SEÑORA  PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 9:30).

(Ingresa a sala la delegación del INAU).

               –Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para considerar el Presupuesto Nacional del período 2015-2019.

Señoras y señores Senadores: quiero comunicarles que se está distribuyendo una hoja que sustituye a la Nº 325 del comparativo porque se detectó un error en la transcripción. Es bueno que el texto que analicemos sea el de la hoja repartida, que contiene los artículos 552 y 553 en el comparativo.

Luego de hecha esta aclaración, señalo que estamos intentando tener un régimen de trabajo saludable, lo que significa que podamos tener un lapso en el medio.

Damos la bienvenida a la delegación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Inciso 27, integrada por la señora Marisa Lindner, Presidenta del INAU; los señores Fernando Rodríguez y Dardo Rodríguez, Directores del INAU; la señora Lucía Pieri, Asistente del INAU; el señor Eduardo Katz, Director del Sirpa; la contadora Mora, Asistente del Sirpa; el licenciado Jorge Camors, Asistente del INAU y el señor Gustavo Aguirre, Asistente del INAU. Si queda alguien sin mencionar lo haremos después.

Vamos a analizar los artículos 550 a 564 del Mensaje que viene de la Cámara de Representantes y lo que consideren conveniente trasmitirle a este Cuerpo.

SEÑORA LINDNER.- Muy buenos días señora Presidenta, señores Senadores y señoras Senadoras. Para el INAU este es un momento relevante en todo lo que implica una Ley de Presupuesto Nacional, donde no solamente se discute sobre los dineros públicos que van a ser asignados a las políticas, sino que las instituciones definimos las grandes líneas programáticas a llevar a cabo en este período. Definimos cuáles son nuestras prioridades en el contexto de la realidad social y, particularmente en nuestro caso, en lo que tiene que ver con la infancia y la adolescencia.

Antes de comenzar con el articulado presupuestal, queremos explicar en qué sustentamos nuestras líneas de trabajo y por qué estamos llegando a este momento y a este ámbito tan importante para la aprobación del presupuesto nacional. De más está decir que quedamos a disposición de los señores Senadores para analizar los aspectos que consideren importantes.

Sería imposible iniciar este análisis sin colocarnos en la realidad social y, particularmente, en la que viven nuestros niños y adolescentes. En los últimos tiempos, nuestro país ha tenido avances sustantivos en torno a los índices de desarrollo humano, a los índices de oportunidades para hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. A nivel de la región, podemos sentirnos orgullosos de los avances sociales, algunos de los cuales nos refieren, como la reducción drástica de la pobreza. Ha habido avances también en los índices de mortalidad infantil, en elementos que tienen que ver con definiciones de políticas de inclusión y, básicamente, en aspectos vinculados a la salud y a los niveles educativos. Teniendo en cuenta a la región, esto hace que nuestro país tenga un mejor escenario en el que los pobres son menos pobres y los ricos, menos ricos. Las brechas sociales más estrechas dan cuenta de procesos de socialización y de inclusión.

Sin embargo, más allá de lo que ha sido la inversión en gasto público en temas de infancia, la realidad social nos coloca en un escenario en el cual para el próximo quinquenio tendremos desafíos realmente importantes. En este sentido, los indicadores de pobreza infantil siguen siendo elementos de enorme preocupación porque, a pesar de que en el país se redujeron sustantivamente los niveles de pobreza, la tasa de pobreza para menores de 15 años es ocho veces mayor que la de los mayores de 55 años.

De alguna manera, tenemos desafíos muy importantes también en lo que tiene que ver con las situaciones definidas como de mayor vulnerabilidad en un país con una pirámide demográfica que nos provoca una enorme preocupación en torno a los horizontes del desarrollo de la sociedad, básicamente por un escaso crecimiento poblacional que se aloja en particular en los sectores más pobres de la sociedad.

               En este sentido, los desafíos para el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay en este quinquenio son realmente muy importantes. Uruguay tiene aproximadamente 877.000 niños, niñas y adolescentes. Es una cifra que, como decíamos, demográficamente representa alrededor del 26% de la población de nuestro país. De esa población, nuestra institución –que claramente tiene cometidos establecidos por el Código de la Niñez y la Adolescencia y por la ley orgánica de nuestra institución, que lo sitúa como organismo rector de las políticas de infancia y adolescencia– actualmente atiende a cerca de 85.000 niñas, niños y adolescentes, cifra que representa al 10% de nuestra población.

Es una institución que tiene cometidos de rectoría, de regulación y de implementación de servicios y de políticas. Es una institución de dimensiones realmente importantes y que, además, tiene un presupuesto importante que ha ido creciendo progresivamente en los últimos diez años porque el Estado uruguayo se ha comprometido a lograr un crecimiento significativo en el gasto social en infancia. Eso ha significado un crecimiento en la cobertura, que actualmente implica una población atendida por tramos etarios, de los cuales más de 55.000 niños de 0 a 5 años son atendidos por nuestra institución. Es una cobertura realmente importante que tiene como centro el desarrollo de las políticas de los centros CAIF y de los centros diurnos, pero también el de una política que abarque distintas situaciones de vulnerabilidad social dadas por los diferentes contextos y particularmente por algunas de las problemáticas acuciantes de la realidad de la infancia y la adolescencia, como las que tienen que ver con las situaciones de internación, que hacen que los niños pasen a depender de nuestra institución con el objetivo de brindarles una cobertura que asegure el ejercicio de sus derechos.

               Básicamente, nuestra institución se basa en dos grandes ejes: en la atención de tiempo completo –la atención veinticuatro horas, es decir, la atención residencial– y en la atención en los servicios de promoción y prevención. Estos aspectos hacen a una realidad que abarca distintos escenarios de la infancia y la adolescencia en lo que tiene que ver con la complejidad del abordaje de las situaciones que se dan, no solamente por los ciclos vitales, sino también por situaciones de vulnerabilidad, como pueden ser la discapacidad, el embarazo adolescente y las mujeres que sufren violencia doméstica. Para estos casos contamos con cinco albergues que dan cobertura a más de trescientas mujeres y a sus hijos que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad.

               Asimismo, tenemos situaciones de niños con problemas importantes desde el puno de vista de su salud mental y otras asociadas al consumo problemático de drogas. También se atiende a adolescentes en situaciones de conflicto con la ley, en sus distintas modalidades de intervención, a través del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Es una institución que en este abordaje y en todo lo que tiene que ver con la cobertura de los distintos ciclos vitales de la infancia y la adolescencia, desarrolla y despliega a nivel del territorio nacional decenas de programas, algunos específicos, que están centrados en poder asegurar la promoción, la prevención, la atención y la restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tiene una gran diferenciación funcional que responde a paradigmas que atraviesan la realidad de nuestra sociedad con elementos que apuntan a accionar a nivel de la infancia y la adolescencia, que eran objeto de protección y no sujeto de derechos. Desde la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia los niños y adolescentes pasaron a ser sujetos de derechos y nuestra intervención pasó a centrarse  en la protección integral. Esto implica un cambio de paradigma en torno a la realidad de la infancia y la adolescencia. Para ello necesitamos adecuar, innovar y generar condiciones institucionales que habiliten, de alguna forma, a la institución para que pueda avanzar en la protección integral de los niños y adolescentes. Esta diferenciación funcional también está relacionada con los funcionarios que trabajan en la institución y son el capital humano imprescindible para llevar adelante las políticas y programas vinculados a la infancia y a la adolescencia.

               La institución tiene un grado de complejidad  y de innovación importante. Casi el 70%  de los programas son llevados adelante por organizaciones de la sociedad civil, que a través de lo que son las líneas de trabajo permiten la ampliación de cobertura. De lo contrario sería inexplicable que una institución que abarca casi el 10% de la infancia y la adolescencia pudiera funcionar con aproximadamente 5.000 funcionarios y alrededor de 1.700 en el Sirpa.

               Esta es una realidad que está en el eje y en las prioridades que nos planteamos llevar adelante en este quinquenio.  Estamos hablando de una institución con menos de 5.000 funcionarios, que tienen un alto compromiso y un valor destacado en cuanto a las posibilidades de dar respuesta a situaciones de alta complejidad,  los que necesitan ser priorizados en este período. Es así que nos proponemos centrar nuestro presupuesto quinquenal en determinados principios organizadores de las líneas programáticas y estratégicas.

               En este sentido, poder profundizar un cambio de paradigma que, de alguna manera, permita lograr que esta sea una sociedad donde los niños puedan ser escuchados, respetados y cuidados y donde los adultos seamos responsables de ese cuidado y podamos generar situaciones donde básicamente se lleven adelante las posibilidades de asegurar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos de los niños y adolescentes, representa un enorme desafío para nuestra institución y, en particular, para las autoridades del INAU.

               Una sociedad, en definitiva, que cambia, que de alguna forma genere mejores indicadores de bienestar, necesita capacidades para poder llevarlo adelante. En este sentido, nos estamos planteando generar elementos en los principios organizadores que sustenten los aspectos programáticos en torno a otros que consideramos fundamentales. Es decir, una institución especializada y con competencias prioritarias en la protección integral de toda la infancia, que lleva adelante aspectos vinculados a la rectoría, a la regulación y a la implementación, con funciones diferenciadas, requiere necesariamente capacidades diversas.

               En el desarrollo de las líneas programáticas ustedes van a ver un aspecto que consideramos fundamental y que llamamos unificación programática, que efectivamente tenga como eje al niño como sujeto de derecho, más allá de los distintos programas con los cuales se trabaje para restituirlos. Eso requiere necesariamente una revisión de los modelos de atención y para ello es imprescindible una readecuación organizacional que permita estar en sintonía con las necesidades cada vez más desafiantes de las sociedades modernas.

               Nos referimos a una institución, en definitiva, que dé respuestas de calidad a las necesidades sociales; a una institución innovadora que dé cuenta de las complejas problemáticas que tienen hoy la infancia y la adolescencia. Más allá de los niveles de desarrollo y de los avances que tenemos en una sociedad que da cuenta de políticas sociales y de infancia que han abordado situaciones de extrema vulnerabilidad, permanecen y resurgen algunas situaciones que son verdaderamente desafiantes para el próximo período.

               Los temas de las violencias, de la salud mental y de las capacidades diferentes, aspectos vinculados al consumo problemático de drogas, son algunos de los puntos que están asociados y transversales a los ejes programáticos que hoy vamos a presentar.

               En estos elementos que han permitido a una institución crecer sustantivamente a nivel de lo que implica nuestro presupuesto, de aprobarse, estamos hablando de que en los últimos diez años vamos a llegar casi a un 200% de crecimiento de inversión presupuestal para el despliegue de políticas.

 También queremos decir que este presupuesto sigue siendo insuficiente para abordar la complejidad de los problemas que tenemos y el aumento de la cobertura necesaria. Sin embargo, es fundamental –en un marco de gestión en el próximo quinquenio– hacer énfasis en algunos de los temas que han sido priorizados en esta etapa. Básicamente, en ese sentido, vamos a estar presentando los seis ejes prioritarios con algunos elementos que tienen que ver con las posibilidades de generar, en este proceso, mejores condiciones institucionales para llevar adelante esos desafíos. Elementos de la territorialidad, la descentralización, la interinstitucionalidad y la integralidad de las políticas son parte de los principios organizadores y orientadores.

En este marco presentamos nuestros artículos presupuestales haciendo énfasis en seis grandes líneas estratégicas que van a ser comentadas por los Directores Fernando Rodríguez y  Dardo Rodríguez.

 En primer lugar, los hemos definido sobre la base de la prioridad establecida por esta administración: la protección integral a la primera infancia en el marco del Sistema Nacional de Cuidados. Este es un énfasis fundamental y la institución se apresta realmente a lograr un avance histórico en la cobertura de la primera infancia para este próximo quinquenio. Es por eso que nos planteamos generar un crecimiento muy importante en los CAIF y en los centros diurnos; los vamos a presentar cuando analicemos los artículos correspondientes.

               En segundo término, hacemos énfasis en el derecho a la vida en familia y el fortalecimiento de las parentalidades. Este es un tema central; nuestro país está observado por organismos internacionales a partir de lo que implican los niveles de internación, es decir, la situación donde los niños, las niñas y los adolescentes residen en instituciones totales y, básicamente, de alguna forma, quedan lejanos a su derecho de vivir en familia.  Uruguay ha avanzado respecto a las normas legales y a su implementación. Además, consideramos que a nivel de la sociedad y también en ámbitos de las propias instituciones existe un paradigma por el cual la solución de los problemas complejos y las vulnerabilidades pasa por el encierro. Es decir que acá hay un nudo cultural, un paradigma que intenta resolver los problemas a través de soluciones que hacen depositaria a nuestra institución de situaciones que necesariamente tiene que corregir el conjunto de la sociedad y el Estado uruguayo. Esto de «hay que meterlo en el INAU», pensando en el encierro, más allá de los distintos programas, es un tema que estamos viviendo con verdadera preocupación y angustia. No es encerrando a los niños y a los adolescentes que resolvemos esta problemática ni pensando que teniendo un lugar de residencia y buena alimentación estamos solucionando los problemas de fondo. Necesitamos trabajar fuertemente el tema de desarrollar la posibilidad de que vivan en contextos familiares, fortaleciendo las parentalidades en el marco de los distintos arreglos familiares.

               El tercer eje está asociado a la vida libre de violencia. Los avances en colocar este asunto como un tema de derecho, en los últimos años ha llevado a contactarnos con una realidad abrumadora que nos interpela como sociedad y nos pone frente a situaciones que estaban naturalizadas, a elementos que estaban incorporados y naturalizados en la sociedad. Para nosotros este eje es de gran relevancia porque consideramos que  transversalmente debe estar integrado a todos los programas, además es necesario asumir  la violencia que surge en los contextos institucionales.

               El cuarto eje refiere al fortalecimiento institucional. Como decíamos, una institución que tiene desafíos tan importantes necesariamente debe colocar como tema central los procesos de innovación dentro del Estado, y en ese sentido estamos trabajando.

               La quinta línea está vinculada al acceso a los bienes culturales, a los espacios públicos y al derecho de la ciudad.

Para nosotros este tema es importante porque, en definitiva, es el eje en lo que tiene que ver con la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también pone énfasis en la necesidad de darles voz en la sociedad y en las políticas públicas. A este respecto, hay algunos elementos importantes que queremos colocar en la discusión.

El sexto eje, relativo al área bioestratégica, está vinculado a la descentralización del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Para nuestra institución y para nuestro país y en base a los acuerdos políticos realizados, es imprescindible que a la brevedad podamos contar con un sistema penal adolescente descentralizado y con mayor autonomía para trabajar aspectos de alta complejidad de la realidad de la sociedad uruguaya y, en particular, de los adolescentes.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Dardo).- Voy a describir las dos primeras líneas estratégicas a las que acaba de hacer mención la señora Presidenta, haciendo la aclaración previa de que si bien hemos escogido estas seis como prioritarias, la realidad de nuestra Institución es mucho más amplia. Como bien saben los integrantes de esta Comisión –porque han analizado los distintos presupuestos del INAU–,  las competencias del organismo exceden largamente los puntos que se detallan en estas seis líneas estratégicas. Hemos elegido priorizar estos aspectos porque allí es donde se está solicitando a esta Cámara que otorgue más recursos o realice alguna modificación desde el punto de vista legal.

               En cuanto a la primera línea estratégica, debemos decir que es una continuidad y una ampliación en la que se pone mayor énfasis en algo que el país viene desarrollando desde hace muchos años y que tiene que ver con dar prioridad a la primera infancia. Lo cierto es que el país ha llegado a un consenso al reconocer que la apuesta a este período de la vida de una persona significa un aporte muy significativo para su futuro desarrollo. Obviamente, en la actualidad, tanto desde el punto de vista académico como político, hay acuerdo en que los primeros mil días de vida de una persona definirán su futuro y, por lo tanto, el Uruguay desde hace mucho tiempo adoptó una política fuerte de apoyo a la primera infancia y a la familia. En los últimos años, esta cobertura ha tenido un aumento significativo y, además, en el marco de una de las políticas prioritarias de este gobierno recientemente electo, como es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, una de las áreas centrales está referida a la primera infancia. En este sentido, hemos dado prioridad a una política de primera infancia que tiene como objetivo seguir avanzando en una línea que ya venía desarrollándose en el instituto.

               Uno de los temas relevantes a tener en cuenta, en relación con la cobertura y las distintas modalidades de atención a la primera infancia, está vinculado a la expansión y la mejora de la calidad de la atención en los centros destinados a este fin. Como hemos dicho en otras oportunidades en este ámbito, nos preocupa mucho que una política de primera infancia llegue cada vez más a mayor cantidad de niños y a sus familias, pero también que el servicio que brindamos no solo mantenga los niveles de calidad sino que  pueda mejorarlos. Según los estudios de evaluación del sistema que realizamos, hemos identificado zonas en las que todavía podemos mejorar mucho.  La institución está comprometida en eso y trabajando en los planes de mejora de la calidad.

Un segundo elemento a destacar es que queremos avanzar en la construcción de un sistema de primera infancia de INAU. ¿Qué quiere decir esto?  Que la política dirigida a la primera infancia que desarrolla el INAU va mucho más allá De los CAIF. Por ejemplo, están los centros diurnos, que podemos decir que son los primos hermanos más antiguos de los CAIF, porque son la primera respuesta que el Estado dio a la primera infancia. En el caso del INAU, los centros diurnos están presentes en todo el país y, especialmente, atienden una población como los bebés, que en general no son atendidos en los CAIF. De todas formas, tenemos alguna experiencia piloto en los CAIF para la atención de niños de 0 a 1 año. Pero, básicamente, en los centros diurnos se atiende a aquellos niños que están entre 0 y 1 año, aunque no en forma exclusiva.

La otra particularidad de los servicios de primera infancia del INAU, es decir los centros diurnos, es que tienen una cierta flexibilidad para adecuarse a las necesidades de la demanda que existe en cada una de las localidades donde están presentes.

Asimismo, somos conscientes de que debemos tener una política única, independientemente de que la gestión sea desarrollada por una organización de la comunidad, una asociación civil, una fundación o cualquiera de las organizaciones que gestionan actualmente los CAIF, o por los propios funcionarios estatales en el caso de los centros diurnos. Hay que tener criterios únicos de gestión, de calidad y de resultados exigibles a cada una de las modalidades. En ese sentido, desde hace un tiempo estamos trabajando           –queremos consolidarlo en este período– en un sistema único de primera infancia de INAU que, además, se preocupe por tener una mirada a los otros servicios que la institución presta a este tramo etario.

Queremos destacar que por el aumento de cobertura en los centros de primera infancia –especialmente en los CAIF–, para este período está planteada la creación de unos 140 CAIF. En este período estos intentando desarrollar una experiencia innovadora, que consiste en la creación de CAIF, con el apoyo y el acuerdo de empresarios y trabajadores, inclusive en el marco de las negociaciones colectivas, de manera de aprovechar la fortaleza que existe de una posible alianza entre empleados y empleadores para la protección de sus hijos mientras ellos desarrollan las tareas laborales. Además, estamos pensando en la creación de cinco centros diurnos más para el INAU, los cuales van a estar distribuidos en lugares a definir, al igual que el resto de los CAIF. O sea que se va a tratar de priorizar aquellas zonas donde estos centros sean altamente necesarios y donde los servicios son más escasos.

Otra innovación que estamos pensando realizar para esta primera infancia es otorgar alrededor de 2.000 becas de subsidio del Estado y de inclusión, destinadas a aquellas familias que por no tener un centro cerca o porque la población del área no alcanza para tener un centro ubicado allí, igualmente puedan enviar a sus hijos a alguno de los centros de primera infancia disponibles. 

Nuestro objetivo es el fortalecimiento de todos los programas destinados a la primera infancia como, por ejemplo, el departamento de adopciones, que ya ha tenido un proceso de mejoramiento en el período pasado. En esta etapa estamos en un proceso de incorporación de nuevos técnicos, de modo de acelerar los procesos de selección de ingreso de las familias al registro único de adoptantes. También buscamos fortalecer los servicios de apoyo a las familias que están en el proceso de adaptación con sus hijos, que han sido incorporados a través de la vía de la adopción. A su vez, proponemos un fortalecimiento del sistema de protección de 24 horas, de acogimiento familiar, sobre todo para los niños que por alguna razón han perdido los cuidados familiares o parentales, así como también para aquellos que han transitado por situaciones de violencia o maltrato en el entorno familiar.

               Finalmente, debo decir que en esta área tenemos mucho por recorrer en lo que respecta al trabajo con otras instituciones que son claves para la mejora de la gestión de INAU, porque hay decisiones que no dependen de la administración sino de otros actores. Aquí el Poder Judicial es un actor sumamente relevante porque, en definitiva, es el que determina qué trayectoria debe recorrer una niña o un niño que por alguna razón ha debido ser separado de los cuidados de sus padres de origen. Por lo tanto, para nosotros es muy importante el vínculo, el trabajo continuo con el Poder Judicial; cabe aclarar que tenemos una relación directa con la Suprema Corte de Justicia, a través de un delegado que ella nos ha asignado para dialogar sobre estos temas permanentemente. A su vez, estamos desarrollando un conjunto de trabajos que se van a concretar en los próximos meses.

               A su vez, hay otras instituciones estatales y de la sociedad civil que son fundamentales para el desarrollo infantil. Me refiero, por supuesto, a los servicios de salud, de educación, etcétera.

               El segundo objetivo estratégico que nos estamos planteando y que tiene relación con lo que acabo de expresar en cuanto a la primera infancia, tiene que ver con el fortalecimiento de los cuidados parentales y el derecho a la vida en familia. En el país tenemos una larga trayectoria en lo que respecta a servicios que están orientados a dar respuesta a las situaciones de crisis familiar, que van desde la internación en centros de 24 horas –era la respuesta más usual y típica que existía en el Estado–, aunque se han incorporado medidas de otro tipo de servicios alternativos a la internación como, por ejemplo, los distintos programas de acogimiento familiar, en sus diversas modalidades, hasta la adopción como última medida de respuesta para este tipo de situaciones.

               Tal como decía la señora Lindner hace un momento, el país es observado porque tiene niveles muy altos de internación en sistemas de 24 horas, sobre todo residenciales, con respecto a la población que tiene. Actualmente, todo el mundo coincide –las recomendaciones de las Naciones Unidas en este sentido son muy claras– en cuanto a que hay que agotar todas las alternativas posibles antes de tomar una decisión de internación en centros residenciales de protección de 24 horas. El esfuerzo del Estado en ese sentido está orientado a tratar de prevenir las crisis familiares a fin de que los niños no tengan que ser separados de su familia de origen. Para ello debe haber un conjunto de programas destinados a ese fin, pero, una vez que se consuma una situación de crisis familiar, deben darse las respuestas más adecuadas al derecho fundamental de estos niños, que es el de crecer en un contexto familiar.

               Por lo tanto, el esfuerzo en este período está dirigido a fortalecer las distintas alternativas para tratar de minimizar en todo lo posible los tiempos de internación. En ese sentido, estamos en un proceso de transformación de lo que son actualmente los centros de 24 horas, los centros de protección, para convertirlos en centros de acogimiento familiar. El objetivo fundamental de estos centros es la integración de los niños que en cierta forma llegan a la institución en alguna de las alternativas de modelos familiares, ya sea con cuidadoras tradicionales como las que todavía tiene INAU –aún quedan cerca de 300– o en los programas nuevos como, por ejemplo, Familia Amiga o Familia Extensa. Se pretende vincular a los niños a algún entorno de su familia que esté en condiciones de brindarle algún tipo de protección con nuestro apoyo y, en última instancia, apelar a familias ajenas –aunque esta palabra no nos gusta mucho– a su vínculo familiar pero que estén en condiciones de apoyar y sostener el crecimiento de estos niños, reitero, con el apoyo de la institución.

               Paso a comentar un segundo elemento. Estamos muy preocupados por contar con un sistema unificado en todo el país de lo que llamamos internamente: puerta de entrada, es decir aquel ámbito en el que el Poder Judicial, una familia, una institución de salud, el sistema educativo o hasta los propios adolescentes puedan llegar solicitando un apoyo, un amparo. Tenemos centros de estudios en todos los departamentos y, en algunos, en varias localidades a través de los Centros de Protección de Derechos, Ceprode. Estamos trabajando en la unificación de los criterios para fortalecer estas puertas de entrada y los procesos de derivación de estos niños, a fin de que vayan a los lugares adecuados, donde se  brinde la mejor solución a la demanda que se presenta.

               Básicamente, estas son las líneas estratégicas uno y dos, vinculadas con las acciones más relevantes que se plantean para este quinquenio. En todo caso, si luego hay alguna pregunta podremos seguir avanzando.

SEÑOR RODRIGUEZ (Fernando).- La tercera línea que queremos presentar en esta instancia tiene que ver con la vida libre de violencias. El objetivo central es promover la prevención y erradicación de las violencias en sus distintas expresiones y en los diferentes ámbitos en los que se expresan hacia los niños, niñas y adolescentes. Este es un eje fundamental porque creemos que en la medida en que no podamos revertir algunos procesos de violencia, estaremos hipotecando fuertemente el desarrollo sano, pleno e integral de los niños de nuestro país. Hablamos de las violencias que se dan en ámbitos visibles, que tal vez todos vemos y conocemos, pero también y muy fundamentalmente de una serie de expresiones de violencia contra niños y niñas que se dan en ámbitos más invisibles. Cuando hablo de ámbitos invisibles no me refiero solo al seno familiar donde se dan situaciones de violencia, sino también –y es un tema que nos preocupa fuertemente– a los ámbitos institucionales –tanto privados como públicos– que toman contacto con los niños y niñas. Muchas veces el trato que se ejerce desde las instituciones, a veces públicas, no es el adecuado dada la responsabilidad que se tiene de garantía de derechos. En este sentido, debemos seguir avanzando para que las organizaciones del estado como tal incrementen su capacidad de respetar los derechos de los niños y niñas, de garantizarlos y satisfacerlos. Para esto requerimos una reflexión y un sinceramiento muy fuerte de parte de las instituciones, así como un compromiso de cambios sustanciales para que las prácticas de las organizaciones públicas y privadas sean de protección de derechos, evitando en todo momento y dimensión cualquier acto violento de maltrato hacia nuestros niños.

               En términos de las líneas de acción, pensamos avanzar en la unificación programática. INAU viene desarrollando experiencias en términos de la prevención de las violencias en general. En  particular, está trabajando en el ámbito de la prevención de la explotación sexual –comercial y no comercial– desde dos dispositivos fundamentales que, entre otras cosas, además de llevar a cabo acciones concretas, han promovido articulaciones entre organismos del Estado y la sociedad civil, como son el Sipiav y el Conapés. Estamos hablando de dos ámbitos que desarrollan acciones concretas pero también niveles de observatorio, de articulación, de sensibilización y de promoción de la prevención del maltrato, de la violencia y de la explotación sexual.

               Creemos que es necesario avanzar en unificar estas herramientas y en darles un elemento de complementariedad, entendiendo y reconociendo la particularidad de cada una pero también dándole coherencia a las acciones de estos dos ámbitos y de todos los que, desde INAU –tanto con programas propios como con los que están en convenio con la sociedad civil–, desarrollan acciones en este sentido.

               Creemos que también es necesario incrementar la cobertura con dispositivos especializados y aumentar la posibilidad de atender a las víctimas –niños, niñas y adolescentes– de las distintas expresiones de la violencia. Si bien el esfuerzo está en la prevención y en la erradicación, somos conscientes de que los fenómenos de violencia, en alguna medida,  seguirán existiendo y es necesario atender a las personas –niños y niñas– que la sufren con dispositivos especializados, tanto en las competencias, en la formación y en la capacitación de los operadores del sistema como también en adecuar y adaptar la estructura institucional para un abordaje rápido de protección de los derechos de las víctimas de la violencia.

               Apuntamos a promover, asimismo, la armonización legislativa y seguir avanzando en este sentido. Si bien Uruguay ha avanzado en esta materia, creemos que también hay instrumentos internacionales de protección de derechos en esta temática que debemos seguir incorporando y transformando en derecho positivo, en legislación nacional y en herramientas que permitan a las organizaciones del Estado actuar en un marco de mayor garantía. Para ello, es necesario ampliar y profundizar el escenario de las garantías de derechos de personas que sufren distinto tipo de violencia.

               Debemos implementar políticas públicas que sensibilicen y que atiendan esta situación, que continúen transformando las prácticas del Estado para que estas sean expresiones totales de los derechos y que eviten, en todo sentido y dimensión, que el Estado, en sus prácticas, pueda incurrir, en alguna medida o nivel de expresión, en maltrato o violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.

               Buscamos promover la incorporación de los conceptos de género en las políticas públicas. Este es un esfuerzo que se viene haciendo desde hace muchos años y que hay que continuar profundizando porque en la desigualdad de las relaciones de género, muchas veces está, directa o indirectamente, el germen de actos de violencia hacia los niños. A veces esa violencia es indirecta porque se da entre adultos, pero la sufren los niños de forma muy clara y cercana. También muchas veces la inequidad de género se refleja en actos de violencia directa hacia los niños, las niñas y los adolescentes.

               Como decía la señora Presidenta de INAU y el señor Director Dardo Rodríguez, estamos proyectando una institución que esté a tono con la demanda, con la realidad, con los cambios sociales y con el escenario de derechos. Para eso necesitamos tener una institución que pueda transformarse y que no solamente  pretenda cambiar la realidad de los niños, como parte de un sistema de protección de derechos, de un sistema estatal de derecho, sino que también es preciso, para estar en condiciones de incidir en la realidad de los niños y las niñas, incidir en nuestra propia realidad. Necesitamos una institución que adquiera la capacidad de transformarse a sí misma, tanto en su relación con otros organismos del Estado, como con la sociedad civil. Necesitamos una institución que sea capaz de asumir la realidad que hoy tienen nuestros niños en Uruguay, esa realidad del escenario de derecho que nos proponemos tomar en su globalidad y avanzar en él. Esto implica mayores exigencias a una institución que tiene ochenta y cuatro u ochenta y cinco años de vida y que debe mirar hacia adentro y seguir un proceso de fortalecimiento de su capacidad, de su competencia y de su habilidad para proteger integralmente los derechos de los niños y las niñas.

               La idea es avanzar también en un proceso de readecuación, iniciado en el período anterior, del que no participaron la señora Presidenta ni quien habla pero sí lo hizo el Director Dardo Rodríguez. Creemos que este proceso fue profundo, de muchísima participación a nivel técnico–política y que dejó productos en términos de documentación, de síntesis y de reflexión, sobre los que debemos avanzar para que se transformen en prácticas. En el presente período asumimos el desafío de transformar esos productos que creemos buenos, serios, de contenido eficaz, aggiornados a la realidad y ajustados a lo que el INAU necesita para avanzar. En fin, debemos transformar esos contenidos en prácticas y hacer que esos contenidos transformen las prácticas del INAU y continúen adecuando, mejorando y poniendo en condiciones a la institución. Esto podrá lograrse en dos sentidos fundamentales: por un lado, colocando a la institución, en términos de procedimiento, de desarrollo burocrático y de procesos, al servicio de la innovación metodológica. Pensamos que poco vale escribir sobre innovación si realmente no tenemos una institución capaz de innovar, de profundizar, de revisarse, de reverse ni de incorporar prácticas o procesos administrativos o de gestión que puedan estar a tono con aquellas líneas que son de innovación metodológica. No podemos tener una institución que no sea lo suficientemente ágil, por ejemplo, para apoyar a un número muy importante de familias que necesitamos incorporar al sistema de acogimiento familiar. El trabajo con las familias implica niveles de supervisión muy cercanos a ellas y niveles de acompañamiento pero también requiere llegar con los recursos técnicos y financieros acordes, en tiempo y en forma, porque con esas familias estamos coordinando la vida cotidiana de niños y niñas que han sido maltratados, que han tenido frustraciones, desarraigos y dificultades en lo que hace a las capacidades familiares de cuidados parentales. Por lo tanto, la institución no puede ser otra cosa que aquella que los cuida, que los protege y pone todo su procedimiento al servicio de esta protección.

               Se debe promover que la institución esté dispuesta, aggiornada y disponible en todos sus sentidos a la innovación metodológica, pero esto implica no solo rever procesos y procedimientos sino también competencias profesionales y humanas vinculadas a la protección de los derechos de los niños que son atendidos por el sistema del INAU. Además, implica identificar cuáles son las competencias necesarias que nuestros técnicos deben incorporar en forma permanente y dinámica. De hecho, hemos iniciado un proceso de consulta a los trabajadores y las trabajadoras de todo el país para que empiecen a decirnos cuáles son las debilidades en términos de competencia que hoy tienen, de forma tal de hacer de ello el insumo fundamental para el desarrollo de un plan de formación permanente. Estamos convencidos que son ellos los que mejor saben hacer la tarea y lo que se necesita para llevarla adelante cotidianamente. No pretendemos imponer un plan permanente de formación, sino trabajar con los trabajadores y las trabajadoras para ver cuáles son sus necesidades en términos competenciales. En ese sentido, queremos que la institución tenga una transformación cultural y que eso se refleje a nivel público. Creemos que los cambios internos, la transformación, la profundización de las competencias y la mayor capacidad de estar aggiornada a la realidad de los niños y los adolescentes en el Uruguay deben reflejarse en una imagen pública distinta para que la ciudadanía y el sistema del INAU en general generen una imagen de institución dinámica, protectora de derechos, flexible, que incorpore el diálogo y, en definitiva, que sea lo más capaz posible de proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

               Los señores Senadores tienen un pleno y profundo conocimiento por estar en este ámbito y saben que hoy el INAU tiene competencias distribuidas o dispersas en varios instrumentos legales –la ley orgánica que crea el Iname, el Código de la Niñez y la Adolescencia y las leyes complementarias al código– pero no tiene ley orgánica propia.

Para avanzar en el fortalecimiento institucional es necesario que el INAU tenga su propia ley orgánica, que reúna las distintas competencias –insisto en que ahora están dispersas en distintos instrumentos legales–, que incorpore con más profundidad los instrumentos internacionales de derechos humanos y de protección de derechos de los niños y niñas, que incorpore las nuevas competencias necesarias para dar cuenta en forma operativa, concreta y práctica de la innovación metodológica, que dé cuenta del esfuerzo que el INAU está haciendo y va a seguir profundizando para el proceso de desinternación y la incorporación del sistema de familias de acogimiento. De alguna manera, el marco legal que necesitamos debe poner a la institución en mejores condiciones para operar en este escenario de innovación metodológica y que el instrumento legal que tenga en los próximos tiempos –creemos que a corto o mediano plazo– le dé cobertura legal, garantía y sostén legislativo.

               Hablábamos de la política de desarrollo humano y, en este sentido, seguimos profundizando en esto de la consulta y el diseño de un plan nacional permanente de formación de los recursos humanos.

               También necesitamos desarrollar dos instrumentos que nos parecen muy valiosos y determinan una condición para avanzar en el fortalecimiento institucional: por un lado, unificar la planificación, la evaluación y el monitoreo de todas las políticas del sistema –es decir, las acciones propias del INAU, que desarrollamos con los funcionarios y funcionarias del instituto–, y por otro, generar la planificación, la evaluación y el monitoreo en todas las iniciativas que desarrollamos, que representan un porcentaje muy alto –alrededor del      70%– en convenios con organizaciones de la sociedad civil, a las que consideramos dentro del sistema y con las cuales mantenemos espacios de diálogo y de trabajo permanente, pero con las que muchas veces los niveles de supervisión y monitoreo son distintos. Tenemos una expresión de evaluación y monitoreo para nuestro propio sistema interno y otro mecanismo para el sistema en convenios. En esto debemos avanzar hacia un sistema único de planificación, evaluación y monitoreo, así como también hacia un sistema único de supervisión. Estamos trabajando en esto; en los próximos tiempos deberemos tomar decisiones para  tener un sistema de supervisión de todas las iniciativas que incorpore los componentes de evaluación y monitoreo y acompañe las prácticas de forma unificada y articulada como expresión de un sistema único. En este sentido, es muy importante apoyarnos en un sistema dinámico en términos de gestión de la información.

               En el próximo período también queremos trabajar en el mejoramiento de los sistemas de información, a los efectos de recoger información valiosa. Consideramos que hay que ser respetuosos en términos de los derechos de los niños y no recoger información que no vamos a utilizar –ello implicaría violentar los derechos de los niños–, usar la información que recojamos y que esta sea un instrumento para el diseño de las prácticas, porque tampoco se respetan los derechos de los niños cuando pedimos información y después no la utilizamos. En este sentido, queremos avanzar en los dos niveles.

               La línea estratégica Nº 5 tiene que ver con el acceso a bienes culturales y el derecho a la ciudad. Como un tema de innovación metodológica, creemos que hay espacios de la vida cotidiana de los niños, las niñas y los adolescentes en los que debemos seguir profundizando para que sean espacios de protección de los derechos; también debemos facilitar y garantizar el acceso a bienes culturales en la ciudad, garantizar el acceso a los espacios públicos donde los niños desarrollan una porción importante de la vida cotidiana, tanto en la calle como en las plazas, en todos aquellos espacios fuera del hogar y de la escuela, espacios públicos de interacción intergeneracional, que muchas veces no están diseñados con un enfoque de protección de derechos. Queremos desarrollar un trabajo fuerte con los ámbitos de la cultura y del diseño de las ciudades, tanto a nivel departamental como municipal, para poder colaborar con los urbanistas y con las políticas públicas departamentales y municipales, a fin de que en el diseño de la ciudad se incorpore una mirada de que esta debe ser utilizada por los niños, las niñas y los adolescentes en términos de protección, para que cada aspecto de la ciudad, ya sean espacios públicos, el tránsito o el transporte colectivo, sea una fuente y una herramienta de garantía de derechos y no de vulneración, de maltrato, de discriminación de los niños, como pasa muchas veces.

               La última línea estratégica está relacionada con la descentralización del Sirpa, con el fortalecimiento de lo que hoy es dentro del INAU el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Como decía la señora Presidenta, este asunto tiene un amplio consenso político, que esperamos se refleje en una rápida aprobación del proyecto de ley que se encuentra a estudio del Parlamento, tengo entendido que aquí, en la Cámara de  Senadores. De todas formas, mientras los señores Senadores desarrollan la reflexión política que podrá llevar a la aprobación del proyecto de ley, nosotros venimos trabajando en áreas paralelas en comisiones integradas por funcionarios del INAU y particularmente del Sirpa, preparándonos, adelantándonos y aprontándonos para que se dé el mejor proceso posible de transformación del Sirpa en una institución descentralizada.

A los efectos de profundizar en el tema de la planificación, voy a solicitar que el propio Director del Sirpa, Eduardo Katz, integrante de la delegación, profundice en la línea de trabajo que se lleva adelante.

SEÑORA LINDNER.- Señora Presidenta: solicito que el doctor Eduardo Katz presente la sexta línea estratégica de trabajo.

SEÑOR KATZ.- Buenos días para todos.

               El Sirpa fue creado por la Ley Nº 18.771 con el cometido de administrar las medidas privativas y no privativas de libertad. Con su misión y su visión, asumimos la responsabilidad de esta administración pensando en que un grupo de adolescentes en conflicto con la ley –algunos con medidas privativas y otros con no privativas– debía ser atendido como corresponde. Para eso, de alguna forma nos propusimos cumplir con cinco líneas programáticas que en realidad son muchas más, pero pretendo ser escueto y no prolongar mucho mi alocución.

               La primera línea programática tiene que ver con el fortalecimiento de las medidas socioeducativas. En realidad, cuando los adultos que hoy son usuarios del INR tienen un conflicto con la ley se les aplica una pena; en cambio, con los adolescentes se toma una medida socioeducativa. Nosotros nos proponemos fortalecer esas medidas porque entendemos que el encierro no aporta mucho y no se podrá recuperar a esos chicos para que sean útiles para la sociedad.

En la segunda línea programática hablamos de la creación de un centro modelo conforme a la normativa nacional e internacional. Todo lo que hacemos, cada paso que damos es muy importante porque está visto por los veedores nacionales e internacionales, pero más importante aún es que está visto por nosotros mismos, por nuestra conciencia, por nuestra forma de ser como sociedad y esta ya se expresó con el voto negativo a la baja de la edad de imputabilidad. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que tomar a estos chicos y dar los pasos necesarios para transformarlos; en muchos existirá gran dificultad, en otros no tanta, pero debemos hacer el intento con todos.

Como tercer lineamiento entendemos que hay que reforzar las medidas no privativas de libertad. ¿Por qué hablamos reforzar las medidas? Porque entendemos que las medidas privativas tienen que ser el último recurso. Pretendemos invertir la ecuación en el número de chicos y chicas que en estos momentos se encuentran privados de libertad, en relación con los que cumplen medidas no privativas –es decir que tienen medidas sustitutivas–, de manera tal que la mayoría no estén privados de libertad.

Para lograr esto nos vemos enfrentados ahora a la disposición –que se va a votar– que separa a este organismo del INAU. Como fuera expresado por los Directores y la Presidenta del INAU, para ello se requiere una reformulación del sistema administrativo en consonancia con esta futura descentralización. Actualmente se está trabajando en una Comisión integrada con funcionarios de ambas instituciones –en realidad hoy es una–, que están fijando los lineamientos y las necesidades para alcanzarlo.

Para llevar adelante todo esto en forma adecuada, nos propusimos crear una escuela de capacitación de funcionarios. Nosotros entendemos que cualquier modelo está sujeto a una mejora continua. Esto no quiere decir que todo lo que se está haciendo esté mal; hay cosas que se hacen bien y otras que se pueden mejorar. Cuando hablamos de mejora continua nos referimos a mejorar lo que está bien, corregir lo que no está del todo bien y quienes nos sucedan en nuestra labor tendrán que hacer lo mismo. De hecho, la palabra «continua» así lo expresa.

               En cuanto a la descentralización, es importante impulsar el tratamiento del análisis del proyecto de creación del Incca, Instituto Nacional para la Construcción de Ciudadanía Adolescente. De esa forma, con todas las líneas estratégicas que hemos enumerado, nuestra meta es poder seguir con el que viene  siendo nuestro plan de acción  en el poco tiempo que llevamos desde que asumimos. Como decíamos, tratando de invertir la ecuación entre la cantidad de chicos y chicas que están privados de libertad y los que están abocados a medidas muy privativas, iniciamos trabajos conjuntos con el Poder Judicial, es decir, con los jueces, defensores de oficio y fiscales. También estamos trabajando con  instituciones públicas y de la sociedad civil y estamos tratando de conseguir plazas laborales, porque entendemos que muchos de estos chicos, previo a una clasificación adecuada –de pronto el término «clasificación» no es el que más nos agrada, sería más pertinente hablar del estudio de sus perfiles para hablar en una dimensión más humana–, a un estudio de perfil adecuado, podrían salir a trabajar durante todo el día y luego volver a la institución. De hecho, algunos de ellos comenzaron en ese programa al que estamos abocados y una vez que estén trabajando durante un tiempo considerable  podríamos decir a los jueces, defensores de oficio y fiscales, que si trabajan todo el día y vienen a dormir a la institución, quizás podría ser prudente que no regresaran, pero para eso también tenemos que trabajar con las familias, porque debemos saber dónde van a dormir o se van a reinsertar el día que egresen de la institución. Pensamos en los chicos privados o no de libertad, en conflicto con la ley, desde el primer día que ingresan hasta el día posterior a su egreso.

               Para llevar adelante todo esto necesitamos capacitación, que es bastante multifactorial  porque no implica solo capacitar a los funcionarios para que la labor sea adecuada, sino que también hay que hacer cursos de inducción para los chicos que van a egresar y también para aquellas instituciones públicas o privadas que los van a recibir. Para llevar adelante este proceso nos hemos propuesto un modelo que por supuesto tiene una readecuación del presupuesto que se venía manejando y, en base a eso es lo que estamos presentando.

               Muchas gracias.

SEÑORA LINDNER.- Señora Presidenta no sé si los señores Senadores van a realizar preguntas sobre la propuesta presentada o seguimos con la discusión de los artículos. Quizás los señores Senadores quieran realizar preguntas sobre el articulado, si no fundamentaríamos cada uno de los artículos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Las Senadoras Montaner y Alonso están anotadas para hacer uso de la palabra. Independientemente de ello, agradecería que se discutiera artículo por artículo, porque es la metodología  de trabajo que utilizamos en la Comisión y  nos hace más sencilla nuestra tarea.

               Consulto a la señora Senadora Montaner si su intervención está relacionada con las consideraciones generales.

SEÑORA MONTANER.- Sí, señora Presidenta, me estaba ciñendo al régimen establecido en las sesiones anteriores en el cual una vez escuchadas las autoridades, les preguntamos sobre el paneo general.

SEÑORA ALONSO.- Mi intervención irá en el mismo sentido que el de la señora Senadora.

SEÑORA MONTANER.- Como es de estilo, agradecemos a las autoridades del INAU  por venir a informarnos y a intercambiar opiniones. Creo que es bueno tener un ámbito de armonía para que tanto lo que recibimos como lo que entregamos pueda ser absorbido y no rebatido. Con ese espíritu voy a hacer una pequeña minipresentación personal, no por egolatría, sino para decir por qué tengo sensibilidad y estoy abocada desde hace veinte años a este tema de la minoridad.

               Soy de profesión odontopediatria; ejercí muchísimos años, estuve en el Pereira Rossell, en el interior –soy de Tacuarembó–, tengo tres legislaturas como diputada por el interior y recorrí todo el noreste. Siempre me convocó la minoridad, siempre estuve entre el INAU, los niños y las policlínicas, en los lugares de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, tengo algún conocimiento de cómo ha sido la evolución de las cosas que han pasado en la sociedad.

               No venimos aquí a una caza de brujas, pero no venimos solamente a afirmar que quedamos satisfechos con lo que nos acaban de decir porque sinceramente estoy sintiendo que vivimos en dos países diferentes. Créanme que en todas nuestras recorridas hemos visto que hay un debe muy grande. Creo que la responsabilidad es institucional en primer grado, pero es también de toda la sociedad. O sea que no vamos a culpar solamente a la parte institucional, porque somos toda la sociedad que tenemos que ver, en parte, con cómo se van manejando la evolución y la dinámica del crecimiento y el desarrollo de la violencia, así como de los diferentes parámetros que estamos viviendo. Más allá de eso, la responsabilidad es institucional porque es la que maneja los recursos, la que define los ejes programáticos que acabamos de escuchar, las orientaciones y el futuro que nos van a proponer.

               Hasta ahora hemos visto que no se ha dado respuesta a la parte más dolorosa de nuestra sociedad, que es la de los niños y los adolescentes, porque no solo estamos en  un presente sino que estamos hablando de generaciones futuras. ¡Es el futuro Uruguay que está en juego!

               Estamos en un todo de acuerdo con lo que se expresó. No queremos medidas coercitivas ni de tortura. Han venido organismos internacionales veedores, como se decía muy bien hace un momento; el Comité contra la Tortura ha tenido expresiones muy duras que no voy a reiterar porque no viene al caso. Tampoco queremos que la Justicia tenga que intervenir porque fue muy doloroso lo que ocurrió con los temas de los motines. No queremos esa cantidad de cosas, pero siguen sucediendo. ¡La verdad es que siguen sucediendo! Creo que nadie de acá quiere que suceda eso, pero sigue ocurriendo.

               Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque en materia de recursos –lo escuchamos también acá, lo sabemos nosotros como legisladores, estudiamos lo que se aportó–, desde 2004 a 2014 un 192% –por ahí se dijo un 200%; andamos más o menos en lo mismo– es lo que el INAU ha llevado en cuanto a ejecución presupuestal. O sea que recursos económicos hay, sobre todo recursos para proveer cargos, para tener funcionarios. Ahora bien, ¿cuál es el drama? He recorrido y he dedicado muchas horas de mi tiempo –pero por vocación no por obligación– a hablar con Directores, con representantes de centros regionales del INAU y me han dicho que no hay recursos humanos porque la gente dice que el trabajo es estresante y no quiere asumir la responsabilidad. Algunos están con tratamiento médico y otros están con licencia médica. Faltan asistentes sociales en el interior, psicólogos y médicos pediatras. Los chicos de esos centros son atendidos a nivel hospitalario general; por ejemplo, para sacarlos de una crisis no se hace un tratamiento de rehabilitación o con psicólogos, sino que le dan una medicación sedante. Todos sabemos –no voy a reiterarlo; en la prensa se ha dicho– que se han sobremedicado chicos. Lo he presenciado, he estado con ellos ayudándolos en su rehabilitación porque en el interior muchas veces somos un poco de todo y la sociedad se integra muchísimo.

               Entonces, creo que hay un problema de una realidad donde hay que pisar fuerte. Nosotros tenemos in mente lo que queremos, pero lo que se está haciendo realmente no está yendo para adelante. Acá hay dos países: el que nos imaginamos y el que vivimos. Sinceramente lo digo, con total honestidad, sin ir a confrontar. El que nos imaginamos es el que todos escuchamos que se menciona acá, y que todos nosotros queremos: los chicos con libertad, en la integración, en la inclusión en los espacios físicos. En los departamentos del interior, los chicos en los espacios físicos muchas veces están atemorizando en los barrios porque todavía están sin ser rehabilitados, más bien todavía están en el hurto de una bicicleta o sometiendo a los vecinos. O sea, hay cosas para arreglar, pero no soluciones. Y esto que estoy mencionado es de quince años atrás –no es de ahora–, pero se ha agravado; a tal punto que leemos y vemos que la justicia interviene y que los veedores internacionales nos dejan indicaciones, pero cerramos los ojos y miramos para otro lado. Por lo tanto, somos omisos del bienestar general y de la felicidad de los niños que es lo que nos mandata la Convención Internacional sobre los Derecho del Niño. Estamos cayendo en una omisión muy grave.

 Con esta introducción, lejos de querer confrontar, intento decir lo que he vivido y trato de escuchar lo que ustedes están sintiendo que debemos vivir. Me parece que todos queremos el futuro de esta manera, pero no lo estamos logrando. En la exposición no escuché realmente ninguna medida concreta –y lo digo con sinceridad–, algo que me haga pensar: «Esto nos va a dar una solución».

Antes de hacer una serie de preguntas quiero decir que en la reforma de la Constitución –que no fue poca la cantidad de personas que la votaron, más de un millón– el Partido Colorado propuso el tema de que el Sirpa fuera un organismo descentralizado, porque vio que el INAU –que es un organismo de contención a la minoridad, creado para eso, con más de 80.000 niños– estaba desbordado y, por lo tanto, era necesaria la existencia de otro organismo que se abocara, justamente, a la minoridad y a los infractores. Entonces, debía tener otros objetivos, otros recursos humanos, otro perfeccionamiento –diría–, una nueva infraestructura, cambiar totalmente el software de lo que es el Sirpa por este nuevo organismo que hoy estamos tratando en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, que se llama Incca, y vamos a aprobar por unanimidad porque todos creemos en sus objetivos. Por eso digo que en el futuro, en lo que expresamos y en lo que sentimos no tenemos diferencias; en lo que vivimos, en lo que se palpa, en lo que se publica todos los días en la prensa, en lo que nos rebaten, en la realidad, la cosa es diferente. Y tenemos que admitirlo; el día que nos sinceremos, más allá de los partidos, creo que vamos a trabajar mejor, porque queremos lo mismo pero tenemos que aceptar las dificultades.

Voy a hacer una serie de preguntas, y termino, porque nosotros, el Partido Colorado, vamos a votar los recursos para el INAU ya que entendemos que son áreas de gran sensibilidad, pero pensamos que los recursos tienen que venir de la mano con resultados de gestión.

 En primer lugar –como ya dije– día a día vemos lamentablemente y con tristeza las noticias en la prensa respecto a los motines, las reducciones y la violencia, pero no hemos sentido hablar de las medidas socioeducativas. A lo mejor ustedes me pueden orientar dónde se pueden ver para saber de qué manera se están ejecutando, si son planes piloto o experiencias que se están realizando a nivel de todo el país o si se están haciendo puntualmente en determinados lugares, porque muchas veces empiezan siendo programas, pruebas piloto dirigidas a un universo de población reducida para ir probando. No lo sé, no las escuché ni las he visto.

Quiero saber si se elaboraron los protocolos de actuación, porque cuando tuvimos aquel triste episodio donde intervino la Justicia se dijo que no había protocolos de actuación frente a los motines. En concreto, consulto si el Directorio ha elaborado algún protocolo, en qué consiste y si está rigiendo. También quiero preguntar qué competencias se exige al personal a cargo de esta tarea tan específica y si fue cambiado después de lo que sucedió. ¿Se hace una evaluación diferente y se busca un perfil distinto? ¿De qué manera se hace? ¿Con qué criterio se maneja?

En tercer lugar, desearía saber qué programas de capacitación hay para el personal, porque creo que no se necesitan –como se dice– solo brazos gordos, sino competencias que faciliten la rehabilitación para la sociedad porque es nuestro capital social.

               Por otro lado, quiero plantear la situación de un grupo de mujeres –que han planteado ser recibidas más adelante en esta Comisión–, cuidadoras del INAU, que han llegado a hacer un reclamo ante la OIT por lo que ellas creen son derechos adquiridos en el tiempo en que han trabajado con niños en hogares sustitutos. Me gustaría saber si el nuevo Directorio puede informarnos en qué está esa situación y si este modelo de cuidadoras alternativas va a continuar o no. Además, sería bueno que nos explicaran si este reclamo de las cuidadoras ante la OIT continúa y en qué instancia está.

               En cuanto a las adopciones, estamos terminando el año, sabemos que hay un registro en el que constan unas trescientas adopciones y que en el año en curso se han concedido muy pocas, alrededor de cincuenta y dos o cincuenta y tres. Quisiéramos saber qué está pasando con respecto a este tema porque es algo que preocupa a todos los partidos y al conjunto de la sociedad. Según la gráfica, la ley de adopciones ha generado insumos, pero también se ve un detenimiento en el proceso y nos gustaría saber cuál ha sido el motivo de esto.

               Como dije anteriormente, el Partido Colorado va a seguir apoyando políticas sociales y lo relativo a la minoridad. Debo decir que siento que no han habido –aclaro que lo digo con humildad– iniciativas tan contundentes como la que se desarrolló en el año 1988 con el Plan CAIF. Esto marcó un hito, fue algo muy importante y me parece que no solamente hay que reeditarlo sino que hay que tener presente que son modelos que han dejado experiencias muy positivas. No estoy hablando solamente del aspecto discursivo, sino de la integración del Estado con la sociedad civil, las intendencias y la familia. Reitero que esto ha dado excelentes resultados.

En cuanto a la ley de adopciones, a veces nos preguntamos si el INAU debería seguir teniendo el monopolio o si se podría buscar alguna alternativa público-privada. Creo que no hay que disparar de las cosas que dieron buenos resultados y que sería bueno configurar elementos que, aunque no sean asimétricos o espejo, hayan dado resultados positivos en lo que respecta a medidas concretas que buscan dar solución a ciertos problemas y no son simplemente expresiones de deseos que hacen que hoy –lo digo con mucho respeto– estemos trancados y con una gestión en la que no se está avanzando.

Por lo tanto, pido a las autoridades que hoy nos visitan que nos trasmitan medidas concretas que consideren que podrían terminar con este problema de la vulneración de los derechos humanos de los niños y los adolescentes, teniendo en cuenta también que muchas veces estas personas hacen lo mismo con los derechos del resto de la sociedad al agredirla.

SEÑORA ALONSO.- En primer lugar, agradezco la comparecencia de las autoridades del INAU.

               En segundo término, quiero decirles que coincido con las seis líneas estratégicas que han planteado, vinculadas a políticas sociales inclusivas e integrales para la niñez y la adolescencia. Creo que son compartibles por cualquier ciudadano.

               El problema es que no alcanza solamente con tener buenos enunciados o buenas voluntades. ¡Ojalá eso fuera suficiente! En este caso, lo que nos convoca en el día de hoy –que es lo que realmente importa– es el compromiso con la gestión y la calidad del gasto. Eso es lo que vamos a analizar, a discutir y a debatir.

               Antes de comenzar con el análisis del articulado, quisiera hacer algunas reflexiones sobre la presentación que hizo el INAU, en particular su Presidenta, porque me quedé pensando –y lo pude leer en distintas partes de la presentación– en la misión y la visión que tiene la institución. A raíz de eso me pregunto y les pregunto si el INAU en estos años –no es una pregunta para anotar porque tiene que ver con una concepción mucho más compleja y no alcanza con que den una repuesta simple– ha cumplido con la misión y la visión de resguardar los derechos de los niños en nuestro país, velar por ellos, cuidarlos y restablecerlos. En particular hablo de aquellos niños que están en los programas de tiempo completo, que viven las 24 horas de los 365 días del año en las instituciones del INAU que, en su gran mayoría, como decía el Director Rodríguez, llegan a la institución porque son víctimas de maltrato, abuso o violación, y nosotros los premiamos institucionalizándolos, en muchos casos, por más tiempo del que deberían estar allí. Lo que es más preocupante es que la institución, que tiene la tutela de estos niños y debe velar por ellos, no siempre lo hace como debería. Con esto no quiero generalizar porque sería injusta. He conocido a muchísimos funcionarios, funcionarias y educadores que han dado su vida por esta tarea, pero en esto de no generalizar justamente tenemos de unos y de otros.

En esto últimos meses, en particular en los últimos años, hemos sido testigos de las diferentes irregularidades cometidas dentro del INAU, no solamente en los casos de notoriedad pública –como han sido la violación de los derechos humanos, tal como dijo la señora Senadora Montaner– de los menores en infracción con la ley, tal como ocurrió en el Sirpa durante estos años y desde esta casa se fue advirtiendo a partir de distintos informes como el de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que aquí se relativizaron durante mucho tiempo y se miró para el costado diciendo que eso no pasaba, sino también de otros hechos que nos han preocupado, donde no hubo protocolos ni procedimientos, cuando aquí se habla de establecer procesos y de una innovación metodológica. Estos hechos dolorosos –notorios o no– han ocurrido en muchos lugares, especialmente en el interior del país. Conocimos casos que tuvieron una gran repercusión como el de los niños de Mercedes, de Melo o la niña de la que se abusó en Rivera hace pocos meses. Podríamos nombrar muchos más casos, pero preferimos obviarlos. Hoy estamos en una nueva instancia presupuestal, donde se planifica, se establecen prioridades y queremos saber cuáles son los objetivos y las metas del instituto para este período.

               Con sinceridad queremos decir que vemos con expectativa y tenemos la esperanza de que las actuales autoridades hagan una buena conducción y esperamos que esto ayude positivamente. Pero esto también debería tener una continuidad porque estamos hablando de una misma fuerza política que viene conduciendo y gobernando a este país en estos últimos años, lo cual debería haber colaborado en los resultados concretos.

               Considero que detrás de esta gestión hay algo que está ahí, que lo vemos pero nadie quiere hablar al respecto, y es que la institución está en crisis en cuanto a su misión y su visión desde su propia raíz. Sería bueno tener un debate para analizar estos aspectos, lo cual no haremos en la instancia de hoy, pero esperamos que se pueda lograr en algún momento porque es indispensable y necesario, ya que en esto perdemos todos, no gana nadie. Por eso es muy importante que tengamos esta instancia, no solamente para escucharlos, sino también para analizar juntos y, especialmente, comprometer a las nuevas autoridades a asumir un compromiso en la gestión de los próximos años. Creo que es el momento de discutir, no el cuánto –que vamos a acompañar y sobre el que coincidimos–, sino el cómo, que quizás no lo escuchamos claramente, así como también el para qué. En algún momento será necesario discutir esto.

Acá se viene a pedir recursos con un objetivo y los artículos que analizaremos en unos minutos vienen acompañados por planillas y cifras. Ahora bien, es importante rendir cuentas de todo esto, porque pienso que todo el esfuerzo que puso la ciudadanía con un sentido de solidaridad social, en particular en un tema tan sensible como es el relativo a la niñez y la adolescencia en nuestro país, no ha sido provechoso; creo que así se siente. Cuando uno lee lo manifestado por el anterior Directorio del INAU en el presupuesto pasado, puede apreciar que se plantearon casi los mismos objetivos que hoy. Cuando uno mira la rendición de cuentas en el tiempo pasado puede ver que los resultados fueron muy magros y no queremos que vuelva a pasar lo mismo.

               Digo esto en función de ciertas consideraciones que hacía el expresidente Salsamendi, porque fui a mirar cuáles eran esos objetivos, ya que aquí están presentes algunas de las personas que formaron parte de aquel Directorio para el quinquenio anterior. Él decía: «Consideramos que la cantidad de niños y niñas de 0-7 años, atendidos desde la modalidad de tiempo completo –es decir, los que están 24 horas en los hogares– puede ser reducida en un 75% desde esta perspectiva», es decir, para el quinquenio 20120-2014. Sin embargo, de acuerdo con los cuadros que hemos visto, estas cifras no solo no se redujeron sino que aumentaron.

               Este es un debate que hay que afrontar, ¿qué pasa con esos niños? A veces parece que hay cierta concepción establecida, pero los niños no son del INAU. Uno tiene que pensar cómo restablecer esos niños, en primer lugar, a esa familia de origen, de contención a la que, en muchos casos, hay que ayudar social y económicamente.

               En resumen, sentimos que el objetivo planteado por el Directorio anterior está muy lejos de haberse cumplido; venimos arrastrando una situación y esperamos que no vuelva a ocurrir lo mismo.

               Quiero finalizar con un avance de lo que es mi concepción con respecto a esto; tengo expectativas en esta nueva dirección y le voy a pedir ese compromiso del que hablaba al principio porque es algo central. 

               Señora Presidenta: no sé si ya vamos a empezar a discutir el articulado, porque quisiera formular varias preguntas, aunque tal vez haya otros compañeros que deseen hacer más reflexiones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a seguir con las consideraciones generales y con las preguntas vinculadas al informe que se nos ha presentado ahora. Luego pasaremos al análisis de los artículos y, en todo caso, ahí intervendremos para preguntar sobre ellos. Sería bueno mantener la metodología porque me parece que es un método más ordenado, sobre todo si tenemos en cuenta que en estos días vamos a recibir varias visitas.

SEÑORA MOREIRA.- Ante todo quisiera dar la bienvenida a la delegación del INAU y especialmente a su nueva Presidenta.

               Me gustaría comenzar con una reflexión que quizás tenga un tono algo distinto a las de quienes me precedieron en el uso de la palabra, porque quisiera señalar algunos aspectos fuertes del informe, de la propuesta. Creo que, más allá de la evaluación sobre el pasado, hay que pensar en el porcentaje de niños que nacen en hogares pobres para darse cuenta del terrible trabajo que tiene el INAU y ¡ni que hablar del sistema educativo! Allí tenemos los números recientes del Instituto Nacional de Estadística que dan cuenta de esta difícil realidad que tiene esta institución encargada, nada más ni nada menos, que de blindar la infancia.

               En definitiva, voy a plantear dos preguntas y haré algunos comentarios positivos sobre lo que me gusta y me parece es el fuerte de esta propuesta.

Primero debo decir que me parece que la propuesta engarza bien  con el Sistema Nacional de Cuidados que es el fuerte de este Presupuesto; quizás este sistema sea la propuesta más ambiciosa de expansión de derechos que tenemos en este Presupuesto, es decir, el buque insignia y aquí quiero destacar algunas cosas. Por ejemplo, destaco el aumento de la cobertura de los CAIF que es parte integral del Sistema Nacional de Cuidados y, especialmente, el fortalecimiento del sistema de adopciones. Se debe recordar que en el período pasado votamos una ley destinada a acortar los tiempos en los que finalmente se decide la situación del niño y a privilegiar el orden de prelación de las familias que quieren adoptar. En fin, adoptamos una serie de medidas y en la discusión del programa de adopciones todos nos volvimos muy conscientes de las dificultades.

En la exposición presentada aparece el fortalecimiento de este programa y creo que es una buena acción. También lo es en relación con las modificaciones que nosotros le introdujimos al sistema. Me parece indispensable el trabajo con el Poder Judicial que  es otra línea que vemos aquí remarcada. Siempre se debe hacer una especie de trabajo conjunto porque muchas leyes para ser transformadas en políticas públicas pasan por un Poder Judicial que va incorporando nuevos derechos, nuevas sensibilidades y se va focalizando sobre las poblaciones vulnerables que siempre son los niños, las mujeres, los más pobres y el interior del país.

               Quiero rescatar que me gusta la reconversión de los centros de internación en centros de acogimiento y fortalecimiento familiar. No sé muy bien cómo va a funcionar esto pero, en principio, le doy el visto bueno porque me parece importante. Creo que debemos tratar de reducir la internación lo más posible. También considero que el enfoque general del fortalecimiento de las medidas socioeducativas es bueno y el sistema debe fortalecerlo. En esta sala se realizó un gran seminario al que concurrió mucha gente y que se basó en esta idea de la internación. La prisión también es una internación, pero la privación de libertad es la última medida. Creo que esta inquietud la tuvieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra como la Senadora Montaner y la Senadora Alonso.

El principio estructurador de la acción política de reducir las medidas de privación de libertad, que la privación de libertad sea la última medida y que las medidas socioeducativas estén primero, me parece algo muy bueno, sobre todo, en una sociedad donde, a veces, los niños son blancas palomitas y, otras, la horda primitiva. Estamos ante una sociedad que nunca termina de fijar su criterio entre esta infancia que luego y de pronto se vuelve minoridad infractora. Por eso, me parece un buen rescate la política que apunta a la infancia y no hablo de infancia inocente, pero sí como el aspecto vulnerable de la vida y no la horda primitiva que aparece en la primera hora de los informativos.  Creo que el enfoque está bien y si no lo hace el INAU, ¿quién lo va a hacer?  Además, es una manera de contrapesar esta demanda que la sociedad tiene de mano dura contra los jóvenes.

               Por otra parte, me parece una excelente idea la  de la escuela de capacitación de funcionarios. Creo que se hace mucha cosa en el marco de la formación de los funcionarios del INAU, entonces, es bueno transformar esto en una institucionalidad más estable.

               Tengo para formular dos preguntas. Una refiere al Incca –ya estamos buscando cambiar ese nombre porque nos  recuerda a la pintura– que viene del período anterior porque el propio Salsamendi –como lo recuerda la Senadora Alonso– cuando inició su gestión comenzó con la idea de la separación de lo que luego sería el Sirpa del INAU. Recordemos que se formó aquella Comisión bicameral sobre el tema de la minoridad infractora. Sobre esto que se va concretando quisiera saber si todo lo necesario está contenido en este Presupuesto para lograr la separación del Sirpa del INAU o si hay algunas medidas que vendrán después. Estábamos conversando con el Senador Michelini porque integramos la Comisión de Constitución y Legislación, pero el tema allí no está, se encuentra en la Comisión de Población e Inclusión. También quisiera saber si es buena cosa que esto se apruebe junto o inmediatamente del Presupuesto. Vuelvo a insistir en si toda la previsión de esta separación está incluida en el Presupuesto o si hay cosas que vendrán después.

               La segunda pregunta es que en el período anterior se aprobó una ley que establecía un mínimo de un año la internación en el INAU para aquellos menores que cometían delitos graves y gravísimos, uno de los cuales es la rapiña y, después, se le añadió la complicidad, lo que implicó a una buena cantidad de gurises.

               Entonces, la pregunta es si hay alguna evaluación sobre el impacto que esta ley ha tenido como política pública. Uno aprueba las leyes pero luego hay que controlar los impactos de la legislación en una política pública y, en su momento, se  habló de que esto iba a producir una especie de sobrepoblación y hacinamiento del INAU si, efectivamente, se aplicaba en todo su rigor. Quería saber, reitero, si  había alguna evaluación sobre esto, es decir, sobre el impacto que había tenido la medida de internación mínima de un año para menores en infracción con la ley por delitos graves y gravísimos sobre la población internada.

               Era eso, señora Presidenta, gracias.

SEÑORA ALONSO.- Quería decir algo en la misma línea de las expresiones de la señora Senadora Moreira respecto a este nuevo proceso de transformación institucional que hoy estamos discutiendo en esta casa. Me refiero al proyecto de ley para desprender al Sirpa  del INAU y transformarlo en un servicio descentralizado independiente –cosa que nos parece muy buena aunque esperamos que no se llame Incca– y con las mismas características institucionales que el INAU; estamos en ese proceso.

               Indudablemente, la aprobación de este proyecto de ley va a generar una etapa de separación. Este proceso involucra recursos presupuestales, humanos, materiales y también inmuebles y después, cuando tratemos algunos de los artículos, quiero hacer referencia a esto.

El nuevo instituto entraría en esta etapa de transición, justamente, en este período del Presupuesto y quisiera saber si alguno de los artículos –por eso decíamos que nuestras expresiones irían en la misma línea de las de la señora Senadora Moreira– prevé esta circunstancia. Probablemente algunos conceptos abarquen funcionarios, salarios y retribuciones; quizás algunos van a percibir esto en el futuro Incca –o como se llame, en definitiva– pero hay otros aspectos que están vinculados con la infraestructura. Supongo que también esos recursos van a ser administrados en el futuro Sirpa o Incca y sobre eso quería que nos respondieran cuando se tuviera la oportunidad. Como decía, supongo que esos recursos serán administrados por el Sirpa pero, claramente, se trata de funciones que hoy son del INAU.

Entonces, me gustaría saber cómo van a llevar a cabo este proceso que, justamente, comenzaría en la mitad de este Presupuesto y que va a generar esta etapa de división que queremos saber cómo se piensa implementar.

               Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR DELGADO.- En parte, lo que íbamos a preguntar lo acaba de formular la señora Senadora Alonso, por lo que vamos a hacer referencia a lo que ella dijo.

Queríamos saber cómo viene, presupuestalmente, el proceso inevitable que se va a dar, espero que más temprano que tarde, de la creación de un servicio descentralizado en el Sirpa. Quiere decir que queríamos saber cuáles son las previsiones presupuestales al respecto del desprendimiento del INAU, tanto en infraestructura como en el tema de las previsiones para el rubro relativo a los funcionarios.

               Después, las otras preguntas que queríamos hacer tienen que ver con las previsiones de ingresos por año, tanto de lo que es INAU como de lo que va a ser el servicio descentralizado que se va a llamar de forma parecida a como dijo la señora Senadora Alonso. Queremos saber los montos por año, es decir, cómo van a estar desglosados los ingresos previstos en el quinquenio. Seguramente, este tema lo iremos a tratar cuando abordemos alguno de los artículos vinculados a las  retribuciones personales.  

SEÑOR MELÉNDEZ.- Quiero saludar a todo el equipo del INAU y no solo a sus autoridades, porque si algo aprendimos durante estos diez años fue a trabajar en equipo y saber la importancia que esto tiene para abordar específicamente cada uno de los temas.

               En términos generales, voy a referirme a un aspecto que me parece importante

–que ha sido mencionado por los señores Senadores preopinantes– vinculado a los objetivos del INAU; al hecho de por qué son parecidos o complementarios y por qué algunas de las transformaciones que se dan tienen una historia determinada y tiempos a los que hay que referirse. Esto pasa porque hemos cambiado el paradigma; esto es, hemos pasado de la doctrina de una situación irregular a la protección integral que, necesariamente, implica un mecanismo de transición, no solamente de las acciones, sino de las concepciones, tanto personales como institucionales, para llevar adelante mejor la tarea. Me parece que este es un elemento fundamental porque a todos nos pasa que podemos pensar con el paradigma de la protección integral y, a veces, hablar con el paradigma de la situación irregular. Esto se da cuando nos referimos a adolescentes en conflicto con la ley o a menores o minoridad. Esta es una cuestión conceptual que tenemos arraigada y que nos cuesta bastante poder desapegarnos de ella en estos nuevos tiempos. Eso implica que los objetivos se repitan una y otra vez tratando de profundizar ese proceso de cambio y de adecuación de las instituciones y de la capacitación del personal.

               De lo que se ha presentado me parece importante destacar todo lo que tiene que ver con la capacitación y con algo que pasó casi inadvertido, como es la relación interinstitucional.

               Decimos que tenemos 877.000 niños, niñas y adolescentes en el Uruguay; que el INAU atiende a 85.000 y que son 530 o 550 los adolescentes que están en conflicto con la ley. Esto da un 0,6% de lo atendido y ¡ni hablemos de la ínfima cantidad de niños, niñas y adolescentes del Uruguay! Este debe ser un tema a tener en cuenta a la hora de realizar la exposición porque, por lo general, nos quedamos con las preguntas o con la importancia que tiene esto más a nivel de la percepción que de la cantidad de niños atendidos y de los sistemas de atención.

               Creo que, de una forma muy importante, se ha hecho un racconto de todos los programas en los que se atiende, lo cual considero vital.

               Me gustaría hacer una pregunta específica vinculada a esto que acabo de mencionar: los cambios de paradigma. ¿Qué avances se han registrado con la Asociación de Magistrados del Uruguay o con el Poder Judicial para que realmente se consolide la posición de que la privación de libertad sea la última medida? Hay estadísticas que claramente muestran que no todos los jueces de adolescentes prevén medidas alternativas al principio y luego culminan con una medida de privación de libertad.

SEÑORA LINDNER.- Realmente nos sentimos muy entusiasmados con esta posibilidad de debate.

               El tema de la infancia y la adolescencia es causa nacional y en ello resulta esencial lograr los acuerdos del conjunto del sistema político y de todo el Estado en función de objetivos comunes.

               Las preguntas que se han realizado realmente dan para generar un debate. Entonces, asumimos el compromiso y les tomamos la palabra de generar en este ámbito un profundo debate sobre la realidad de la infancia y la adolescencia en nuestro país; nos parece que la sociedad uruguaya lo necesita y que es imprescindible para el sistema político, porque ello enriquecerá las prácticas institucionales y nos indicará hacia dónde debemos conducir las políticas de infancia y adolescencia. Además, creemos –estamos convencidos de ello– que la sociedad uruguaya analiza y discute poco sobre una etapa de la vida que es muy importante para el desarrollo de la humanidad, porque lo hace desde el problema, desde las situaciones de vulnerabilidad y de infracción a la ley penal, a partir de los elementos que nos ocupan  y nos preocupan,  que tienen que ver con las situaciones de maltrato, abuso y discapacidad. Pocas veces esta discusión se da en forma más amplia en torno a cuál es el lugar que esta sociedad le da, esta sociedad adulto–céntrica, que le ha costado tanto –le sigue costando y en eso estamos todos involucrados– salirse del lugar de la protección desde el punto de vista de la protección tutelar al paradigma de la protección integral. Este es un elemento que nuestro país, y de forma relativamente reciente –porque es un debate que logró avances en las normativas hace menos de veinte años– debe convocar, más allá del discurso, a analizar efectivamente cuál es el lugar que tiene la infancia y la adolescencia en nuestro país, cuando nos cuesta tanto reconocer la voz y la palabra de los niños y adolescentes, cuando nos cuesta tanto escucharlos como protagonistas de sus propias historias, y en definitiva colocarlos como sujetos de derecho para poder desde ese lugar avanzar en la definición de políticas públicas. Agradecemos todas las preguntas que se realizaron y consideramos que se necesita un debate mucho más amplio, profundo y enriquecedor. Considerar el tema de la infancia y adolescencia como una causa de la sociedad uruguaya y, en particular, de responsabilidad del conjunto del Estado no nos exime de las responsabilidades que tenemos como autoridades de la institución. En ese sentido reafirmamos el compromiso de asumir esta responsabilidad y consideramos que este ámbito parlamentario es una instancia a la que nos debemos y  por eso sentimos la necesidad de responder a las preguntas que se plantearon en relación a los aportes y  a los cuestionamientos.

               Asumimos esa responsabilidad y quedamos a disposición de los señores Senadores para profundizar algunos de los aspectos que simplemente en forma de titular nos vamos a referir.

               Se formularon preguntas que casi son integradoras de todo lo que hace a la vida de la institución. La señora Senadora Alonso hacía referencia a la misión y la visión de esta institución, lo que sin lugar a dudas representa el horizonte hacia donde debemos mirar a la hora de pensar en cuáles son los aciertos y las dificultades que tenemos para poder llevar adelante esos cometidos.

               Como decíamos al inicio de nuestra exposición los cometidos que se le otorgaron en la ley orgánica y en el Código de la Niñez y la Adolescencia hablan de la rectoría de las políticas de infancia y adolescencia, pero además atribuyen responsabilidades concretas en torno a la regulación de algunos temas fundamentales como: adopciones, aspectos vinculados a los espectáculos públicos y aquellos asociados al trabajo infantil. Esta institución tiene responsabilidades muy importantes en lo que hace a la regulación de algunos temas que son fundamentales en la protección de la niñez y la adolescencia. Estos temas son muy amplios y hay que colocarlos en función de que esta institución debe asumir esta responsabilidad en un conjunto de institucionalidades del Estado que de alguna manera llevan adelante las políticas universales y aquellas focalizadas en torno a lo social, que necesariamente deben confluir en un sujeto común, que son los niños y adolescentes en el marco de sus familias. En este sentido, decimos que para poder asumir la responsabilidad de rectoría es imprescindible que lo hagamos en conjunto con las políticas educativas, sanitarias y sociales. De alguna manera, el INAU tiene como tarea favorecer y profundizar esas relaciones interinstitucionales, esos compromisos de lograr la unificación de las prácticas porque, en definitiva, los sujetos son uno solo: los niños y adolescentes en el marco de sus familias y, por lo tanto, de la sociedad en su conjunto. Esta tarea ha generado tensiones en la vida de la institución. ¿Por qué? Porque el INAU tiene una responsabilidad gigantesca en su implementación; fíjense los señores Senadores que estamos hablando de que solamente nuestra institución está abarcando con distintos programas y líneas de acción al 10% de los niños y adolescentes del país, con una diversidad de problemáticas que, como describimos al inicio, son de enorme heterogeneidad y todas necesitan de globalidades desde el punto de vista de la concepción de derechos pero, a su vez, de programas específicos que atiendan esas particularidades.

               Por lo tanto, las líneas de trabajo hacia la primera infancia necesariamente tienen que estar transversalizadas por una serie de programas vinculados con el abuso, el maltrato, la discapacidad, aspectos que hacen a la vida específica de determinadas poblaciones vinculadas con la niñez y con la adolescencia. En este sentido, reconocemos lo que imprescindiblemente tiene que integrar el plan de trabajo para este quinquenio, y así lo hicimos cuando avanzamos en su discusión. Uno de los elementos que planteamos y que nos proponemos, a través del fortalecimiento de la institucionalidad y de lo que implican las capacidades institucionales, es colocar la rectoría y la regulación como temas mucho más potentes para que de alguna forma permeen el conjunto de las políticas públicas.

Las políticas sociales necesariamente impactan sobre el conjunto de la sociedad y tienen a los niños como protagonistas. Por lo tanto, acá hay un aspecto que hemos analizado y discutido en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales…

(Interrupción de la señora Senadora Montaner que no se escucha).

               –No, todavía no hemos empezado con ese tema, pero me parece que se hizo referencia a determinados marcos, y luego analizar específicamente cada uno de los temas hace imprescindible…

(Interrupción de la señora Senadora Montaner que no se escucha).

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa exhorta a los señores Senadores a no dialogar ya que dificulta la toma de la versión taquigráfica.

La señora Senadora Montaner pidió una interrupción para hacer una pregunta sobre un tema que pensó que ya lo habían considerado pero aún no lo han hecho; luego de que lo consideren, si le parece que tiene que formular alguna pregunta, podrá pedir una interrupción.

               Entonces, esperemos a que los expositores terminen el desarrollo de sus respuestas y si se consideran insatisfactorias, se podrán pedir aclaraciones.

SEÑORA LINDNER.- Quiero comentar que no vamos respondiendo las preguntas en forma cronológica sino que estamos tratando de analizar algunos de los temas que se plantearon en otras intervenciones para tratar de ordenarlos y poder responder algunas de las preguntas en forma ordenada. Obviamente, quedamos a disposición para contestar todo aquello que no se plasme claramente en nuestras intervenciones.

               En este sentido, voy a hacer referencia a un tema que de alguna forma está contenido en los aspectos programáticos y que tiene que ver con esta tensión entre lo que es la rectoría y la responsabilidad de implementación de las políticas. Cuando hablamos del fortalecimiento de las capacidades institucionales, cuando hablamos de profundizar los aspectos vinculados a la información y a tener áreas de evaluación y monitoreo, nos referimos a la necesidad de fortalecer las líneas vinculadas a lograr que nuestra institución pueda permear, sugerir y aportar al conjunto de las políticas de infancia y adolescencia que se desarrollan en todo el sistema de protección del Estado. En este sentido –y haciendo referencia a algunos de los aspectos vinculados al Sistema Nacional de Cuidados–, para el INAU este es un eje central y prioritario que los señores Senadores verán expresado en los artículos presupuestales.

Nuestra institución tiene como responsabilidad implementar casi el 40% del total del presupuesto destinado al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Las metas que nos proponemos alcanzar en este quinquenio están vinculadas a saldar parte de la deuda histórica que tiene esta sociedad con la niñez y la adolescencia. Tal como se ha planteado aquí, en los últimos diez años ha habido un incremento en la inversión del gasto social en infancia. Sin embargo, creemos que sigue siendo insuficiente para la dimensión de los problemas que se arrastran. Quiero recordar que a principios del año 2005, más del 53% de los niños y adolescentes estaban en situación de pobreza. Este es un tema que no podemos soslayar. La reducción de los niveles de pobreza infantil en los últimos años es insoslayable. De todas formas, eso no nos conforma ni nos quita responsabilidad, sino todo lo contrario. Como autoridades asumimos la responsabilidad de abordar esas cifras porque nos interpela como país, como también nos interpelan aspectos que están asociados a los avances del desarrollo. Esto da para largos análisis.

A lo largo del tiempo hemos reafirmado aspectos por medio de algunas investigaciones realizadas por la academia que indican que el haber avanzado en la accesibilidad de los niños y adolescentes a los sistemas universales de salud y educación, nos ha aparejado nuevos problemas. El haber avanzado en poder develar problemas absolutamente ocultos, a los que no se llegaba y que hay que volver a encaminar –los señores Senadores lo hacen por el conjunto del país, la señora Senadora Montaner así lo ha planteado porque escucha y conversa con los actores institucionales, pero también supongo que con los niños y adolescentes–, dan cuenta de otras situaciones problemáticas que nuestra sociedad tenía absolutamente naturalizadas. Recorriendo el país nos encontramos con situaciones de abuso instaladas que golpean y que están, de alguna forma, legitimadas. Hoy por hoy, los medios de comunicación son un actor fundamental para las sociedades porque han colocado algunos de estos temas en el debate público. Esos temas no agotan las complejidades y el drama que vive un número muy importante de niños y adolescentes de este país.

Asimismo, los nuevos avances en el desarrollo también nos han colocado nuevos problemas. Los grandes emprendimientos, que en toda la humanidad son polos de desarrollo, también traen aparejados nuevos problemas sociales y nuevas dificultades que muchas veces agudizan la situación de vulnerabilidad de determinados actores que son los que menos acceso y oportunidades tienen.

               En este sentido, nuestra sociedad necesita encarar, sin lugar a dudas, un profundo debate sobre el tema de la salud mental. Ni que hablar –esto no es nuevo– que, de alguna forma, son sociedades que medicalizan y que tratan de apaciguar los problemas a partir de aspectos que están vinculados al encierro. Hoy en día, el encierro para nuestra institución y para nosotros que somos las autoridades, es un tema que nos está convocando y desafiando a poder buscar alternativas. Es enorme la cantidad de niños y adolescentes que tienen problemas de salud mental y, por lo tanto, es enorme la inversión que tiene nuestra institución en temas de salud. Creo que el anterior presidente del INAU lo ha expuesto: el INAU es casi un pequeño Estado dentro del Estado. Como decía, son temas que están pendientes de resolución. Creemos que el tema de las prestaciones de salud debería estar progresivamente integrado al Sistema Nacional Integrado de Salud.

Los temas vinculados a la salud mental, ni qué hablar que merecen profundos debates pero, lo que sí es cierto, es que si hay diagnósticos médicos y psiquiátricos que dictaminan que los niños necesitan determinado tipo de medicación y estar compensados en determinados lugares específicos, no son las autoridades del INAU las que tienen las competencias técnicas para determinarlo. Este año pedimos un refuerzo presupuestal  a este Parlamento para poder ampliar los cupos que tenemos en las clínicas psiquiátricas.

Este país necesita efectivamente profundizar esta discusión porque, entre otras cosas, tiene muy pocos psiquiatras infantiles y no es fácil acceder a esta especialidad en el resto del territorio nacional.  A modo de ejemplo señalo que en toda ASSE hay trece psiquiatras infantiles para atender a  todo el país. Esto no es debido a un problema de recursos, sino de políticas y fundamentalmente de líneas vinculadas a la formación académica y a la priorización de determinadas áreas. Estamos haciendo llamados a concurso     –creo que la señora Senadora Montaner hizo referencia en este sentido– para determinadas profesiones, tanto en el interior como en Montevideo, pero están quedando desiertos. Ha pasado en el Sirpa y en varios departamentos del país. Esto se debe a un conjunto de razones –sin acortar la respuesta–, siendo una de ellas la que está vinculada a la posibilidad de contar en el territorio nacional con determinadas profesiones. Hoy, que nos planeamos el desafío de incrementar la cobertura, realmente tendremos dificultades para lograrlo. Estamos hablando, por ejemplo, de contar con psicomotricistas  y psicólogos. Es muy complicado contar con profesionales calificados en el conjunto del territorio nacional. Son temas que necesariamente tienen que ser discutidos en este ámbito, porque tenemos que generar políticas específicas en torno a la formación de profesionales y a la posibilidad de que puedan tener oportunidades de vivir  en todo el territorio nacional.

Hay otro elemento a tener en cuenta. Más allá de los importantes avances que votó este parlamento en cuanto a la mejora salarial de los funcionarios –que realmente fue muy significativa en el Gobierno anterior, con casi un 20% de aumento salarial–, hoy el sueldo de un educador del INAU es de poco más de $ 20.000 nominales. El INAU está compitiendo con otras oportunidades laborales, aunque no de la manera que debería hacerlo para que la gente no solamente tenga el orgullo de presentarse a esta institución, sino que tenga la posibilidad de permanecer en ella. Hay aspectos que no vamos a poder resolver  en este ejercicio presupuestal pero esperamos sí poder seguir discutiendo en las rendiciones de cuentas. Si no logramos seguir mejorando las condiciones laborales de los funcionarios, vamos a tener pocas oportunidades de efectivizar la profesionalización que nos estamos planteando. En los aspectos vinculados al desarrollo profesional,  están contenidos elementos que no solamente tienen que ver con la creación de la escuela de funcionarios en el Sirpa. En el INAU existe un ámbito del que esta sociedad supo enorgullecerse que es el Centro de Formación y Estudios, Cenfores, que básicamente está dedicado a la formación de funcionarios donde se generó la carrera de educación social que hoy ha adquirido rango universitario, que ha formado –y lo sigue haciendo–, dictando cursos que llegan a las 500 horas de formación.

               Los convoco a leer las memorias anuales del anterior período       –que están en la página web– para ver la capacidad que ha tenido la institución en cuanto a la formación del personal y fundamentalmente –aunque insuficiente y lo reconocemos– queremos señalar que ha destinado fondos del Estado a la formación de todos los educadores, no solo de primera infancia, pero este es todo un capítulo que hace a la formación de los funcionarios.

               Sin lugar a dudas, en el proceso de descentralización celebramos la Escuela de Funcionarios. Consideramos que necesita su especificidad y profundizar a este respecto, para atender a los adolescentes con medidas privativas y no privativas de libertad, porque requieren especialización y especificidad.

               Asimismo, consideramos que todo lo que tiene que ver con mejorar las capacidades de la institución está muy asociado a fortalecer los ejes de trabajo y a generar las condiciones para mejorar la situación de los funcionarios. En ese sentido tenemos un informe preliminar de la AGEV –Agencia Nacional de Gestión y Evaluación del Estado– que nos hizo llegar este fin de semana. Hemos celebrado un convenio con la Oficina Nacional del Servicio Civil y hemos estado trabajando con la AGEV avanzando en lo que nos estamos proponiendo para este quinquenio.

               El primer elemento que nos estamos proponiendo como situación de línea de base es tener absolutamente clara la situación de los funcionarios de la institución. Nuestra institución está atrasada en sistemas de información relacionados con  la situación funcional.

SEÑORA ALONSO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿La señora Presidenta del INAU le concede una interrupción?

SEÑORA LINDNER.- Sí, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora Senadora Alonso.

SEÑORA ALONSO.- Para ir analizando algunas cuestiones concretas sobre el incremento de recursos humanos, quiero decir que el artículo 552 –que es el artículo 2º del mensaje del organismo, es decir, el artículo 525– establece la necesidad de incrementar recursos humanos, algo que también aparece en el artículo anterior. Me gustaría saber si, en este caso, estamos hablando de aumento de salarios o de ingreso de nuevo personal. Si fuera ingreso de nuevo personal, me gustaría conocer qué piensa el INAU con respecto a cuánta gente va a ingresar por este concepto, producto de que en este planillado las partidas se duplican. Así que nos gustaría conocer ese tema de parte de las autoridades, especialmente con respecto al tema de los funcionarios. Tenemos antecedentes de que en los últimos tiempos ingresó una cantidad importante de funcionarios al INAU. Si tomamos en cuenta al INAU y al Sirpa, estamos hablando de que ingresaron –me gustaría que así lo corroborara la Presidenta– en el entorno de 1.000 nuevos funcionarios en los últimos tiempos, especialmente en el rubro de talleristas. Ese es un número absolutamente significativo y, por tanto, queríamos saber exactamente de qué se está hablando.

               En función de su respuesta, nos gustaría saber cuál va a ser el perfil de esas personas, qué tipo de técnicos y qué condiciones van a reunir. Parece pertinente saberlo, sobre todo a partir de las declaraciones que hiciera en particular la Directora del Departamento de Adopciones del INAU con respecto a que no se estaba cumpliendo con las adopciones. De hecho, se ha reducido un 50% el número de adopciones en lo que va de este año.

SEÑORA PRESIDENTA.- Permítame, señora Senadora.

               La Presidenta del INAU, ante una solicitud de interrupción de la señora Senadora Montaner, planteó que todavía no se había referido al tema de las adopciones.

SEÑORA ALONSO.- Llevamos tres horas de sesión hablando de generalidades.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si me permite, vamos a ponernos de acuerdo para poder transitar en paz.

               La Presidenta del INAU estaba respondiendo a los planteos generales para después ingresar a la consideración artículo por artículo. Ante una interrupción que solicitó la señora Senadora Montaner vinculada al tema adopciones, la Presidenta dijo que todavía no había abordado el tema.

SEÑORA ALONSO.- No hice mención al tema adopciones, sino al de los funcionarios y al aumento de los recursos humanos a que se estaba refiriendo la señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tratemos de entendernos. Solicito a los integrantes de esta Comisión que permitan terminar el desarrollo de las respuestas de la Presidenta del INAU y si las consideran insatisfactorias les daremos la palabra para que repregunten, porque si no nos vamos a desordenar y tenemos muchas jornadas de trabajo; pretendo que por lo menos nos pongamos de acuerdo en la metodología. Reitero: la Presidenta del INAU está respondiendo a una serie de preguntas que le hicieron las señoras Senadoras y los señores Senadores, vamos a dejar que termine y luego, si se consideran insatisfactorias las respuestas les vamos a dar la palabra para que repregunten, si no nos vamos a desordenar mucho y no vamos a poder cumplir con los tiempos que nos hemos establecido para recibir a todas las delegaciones. Es una solicitud, espero sepan comprender que mi obligación es que podamos trabajar en tiempo y forma.

               Les agradezco la colaboración; tiene la palabra la señora Presidenta de INAU.

SEÑORA LINDNER.- Fueron muy amplias las preguntas que se hicieron y desde mi punto de vista requieren tiempo para que sean respondidas. Vamos a tratar de responderlas pero, repito, son muy amplias, se plantearon aspectos que tienen que ver con la cobertura y con los funcionarios; nos parece sumamente complejo poder hacerlo en poco tiempo.

SEÑORA ALONSO.-  No necesitamos que nos respondan ahora la pregunta que tiene que ver con los técnicos especializados que van a ser incorporados en las planillas del INAU, pueden enviar  la información.

SEÑORA LINDNER.- Vamos a hacer referencia a ese tema cuando tratemos los artículos correspondientes. Allí perfectamente podremos informar específicamente cuáles son las posibilidades presupuestales de incremento de funcionarios en algunos de los ejes que están asociados a las líneas programáticas; corresponde a los dos primeros artículos.

               Quisiera terminar de redondear porque hay una serie de preguntas que se realizaron. Voy a tratar de ser breve.

               Con relación al tema de los funcionarios y las funcionarias, en la presentación que se realizó dimos cuenta del total de funcionarios del conjunto del sistema de protección diferenciando al INAU del Sirpa. Efectivamente ingresaron alrededor de 1.400 talleristas que no son funcionarios, sino contrataciones precarias a partir de un recurso que fue avalado; la institución tiene la posibilidad de apelar a los cargos docentes. En este período la administración ha hecho esfuerzos bien importantes por regularizar esa situación. Podemos extendernos largamente en los aspectos que hemos venido trabajando para generar la posibilidad de que estos talleristas ingresen a la institución a través de los llamados a concurso. Estamos trabajando para regularizar la situación.

               Quedamos a disposición para entregar los datos actualizados de toda la situación funcional de la realidad del INAU; lo estamos haciendo departamento por departamento. En un corto período podemos acercarles la información y van a poder ver que efectivamente la cantidad de funcionarios de INAU sigue siendo insuficiente para dar respuestas a la complejidad de los problemas que tenemos planteados y que hay elementos específicos referidos a la realidad de los funcionarios. Me refiero al aspecto salarial, a las dificultades para tener competitividad y a los aspectos asociados a los procesos de profesionalización en áreas de alta complejidad.

Los temas vinculados a explotación sexual y a responsabilidad penal adolescente, son absolutamente trascendentes, que no tienen respuestas fáciles y que requieren generar nuevas herramientas metodológicas que den una respuesta integral. Si observan la cantidad de personal del instituto, en relación a la cobertura que debemos dar, verán que realmente tenemos muy pocos funcionarios. Quizás se podría decir que el 70% de la cobertura se da a través de las organizaciones de la sociedad civil por medio de convenios pero eso necesita supervisores y sostenibilidad desde el punto de vista administrativo y operativo porque se trata de una política pública y la ejecución no está descentralizada. Se trata de una modalidad de ejecución que requiere profesionalidad y calidad por lo que es necesario que se realicen supervisiones a partir de programas. Adelanto que en los próximos meses vamos a tener más elementos para informar a este órgano y también para poder debatir en relación a esto, ya que para nosotros este es un tema de máximo interés.

               En relación a los 1.400 talleristas, podemos decir que estamos en un proceso de regularización que llevará un tiempo. Se empezaron a hacer los llamados a concurso y se clasificaron las diferentes responsabilidades llevadas adelante por los talleristas. Por lo tanto, en la medida en que ingrese personal nuevo, el número de talleristas irá descendiendo. En consecuencia, creemos que este número de funcionarios pasará a integrar las distintas modalidades de nuestra institución, acordadas en la carrera funcional. Cabe recordar que los funcionarios ingresan como eventuales, a los dos años y sobre la base de una evaluación, pueden pasar a la categoría de contratados y luego de dos años más y con la correspondiente evaluación funcional, pueden quedar como contratados.

               Nuestra institución tiene áreas muy relevantes y, en este sentido, me interesa mencionar el área de Auditoría Programática y de Gestión y el área de Inspección General, que son las que permanentemente están trabajando en el monitoreo de la gestión y auditando los programas. En las resoluciones que toma semanalmente el Directorio –pueden verlas porque son públicas–, pueden ver que estos elementos están permanentemente en proceso de revisión, teniendo en cuenta las responsabilidades que implican los distintos programas.

               La señora Senadora Montaner planteaba otro elemento, relativo a las medidas socioeducativas y en este sentido tampoco hay respuestas fáciles. Podría decirles que todo lo que hace INAU tiene un componente socioeducativo. Los centros CAIF, los centros diurnos, los juveniles, los clubes de niños y toda la propuesta relativa al conjunto del desarrollo programático tienen este tipo de componentes. Por otra parte, en todo el territorio nacional y a nivel de enseñanza primaria y secundaria, tenemos un despliegue muy importante a través de las áreas pedagógicas y de los FPB. A medida que recorremos el país, recibimos excelentes devoluciones en relación a los procesos de inclusión educativa. Aquí hay elementos de la interinstitucionalidad en programas específicos y lo cierto es que las primeras evaluaciones demuestran las posibilidades reales de incorporar a los adolescentes al sistema educativo y de lograr que permanezcan en él. En torno a esto hay aspectos fundamentales.

               En relación a las medidas socioeducativas que está llevando adelante el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, más adelante quisiera dar la palabra a sus autoridades para que puedan contestar las preguntas sobre el tema.

En cuanto al tema de las adopciones y de las alternativas de acogimiento familiar,  le cedo la palabra al Director Dardo Rodríguez.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Dardo).- Al principio dije que las seis líneas estratégicas eran una simplificación de las diversas acciones que desarrolla la institución y las preguntas que se generaron a partir de nuestra intervención, que fue acotada a esos temas, dan cuenta de que, efectivamente, el organismo tiene una enorme cantidad de competencias.

               Pienso que el país necesita dar  un debate a fondo sobre el tema de la situación de la adolescencia y la niñez.  Uno ve con peligro que se vuelvan a fortalecer visiones tutelares –dadas las formulaciones que se hacen en algunos sectores de la sociedad sobre la infancia y la adolescencia– que ya logramos superar en algunos puntos a lo largo de las últimas décadas, entre otras cosas, le seguimos llamando «minoridad», le seguimos llamando «menores». Y eso no es solamente una mera referencia de palabras, sino que da cuenta de toda una concepción que está detrás de todo esto, la cual es muy profunda. Esto está evidenciando que hemos incorporado muy poco del enfoque de derechos que implicó aceptar este país la convención de los derechos de los niños y las transformaciones legales, como el propio código, en el avance por intentar incluir en nuestras normas un enfoque de derechos. Creo que esas palabras las deberíamos olvidar o quitar del lenguaje cuando hablamos de política de infancia porque no llamamos a nuestros hijos «menores» ni a los hijos de nuestros amigos. Solamente los llamamos «menores» cuando son hijos de los pobres o a los que están en el INAU. Hay que reflexionar si no estamos en un claro proceso de discriminación. Y hago solo esta mención para argumentar la profunda necesidad que tenemos para debatir estos aspectos porque en cada una de las preguntas uno identifica que tenemos un problema de enfoque, el cual es de fondo y que hace a la formulación de las políticas. Quizás por eso es difícil entender por qué se ponen determinados énfasis en algunas cosas y no en otras. Por ejemplo, una vez más se plantea el tema de las cuidadoras, las cuales están solicitando a la Comisión ser recibidas, tal como nos informó la Senadora Montaner. Incluso, ya concurrieron a la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes.

               Ingresé al Directorio del INAU en el año 2010 y en ese momento el tema ya estaba planteado, pero lo estaba en forma judicial. Estas personas hicieron un juicio al Estado, específicamente, al INAU. Recuerdo un titular de uno de los principales diarios del país que decía que la demanda iba a ser multimillonaria en dólares y que el Estado iba a tener que indemnizar a estas personas. Se produjo todo el proceso judicial; todo aquel que siguió este tema tiene que saber que se pasaron por todas las etapas, incluso, con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que liquidó el asunto. A menos que haya alguna instancia formal o legal en el país que pueda dar vuelta una decisión de la Suprema Corte de Justicia, ese tema ya se terminó. En todo caso, la concurrencia a la OIT tiene que ver con un derecho que tienen estas personas y lo que podrá hacer esa organización, es recomendar al país determinada cosa, la cual, obviamente, la vamos a tener en cuenta; independientemente de que la OIT nos lo pida. Este Directorio como el anterior, en muchísimas oportunidades ha dicho que en cuanto al tema del vínculo con las cuidadoras    –digamos las tradicionales porque tenemos una gran cantidad de modalidades de acogimiento familiar diferentes a este sistema–, hay que buscarle una solución legal. Reitero, estamos trabajando sobre este tema. Desde el período pasado hemos instalado una Comisión de trabajo con las cuidadoras que están integradas al Sindicato Único del INAU. Por tanto, entre los puntos de negociación colectiva en el ámbito bipartito con el sindicato este tema ha sido incluido. Estamos tratando de buscar una solución y de hacer una propuesta al Parlamento, pero también es su iniciativa legislar en este tema; nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Creo que desde el punto de vista de sus reclamos ya no hay nada más que discutir, salvo el compromiso que tenemos, tanto nosotros como el conjunto de la sociedad, para encontrar una respuesta legal a ese vínculo que establecen las cuidadoras con la institución, en la medida en que pensamos que lo que estamos haciendo es una transferencia de recursos para que los niños sean cuidados y ellas entienden que están realizando un trabajo. Eso fue lo que se discutió –para decirlo simplemente, porque es algo muy largo de explicar– y se terminó de procesar.

               De todas formas, quiero reiterar que permanentemente estamos en una instancia formal y una vez por mes se instala una Comisión de trabajo para analizar ese tema, entre otras cosas, con las cuidadoras. Quedó un grupo de ellas que no está integrado a este proceso –minoritario, pero no menos importante por la tarea que realiza–, pero obviamente la institución ha privilegiado un ámbito de negociación colectiva con el sindicato, sobre este tema, porque no podemos estar en dos ámbitos a la vez.

               Con respecto al tema de las adopciones, creo que también tenemos un problema de enfoque y de fondo. En primer lugar, el INAU tiene un mandato legal, establecido en el propio código e incluido en las modificaciones, y acá quiero hacer una referencia al pasado porque está la señora Senadora Alonso que trabajó en este tema. Durante el período pasado encontré que –no quiero poner mi nombre por vanidad, pero efectivamente fue así– había un tema importante en la forma en que estaba formulada la norma y cómo se estaba aplicando. No recuerdo si fue exactamente en el año 2009 o en el 2010, pero en ese período hubo solo 29 adopciones, lo que significó una caída abrupta del proceso y la conclusión fue que había problemas con la aplicación de la ley; hubo una serie de interpretaciones sobre lo que estaba ocurriendo y, aunque podían ser legítimas, entendíamos que había algunas trabas, desde el punto de vista formal, que era necesario modificar. Por lo tanto, entendí pertinente –lo recuerdo muy bien porque esa fue mi primera acción– ir a hablar con el entonces señor Senador Solari, que estaba preocupado y nos había hecho algunas propuestas sobre acogimiento familiar que él había conocido en el exterior, sobre todo en Canadá, donde había tenido una experiencia profesional. Le dije que estábamos trabajando en el tema, pero que en realidad sería interesante que iniciáramos un proceso de revisión de algunas normas, de las más polémicas que estaban contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, con respecto a las adopciones. Esto debía ser un proceso discreto, en la medida en que lo bueno era encontrar algún acuerdo de manera fácil y rápida como para poder hacer esas modificaciones. En consecuencia, le sugerí un grupo de trabajo donde estuvieran incluidos Diputados y Senadores de todos los partidos, algunos técnicos y la academia, con el propio INAU y sus organismos especializados, y así fue que se trabajó en la transformación de la ley. Es decir que hubo intenciones de las instituciones para encontrar la forma de que, sin rebajar derechos ya conquistados, pudiéramos mejorar los mecanismos de aplicación del derecho de los niños a vivir en familia, donde una de las opciones es la adopción, pero no la única. Recuerdo que la ley nos mandata, en primer lugar, a reforzar los vínculos familiares de origen de los niños; insisto en que ese es el mandato principal e INAU tiene que tratar de hacer todo lo posible para que esto ocurra. En segundo lugar, cuando no puede hacer esto, debe intentar trabajar separando a los niños –esto lo determina un juez– de su ámbito familiar, a fin de generar las condiciones de retorno. Si tampoco puede hacer esto, debe buscar una familia cercana a la del niño como para que no pierda los vínculos familiares. Si esto también fracasa, hay que tratar de brindar algún soporte familiar hasta tanto se den las condiciones como para que esa persona pueda mantener sus vínculos sanguíneos.

               La adopción –lo dice la propia ley– es el recurso de última instancia, cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Esa es una primera consideración.

               Por otro lado, ¿qué quiere decir que baje el número de adopciones por año? ¿Qué está indicando eso? ¿Ese es un indicador de fracaso de algo? Desde mi perspectiva entiendo que bajar el número de adopciones  puede ser visto como un éxito en la medida en que tenemos menos niños para dar en adopción y que los niños están con sus familias. Aclaro que no es el caso de Uruguay. De todos modos, que las adopciones bajen no necesariamente implican un fracaso de la política. No sé cómo surgió esta noticia publicada en el diario El País, que produjo estos comentarios, en esta especie de debates espasmódicos que se dan en el país en torno a la infancia; cuando hay un motín, cuando aparecen cifras de este tipo, o cada tanto, surge el tema de la infancia, pero nunca con un debate de fondo sobre los otros aspectos.

En 2010 arrancamos con 29 adopciones; en  2011, 73; en 2012, 81; en 2013, 115; en 2014, 109 y al 18 de agosto de 2015, 47. Ahora bien: ¿quién puede decir que van a bajar las adopciones cuando termine el período si no lo sabemos porque, en general, la mayor cantidad de adopciones en el Uruguay se dan en los últimos meses del año por diversas razones que tenemos estudiadas y sobre las que no vale la pena abundar, como ser que los jueces aceleran los procesos antes de la feria? No podemos decir que se fracasa porque se pasa de 109 a 50; eso no se debe plantear en esos términos.

               Por otra parte, ya se había reforzado el equipo de adopciones –cosa para nosotros muy importante, por las razones que mencioné–, e incluso en este momento se intenta fortalecerlo, independientemente de los recursos que estamos pidiendo en este Presupuesto ya que, obviamente, en el INAU se generan vacantes porque la gente se jubila y algunos funcionarios fallecen. Estamos intentando reforzar esos equipos para bajar los tiempos, pero a la vez estamos analizando el proceso, el tiempo que lleva ingresar una familia al RUA. Pero cuidado: este es otro engaño, algo que se interpreta mal. La insatisfacción de las personas que están en el Registro Único de Adoptantes no tiene que ver con la velocidad o lentitud de la institución en elegir a la familia en el proceso de selección, sino con la cantidad de niños en adopción. En este momento tenemos más de 100 niños, niñas y adolescentes en  condiciones de ser adoptados que no encuentran familias en el RUA ni en ningún lado. Es decir, hay un perfil de niños que quieren ser adoptados por determinadas familias que se inscriben en el RUA, pero lo cierto es que no abundan.

SEÑORA MONTANER.- Voy a intervenir con el fin de colaborar con el esclarecimiento de los temas que nos llaman a confusión y polémica. Un medio de prensa publicó que la Directora del Departamento de Adopciones del INAU, Beatriz Scarone, reconoce que la diferencia se debe a un enlentecimiento en la posibilidad de dar respuesta a las adopciones por recursos humanos. Sin embargo, el Director me está dando otra visión respecto de por qué se da el enlentecimiento.

Entonces, de no contar con este ámbito de intercambio y debate, nos queda la duda porque el Director ahora nos está dando una visión diferente. Y nosotros queremos evacuar estas dudas.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Dardo).-  No encontré la contradicción entre lo que dijo la Directora y lo que yo estoy expresando.

               Entiendo que es legítimo que alguien realice declaraciones de prensa y a partir de allí se redacte un artículo. Leí con mucha atención –aunque lo hago cada vez menos, porque lo cierto es que se informa poco, sobre todo respecto de los temas que abordo– un informe larguísimo que, desde el principio al fin, parece tener como objetivo demostrar que el INAU es un desastre en el proceso de adopciones y, entre comillas, ponen tres o cuatro frases de una charla muy extensa que tuvieron con la Directora del Departamento de Adopciones y eso queda como legitimando el tema de fondo. En lo personal, puedo decir que esto me ha pasado otras veces, por lo que he tratado de no hacer más declaraciones en ese contexto, salvo en radio porque allí nadie recorta las declaraciones; al parecer, esa es la única manera en que uno puede expresar su opinión sin que otro termine haciéndole decir cosas que no dijo.

               Entonces, lo importante es: este es el Directorio del INAU y esta es su opinión en relación al proceso de adopciones. No nos sobran funcionarios, pero aunque fueran el triple, no creo que el problema de insatisfacción de la demanda, en términos de los que están en el registro, se vaya a modificar. ¿Saben los señores Senadores qué es lo único que vamos a tener? En vez de 70 u 80 personas, en promedio, en el registro, vamos a tener 180 con expectativas  insatisfechas. Esto es lo que puede hacer el proceso de aceleración. Esto no es para hablarlo en términos de mercado, pero así lo podemos entender todos: hay un problema de oferta y de demanda. El número de niños que están en condiciones de ser adoptados no necesariamente aumenta si aceleramos el proceso de  selección de familias, que es lo que nos pide la Justicia. En definitiva, lo que  hacemos es eso: el juez nos dice: «Está este niño, búsquenle una familia»; ese es el trabajo que realiza el INAU. Por lo tanto, el tema está planteado en estos términos, pero haremos todo lo que podamos para mejorar este sistema y, como decía y nos exigía la señora Senadora Alonso, estamos muy comprometidos en que cada uno de estos servicios –y no solo el de adopciones– mejore la eficacia de sus programas.

SEÑORA ALONSO.- Este es un tema muy complejo que, definitivamente, no se agota aquí. Además, es un tema doloroso, y es  verdad que, como decía el Director Rodríguez, hemos trabajado en él, no de manera espasmódica sino continuada, como lo seguimos haciendo al día de hoy.

               No coincidimos con lo que se ha dicho y pensamos que la pregunta también debería ser si el Directorio del INAU está conforme con la forma en que se ha venido desarrollando el proceso de adopciones en nuestro país. No importa si son 54 o 45; si hay un niño en condiciones de ser adoptado no debería demorar un promedio de tres años la concreción del proceso de separación definitiva y el juicio de adopción para que  pueda tener una familia. Creo que ese debería ser el objetivo de esta institución, pero considero que eso está lejos de ser cumplido.

               Trabajamos con compromiso –es verdad– con todos los partidos políticos, poniendo arriba de la mesa los temas que nos unían por encima de los que nos separaban. Nos hubiera gustado que también se abordara el monopolio de las adopciones del INAU que se estableció en la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el año 2009, mediante la Ley            Nº 18.590 porque creo que ahí sí hay un tema de fondo en lo que tiene que ver con el rol del INAU como controlador, fiscalizador y regulador, pero no siempre y necesariamente como ejecutor de la tarea, porque entendemos que no lo ha hecho en tiempo y en forma.

               No coincido con lo que decía el Director Rodríguez en cuanto a que, en definitiva, lo único que  hace el INAU es elegir o decirle al juez cuál es la mejor familia porque el organismo termina siendo juez y parte en este proceso. No es solamente un organismo administrativo, sino que el INAU es el que presenta el informe al Poder Judicial y, si este toma una decisión diferente, la apela. Por lo tanto, el INAU tiene una gran responsabilidad y esto es quizás lo que está en el fondo del asunto. Me entristece, definitivamente, que no se reconozcan  ni se asuman responsabilidades porque el INAU es el que tiene que tutelar y, lamentablemente, no lo está haciendo.  En este proceso, el INAU le «tira la pelota» al Poder Judicial; sus representantes así lo han dicho así cuando trabajamos, en este grupo multipartidario al que hacía referencia el Director Rodríguez, con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Pérez Manrique, así como con otros especialistas en derecho de familia, como las doctoras Ema Carozzi  y Lilián Bendahan, entre otros. Y uno de los principales problemas y escollos que nos plantearon por parte del Poder Judicial era que, justamente, a partir de la ley quedaban atados de manos a las decisiones e imposiciones y a esa discrecionalidad con la que se manejaba el INAU con respecto al proceso de adopciones. Por lo tanto, creo que estamos lejos en las posiciones.

               Me gustaría escuchar si definitivamente están conformes con la forma en que se está llevando adelante este proceso.

               También me queda claro que no alcanza con una norma. A pesar de que nosotros la hayamos modificado para hacerla mucho más ágil y hayamos intentado fijar plazos perentorios en los que el silencio del Poder Judicial implicara una respuesta favorable al INAU, seguimos teniendo un proceso al que siempre se le pone una excusa o una justificación. Sin embargo, no se justifica que tengamos un solo niño que pase más de tres años para lograr tener una familia.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa recuerda a los señores Senadores que todavía no abordamos el articulado del proyecto de ley de presupuesto correspondiente al INAU.

               Esta es una Comisión de Presupuesto y la materia fundamental que debemos abordar, independientemente de los conceptos generales, es lo que está referido al articulado.

               Está previsto que en horas de la tarde asista otra delegación; por lo tanto, apelo  –no puedo imponer– a que entendamos cuál es nuestro método de trabajo y la responsabilidad que todos y todas tenemos de cumplir con lo establecido. Además, para aprobar el presupuesto hay un mandato constitucional y eso nos exige cumplir con los plazos que nos estamos dando en la planificación total. Hoy le tocó al INAU, pero van a venir una cantidad de visitas más.

               Como Presidenta, tengo la obligación de ceñirme a este calendario que cada día nos indica que tenemos menos tiempo.

               Agradezco nuevamente la colaboración.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Dardo).- La verdad es que tampoco fuimos nosotros quienes introdujimos los temas, pero una vez que constan en la versión taquigráfica, nos parece que es nuestra obligación hacer las aclaraciones que corresponden por aquello que decía mi abuelita de que «el que calla otorga». Este es un tema muy delicado en el que, evidentemente –y sin lugar a dudas–, tenemos diferencias de enfoque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pido excusas por la interrupción pero quiero pedir a los miembros de la Comisión si me habilitan a solicitar a la señora Senadora Xavier que presida, pues debo ausentarme un instante de sala y no está presente el señor Vicepresidente.

               Se va a votar.

(Se vota).

–9 en 10. Afirmativa.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Xavier).

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede continuar el Director Rodríguez.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Dardo).- Quiero hacer referencia a tres puntos que no quiero que pasen inadvertidos.

               Nosotros tenemos responsabilidad porque somos quienes informamos al Poder Judicial y consideramos que este debe tener sus propios recursos. Ahora bien, históricamente ha sucedido que el Poder Judicial muchas veces ha usado nuestros recursos técnicos como auxiliar de sus servicios; esto es, pide a la institución informes cuando, perfectamente, puede tener los propios, pero carece de los técnicos para hacerlos. Esto lo hemos planteado en diversas oportunidades.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Por favor, no dialoguen.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Dardo).-  De los niños que están en la institución, se realizan los informes sobre el trabajo que desarrolla con ellos. Reitero que nuestra primera misión o trabajo es el revínculo con la familia en sus diversas formas. De ahí que los tiempos desde que un niño entra a la institución y en todo caso se va, no dependen solo de nosotros, sino del proceso que lleva ese trabajo.

Por otra parte, no entiendo qué se quiere decir cuando se habla del monopolio del INAU; se me ocurre que es como pedirle al Estado que privatice la entrega de la cédula de identidad. En un proceso de adopción el Estado debe tener el monopolio del control y de la ejecución –la regulación de la adopción fue uno de los pocos avances que hubo en el marco del Código de la Niñez y la Adolescencia–, y si bien no vamos a entrar en el debate sobre qué pasaba antes, hubo casos espeluznantes  y relatos sobre cómo se habían dado los procesos de adopciones, y por eso se implementaron mecanismos de cambio. Supongo que no vamos a volver a discutir ese tema, aunque creo que da para mucho más y estamos dispuestos a dar un debate a fondo en las comisiones que correspondan.

SEÑORA LINDNER.- Sin duda nos quedamos con las ganas de seguir profundizando este tema. Simplemente queremos plantear que al 18 de agosto había noventa y dos niños en condiciones de adoptabilidad completa,  de los cuales solo el 4,6% estaban dentro de las expectativas de las familias del registro único de adoptabilidad. Este dato es real y de alguna forma hay que incluirlo en el debate.

               Por otra parte, en consonancia con el planteo del señor Director Rodríguez, es realmente interesante y muy importante tener en cuenta en este debate lo que ha sido dentro del departamento de adopciones el tema del registro y archivo, la búsqueda de los orígenes. Es absolutamente elocuente para esta discusión tomar como mojón la ley actual y tener en cuenta lo que pasaba antes. Es conmovedora la situación de aquellos niños y niñas que en su momento fueron adoptados y que, hoy por hoy, a partir de elementos que están vinculados a vacíos legales, siguen buscando sus orígenes. Desde este departamento también se trabaja para cumplir este derecho.

               Hay mucho más para decir del departamento de adopciones, pero quisiéramos vincular este tema con todo el trabajo del INAU, señalando además que este equipo de trabajo y todos los funcionarios y funcionarias comprometidos con su función no vamos a estar satisfechos mientras exista un niño que tenga sus derechos vulnerados.

               En nuestra tarea hay elementos que son absolutamente gratificantes y en este caso también los puedo convocar para recorrer los centros CAIF y  conocer los centros diurnos y el trabajo que se desarrolla desde los clubes de niños y los centros juveniles. Es realmente impresionante y maravillosa la oportunidad que tenemos de trabajar desde la promoción de derechos y para que no se generen situaciones de extrema vulnerabilidad; realmente es conmovedor y de enorme responsabilidad cuando seguimos teniendo niños en situación de extrema vulnerabilidad. Esto lo asumimos como autoridades del INAU que reafirmamos nuestra responsabilidad y compromiso para seguir mejorando la gestión, con programas que puedan dar sostenibilidad a los procesos que están iniciados, como los de inclusión social, sobre los cuales quedaron algunos temas  sin responder.

 A continuación me gustaría que el doctor Katz hiciera uso de la palabra para referirse a algunas preguntas que fueron planteadas, vinculadas al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

SEÑOR KATZ.-  Voy a ser escueto con respecto a las preguntas para poder darle un poco más de agilidad, ya que resta tratar el articulado.

Quiero referirme a dos puntos muy importantes. Cuando se referían a los jóvenes privados de libertad y algunos insucesos, escuché que una Legisladora decía –no recuerdo exactamente quién–: «No queremos seguir escuchando». En realidad, yo no tengo problemas en seguir escuchando; quisiera que estas cosas no ocurriesen, y no que ocurran y no se escuchen. Lo que hicimos fue llevar ante la ley, ante el Poder Judicial, una situación que entendimos que podía presentar irregularidades; si volviera a suceder, adoptaríamos la misma postura. Como funcionarios públicos, como ciudadanos que somos, consideramos que si estamos frente a algo que pueda contravenir la ley, es nuestra obligación ponerlo a disposición de la Justicia. Si antes sucedía o no y si en el futuro ocurrirá o no, no podemos saberlo ni asegurarlo; lo que podemos hacer es, simplemente, asumir nuestro compromiso de que con este tipo de situaciones no negociamos.

(Ocupa la Presidencia la señora Daniela Payssé).

–Esto ha tenido un costo muy alto, no solo en lo que respecta al tema judicial sino también al manejo público, publicitario, mediático que se realizó, que impactó negativamente en todo el sistema. Por eso no me voy a referir mucho más al tema; ni que hablar que, además, está en la órbita judicial y la lectura que el Poder Judicial le dé ya no nos involucra o, por lo menos, no es de nuestro resorte.

               Antes de referirme a las medidas no privativas, quería decir que no existen instituciones de privación de libertad que…

SEÑORA MONTANER.- Si me permite, cuando pasó todo lo que pasó –un suceso lamentado por todos, y nadie está haciendo de esto ningún botín– pregunté si internamente INAU había tomado la responsabilidad que le competía en el Sirpa de haber establecido protocolos. En aquel momento se dijo que no se habían utilizado en el caso del motín porque no habían sido creados. En caso de haber elaborado los protocolos, ¿de qué constaban y a partir de cuándo regían para estos casos de sublevación o motín? Eso es algo interno del INAU; era lo que concretamente había preguntado aunque quizás no me supe explicar bien, pero pretendía una respuesta concreta. El tema es protocolos: si ya estaban establecidos, desde cuándo y en qué consistían.

               Muchas gracias.

SEÑOR KATZ.- Su pregunta me quedó clarísima desde un principio, pero francamente no quise hacer referencia a la respuesta porque este tema está en la órbita judicial. Si existían o no protocolos, si existen o no, y es un argumento de defensa para quienes están procesados decir…

(Interrupción de la señora Senadora Montaner que no se escucha).

SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a solicitar nuevamente a los señores Senadores que eviten los dialogados ya que eso genera dificultades para la toma de la versión taquigráfica.

SEÑOR KATZ.- En un momento se dijo que no existían protocolos; fue por parte de un grupo de funcionarios que tienen la responsabilidad sindical. Entonces, porque entendemos que sí existían, decidimos entablar una mesa de diálogo para poder generar un protocolo nuevo, quizás más aggiornado, cosa que no exime a nadie de la responsabilidad de un acto presuntamente delictivo. En definitiva, todos sabemos lo que son los códigos de la niñez y la adolescencia, las normas de Beijing y una serie de situaciones donde, con un mínimo de sentido común, sabemos qué se debe hacer y qué no; sobre todo, sabemos más lo que no se debe hacer, aunque muchas veces lo que no sabemos es lo que se debe hacer. Por ende, cuando vemos cosas que entendemos que no se deben hacer, lo trasladamos a la Justicia para que resuelva y las laude. No nos hacemos cargo de la lectura judicial porque no es nuestra responsabilidad.

               Con respecto a si había protocolos, cuando conformamos una mesa para iniciar negociaciones para establecer un protocolo de común acuerdo que fuera firmado, no solamente por las autoridades del Sirpa, sino también por aquellos que representan a los funcionarios en su actuación sindical –de hecho, hay declaraciones de algunos dirigentes sindicales que se pueden escuchar porque están en la prensa–, nos dijeron que iban a arrimar algunos protocolos antiguos. A raíz de esos protocolos –que supuestamente no existían– es que, corrigiéndolos, se llegó al actual, que fue firmado por las autoridades y por el Sindicato Único de Trabajadores del INAU. Según las autoridades sindicales, lamentablemente este protocolo no puede entrar en vigencia porque tiene que ser refrendado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ellos aducen que tiene que haber un cotidiano que exprese cuándo es necesario el empleo de la fuerza y si se está cumpliendo o no con el cotidiano. También nos dicen que una vez que tengamos el cotidiano acordado –que por supuesto, ya existe– de alguna forma hay que ver si es proporcional al número de funcionarios necesarios para que se pueda desarrollar o no.

Puedo entender que una vez que se produjo la lectura judicial los funcionarios se hayan dividido en tres grupos –esto es entendible y atendible–: los que estaban enojados, los que tenían pánico y miedo de estar cumpliendo sus funciones y poder terminar siendo procesado y privado de su libertad, y otros totalmente desorientados. Por eso entendemos que en estos momentos nuestra labor es generar un protocolo firmado por todos –más allá de si ya existe uno o no– para que se les den las «garantías jurídicas» –entre comillas– a fin de que puedan trabajar y tener un mínimo de tranquilidad frente a una situación que puede terminar en la Justicia y, a su vez, que podamos aprender de todos estos errores.

En definitiva, no sé si esto pasaba antes o no. Lo único que sé es que por primera vez esto llegó a nuestro conocimiento y nosotros lo pusimos en manos del Poder Judicial. A su vez, estamos haciendo cursos de capacitación –que se venían haciendo de antes– sobre cómo se debe emplear la fuerza. La fuerza nunca debe aplicarse con espíritu vengativo; primero tiene que haber una instancia disuasiva, verbal, y por más ilógica que aparente ser la posibilidad, hay que agotarla. La fuerza tiene que ser utilizada como último recurso y en forma gradual, de manera de evitar el riesgo de vida para el chico o la chica privada de libertad, para ellos mismos o para sus congéneres porque lo que prevalece en todo esto es tratar de evitar que tengan algún tipo de lesión o de insuceso. Para eso se aplica la fuerza: para tratar de reducir a chicos que en ese estado de exaltación puedan lastimarse, autoagredirse o agredir a otros. Frente al cuestionamiento de si había o no un protocolo, creo que el tema entra en un matiz de gris; no es algo en blanco y negro. Hoy hay un protocolo. Ante la duda de si el protocolo está vigente o no, en sesión de la Comisión delegada lo aprobamos y lo enviamos a cada uno de los centros. Es más: pensamos hacer repartidos para que cada uno de los funcionarios lo tenga y lo pueda leer. Creo que no dice nada que nadie no sepa; son cosas sencillas y fáciles de comprender.

Con respecto al tema de las medidas no privativas, en estos momentos tenemos  –para que tengan idea de las cifras que manejamos– 570 personas menores privadas de libertad y 373 con medidas no privativas. Aclaro que todas las medidas son socioeducativas; para ello tenemos talleres de panadería, informática, ciudadanía, recreación, deporte, ejercicios físicos y demás. Algunos son desarrollados por nuestros propios funcionarios y otros por organizaciones de la sociedad civil que trabajan, algunas con las medidas no privativas y otras con las privativas. Entendemos que todo ese conjunto de medidas socioeducativas son insuficientes y tenemos que profundizar. Esa es nuestra visión de lo que queremos que sea el Sirpa, profundizando en las medidas socioeducativas y en las alternativas para poder  revertir la ecuación de los chicos y chicas privados de libertad con respecto a los que tienen medidas no privativas, sustitutivas, o los que salen a trabajar.

               He actuado por treinta años en el Instituto Nacional de Rehabilitación      –que antes se denominaba Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, Sistema de Reclusión de Adultos– y, en mi opinión, no existen cárceles lindas. Los centros de reclusión son desagradables desde todo punto de vista. Entendemos que si la Justicia, de alguna forma, le impone a un adolescente una medida privativa, tenemos que buscar la manera de que rápidamente esa medida se convierta en no privativa. Para eso estamos instalando lo que se llama las Juntas de Tratamiento. Son equipos multidisciplinarios –el tema es muy extenso, voy a tratar de ir dejándolo por aquí porque realmente no es este el objeto de la convocatoria– que perfilan mensualmente y  a través de ellos se puede ir observando cómo van progresando los chicos privados de la libertad –y los no privados de la libertad también– para que cuando se llegue a la órbita del Poder Judicial, se cuente con algo en lo que el juez, el fiscal  o el defensor de oficio pueda apoyarse para hacer lugar al pedido de la institución para que puedan salir a trabajar o acceder a una medida no privativa.  En este sentido venimos trabajando. Esto es muy complejo pero trabajamos todos con la esperanza de que se pueda revertir. Realmente si no pensáramos que un puñado de chicos no puede ser  atendido con un tratamiento acorde como para poder ser devuelto a la sociedad en condiciones de ser de provecho para ella, no podríamos asumir estos cargos.

               Muchas gracias.

SEÑORA LINDNER.-  Quedan algunas respuestas pendientes, pero creemos que podríamos ir dándolas en la consideración de los artículos. Por ejemplo, quedaron pendientes algunas respuestas relativas al relacionamiento con el Poder Judicial y aspectos vinculados al desarrollo de los centros de acogimiento familiar, a los que trataremos de dar respuesta durante el desarrollo programática.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si hay acuerdo, pasaríamos a considerar el articulado.

SEÑORA LINDNER.- Quería sugerir tratar los dos primeros artículos –550 y 551– como una unidad de discusión porque básicamente se hace referencia a una trasposición de fondos. Según la Ley Nº 16.226, estos $ 100:000.000 se reasignarán al desarrollo de todo lo que es la línea del grupo 0.

               En ese sentido, hay aspectos que de alguna manera van a responder a las preguntas de las señoras Senadoras y para eso quiero pasar la palabra al asesor Jorge Camors.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Camors.

SEÑOR CAMORS.- Muchas gracias, señora Presidenta.

                En los artículos 550 y 551 se habla de creaciones de cargos, que era una de las inquietudes que se planteó. Acá hay un problema de adecuación: por un lado estaban las necesidades de la institución y, por otro, en el diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas, los ajustes que se fueron procesando.

En términos de esperar a que finalmente se vote el presupuesto y saber con qué recursos vamos a contar, en este momento estamos haciendo una previsión para 2016 y 2017, siguiendo las indicaciones, a cuenta de que en futuras rendiciones de cuentas se pueda ir monitoreando el proceso de ejecución presupuestal y las necesidades existentes. En ese sentido, la previsión mínima es de 110 funcionarios para 2016 y de otros 110 para 2017. Cabe consignar que cuando se habla de códigos, el 400 es para el INAU y el 461 para el Sirpa, para que los señores Senadores puedan discriminar de acuerdo con la información de los cuadros de los artículos 550 y 551.

En cuanto a las creaciones, tienen estrecha relación con los programas que se pretende fortalecer. Donde dice «Fortalecimiento institucional en supervisión y monitoreo y evaluación» hay una muy pequeña dotación en funcionarios administrativos –hay una previsión de cuatro funcionarios administrativos– y una previsión de veintitrés técnicos en el área de supervisión y monitoreo y evaluación.

               ¿Qué se entiende por esto de la supervisión? En la medida en que hay un importante volumen del presupuesto que se transfiere a organizaciones de la sociedad civil, y en ese sentido va a haber un incremento –hay un pedido en los siguientes artículos, 552 y 553– de fondos para determinados programas     –muchos de ellos en ejecución con organizaciones de la sociedad civil– o transferencias a familias que atienden alguna responsabilidad de niños y adolescentes, la supervisión aparece como uno de los roles que se quiere potenciar, profesionalizar, especializar. En ese sentido, a lo que ya se venía haciendo, la idea es incrementar y fortalecer el área de supervisión.

               En cuanto a monitoreo y evaluación, también es necesario fortalecer lo que se ha venido haciendo en aras de que el instituto está interesado en tener una idea, en tiempo real, de los resultados que se van obteniendo con los programas y, también, fortalecer el área de evaluación para la replanificación y toma de decisiones.

               En el área de fortalecimiento de la inspección de los espectáculos públicos y la regulación del consumo de alcohol, esto tiene que ver en parte con las coordinaciones que se vienen haciendo con la Junta Nacional de Drogas, pero también con una vieja competencia del organismo. En este momento 25 funcionarios están culminando un proceso de capacitación para pasar a cumplir la función de inspectores en espectáculos públicos. Es un proceso donde la capacitación juega un papel en la selección. Incluso, el próximo fin de semana tienen la prueba práctica, donde van a hacer la salida nocturna como parte del ejercicio práctico de la capacitación que se está realizando en el Centro de Formación y Estudios del INAU. Pero además se está pidiendo incremento presupuestal para, en el 2016, contar con cinco inspectores y otros cinco en el 2017, dotando de mayor cantidad de recursos humanos al Departamento de Inspección de Espectáculos Públicos.

               Con respecto al área de fortalecimiento del Programa de Cuidados Familiares, la idea también es que los Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar van a requerir tanto dotación de personal administrativo –hay una previsión de dos funcionarios nuevos en 2016 y otros dos en 2017–, así como dieciocho educadores para el Centro de Acogimiento  y Fortalecimiento Familiar y quince técnicos para el área de los CAFF. Con respecto a las puertas de ingreso, que son los centros de estudio y derivación   –a los que ya hizo referencia el Director Dardo Rodríguez–  hay una apertura para el 2016 y 2017 con la dotación de un administrativo, educadores y técnicos, que totalizarían 14 funcionarios más. Para el área de adopciones        –que fue un tema que también se tocó en el día de hoy– la idea también es dotar de personal administrativo para los años 2016 y 2017, uno cada año en el departamento sumados a los que ya están, además de tres técnicos en 2016 y tres más en 2017, totalizando seis en los dos años. Estos se suman a los que ya están.

               Para el programa de parentalidades, que es todo lo que tiene que ver con el cuidado familiar, también se prevé la incorporación de cinco técnicos en el 2016  y cinco más en 2017, sumando los equipos que ya existen.

               Por último, completando la nómina de los 110 en cada año, tenemos el fortalecimiento del programa Vida libre de violencia, donde además de los esfuerzos que se están haciendo al reorganizar los recursos en la interna de la institución, se va a dotar de personal nuevo en el área de administración, no solamente mediante funcionarios, sino también con 15 técnicos más. De esta forma estaríamos fundamentando el pedido de recursos para algunos de los aspectos que están en los artículos 550 y 551.

Además hay partidas de otro tipo como, por ejemplo, en el área de fortalecimiento vía incremento salarial. La señora Presidenta en su exposición mencionó que uno de los problemas que existen para el fortalecimiento de las capacidades institucionales es el bajo nivel salarial. En este sentido, entonces, por un lado se prevé un incremento general y, por otro, el instituto está estudiando propuestas de incentivos específicos en algunos aspectos para mejorar el nivel salarial. Respecto al aumento a las cuidadoras hay una ley que permite llegar hasta el 150%; en este momento se está pagando el 120%, por lo que hay un pedido de recursos para poder dar cumplimiento a lo previsto en la normativa.

En cuanto a la nocturnidad, la idea es apegarse a lo que está establecido en la ley, por lo tanto,  debemos tener los recursos para poder dar cumplimiento a esta nueva norma. Con respecto al fortalecimiento en la supervisión, ya lo mencioné en la primera parte de la exposición.

               Muchas gracias.

SEÑORA MONTANER.- Como el mecanismo es presentar todos los artículos juntos no tuve la capacidad de abordarlos todos, por lo que voy a hacer una pregunta con respecto al primero –el 550– y luego, si tengo que hacer otras preguntas sobre los otros, lo haré, porque no pude captar todo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos tratando los artículos 550 y 551, por lo que es pertinente la consulta de la señora Senadora.

SEÑORA MONTANER.-   Pido que se me aclare el artículo 550, por el que se reasignan rubros, desde programas educativos financiados con Rentas Generales a rubros salariales. Estamos hablando de una partida de                   $ 100:000.000 con destino específico, que es el fortalecimiento mediante incentivos, nocturnidad, aumento a cuidadoras, al asistente de Director y al secretario general, y complemento de partidas varias. El costo son                     $ 100:000.000. ¿Es anual o por el ejercicio 2016? Pregunto porque suponemos que es anual, pero no me quedó claro.

Desde mi punto de vista resultan discutibles los dos últimos incrementos: al asistente de Director y al secretario general. Estas dos situaciones remuneratorias ya existen por el artículo 289 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007. Este artículo aumenta su retribución actual de 15 BPC a 20 BPC. Entonces, quisiera saber si se hacen incrementos salariales diferenciales para el personal cercano y de confianza del Directorio por casi $ 3:500.000 lo que, desde nuestro punto de vista, crearía situaciones discriminatorias respecto al resto de los funcionarios. Me gustaría que las autoridades del INAU explicaran cómo esto encaja o distorsiona la pirámide salarial del organismo, qué justifica el aumento, cuántas son las personas que van a percibir una diferencia en sus salarios, qué especialidad tienen para justificar que cobren un sueldo diferente al que establece dicha escala salarial, si estas personas son funcionarias de carrera del organismo y, en su defecto, de dónde provienen, si realizan obras extras pagas y si cobran viáticos.

SEÑORA ALONSO.- El señor Camors dijo que estaba previsto el ingreso de 110 funcionarios para el 2016 y 110 más para el 2017. Quisiera saber si en los siguientes años se va a mantener un ingreso equivalente, más allá de saber que este es un presupuesto bastante atípico, bianual. Por otro lado, me interesa conocer cuántos de estos ingresos están previstos que queden en el INAU y cuántos serán direccionados al Sirpa. Me pareció entender que en el artículo 551 todas las referencias al programa 400 corresponden al INAU y el 461 al Sirpa. De acuerdo con lo que dice el planillado, al 2017 ingresarían 220 funcionarios al INAU, pero no sabemos cuántos de ellos serán destinados al Sirpa. Tengo entendido que 180 funcionarios irían al Sirpa, por lo que para el INAU en su conjunto se estaría previendo el ingreso de aproximadamente 400 funcionarios para el año 2017. Quisiera saber si esto es efectivamente así.

SEÑORA MONTANER.- El artículo 550 habla de partidas variables  por un concepto de $ 9:000.000 pero la verdad es que no sé cuál es ese concepto. Me gustaría que se aclarara esto.

SEÑOR CAMORS.- Con relación a la pregunta de la señora Senadora Alonso, efectivamente en el 2017 se estaría completando el ingreso de 400 funcionarios. De este total, 220 estarían destinados al INAU –ingresando 110 por año, durante estos dos años– y 180 al Sirpa. Esto tiene que ver con el incremento general, más allá de los procesos de regulación y de concursos que había anunciado la Presidenta. Estos son ingresos con contratos eventuales, de acuerdo con la normativa por la que se rige el INAU.

SEÑOR CAIRO.- Los artículos 550 y 551 se separaron por un problema técnico ya que, de lo contrario, el rubro retribuciones estaría en uno solo.

               El presupuesto total de cada organismo se compone de la línea de base, que es lo que venía de años anteriores, más los rubros que se suman por el articulado. Estos $ 100:000.000 estaban previstos en la línea de base para inversiones de CAIF, pero dado que el rubro destinado a estas inversiones pasa a formar parte de las de la institución para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, las de CAIF están previstas en el artículo 559. Entonces, estos     $ 100:000.000 quedaban en la línea de base y fueron a reasignación. Por lo tanto, se pasaron al rubro 0 de INAU en forma permanente. La Senadora Montaner preguntaba si era solo por un año, a lo que contesto que va a ser en forma permanente en el rubro 0.

               Se consultó sobre un rubro que está dentro del artículo 550, donde se incrementa la cantidad de los asistentes de Director y Secretaría General del INAU. Actualmente cada Director de INAU tiene la potestad de traer dos asistentes para colaborar en su gestión, y estos son designados por cada uno de los Directores. Lo que se prevé en el artículo 559 es la creación de dos nuevos asistentes para lo que sería la Secretaría General del INAU, de designación directa, y, a su vez, el pasaje de su retribución mensual de 15 BPC a 20 BPC. Por ley esto es lo único que pueden percibir; no pueden cobrar horas extras, tal como se preguntó.

SEÑORA LINDNER.- Quisiera hacer referencia a que el INAU tiene solamente cuatro cargos; tres de confianza, de designación política, y la dirección general. Es una institución realmente atípica dentro del Estado y lo que tiene como elemento de apoyo es la posibilidad, establecida por ley, de dos asesores y asesoras. Realmente consideramos que esto es un mínimo aporte para la conducción de una institución de las dimensiones que tiene el INAU. Por otra parte, en este período no se ha logrado revisar el tema de los salarios de los Directores. Para que ustedes tomen dimensión de esta situación, los dos Directores están en el lugar 70 de los salarios del INAU, mientras que la Directora general –si recuerdo bien– está en el lugar 400. Es decir, hay 400 funcionarios que ganan más que la Directora general del INAU, la cual cobra el 80 % del salario de la Presidenta, tal como lo establece la ley.

               Lo que estamos planteando aquí es que el salario de la Directora general, que es la responsable de la gestión de programas que abarcan a 85.000 niñas, niños y adolescentes, pase a ser el 90% del salario de la Presidenta. Son elementos que consideramos absolutamente mínimos y que no reparan algunos aspectos que consideramos importantes. Con esto se busca la posibilidad de contar con profesionales de alta calificación. Realmente, hoy el tema de poder estar en niveles de responsabilidad  como los que hacía referencia la Directora general y los asesores, hacen que sean trabajos de compromiso  militante.

               En consecuencia, planteamos el incremento para la creación de dos cargos de asesores. Entiendan que quedarían ocho asesores, dos por cada Director y, a su vez, se están solicitando dos asesores para la dirección general y un incremento que consideramos absolutamente legítimo, en torno a la responsabilidad que tiene hoy la conducción de la dirección general de todo el instituto.

SEÑORA ALONSO.- Quisiera hacer una reflexión y luego dejar una constancia sobre una preocupación respecto al artículo 551, donde se mencionan los aspectos programáticos y la regulación del consumo de alcohol. En la presentación se mencionó este tema, pero lo cierto es que nos preocupa a todos; es un asunto muy importante, sobre todo porque los datos nos indican un cambio en las pautas culturales de la sociedad, lo que implica un aumento en el consumo, especialmente entre los más jóvenes y entre los menores de edad. En buena medida, este control le corresponde al INAU y creemos que es altamente insuficiente. Me da la impresión de que los rubros establecidos acá son definitivamente escasos y no sé si entendí bien, pero creí entender que el licenciado Camors hablaba de cinco inspectores, así que me gustaría corroborar ese dato.

               Me parece que las políticas no han sido del todo incisivas en este tema. Todos reconocemos que el control es fundamental, especialmente en menores de edad, y por eso me gustaría saber cuáles son las políticas que se van a implementar, porque –como decíamos recién– cuando uno distribuye mensualmente estos recursos que se van a aplicar, nota que son demasiado escasos. Este tema es una de las prioridades del propio presidente de la república; me refiero, en particular, a una política nacional de alcohol, que es una preocupación compartida que tenemos con él y con quienes conformamos el equipo multipartidario, donde hemos conversado y el propio presidente nos ha dicho que tenía el compromiso de fortalecer esta pata del control y la fiscalización.

               En definitiva, me gustaría que nos explicaran un poco más para saber si definitivamente es ese el número de inspectores que están previstos para estos primeros dos años.

SEÑORA LINDNER.- Podríamos responder en términos generales, con todo lo que está planteado como incremento de cargos en las distintas áreas. Sin duda, consideramos que es lo posible en este escenario presupuestal y esto lo digo con respecto a todos los rubros que estaban planteados como ejes de prioridad. En todos los ejes estamos hablando de incremento de cobertura y de posibilidades de desarrollar mejores políticas.               

               En lo que tiene que ver con los aspectos vinculados a la regulación del consumo de alcohol, hay una prioridad que ha definido la administración; en consonancia con ello se van a destinar algunos recursos humanos que incrementarán el equipo. Lo que planteaba el licenciado Camors está referido a que algunos funcionarios están concursando en la interna del INAU para postularse a las tareas del Departamento de Espectáculos Públicos. En este sentido, consideramos que hay elementos que realmente van a generar un nuevo escenario que habrá que seguir fortaleciendo y hay una definición por parte de la institución con respecto a esta temática, que tiene que ver con el hecho de colocar un fuerte énfasis en la prevención y no solamente en el control, tarea que está definida desde el punto de vista de la regulación.

               Aquí también hay un aspecto que tenemos como desafío y debemos incorporarlo a otras líneas de trabajo institucionales; hay aspectos desde el punto de vista de la promoción, de los derechos y fundamentalmente de lo que implica el autocuidado para los niños, niñas y adolescentes, que son temas que deben transversalizar el conjunto de las políticas de la institución.

No sé si hemos respondido la pregunta de la señora Senadora Alonso, pero básicamente consideramos que en estos dos próximos años habrá un fortalecimiento en esa área, con el objetivo de que efectivamente podamos mejorar las líneas de trabajo que tiene como mandato la institución en este tema. A su vez, vamos a evaluar estas incorporaciones y seguramente, en futuras discusiones presupuestales, visualizaremos las posibilidades de generar un incremento para esta y otras áreas.

Señora Presidenta: no sé si se dan por saldadas las dudas sobre estos dos artículos.

SEÑORA MONTANER.- Me gustaría que se me respondiera lo que pregunté anteriormente, es decir, a qué se refiere ese monto de partidas variables, de alrededor de nueve millones.

SEÑOR  CAMORS.-  Esta partida cumple la función de un rubro “varios” en cualquier presupuesto y, en realidad, recoge la tradición del diseño presupuestal de la institución. En ese sentido, dada la necesidad de una mejora salarial, para este período se está previendo sumar a los $ 60:000.000 previstos para retribuciones –generales o vía incentivos– este colchón de reservas de las partidas variables. Además de subsanar cualquier imprevisto, se fortalecería el rubro de $ 60:000.000 previsto para cada año a los efectos de mejorar la retribución salarial, tanto a nivel general como si se concretara algún mecanismo de incentivos para la tarea.

SEÑORA LINDNER.- Los artículos 552 y 553 tienen que ver con el incremento de cobertura. Básicamente, en esos dos artículos estamos colocando, tanto para el INAU como para el Sirpa, aspectos que permitan el desarrollo de las líneas programáticas que está previsto. En ese sentido, se apunta a la posibilidad de abrir centros de acogimiento y fortalecimiento familiar, así como centros juveniles y clubes de niños que aumente la cobertura en aquellos lugares del territorio donde existen demandas importantes y legítimas por parte de la comunidad. También se apunta a mejoras para convenios que posibiliten la apertura de algún centro de discapacidad y a la apertura de servicios de atención en violencia. Estos dos artículos para nosotros posibilitan un aspecto que es sustantivo en el quinquenio y que está sostenido por la posibilidad de incrementar la cobertura en algunos temas que consideramos prioritarios.

SEÑOR CAMY.- Quisiera hacer una consulta sobre el artículo 552 del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes. Allí hay incrementos presupuestales en los programas 400 y 461 que son del INAU y del Sirpa, respectivamente.  Ahí dentro de la ODG figuran 198.000 que entendemos es el objeto del gasto. Si es así, el codificador del gasto, la Contaduría General de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, define lo que comprende ese objeto –me refiero a los 198.000– que se utiliza para  repuestos y accesorios menores considerados como complemento de máquinas y equipos como, por ejemplo, repuestos y accesorios para máquinas de oficina, equipos de tracción, transporte y elevación, máquinas y equipos de computación. El objeto del gasto 198.000 es de uso exclusivo para los incisos 25, 26 y 27 –este último corresponde al INAU– y esa cifra se utiliza como genérica. Queremos consultar porque vemos como incongruente o, por lo menos inconsistente, el objeto del gasto para adquisiciones, el grupo 1 del codificador de la Contaduría General de la Nación «bienes de consumo» porque, si analizamos el tomo que remite el Poder Ejecutivo, respecto al artículo 525 del proyecto de ley original –que es el actual artículo 552 aprobado por la Cámara de Representantes–, en la fundamentación del articulado y dentro de la definición de problema o necesidad, se establece que es para acceder a bienes y servicios que permitan mejorar la gestión. El objeto del gasto 198.000 solo es para repuestos y accesorios y no para servicios; ya que entre ambos programas, el 400 y el 461, estamos hablando de más de USD 2:000.000 para el año 2016 y de casi     USD 3:000.000 para los años 2017, 2018 y 2019, queríamos conocer el porqué de esa aplicación.

               Respecto al artículo 553, señora Presidenta, simplemente quiero preguntar por qué se fijan créditos presupuestales en unidades reajustables y, específicamente, dentro del rubro cero que está destinado a retribuciones personales. Generalmente eso no es común en el Presupuesto.

               Muchas gracias.

SEÑOR CAIRO.- El INAU tiene una potestad legal que le permite realizar transposiciones de rubros y el objeto del gasto 198.000 siempre fue utilizado como un rubro madre. Hemos derivado los montos a ese concepto para después trasponerlos a los rubros que corresponda.

               En el caso de las partidas asignadas al programa 400, la idea es financiar el crecimiento del programa correspondiente a las familias de acogida, que está creciendo. Ese será el destino de estos montos; en principio, están pensados para ser transferir hacia allí.

SEÑOR KATZ.- En el caso de los gastos del Sirpa, se trata de los gastos de funcionamiento que, a su vez, se ven incrementados por los procesos de separación del Sirpa y el INAU. Va a ser necesaria la compra no solamente de equipos informáticos, sino también de software y otra serie de herramientas tecnológicas para hacer posible la gestión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar los artículos siguientes.

SEÑORA LINDNER.- Básicamente, señora Presidenta, en los artículos 554 y 555 estamos avanzando en aspectos vinculados a todo lo que tiene que ver con los procesos de mejora de las condiciones edilicias. En este sentido, voy a referirme particularmente al conjunto del INAU.

De alguna forma, hemos generado una partida que consideramos vital en torno a lo que tiene que ver con la mejora de las condiciones de habitabilidad, fundamentalmente de algunos centros, como los residenciales de tiempo completo, pero también algunos de los lugares vinculados a prestaciones como, por ejemplo, los centros diurnos y los clubes de niños. En este sentido, el INAU tiene un proceso iniciado que comenzó en la etapa anterior y que apunta a transformar todo lo vinculado a los aspectos relacionados con tener las construcciones en condiciones adecuadas de habitabilidad también bajo el paradigma de la protección integral. Las señoras Senadoras y los señores Senadores que han recorrido los centros saben que el INAU tiene construcciones asilares que realmente tienen que ver con una determinada época de concepción en el trabajo a nivel de las situaciones de protección.

En este momento me vienen a la mente imágenes bastante importantes, desde cascos de estancia hasta una cantidad de bienes que han sido donados. Creemos que será un desafío muy importante invertir en ellos para posicionarlos como centros adecuados para el desarrollo de las políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia. Sobre este tema expusimos en la instancia de la interpelación y, sin lugar a dudas, hay avances notorios en las mejoras edilicias de algunos centros, pero para este quinquenio queda un desafío muy importante. En su oportunidad, hicimos llegar a la Cámara de Representantes –también lo haremos llegar a la Cámara de Senadores–  el plan de mejora arquitectónica que tenemos previsto impulsar.

Respecto a este punto quiero hacer una referencia específica y dejar planteada una pregunta para el Cuerpo, vinculada a temas que hemos estado analizando en esto de pensar en una institución de más larga data, es decir, con una proyección hacia 2030. Ahora bien, pensando en perspectiva las inversiones que serán necesarias, debemos decir que el INAU tiene una cantidad de bienes que hemos definido como bienes improductivos. Formamos una Comisión de trabajo y analizamos la cantidad de bienes que muchas veces son donados o dejados y hay que salir a alquilar porque no tienen la infraestructura necesaria por lo añejo de las construcciones o porque requieren enormes inversiones.

Junto con el plan general que nos proponemos llevar adelante en el quinquenio, nos gustaría hacer una proyección mayor. En este sentido, quisiéramos evaluar con los señores Senadores la posibilidad de incorporar dos artículos al proyecto de ley de presupuesto que prevén la creación de fideicomisos. Concretamente, uno estaría vinculado a las obras del Sirpa y el otro a las obras de infraestructura que nos posibiliten la compraventa de inmuebles para generar inversiones a partir de la propia disposición de fondos de la infraestructura existente.

 Consideramos necesaria la construcción de una proyección de mediano y largo plazo de la institución. Asimismo, pensamos que los bienes públicos del Estado deben ser efectivamente utilizados para los fines propuestos. De esta forma, estaríamos haciendo una propuesta de racionalización de los recursos públicos en función de  contar con esos dineros porque muchas veces, de acuerdo con las disposiciones existentes, la venta de un inmueble lleva a que tengamos que hacer un largo trámite para recuperarlo luego de Rentas Generales. Nos parece que para atender la urgencia edilicia que seguimos teniendo en algunos centros –que hemos priorizado para avanzar en este período– es necesario generar mecanismos que agilicen los procesos y optimicen la utilización de los recursos del Estado. Si bien de alguna forma estamos trabajando con las distintas instituciones, existe la necesidad de generar comodatos. En lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, estamos trabajando con todas las instituciones del Estado y con las intendencias de todo el país para generar los espacios y los terrenos adecuados, tema que analizaremos en los próximos artículos.

Creemos que es imprescindible no solo destinar recursos para las mejoras de las condiciones edilicias de algunos centros que aún siguen necesitando inversiones muy importantes, dadas las características locativas, sino también generar una mejor optimización de los recursos a partir de la agilización de los procesos de inversiones.

SEÑORA ALONSO.- La verdad es que coincidimos con la señora Presidenta del INAU en lo que tiene que ver con la racionalización de los dineros públicos, en particular en este tema que nos tiene extremadamente preocupados, sobre todo, los artículos 554 y 555 que, además, tienen como objetivo gastos de inversión.

               Nos gustaría que se nos explicara especialmente a qué inversiones hace referencia el Programa 461 del Sirpa y ahora quiero explicar el porqué de mi inquietud. Queda claro que se aumentan significativamente los recursos para infraestructura e inmuebles en una cifra cercana al millón de dólares por año     –de acuerdo con el artículo 554– y doscientos millones de pesos –que son aproximadamente ocho millones de dólares– para los años 2016 y 2017, en un rubro similar.

               Quisiera conocer un poco más al respecto y hago referencia a este tema porque en esta casa, en la legislatura pasada, en varias oportunidades estuvimos hablando con las autoridades del Sirpa, quienes nos explicaban el avance y la urgencia para generar nuevos espacios acordes a los menores en privación de libertad. En aquel momento, el Director  Ruben Villaverde se refirió a los planes de construcción de un centro único en el mismo predio de la Colonia Berro, donde se iba a hacer una gran instalación con una capacidad importante. Incluso, no llegamos a ver los planos, pero vimos esa gran construcción que luego se cambió llegando a la conclusión de que había que reformar lo que hoy es el Centro Ceprili. Ahí se incluyeron otras reformas como las del hogar La Casona –seguramente el Director Katz pueda corregirme– y las del Hogar Ser, y ni qué hablar de todas las gestiones que se hicieron –y que fuimos testigos– para la transferencia del predio perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional,  Batallón de Caballería Nº 9, ubicado en la avenida José Belloni y Aparicio Saravia. 

               Toda esta historia que es muy compleja –y seguramente me quedé corta con la secuencia de construcciones, propuestas y proyectos que relaté– alcanzó la suma de veinte millones de dólares. Repito: ¡Veinte millones de dólares! Tenemos hogares en condiciones de hacinamiento donde las propias autoridades del Sirpa denunciaron públicamente la calidad de las construcciones. Esto no solo significa un mal uso de los recursos públicos y por eso me congratulo con el planteo de la señora Presidenta en cuanto a la racionalización. Acá hubo un malísimo uso de los recursos públicos y un problema gravísimo de gestión, porque si no ¿cómo se entiende que durante cinco años hayan venido a explicar cada una de las modificaciones y de las construcciones que se hacían para mejorar el estado edilicio? Quiero saber si el dinero que se solicita en estos artículos es para corregir lo que se hizo mal. ¿Se está hablando de crear más plazas? En esto hay distintas visiones partidarias, pero queremos dejar planteada nuestra preocupación en lo que tiene que ver con este tema. Por supuesto que vamos a atender el planteo de las autoridades respecto a los fideicomisos –hoy parece que todo pasa por los fideicomisos–; no nos oponemos a analizar y discutir estos artículos, pero, insisto, con un criterio de racionalización serio y responsable, y no como se ha venido haciendo hasta el momento.

SEÑORA LINDNER.-  Efectivamente, estamos en un momento en el que debemos dar un salto importante en torno a lo que tiene que ver con las políticas de infancia y adolescencia y básicamente salir a trabajar de la urgencia y dar respuestas a la emergencia para pasar a proyectar esto como una política de mediano y largo plazo. Los aspectos en los que el INAU está trabajando con el área de arquitectura están en esta proyección, y van a llevar un tiempo importante. En nuestro país durante mucho tiempo se priorizaron las inversiones en las áreas de seguridad –básicamente en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente– y consideramos que hay que volcar progresivamente la balanza de manera de que podamos generar mejores condiciones de infraestructura y  habitabilidad en el sistema de protección integral.

En esto hay elementos que podemos acercarles desde el plan quinquenal, y para referirse a la nueva etapa en lo que es el Sirpa, en la que se plantea la descentralización a partir del proyecto de ley que esperamos que prontamente pueda ser aprobado por el Parlamento, estamos solicitando que se dé la palabra al doctor Katz para que explique cómo está prevista la utilización de los recursos.

               Asimismo, solicito a la presidencia que, previamente, pueda hacer uso de la palabra el Director Dardo Rodríguez.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Dardo).- Como se hizo referencia a la gestión llevada a cabo por el Directorio pasado y soy el único que está presente –aunque no tengo por qué hacerme cargo de todas las decisiones tomadas por el Directorio, en la medida en que todos conocen en calidad de qué lo integraba–, no tengo ningún inconveniente en plantear algunas cuestiones aclaratorias porque me parece que, al igual que como ocurrió hoy temprano, se están agregando cosas al debate sin las debidas argumentaciones o la información correcta. Ya se había mencionado el trabajo anterior de la presentación como un claro fracaso de las políticas del INAU; no sé cómo se miden los éxitos o los fracasos de las políticas del INAU. Podría ir listando una por una las áreas y, en todo caso, sería discutible si fue un fracaso o un éxito pero comparando con décadas anteriores me inclino por que ha habido un avance sustancial, y en el caso del Sirpa, ¡ni que hablar! En el año 2010 ocurrieron casi 1.200 fugas solo en el Sirpa. Es decir, teníamos algo que estaba tremendamente cuestionado, no había un día que no apareciera en los titulares de prensa una situación vinculada con el Sirpa. Estábamos en una situación de crisis grave y profunda, se había tocado fondo, no había alternativa, tampoco había una infraestructura adecuada, y todo eso sumado a que los funcionarios no estaban adecuadamente preparados para desarrollar una acción. Habíamos hecho un acuerdo multipartidario previo a la asunción del nuevo gobierno mediante el cual todos los partidos se comprometían a trabajar en crear una instancia de acuerdos en torno a la adolescencia infractora. Y lo que intentamos en ese Directorio fue cumplir con esos acuerdos multipartidarios, o sea, tomamos literalmente el texto del acuerdo firmado y lo pusimos en marcha. Ese fue nuestro principal objetivo. Lo que sí planteamos –y la información actual lo demuestra– fue que crear una institucionalidad de la nada, separar todo lo relacionado con el sistema penal adolescente del resto del INAU no era una tarea que pudiera desarrollarse mágicamente de un día para otro, y así lo explicamos. Es más, debe haber muchos registros de nuestras intervenciones aclarando por qué era difícil hacerlo, pero aun así, a dos años de haber asumido, el Directorio había presentado al Parlamento –y el propio Parlamento lo había aprobado– un proyecto de ley de creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que fue votado por la unanimidad de sus miembros. Eso obedeció a una gestión política del Directorio del INAU, obviamente con el aporte y el consenso de todos los sectores políticos que estuvieron trabajando en el tema.

               Por otra parte, debo decir –porque también fue planteado– que tuvimos los recursos económicos para poder implementar este proceso de cambio, entre ellos, la infraestructura. El término «hacinamiento» es precioso para colocarlo en los titulares de los diarios pero el hacinamiento implica un concepto técnico, que son las personas que hay por metro cuadrado y que están en determinadas circunstancias; no es lo mismo el hacinamiento que puede haber en una cancha deportiva, que el que puede haber en una casa de familia, en un dormitorio o en un centro de reclusión, porque existe una relación entre el espacio y la cantidad de personas. El hacinamiento que había en el momento en que nosotros entramos era brutal porque si estamos proyectando tener un centro de trescientas plazas, quiere decir que por lo menos había trescientos adolescentes que estaban en condiciones en las que no podían estar. Esa fue la situación que se encontró en ese momento.

               Es verdad que invitamos a todos los sectores políticos –lo sé porque participé y fui protagonista– a presentar un diseño de un centro único para albergar a trescientos adolescentes. En ese momento creíamos que con eso solucionábamos el tema de las plazas necesarias para gestionar el sistema. ¿Qué sucedió? Que se demoró mucho en encontrar una localización porque la primera idea fue –como bien lo dijo la señora Senadora Alonso– colocarlo en la Colonia Berro. El tema es que la Colonia Berro no tiene acceso a agua potable ni a saneamiento. Es decir que todos los centros que están en la Colonia Berro tienen un sobrecosto por ese concepto. Por lo tanto, eso hacía inviable una obra con la magnitud de recursos que se tenía. Cabe aclarar que hoy el dólar está a $ 30 y en ese momento estaba a $ 20. Lo que se planteó por una cuestión de urgencia –yo no tomé esa decisión, pero se entendió y se argumentó así en el Directorio–, fue que por una cuestión de tiempo era necesario hacer menos construcciones y más rápido. Por ese motivo fue que se hizo la adjudicación –esto no se mencionó, pero lo voy a decir por si algún señor Senador lo recuerda– de una de las obras en forma directa. En ese momento planteamos al Poder Ejecutivo que con el ritmo que se tiene siguiendo todos los procedimientos para hacer una licitación para construir las plazas que se necesitan, llegábamos al 2014 y no teníamos ni medio ladrillo puesto y era necesario un instrumento rápido. De hecho, de los cuatro centros que se crearon, dos fueron por adjudicación directa: el primero se hizo por licitación pública y fue el que se tomó como referencia para adjudicar los precios de costos de construcción del resto.

               No se puede hablar de fracaso cuando en el Sirpa estuvimos prácticamente dos años y medio de la última gestión sin fugas, cuando no tuvimos motines en todo el período, cuando se multiplicaron las horas de educación y de salida por trabajo y formación profesional. Cada uno puede evaluar esto como un éxito o como un fracaso, lo cierto es que no puedo dejar de mencionarlo en la medida en que estas cosas existieron. Hay interpretaciones sobre este tema que no quiero calificar, pero decir que se logró a costa de una violación sistemática de los derechos humanos de los adolescentes, paree un poco temerario. Colocar a los 1.700 funcionarios del Sirpa –que en aquel momento eran del INAU– como sospechosos de violaciones sistemáticos de los derechos humanos, es algo realmente temerario. En fin, eso es lo que quería plantear. Como decía, las obras se hicieron.

               Por último –esto es lo más importante y lo digo a efectos de informar a la señora Senadora Alonso–, es verdad que hubo un cuestionamiento a la calidad de las construcciones por parte de las nuevas autoridades del Sirpa. Esto se planteó públicamente una vez, pero también se planteó formalmente en una instancia en la que quien habla estuvo presente. Cuando llegó a la prensa le resté importancia, en la medida en que es algo más y vaya uno a saber qué interpretación se le da a las palabras de alguien que hace ese tipo de declaraciones, pero cuando se hace en una reunión formal, tiene otro carácter. Por lo tanto, presentamos al Directorio del INAU la necesidad de hacer una auditoría exhaustiva de las obras que se hicieron porque hubo facturas retenidas de pago a las obras que se terminaron o que se están terminando y hay depósitos de garantía de las obras.

Por lo tanto, si hay cuestionamientos a las obras, deberíamos tener una auditoría seria que  dictaminara que lo que se le pidió a las empresas  efectivamente se hizo, que es lo importante saber. Hay que saber si los pliegos que se presentaron y la obra que se ejecutó corresponden o no. Si no corresponden, la empresa tendrá que hacer las modificaciones del caso para cumplir con los pliegos. Si hubo irregularidades de naturaleza administrativa, también habrá que auditarlas y los responsables tendrán que asumir sus errores. La auditoría no está terminada, solo existen algunos avances, pero queremos dar la garantía de que hasta tanto no tengamos la certeza de que las obras que se hicieron están en condiciones, no vamos a pagar las facturas y, en todo caso, se ejecutarán las garantías correspondientes.

SEÑORA ALONSO.-  El Director Rodríguez definitivamente tiene un problema con la prensa; quizás les pueda explicar pues están afuera. Ya es la segunda o la tercera referencia que hace en el sentido de que los diarios  transcriben cosas que no son verdaderas. En este caso particular han sido las propias autoridades anteriores del Sirpa las que han denunciado el estado de las edificaciones.

               Me preocupa que el Director Rodríguez salga a defender lo que nadie defendió. No voy a entrar al tema de fondo, pero fue el Director el que lo puso sobre la mesa y trasmite con ánimo de triunfo el descenso de las fugas, que fue a cambio del aumento de torturas y violaciones a los derechos humanos. Esto fue dicho por una gran cantidad de organismos nacionales e internacionales como, por ejemplo, Amnistía Internacional y la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo –por  nombrar algunos– y varios integrantes de esta casa, que también hicieron referencia al tema. Por lo tanto, me preocupa que defienda algo que nadie defendió, ni siquiera de la propia fuerza de gobierno que, en este caso, no representa. Tanto es así que terminaron procesados veintiséis funcionarios –por supuesto no generalizamos– ante los hechos lamentables que se produjeron. Por lo tanto, no solamente no me respondió cuántas plazas se crearon ni para qué se está pidiendo este dinero. Me queda claro, definitivamente, que el Director estuvo de acuerdo en las decisiones que se han tomado en el período anterior y en este en curso.

               Gracias, Presidenta.

SEÑOR RODRIGUEZ (Dardo).-  Sí, soy crítico con la prensa que leo y para mí es una virtud. Trato de comprobar la veracidad de lo que se expresa, sobre todo en temas en los que uno está involucrado y puede decir con propiedad si lo que se está diciendo es verdad o no. Quizás no le gusta a la prensa. No tengo ninguna vocación de halago de la prensa ni tengo una  carrera política para hacer; por lo tanto, cuando me vaya puedo salir por la parte de atrás sin ningún problema. Si hubiera querido tener protagonismo con la prensa, ¡qué mejor que el INAU para hacerse famoso en veinte minutos! Estaría todos los días en la prensa, pero asumí una postura ética en relación a mi trabajo y a mi actuación en el Directorio del INAU que pone énfasis en lo que quiero hacer en relación a la transformación del instituto a costa de un minuto de gloria que no necesito. Mi ego lo resolví por otro lado.

Se ha dicho que las fugas pararon a partir de una violación sistemática de los derechos humanos y reitero que si alguien tiene esa percepción debió haber hecho las denuncias correspondientes. Las denuncias que se hicieron a las instituciones de derechos humanos, el monitoreo de la Comisión contra la Tortura, las mamás que vinieron a denunciar situaciones de maltratos de sus hijos, absolutamente todas fueron presentadas como denuncias por el Directorio del INAU y en su momento por el Sirpa. No he sabido de ningún procesamiento que haya venido por una denuncia externa. Todas fueron presentadas por el Directorio del INAU. Nadie puede decir lo contrario porque por eso está testimoniado. Nunca en el INAU hubo tantas destituciones y sanciones como en el período pasado de investigaciones administrativas por maltratos realizadas por el Sirpa y por el Directorio del INAU.

               No defiendo lo indefendible. Lo que pasa es que no puedo hacerme eco de las cosas de las que no tengo prueba porque con ese criterio uno empieza a tirar a mansalva denuncias de todo tipo y color difamando a todo el mundo. Hay una cuestión básica en todo esto: si yo tuviera la certeza de que hay un hecho delictivo, voy y presento la denuncia en el Directorio, en los procedimientos administrativos –que es donde deben actuar los que tienen responsabilidades de gobierno- o en la Justicia, que fue lo que se hizo. Quisiera que me dijeran un caso de que se haya denunciado maltratos en la institución y que el Directorio del INAU haya quedado omiso en hacer la investigación administrativa o en efectuar la denuncia en la Policía o en la Justicia. En una institución tan compleja y grande algo se nos puede haber pasado, pero que no hayamos denunciado, no me parece.

SEÑOR KATZ.- Es un poco compleja la pregunta para que yo pueda contestarla porque realmente no participé de la administración anterior y tampoco provengo de la órbita política. No llego aquí por el camino político, sino porque fui convocado por los treinta años de prácticas penitenciarias.

               Hay una realidad. En estos momentos, si queremos construir a partir de lo que tenemos, debemos pensar, por lo menos, en hacer un análisis de qué es lo que tenemos, en hacer una proyección –que es el punto de partida– y en hacer una proyección hacia dónde queremos llegar, que sería la meta. Si bien la forma más rápida de unir dos puntos –por lo menos, según mi maestra de escuela– es la línea recta, generalmente uno está en ondulaciones y nosotros las vamos a tener, y muchas. No podemos pretender mejorar algo que no tenemos. Hoy se nos entrega la responsabilidad de una institución que viene con una historia. De gran parte de la historia no puedo hacerme eco porque desconozco algunas cosas, que voy conociendo día a día o tratando de conocer o de reconocer.

               Dentro de lo que es –un poco haciéndome eco de algunas palabras que dijo el Director Dardo Rodríguez– el universo de los 1.700 funcionarios, sería muy injusto que dijéramos que todos trabajan mal, como también que los 1.700 funcionarios trabajan bien. Hay de todo. Los hechos así lo demuestran. Pretendemos, a los que trabajan bien, incentivarlos a que sigan haciéndolo bien o mejor, y a los que no lo hacen, que trabajen bien o, de lo contrario, sustituirlos.

               En cuanto a lo edilicio –que, me parece, es el motivo más de fondo de la pregunta–, entendemos que las estructuras que tenemos no pueden dar cuenta de las necesidades a las que apuntamos. No sé a qué apuntaba la gestión anterior. Por ende, hicimos la solicitud de ese dinero para construir un centro de aproximadamente 180 plazas  y no desechar las estructuras construidas anteriormente, que por sus características edilicias entendemos que no pueden albergar chicos en un sistema de máxima seguridad. Entonces, las vamos a reconvertir para que sean utilizadas por los chicos que salen a trabajar en sistemas de mínima seguridad o, como se llama hoy, de máxima confianza. Con la lógica que venimos hablando se trata de aprovechar todas las estructuras que existen y, las que no existen, construirlas.         Este es nuestro planteo.

Quiero decir que  existen auditorias –yo no soy auditor– en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y una dispuesta por el Directorio del INAU. Estamos esperando los resultados para  tomar esas construcciones y hacer las modificaciones que sean necesarias para ampliarlas, porque hoy por hoy no son realmente necesarias, y poder construir un centro de 180 plazas con el dinero que solicitamos. Para evitar este tipo de situaciones –que no deseamos–, queremos que la obra sea auditada desde el inicio. Somos muy responsables con la gestión y conscientes de que son fondos públicos que pagamos todos, incluidos nosotros. A su vez, estamos muy consustanciados con la gestión. Por lo tanto queremos que estos fondos públicos tengan el destino adecuado para dar lugar a la gestión que queremos.

               Con respecto al tema de la violación de los derechos humanos y demás, no voy a hacer referencia. Realmente, nosotros estamos trabajando para mejorar el sistema. No hay que olvidar que hay muchos temas –pido las disculpas del caso– que están en la órbita judicial, por lo que no me parece adecuado  tratarlos ahora.

               Por otra parte, como bien saben los señores Senadores, a partir de la lectura judicial que llevó a los procesamientos a los que hace referencia la Senadora se generó un fuerte impacto  en el comportamiento de los chicos y de las chicas. Se dio una exaltación porque cuando se produce algún tipo de fisuras o hay funcionarios procesados –para decirlo en un lenguaje menos técnico los chicos dicen: «No entro; no me hagas entrar porque si no te van a procesar»–, los chicos se exaltan y toman cuerpo, porque son adolescente, y cualquier adolescente es fácilmente exaltable no solamente en el Sirpa, sino en Carrasco, Pocitos, China, Beijing o donde sea. En fin, ahora estos chicos están muy exaltados, y eso provoca distintos disturbios sobre los que ustedes van a poder leer en la prensa. Entonces, creo que referirme a esto y seguir extendiendo la alocución sobre los temas de los procesamientos, violación de los derechos humanos y demás, es como seguir alimentando el foco de exaltación de los chicos, con lo que se pueden seguir generando disturbios. Por otro lado, debemos cuidar el proyecto sobre administración de las medidas privativas y no privativas de libertad porque tenemos que hacerlo con los funcionarios o no lo podemos llevar a cabo. Hay cosas que me permito no expresar porque en momentos en que los funcionarios –no  me refiero a los procesados– están viviendo una situación tan sensible, ello impactaría negativamente en el sistema.

               Muchas gracias.

SEÑOR DE LEÓN.- En el transcurso de esta sesión de la Comisión escuchamos la presentación de las autoridades del INAU y posteriormente comentarios de distintos señores Senadores en relación con los temas planteados. También se hicieron algunos cuestionamientos que entendimos que podían generar el contexto para empezar a trabajar con el tema de fondo que es objeto de una Comisión de presupuesto. Sin embargo, no queda claro si estamos en una interpelación o en el ámbito de una sesión en régimen de Comisión general. Por lo tanto, solicito a la señora Presidenta de la Comisión que ordene el debate, orientándolo hacia el objeto de esta Comisión y analizar el tema de fondo que nos convoca en el día de hoy. Ya casi estamos terminando el tiempo que teníamos previsto para trabajar con esta delegación y no hemos entrado al tema de fondo. Obviamente, la mayor parte de los planteos que se han hecho aquí son de recibo y creo que deberemos debatir sobre todos estos asuntos, pero no hemos logrado focalizarnos en el objeto que tenía la Comisión para el día de hoy.

SEÑORA PRESIDENTA.- Hago mía la exhortación pero lo cierto es que he estado haciéndola desde que comenzamos la sesión. Los porfiados hechos están indicando que las cosas no van por donde uno quisiera. Antes de dar la palabra al señor Senador Camy quiero recordarles que los artículos 556, 557 y 558, vinculados al Sistema Nacional Integrado de Cuidados serán explicados de manera conjunta. Por lo tanto, acompaño al señor Senador De León en la exhortación de que los señores Senadores se refieran a la cuestión presupuestal. La versión taquigráfica de esta sesión puede ser enviada a las Comisiones correspondientes para que luego se hagan los debates políticos que se consideren necesarios.

SEÑOR CAMY.- Solicito al Directorio del INAU que nos envíe el plan de obras y lo planificado en cuanto a los inmuebles y las refacciones que se pretende hacer en todo el país cuando le sea posible.

               Por otro lado, quisiera saber si recuerdan si en el marco de la acción de inversiones específicas en el área metropolitana está prevista alguna intervención para la zona de Ciudad del Plata, por medio de centros de atención como los clubes de niños o los CAIF. También me gustaría saber si tienen previsto algún complemento para el sector edilicio o para la contratación de profesionales en el área interdisciplinaria en lo que funciona como el Centro de Estudio y Derivación. Esta es un área muy compleja y si se analizan los últimos períodos intercensales se podrá ver que las cifras están bastante por encima del crecimiento de todo el país.

Finalmente, me interesa saber si el INAU en esta administración piensa continuar con la aplicación de los fideicomisos con la Corporación Nacional para el Desarrollo para la refacción y la construcción de las estructuras edilicias que requieran los distintos programas. Hago esta pregunta porque hasta hace algunos meses fui Director de ese organismo y desde nuestra óptica el resultado que se obtuvo fue muy positivo. En la actualidad y a partir de la aplicación de la ANDE, la Corporación Nacional para el Desarrollo pasó a ser una agencia que tiene como objeto el desarrollo de infraestructura y, por lo tanto, sería positivo continuar con estos fideicomisos, tanto con el INAU como con ANEP. Pude visitar CAIF y clubes de niños nuevos como los de Tomás Gomensoro, Chuy, Libertad, San José y muchos otros y el resultado fue positivo. Específicamente quiero conocer el tema de la aplicación de la herramienta del fideicomiso y si se recuerda el tema de Ciudad del Plata. Me gustaría contar con esa información y pueden remitírmela junto con la inversión física general en todo el país.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les cedemos el uso de la palabra a los representantes del INAU para dar respuesta a estas consultas y considerar los tres artículos restantes. A las 15 horas vamos a recibir a otra delegación y tendríamos la necesidad de hacer un intermedio, aunque sea breve. Agradezco nuevamente la comprensión de los integrantes de la Comisión.

SEÑORA LINDNER.- Podemos dejar al señor Senador en formato papel el plan quinquenal de obras del INAU. Asimismo, en su oportunidad se lo hará llegar el área de responsabilidad penal adolescente. En la pregunta del señor Senador se hace referencia a las inversiones edilicias en todo el país y también a otros temas. Todo lo que tiene que ver con las inversiones y el plan de obra de los CAIF va a estar en los otros artículos presupuestales. Junto con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y, particularmente, con el Comité de Primera Infancia, estamos planificando la ejecución de lo que es el incremento en los CAIF y centros diurnos para el conjunto del país. Por lo tanto, todavía no tenemos localizadas las zonas donde se concretarán. De todas formas, esto está en otro rubro presupuestal.

               Con relación a los proyectos de Ciudad del Plata, con la Dirección Departamental de San José hemos estado conversando sobre el tema. Hay una zona sumamente importante y prioritaria desde el punto de vista de la realidad de la niñez y la adolescencia en el departamento de San José. Estamos evaluando algunos aspectos que van a depender de los rubros presupuestales asignados. Aún no hemos comenzado a analizar los aspectos relativos a este presupuesto en el territorio, pero sabemos de las demandas específicas y haremos todo el esfuerzo posible para atenderlas.

Con respecto a las inversiones y relativamente cercano a Ciudad del Plata, tenemos la Colonia Martirené, un área realmente maravillosa desde el punto de vista de lo que era la realidad constructiva de otra época. Hemos visitado el lugar y estamos tratando de analizar aspectos interinstitucionales que apunten a la posibilidad de inversión. Incluso, hemos evaluado la posibilidad de la venta de propiedades porque las inversiones son muy costosas. Así como la Colonia Martirené, tenemos decenas de centros en todo el país que sería maravilloso recuperar, pero los costos son muy altos.

Si bien no tenemos aterrizado el plan quinquenal, estos temas figuran en nuestra agenda, de manera de generar un incremento en la cobertura y una mejor atención para Ciudad del Plata. El llevar adelante estos proyectos no necesariamente implica realizar nuevas inversiones. Como los señores Senadores saben, la modalidad de convenios permite que a través del rubro gastos se alquilen inmuebles para brindar servicios. Por lo tanto, en cada uno de los lugares del territorio vamos a estar evaluando las necesidades de la población.

               En cuanto al tema del fideicomiso, la semana pasada mantuvimos una reunión muy importante con las autoridades de la CND. En el INAU también hacemos una valoración altamente positiva de todo lo que fue la implementación del fideicomiso; siempre hay aspectos para mejorar y los consideramos imprescindibles, más aun cuando se plantea una inversión tan importante para el próximo quinquenio. En ese sentido, hemos  quedado en establecer el mecanismo regular de trabajo con las autoridades de la CND. Efectivamente, una parte importante de las inversiones relacionadas con el Sistema Nacional de Cuidados van a ser ejecutadas a través del fideicomiso con la CND.

Además, a partir de algunas prácticas sobre las que hemos conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos planteando la posibilidad de generar estos fideicomisos. De acuerdo con el asesoramiento que nos han dado, el del Sirpa es posible realizarlo sin necesidad de crear un artículo, pero nos parecía importante incluirlo en un artículo presupuestal.

               El otro artículo –que evaluaremos si se puede incorporar– está vinculado a la posibilidad de avanzar a partir de la generación de la compraventa de inmuebles con mayor celeridad en los procesos de inversión. Hemos podido constatar algunos resultados de lo que es el convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la finalización de esas obras muestra a las claras las posibilidades que brindan los espacios adecuados para los programas. Tenemos un incremento importante a nivel del territorio, pero queremos seguir trabajando a partir de ese convenio; así lo estamos haciendo para una serie de obras que tenemos proyectadas, pero no queremos dejar de evaluar, por lo menos, la posibilidad de contar con un fideicomiso que nos permita una gestión más acelerada de procesos, fundamentalmente de infraestructura.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero recordar a los señores Senadores que miren el reloj porque el tiempo de que disponemos es muy acotado.

SEÑORA MONTANER.- Me quiero referir a la mecánica de esta Comisión, porque me parece que se nos está dilatando y escapando lo que tiene que ver puntualmente con el presupuesto. No olvidemos que tenemos que recibir a más delegaciones, hay que seguir trabajando y el tiempo se agota.

               Me parece que los artículos 557 y 558 relativos al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es el buque insignia de este organismo, es lo que más nos interesa y donde nos tenemos que detener un poco en el presupuesto, debido a los gastos, las partidas, las reasignaciones en las últimas modificaciones. Es algo puntual y neurálgico para esta Comisión, pero no vamos a tener tiempo de darle el tratamiento que merece. Si se pudiera acotar un poco el análisis del resto de los artículos o si se nos pudiera hacer llegar de alguna manera el material, tal vez podamos llegar al nudo gordiano de lo que es realmente presupuestal en estos artículos que mencioné, porque insisto en que no vamos a tener tiempo de tratarlos en profundidad.

               Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a pedir a los integrantes de esta Comisión que luego de terminada esta sesión permanezcan en sala unos minutos a fin de realizar un planteo de trabajo, porque no podemos estar discutiendo acerca de nuestra mecánica de trabajo delante de las delegaciones.

SEÑOR CAMY.- Me gustaría pedir una aclaración de la respuesta de la señora Presidenta del INAU, pero basta con que me diga sí o no.

               No sé si entendí bien el ejemplo que mencionó de la escuela Martirené, donde –si mal no recuerdo– funciona un lugar de varones del INAU, un curso de carpintería en convenio con UTU y un CAIF. ¿Es viable o consideraría posible que, en el marco del mecanismo que señaló, el INAU se desprendiera del inmueble si se presentaran condiciones favorables para ello? ¿No se resentirían los tres convenios actuales si fuera posible otro tipo de vinculación como, por ejemplo, una escuela agraria?

               Reitero que alcanza con que me responda sí o no.

               Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora Presidenta del INAU: le agradezco una respuesta sintética para poder pasar a los tres artículos que refieren a cuidados y terminar con el tratamiento del organismo en tiempo y forma, ya que debemos continuar con nuestra tarea.

               No estoy haciendo ninguna consideración sobre quién estiró los tiempos, sino que simplemente pretendo ser pragmática para continuar con el trabajo de manera ordenada.

SEÑORA LINDNER.- Cualquier acción que se pueda tomar con la colonia de ninguna manera implicaría rescindir o dejar de lado esos inmuebles, sino todo lo contrario. Es más, estamos por incrementar los cupos del CAIF si logramos conseguir locomoción que pueda circular por las poblaciones cercanas. En ese sentido se va a más, no solo con el CAIF porque, además, estamos evaluando el modelo residencial. Sin lugar a dudas, hay proyectos y ellos deben continuar.

Estamos trabajando interinstitucionalmente con el Mides y tratando de visualizar coordinaciones potenciales con otras instituciones. De acuerdo con las consultas, la idea sería generar un polo en la zona que dependa de las posibilidades de inversión de otras instituciones.

               Con relación a los tres artículos vinculados con el Sistema Nacional de Cuidados, desde la presentación de los ejes programáticos se fue bastante elocuente sobre la importancia y la relevancia que tienen estos artículos en el Presupuesto quinquenal. En este período se plantea dejar los mojones para un nuevo sistema de bienestar social. En este aspecto la sociedad uruguaya y, en particular, las distintas organizaciones sociales, han generado motores respecto de la necesidad de que nuestro país pueda llevar a cabo un Sistema Nacional de Cuidados que permita procesos de autonomía para las poblaciones dependientes, y fundamentalmente concentrado en este período    –con más de un 40% de su presupuesto– en la etapa de 0 a 2 años.

               En el esquema presupuestal que estamos presentando, el Director Rodríguez hacía referencia a cobertura. Estamos trabajando para finalizar el quinquenio con un desafío muy importante desde el punto de vista de la ejecución presupuestal que, en la medida en que logremos las metas planteadas, nos permitirá generar cobertura para el  67% de la población de 0 a 2 años. Esto implica un salto histórico para nuestro país y va a significar un desafío desde todos los ámbitos. Efectivamente, se mejorarán los procesos de implementación con relación al ejercicio presupuestal. El INAU está trabajando y co–coordinando –en este momento debe haber terminado la Junta Nacional de Cuidados– la Comisión de primera infancia que lleva adelante estas propuestas. En esto hay otras instituciones, como la ANEP, que tiene planteado un incremento importante de cobertura para la etapa de 3 años.  

               Hay un elemento de confluencia en esta estrategia que tiene que ver con la complementariedad. Es fundamental la unificación  de las líneas de trabajo en el Sistema Nacional de Cuidados porque, de esa manera, vamos a poder hacer efectivos los objetivos de brindar servicios  y líneas que permitan llegar a aquellos sectores más vulnerables de la población del sistema de cuidados.

               Por otra parte, INAU tiene responsabilidades en otro eje, no solo en primera infancia, sino también en las líneas de discapacidad. En INAU, además de la atención en la niñez y la adolescencia, tenemos  más de 1.500 adultos que requieren cuidados especiales por sus niveles de dependencia, tanto física como síquica. En este sentido, líneas vinculadas  al Sistema Nacional de Cuidados  hacen necesario que se incorporen aspectos programáticos que permitan realizar distintas intervenciones para llegar a sectores de alta complejidad.

               Venimos trabajando en forma conjunta con el Sistema Nacional de Cuidados y también con Uruguay Crece Contigo. Se apunta a ampliar la cobertura de los CAIF, como se decía en un inicio, con nuevas aperturas y ampliaciones de algunas de las salas de los CAIF, donde se incluye a Ciudad del Plata. Tenemos un trabajo que, en este momento, se potencia con el Mides, donde se está georreferenciando población a nivel del territorio de manera de poder llegar efectivamente a lugares donde se requiere cobertura de atención para la primera infancia, en particular –nuestra responsabilidad–, de 0 a 2 años. Cabe agregar que se está trabajando en forma coordinada y articulada, apuntando a los terrenos necesarios en lugares donde existe demanda. Muchas veces en este período han surgido demandas respecto a los CAIF, siempre legítimas porque, realmente, son experiencias de inclusión social y, básicamente, elementos que permiten el desarrollo de líneas de trabajo, de redes sociales con la comunidad y las familias. En este período queremos calificar el tema de la llegada a aquellos lugares con mayor demanda y el área metropolitana, sin lugar a dudas, es la que va a estar priorizada en relación a la cobertura. Aquí tenemos desafíos importantes y se viene trabajando interinstitucionalmente, básicamente para lograr terrenos. En esto hay un trabajo muy importante con las intendencias de todo el territorio nacional. En la recorrida que se está haciendo por todo el territorio nacional hemos encontrado realmente acuerdos muy importantes en torno a priorizar los temas vinculados a la primera infancia. En este sentido, el tema de poder ubicar los CAIF en lugares en los que efectivamente permitan la accesibilidad de la población a la que va dirigido el servicio es fundamental. El trabajo con las distintas instituciones –tanto las intendencias como el Ministerio de  Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente– es fundamental y lo estamos llevando adelante.

               En este sentido, de alguna manera se quiere optimizar todo este proceso de georreferenciación a partir de ubicar los terrenos más adecuados. Necesariamente habrá que comprar terrenos para poder localizarlos en los lugares donde está la demanda y, por lo tanto, también en el plano de las inversiones se están abordando temas vinculados a la compra de terrenos así como a la infraestructura nueva. Esto no excluye que también haya otros elementos que se pueden dar en varios lugares del país, como puede ser la realización de comodatos con organizaciones sociales o, como se está planteando hoy, con empresas y sindicatos que habiliten infraestructuras que, de alguna manera, estén a cargo de otras instituciones u organizaciones sociales. Quiere decir que en esta planificación quinquenal estamos avanzando en lo que tiene que ver con la creación de nueva  infraestructura, con la optimización de posibilidades de acuerdos con instituciones que brinden infraestructura para la apertura de estos servicios o, en algunos casos –donde esas posibilidades se agoten–, con el alquiler de casas que reúnan las condiciones necesarias para brindar los servicios a una población tan especial y que precisa, efectivamente, de condiciones adecuadas; estamos hablando de los más pequeños.

               En este sentido, hay elementos que creemos que también son necesarios y que hacen sinergia desde las líneas de trabajo de INAU. Consideramos que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados son una oportunidad para las políticas de primera infancia, pero que no se agotan en ese sistema. Por lo tanto, todas las líneas de trabajo que se desarrollaban desde la presentación de las líneas programáticas, en los artículos presupuestales tienen una referenciación presupuestal.

               Básicamente, esto se centra en aspectos que son esenciales. Estamos valorando el tema de poder hacer sinergia con los programas de acogimiento familiar. En este sentido, hay elementos que, desde el punto de vista de los cuidados familiares, son fundamentales. En esto también estamos trabajando con el resto de las instituciones en la medida en que esto no se agota en los CAIF o en la apertura de los centros diurnos que tenemos previstos, sino que es necesaria la complementariedad con otros servicios, inclusive, apelando a los cuidados domiciliarios, si es necesario, para algunas poblaciones específicas de primera infancia con discapacidad. En este sentido, desde el punto de vista presupuestal, en estos artículos están incorporados aspectos que tienen que ver con algo imprescindible, que es el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Aquí volvemos al mismo eje del arranque: para poder llevar adelante este monumental avance en torno a lo que tiene que ver con la cobertura del servicio, necesitamos disponer de mecanismos mínimos pero de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista administrativo como técnico. Para la supervisión de estos servicios es imprescindible no solamente tener en cuenta el tema de la apertura de un CAIF sino también otros aspectos que son complementarios, como es la capacitación y la formación del personal. Dentro de la cobertura que estamos planteando para el INAU –incluidos los acuerdos o llamados que se hagan para organizaciones de la sociedad civil o las aperturas para empresas o sindicatos–, una estimación primaria habla de 4.500 nuevos puestos de trabajo. Esta población que ingresaría a trabajar en los temas de primera infancia requiere formación y capacitación y dentro de la Comisión de Formación y Capacitación de la Secretaría del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el INAU tiene un lugar preponderante. Desde el Centro de Formación y Estudios –Cenfores– del INAU se ha planteado capacitar en cursos progresivos –que llegan hasta las quinientas horas– al personal que va a desarrollar esta tarea tan calificada como es la de llevar de alguna forma adelante en todos sus términos el proyecto de trabajo con una población tan específica como es la de 0 a 2 años. Esto necesariamente requiere formación, profesionalización y supervisión. Por lo tanto, los aspectos que incluyen estos tres artículos presupuestales los podemos sintetizar en: inversiones, gastos      –en torno a lo que implica el tema del llamado y la presentación de las propuestas vinculadas a las ONG u organizaciones de la sociedad civil que se presenten– y fortalecimiento del algunas líneas vinculadas a las capacidades institucionales, particularmente a los procesos de formación y capacitación y a supervisión de los aspectos programáticos del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 559.

SEÑORA LINDNER.-  A este artículo ya hicimos referencia y dijimos que estaba incluido en los dos primeros artículos, es decir, en el 550 y 551, que hacen referencia al fortalecimiento de la Secretaría General del instituto.

               Reafirmamos la necesidad planteada desde los ejes programáticos de ir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y de trabajar en el período para una readecuación organizacional que apunta a fortalecer las estructuras gerenciales. Para nosotros es una prioridad el fortalecimiento de la Secretaría General, pues ello nos permitirá avanzar en el fortalecimiento del trabajo. En esto también está incorporado el aumento a 20 BPC –según la normativa anterior, estaba planteado en 15 BPC– para los asesores de Directorio que, de acuerdo con la normativa, son dos por cada uno de los Directores.

               En el artículo 560 se prevé un ajuste de la reglamentación por algunos artículos de la Ley Nº 10.853, relativa a los porcentajes de las entradas a los bailes. A este respecto pediría al doctor Cairo que haga alguna aclaración en relación a la formulación del marco normativo en este sentido. Lo mismo podría decir con respecto al artículo 561.

               En el artículo 562 –luego escucharemos todas las preguntas que deseen realizar los señores Senadores y que con gusto responderemos– se ha planteado la creación de un cargo que, de alguna manera, sustituye a la Secretaría del Plan CAIF.  Esta no es la creación de un nuevo cargo, sino que se está reciclando un cargo en función de los objetivos que tenemos previstos para el próximo quinquenio, que es la unificación programática de la primera infancia. Por la dimensión que tienen los niveles de cobertura de nuestra institución –hablábamos que son 55.000 niños de 0 a 5 años, que están incorporados a los distintos programas del INAU– es necesario jerarquizar y lograr que la secretaría del Plan CAIF pueda tener un lugar relevante –lo que ya fue planteado en la anterior administración– y por lo tanto se está sugiriendo reciclar o reformular el lugar desde el punto de vista institucional.

SEÑOR CAIRO.-  Los artículos 560 y 561 tienen que ver con la ley aprobada en 1946 que establece el cobro de un porcentaje a la venta de entradas a los bailes del 10% cuando es Semana de Carnaval y del 1% para el resto del año. Cuando comenzó a regir la ley, las intendencias eran las encargadas de recaudar el impuesto y volcarlo al INAU. La realidad es que con el tiempo una o dos intendencias lo aplican y otras no, y desde hace varios años el Tribunal de Cuentas ha observado al INAU para que establezca un procedimiento que permita efectivizar el cobro de ese dinero. En ese sentido, los artículos 560 y 561 establecen un mecanismo de cobro y fiscalización para que pueda cobrarse dicho monto que es, insisto, un 10% en Semana de Carnaval y un 1% el resto del año.

               A continuación voy a referirme a los artículos 563 y 564, pero antes voy a aprovechar para responder al señor Senador Camy una pregunta que quedó sin contestar. Él preguntó por qué el pago era en unidades reajustables. En realidad, el artículo 217 de la Ley Nº 16.462, a propuesta del llamado colectivo infancia y las patronales de las organizaciones de la sociedad civil, presentaron al Parlamento un planteo para que se les aprobara el pago en unidades reajustables por niño atendido. Esta propuesta fue aprobada. Esa es la base     –más allá de que después hubo alguna modificación en el tiempo– por la cual  se paga en unidades reajustables.

SEÑOR CAMY.- Este es un problema de larga data y a mi juicio muy difícil de solucionar. Inclusive, no sabía que eran solo dos las intendencias que efectivamente volcaban lo recaudado según establece la ley. Por un lado, la generalidad de los gobiernos departamentales tiene escasos funcionarios o poca disposición para afectarlos a esta tarea, y por otro, hay cálculos distintos. Algunas intendencias o gobiernos departamentales establecen el cálculo por espacio del local bailable, otros por un ficto sobre las entradas supuestas, etcétera. Concretamente ¿no estamos ante la necesidad de generar una solución global común –como la que se está discutiendo para una tasa bromatológica– de todos los gobiernos departamentales, es decir algo más uniforme que permita efectivamente recaudar por parte del INAU? De lo contrario, francamente, me parece que el INAU va a seguir padeciendo la posibilidad de que estos recursos terminen destinándose a lo que el legislador quiso en 1946 y ahora con estas modificaciones.

SEÑOR CAIRO.- Comparto la dificultad expresada. En años anteriores esto se contabilizaba mediante el troquelado que hacían las intendencias a las entradas de los bailes pero eso dejó de hacerse y la situación ha cambiado. Inclusive, en el artículo 561 se está previendo que el Poder Ejecutivo, con el apoyo del INAU, reglamente la aplicación de este artículo porque creemos que hay que establecer procedimientos más claros.

               Continuando con los artículos 563 y 564, tal como comenté, el artículo 217 de la Ley Nº 16.462 previó el pago en unidades reajustables aunque después con el tiempo hubo alguna modificación, pero básicamente se paga de esa manera y por niño atendido. El Ministerio de Economía y Finanzas nos planteó –y no tuvimos ningún inconveniente en hacerlo– imputar lo pagado a los CAIF a un objeto del gasto, lo pagado a las organizaciones de la sociedad civil por clubes de niños a otro objeto del gasto, lo pagado a los centros juveniles a otro, lo de tiempo completo a otro, etcétera, creándose de esa manera once objetos del gasto, que van desde el 289001 al 289011. Lo que se prevé en el artículo 563 es que estos rubros se puedan trasponer de uno a otro pero están todos vinculados a convenios con la sociedad civil, no tan así a los CAIF.

               Por su parte, el último artículo establece un procedimiento de ajuste de las unidades reajustables a los efectos de que quede expresado en la ley.

SEÑORA LINDNER.- Solo me resta agradecerles y quedar a disposición para enviar la información que consideren complementaria. Reitero: quedamos a las órdenes durante todo este proceso, que es tan importante para nuestra institución. Por supuesto que les dejamos una copia del plan de obras impreso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de la delegación y se va a repartir el plan de obras a todos los integrantes de la Comisión.

               Se levanta la sesión.

(Son las 14:38).