nos decía que se trasladaron más recursos. Si sumamos programas y parte de los acuerdos logrados se puede concluir que sí, que es verdad, por ejemplo, con respecto a la caminería rural. Es verdad, lo aceptamos, pero ¿cuánto costaba y cuánto demandaba la caminería rural hace unos veinte o diez años y cuánto demanda ahora? Basta mirar cuánto crecieron las exportaciones, la transversalidad de las rutas para el tránsito de carga, el propio cambio de la geografía agrícola del Uruguay que implicó que el Gobierno deba invertir en las rutas transversales y deje el sistema radial o abanico que hace veinticinco o treinta años preocupa a los gobiernos nacionales. Entonces, cuando analizo de esa manera, me sigue sin cerrar lo que se dijo el otro día. No estaba presente el señor Apezteguía, que fue muy ilustrativo con sus números, aunque en algunos tengo pequeñas discrepancias. Evidentemente, por su formación hago fe en ellos, pero me sigue sin cerrar que el criterio de aplicación del porcentaje del 214 sea distinto al criterio de aplicar el 11 % del 298 porque uno se aplica sobre recaudación real, aggiornada, y el otro se aplica anclada en el 99. Las cuentas –que no las hice yo sino que fueron consideradas con contadores, incluso municipales– dan una cifra, de 2011 a 2014, que oscila en los          USD 65:000.000. La respuesta es que si hubiéramos aplicado ese criterio, el dinero final transferido a los gobiernos departamentales era menor. Tal vez sería así, pero sigue siendo un acuerdo y yo creo que debe haber medidas más objetivas. También pretendo que se discuta si como definición del Uruguay, de las políticas de descentralización, la distribución de los recursos no se debería hacer de manera objetiva. ¿Por qué no aplicar el artículo 298 con el mismo criterio que el 214? ¿Daría menos? No, no puede dar menos. No creo que la voluntad del Gobierno sea darle menos, pero es mucho más objetivo.

                Saquemos este Gobierno. ¿Qué criterio va a aplicar el próximo? ¿Va a ser en función de la calculadora, de cómo le dan los números? ¿Va a aplicar un criterio móvil o lo va a dejar estancado en un año? Con franqueza, no me parece una definición de política de distribución de recursos objetiva.

                La otra discrepancia que sigo teniendo es con respecto a lo que reza el artículo 262. Habla de $ 285:000.000 –unos USD 10:000.000– para el área metropolitana de Canelones y el área metropolitana de Montevideo, cuando precisamente esa zona se definió en el año 2005 –bienvenida la definición y la institucionalidad que se le dio en el marco de Presidencia de la República– por un convenio que realizaron los entonces Intendentes de tres departamentos: los señores Ehrlich, Carámbula y Chiruchi, que definieron técnicamente como área metropolitana no a los tres departamentos sino áreas específicas de ellos. Sin embargo, en este artículo se destinan recursos para financiar obras de infraestructura vial, transporte y desarrollo logístico a efectos de mejorar el funcionamiento del área metropolitana de los departamentos de Montevideo y Canelones, es decir que se deja un área metropolitana afuera. Lo que entiendo –si comprendo bien– es que, de hacerlo, conspiraría contra el número final del cálculo acordado o del equilibrio logrado. Entonces, estoy siendo injusto con una categoría urbana nueva que definimos, que existe, que es la Agenda Metropolitana y que, oh, casualidad, precisamente tiene problemas de infraestructura vial, de transporte y de desarrollo logístico en esa parte de ese departamento.

                Por eso, el tema no es procurar debatir en base a que de mi parte pueda lograr que termine de aceptarse que estos dos artículos son injustos, están mal calculados o me asiste la razón en mi argumento. No es así. Tampoco aspiro a que la respuesta sea: «mire que nosotros dimos más dinero en este gobierno». Si lo dieron, bien. Es separado. Lo dieron. Bienvenido. Lo reconocemos. Pero tiene que haber una lógica objetiva. Les pongo un ejemplo. Hace cuatro días el Ministro de Transporte y Obras Públicas acaba de admitir que el Uruguay subsidia en un 100 % el boleto estudiantil en Montevideo, y en un 50 % en el resto del país. Lo aceptó el Ministro Rossi. Incluso, dijo que la idea era equilibrarlo pero que, lamentablemente, no se va a llegar a dar el 100 % a todos. Será el 80 % u 85 % global.

                Con esto quiero decir que hay una lógica de hablar de la distribución de los recursos. En este sentido, la hay en relación con los gobiernos departamentales. Tengo mis números aquí, que son parecidos a los que se señalaban anteriormente. El porcentaje de los servicios personales de los egresos de las intendencias van del 35 % o 37 %  –Rivera y San José– al 70 %   –el máximo que tengo que es Lavalleja–, con un promedio de entre 40 % y     60 % más menos.

                Incluso, en algunos departamentos vimos que hay una movilidad y puede decirse que están en descenso en cuanto a la gestión exitosa que tienen de sus recursos.

                También tengo unos números –que van a su favor– que indican que las intendencias han tenido un incremento por encima de la inflación en más de un 20 % o 25 % en los recursos. 

                Entonces, la pregunta es: ¿atribuimos a que es por mala gestión –y no tomemos un período o dos– de los gobiernos departamentales? Es mala gestión de esos gobiernos. No estoy diciendo que me lo haya dicho Apezteguía, lo estoy razonando. Y tengo que dar por bueno que el Gobierno central sí gestiona bien. Y, reitero, no este Gobierno; tomemos veinte años, parejo, para todos lados. El Gobierno nacional sí gestiona bien. Los entes del Uruguay y las empresas públicas son bien gestionados. Ninguna de las empresas perdió dinero. No hay déficit fiscal en bonanza, no hay presupuestos nacionales deficitarios. En cambio, en los gobiernos departamentales, sí.

                Yo creo que ni tanto ni tan poco. Coincido en que hay un tema en el que también tenemos que empezar a trabajar: no es lo mismo el interior que Montevideo. No es una paridad Montevideo y el interior. No es así. Se trata de la capital, es un área metropolitana, y por eso me preocupa. Hay algunos departamentos que no tienen las mismas condiciones que otros para generar el desarrollo, así se gestionen por piloto desde Harvard. No tienen chance. La inversión va a determinados lugares geográficos.

                Por esa razón, me parece que hay que generar una instancia para trabajar el tema de la distribución de los recursos en este país porque, sin quitar mérito a los logros que se hayan alcanzado contemporáneamente –y como logro tengo que aceptar el acuerdo entre intendentes y el Gobierno central, que es positivo, puesto que se acordó y se logró una salida–, estamos planeando que, seguramente, compremos un problema para adelante. Va a venir el próximo Gobierno, el otro gobierno o el otro a equiparar con la calculadora, no con medidas objetivas.

                Entonces, siento que seguimos padeciendo una visión centralista. Así lo siento y tengo que expresarlo. Se sigue pensando que no hay que transferir recursos para que se ejecuten más cerca de la gente, sino que cada vez más hay que aconsejar desde lo central. Por ejemplo, hoy discutíamos el tema de la agencia de compras y siento que hay una lógica. Me parece que hay un tema de sistematizar, de planificar –así lo reivindiqué en algunos sistemas de los gobiernos departamentales que se plantean en el marco de la OPP–, pero la lógica parece ser que a nivel central hay responsabilidad, hay criterio, el gasto se cuida más, y en los gobiernos departamentales está la horda, que gasta mal, gasta mal y gasta mal.

                A mí me gustaría saber –algún dato tengo– cuánto costaba mantener los 60.000 kilómetros de caminería departamental, excluidos los 8.700 que son rutas nacionales, hace veinte años; cuánto costaba hace diez  años y cuánto cuesta hoy. ¿Cuántas obras de arte –como llaman los ingenieros– se tienen que hacer en la caminería debido a que aumentó el kilaje? ¿Cuánto transportaban una cisterna de leche, una jaula de ganado, los camiones graneleros o las forestales hace veinte años y hoy? ¿Qué porcentaje del beneficio de esa inversión, de ese desarrollo, va a los gobiernos departamentales y cuánto a las arcas del Gobierno central?  Todo, me acota un ex-Intendente que hay acá y que conoce el tema.

                Por lo tanto, las respuestas que hemos recibido no me cambian las dos visiones que planteé respecto a la aplicación dispar de criterios de los artículos 214 y 298 y el 262. Me parece que habría que plantear instancias a largo plazo para empezar a trabajar estos temas, involucrando la visión nacional del Parlamento. No quiero exonerar a los intendentes del acuerdo; seguramente, tenga alguna discrepancia con intendentes de mi equipo en algún artículo de este Presupuesto que tenga que ver los recursos, pero no me interesa. Están haciendo lo que deben; están sobreviviendo.

                Me parece que la OPP debería liderar el desafío de hacerse cargo de lo urgente –como lo están haciendo y los apoyaremos en todo lo que podamos–, pero también plantear una instancia para analizar lo importante, no lo urgente. Son temas que no vamos a resolver discrepando en un presupuesto, pero tampoco con la calculadora. En todo sentido, creo que el acuerdo al que se ha referido tiene una nota de aprobación, pero estratégicamente me deja qué desear; falta la aplicación más objetiva de la manera en que se distribuyen los recursos que se generan en todo el país. En ese sentido, hacía referencia a la hoja de DGI del domicilio fiscal de 2013 y 2014 de las empresas de cada departamento, que es relativo, porque gran parte de las empresas del interior    –sobre todo las del norte, aunque también las más cercanas– tienen el famoso doble domicilio en Montevideo. Se daba, por ejemplo, que en Montevideo bajó el porcentaje de tributación por todo concepto a la caja central que hacía cada empresa con domicilio legal en Montevideo. Canelones más que duplicó y San José casi triplicó. Entonces, ahí también hubo un criterio dispar.

Me parece que muchas veces los números –las autoridades de la OPP deben saber más que yo–, dependen del cristal con que se miren. Capaz que en determinada circunstancia me apoyo más en alguna cuenta que pueda servir legítimamente a mi interés o a mi visión, y quizás la OPP lo hace a la inversa.

                Por ello, me ofrezco a trabajar para que, como país –ya que estamos rumbo al bicentenario, capaz que podemos ir un poquito más allá del Gobierno e inclusive fijar que no sea dentro de este–, nos animemos a encontrar una instancia, aprovechando que la OPP está generando instancias programáticas más abarcativas de las logradas por el mismo organismo en años anteriores. Tal vez este podría ser un logro, donde estaríamos aportando realmente con un criterio de justicia en todo el país.

SEÑOR GARCÍA.- Quiero agradecer la intervención del señor Senador Camy   –a pesar de que son altas horas– porque me parece que ha sido muy sentida; con ella puedo coincidir o discrepar, pero percibo que está hecha desde la mejor de las buenas intenciones, como también está hecho desde la mejor de las buenas intenciones el rol nuestro.

                Voy a tocar tres o cuatro conceptos que luego profundizaremos probablemente en algunas cosas más puntuales.

                Con el mismo espíritu que plantea el señor Senador Camy en el cierre de su intervención, quiero centrarme en lo siguiente: ¿qué es una distribución de recursos objetiva? Lo repitió varias veces.

                Si encontráramos el santo grial en algún lugar, destapáramos el velo y apareciera la distribución de recursos objetiva, podríamos tenerla, pero el tema es que no se trata de eso. El señor Senador Camy dijo sobre el final algo que es natural y lógico: cada uno ve desde su terruño, desde su lugar, desde sus necesidades, que son todas absolutamente legítimas.

                En realidad, esa distribución de recursos objetiva está en función de diferentes parámetros o criterios que nosotros –es decir, los ciudadanos de este país, más allá de fronteras partidarias y departamentales– prioricemos determinando hacia dónde queremos llevar al Uruguay en materia de desarrollo.

                Por ejemplo, ¿vamos a considerar como una cuestión de mayor justicia donde hay mayor densidad de población, con necesidades básicas insatisfechas? Ahí se nos vuelca la cosa para la zona metropolitana, para Montevideo y Canelones, que son los que tienen ese tipo de población. ¿O vamos –y creo que hay que hacer el esfuerzo– a mitigar asimetrías  históricamente realizadas en el Uruguay?

                Hoy se planteaba el tema de la quebrada de la lógica de la cuestión radial hacia Montevideo, y me parece algo absolutamente positivo de los últimos tiempos. Vamos a tratar de quebrar esas lógicas a través de estos mecanismos.

                Entonces, no existe la distribución de recursos objetiva. Debemos tratar de encontrarla y no se me ocurre otra manera de hacerlo que a través de un acuerdo político. Por lo tanto, me deja sin margen el señor Senador Camy, porque si fuera 1º de marzo y tuviera que arrancar de vuelta, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos? ¿Somos autoritarios? ¿Ponemos los porcentajes nosotros? No; al contrario. Nos sentamos, como corresponde –como dicen la Constitución y la ley–, con todos los partidos y con los intendentes poniendo todo arriba de la mesa –y aquí viene el otro punto– en el período que tenemos para trabajar. 

                El otro día lo mencioné y ahora también: creo que tenemos que ir adelante y actualizar todos estos parámetros. A ninguno de nosotros nos gusta que sean parámetros distintos para el 214, para el 298, o lo que fuera, pero nadie quiso tocarlo porque realmente era imposible. No quiero culpar a nadie, pero es imposible hacer este análisis en el corto tiempo que existe. Se trata de una discusión mucho más de fondo. Cuando visitamos con el Presidente el Congreso de Intendentes, cuando estuvimos con los delegados del Congreso de Intendentes y en todas las oportunidades que tuvimos, incluso aquí en el Parlamento, planteamos que en estos cinco años –quizás menos– teníamos fríamente que avanzar en materia de criterio,  tirar muchos números arriba de la mesa, establecer conceptos, y tratar de ponernos de acuerdo antes de que lleguen las nuevas autoridades del próximo presupuesto y que no solo tengamos 15 o  20 días –por la eficiencia del profesor Apezteguía que arrancó antes, anticipando el tema–, para resolver un tema muy complejo.

                Cuenten todos los Senadores de la República con nuestro rol desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la mayor apertura para tratar de hacer un análisis concreto.

El señor Senador Camy lo planteaba recién y yo me preguntaba, ¿qué es más deseable? Por supuesto, que haya más independencia de los gobiernos departamentales; eso es lo que todos queremos, pero implica una mayor capacidad de recaudación propia. Desde aquí, desde el Gobierno nacional y el centralismo, a uno se le plantea una contradicción: apoyar con una mayor cantidad de recursos nacionales pero, a su vez, quitar margen de acción –a pesar de que hay muchos de libre disponibilidad– y posibilidades a los gobiernos departamentales. Creo que en algún momento hablamos de la necesidad de que los gobiernos departamentales tuvieran una mayor voracidad fiscal, en el buen sentido, y eso va también en la dirección de que estos gobiernos puedan tener más independencia en el uso de sus propios recursos. Entonces, este también es un elemento que hace a la complejidad del tema.

                En cuanto a la zona metropolitana y al artículo 662, la planilla que presentó Apezteguía recién está destinada a demostrar que pese al acuerdo, lo que se pretende es mirar todo el bosque. Quizás pagaron justos por pecadores porque el otro día yo también hablé mucho del bosque y los arbolitos, tratando de ejemplificar el tema de este acuerdo global. Esa planilla –que quizás podemos mostrar nuevamente o se las podemos enviar– explica que aun con este acuerdo y con todos los artículos que están incluidos aquí, tampoco se llega a algunos porcentajes que, actualizados, corresponderían a los departamentos de Montevideo y Canelones.

                En lo personal, creo que hay que hacer un esfuerzo para mitigar asimetrías. Filosóficamente estoy convencido de que estas cuestiones tienen que ser herramientas para llegar a lugares a los que otras cosas no llegan. Cuando en la ley de inversiones establecemos algunos parámetros que dan más beneficios para ir no a la ele más desarrollada que tenemos en el país, sino al centro y al noreste, no lo hacemos por ser malos con esos departamentos, pero hay una lógica natural que implica que el desarrollo llama al desarrollo. Por consiguiente, tanto el Gobierno nacional como los departamentales tienen que intentar trabajar para mitigar esas asimetrías. Estos son elementos que también pueden ayudar a eso.

                Para finalizar, quiero decir que tenemos cuatro años para actualizar parámetros y que tomamos la palabra al señor Senador Camy y a todos aquellos que quieran trabajar en esto. Por nuestra parte, generaremos todas las instancias necesarias para empezar a trabajar estos temas. Con todo gusto recibiremos la información, el material, los criterios y los conceptos que quieran plantear. Lo mismo digo al señor Senador Besozzi, que conoce bastante del tema. Cuenten con eso, pero trabajemos con tiempo, veamos las opciones y, aunque discrepemos en lo conceptual, en lo ideológico y en lo más profundo, de todos modos tendremos elementos técnicos para llevar adelante.

SEÑOR HEBER.- Aunque estamos un poco cansados y la hora está muy avanzada, me alegra el tono con el que ha reflexionado el contador García frente a cuestionamientos naturales que ha hecho el señor Senador Camy en cuanto a esta distribución. Digo esto porque me parece que el tono que ha empleado el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para hacer un análisis ha sido correcto. Ha señalado que quizás nadie tiene el librito  mágico que pueda generar la justicia en materia de distribución de recursos y me afilio a lo que señalaba el señor Senador Camy en el sentido de celebrar siempre la necesidad de acuerdos. Habrá acuerdos buenos, otros más o menos, pero nunca son malos. Algunos serán más beneficiosos para un lado y otros para otro, pero lo cierto es que nuestro sistema político descansa en entendimientos, en acuerdos y en capacidad de diálogo. Nos gusta preservar el ámbito de entendimiento por encima de las naturales discrepancias que podamos tener coyunturalmente.

No vamos a entrar ahora a las planillas que nos acaba de mencionar, que yo decía que no entendía –me refiero a la zona metropolitana– y que al final termina diciéndome nuestro amigo Pedro que la cuestión es que hay que compensar a dos departamentos en función de un acuerdo global. Quizás por el hecho de hablar de «zona metropolitana» se nos genera una confusión –que naturalmente nos llama la atención a todos–, porque también debería estar San José. Ahí sí coincido en que es detenerse en el árbol y no ver el bosque. En ese sentido creemos, como ha dicho el señor Senador Camy –y no voy a ser muy extenso en estos comentarios porque estamos un poco cansados–, que los artículos 298 y 214 aprobados en la reforma constitucional buscaban salir de este círculo vicioso en donde el desarrollo llamaba al éxodo del país hacia determinados lugares, donde las zonas metropolitanas eran las atractivas, porque ahí se generaba el trabajo y, en función del trabajo, las necesidades; así veíamos cómo se vaciaba o desequilibraba el país. Estos dos artículos        –que para nosotros fueron determinantes para votar la reforma constitucional de la época– buscaban salir de una situación de embudo donde Montevideo atrae por la cercanía del puerto y por sus razones geográficas –allí se generaban las oportunidades de trabajo y las inversiones y, por lo tanto, atraía el éxodo–, mientras el interior carece de oportunidades, sobre todo en el norte, el noreste y el centro, ya que la ele –que es el litoral y la famosa palangana, como se llama al sur del país– presenta más desarrollo y es donde se ubica una mayor cantidad de gente. Estos dos artículos trataban de revertir la situación y no implantar una lucha por los recursos, buscando generar –me refiero a los artículos 298 y 214– oportunidades para equilibrar la balanza, generando una descentralización que contrarrestara la fuerte centralización.

Si nos quedamos con la letra chica quizás nos vayamos a pelear: los recursos van acá o allá, es justo que estén acá o allá. El planteo que resumo del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es que tenemos este marco, que me parece sirve como para poder trabajar.

                Por otro lado, no podría con mi condición si dejara solo estas flores que nos hemos tirado acá, sin decir algo que tengo atragantado. Si no lo dijera no sería honesto conmigo mismo y hoy no me podría lavar los dientes mirándome al espejo. Insisto: no puedo con mi condición.  Aparte del buen tono del que no quiero salirme, acá hay una discusión que tiene que ver con la profunda indignación que nos provocó el hecho de que el entonces Presidente Mujica instrumentara el famoso ICIR –impuesto a la concentración de inmuebles rurales– diciendo que era para la caminería rural y que el 100 % de su recaudación iba a ser destinado a ese fin y a las intendencias. Nosotros dimos una discusión política sobre si estaba bien, si era o no justo, pero después tuvo que abandonarse ese impuesto, y no por los votos que teníamos en el Parlamento sino por un recurso de inconstitucionalidad. Este tema, además, provocó un debate en el propio Gobierno entre el actual Ministro de Economía y Finanzas –el contador Astori– y el equipo económico de la época, sobre todo la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Todos lo recordamos; no vengo acá a traer esa discusión, pero tenía razón el Ministro Astori –reconozcámoslo– porque se presentó un recurso de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia dictaminó que sí era inconstitucional. Por lo tanto, el ICIR tuvo que sustituirse –estoy contando lo que pasó–, pero en el nuevo impuesto ya no era el 100 % para las Intendencias del interior y para la caminería rural, sino el 90 %, y el 10 % para una nueva idea, que era la Universidad Tecnológica. En su momento nos pareció bien que se destinara ese porcentaje para la Universidad Tecnológica, pero en la ley se generó a los intendentes una suerte de situación de rehenes de ese impuesto, que es lo que está sobrevolando en esta discusión. Lo digo sinceramente y sin ánimo de polemizar, pero quiero trasmitirlo para que quede constancia de ello. Me da la sensación de que después, una vez separado ese 10 %, el resto se repartió de la siguiente manera: un 50 % fue para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para ayudar a la caminería rural, y el otro 50 % para las intendencias. Se podrá decir que la propia ley así lo establecía, y es cierto, pero el espíritu que hubo detrás de esto era se fue dejando de lado al pasar del ICIR al impuesto al patrimonio, para llegar ahora a cero. ¡Ahora no hay nada!

Era el 100 % del ICIR, y cuando el Ministro de Economía y Finanzas estuvo acá le dije que lo que había sucedido era como una suerte de rapiña a lo recaudado por el impuesto al patrimonio; lo digo con el respeto y el cariño que la señora Presidenta dice que tenemos que tener en estos ámbitos, pero no podría terminar de ponderar el nivel de discusión –nadie tiene la verdad absoluta– sin señalar que el 50 % del impuesto al patrimonio terminó vertiéndose a Rentas Generales; ni siquiera llegó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Creemos que, de alguna manera, hay un faltante.

Además, después empezó el tema de la sustitución de los recursos, y eso es lo que está generando conflicto; en lugar de tener un gran acuerdo, tenemos un acuerdo cuestionado. ¿Por quiénes? ¿Por los intendentes? No, ellos no lo han cuestionado; a lo sumo, se sentaron y acordaron. Está siendo cuestionado como producto de la historia que hay detrás de esto con el impuesto al patrimonio y con el ICIR. En ese punto tenemos que ayudarnos para buscar un entendimiento, un entendimiento que deseamos, que queremos, porque queremos continuar con el tema sin que nos divida, para poder ir perfeccionándolo.

Estoy de acuerdo con lo que dice el contador Álvaro García, quien me señala que este no puede ser un tema para votarlo en este momento; claro que no. Pero tenemos que ir acercándonos, aunque no sé si algún día llegaremos a la justicia divina, que por divina es lejana…

(Dialogados).

                –Quería hacer estos comentarios porque este tema está sobre la mesa y está entorpeciendo lo que para mí podría ser un mejor acuerdo que aquel que se logró en la instancia con las intendencias. Eso todavía sigue molestando, es la piedra en el zapato que tenemos que sacar para poder seguir caminando rumbo a un planteo que lo vemos positivo, porque estamos «Por la positiva».

(Hilaridad).

SEÑOR APEZTEGUÍA.- Voy a empezar por el final, es decir, con la historia del ICIR y del impuesto al patrimonio, que en este acuerdo está recogido en esos 450:000.000 que aparecen como fondo complementario. La recaudación del   45 % del impuesto al patrimonio era la cifra comprometida, es decir, unos      USD 15:000.000, que era lo que daba el ICIR. Después, cuando el impuesto al patrimonio se fijó en el 90%, era porque tenía que pagar en un año lo que había recaudado el ICIR y había que devolver, además de lo que había que gastar en ese año. De tal manera que la cifra que se manejó, siempre para caminería, fue del orden de los USD 15:000.000, y algunos intendentes deben recordar alguna emergencia de USD 15:000.000 más. Efectivamente, esas son las cifras y uno podría pensar que quizás es posible invertir más en caminería rural o departamental de lo que este acuerdo está permitiendo. En realidad, tenemos la interrogante que se plantea por el pasaje de esta dirección del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la OPP, que no es ajena en el conocimiento de estos temas porque desde hace muchos años maneja el Fondo de Desarrollo del Interior, que tiene un monto bien importante, parecido a lo que va a implicar en términos de caminería. Seguramente, habrá que tener en cuenta lo que son los porcentajes de ejecución. Por nuestra parte, estamos realmente preocupados porque en ninguno de los años se ha logrado ejecutar en la globalidad todo lo que se ha dispuesto para caminería. Por cierto, hay departamentos que lo ejecutan todo y hay departamentos, en el otro extremo, que a esta altura del año no han ejecutado nada, tanto de los fondos del 370 como de los del programa de caminería rural. Pero a eso quiero agregar un apunte.

Con respecto a la justicia divina o a cuáles son los indicadores adecuados, creo que el señor Senador Heber –a quien han invitado a participar de algún debate con alguna reflexión el próximo 10 de noviembre– tendrá claro que hay que avanzar en discutir estos temas antes de que, tal como plantea el Director García, llegue el 9 de julio del año 2020 y tengamos 20 días para resolver esto. En la presentación que hicimos aparece el concepto de ecualización de las transferencias, que no es otro que determinar la trayectoria y la convergencia de lo que tenemos hacia lo que queremos lograr. Eso requiere tiempo para ser discutido, tiempo para prepararse y para atender las distintas posibilidades.

                Había alguna referencia que quería hacer con respecto al boleto estudiantil, que no está entre estas partidas porque acá lo que estamos discutiendo es lo que reciben los gobiernos departamentales, porque de otra manera sería muy difícil discutir esto. Los intendentes saben que este es el paquete que aparece acá como transferencias directas, algunas más condicionadas y otras menos condicionadas. De todos modos, luego hay un conjunto de acuerdos que se van articulando, no solo con el Poder Ejecutivo sino con los entes autónomos. En este punto voy a anunciar al señor Senador Camy que estuvimos tentados de incluir aquí lo que tenía que ver con el saneamiento de Ciudad del Plata y tomar las previsiones correspondientes. La verdad es que en ese caso nos habríamos metido en un lío increíble. El otro día estuvimos firmando en representación de la OPP el contrato para el anteproyecto del dique de Delta del Tigre. Recordemos que Delta del Tigre se hizo por la década del 50 y nos olvidamos de que estaba bajo el nivel del mar y había que hacer cosas. Ciudad del Plata se pobló y también hay que hacer cosas. Créame señor Senador que si ponemos cualquier numerito para atender los sistemas de saneamiento de Ciudad del Plata se desequilibran absolutamente todos esos porcentajes. Eso es parte de las cuestiones del área metropolitana y que conste en la versión taquigráfica que ello forma parte de nuestra preocupación. Hemos hablado con el Intendente Falero sobre cómo caminamos para que se concreten, a la mayor velocidad posible, no solo las obras del dique de contención de Delta del Tigre –muy importante para los vecinos, pero menor en términos económicos–, sino el plan de agua que nos permitirá proyectar un sistema de saneamiento para recoger los pluviales y mejorar la vialidad de Ciudad del Plata. Eso no está acá y tampoco en el documento que el otro día repartimos –lo voy a dejar para los señores Senadores–, en la Comisión Sectorial de Descentralización, sobre las obras del Gobierno nacional, departamento por departamento, año por año, a realizar como contrapartida del Fondo de Desarrollo del Interior. Esto es inédito, un trabajo de la contadora Medina quien se ha dedicado a mirar proyectos de inversión. Está disponible en el conjunto de documentos que tienen los señores Senadores, pero quisimos resumirlo para la Comisión sectorial. Créanme que eso atiende a criterios de distribución, sin duda, complejos. Van a ver en este documento, por ejemplo, que en un año Flores aparece con una inversión per cápita que se fue de la gráfica, hubo que cortar esta última porque va a pasar la Ruta 3, la van a reparar, y cuando dividen los costos entre los que viven allí, da una gran inversión per cápita. En fin, esas son las reglas de juego y las formas que tenemos para medir.

                Al final, ¿de qué se trata descentralizar? Sin duda, no se trata solamente de las transferencias que se realizan –como bien decía el señor Senador Heber– en un marco que parece ser adecuado, los artículos 298 y el 214 con el conjunto de agregados que progresivamente se van realizando y que en algún futuro habrá que volver a consolidar y a hacer, sino que es un proceso bien complejo de participación. Hay que lograr separar lo que son los fondos públicos que van destinados a cada uno de los departamentos, de los análisis complejos -que, sin duda, cada uno puede hacer- sobre las potestades tributarias y las ganas de recaudar que tienen los gobiernos departamentales. Son dos cosas distintas. Seguramente habrá que reconsiderar todo eso. Quizás una pregunta para el próximo 10 sea la siguiente: ¿qué hacemos con la ley orgánica de los departamentos que alguna vez habrá que modificar, luego de casi 80 años o más? ¿Qué hacemos con el proceso de descentralización que requiere, por cierto, sustento económico?

                Sinceramente doy las gracias y me comprometo a dar los documentos correspondientes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por la vía de los hechos ya hemos analizado los artículos, de manera que, salvo que algún señor Senador o alguna señora Senadora tengan alguna consulta, estaríamos finalizando esta etapa.

                No sé si queda algún otro artículo pendiente. De lo contrario, le estaría dando la palabra al señor Prosecretario Roballo para el cierre.

SEÑOR ROBALLO.- De acuerdo con lo que estamos observando, hemos concluido con los artículos del Inciso 02 y del Inciso 24, correspondientes a las unidades que pertenecen a Presidencia, de manera que por nuestra parte estarían analizadas todas las disposiciones.

                Por lo tanto, queremos agradecer a la Comisión y, por supuesto, quedamos a las órdenes para lo que ustedes dispongan a los efectos de cerrar esta etapa de la consideración del Presupuesto.

SEÑOR CAMY.- Por nuestra parte damos por concluida nuestra tarea, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se levanta la sesión.

(Son las 22:20).

Presentación OPP. /a>