SEÑORA  PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:15).

–Vamos a dar comienzo a la sesión de trabajo de la tarde recibiendo al Ministro del Interior, señor Eduardo Bonomi, y a su equipo, integrado por el Director General de Secretaría, doctor Charles Carrera; el Director Nacional de Policía, inspector principal Julio Guarteche; el Subdirector de Secretaría, inspector general José Sesser; el Subdirector de la Policía, inspector general Raúl Perdomo; el contador Darío Astor; la contadora Gabriela Valverde; la contadora Shirley de Armas; la inspectora mayor Daiana González; el doctor Eduardo Florio; la licenciada Sandra Figueroa; el Director de Unicom, Fernando Gil, y el doctor Carlos Martínez.

Corresponde analizar los artículos 144 a 199, Inciso 04, Ministerio del Interior.

Tiene la palabra el señor Ministro, a quien le damos la bienvenida.

SEÑOR MINISTRO.- Señora Presidenta: antes de comenzar quiero excusar al señor Subsecretario, Jorge Vázquez, que no pudo concurrir por razones familiares.

                Cuando estuvimos en la Cámara de Representantes hicimos una larga presentación, por lo que ahora vamos a referirnos al fundamento del articulado y no a la valoración anterior, que de alguna forma ya fue hecha en varias rendiciones de cuentas.

                En el Presupuesto nos planteamos cinco grandes objetivos en el entendido de que ha habido cambios en la actuación de la delincuencia y que es necesario profundizar lo que se venía haciendo y agregar cosas nuevas. El motivo de la ampliación presupuestal en $ 567.000.000 para el año 2016 y        $ 777.000.000 para el año 2017, se explica a través del desarrollo de cinco líneas estratégicas. El primer objetivo es la profundización de la reforma organizativa de la Policía nacional orientada a la gestión basada en el conocimiento y la inteligencia aplicada. El segundo objetivo es el desarrollo de una nueva curricula educativa para todos los escalones de promoción y formación policiales. El tercer objetivo tiene que ver con el desarrollo de una estrategia de convivencia orientada a vencer el miedo y fortalecer el espacio público. El cuarto objetivo refiere al desarrollo de una estrategia de convivencia orientada a prevenir, atender y erradicar la violencia que se genera en el espacio doméstico o intrafamiliar. Por último, el quinto objetivo es la consolidación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria y abordaje de la población privada de libertad.

                En el primer objetivo se plantea la puesta en funcionamiento de la nueva Ley Orgánica Policial, Ley Nº 19.315. En esta norma se establecieron los nuevos cometidos, un nuevo organigrama y una nueva carrera administrativa. Así pues, pasamos de catorce a diez grados, entre otras cosas. 

                En el articulado a estudio se da cumplimiento a la nueva ley y se la presupuesta. También se plantea consolidar la transición desde el modelo de acción policial reactivo, con base en una distribución homogénea o un informe de los recursos humanos y materiales, tanto a través del territorio como del tiempo, hacia un nuevo paradigma de gestión proactivo, apoyado en el conocimiento y la inteligencia aplicada.

                Por el artículo 145 del proyecto de ley de Presupuesto se crea una compensación por concepto de alta dedicación operativa, en principio para un cupo para mil policías. Pensamos que es una línea de acción que se  debe profundizar a lo largo del quinquenio y que su alcance se debe extender a otros departamentos.

                También se va a continuar el desarrollo de la línea estratégica que nos propusimos en el período pasado vinculada con la tecnología, mediante la extensión de la videovigilancia, los sistemas de comunicación Tetra, el uso de las tobilleras, la renovación del sistema AFIS y la adecuación tecnológica.

                A su vez, se plantea profundizar los cambios apostando  una mayor tecnificación y profesionalización de la Policía Científica, lo que permitirá una mejora en la calidad de la prueba que se eleva a la justicia. En este quinquenio, la prioridad es la construcción de una nueva sede para la Policía Científica.

                En el segundo objetivo se plantea el desarrollo de una nueva curricula educativa policial a partir de 2016, para todos los escalafones, con lo que se busca mejorar la promoción y formación de los policías. Será una reforma integral de los planes de capacitación aplicados a todos los escalones de promoción y formación policiales, que se articulará en siete ejes: coordinación de la enseñanza teórica y del entrenamiento práctico –los modelos de policiamiento deben orientarse a la resolución de los problemas prácticos del trabajo policial–; incorporación de nuevas materias en la formación policial; fortalecimiento del vínculo con las universidades; desarrollo de una curricula en prevención del delito e investigación criminal; transmisión científica –se va a promover la transmisión de conocimiento y destrezas que permitan desarrollar la capacidad para identificar prioridades; por ejemplo, la identificación de puntos calientes, mediante la utilización del sistema Predpol–; medición del impacto y el resultado de las intervenciones llevadas a cabo para resolver las prioridades identificadas, y el monitoreo y control del uso de los recursos humanos y materiales disponibles.

                El tercer objetivo es el desarrollo de una estrategia de convivencia orientada a vencer el miedo y fortalecer el espacio público. Se presupuestará el programa de inclusión social denominado Pelota al Medio de la Esperanza que utiliza al deporte como herramienta. Se pondrá más énfasis en la ayuda a la convivencia en los centros de estudio de enseñanza secundaria –es un compromiso con las autoridades de secundaria–, para lo cual se fortalecerá el instrumento interno que hemos desarrollado –que recién mencionamos–, y se incorporará a las actividades que se desarrollan, además del fútbol, el básquetbol y el atletismo.  Se fortalecerán las mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana que potenciarán su trabajo en el área metropolitana y focalizarán el desarrollo en base al seguimiento de las líneas estratégicas, en particular la disminución de las rapiñas.

                El cuarto objetivo es profundizar las acciones en relación a la violencia de género y la trata de personas. En dos años, nos proponemos extender a nivel nacional el uso de las tobilleras contra la violencia de género, mejorar la infraestructura y logística de las unidades especializadas en violencia de género, continuar con la capacitación del personal y trabajar fundamentalmente en coordinación con otros organismos del Estado en la sensibilización y en la lucha contra la trata, el tráfico y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Un capítulo muy especial para nuestra institución es el abordaje en forma integral de la violencia de género que sufren nuestros policías.

                En el quinto objetivo, consolidación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria y abordaje de la población privada de libertad, nos proponemos la consolidación del nuevo modelo de gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación. En primer lugar, se propone el traspaso definitivo a la órbita civil del sistema de gestión de cárceles. Hace dos semanas –más o menos–, completamos el pasaje de la última cárcel que estaba dentro de la Policía a la órbita del Ministerio. En ese período nos planteamos que saliera del Ministerio y se transformara en un servicio descentralizado que tuviera como organismo de referencia un Ministerio que puede ser el Ministerio del Interior, pero no necesariamente. Cabe aclarar que, si bien eso está planteado como objetivo presupuestal, se necesita la aprobación de una ley que regule el pasaje hacia un servicio descentralizado.

                Entendemos que el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria y consolidación de un nuevo modelo de gestión debe atender la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios del sistema carcelario; profundizar la intervención pospenitenciaria asociada al rol de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, con el objetivo de la inclusión social; fortalecer los programas de formación, trabajo y empleo, educación y habilidades sociales; profundizar la estructura del Centro de Formación Penitenciario que garantice una adecuada formación inicial, así como también la capacitación permanente del personal técnico, operativo y administrativo; continuar con el desarrollo del sistema de gestión carcelaria; fortalecer las estructuras de dirección de las unidades con sus respectivos ejes: operativo, seguridad, administrativo, gestión y técnico y tratamiento, y fortalecer las políticas públicas transversales dentro de las unidades de internación.

En  estos cinco objetivos se desarrolla el articulado. Para que lo explique  le voy a ceder la palabra al Director General de Secretaría, señor Charles Carrera.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de continuar quiero hacer una aclaración. Tenemos un comparativo en el que al lado del artículo 142, proveniente del Poder Ejecutivo, hay un artículo que aparece como suprimido pero, en realidad, es el artículo 145 que ha sufrido algunas modificaciones. Lo digo a los efectos de que todos miremos el texto de la misma forma.

SEÑOR CARRERA.- El primer artículo de nuestro Inciso es el 144 que establece una serie de supresiones de cargos que se fundamentan en la finalidad de generar un ahorro y racionalizar los recursos presupuestales de esta secretaría de Estado. Se ahorra para reinvertir y generar nuevas políticas en materia de recursos humanos. Los cargos que se suprimen están vacantes o próximos a quedar ociosos en virtud de la aplicación de la nueva ley orgánica. La situación estructural que tendrán las unidades ejecutoras del inciso a partir del 1º de enero de 2016 con la puesta en vigencia de la nueva ley orgánica, entre otras cosas, unificará jerarquías y nos permitirá tomar la definición política de generar recursos financieros que van a ser reinvertidos en nuestro Inciso. El ahorro que se va a generar asciende a la suma de                  $ 122:421.054. Además de estas supresiones nuestro Inciso contribuyó al financiamiento de esta propuesta presupuestal con la suma de $ 128:960.984 del crédito rubro cero, que es un crédito acumulado que la Contaduría General de la Nación lo denomina «bolsón».

A lo largo de la exposición desarrollaremos dónde se reinvertirán esos recursos.

El artículo 145 es el segundo de nuestro Inciso y refiere a una compensación a la alta dedicación operativa.

                En el marco de los cambios que se vienen desarrollando en la Policía nacional y debido a la preocupación que tienen estas autoridades por la concentración del delito en la zona metropolitana y a los requerimientos de prevención, disuasión y represión del delito, proponemos crear esta compensación de alta dedicación operativa. En una primera etapa la proponemos para las unidades que tienen asiento en la zona metropolitana, para la Jefatura de Policía de Montevideo, la Jefatura de Policía de Canelones y la Jefatura de Policía de San José, y la Guardia Republicana. Nuestra intención es que sean merecedores de la compensación aquellos policías directamente vinculados a la prevención, a la disuasión y a la represión de delito. Esta compensación responde a la creación de un grupo de alta dedicación operativa, abocado a las tareas de patrullaje preventivo y de represión del delito. En principio, el programa tendrá un cupo de hasta mil policías.

                Queremos señalar  que, como dijo el señor Ministro, esta es una medida de trabajo que nos planteamos seguir profundizando en las próximas rendiciones de cuentas. Nos proponemos tener una policía más profesional, especializada y con alta dedicación operativa. El costo de este artículo es de     $ 140:985.000.

                El artículo 146 refiere a lo que nosotros denominamos «contratos para becarios». Nuestro Inciso tiene un programa destinado a mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía. El objetivo que busca esta propuesta presupuestal es que los funcionarios que se aboquen a las tareas de atención directa a los ciudadanos sean becarios universitarios de la Escuela de Administración y UTU, brinden un mejor servicio, agilicen y mejoren los trámites y comunicaciones que se realizan entre el Ministerio Público y Fiscal y el Poder Judicial. Actualmente, los funcionarios que desempeñan las tareas administrativas en las seccionales policiales pertenecen al subescalafón «Ejecutivo». Para cumplir con el objetivo señalado en este artículo 146 queremos lograr que estos funcionarios sean asignados en forma exclusiva a tareas directas  de prevención y represión del delito.

                Nos proponemos que en el proceso de reestructura que se está efectuando los  policías del subescalafón «Ejecutivo» se vuelquen a tareas que corresponden a su cargo, lo cual redundará en más presencia policía en tareas de patrullaje y respuesta ante emergencias. Es así que se espera realizar contratos de becarios a estudiantes universitarios, de Escuela de Administración o de UTU, que se encarguen de realizar actividades administrativas como recepción de denuncias, liberando de esa forma al personal policial. El costo asciende a la suma de $ 67:015.053. En principio, proponemos que este artículo sea de aplicación para las seccionales policiales con asiento en Montevideo. Se trata de 25 seccionales más las unidades especializadas en violencia doméstica, que ascienden a cuatro. En la Cámara de Representantes se agregó que el mecanismo de los becarios se podrá utilizar también en el caso de bomberos. En principio, nuestra intención es que sea de aplicación únicamente para las seccionales policiales, por lo que queremos dejar asentada esta observación. En realidad, se agregó a bomberos, pero este fondo de $ 67:015.053 tiene destino a 225 becarios, que es lo que se puede contratar.

                El artículo 147 refiere a la creación de 240 cargos ejecutivos que se haría efectiva al año 2017 y tiene un costo de $ 106:404.651. Estos cargos se crean en Secretaría pero nuestra intención es adjudicarlos a seccionales policiales que tengan necesidad de recursos humanos, y sería para aquellos departamentos en los que, de acuerdo con un estudio de relación policías– habitantes, se detecte la necesidad de personal ejecutivo. En realidad, esto tiene la intención de evitar que existan cargos ociosos en las unidades ejecutoras y por eso se crea en Secretaría. En principio, estos 240 cargos serían para Rocha –50 cargos–, San José, Maldonado,  algunos para la costa de Canelones y otros para Soriano, que son los departamentos en los que se detectaron necesidades.

                Por su parte, el artículo 148 refiere a la creación de cargos para la                Unidad de Contralor Patrimonial de Delitos Precedentes de Lavado de Activos. Una línea de trabajo que nos proponemos tiene que ver con contribuir a la lucha contra el lavado de activos y el objetivo de este artículo es crear una unidad técnico profesional que colabore como auxiliar de la justicia en la investigación de los delitos precedentes de lavado de activos. Este tipo de delitos desencadena la investigación simultánea del delito de lavado de activos y de la situación patrimonial de la persona. De ahí la necesidad de contar con una unidad técnica especializada para esta función. El costo es de $ 4:833.881.

                El artículo 149 refiere a una compensación para pilotos y observadores. Con la sanción de la Ley Nº 19.315 la Policía nacional tiene competencia para efectuar la vigilancia aérea, utilizando el espacio aéreo exclusivamente para tareas de observación y apoyo a las operaciones policiales en tierra, de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional y nacional que rige en la materia. Cumpliendo con esta competencia creamos la unidad de vigilancia aérea de la Policía nacional que ya cuenta con dos aviones Cessna y nos encontramos en proceso de adquisición de tres helicópteros que serán utilizados en la prevención y represión del delito mediante el patrullaje aéreo. Se entiende indispensable que a los pilotos y observadores necesarios que ocupan cargos policiales para realizar estas tareas se les abone una compensación especial por horas efectivas de vuelo, para adecuar su remuneración a labores de tal responsabilidad y complejidad. El costo de este artículo es  de $ 6:266.000.

SEÑOR GARCÍA.- Buenas tardes al señor Ministro y su equipo.

                Quisiera realizar una pregunta sobre este artículo, independientemente de la opinión del Partido Nacional que ya es pública y conocida en cuanto a que es mucho más conveniente para la policía hacer convenios con la Fuerza Aérea, en virtud de la capacidad ociosa que tiene nuestra fuerza en un país que destina recursos limitados a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de vigilancia en colaboración con la policía. Independientemente de esa posición, la pregunta concreta es si este artículo no puede operar agudizando un problema que tiene la Fuerza Aérea. Me refiero al hecho de que la competencia de las aerolíneas privadas hace que haya una fuga de pilotos hacia ese sector. Entonces, me pregunto si este artículo no agudizará esta situación, en este caso haciendo que haya una fuga de pilotos de la Fuerza Aérea hacia el Ministerio del Interior, en virtud de que los salarios son francamente superiores, incluso sin compensación; con compensación, mucho más.

SEÑOR MINISTRO.- Respecto a la introducción a la pregunta, creemos que no es un tema de coordinación. Pensamos que los helicópteros que utiliza la Fuerza Aérea son distintos a los policiales. En el mundo existen helicópteros militares y helicópteros policiales, así como aviones de carácter policial. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros. No vamos a competir con la Fuerza Aérea, sino que vamos a desarrollar una tarea distinta. Entonces, no se trata de coordinar, sino de establecer claramente la función que tenemos que realizar.

                Nos han preguntado si no conviene, dentro de esa coordinación, que utilicemos los hangares de la Fuerza Aérea. Y, por otro lado, nos han dicho que conviene tener una independencia, porque esos hangares están donde vuelan aviones comerciales de gran porte y esto genera un problema. Entonces, nosotros creemos que se trata de desarrollar la tarea policial.

                En cuanto al tema de los pilotos, tanto de aviones como de helicópteros, ya existe gente que se está capacitando dentro de la policía. De manera que no vamos a intentar sacar pilotos de la Fuerza Aérea, sino que vamos a capacitar pilotos dentro de la policía. Además, muchos de ellos ya son pilotos; lo que tienen que hacer es perfeccionar sus capacidades y adecuarlas a la tarea. Por lo tanto, esto no agudiza el problema.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 150 refiere a la situación de funcionarios ejecutivos que en la práctica vienen desarrollando tareas administrativas desde largo tiempo en el Ministerio del Interior, en sus diferentes unidades ejecutoras. Estos funcionarios se encuentran ocupando cargos ejecutivos, por lo que es oportuno que finalmente pasen al escalafón propio de las tareas que realizan. En el caso de las unidades ejecutoras predominantemente ejecutivas, se requerirá el acuerdo de la dirección de las unidades y la aprobación ministerial, por cuanto se pueden producir distorsiones que afecten el servicio.

                El artículo 151 fue agregado en la Cámara de Diputados, aunque no a solicitud del Ministerio del Interior. Esta disposición establece: «Facúltase al Inciso 04 "Ministerio del Interior" a solicitar el pase en Comisión de funcionarios del escalafón K "Militar" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", con destino a tareas ejecutivas en la Dirección Nacional de Bomberos, priorizando el refuerzo de sus destacamentos en el interior del país». Queríamos dejar constancia de que esta es una facultad que se le da al Ministerio del Interior.

                El artículo 152 refiere al carné de aptitud psicofísica. El objetivo de la norma propuesta refiere a la necesidad de que el personal policial cuente con una evaluación en salud mental y física periódica. Como se sabe, nuestros policías se encuentran sometidos a situaciones de gran estrés y lo que buscamos es preservar la salud psicofísica de nuestros funcionarios. Este punto es esencial, además, para poder brindarle a la población un servicio de calidad. Su función exige que tanto su salud física como mental sea constatada en intervalos no mayores a 24 meses, a los efectos de detectar precozmente cualquier tipo de afección.

El artículo 153 es programático. Establece los compromisos de nuestro Inciso en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en materia de género. Nosotros nos proponemos avanzar durante el presente quinquenio en el desarrollo de políticas públicas en pos de la profesionalización de la Policía en materia de violencia doméstica y de género. Debemos profundizar estas políticas, mejorando aún más la infraestructura y logística de las unidades especializadas en violencia doméstica. A su vez, debemos avanzar en la capacitación del personal policial, universalizando el cumplimiento de los protocolos de actuación en la materia, y promover la especialización de la respuesta policial en la lucha contra la trata, el tráfico y la explotación sexual, comercial y no comercial, considerando especialmente los casos de niños, niñas y adolescentes. Debemos abordar en forma integral la violencia de género que sufren o ejercen los policías, y promover y generar los mecanismos para fortalecer la articulación y coordinación interinstitucional y con la sociedad civil. En suma, debemos dejar sentados los ejes de trabajo en materia de violencia de género, así como en materia de trata y tráfico de personas.

Al final, en el artículo 153 se establece una reasignación. Este es un compromiso que tenemos con el Consejo Nacional de Políticas de Género. Se está tratando de cuantificar la partida que establece el Estado en esta materia. A tales efectos, se crea un proyecto cuyo nombre es Proyecto 121 «Igualdad de Género». En realidad, son muchos más los recursos que se establecen en materia de género, pero en principio –no se pudo contabilizar por premuras, porque este es un requerimiento de la sociedad civil– se reasignaron $ 21:185.640, pero si nos fijamos solamente en recursos humanos, la cifra destinada a las unidades especializadas en violencia doméstica debe ser superior a los $ 30:000.000.

                El artículo 154 establece el proyecto Pelota al Medio a la Esperanza, al que hoy aludió el Ministro. Este proyecto es de convivencia ciudadana, promovido por el Ministerio del Interior, y trabaja en la construcción de la seguridad, utilizando el deporte como una herramienta convocante para niños y adolescentes con alto índice de vulnerabilidad. Se pretende crear e impulsar el trabajo de este programa, el que nosotros consideramos muy exitoso. Se trabaja con liceos y escuelas a nivel nacional y, realmente, hay ahí deportistas de primer nivel que hacen parte del programa: está el técnico de la selección uruguaya de fútbol Sub 20, Fabián Coito, y Déborah Rodríguez, entre otros deportistas.

En el artículo 155 se denomina lo que son los eventuales; se aumenta a 2.000 y se los registra en el Sistema Gestión Humana. El personal eventual surgió como una necesidad debido al proceso de disminución del Servicio 222. Permite la prestación de servicios necesarios de seguridad a instituciones tales como el BROU, las puertas de emergencias de ASSE y las intendencias municipales. El tope establecido hasta ahora era de 1.000 integrantes, pero en esta etapa pretendemos elevarlo a 2.000.

El artículo 156 refiere a la creación del fondo de viviendas. En él se establece un aporte por parte de los funcionarios policiales del Inciso 04, de cara a contribuir con políticas públicas en materia de vivienda para los funcionarios del Ministerio del Interior. Hoy el Ministerio del Interior tiene funcionarios policiales que no cuentan con adecuada solución habitacional, lo cual pretendemos revertir en los próximos años. Esto responde, a su vez, a un fuerte reclamo de los funcionarios, para quienes resulta imprescindible desarrollar políticas de vivienda. Lo que queremos con este artículo es crear un fondo de viviendas para el Inciso 04 similar a lo que ya existe en la órbita de los funcionarios de la Administración Central, es decir, de todos los funcionarios civiles. Es importante resaltar que los funcionarios –representados por su sindicato–, a nivel nacional, están de acuerdo con este fondo de vivienda. Si lo tuviéramos que categorizar jurídicamente, diríamos que es una contribución especial de seguridad social.

                El Ministro me acota que este fondo va a estar en la órbita de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales, que será la encargada de todo lo que tiene que ver con la seguridad social policial con tres grandes ejes de trabajo: el primero es la parte sanitaria, el segundo refiere a jubilaciones y pensiones, y  el tercero a la tutela y vivienda, donde se da participación a los sindicatos de funcionarios policiales para que colaboren en la gestión y administración de este fondo, tema que ya fue acordado.

                El artículo 157 busca flexibilizar los requisitos de la residencia.  Actualmente hay un conjunto de personas que ingresan al país y que no pueden obtener la residencia por diferentes motivos como, por ejemplo, cuando lo hace uno de los padres con sus hijos. De acuerdo con nuestra normativa, para obtener la residencia debe haber autorización de los dos padres. A través de esta norma se busca que ese grupo de personas de alta vulnerabilidad –que van a ser definidos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Nacional de Migración– pueda obtener la residencia  respetando la normativa nacional. Por eso el artículo 157  hace mención expresa al requisito de la Constitución de la República.

SEÑOR GARCÍA.- Voy a hacer una pregunta relativa a este artículo y, otra colateral.

                Con respeto a esta norma me gustaría saber si tiene alguna conexión o está vinculada, directa o indirectamente, a futuras decisiones con respecto, por ejemplo,  a los ciudadanos sirios que residen en el país por las políticas llevadas adelante por este y el anterior Gobierno.

                La segunda consulta no refiere específicamente al artículo pero ya que está el Ministro presente, corresponde hacerla. Hoy salió en un diario de la capital que un emisario, que creo fue el subcanciller de Venezuela, el señor Jaua, ingresó al país en las últimas horas  sin pasar por migraciones.  Me gustaría que se confirmara o desmintiera esta información que salió en la mañana de hoy. La publicación decía que el embajador de Venezuela había ido a buscarlo a la base área de la Fuerza Aérea y no había pasado por migraciones.  Si no tienen información quizás nos la puedan hacer llegar con el correr de las horas.

SEÑOR CARRERA.- Con respecto a la primera interrogante la respuesta es que no está vinculado al caso de los sirios. Esto más bien tiene que ver con personas que están en nuestro país, con nacionalidades sudamericanas, y tienen problema para obtener la residencia. La cédula de identidad es un documento necesario para que una persona pueda desarrollar tareas productivas en el país, esto es, pueda tener una relación laboral, pueda estar inscripta en el BPS, pueda recibir los beneficios del Fonasa y sus hijos puedan concurrir a la escuela y al liceo. Si bien la escuela es más flexible con respecto a la cedula de la identidad, en el liceo es un requisito ineludible para el ingreso de los gurises.

                No son muchas las personas que se encuentran en esta situación, pero las hay. En el pasado ingresaron, por ejemplo, niños con sus madres y al no estar el padre es complicado obtener la residencia. Este artículo intenta básicamente solucionar esa situación junto con la Junta Nacional de Migraciones.

                Debe tenerse en cuenta que esto también atiende criterios de seguridad; nos sirve que todas las personas que están en nuestro país estén documentadas.

SEÑOR MINISTRO.- Con relación a la segunda pregunta planteada por el señor Senador, debo decir que acabamos de consultar y se nos dijo que pasó por migraciones, como corresponde en cualquier ingreso al país. O sea que no es correcto que entró sin pasaporte.

SEÑOR CARRERA.- Los artículos 158 y 159 deben ser expuestos en conjunto.

                El artículo 158 refiere a la creación de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y, el artículo 159, a la creación del cargo de Director general de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Esto está en concordancia con lo que señaló el señor Ministro hace instantes. En esta gestión de Gobierno nos proponemos dar un salto cualitativo en lo que tiene que ver con el apoyo al liberado; esto es,  apoyar a la persona luego que cumple su pena dentro del sistema penitenciario para que no vuelva a reincidir. En este sentido, se transforma la anterior Dirección Nacional del Patronato –dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación– en Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que dependerá de la Secretaría del Ministerio del Interior, tendrá jurisdicción nacional y dependerá del señor Ministro.  Dentro de sus cometidos se destacan: «1) El diseño y gestión de políticas públicas en materia de apoyo a la reinserción social de personas que egresan del sistema penitenciario.  2) La coordinación de actividades con la Comisión Honoraria». El patronato tiene una Comisión honoraria que seguirá en funciones. Y, «3) Coordinar la intervención conjunta a realizar en el tratamiento de las personas privadas de libertad, con el Instituto Nacional de Rehabilitación en la fase de pre-egreso».

                Asimismo, se crea el cargo de Director general de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que tendrá como cometidos: «1) Ejecutar las políticas en materia de apoyo a las personas liberadas. 2) Efectuar la planificación, evaluación y control de la actividad de la Dirección. 3) Representar a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado».

                El artículo 160 refiere al «Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos». En realidad, este es un requerimiento de la sociedad civil.

                En la Administración anterior se creó un equipo que llamamos Equipo Auxiliar de la Justicia en Investigaciones en Derechos Humanos. Ahora le estamos dando un rango legal para que, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y Fiscal, ante una investigación en estos temas de las violaciones de los derechos humanos, utilicen este equipo, que estará en la órbita  de la Dirección de Asuntos Internos. Lo que buscamos es profundizar la política de investigación en esta materia, creando esta oficina que centralizará todos los requerimientos del Poder Judicial y del Ministerio Público y Fiscal.

                El artículo 161 refiere al bloqueo de comunicaciones abusivas al 911. El Ministerio del Interior ha apostado a una mejora de los servicios  de emergencia, haciendo una fuerte inversión en recursos humanos y tecnología. En este sentido, a través del Centro de Comando Unificado, se centralizan las llamadas de emergencia, mejorando sustancialmente la calidad del servicio y los tiempos de respuesta. Sin embargo, en más de doscientas mil llamadas realizadas al Servicio de Emergencia 911, un promedio mayor al 70% son residuales y no contemplan situaciones de emergencia. Con esta medida se pretende mejorar la respuesta policial ante la verdadera emergencia, bloqueando comunicaciones que distraen los servicios.

                El artículo 162 refiere a la supresión y creación de un cargo para la Unidad de Apoyo Tecnológico. Esta se encargará de brindar apoyo técnico a las investigaciones policiales. Para cumplir con esta tarea resulta necesario contar con el personal técnico especializado en tecnología de la información. Entonces, se suprime un cargo de Agente de Segunda y se lo transforma en una función contratada de Comisario policial, Tics.

                El artículo 163, establece la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado. El sistema político en su conjunto ha manifestado la intención de que el instituto pase a tener determinado nivel de descentralización. Por tanto, con este artículo, que es una norma programática, se dispone la autonomía del Ministerio del Interior. A partir de esta norma, se pretende que se inicie un proceso de discusión que permita definir las estrategias y medidas a adoptar para cumplir con el objetivo mencionado.

                El señor Ministro mencionó que nosotros ya cumplimos con el compromiso establecido en el Presupuesto anterior, en el sentido de que todas las cárceles, que antes dependían de las Jefaturas de Policía departamentales, pasaran a la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente, todas están bajo la órbita del instituto.

                El artículo 164, refiere a la creación de cargos del escalafón civil penitenciario y se crean: crean 154 cargos de  Operador Penitenciario II, grado 2; 30 de Operador Penitenciario IV, grado 4; 7 de Subalcaide, grado 6; y 5 de Alcaide, grado 7.  Uno de los ejes –como es de conocimiento de los señores Senadores– del  proceso de creación del Instituto Nacional de Rehabilitación es la puesta en funcionamiento del escalafón civil para operadores penitenciarios. En el Presupuesto anterior se crearon algunos cargos en algunos grados. En esta etapa, es necesario dar continuidad a este proceso, avanzar en el armado de la pirámide funcional y aumentar la presencia de funcionarios civiles dentro de las unidades de rehabilitación. De este modo, se busca dar continuidad al proceso que se inició con la Ley de Presupuesto anterior y, a esos efectos, se crean cargos intermedios en la pirámide de los operadores penitenciarios.

                El artículo 165 refiere a una partida para la adecuación salarial del escalafón penitenciario. En el Instituto Nacional de Rehabilitación –como es por todos conocido– coexisten dos escalafones: el penitenciario y el «L» que realizan funciones similares y reciben salarios diferentes. Por esta norma se permitirá contar con un fondo que posibilite la adecuación de dichas remuneraciones. Se busca adecuar el salario de los operadores penitenciarios al escalafón «L» y el costo es de $ 19:515.902.

                El artículo 166, refiere a la compensación para encargados de las unidades penitenciarias. En el Presupuesto anterior se creó una partida vinculada a compromisos de gestión destinada al pago de compensaciones al equipo de dirección de los establecimientos penitenciarios.  En esta instancia presupuestal proponemos incrementar dicha partida a los efectos de que sea una compensación atractiva, teniendo en cuenta la carga que significa el ejercicio de la función de Director, con mayor horario: estar a la orden, gestionar la vida de las personas privadas de libertad y de los funcionarios del sistema. Dicha partida es variable dependiendo del régimen de seguridad en que se encuentre el establecimiento que se gestiona. Los equipos de dirección de los establecimientos penitenciarios son clave para alcanzar los objetivos  de la reforma del sistema penitenciario.

                El artículo 167, dispone el pago de horas docentes en el Cefopén. El objetivo de la propuesta apunta a incrementar los recursos financieros con los que cuenta para el pago de horas docentes, ya que, en la situación actual, estos no son suficientes para cumplir con los cometidos del Centro de Formación Penitenciario debido a que hay nuevos ingresos al escalafón penitenciario y proponemos la capacitación permanente. Se aumenta en          $ 6:518.513.

                El artículo 168, tiene como objetivo que el escalafón penitenciario sea exceptuado de la prohibición de ingreso en año electoral. El escalafón policial, como es sabido, está exceptuado de dicha prohibición, ya que desarrolla un servicio esencial del Estado. Consideramos que por ser una situación similar debemos aplicar la misma norma al sistema penitenciario.

                El artículo 169, refiere a la adecuación de la Ley Orgánica Policial, y establece el cambio de denominación a la Escuela Nacional de Policía. La presente norma modifica la denominación de dicha Escuela que pasará a llamarse Dirección Nacional de la Educación Policial. A su vez, se modifica la denominación del cargo de Director de dicha unidad que antes se denominaba Director de la Escuela Nacional de Policía y ahora pasará a ser Director de la Dirección Nacional de la Educación Policial.

                El artículo 170, tiene relación con los alumnos en la Dirección Nacional de Educación Policial. El objetivo de la presente norma es dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la nueva Ley Orgánica Policial que creó la categoría de alumno. Actualmente, cuando un aspirante ingresa al Cefocaps, firma un contrato como funcionario presupuestado del Ministerio del Interior, sin cumplir con la capacitación previa, y comienza a percibir en su totalidad la remuneración de un policía en actividad.

Por eso, proponemos crear la figura del alumno, que luego del proceso de capacitación firmará su contrato como policía, si aprueba las pruebas correspondientes. Con eso estamos dando un salto cualitativo en nuestra política de recursos humanos.

                El artículo 171, tiene que ver con el almacenamiento de datos en documentos de identificación y viaje. Como los señores Senadores saben, el nuevo documento de identidad biométrico, que se comenzó a expedir en mayo de este año, consta de dos chips: uno con contacto y otro sin contacto, que tiene la firma electrónica y los datos filiatorios. En este caso, proponemos que se contemple esa situación en la ley de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Esto está relacionado con el artículo 172, que trata sobre la exhibición de documento de identidad. Hoy es muy común que para el ingreso a una oficina pública se requiera el documento de identidad. A partir de este momento, como en el nuevo documento contiene datos biométricos, se busca establecer que se requiera la exhibición, pero que el documento de identidad no permanezca en la oficina. A esos efectos, en este artículo proponemos que se modifique el artículo 16 del Decreto  Ley Nº 14.762  y que en el segundo inciso se establezca: «En ningún caso la cédula de identidad podrá serle retenida a su titular, a excepción de aquellos procedimientos policiales en los que surjan motivos suficientes para dudar de su validez».

De modo que estos dos últimos artículos están relacionados con el nuevo documento de identidad biométrico.

SEÑOR GARCÍA.- Sobre el artículo 171, quisiera saber si se nos puede dar ejemplos concretos acerca de los datos que se ingresarían en ese chip, tanto de la cédula como del pasaporte. Consulto esto para saber en qué está pensando el Ministerio del Interior que van a contener estos documentos. En segundo lugar, me gustaría saber quién autoriza el ingreso de esos datos a los documentos de identidad y pasaporte y, por último, quiénes van a tener la capacidad de leer esos datos con la autorización correspondiente.

SEÑOR CARRERA.- El nuevo documento de identidad biométrico, como dije antes, tiene dos chips, uno con contacto y otro sin contacto. El chip sin contacto tiene los datos filiatorios, como por ejemplo el lugar de nacimiento, el sexo y la huella digital. El chip con contacto tiene la firma digital avanzada. En el Ministerio del Interior tenemos una PKI, que es una unidad certificadora de firma digital. Por ser esta una política pública, quien este procedimiento es la Dirección Nacional de Identificación Civil, con todos los elementos de seguridad correspondientes. Lo que se busca con este nuevo documento, en el marco del desarrollo del gobierno electrónico, es posibilitar la realización de trámites electrónicos, pero bajo el concepto de fe pública, es decir que al hacer el trámite exista la seguridad de que se trata de la persona que se dice ser. Realmente, para poder utilizar este sistema vamos a tener que incorporar a nuestros ordenadores el dispositivo correspondiente que pueda leer el chip con contacto.

                Si los señores Senadores lo entienden pertinente, en otro momento podría enviar más información sobre este tema, pero en principio lo que puedo señalar es lo que acabo de decir.

SEÑOR GARCÍA.- Lo que el Director explicaba estaría claro si hubiera una redacción más restringida para este artículo, porque la que tiene es plural, ya que dice que se autoriza a la dirección que allí se nombra  «a incorporar en el pasaporte y en la cédula de identidad, aquellos elementos o dispositivos técnicos para el almacenamiento de datos identificatorios». Los datos para identificar a una persona pueden ser varios. Por lo tanto, la respuesta a mi pregunta inicial de parte del señor Director general fue en un sentido restringido porque hablaba de la huella digital, etcétera, pero se supone que esta redacción amplia podría incluir otro tipo de datos. Por eso la pregunta es concreta: ¿también se permitiría cualquier otro tipo de dato identificatorio? En su momento, ¿quién lo definiría? Fue también por ese motivo que pregunté cuáles eran los ejemplos concretos de otros datos identificatorios que podrían incorporarse a estos documentos, que son parte de la ubicación y de la historia de una persona.

SEÑOR CARRERA.- En principio, únicamente se toman los datos que tienen que ver con la identificación tal cual hoy la realizamos, es decir: nombre completo, sexo, lugar de nacimiento, datos filiatorios, huella digital y la identificación facial, porque nuestra imagen digital está en el documento. Después tenemos la firma electrónica, con lo que se busca desarrollar lo que es el gobierno electrónico.

                En principio, únicamente serían estos datos. Además, luego de la expedición de los documentos no se puede volver a abrir el chip. Reitero: en principio, serían estos datos. Luego, para poder ingresar otro tipo de información sería necesario contar con una ley que lo autorizara porque esto se encuentra en el marco de la ley que creó la Dirección Nacional de Identificación Civil.

                El artículo 173 modifica un artículo de la ley de identificación civil que refiere a la exoneración de tasas por trámites de expedición de cédula de identidad. Esta disposición se agregó en la Cámara de Representantes pero creo que estuvieron de acuerdo todos los partidos políticos del sistema político uruguayo.

Allí se agregó un inciso final que establece: «Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar el pago de la tasa referida a toda persona víctima de hurto o rapiña, debiendo para ello presentar copia de la denuncia policial correspondiente ante la Dirección Nacional de Identificación Civil».

Las otras exoneraciones ya estaban, por tanto, se agrega esta última. Es un tema que veníamos trabajando en el Ministerio del Interior desde hace un tiempo, pero también contó con la voluntad del sistema político y, por cierto, lo compartimos.

El artículo 174 tiene relación con el no cobro de información de la cédula de identidad para organismos públicos. Este artículo trata de facilitar los trámites  a distintos usuarios de la Administración  que requieran la información existente en la Dirección Nacional de Identificación Civil, para lo cual está previsto el cobro de una tasa. Por lo tanto, este artículo establece cuáles son los organismos a los cuales no se cobrará esa información, tales como los consultorios jurídicos de las Facultad de Derecho de la Universidad de la República y las universidades privadas, la defensoría de oficio, la Suprema Corte de Justicia, y  otros organismos de la Administración central como la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva. 

El artículo 175 refiere a la vigencia del pasaporte. Se entiende que será un importante beneficio para la ciudadanía en su conjunto extender la vigencia del pasaporte que hoy es de cinco años a diez años. Este trámite será más cómodo y menos costoso para la ciudadanía en su conjunto.

El artículo 176 establece la creación de la unidad ejecutora 034, Dirección Nacional de Asuntos Sociales. La nueva Ley Orgánica Policial creó esta Dirección, que incorpora a la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial y a la Dirección Nacional de Sanidad Policial.

Con la creación de la nueva Dirección Nacional de Asuntos Sociales se busca centralizar en una única unidad todo lo referente a la seguridad social policial. La Dirección Nacional de Sanidad Policial y la Dirección Nacional  de Asistencia y Seguridad Social Policial comparten la tramitación de asuntos comunes. Esta situación le provoca al funcionario de la administración varios inconvenientes a la hora del recibimiento de dichos trámites, ya que genera burocracia y lentitud. Por esta razón, creemos que es muy positivo crear la Dirección Nacional de Asuntos Sociales para que todo lo relativo a la seguridad social policial esté en una única unidad.

                El artículo 177 –a los efectos de adecuar la Ley Orgánica Policial– suprime el cargo de Director nacional de Sanidad Policial.

                El artículo 178 –también a los efectos de dar cumplimiento a la Ley Orgánica Policial, Nº 19.315– crea algunos cargos como el de Director Nacional de Asuntos Sociales; el Subdirector Nacional de Sanidad Policial y el Subdirector Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial.

 En el Programa 423 «Información y registro sobre personas físicas y bienes», unidad ejecutora 031, se crea al Director nacional de Identificación Civil, y en el Programa 460, sobre «Prevención y represión del delito, unidad ejecutora 002, Dirección Nacional de Migración», se crea el cargo de Director nacional de Migración. El costo es de $ 5:548.722. Como ya se dijo, esta creación de cargos es a los efectos de dar cumplimiento a la Ley Nº 19.315, que es la nueva Ley Orgánica Policial.

Los artículos 179, 180 y 181 deben ser estudiados en su conjunto. El primero de ellos se refiere a la creación de cargos en la dirección nacional de Asuntos Sociales que tiene que ver con Sanidad Policial. Allí se crean 21 cargos de comisario mayor, técnico profesional; 48 cargos de oficial principal, especializado en Sanidad Policial, licenciado en enfermería; 206 cargos de cabo, especializados en Sanidad Policial, auxiliar de enfermería, y 23 cargos auxiliar de servicio. El costo es de $ 104:338.421. El objetivo de la presente norma es la creación de cargos para atender una serie de servicios en Sanidad Policial. Actualmente, el personal que desempeña tareas en el área del CTI lo hace en régimen de facturación de servicios, ya que la unidad no cuenta con cargos genuinos para esta especialidad. Asimismo, el hospital tiene déficit de auxiliar de enfermería, por lo que contrata servicios en régimen de facturación. Reitero que el costo de la presente norma es de $ 104:338.421 y se atiende con los fondos establecidos en el artículo 86 de la Ley Nº 13.640, Financiación 1.8.

El artículo 180 establece una compensación para los  médicos de alta dedicación. Los cargos de médico creados en el artículo anterior tienen asociado una remuneración de acuerdo al grado de comisario mayor, la cual está por debajo de la remuneración que se requiere para estos cargos de alta dedicación; de ahí la necesidad de crear una partida complementaria.

El artículo 181 refiere a la transferencia a Rentas Generales. La fundamentación es contribuir al financiamiento de la creación de estos cargos con recursos de la institución que representan una transferencia anual de          $ 307:000.000.

El artículo 182 atiende a las personas privadas de libertad. Sanidad Policial tiene a su cargo la atención de todas las personas privadas de libertad en todos los centros penitenciarios, excepto los que son atendidos por ASSE que son: el ex Comcar, Libertad, Punta de Rieles y cárcel de mujeres. Con la partida anual de $ 23:221.044 lo que se busca es dotar de los recursos necesarios para la atención de este programa.

El artículo 183 refiere a las transformaciones, es decir, a un ajuste de la nueva tabla de grados de la Ley Orgánica Policial. Como ustedes saben, en la Ley Orgánica Policial anterior, que es del año 1971 teníamos 14 grados, con esta nueva ley orgánica se establecen 10 grados. Este artículo establece, en primer lugar, la escala de oficiales: el nuevo grado máximo será comisario general (grado 10), que se integrará con los cargos de inspector general (grado 14) e inspector principal (grado 13); comisario mayor (grado 9), que se integrarán con los grados de inspector mayor (grado 12) y comisario inspector (grado 11), y comisario (grado 8), que se integrará con el grado 10 de comisario; el subcomisario (grado 7) de subcomisario, que se integrará con el subcomisario (grado 9); el oficial principal (grado 6) que se integrará  con el grado de oficial principal (grado 8), y el oficial ayudante (grado 5) –es el cargo de ingreso a la escala de oficiales–, que se integrará con los grados de oficial ayudante (grado 7) y oficial subayudante (grado 6).  Luego tenemos la escala básica. El suboficial (grado 4) se integrará con los grados de suboficial mayor (grado 6) y sargento primero (grado 5); el sargento (grado 3) se integrará con los grados de cabo (grado 3) y agente de primera (grado 2), y el ingreso a la escala básica –agente, bombero o guardia, grado1– se integrará con el grado de agente de segunda (grado 1), guardia de 2da. (grado1) y bombero de 2da. (grado1).

El costo de la puesta en funcionamiento de la nueva Ley Orgánica Policial es de $ 488:206.019. Como dije, con esta nueva Ley Orgánica Policial es necesario realizar adecuaciones de los grados policiales. Algunos son suprimidos –a los que hice mención– y deben transformarse en otros. Los beneficiarios de la nueva Ley Orgánica Policial son alrededor de 10.000 policías.

En el artículo 184 se realiza una adecuación del artículo 148 de la Ley Nº 16.170 y refiere a una compensación que cobran nuestros funcionarios policiales. La nueva Ley Orgánica Policial redujo los grados del escalafón ejecutivo e introdujo nuevas denominaciones a unidades ejecutoras. Entonces, con este artículo lo que hacemos es adecuar la terminología. Asimismo se incorpora al cobro de este beneficio al Director de la Unidad de Apoyo Tecnológico y se dan de baja algunos cargos que, al pasar a ser de particular confianza, no tienen el derecho al cobro de esta compensación.

El artículo 185 refiere a la creación del cargo de Director de Planificación y Estrategia Policial. A los efectos de dar cumplimiento a la nueva Ley Orgánica Policial, esta unidad tiene por cometido la planificación, asesoramiento, coordinación y supervisión de  las tareas encomendadas por el Director de la Policía Nacional. Tiene por competencia la gestión, la implementación y el seguimiento de las políticas diseñadas por el Director de la Policía Nacional, como ser policía comunitaria, gestión de calidad, violencia doméstica y seguridad rural. Es decir que en la estructura orgánica de la Dirección Nacional de Policía está en primer lugar el Director de la Policía, inspector Guarteche; en segundo lugar, el Subdirector de la Policía Nacional, inspector Raúl Perdomo, y luego vendría este cargo, que sería el Director de Planificación y Estrategia Policial.

Ahora me gustaría cederle el uso de la palabra al Subdirector General de Secretaría, inspector José Pedro Sesser, quien va a fundamentar a partir del artículo 186.

SEÑOR SESSER.- Señora Presidenta: en el artículo 186 se sustituye el artículo 16 de la nueva Ley Orgánica Policial, Nº 19.315. Allí se prevé que el cargo de Director Nacional de Bomberos no sea de particular confianza, sino de carrera. Así había sido establecido en el proyecto de Ley Orgánica Policial remitido por el Poder Ejecutivo en el año 2012, pero luego fue modificado en la discusión parlamentaria. Nosotros consideramos que este cargo debe seguir siendo de carrera y ocupado por un funcionario especializado en el combate de siniestros.

                El artículo 187 adecua la denominación del ex cargo de Director Nacional de Información e Inteligencia, que pasa a ser Director General de Información e Inteligencia. Esto también se hace a los efectos de dar cumplimiento a la nueva Ley Orgánica Policial.

                El artículo 188 incorpora al artículo 36 de la Ley Orgánica Policial un inciso en el que se establece que los literales G), H) y M) serán de aplicación exclusivamente para el personal del subescalafón ejecutivo. Es imprescindible aclarar esto dado que es necesario excluir de esos literales a los subescalafones de apoyo, o sea los de policía administrativa, policía técnica y policía especializada, a los que no les corresponde, como es lógico, los siguientes deberes: defender los derechos inherentes a la persona humana, aun con riesgo de su propia vida; mantener el orden y seguridad pública, previniendo, disuadiendo y reprimiendo el delito y la violencia en todas sus formas; y  finalmente velar por la vida, integridad física, honor y dignidad de las personas detenidas o bajo su custodia. 

Como se comprenderá son todas tareas que deben limitarse exclusivamente al personal policial que integra el subescalafón Ejecutivo, excluyendo a los subescalafones de apoyo.

                El artículo 189 sustituye el artículo 48 de la Ley Orgánica Policial –Ley Nº 19.315–, dado que la redacción anterior establecía que el personal policial de los subescalafones ejecutivo, administrativo, especializado y técnico-profesional se distribuirá en dos escalas: la de oficiales y la básica. En realidad, había sido un error incluir al subescalafón técnico-profesional como perteneciente a las dos escalas ya que, desde siempre, el personal que integra el subescalafón técnico-profesional –es decir, que tiene un título profesional universitario– siempre perteneció exclusivamente a la escala de oficiales.

                Basta que el artículo 48, en la redacción que se propone, haga una remisión al personal policial y establezca que en términos generales el personal se divide en dos escalas y luego, en otro artículo, establezca a texto expreso que el personal perteneciente al subescalafón técnico-profesional solo pertenece a la escala de oficiales.

                El artículo 190 es una supresión al inciso segundo del artículo 49 de la Ley Orgánica Policial porque, realmente, era una norma redundante. En este inciso no es necesario hacer una remisión específica a los subescalafones, dado que es un artículo que se aplica para todos ellos.

                El artículo 191 es al que hacía referencia en dos artículos anteriores. En él se adecua la Ley Orgánica Policial a lo que hoy es el subescalafón técnico-profesional. Así pues, se agrega un inciso final que establece que el personal del subescalafón técnico-profesional pertenecerá a la escala de oficiales. Además, se establece a texto expreso que el personal del subescalafón técnico-profesional pertenece solo a la escala de oficiales.

                El artículo 192 es otra adecuación a la Ley Orgánica Policial. Se sustituye el primer inciso del artículo 50 y en el texto se elimina la referencia a que se trataba del personal perteneciente al subescalafón ejecutivo, porque es necesario incluir –por omisión no se había hecho en ese artículo– al resto de los subescalafones: PA y PE.

                La redacción anterior decía lo siguiente: «El personal integrante de la Escala Básica de la Policía, perteneciente al subescalafón ejecutivo, se dividirá en:». Ahora se elimina esa mención al subescalafón ejecutivo incluyendo a todo el escalafón, independientemente de si es el subescalafón ejecutivo o los subescalafones de apoyo.

                El artículo 193 representa otra adecuación a la Ley Orgánica Policial. Donde se establecía «concursar para el ascenso» se modifica el texto y se establece «ascender» porque, tradicionalmente en la Policía, el tiempo mínimo se requirió para ascender y no para el concurso. Si computa el tiempo mínimo, el policía tiene derecho al ascenso –siempre y cuando cumpla con todos los requisitos para ello– y no al concurso. Se sustituye el primer inciso del artículo 69 de la Ley Orgánica Policial en ese sentido.

                El artículo 194 es una adecuación de la Ley Orgánica Policial en lo que tiene que ver con el régimen disciplinario policial. Allí se modifican los artículos 81, 82, 83, 84, 86 y 89.

                Con respecto al artículo 81, la modificación responde a la necesidad de establecer denominaciones claras para las diferentes formas de suspensión como sanción. En ese sentido, existen dos tipos de suspensiones que varían según la gravedad de la sanción, cuyos efectos son diferentes –tal como surge del artículo 82 de la Ley Orgánica Policial– y que son: la suspensión simple en la función y la suspensión rigurosa en la función.

                Por otro lado, se llena un vacío legal que estuvo presente en la Ley Orgánica Policial aprobada, que no es otro que el sistema sancionatorio para el personal en situación de retiro. A su vez, se realizan ajustes normativos estableciendo, específicamente, para la suspensión simple en la función una suspensión en la prestación del servicio que deberá oscilar entre uno y quince días, mientras que para la suspensión rigurosa en la función, será de uno a seis meses.

                La modificación al artículo 82 refiere  a los efectos de la sanción. Se sustituye la palabra subalterno por subordinado. El subalterno, según la Ley Orgánica Policial, es aquel funcionario que con respecto a otros, tiene un grado inferior en la escala jerárquica, mientras que el subordinado es todo policía que depende directamente de un superior por razones de servicio u organización. Lo correcto –siempre fue así, incluso está en el actual Reglamento General de Disciplina– es que la potestad sancionatoria se desarrolle entre un superior por razones de servicio y su subordinado, y no específicamente con el subalterno.

                Para la hipótesis de la suspensión simple en la función, esta redacción aclara los efectos jurídicos de su aplicación. A los efectos de lograr una mejor redacción, se menciona de manera expresa que la misma consiste en el cese temporario del policía en todas sus funciones de uno a quince días con privación total del sueldo. Para la suspensión rigurosa se realiza la aclaración estableciendo, expresamente, que dicha sanción consiste en el cese temporario del policía en todas las funciones por un plazo de uno a seis meses. A su vez, se aclara que cuando sea entre uno y tres meses, la misma será sin goce de sueldo o con la mitad del sueldo, según la gravedad del caso, y cuando exceda dichos términos, será siempre sin goce de sueldo.

                Eso tiene relación con el nuevo régimen disciplinario que regirá a partir del 1º de enero en el que se sustituye la multa como sanción disciplinaria que actualmente rige, por el cual el funcionario está obligado a prestar servicios y se le sanciona con una multa pecuniaria. Aquí la suspensión simple y la suspensión rigurosa consisten en el cese temporario de sus funciones.

SEÑOR MINISTRO.- Más allá de lo prologando de la explicación por ser compleja, esto viene a corregir lo que estaba planteado en la Ley Orgánica Policial anterior en la que existían dos formas de sanción: la pecuniaria y el arresto a rigor.

                En determinado momento suprimimos el arresto a rigor y se cometió una serie de abusos. Incluso, hubo policías que hicieron sancionar para poder realizar changas, con las que cobraban más, y luego retomaban su trabajo. Mantuvimos la suspensión del arresto a rigor cuando tuvimos que aplicar la sanción pecuniaria que consistió en que igualmente trabajaran pero se les descontaba el sueldo. Eso motivó una serie de quejas de todo tipo, incluso en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, a nuestro juicio con razón, por no contar con una normativa que corrigiera esa situación. Esto nos lleva a una escala sancionatoria mucho más parecida a lo que pasa con un funcionario civil y establece, además, un orden de méritos y deméritos que facilita el ascenso y dificulta el ascenso si no tiene buena conducta, pero corrige un problema que era real y que no pudimos solucionar antes. Ese es el sentido de este nuevo sistema.

                Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR SESSER.- La modificación del literal C) del artículo 83 correspondiente a las faltas graves corrige el margen sancionatorio para la suspensión simple en la función, que  establece que será de 1 a 8 días.

                También se modifica el literal B) correspondiente a las faltas graves que corrige el margen sancionatorio para la suspensión simple en la función, que será de  9 a 15 días, y en el caso de la suspensión rigurosa como falta grave se establece de manera expresa que consiste en la suspensión de uno a tres meses. El literal A) correspondiente a faltas muy graves,  establece a texto expreso que la suspensión rigurosa en la función será de cuatro a seis meses.

                Todas estas modificaciones van en la misma línea de lo que decía recién el señor Ministro, respecto a dar las mayores garantías al personal para que quede perfectamente delimitado cuál es el margen de sanción cada vez que cometan un falta, graduándola en función de si es leve, grave o muy grave.

                 Donde el artículo 84 decía «sanciones disciplinarias de suspensión mayores a treinta días» se sustituye por «suspensión rigurosa en la función», que es el nombre asignado a este tipo de sanción.

                En la redacción anterior del artículo 86 quedaba establecido que las sanciones aplicables por concepto de faltas graves solamente podrían ser dispuestas por el jerarca de la respectiva unidad ejecutora. Resultaba pertinente establecer que esto no implicaba una desconcentración privativa, por lo que se agregó la palabra «también» y se incorporó  la potestad sancionatoria a las direcciones generales correspondientes.

                El artículo 89 establecía un plazo que resultó muy corto para la prescripción de las faltas –era de un año para las faltas graves y muy graves–, más aún cuando en el régimen civil todos sabemos que es de seis años y que la nueva Ley Orgánica Policial prevé un régimen sancionatorio para el personal en situación de retiro. Se propone que sea de cuatro años.

                El artículo 195 también refiere a la adecuación de la Ley Orgánica Policial para validar cursos y concursos de pasaje de grado para el personal que los haya efectuado para grados que se suprimen a partir del 1º de enero de 2016. El objetivo de esta norma es reconocer los cursos realizados bajo la vigencia de la anterior ley orgánica y de esa manera no lesionar los derechos y las expectativas de ese personal.

                El artículo 196 refiere al reconocimiento de calificaciones. Tiene como objetivo llenar un vacío que se daría en el año 2016, dado que el nuevo sistema de calificación recién va a regir a partir del 1º de enero de dicho año, por lo cual va a tener efecto sobre los ascensos de 2017 en adelante. Había un vacío sobre cómo se llenaban las vacantes que se producirían en el correr del año 2016. El artículo 196 lo aclara y se van a llenar con las calificaciones que se confeccionarán al 30 de noviembre de este año, de acuerdo con el sistema anterior a la vigencia de la Ley Nº 19.315.

Finalmente en lo que a mí respecta, el artículo 197 tiene como objetivo extender a todas las jerarquías el régimen para ocupar vacantes que ya estaba previsto en la Ley Nº 19.149. Esta ley preveía que cuando se agotaba la lista de personal calificado y aún quedaban vacantes sin cubrir, se recurría a un sistema supletorio, que estaba establecido únicamente para los oficiales superiores. Ahora se entendió pertinente extenderlo a todo el personal policial para el caso de que las vacantes no se puedan llenar por el sistema ordinario.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 198 es una sustitución al artículo 224 de la Ley Nº 18.719, que es la ley de presupuesto anterior. Se trata de una rebaja de crédito que se nos hace de $ 6:000.000. Con la nueva redacción, la partida que tenemos para contratos zafrales es de $ 10:983.280. Básicamente esa sería la fundamentación.

                El artículo 199 es una sustitución al 140 de la Ley Nº 19.149, que es la de rendición de cuentas de 2013. En aquel momento lo que se estableció fue que cuando ocurría el hurto o rapiña de un teléfono celular, la persona lo podía denunciar en la compañía. Según esta nueva redacción, la persona lo puede denunciar en nuestras jefaturas de policía o en las direcciones nacionales o generales especializadas en lo que tiene que ver con investigación criminal. Esa denuncia será remitida por un canal a las compañías Movistar, Claro o Antel, para que puedan darle de baja al Imei, que es el número identificatorio del aparato celular. Es decir, esto busca evitar la comercialización de los aparatos celulares hurtados o rapiñados, es decir, inhabilitar su uso. Las empresas lo que deberán hacer es bloquear todo equipo celular cuyo Imei haya sido denunciado por extravío, hurto, rapiña u otro ilícito contra la propiedad. Existe acuerdo con las compañías de celulares que operan en el territorio nacional, las que nos pedían este cambio. Esta nueva redacción fue realizada en conjunto y, básicamente, esa es la fundamentación del artículo 199.

SEÑOR CAMY.- Saludo la presencia del señor Ministro y las autoridades que lo acompañan, representando al Ministerio del Interior.

                Hemos seguido con atención la exposición, tanto del marco genérico introductorio como de cada uno de los artículos. Preferimos escuchar con atención, fundamentalmente por economía de tiempo, y hacer algunas preguntas concretas que nos puedan despejar dudas, sin aludir a los aspectos en los que discrepamos, ya que no tendría sentido.

                Específicamente, el artículo 141 señala la creación de un programa de alta dedicación operativa, tal como se explicó, en condición de exclusividad y flexibilidad horaria, con mejor remuneración y orden directa del jerarca, en términos de full time. A esos efectos, se propone un incremento importante del gasto y se destinan USD 4:700.000. Por nuestra parte respaldamos la propuesta, porque conlleva el objetivo de profesionalizar y de disponer de más recursos para la tarea principal que compete al Ministerio. Pero la pregunta es si ya se ha determinado el lugar o las áreas geográficas en donde se va a concretar la aplicación de los recursos humanos que define este programa. Al final del artículo se establece que el Poder Ejecutivo va a reglamentar la disposición en un plazo de 120 días. Quisiera saber si esta determinación va a surgir de la reglamentación o ya está prevista, porque tengo entendido –no sé si fue así–, que en ocasión de discutirse el tema en la Cámara de Diputados, en un principio estaba establecido que la totalidad de los efectivos fuera para el área metropolitana y después se decidió que fuera para todo el país, dejando la determinación final para la voluntad del Poder Ejecutivo. Me interesa saber si esta especificidad de nuevos funcionarios está vinculada a la alta dedicación precisamente para aplicar con un criterio genérico o si es un mayor requerimiento de las áreas metropolitanas, que es donde se está concentrando el delito y fundamentalmente el delito complejo.

                Otra pregunta tiene que ver con los artículos 151 y 146, que fueron incorporados por iniciativa del Partido Nacional en la Cámara de Diputados. Estas disposiciones tienen que ver con la contratación de becarios para la Dirección General de Bomberos, de la misma manera que en la iniciativa original estaba para el apoyo administrativo a seccionales policiales. En este caso se incrementa el gasto en aproximadamente USD 2:234.000. Además, se da también un cambio que particularmente respaldamos y al que le vemos lógica, tratándose del Ministerio del Interior. Concretamente, se modifica el régimen que había creado el artículo 51 de la Ley Nº 18.719, otorgándole más plazo, una prórroga al contrato original que tenían los becarios e incluso más remuneración. Me parece que esto es lógico en unidades ejecutoras que requieren de cierto tecnicismo y conocimiento. La pregunta es si la Dirección Nacional de Bomberos o el Ministerio del Interior ya ha establecido cuáles serían las dotaciones de bomberos existentes en las que podría ingresar personal por cualquiera de las dos vías en este período o si estos ingresos se van a dar en las que se vayan a crear. Si así fuera, me gustaría saber si existe una prelación de los destacamentos que, nos consta, en muchos lugares del interior de la república se están solicitando. Lamentablemente, como en todas las cosas, la demanda supera a la oferta posible, pero quisiera saber si en esa prelación pueden pesar aquellos lugares que tengan disponibilidad de terreno o un local de otro organismo, sea del gobierno departamental o de la propia sociedad civil organizada de la localidad.

                Finalmente, en el artículo 155 se autoriza a contratar 2.000 personas para cumplir servicios especiales según lo previsto en el artículo 273 de la Ley Nº 12.376. En ese caso me gustaría saber qué tipo de servicios especiales son. ¿Esto es lo que se denomina «policía comunitaria»? ¿Este es el servicio de naturaleza contractual que se tiene con los gobiernos departamentales o entes autónomos, que, por ejemplo, en algunas lógicas con las intendencias, opera cuando policías son requeridos para el servicio de tránsito y se traslada un porcentaje de las multas a la seccional por ese concepto? Me gustaría tener algún ejemplo más concreto en este sentido.

En otro orden de cosas, quiero felicitar al Ministerio porque me parece que involucra una medida muy positiva, que en otras áreas del Estado –nos consta– ha dado resultados buenos. Me refiero al artículo 154 y el proyecto denominado Pelota al Medio a la Esperanza. Al respecto, quería simplemente preguntar si en esta lógica está involucrada, o puede estarlo, la Fundación Celeste. Lo pregunto porque me consta que otras entidades del Estado tuvieron una exitosa participación en modalidades similares y, a su vez, tengo entendido que en oportunidad de tratarse esta misma norma en la Cámara de Representantes, compareció la Fundación Celeste, cuya representación solicitó ser contemplada en este presupuesto. Es por eso que formulo la pregunta.

Finalmente, quisiera preguntarle al señor Ministro si considera que esta es la instancia –si no, quedaremos a su disposición porque es de nuestro interés–, si técnicamente el área metropolitana en Uruguay, como nueva definición urbana, requiere de una mirada especial a los efectos específicos de la conducta delictiva, de la estadística delictiva y, por tanto, de la demanda de atención del Ministerio. La pregunta es si esta problemática se contempla de esa manera. Muchas veces,  o por lo menos desde este lado del mostrador, se observa al Uruguay de acuerdo a su división política, administrativa o departamental, pero hay regiones que tienen comportamientos diferentes. A modo de ejemplo, basta ver el crecimiento intercensal para darse cuenta que, por ejemplo, Ciudad del Plata, en San José, no puede tener la misma consideración que cualquier otra entidad urbana de ese departamento, incluida la propia capital.

Queríamos saber si en ese caso la lógica es observar desde el Ministerio del Interior según la acción que le corresponde a la Jefatura de Policía, o hay un ámbito de coordinación, de especificidad técnica del cuerpo policial que atienda el comportamiento de esta nueva definición urbana que tiene el país.

Muchas gracias, señora Presidenta; muchas gracias señor Ministro y colaboradores.

SEÑOR MINISTRO.- Solamente voy a responder las dos últimas preguntas, y después derivaré las respuestas de las otras.

                La más fácil de responder es la pregunta que tiene que ver con el proyecto Pelota al Medio a la Esperanza y la Fundación Celeste. Esta no está involucrada con el presupuesto del Ministerio, sino que tiene su independencia, pero Pelota al Medio a la Esperanza coordina muchas veces con Fundación Celeste. El año pasado, después de un campeonato en el que intervinieron veinte liceos considerados por Educación Secundaria como de zonas problemáticas, se formó una selección que compite en la liga universitaria; el padrino de esa selección es Lugano. Él se fue del país, pero se sigue conectando con ellos por mail. Pero esto lo hizo en calidad de integrante de la Fundación Celeste. También participan en otras cosas. Ese campeonato tiene como objetivo tratar de retener estudiantes en los centros de estudio y el requisito es que solamente pueden participar en esos campeonatos muchachos y muchachas que estén cursando en los liceos de la capital. Así que, en ese sentido, la Fundación Celeste, aunque no forma parte de ese programa del Ministerio, sí coordina algunas acciones.

                Respecto a si el área metropolitana requiere de una mirada especial, efectivamente es así, y este presupuesto está hecho sobre esa base. O sea, que se incluyen medidas para el área metropolitana que, por cierto, no es solo Montevideo, sino también Canelones, fundamentalmente una parte de la ruta 5, la ruta Interbalnearia –la costa– y San José, en las inmediaciones a que se refiere el señor Senador. Eso es lo que consideramos área metropolitana.

                La respuesta a la primera pregunta por parte del inspector Guarteche referirá justamente a encarar el área metropolitana de forma diferente. Los 1.000 policías que originalmente fueron pensados para tres departamentos, no abarcan todo el departamento de San José sino la zona a la que se refiere el señor Senador, pero –como dije– esa pregunta la va a responder el inspector Guarteche.

                Recalco es que sí se requiere una mirada especial, porque el porcentaje de  rapiñas de todo el país nos muestran que el 84% se da en Montevideo y el 12%, en Canelones, pero  de ese 12%, el porcentaje más alto, está en el área metropolitana; estos porcentajes cambiaron, pero muy poco. Es decir que más del 90% de las rapiñas del país se realizan allí y por eso se requiere una mirada especial.

                El inspector Guarteche va a responder la primera pregunta.

SEÑOR GUARTECHE.-  La criminalidad actual sufrió cambios, especialmente en tres aspectos: cantidad, movilidad y mentalidad.

La cantidad se explica por sí sola. En realidad, más allá de la delincuencia habitual, desafortunadamente en los últimos tiempos notamos un crecimiento de individuos que no tienen ningún tipo de antecedentes y provienen de clases sociales medias. 

La movilidad tiene que ver la dinámica de las decisiones que toman los delincuentes con respecto a horarios, cambio de zonas y el traslado de una a otra, e incluso, los cambios de tipos delictivos.

La mentalidad está relacionada con la agresividad, el accionar colectivo y la justificación de personas que los rodean.

En base al tema de la movilidad, se decidió establecer una contrapartida para contrarrestar el nuevo accionar de los delincuentes. Fue así que se optó por contar con  personal disponible en los horarios porque, de acuerdo con los estudios que hacemos, la comisión de delitos cambia a diario. Por eso, permanentemente utilizamos la georreferenciación y esta Administración pone el acento en que las personas denuncien los delitos porque nos permite establecer cuáles son los puntos calientes. Tenemos programas que nos permiten tener una idea de dónde operará la delincuencia y dónde va estar el próximo raid delictivo. De esa manera, podemos planificar diariamente las zonas que debemos intervenir y en qué horarios. Por esa razón, necesitamos un personal que esté dedicado y que pueda realmente tener esa capacidad de presentarse a la hora que requiramos el servicio.

Con respecto a lo que decía el señor Ministro del área metropolitana, obviamente que para nosotros es un área de muchísima preocupación. Hay reuniones semanales y contactos directos diarios entre las unidades operativas que trabajan en esa área. Ahora bien, nosotros también identificamos otras áreas. Por ejemplo, tenemos un coordinador en la frontera con Brasil –que se relaciona con las distintas policías que tiene Brasil– y otro con Argentina, porque esas fronteras tienen características diferentes. Obviamente que si mañana cambiara la situación y se trasladara hacia otro departamento del interior, deberíamos cambiar y agregar personal en esos lugares.

La redacción original refería al área metropolitana, pero luego en la Cámara de Representes se dejó abierta la posibilidad para que pueda aplicarse a cualquier departamento del país.

SEÑOR CARRERA.- Como dijimos, el artículo 146 está inserto en un programa de mejora de atención ciudadana que, en principio, está destinado a las seccionales policiales con asiento en Montevideo; consideramos que es importante profundizarlo.

                Creemos que la línea correcta sería que en todas las seccionales policiales del país hubiera becarios que estuvieran preparados para realizar esta tarea: tomar la denuncia y realizar las comunicaciones pertinentes, a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, a las fiscalías y a los jueces. En la Cámara de Representantes se hizo esa modificación que se incorporó a la Dirección Nacional de Bomberos, pero nuestra intención es aplicarlo únicamente a las seccionales policiales de Montevideo. Concretamente, apuntamos a la contratación de 225 becarios –es el fondo presupuestal por este artículo 146– para que realicen estas tareas en las 25 seccionales policiales, más las unidades especializadas en violencia doméstica. En principio, esa sería nuestra intención.

                En el artículo 151 se deja la posibilidad abierta de solicitar el pase en Comisión de funcionarios militares. Esta podría ser una buena intención, pero traería aparejados otros problemas como, por ejemplo, la remuneración que, de acuerdo con el principio de que «a igual tarea, igual remuneración» debería estar relacionada. Este artículo tendría que estar relacionado con una partida para que, si se diera el pasaje de algún funcionario militar a desempeñar tareas en la Dirección Nacional de Bomberos, debería cobrar esa compensación por ese principio que acabo de mencionar.

                Frente a los muchos requerimientos que a nivel nacional tenemos de nuevos destacamentos, proponemos crear algunos mixtos en ciertos lugares; esto es, que haya algún funcionario de la Dirección Nacional de Bomberos que tenga la especialidad profesional y que estén preparados los policías de las seccionales policiales. Por ejemplo, en Tomás Gomensoro es así y al lado de la seccional policial hay un pequeño móvil contra incendios. Por su parte, en Palmitas, hay bomberos voluntarios y bomberos de la Dirección Nacional de Bomberos.

                Creemos que en esta Administración debemos profundizar esta línea y trabajar sobre un estatuto jurídico para el bombero voluntario. Tenemos que asegurar que el bombero voluntario esté en el cuartelillo de bomberos esa jornada. Para ello, se deberá trabajar sobre una normativa para que no se le descuente ese día de trabajo. En algunos países, por ejemplo, se le otorga una deducción impositiva y puede deducir de su cuota parte IRPF. Esa es la línea que nos proponemos profundizar.

                Actualmente, la Dirección Nacional de Bomberos tiene cerca de 1.800 funcionarios. Insisto: esa es la línea que debemos profundizar porque hay requerimientos y demandas del interior del país a las que vamos dando respuestas de esta manera.

                Existen proyectos exitosos que hicimos en conjunto con el señor Senador Besozzi y la señora Senadora Ayala cuando se desempeñaron como Intendentes. Esos proyectos, aunque diferentes, anduvieron bien y nos proponemos seguir explorando en esa línea.

                Hace dos semanas estuvimos con la alcaldesa de Guichón, en Paysandú, porque allí está todo pronto para inaugurar un destacamento mixto, en el que habrá algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Bomberos, radicados en Guichón, pero hay también una lista de cerca de veinte voluntarios. Debemos asegurar que el voluntario esté a la orden. Además, existe un decreto reglamentario de la Administración anterior que autoriza a contratar un seguro del Banco de Seguros del Estado por cualquier siniestro. De todas maneras, tenemos que seguir profundizando en esa línea a tal punto de que se dicte una ley relativa a bomberos voluntarios.

Por nuestra parte, estamos averiguando acerca de derecho comparado para poder presentar un proyecto de ley.

Para analizar el artículo 155 corresponde que haga uso de la palabra el inspector Sesser.

SEÑOR SESSER.- El artículo propone duplicar el cupo que actualmente tenemos a nivel nacional de 1.000 cargos de eventuales en todo el país a 2.000.

                Con relación a la consulta que formuló el señor Senador en cuanto a la actividad que cumplen esos policías, quiero señalar que es una actividad que está vigente desde el año 1957, pero que cayó en desuso durante muchísimos años. Con la reducción de las horas por el artículo 222 que se estableció en la Ley de Presupuesto de la Administración anterior, fijándose en nada más que en 50 horas mensuales, las entidades públicas, los Entes autónomos y las Intendencias requieren policías a los efectos de cumplir tareas de apoyo, ya sea en el tránsito, realizando medidas de inspección, en el Banco de la República, en lo que tiene que ver con la custodia de sus sucursales, agencias o blindados. Entonces, el requerimiento hizo que esos 1.000 cargos quedaran cortos. Ahora bien, el ingreso y la capacitación de esos policías son exactamente iguales a los del policía común que ingresa a las vacantes presupuestales con la única excepción de que durante el tiempo que permanezca en esa condición de eventual no tiene derecho a la carrera policial. En la medida en que se van produciendo vacantes dentro del presupuesto esos policías eventuales son regularizados en cargos presupuestales y adquieren la totalidad de los derechos inherentes a la carrera policial. No sé si con esto contesté el requerimiento del señor Senador.

SEÑOR CAMY.- Quedaron plenamente evacuadas las interrogantes, aunque hubo una sola pregunta que no se respondió específicamente, quizás, porque no fui claro.

                Con respecto a las actas que van a surgir de la creación del programa de alta dedicación operativa, si bien se define que esos hasta 1.000 agentes serían vinculados a todo el país, quiero saber si tiene alguna estimación –con el mismo criterio que el Director Carrera, por ejemplo, establecía que en principio los becarios serían 225, y prácticamente la totalidad se destinarían a las 25 seccionales de Montevideo y a las dependencias de la violencia doméstica– de los lugares a los que serían destinados.

                Los artículos 147 y 148, que crean 240 cargos de agentes de primera y aquí se sugirió que se destinaran a Maldonado, 50 cargos para Rocha; quisiera saber si ya se ha establecido dónde se generarían los 240 lugares.

                Finalmente, tengo una duda sobre la que recién conversábamos con el Senador Besozzi. En el interior del país –supongo que ha ocurrido lo mismo en la capital– han proliferado experiencias que han sido muy novedosas y positivas de incorporación a pequeña escala, inclusive en localidades pequeñas, de cámaras de seguridad, donde hay un involucramiento de vecinos y apoyo de la sociedad. Pero me gustaría saber si de acuerdo con la lógica del Ministerio hay amplitud en el sentido de avanzar en esa dirección y si existe un compromiso de los gobiernos departamentales o de sectores organizados de la  sociedad –sabemos que eso ocurre con los centros comerciales e industriales que colaboran– en esta materia. Asimismo, quisiera saber a qué está supeditado esto, aunque por supuesto supongo que dependerá de la definición técnica y de comando que tiene que hacer la policía. Me refiero a si existe una visión de apertura en el aspecto económico, hasta tanto puedan concretarse los aportes de terceros o si se está pensando que haya una inversión directa del Estado en el futuro.

SEÑOR GUARTECHE.- Con respecto a la primera pregunta del señor Senador, tenemos pendiente de aprobación la designación de 500 efectivos para la Jefatura de Policía de Montevideo, 250 para la de Canelones, 200 para la Guardia Republicana, que puede ser desplegada en cualquier parte del territorio nacional y 50 para la Jefatura de Policía de San José. Eso está por fuera de las otras cifras que se manejaron aquí y son específicamente compensaciones para los funcionarios que van a dedicarse exclusivamente a combatir el delito.

SEÑOR CARRERA.- En cuanto al artículo 147, en principio, nos estamos proponiendo gerenciar, a partir del año que viene, los recursos humanos del Ministerio del Interior a nivel nacional. Por ejemplo, yo soy de Rivera y siempre le digo al Director de la policía que no es necesario hacer más ingresos en aquel departamento, por lo que si se producen vacantes habría que ingresarlas en otra parte del país. En este momento, tenemos detectada una necesidad de recursos humanos, de acuerdo con un estudio de relación entre la población y el número de policías, por ejemplo, en Ciudad del Plata, en San José. Ahí es necesario incorporar –y así nos lo hemos propuesto para el año que viene– 50 policías. El señor Senador Camy es de San José y sabe que allí se construyó una seccional de primer nivel, pero es necesario ahora instrumentar un servicio adecuado. En Rocha, por ejemplo, hemos identificado la necesidad de 50 policías, ya que allí debimos corregir una situación concreta, puesto que la unidad especializada en violencia doméstica cerraba de noche, que es el momento en que más se necesita ese servicio. En Maldonado, por su parte, también es necesario incorporar más policías. Finalmente, me interesa mencionar lo que se conoce como el eje de la costa de Canelones, ya que allí es necesario incorporar efectivos. En ese departamento hay una realidad delictual muy diferente a la del resto de los departamentos. Canelones se puede dividir en tres partes: el eje de Ciudad de la Costa, el eje del santoral y, por último, el eje de la Ruta Nº 5. Donde existe una problemática más seria es en el primer eje y en el tercero. En ese departamento debemos atender una situación concreta, que es la de que los policías de Canelones, en un gran número, residen en el eje del santoral y con la compensación de alta dedicación pensamos incentivar a esos efectivos para que se trasladen a los lugares donde de acuerdo con los sistemas de información se producen más delitos, que son los ejes de la costa y de la Ruta Nº 5. En principio, entonces, pensamos que esos 147 policías serían destinados a esos lugares que he mencionado.

                Con respecto al tema de la inversión en tecnología, tenemos el compromiso de hacer una fuerte inversión en el sistema de comunicación Tetra, que es seguro y referenciado. Precisamente, este año ya estamos haciendo una inversión apuntando a mejorar la capacidad de la zona metropolitana, concretamente Montevideo y Canelones, incorporando a San José más adelante. Por otra parte, pensamos extender el sistema desde Salto hasta Rocha, en principio, en este mismo quinquenio. Se trata de un sistema de comunicación muy caro, pero tenemos el compromiso de completarlo en esta Administración.

En cuanto a la inversión de las cámaras, el Ministerio ha asumido esta iniciativa en determinados lugares. Por ejemplo, hace poco el señor Ministro lanzó la licitación en Florida. Había intenciones de colocarlas en el centro comercial. Ese día, incluso, se sumó la intendencia de Florida que participará.

                Hay diferentes realidades –como Rocha–, pero el compromiso es seguir en esta línea de invertir fuertemente en tecnología en las cámaras.

                Insisto, tenemos diferentes realidades. Por ejemplo, en Maldonado el intendente está hablando de crear una tasa de seguridad para generar un gran sistema de cámaras de video vigilancia para la seguridad pública –que es competencia del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional–, el tránsito y para Prefectura. El Intendente está liderando ese proceso, donde la idea sería cobrar una tasa de seguridad a los beneficiarios. Eso está en tratativas.

                Por ejemplo en San José, se inició este proceso por iniciativa del señor Intendente Falero –que administró en el período anterior pero lo completamos nosotros– y hay un mayor espacio con cámaras.

                En Canelones ya se agregaron en Las Piedras y dentro de poco se ubicarán también en Pando.

                Esta es una línea de trabajo en la que se debe seguir profundizando.

                Hay otros lugares donde ya hay sistema de vigilancia, como Treinta y Tres, Rivera y Paysandú. La señora Senadora Ayala me mira feo como diciendo: hay que llegar a Artigas. En  fin, hay muchos lugares.

                Generalmente los acuerdos son por tercios. Es decir: un tercio lo abona el Gobierno departamental, un tercio el Ministerio del Interior y un tercio los comerciantes. En algunas oportunidades si se les dificulta a los comerciantes, se acuerda 50% y 50%. Es una línea que estamos explorando y el compromiso fuerte es de invertir.

                También tenemos un compromiso de invertir fuerte en infraestructura policial. Se ha invertido mucho en la infraestructura de Montevideo para mejorar las seccionales policiales y ya tenemos un relevamiento de todas las seccionales policiales que tengan asiento en la capital departamental. Hay más de 400 unidades policiales a nivel nacional, por cuanto en una primera etapa el compromiso es abarcar lo que tiene que ver con las sedes de las seccionales policiales, situadas en las capitales departamentales.

                En el caso de los centros poblados de menor jerarquía se hacen acuerdos con Mevir, lo que se ha explorado mucho.

En definitiva, hay un compromiso de invertir fuerte en infraestructura y tecnología, de acuerdo con lo que nos proponemos en esta administración.

                Nos están preparando el despliegue de cámaras en la zona metropolitana. En Montevideo el compromiso es invertir fuertemente en los centros comerciales y educativos. Por ejemplo, en algunos balnearios de la costa de Canelones no se pondrán cámaras –como en Cuchilla Alta–,  pero sí en los puestos de ingreso y salida del balneario, para que haya un lector de matrículas y pueda contarse con evidencias, en caso de que pase algo, a efectos de poder investigar luego.

SEÑOR GARCÍA.- El articulado de la ley de presupuesto debería estar vinculado al objetivo principal del Ministerio del Interior, que es el de preservar y garantizar los mayores márgenes de seguridad a la población.

                Todo este articulado, que incluye cargos de confianza, modificaciones de los números de las reparticiones, etcétera, debería estar dirigido a ese objetivo principal.

                Un estudio de opinión pública de las últimas horas, que hace un seguimiento del estado de preocupación de la gente en diferentes áreas, decía que hoy en Uruguay una de cada  dos personas siente miedo de ser violentada en forma inmediata –es decir en breve plazo–, lo cual no es ninguna novedad. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los que estamos aquí siente el mismo miedo que el resto de la gente o, al menos, ha sido víctima de hechos de violencia, por lo menos en alguna oportunidad reciente.

                Los números oficiales publicados por el Ministerio del Interior muestran que uno de los delitos más violentos ha tenido una escalada significativa y dramática en los últimos años. Las rapiñas –que es el delito al que me estoy refiriendo–, según las cifras oficiales muestran que cuando asumió el Gobierno del Frente Amplio en el año 2005, las rapiñas estaban en 9.142, que se desglosaban en 8.352 consumadas y 790 tentativas. En 2009 –era el segundo Gobierno del Frente Amplio y asumía en el Ministerio del Interior el señor Bonomi, que va por el sexto año de gestión–, las rapiñas alcanzaban las 12.459. Al final de 2014, las rapiñas eran 20.097; es decir, no solo aumentó al doble desde cuando asumió en 2005 el Gobierno del Frente Amplio, sino que se produjo un incremento muy significativo durante la gestión del Ministro Bonomi. Además, según las cifras oficiales, al final del primer semestre de 2015, el número de rapiñas consumadas –que era de 8.352 consumadas y 790 tentativas– era de 10.534.

                Las cifras oficiales –dadas por el Ministro Bonomi en la Comisión de Seguridad que integro– muestran que en el transcurso de este año, no solo no habían disminuido, sino que habían aumentado, si no me equivoco en un 1%; es decir, este año va a terminar con más rapiñas que el año pasado.

                Esto hay que atarlo inexorablemente –estamos finalizando el año y dentro de pocos meses concluirá el primer año de la tercera gestión del Gobierno del Frente Amplio– a que todo hace prever que puede haber un aumento; incluso, hasta podemos afirmar que no va a haber una disminución. ¿Por qué no va a haber una disminución? Porque hay que atarlo con que dentro de poco tiempo va a terminar el primero de los cinco años del actual Gobierno del Frente Amplio y este deberá enfrentarse al compromiso electoral que hizo el Presidente Vázquez cuando era candidato, en el sentido de que las rapiñas se iban a bajar un 30%. Al momento, la realidad indica que no solo no han bajado, sino que han aumentado. Si uno mira el último período puede ver que ha habido un aumento dramático durante la gestión del Ministro Bonomi.

                Con respecto a los homicidios, desgraciadamente vamos a terminar el año con cifras durísimas y dramáticas.

                Me gustaría saber si el señor Ministro Bonomi tiene algún plazo previsto para dar cumplimiento a algo que es la mayor preocupación que tenemos todos los uruguayos: la seguridad pública, la seguridad de las personas y de la familia que reclaman que se garantice su seguridad y se cumpla con lo que se prometió y, a la vez, con lo que mucha gente creyó y confió, y era que iban a disminuir en un tercio las rapiñas. Y vuelvo a decir: no solo no ha habido disminución –mucho menos una disminución significativa–, sino que tenemos información de que ha habido un aumento.

                Concretamente, señora Presidenta, le pregunto al Ministro: ¿cuáles son los plazos que el Ministro prevé para cumplir con la promesa electoral de reducir las rapiñas?

SEÑOR MINISTRO.- Señora Presidenta: se establece el comienzo en  2005 con 9.142 rapiñas, pero también se podría empezar en 1985 y pasar a 1990, 1995 o 2000. Entonces, tendríamos que decir que en ninguno de esos períodos bajó el número de rapiñas; en todos aumentó. Lo mismo podría decir con respecto a los demás delitos. Pero, al fin y al cabo, los números por sí solos no explican la situación.

                En la otra oportunidad que concurrí a la Comisión dije que la situación era peor que la que surge de mirar números. El inspector recién hizo referencia a cantidad, calidad, frecuencia y mentalidad. A mi entender, lo peor es la mentalidad, y no la vamos a entender enumerando cantidades; hay que ver qué es lo que está pasando.

                Entonces, el Presupuesto está hecho para atender los problemas de seguridad y, en ese sentido, entendemos que lo que más afecta a la población son las rapiñas y los hurtos. Los homicidios han aumentado pero no es lo que más preocupa, porque los homicidios por intentar adueñarse de la propiedad privada incluso han bajado. Aunque no guste, porque se dice que es una excusa –no es una excusa–, lo que ha aumentado son los homicidios por conflictos entre delincuentes. Y ya no hablamos de ajustes de cuentas, porque con esa expresión hacíamos referencia a cuando alguien no pagaba, no querían dejar la imagen de que se podía consumir sin pagar y, por tanto, se sentían en la obligación de tomar represalias, o a cuando alguien robaba a otro delincuente y se tomaban represalias. Ahora hablamos de conflictos entre delincuentes que pelean por dominar mercados, controlar territorios y expulsar gente. Esos casos superan el 50%, por lo que la gran escalada de homicidios no se dio por robos, como sucedió en un momento, sino por conflictos.

La segunda causa importante de los homicidios es la violencia de género y no ha aumentado el homicidio por adueñarse de la propiedad privada. Ese no es el problema, sino que lo son la rapiña y el hurto, ya que la gente tiene miedo de verse involucrada en uno de estos delitos. Entonces, esto es lo que queremos resolver y este Presupuesto plantea medidas para atenderlos en los lugares donde más se producen.

A veces se nos dice que no aumentemos la alta dedicación solo en el área metropolitana, sino en todo el país. Pero hay que hacerlo de acuerdo con las necesidades y no en todo el país. El problema está en el área metropolitana. De cualquiera de las cifras que se mencionaron aquí –9.000, 13.000 o 20.000–, el 90% o 93% corresponde a los delitos, las rapiñas, cometidos en el área metropolitana. Entonces, es ahí donde hay que combatir el delito. No sólo hay que combatirlo allí porque es donde se da la mayor cantidad, sino también porque es desde allí que después se produce la extensión.

                Obviamente, el Presupuesto está pensado para atender los problemas de inseguridad, pero lo que no se puede hacer es discutirlo de esta forma. Cada una de las propuestas, cada uno de los artículos, está referido a este problema. No hemos discutido cada artículo, sino que hemos planteado números.

                Por supuesto que si se establece y se reafirma un compromiso,  como el que estamos considerando, se parte de las medidas aplicadas para obtener ese número. Esta propuesta  que estamos analizando, refiere al 1º de enero de 2016.

                Se me ha preguntado cuándo va a ser esto, y ya he dicho que no podemos establecer cuándo será. Decimos que es un período, que empieza el 1º de enero de 2016, y que vamos a trabajar hasta que cumplamos con el objetivo planteado. Pero no podemos decir que esto lo vamos a solucionar el 22 de febrero de 2017. No lo vamos a decir. Reafirmamos el compromiso. Todo lo que se ha planteado aquí está relacionado con eso y vamos a trabajar en función de ese objetivo.

SEÑOR GARCÍA.- Es obvio, señora Presidenta, que yo no estoy pidiendo que se me diga que el 22 de febrero a las 13:50 horas bajarán las rapiñas. Sería una tontería que preguntara eso. Además, sería una agresión a la inteligencia que hiciera esa pregunta y que me la respondieran.

                Es notorio que estas cifras no se bajan de un día para otro, pero un día tiene que empezar porque también es un atentado a la inteligencia que se me conteste que no se sabe cuándo va a bajar. ¿Van a venir el último día de gestión a decir que de ayer a hoy bajaron un treinta por ciento? Es tanta agresión a la inteligencia una forma como la otra. Todo esto requiere procesos y un día tiene que empezar. Lo que pasa es que este proceso no empieza más. Terminará el primer año de gobierno y no ha bajado una sola rapiña. ¡Han aumentado!

                Además, señora Presidenta, hay que vincular este problema directamente con los instrumentos que el Ministerio tiene para atacarlo. La realidad es que durante la gestión el Ministro Bonomi ha tenido todos los instrumentos que ha pedido y un volumen de recursos histórico. El resultado es que en el período de gobierno, de gestión al frente del Ministerio del Interior del Ministro Bonomi, las rapiñas aumentaron un 60%. Reitero: 60%.

Si comparamos el primer día de gestión del Ministro Bonomi, año 2010, con la situación actual, tenemos que las rapiñas son un 60% más. Eso es el dato objetivo, según cifras oficiales.

También es verdad y es objetivo que ha tenido todos los recursos incrementales que ha pedido, como en este Presupuesto se le están dando. Entonces, la pregunta corresponde, es legítima. La pregunta que estoy haciendo yo, señora Presidenta, seguramente se la están haciendo todos los uruguayos: ¿cuándo voy a estar más seguro?

No se me puede contestar que no hay plazo porque no resiste el más mínimo análisis. Es un atentado a la inteligencia pensar que vendrán en algún momento  a decirnos que las rapiñas bajaron de un día para otro, de acuerdo con lo el compromiso que asumieron, porque es un proceso, pero vemos el comienzo, a pesar de todos los recursos que se le han dado. Es por esa razón que la pregunta es pertinente. Se prometió un 30%, que es un número significativo, importantísimo. ¿Cuándo va a empezar? Es una pregunta sencilla que se hacen todos los uruguayos. Lo que vemos es que las rapiñas no solo no decrecen, sino que aumentan.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR MINISTRO.- No sé lo que es el atentado a la inteligencia, porque cerrarse a ver algunas cosas también puede ser un atentado a la inteligencia. Por ejemplo, no tomar esto como un problema que no es exclusivo del Ministerio del Interior.

                Lo dije en este ámbito y no quisiera reiterarlo, pero voy a tener que hacerlo: el año pasado la Policía detuvo y la justicia procesó a unos 13.000 delincuentes; 7.000 con prisión. Esa cifra es casi igual o un poco menor a la cantidad de presos total que había cuando nosotros asumimos. Este año la cantidad de gente detenida y procesada por la justicia será mayor. ¿El problema está en la ineficacia de la Policía o la Policía está siendo muy eficaz?

                Hay una relación entre la cantidad de gente que se vuelca a la delincuencia y la cantidad de delitos. Si la gente que se vuelca a la delincuencia es cada vez mayor, el problema tiene otras explicaciones que no están en la eficacia de la Policía. El inspector Guarteche dijo –como al pasar, pero es así– que cada vez más nos encontramos con que gente que comete delitos graves, pertenece a la clase media. Cada vez más nos encontramos con que delitos graves son cometidos por gente que no tiene ningún tipo de antecedente. Eso indica un problema. ¡Claro que sí! Pero reducir el problema a la ineficiencia de la Policía, es equivocado. El problema no está ahí; es algo más que eso. Entonces, la respuesta debemos encontrarla no solo en el aumento de las cifras, sino en el análisis de lo que hay detrás de ese aumento. Reitero que cuando discutimos sobre el tema, no podemos reducirlo al aumento de la cifra, porque hay algo más que eso.

Lo más importante es el cambio de modalidad que se está produciendo, y ese cambio de modalidad no se da de forma aislada en Uruguay, sino en toda la región. Nosotros venimos atrás. Algunas de las cosas que se dieron en la región y que se empezaron a dar acá no continuaron, pero hay otras que están avanzando como el control de algunos territorios, el intento de expulsar gente de esos territorios y la pelea entre bandas de delincuentes que no son ajustes de cuentas. Son situaciones que las estamos viendo venir.

Hace poco asistí a una reunión del BID y a otra de la Unasur en Ecuador. Fueron dos reuniones distintas en las que se trató el mismo tema: el crecimiento de la delincuencia en toda América, señalada como el continente más violento del mundo sin guerras. Ese es un problema. ¿Por qué hemos hecho una transformación tan grande de la Policía? Porque entendimos que la Policía que teníamos no era la adecuada para responder a esa realidad.

Hemos dicho –me molesta repetirlo– que recién a fines del período anterior entendimos que la reestructura de la Policía estaba terminada, que si bien se debía seguir mejorando y ajustando, en líneas generales habíamos llegado a lo que queríamos y que había llegado la hora de obtener resultados. Ya lo hemos dicho: es la hora de obtener resultados.

Creo que lo que acá se planteó como expresión del Presupuesto, no son modificaciones a la reestructura, sino agregados a los instrumentos. Cuando una situación se complica, uno debe estudiar si los instrumentos con los que cuenta son los adecuados. Nosotros entendemos que nos faltan instrumentos, de ahí la solicitud de la mejora presupuestal.

No es correcto decir que este proceso no empezó. El proceso empezó, el presupuesto se aplica a partir del 1º de enero y en ese momento vamos a disponer de más instrumentos. De todos modos, pienso que hay que discutir todo esto mucho más allá de la disminución o del aumento de las cifras de los delitos. Hay que tratar de interpretar lo que está pasando y yo no escucho una palabra.  Nadie dice qué es lo que está pasando, dicen que la policía es ineficiente y que el Ministerio es ineficiente. Esa no es la explicación, hay otra cosa, y si no profundizamos en esa otra cosa lo único que vamos a tener es este intercambio que es absolutamente inútil.

Nosotros ya  lo hemos señalado. Tenemos un compromiso que no tiene fecha de finalización, pero que sí tiene una fecha de inicio. Hay cosas que rompen los ojos. A pesar de que muchas veces no sea esa su intención, la prensa muestra que todos los días uno, dos o un grupo de policías interrumpen una rapiña, que se tirotea, que es herido o que hay delincuentes heridos y eso es porque se llega a situaciones a  diferentes a las de antes. Ese es un aspecto. Nuestra estrategia tiene dos grandes rumbos: uno es el control policial para combatir a quienes están en una carrera delictiva muy fuerte y el otro son las políticas para prevenir el delito. Esa prevención tiene dos aspectos: la prevención social y la prevención policial. En eso estamos.

En Tres Ombúes mataron a un muchacho que estaba trabajando en cuestiones sociales del barrio. Atacaron a gente que quiso salir de testigo y que también estaba trabajando en cuestiones sociales del barrio. Hay situaciones que antes no se daban y que ahora sí están pasando, y que tienen que ver con preservar un territorio para los delincuentes. Hay que defender esos territorios para la acción social que evite ese tipo de cosas. Eso requiere una articulación mucho más grande entre distintos actores. Esa articulación se está tratando de hacer y va a dar resultado. En algún momento va a dar resultado. Lo que no da resultado es obviar la discusión en serio y esta no es una discusión en serio.

SEÑOR GARCÍA.- En primer lugar, no le permito al señor Ministro que califique la seriedad de una intervención, en este caso de quien habla. Tampoco se lo permitiría sobre ningún otro Senador.  El señor Ministro es un atrevido con lo que acaba de decir. ¡Es un atrevido y no estoy dispuesto a dejar pasar el atrevimiento que acaba de tener al calificar la seriedad que se da en el Senado de la República! ¡Es un atrevido! No solo es atrevido sino que al mismo tiempo burló a la Comisión. En ningún momento de mi intervención hablé de la eficacia policial; hablé del fracaso de la gestión del señor Ministro Bonomi. Fracasó rotundamente en su gestión. Durante su gestión las rapiñas aumentaron un    60%. Así que aparte de haber cometido un atrevimiento que no estoy dispuesto a dejar pasar es un fracasado en su gestión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Exhorto a que mantengamos la corrección y el buen relacionamiento.

SEÑOR GARCÍA.- ¡Pídaselo al señor Ministro!

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo estoy pidiendo en general, señor Senador.

SEÑOR GARCÍA.- Corresponde que se pida corrección a quien cometió el atrevimiento, que fue el señor Ministro. ¡Un atrevido!

SEÑOR MINISTRO.- No voy a entrar en ese tono. No voy a hacer calificaciones, pero las cifras que dio el señor Senador García no indican un aumento del 60%. Es completamente diferente. Entonces, no se trata solo del tono, sino del manejo de las cosas. No voy a responder sobre atrevimiento o no atrevimiento y, además, no voy a entrar en la intención de discutir de otra manera, pues yo voy a discutir de la manera en que lo estoy haciendo, es decir, con conceptos. Y voy a decir acá lo mismo que diré afuera, donde hablaré después de haber hablado acá, sin salir antes a decir lo que se dijo, aunque todavía no se haya dicho. Lo que importa no es esta discusión de hoy, porque en materia de seguridad lo fundamental es aportar ideas, explicar cómo se puede mejorar la prevención del delito, es decir, cómo se puede llevar a cabo la prevención policial y la social. Me refiero a cómo se puede actuar desde el punto de vista del Ministerio en función a la Policía. No sé cómo, si la función del Ministerio es tan mala, hay una mejora de la actuación policial. ¿La Policía es autónoma? ¿No tiene que ver con el Ministerio? Tiene que ver y por primera vez la Policía y los policías participan en la conducción del Ministerio. Tiene que ver en eso. Entonces, no hay separación de lo que haga una persona con lo que haga un equipo. Tratar de hacer esa separación no lo voy a calificar, pero no es correcto.

SEÑOR BARÁIBAR.- Saludo al señor Ministro, a los integrantes de la delegación del Ministerio del Interior y a los colegas parlamentarios. Estoy asistiendo, en mi calidad hoy de Senador suplente, a un debate interesantísimo. Si bien no era mi intención cortarlo, hago pie en lo que acaba de decir el señor Ministro en cuanto a que es bueno aportar ideas para que la prevención sea social y política. Para ello, voy a relatar dos experiencias que tuve recientemente, hace unos dos meses, en un país violento si los hay, que es Colombia, en su capital Bogotá. Concurrí a un seminario del que soy presidente por un año más –electo por unanimidad–, a pesar de que ya no soy Senador titular, junto a los Senadores Otheguy y José Carlos Cardoso y los Diputados Groba, Gonzalo Mujica y Germán Cardoso y parlamentarios de toda América Latina, de las comisiones de hacienda y presupuesto para la gestión en resultados. Siempre me ha preocupado, en un lugar como Colombia, el tema de la seguridad. Voy a relatar dos experiencias. Una tarde que tenía libre me dediqué a ver más de cerca la experiencia de la seguridad en los edificios bancarios, gubernamentales y hoteles de alto nivel, con un despliegue muy importante de guardias, algunos públicos, estatales o provinciales, y otros de empresas de seguridad privadas. Estos guardias estaban acompañados de perros –creo que la mayoría de la raza labrador– en una cantidad realmente impresionante. Me dediqué a dialogar con los guardias –incluso tengo fotos, ya que no tuvieron inconveniente en que sacara algunas– sobre su experiencia con la guardia de perros, que tiene para ellos mucha importancia para la seguridad ciudadana. Le pregunté a uno de los guardias cuántas horas trabajaba, a lo que me respondió que ocho; luego le consulté cuántas horas trabajaba el perro y me dijo que dos. Pregunté cómo era eso y me dijo que luego de las dos horas el perro ya se desentiende y no cumple con la tarea de vigilancia a la que está asignado. Estoy hablando, por ejemplo, del hotel Marriott, en el que estaba alojado, que tenía tres puertas de entrada y en cada uno de ellas había un guardia con su respectivo perro. En la azotea del hotel tienen un lugar asignado a donde llevan a los perros después de las dos horas y los dejan descansar. Y de allí bajan después con dos perros nuevos para hacer el control.

Les pregunté si se sentía esa vigilancia –hay guardias estatales, municipales o provinciales, y también de empresas privadas– y me respondieron que en los lugares donde no hay perros o no hay guardia policial, el nivel de rapiñas y asaltos es muchísimo mayor. Por eso prácticamente en todos los lugares centrales existe este tipo de vigilancia. Y me explicaron que la presencia de estos guardias, por su experiencia de muchos años, genera una prevención del delito. Los perros están especialmente amaestrados para tres tareas: el trabajo con explosivos, con drogas y en asaltos personales. Hay entrenamiento especializado para cada una de ellas. Y en los lugares donde existe ese servicio, los ataques han disminuido drásticamente.

                Quiero decirles que me interesó tanto el tema que hablé con el embajador uruguayo en Colombia, Duncan Croci, un excelente Embajador, a quien conozco desde hace muchos años, y le pedí que me agendara una entrevista con los centros organizadores, los que dirigen los servicios, para conocer más a fondo la experiencia. Lamentablemente quedaban muy lejos del hotel donde yo estaba y, por el poco tiempo que tuve, no pude ir. No discuto que quizás esta experiencia ya la puedan tener, pero si no la tienen, es importante que la tengan en cuenta. Personalmente la he visto solamente en Colombia, en dos ciudades, en Medellín y en Bogotá, pero lo cierto es que ha sido muy eficaz. Me dicen que hay haras –sé que este término se usa para los caballos, pero no sé si se utiliza también en este caso– hasta de 1.000 perros, que permanentemente están nutriendo, con el entrenamiento apropiado, el servicio que se despliega en toda la ciudad.

                El otro ejemplo es totalmente distinto, pero también tiene que ver con la seguridad. El día en que llegamos, salimos en un ómnibus contratado por el Congreso colombiano para ir a donde se realizó el seminario, en el Congreso de Colombia, en determinado momento subió una persona impecablemente vestida de civil, se nos presentó, nos dijo que era el jefe que estaba a cargo de nuestra seguridad y agregó: «Nosotros vamos a cumplir esa misión, pero para ser eficaces, también queremos contar con ustedes para que se protejan a sí mismos». Y nos entregó a cada uno de nosotros un manual, ni largo ni corto, en el que se explicaban todos los comportamientos que se deben tener para que cada individuo se proteja a sí mismo y al mismo tiempo evite facilitar los asaltos o las distintas variantes del delito. Le pedí dos ejemplares y se los voy a hacer llegar al señor Ministro y a las autoridades del Ministerio, porque bien vale la pena leer este manual. Naturalmente, la Policía y los servicios de seguridad están para esta tarea, pero los ciudadanos pueden tomar precauciones que parecen muy sencillas y sin embargo muchas veces no se tienen en cuenta. Si lo hicieran, ayudarían a disminuir el delito.

                Pido disculpas por haberme apartado de la discusión, pero quedo a disposición y les diría que si tienen alguna misión en Bogotá, tomen contacto con el embajador Duncan Croci, porque realmente es una experiencia muy interesante. Probablemente ya la tengan, pero no en la dimensión en que se encuentra en Colombia, único país en que la he visto, y he estado en unos cuantos. Se aplica con esa dimensión y es un país que, precisamente, está dando avances acerca de situaciones de violencia realmente terribles, donde el tema del narcotráfico, los explosivos, las agresiones personales eran cosa de todos los días. Sin embargo, se ha ido logrando un control bastante importante por parte de las autoridades.

                Disculpen la digresión que tuve en este debate muy interesante, pero esta es la oportunidad que tengo de exponer esto que creo es, como el Ministro nos ha pedido, la contribución de ideas para mejorar la situación de la seguridad en el país.

                Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR PARDIÑAS.- Con relación a las pregunta en torno a los temas que estaba planteando el Senador García, también podríamos formularla desde la óptica de qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho todo el esfuerzo que se ha puesto en práctica; cuál sería la situación de delincuencia, de violencia, de registro de incidentes como los que se han enumerado acá si nuestro país, a través de diferentes iniciativas que ha propiciado el Gobierno y de herramientas que también se han venido votando en el Parlamento nacional, no hubiera hecho el esfuerzo que se ha llevado adelante.

La realidad también indica que hay un cambio de comportamiento en la sociedad; no solamente en la nuestra, sino en las sociedades en general, a nivel de colectivos humanos. Hay nuevos flagelos que generan trastornos muy fuertes en las conductas de los seres humanos y esto, sin lugar a dudas, tiene como consecuencia el agravamiento en las relaciones interpersonales, entre ellas las que llevan al delito. Creo que no se puede decir que el Gobierno no ha pautado un esfuerzo constante y que no ha dado resultados porque, en definitiva, si nada se hubiera hecho, la situación iba a ser mucho peor. Lógicamente, este no es el consuelo del tonto, de decir que como la cuestión existe, entonces me compadezco con lo que hay. También hay que comprender que la responsabilidad del Gobierno ha sido tratar de poner en práctica las herramientas que se entendieron pertinentes, necesarias y que, a su vez, se fueron implementando con el cuerpo normativo.

Sin duda que hay responsabilidad del Gobierno, del señor Ministro, de nuestra fuerza política y también de este Parlamento. Pero hay responsabilidad de otros componentes que asimismo hacen a la seguridad, como es nuestro sistema judicial, y también hay responsabilidad de la sociedad. Cuando hemos convocado en algunos lugares a la participación de mesas de convivencia ciudadana y seguridad, vamos cinco. Hay actores relevantes de nuestras comunidades –muchos de ellos vienen a demandar cámaras de seguridad, como los sectores comerciales– que en muchos lugares no se arriman a participar ni a discutir. En cambio, en otros lados son proactivos y aparecen a cofinanciar programas y proyectos. O sea que acá hay responsabilidad del Gobierno, pero también de la sociedad y de los sectores políticos. Y la prédica también ayuda a generar ese comportamiento en la sociedad.

Considero que no se puede decir que la Policía ha mejorado pero que el Ministro es un desastre. Si hay algo que aprendimos en la Administración es que si no hay conducción, es muy difícil que un organismo funcione bien, más cuando se trata de un organismo público que tiene que cumplir determinado cometido que está en el cuerpo normativo. Lógicamente, acá estamos en un debate donde hay una iniciativa presupuestal, de modificaciones de normas, y con relación a muchas de ellas ya sabemos cuál va a ser el posicionamiento político de nuestro partido y el de los otros. Ahora, el sinceramiento de esa posición no puede estar enmascarado y sostener que dentro de la seguridad salvan al cuerpo policial para no pelearse con el inspector Guarteche u otros inspectores y policías, pero si con el Ministro porque es de otro partido político. Eso no se puede hacer; no se disocia. Acá hay un área del Estado, regida por un gobierno, que tiene una conducción política  que,  por supuesto, se soporta en el accionar de sus cuerpos profesionales. 

Si empezamos a simplificar la interpretación de los números también podríamos decir que era mucho más seguro el país cuando se designaba como jefes de policía a políticos que habían sido candidatos, porque antes había menos rapiñas. La totalidad de los jefes que tenemos en la actualidad son profesionales de la carrera policial y la gran mayoría no pertenece a nuestro partido político. Entonces, no podemos ser tan groseros en esa comparación, ni sembrar dudas con un manejo si se quiere parcial de algunos indicadores.

Estamos discutiendo una propuesta de presupuesto que se enmarca en una  línea de políticas y recursos. El Ministerio no trabaja exclusivamente con sus recursos, sino que integra a la sociedad, a las organizaciones relevantes y también a los gobiernos departamentales. Esa es la verdadera construcción de una política de seguridad que, al ser tan abarcativa, tiene sus debilidades e imperfecciones. ¿Cuándo se verán los resultados? Acá se va a pasar raya en 2019. Lo va a hacer el Gobierno, que va a venir a presentar su rendición de cuentas del período y, fundamentalmente, lo va a hacer la ciudadanía. Ya que se utilizó la comparación de cuáles eran los  números en 2005 y en 2010, debo decir que la gente confió en el Frente Amplio en 2010 para que vuelva a gobernar el país y, luego, en 2014, la gente le confió al Ministro Bonomi la responsabilidad de seguir conduciendo la cartera porque el presidente, nuestro candidato, el doctor Tabaré Vázquez, dijo que él iba a ser el Ministro; no lo escondió y la gente lo votó. Votó a Tabaré Vázquez, votó al Frente Amplio y, por ende, también dio su confianza al señor Bonomi para que tuviera el desafío de gobernar cinco años más el Ministerio del Interior. No lo hace solo, sino con las  innovaciones realizadas desde el accionar del Gobierno frenteamplista        –como la creación del gabinete de la seguridad– para tener una mirada integradora de otros aspectos y, fundamentalmente, con políticas públicas que tienden a mejorar la convivencia en este país. No hay dudas de que si queremos desarrollo y bienestar debemos mejorar la seguridad y la convivencia.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que no tiene que haber ninguna duda de cuál es la voluntad del Gobierno, de esta Bancada, del Ministro y de todo el equipo de la Policía. Nosotros estamos contra el delito. Es una batalla sin cuartel y estamos poniendo todos nuestros recursos y toda nuestra sabiduría para combatirlo. Quienes más se alegrarían de que bajaran los niveles de delitos seríamos nosotros.

                Pocas veces se ha visto que un Ministro esté seis años en la cartera. Confiamos en él y estamos convencidos de que acá no se trata de cambiar Ministros todos los días. El Ministro le dio un respaldo a la Policía y le brindamos recursos presupuestales de todo tipo para eso. Además, tenemos el objetivo bien claro que es dar batalla sin cuartel a la delincuencia. Hoy mismo, quizá, hay un policía que muere defendiéndonos a todos nosotros. Ese policía tiene la confianza de que hay un Ministerio que lo está respaldando, que le ha dado chaleco, patrullero, equipo, armas, respaldo, confianza, que ha limpiado ciertas prácticas que eran costumbre de antaño y que le ha dado un mejor salario. Nosotros no vamos a dejar que por un divertimento político erosionemos todo lo que se ha construido. ¡No lo vamos a permitir! ¡Esto no es un cuadro de fútbol donde se cambia a un Director técnico al grito! ¡Acá se está jugando la vida, primero, el propio Ministro y todos o muchos de los que están acá, que ponen la cara en la televisión dando respuestas! ¡¿O me van a decir que algunos de los que están acá no están armados?! ¡¿O no saben si van a llegar a su casa?! Parecería que fuera un juego de niños.

                Cuando expresamos nuestra voluntad por la libertad, el primer elemento que hace a la libertad y a la igualdad es que haya seguridad, que haya paz. Y si nosotros no le damos respaldo y certezas a la Policía y al Ministerio del Interior, no sé cómo se podrá combatir la delincuencia. Las primeras que se alegrarían porque el Ministro se fuera serían las bandas organizadas.

                Aclaro que nosotros no estamos tapando el sol con las manos; fuimos quienes pusimos el observatorio para saber qué cantidad de rapiñas y de otros delitos se cometen, como forma de evaluar. ¡Pero no vamos a dejar que se cobre al grito! Viene el Ministro, analizamos los artículos y discutimos. Es más, el propio Ministro pidió formar una Comisión en el Senado –no la pidió el Parlamento– para que siga todo el tema de la seguridad. Algunos teníamos dudas de que se conformara pero, reitero, la pidió el Ministro e insistió en ella.

                Y, ahora, como si nada, ¿vamos a pedir la renuncia del Ministro, que se vaya, porque fracasó? Por supuesto que respetamos las opiniones, pero que se respete la nuestra. ¡Acá no estamos jugando! Esto no es el Ministerio de Turismo y Deporte, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, ni el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; acá se están jugando cosas pesadas y algunos de los que están acá se están jugando la vida. Y nosotros no vamos a dejar pasar en silencio algunas cosas que se dicen acá.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más oradores, agradecemos la presencia del señor Ministro del Interior y asesores.

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda queda convocada para el día de mañana a la hora 9:30 para recibir a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas.

                Se levanta la sesión.

(Son las 18:08).