SEÑORA  PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 9:10).

(Ingresa a sala la delegación del equipo económico).

                –Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para considerar el Presupuesto Nacional del período 2015-2019.

Recibimos al equipo económico integrado por el señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori; el Subsecretario, contador Pablo Ferreri; el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García; el Director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, economista Andrés Masoller; el Director de la Unidad de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Michael Borchardt; la Directora de la Contaduría General de la Nación, contadora general, Laura Remersaro; el Director de Asesoría Tributaria, contador Fernando Serra; el Asesor economista Gabriel Papa; el Asesor Alejandro Zavala, y el Asesor José Ibarburu.

SEÑOR MINISTRO.- Muy buenos días para todos y muchas gracias por recibirnos en el día de hoy. Es un gusto para nosotros estar en el Senado presentando el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2015-2019.

                En primera instancia, realizaremos una presentación que incluye las bases sobre las cuales ha sido concebido el proyecto y luego haremos referencia –siguiendo la metodología de su elaboración– a los principales aspectos de su contenido. Por supuesto,  estaremos a las órdenes para profundizar en aquellos detalles que los señores Senadores entiendan conveniente.

                En el marco general que figura en la lámina, destacamos los principales desafíos que tiene el programa de gobierno como objetivo fundamental en cuanto al cumplimiento de los aspectos más importantes. Mencionamos el crecimiento inclusivo que para este gobierno es absolutamente fundamental. Es decir, el desarrollo de la agenda de derechos, no como un mero subproducto del crecimiento sino como una verdadera condición de su nivel y composición; de los temas de empleo; de competitividad; de situación fiscal y los referidas a las presiones inflacionarias que también constituyen una preocupación de este gobierno.

Asimismo, nos referimos a los equilibrios macroeconómicos que si bien para nosotros no constituyen fines en sí mismos, consideramos que son imprescindibles para cumplir con los compromisos adquiridos en términos programáticos.

                La necesidad de un análisis riguroso de la situación económica nacional e internacional es indispensable para el desarrollo de una estrategia presupuestal sostenible. Al mismo tiempo, consideramos –como hace años lo venimos haciendo– a la política fiscal como una verdadera ancla fundamental de la política económica. Sabemos que no es el único instrumento de la política económica y que hay otros, vamos a sostener la necesidad de que haya consistencia entre todos esos instrumentos, pero el ancla de ese objetivo es la política fiscal, tanto en lo que refiere al gasto público como a los ingresos públicos. Obviamente, esto tiene que ver con una meta fiscal que permita consolidar los logros que la sociedad uruguaya ha alcanzado  hasta hoy  y que continuemos avanzando en la agenda de gobierno.

                Durante el transcurso de los últimos años, el país construyó fortalezas que permiten hacer frente, como veremos ahora, a un escenario externo desfavorable. Esas fortalezas tienen que ver con una diversificación productiva que ha venido avanzando en el Uruguay, con la presencia de nuevos sectores de producción de  bienes y servicios. Tanto en un área como en la otra ha habido dinamismo, han surgido oportunidades y experiencias en el país que han permitido que ocurriera un proceso de diversificación que aumenta las posibilidades y las alternativas del Uruguay. Es innegable que en ese proceso de diversificación ha habido mayor innovación y que se incorporaron conocimientos en muchas áreas, incluidas las más tradicionales de la producción uruguaya como, por ejemplo, la agroindustria alimenticia. Por supuesto, esto es especialmente cierto en los sectores más modernos de la producción uruguaya como los llamados «servicios globales», donde encontramos desde tecnología de la información hasta procesos de investigación, pasando por servicios profesionales, jurídicos o financieros, que le han permitido al Uruguay, precisamente, avanzar por este proceso de diversificación que también ha estado asociado a un dinamismo exportador importante, tanto desde el punto de vista de los bienes como de los servicios.

 En particular, los servicios han aportado grados  de dinamismo muy elevados. Ha habido redistribución del ingreso, lo que generó mayor equidad y mayor cohesión social en el país, y así lo señalan los indicadores que solemos utilizar para medir cómo evoluciona la distribución del ingreso, como por ejemplo el índice de Gini. Hay un fortalecimiento de la red de protección social, con más y mejor ejercicio de derechos y énfasis en los sectores más vulnerables. El país ha construido fortalezas financieras muy importantes por su robustez porque hoy está mucho mejor regulado, con índices de morosidad, de rentabilidad y de solvencia mucho más altos que en el pasado, y con una gestión de deuda que le ha permitido a Uruguay fortificar su situación financiera con altos grados de liquidez y, por lo tanto, con medidas de prevención ante posibles desequilibrios futuros que lo encuentran muy firme desde este punto de vista.

                El país tiene activos institucionales importantes; es conocido internacionalmente por la fortaleza de sus instituciones y esto también es un activo intangible que ha sido muy imprescindible para construir fortalezas, precisamente, como las que estamos mencionando hoy. 

                Nosotros  promovemos el fortalecimiento de un círculo virtuoso entre inversión productiva y crecimiento. Obviamente, sabemos que el único camino genuino para crecer es invertir y que, al mismo tiempo, únicamente la inversión  puede conducir al Uruguay por los caminos de una creciente productividad. Hablamos de círculo virtuoso porque en tanto la inversión promueve mayores niveles de productividad estos, a su vez, están en la base de un crecimiento sostenible para el país.

                Mencionaba recién el desarrollo de una metodología de elaboración del proyecto de presupuesto,  que consta de las etapas que se pueden visualizar en la proyección. Comienza por una determinación de lo que podríamos llamar el escenario económico de partida; un establecimiento de metas fiscales; una proyección de ingresos; una proyección de obligaciones actuales y gastos futuros comprometidos; lo que llamamos gastos endógenos –como lo vamos a analizar en su momento–; el establecimiento del resultado corriente y las inversiones de empresas públicas; la determinación del esfuerzo fiscal que va a hacer el país en este período al cual nos estamos refiriendo, y la asignación de recursos adicionales para cumplir con los compromisos que hemos asumido ante la ciudadanía.

                En cuanto al escenario externo, que comienza, como se puede observar, con el análisis del contexto económico como primer punto –el escenario sobre el cual estamos trabajando–, debemos indicar que no solo es desfavorable, sino que consideramos que,  por los elementos de juicio disponibles en este momento, seguirá siendo desfavorable al menos por un par de años. En la región, tenemos a Brasil en recesión y con problemas inflacionarios y fiscales importantes; Argentina con la necesidad de hacer un ajuste en el horizonte de mediano plazo; Estados Unidos recuperándose, aunque persisten todavía riesgos. Mientras tanto, Europa pasa por serias dificultades, sobre todo, con situaciones muy disímiles, que van desde un país como Grecia con problemas muy importantes, hasta otros con economías muy potentes, como la de Alemania, la de Francia, e incluso otros como España, con situaciones positivas, todo lo cual hace que todavía no tengamos una orientación única y clara de las economías europeas. Por su parte, China se encuentra ante una reducción significativa de su crecimiento –lo veremos enseguida–, al mismo tiempo que otros socios de Uruguay también están en recesión, y ello impacta en nuestra economía, tal es el caso de Venezuela y de Rusia. Todo esto tiene lugar en un escenario con precios de alimentos y materia prima más bajos, al mismo tiempo que el dólar se aprecia y podemos estar próximos a vivir una etapa con tasas de interés crecientes a nivel internacional.

                Uruguay, apoyado en las fortalezas que mencionamos al comienzo, debe tener en cuenta este nuevo contexto, obviamente, en la formulación de su presupuesto.

                A continuación, veremos un conjunto de indicadores acerca de las características que señalamos recién. En la parte superior izquierda de esta lámina, se puede observar la tendencia decreciente que experimenta la evolución del Producto Bruto Interno en países como Brasil y Argentina, como en América Latina y el Caribe, considerados en su conjunto, China y los mercados emergentes tomados también en su conjunto.

                Los colores en la gráfica indican los diferentes períodos. El azul, marca el tramo comprendido entre 2005 y 2009; el rojo, el período entre 2009 y 2014 y, el verde, las expectativas que se aguardan para el lapso entre 2015 y 2019, es decir, los próximos años.

Arriba, a la derecha, tenemos la evolución del índice de la Bolsa de Shanghái con una caía abrupta en los últimos tiempos;  los señores Senadores lo pueden ver en la parte final  de la curva. Esa caída abrupta responde al empeoramiento más reciente de la economía China y, obviamente, a las repercusiones que tuvo sobre la economía internacional.

                Abajo, a la izquierda, está el índice de precios más importante para Uruguay: me refiero a los alimentos y a las materias primas. Los señores Senadores podrán observar una tendencia descendente muy fuerte en los últimos años.

                A la derecha, en la parte inferior de la lámina, pueden observar la tendencia que esperamos, cercana al aumento de las tasas internacionales de interés, aunque todavía la reserva federal ha venido operando desde este punto de vista con mucha cautela como habrán comprobado a través de las noticias internacionales.

                En esta lámina tenemos indicadores sobre la evolución reciente de Brasil en los últimos trimestres, que marca un significativo deterioro de su situación económica. Arriba, a la izquierda, tenemos los indicadores de evolución trimestral del Producto Interno Bruto, incluso –déjenme decirles– esta lámina es un poco vieja porque la caída que se espera en Brasil supera ampliamente la que está indicando esa gráfica. La última perspectiva es de una caída del  3% del Producto Bruto Interno. Eso es bastante más grave que lo que se está mostrando allí, una caída de aproximadamente 1.9%.

                A la derecha, en la parte superior, se puede observar el índice de evolución de la inflación en Brasil, con un crecimiento notable en los últimos trimestres, llegando casi al 10% en el momento actual.

                Abajo, a la izquierda, pueden ver el resultado fiscal de Brasil. Por un lado, tenemos el resultado primario y, por el otro, el consolidado, que está llegando a superar un 8% sobre el Producto Bruto Interno.

                A la derecha, como se puede apreciar, está, por un lado, la tendencia a la devaluación en Brasil –en color azul–, creciendo en los últimos períodos. Y abajo, lo que podríamos llamar la fuga de capitales. Brasil ha perdido su grado inversor con algunas calificadoras y con otras tiene perspectiva negativas y, obviamente, hay muchos inversores institucionales que ante una situación de ese tipo no solamente optan por retirarse, sino que deben hacerlo, porque sus estatutos les impiden invertir en países que han perdido su grado inversor  o  que lo tienen con perspectiva negativa. Quiere decir que las dos cosas van juntas. Por un lado, el empeoramiento –diría– de la calificación crediticia de Brasil y, por otro, la fuga de capitales.

                En el caso de Argentina hay dos características negativas integradas entres sí. Por un lado la recesión y, por otro, la inflación. Aquí hablamos de estanflación; una evolución que se puede observar arriba, a la izquierda, un estimador mensual de actividad económica. Los registros nos eximen de mayores comentarios. Argentina está prácticamente sin crecimiento en los últimos trimestres. Arriba, a la derecha, se puede apreciar  la evolución de la inflación que ahora parece haber cedido un poco, pero que se ubica, de acuerdo con las mediciones que podríamos considerar como más acertadas, alrededor de un 30% anual. Abajo, a la izquierda, se muestra una caída importantísima de las reservas internacionales de la Argentina que parece haber cedido en el último tramo, en los últimos trimestres, y la brecha cambiaria que es un problema para Argentina, que en las últimas mediciones, como podrán ver en la lámina, aumentó.

La brecha cambiara es la que existe entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio llamado blue, que es precisamente el cambio no oficial, que muestra una distancia importante respecto a los registros oficiales. Este es un contexto externo desfavorable, pero también tenemos problemas internos y por eso estamos diciendo que a este contexto externo desfavorable se agregan problemas específicos de la economía uruguaya a tener en cuenta en la estrategia presupuestal. En primer lugar, tenemos un desequilibrio importante en nuestras cuentas públicas que desde el punto de vista estructural está superando, aproximadamente, el 4%. Cuando decimos estructural estamos aludiendo a la corrección de la cifra observada estadísticamente con base en la eliminación de factores circunstanciales o coyunturales, como puede ser un mal año hidroeléctrico o un buen año hidroeléctrico. La cifra observada está influida por un buen año hidroeléctrico y cuando corregimos por ese factor las cuentas muestran un desequilibrio algo mayor a lo observado.

Tenemos persistencia de presiones inflacionarias. La inflación continúa por encima de lo que los uruguayos quisiéramos tener al respecto. Hace tiempo ya que estamos por encima del rango objetivo, del rango meta, que se ubica entre el 3% y el 7%. Tenemos una inflación algo superior al 9%, lo que obviamente constituye una dificultad para recomponer el equilibrio de las cuentas públicas porque hay una evidente correlación entre ambos escenarios macroeconómicos, como después vamos a ver.

En Uruguay la devaluación reciente tampoco ha permitido una mejora sustantiva de la competitividad cambiaria, y subrayo la competitividad cambiaria, que es la que viene solo por el tipo de cambio, porque Uruguay ha recorrido otros caminos para mejorar su competitividad. Veíamos algunos hace unos minutos, cuando señalábamos que el país estaba agregando mayor conocimiento a su producción y, por lo tanto, mejores condiciones para incorporar innovación a la producción, con los consecuentes impactos positivos sobre los resultados.

Aquí tenemos un conjunto de indicadores que nos permiten señalar que en la economía uruguaya se están observando ahora señales claras de desaceleración en la evolución de su producción. Por un lado, hay un estancamiento en la inversión de maquinaria y equipo, aunque después podemos ver que las cifras de inversión actuales en el país no son nada malas y están mostrando buenos números. Sin embargo, la velocidad de incremento de la inversión en maquinarias y equipos ha disminuido con respecto al pasado, sin duda, y este es el corazón de la inversión. Esta es la parte más importante desde el punto de vista de sus relaciones con el crecimiento. A la derecha, en la parte superior de la gráfica, vemos un descenso apreciable en la evolución del índice de volumen físico de las exportaciones. Pido a la Comisión que tenga en cuenta que en ningún momento hay caída de las exportaciones, sino una disminución de su ritmo de evolución. Estas son las exportaciones medidas en términos reales y no en términos monetarios. Este es el índice de volumen físico de las exportaciones, repito, de modo de tener en cuenta, precisamente, la evolución que están teniendo, sobre todo con relación a la producción.

Abajo a la izquierda, en la parte inferior de la lámina, tenemos una evolución de aquella zona de la producción industrial uruguaya en la que eliminamos la refinería de ANCAP, la planta de celulosa y la zona franca de Colonia, en particular, la producción de Pepsi, de modo de tener un indicador sobre lo que es el corazón de la industria manufacturera no afectada por estos grandes proyectos. Se puede apreciar, obviamente, una clara tendencia hacia la desaceleración de la que estamos hablando.

                Abajo, a la derecha, en la parte inferior de la lámina, tenemos una evolución con una franca caída de los precios de nuestras exportaciones de bienes. Es un índice de precio con base en el 2005. Y en la parte final de la evolución de esta gráfica, los señores Senadores pueden observar una caída importante en el índice general de precios de las exportaciones. Sin duda, esta desaceleración ha impactado en el mercado de trabajo. En la parte superior de esta lámina tenemos una evolución de la tasa de empleo, que más allá de las oscilaciones que presenta, como ustedes podrán apreciar, muestra una tendencia al estancamiento. Si hiciéramos una línea promedio de evolución de esta trayectoria, sin duda obtendríamos una tendencia al estancamiento en los últimos tiempos, como también obtendríamos una tendencia a un cierto crecimiento, por suerte todavía leve, de la tasa de desempleo; está en la parte inferior de la lámina y figura en color azul. Arriba tenemos el empleo y abajo el desempleo.

                En nuestro enfoque y apreciación, en el escenario que estamos caracterizando para los próximos años, la economía uruguaya va a seguir creciendo. Y el fundamento esencial sobre cuya base afirmamos que vamos a seguir creciendo es el comportamiento de la inversión. Si bien muestra –como veíamos recién– una tendencia al estancamiento en el ritmo de crecimiento de la inversión en maquinarias y equipos, en los primeros ocho o nueve meses de este año se están presentando cifras importantes que nos hacen fundamentar tranquilamente la afirmación de que Uruguay va a seguir creciendo, menos que en los últimos años, pero lo seguirá haciendo. Allí estamos ilustrando nuestra previsión al respecto. Por un lado, en azul, pueden ver la evolución del crecimiento real del producto durante el período que termina en el 2014. El área más negra en las últimas columnas –que no sé si se llega a apreciar–, es solo el efecto de la empresa Montes del Plata, que luego es absorbido y desaparece. Y luego, en rojo, pueden ver nuestra predicción de crecimiento promedio  para el período 2015-2019, que es de 2.7%, cifra que ahora en un ratito más vamos a retomar para relacionarla con otras variables económicas.

                En el material gráfico de que disponen los señores Senadores para el análisis del Presupuesto se encuentran las principales cifras del escenario macroeconómico del país, con la evolución del producto año por año y las principales variables económicas como ser las importaciones, exportaciones, etcétera, que si ustedes quieren después podemos analizar con detalle. Estas son las proyecciones que el Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado para hacer un cierre del presupuesto en torno a las variables macroeconómicas fundamentales.

                A continuación, analizaremos el establecimiento de las metas fiscales. Desde este punto de vista y volviendo atrás, la situación de partida de las finanzas públicas muestra un deterioro del resultado fiscal en los últimos años. Allí está el resultado global del sector público consolidado en porcentajes del Producto Bruto Interno, y en la última gráfica podemos apreciar la cifra observada con la que terminamos el año pasado, que es de tres puntos y medio respecto al PBI. La magnitud y la estructura de la deuda, la situación financiera del país, implican sin embargo mucha menor vulnerabilidad que en el pasado. No es lo mismo tener tres puntos y medio de déficit fiscal con una situación financiera comprometida, que tener –como ahora tenemos– tres puntos y medio de déficit fiscal con una situación financiera muy sólida, que el país ha seguido –en las últimas horas, incluso– consolidando aún más, con un alto grado de liquidez y, naturalmente, un volumen de disponibilidad financiera que lo hacen encarar con tranquilidad el problema fiscal. La sostenibilidad financiera no ayuda a gastar más, no significa capacidad mayor de gasto, pero significa que desde el punto de vista financiero tenemos condiciones muy firmes para encarar un equilibrio fiscal que hoy el país no tiene. Ustedes pueden apreciar en la gráfica diversos indicadores que nos muestran, en la parte superior, un claro descenso de la importancia relativa de la deuda neta en el país. Por deuda neta estamos entendiendo la diferencia entre la bruta y las reservas en poder del Uruguay, sin incluir los encajes bancarios. Aquí están exclusivamente las reservas de las cuales son titulares las entidades públicas y, en particular, el Banco Central del Uruguay y el gobierno central, fundamentalmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese 33% de representación de la deuda neta en el producto es una cifra que revela la situación financiera sólida que tiene el Uruguay, así como también la revelan los indicadores restantes en esta lámina. Abajo a la izquierda podemos observar la proporción de deuda pública contraída en moneda nacional, que es muy alta para el Uruguay; aproximadamente se ubica hoy en la mitad de toda la deuda pública. También podemos ver la deuda pública contraída a tasa fija, que es aproximadamente el 85%. Esto significa haber eliminado otra vulnerabilidad importante del país. Allí hay dos tendencias que son muy saludables para la situación financiera del Uruguay: por un lado, la desdolarización de la deuda y, por otro, los contratos de deuda pública que el país ha celebrado a tasa fija de interés, lo cual elimina riesgos de desequilibrio en el futuro desde este punto de vista. Sin embargo, los actuales niveles de déficit fiscal, que ya vimos a cuánto ascienden, no son compatibles con una trayectoria estable de la relación deuda – producto. Entonces, si nosotros siguiéramos con una situación fiscal desequilibrada durante un período largo, llegaríamos a empeorar la relación entre deuda neta y Producto Bruto Interno. Y expresamente es por esa razón que la estrategia  de política fiscal para el período tiene que ser la de mejorar el resultado fiscal tanto en su definición primaria como en su definición consolidada. Como van a comprobar al examinar el proyecto de ley de Presupuesto, estamos proponiendo establecer metas de déficit inferiores a los niveles actuales, mejorar el primario, pasando de uno negativo de 0.6%  a un primario  positivo de 1% del producto –les recuerdo que el  resultado primario es aquel que no incluye los intereses de la deuda–, luego está el resultado consolidado, que esperamos poder mejorar en un punto del Producto Interno Bruto que representa, aproximadamente,       USD 600:000.000 y lo haremos por las vías que a continuación vamos a comentar, al tiempo que, obviamente, cumplimos el programa comprometido con la ciudadanía.  Esto es, el programa político del Gobierno, que se basa en prioridades que hay que encarar, naturalmente,  a través de medidas que hay que llevar a la práctica.

                Con esta propuesta la evolución del endeudamiento global, obviamente, mejora  y es la que se encuentra en esta lámina. En la lámina anterior teníamos una deuda neta superando el 40% del producto si siguiéramos con la situación  fiscal actual. Si logramos mejorarla, como estamos proponiendo, la evolución de la deuda neta no solo no va a  llegar al 40%, sino que va a tender a estabilizarse, tal como aparece  en esa zona más oscura que tiene la lámina que estamos observando.

                Vamos a referirnos ahora a la proyección de ingresos en la que se basa este proyecto de ley de Presupuesto. Lo primero que debemos tener en cuenta en esa proyección es que  la recaudación de la Dirección General Impositiva muestra signos de desaceleración, lo que es lógico, porque si la economía en su conjunto se desacelera, la recaudación también lo hará. Los señores Senadores podrán observar que sin haber decrecido como tendencia en ningún momento, hay una fase final de la curva que tiende a un  estancamiento en la evolución de esta variable.

                En esta gráfica que sigue estamos percibiendo que en ese escenario de desaceleración es muy difícil seguir aumentando la calidad de la recaudación. Esto es, seguir aumentando la mayor eficiencia, entre otras cosas porque la eficiencia de la recaudación en el Uruguay ha mejorado muchísimo en los últimos años, que es lo que nos están mostrando estas dos gráficas que estamos viendo ahora. A la izquierda tenemos la evolución de la evasión del IVA que comenzó siendo muy alta en los primeros años de la década del año 2000, de prácticamente el 40%  y termina, en los últimos años, con una ubicación en torno al 10%, lo cual es una evolución muy importante. A la derecha tenemos la evasión formal o de los requisitos formales en términos de empleo. O sea, la informalidad en materia de empleo y puestos de trabajo ha caído mucho como muestra, también, la gráfica de la derecha. Cuando se obtienen logros tan importantes en materia de combate a la evasión y a la informalidad es cada vez más difícil seguir mejorando estos registros de eficiencia, y por ello, cuando se  proyectan ingresos también hay que tener en cuenta esta característica.

Vamos a ver la proyección de obligaciones actuales y de gastos comprometidos, lo que solemos llamar el gasto endógeno, esto es el que por disposiciones en vigencia o ya aprobadas y de próxima aplicación, prácticamente ya están realizados. Y esa es la mayor parte del gasto público uruguayo, que es muy rígido y que, como dice ahí, surge de leyes o contratos previos; este representa cerca del 70% del total del gasto. Por lo tanto, el ámbito de acción del presupuesto, esto es, donde hay discrecionalidad para manejar el gasto es poco más del 30% del gasto total, porque el resto son gastos que ya están comprometidos y, por lo tanto, realizados. Ahí figuran los gastos en materia de salud, de asignaciones familiares y de pasividades, que es lo que muestra el círculo de la izquierda en diferentes colores. La parte de la derecha, es la parte discrecional, el 34% del gasto sobre el que se puede actuar y el 66% restante, son gastos comprometidos de los cuales la salud, las asignaciones familiares y las pasividades constituyen, por lejos, la mayoría aplastante.

                ¿Cuál fue el destino del incremento del gasto en los dos gobiernos anteriores del Frente Amplio? Es el que aparece en la gráfica que están viendo. Reitero que esta gráfica nos marca la proporción del destino del incremento del gasto y ahí tenemos: 22% dedicado a educación, 18% a salud, 14% a seguridad social, 8% a seguridad pública, 6% a descentralización, 4% al Inau,  3% al Mides y 2% al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Esto es una síntesis de los destinos incrementales del gasto en términos de porcentajes durante los diez años de los dos  primeros gobiernos del Frente Amplio.

                En este sentido, abordamos ahora el tema desde otro punto de vista. En los gobiernos anteriores se verificó un fuerte crecimiento de las áreas prioritarias, gran parte de las cuales vuelven a serlo en este Presupuesto. Siguiendo el orden de izquierda a derecha, verán que el presupuesto de ANEP durante estos diez años creció 122% en términos reales, esto es eliminando por completo el impacto inflacionario. El presupuesto de ASSE se incrementó 158%,  el del Ministerio del Interior aumentó 116%, el de la Universidad de la república, 118%, el del INAU, 192% y, finalmente, el presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se incrementó un 98% durante este período que finaliza en 2014.

                Algunos componentes relevantes del gasto público van a seguir creciendo en los próximos años gracias a ese efecto endógeno del que hablábamos recién. A la izquierda podemos ver los egresos en materia de pasividades hasta el año 2019 y allí pueden observar una evolución importante del volumen por ese motivo. A la derecha tenemos la evolución de los pasivos beneficiarios del seguro nacional de salud que también, por disposiciones ya votadas y, por lo tanto, vigentes y que habrán de aplicarse en los años próximos, muestran un crecimiento importante.

La proyección de obligaciones y gastos futuros ya comprometidos           –vuelvo a repetir, disculpen la insistencia: el gasto endógeno– es la que aparece en esta lámina con cifras en millones de dólares para 2016 y 2017. Para no cansarlos mucho con números: tenemos USD 655:000.000 ya comprometidos de incremento de gasto en 2016 y 2017. Esos                      USD 655:000.000 son la cifra acumulada de los dos primeros años, dividida según los conceptos que aparecen a la izquierda: pasividades, Fonasa, seguro de desempleo, transferencias, AFAP, intereses de deuda, etcétera.

                Vamos ahora a ver el establecimiento del resultado corriente y las inversiones de las empresas públicas. Abordaremos este tema porque, en la búsqueda de un incremento de ingresos que el país necesita, hemos trabajado mucho con las empresas públicas, que han venido disminuyendo su contribución al resultado global estructural durante ese período que está ilustrado en la gráfica, que va de 2008 a 2014. Allí la gráfica nos muestra, en términos de porcentajes sobre el producto, la versión a resultados que han hecho las empresas públicas en su conjunto. Verán que, entre 2008 y 2014, pasamos de 4,6 a 2,3 del producto. O sea, en términos de relaciones con el producto, el porcentaje se ha reducido a la mitad.

                Ahora bien, nosotros nos proponemos revertir esta tendencia y lograr un mejor aporte de todas las empresas públicas que nos va a ayudar, obviamente, a tener un resultado fiscal mejor que el actual y, al mismo tiempo, cumplir con el programa del Frente Amplio, que es nuestro objetivo principal. Tenemos que cumplir con los compromisos asumidos ante la ciudadanía.

                Entonces, estamos proponiendo mejorar el aporte de las empresas públicas en un punto del producto en cifras absolutas. Estamos procurando que las empresas públicas aporten, durante el próximo período, USD 600:000.000 más a la Tesorería y, de esa manera, contribuir a mejorar el resultado fiscal consolidado.

                Eso es lo que está indicado en esta gráfica, al mismo tiempo, con la secuencia temporal que ustedes pueden percibir allí donde se indica, año por año, el porcentaje que estamos previendo. Y hemos trabajado sobre dos bases: por un lado, mejorar el resultado operativo de todas las empresas y, al mismo tiempo, hacer una programación de inversiones que sea compatible con el resultado que acabamos de observar. Me estoy refiriendo, fundamentalmente, a las empresas más grandes: ANCAP, Antel, UTE, OSE y la Administración Nacional de Puertos, que son las cinco empresas del Estado más relevantes, más sustantivas desde el punto de vista de las metas que estamos analizando.

                En la parte izquierda de esta lámina se puede ver qué mejora del resultado operativo estamos pidiendo a las empresas públicas y acordándolo con ellas, de modo de llegar a un acumulado, a 2019, de mejora de              USD 440:000.000 en el resultado operativo. Digo acumulado porque eso significa no solo sumar a todas las empresas, sino sumar a todos los años para cada empresa.

                En materia de inversiones estamos previendo un total acumulado de              USD 3.270:000.000, correspondientes a cada una de las empresas indicadas en la diapositiva, que a nuestro juicio resulta compatible con los resultados que estamos esperando y que acabo de señalar.

                Vamos ahora a referirnos a la determinación del esfuerzo fiscal que a nuestro juicio puede y debe realizar el país, que proponemos en el proyecto de ley de presupuesto que está en poder de los señores Senadores. Usaremos una estrategia diferente a la de los períodos anteriores porque diferente es la situación del país. Esa situación diferente se debe a que tenemos un crecimiento menor que en el pasado y compromisos asumidos que deben ser abordados, tratados, de otra manera. Por eso importa mucho la reasignación de gastos respecto al pasado, importa mucho la generación de ahorro –como acabamos de ver con las empresas públicas– e importa mucho también la generación de ingresos para asegurar el cumplimiento del programa.

                En términos de lineamiento para implementar la política fiscal del próximo período, hemos querido elaborar un presupuesto muy prudente, muy cauteloso con asignaciones presupuestales incrementales solo para los dos primeros años del período  –2016 y 2017–, no comprometiendo gastos futuros que son inciertos, precisamente por no tener todavía elementos de juicio definidos sobre la evolución futura en la región. Al mismo tiempo, nos damos sí la oportunidad, al cabo de este primer bienio, de realizar una evaluación de la marcha del país, del contexto internacional, y definir con mayor precisión justamente la evolución presupuestal en la segunda parte del período.

                Tenemos una institucionalidad que nos permite hacer eso, porque el país tiene una rendición anual de cuentas en la que se puede abrir el incremento del gasto –como saben bien los señores Senadores– y, por lo tanto, les proponemos adoptar esa estrategia presupuestal: planificar para lo que hoy conocemos y hacer una evaluación sobre la base de elementos que seguramente se verán acumulados en estos dos años.

                Los señores Senadores saben que la situación de Brasil y Argentina desde el punto de vista económico es delicada. Nosotros estamos convencidos de que puede haber novedades –ojalá positivas– durante el transcurso de los dos próximos años en los dos países, por razones distintas, y queremos contar con esos elementos de juicio, más precisos, más rigurosos, para luego seguir la trayectoria presupuestal a partir de 2018, naturalmente llegando al final del período con la garantía de que estamos cumpliendo el programa comprometido.

                Se entiende necesario entonces realizar un esfuerzo fiscal para estos dos primeros años, lo cual –en estas circunstancias–, a su vez, requiere un primer elemento fundamental: definir con claridad cuáles son nuestras prioridades.

                Esto es, en situaciones en las que tenemos que actuar con mucha prudencia y cautela, lo primero es saber cuáles son las prioridades. Por eso, para el período 2016 – 2017 –teniendo en cuentas esas prioridades, que enseguida enumeraremos– estamos proponiendo un incremento de             USD 280:000.000 en el gasto para 2016 y uno de USD 190:000.000 para 2017, totalizando una cifra de USD 470:000.000.

                Como se puede apreciar en la pantalla, tenemos las prioridades definidas y una vez más vuelve a estar la educación en el primer lugar ya que, por lejos, es el destino fundamental del incremento de los gastos previstos en este proyecto de ley de presupuesto. Luego están el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la infraestructura  –Uruguay tiene que hacer un enorme esfuerzo en materia de potencial físico durante estos años, aunque me adelanto a señalar que el impacto presupuestal es menor, porque la mayor parte de ese esfuerzo está fuera del presupuesto; son aportes de empresas públicas y del sector privado en el marco de la estrategia de colaboración o de coparticipación público privada–, la salud, la seguridad pública, el INAU y la descentralización, lo que tiene mucho que ver con la relación entre el Gobierno nacional, el segundo y el tercer nivel de gobierno a lo largo y ancho del país.

                Ahora vemos una propuesta de distribución de las asignaciones, no en dólares sino en millones de pesos, para atender a las prioridades del gobierno. Creo que lo que más importa en esta planilla es la columna de la derecha, es decir, aquella que marca el destino de los incrementos que se han propuesto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de acuerdo con las prioridades designadas. El 40% de los incrementos tiene como destino la educación; el 14%, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados; el 10% la infraestructura; el 7% la salud; el 6%, la seguridad; el 5% será para el complejo INAU – Sirpa; el 4%, para la descentralización; y hay un 15% para otros destinos que figuran al pie de la página en letra más chica. Se trata de lo siguiente: gobierno electrónico, deporte, Ministerio de Defensa Nacional, tabletas para los adultos mayores, investigación e innovación, medio ambiente, Instituto Uruguayo de Meteorología, Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, y fiscalías. Todos estos ítems están incluidos en el rubro «Otros», que aparece absorbiendo un 15% en esta tabla.

                Luego aparece el destino de los principales incrementos, según el Inciso del Presupuesto. Obviamente, el principal destino es ANEP, con un 29% de los incrementos; luego siguen INAU con un 11%, Mides con un 8%, la Universidad de la República con un 8%, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con un 6%, ASSE con un 6% y el Ministerio del Interior con un 6%.      

                En esta imagen hay una consideración conjunta de las nuevas asignaciones presupuestales y el gasto endógeno. En la parte superior está el esfuerzo fiscal adicional que estamos realizando y en la inferior, el gasto ya comprometido. En total, en una cifra que opera como una suerte de síntesis, podemos decir que se incrementa en unos USD 1.100:000.000 el esfuerzo presupuestal del país para estos dos primeros años del período.

                Ahora mostraremos la distribución de las asignaciones aprobadas por la Cámara de Representantes. Lo que acabamos de ver es lo que propuso el Poder Ejecutivo, pero en la otra cámara se tomaron decisiones que –como lo señores Senadores saben muy bien– significan una reasignación de partidas. En resumen, en la columna de la derecha aparecen las nuevas cifras de asignación, después de los cambios que hizo la Cámara de Representantes.  Como  verán, por ejemplo, educación pasó del 40% al 46%, cuidados pasó al 11% y así sucesivamente. Estas son las nuevas cifras que se obtienen después de las reasignaciones dispuestas.

                Hasta aquí llega esta presentación, señores Senadores. Les agradezco mucho la atención con la que han seguido esta exposición y, naturalmente, estamos a sus órdenes para abordar los temas que entiendan convenientes.

SEÑORA ALONSO.- En primer lugar, quiero agradecer al Ministro y al equipo económico que haya concurrido en la mañana de hoy.

                Luego de escuchar la exposición sobre el Presupuesto y la situación económica que prevén para el país, me gustaría realizar algunas consideraciones y, a partir de ellas, seguramente, también formular algunas consultas relevantes para el trabajo que vamos a tener por delante en el Senado, en el análisis de este Presupuesto, en esta casa, en las próximas semanas.

En mi análisis, parto de una premisa y es que quiero creerle al señor Ministro aunque, después de analizar y de escuchar la presentación, sinceramente, es difícil.

En esta presentación se señalaron algunas fortalezas del país que son más que compartibles, aunque con matices. Es cierto que el comercio exterior del país hoy está más diversificado, pero eso no ha sido gracias al Gobierno; hemos escuchado al Ministro hablar con respecto a este tema. Este es un país que ha ido mucho más lento que el resto del mundo, en los últimos diez años, en materia de acuerdos comerciales.

Es cierto –y lo celebramos– que la situación financiera del país, y nuestro sistema financiero, en particular, es sólida y, por lo menos,  despeja posibilidades de problemas en ese ámbito, lo que es un activo que tenemos como país.

También es correcto, como se señalaba, lo de la estabilidad institucional a la que hizo referencia el Ministro en esta casa pero, también, cuando compareció en la Cámara de Representantes a raíz de la discusión en ese ámbito, dijo que el sistema de partidos en nuestro país es un diferencial que exhibimos con orgullo. Por eso mismo también queremos decir aquí –y no podemos desconocer–, que el Poder Ejecutivo en general, el Presidente y el propio Ministro se han debilitado, como ha ocurrido desde que asumió este Gobierno y eso nos ha preocupado. No han sido buenas señales, en tiempos de mayor incertidumbre económica, las marchas atrás que debieron sufrir el propio Presidente y el Ministro. Sé que es difícil reconocer esto, pero sería muy positivo que esta situación no se prolongara durante los más o menos 53 meses que restan de este Gobierno.

Ahora bien; no puedo dejar de señalar que comparto plenamente con el Ministro el destaque que le da a la importancia de la coordinación entre la política económica y la política fiscal, en particular, en la presentación que mirábamos. El Ministro lo confirma cuando dice: «En lo personal, si tuviera que elegir la principal herramienta de la política económica no vacilaría en elegir la política fiscal, con sus dos grandes componentes: la política de ingresos y la política de gasto público. Ese es el instrumento que opera como ancla de todos los equilibrios macroeconómicos».

Por eso y en la misma línea, no podemos dejar de señalar que las declaraciones se contradicen con los hechos. Los dos Gobiernos anteriores –y, en particular, el último–, con una misma conducción, no han sido coherentes –esto también lo digo con el máximo respeto– las políticas económicas. No lo fueron la política fiscal con la monetaria, con la cambiaria, con la de ingresos y con la fiscal. Vivimos y pasamos –y esto lo hemos visto– por una fuerte expansión fiscal con contracción monetaria. A modo de ejemplo puedo decir que no se guardaron los debidos equilibrios; hoy lo estamos pagando y salta a la vista.

Comparto que la política fiscal es el ancla de las restantes, pero nuevamente se comparten las palabras y no las acciones, y si no recordemos el Gobierno anterior cuando el ex Ministro de Economía y Finanzas, señor Fernando Lorenzo, al presentar el Presupuesto decía que el déficit fiscal al 2014 sería de 0,8% –seguramente todos lo recordamos–  y que fuera de ese rango era una irresponsabilidad. Por eso hablamos de un Presupuesto irresponsable. En aquel momento agregaba que el ratio de la deuda producto   –que hace un rato mencionaba– estaría en el entorno del 40%. Sin embargo sabemos –y esto lo lamentamos y nos preocupa porque la realidad es muy diferente–  que hoy, el déficit fiscal de 2014 es de 3,5%, equivalente a          USD 2.000:000.000 y la deuda bruto sobre el producto es del 60%.

                A partir de ese análisis cuesta creer –por eso hacía mi reflexión inicial– en las consistencias de este equipo económico, luego de los errores cometidos –por no mencionar los yerros del anterior– en medio de una gran bonanza.

 Mi primera pregunta va en ese sentido: si erraron cuando todo iba bien, ¿qué confiabilidad tienen los objetivos que ahora se plantean? Porque definitivamente hoy la situación –tal como hacía referencia el señor Ministro– es mucho más compleja. El Gobierno reconoce que la situación internacional ha cambiado para mal, pero entiendo que en parte, esa mayor complejidad también se debe a errores de la Administración pasada. No desconocemos lo que veíamos en las gráficas y en la presentación: Brasil atraviesa una importante recesión, Argentina es una gran incertidumbre, China se desacelera, las economías del primer mundo tienen un crecimiento anémico, pero también es cierto –y vale hacer la aclaración y ubicarlo en el mismo lugar de la presentación– que las tasas de interés siguen bajando y que el precio del petróleo bajó, aunque ANCAP no se enteró ya que en nuestro país todavía no nos enteramos de esa situación. Es decir que no todo viene de afuera. La principal herramienta de la política económica –que es la fiscal, como ha dicho el señor Ministro– se manejó mal y eso compromete los objetivos de este Gobierno.

                Hemos escuchado y leído a los analistas económicos independientes del país que coinciden en que es imposible mantener la competitividad, bajar la inflación, evitar la suba del dólar y mejorar el frente fiscal. Hoy creemos que no es posible lograr los objetivos que se procuran alcanzar de manera simultánea. En ese sentido utilizamos la metáfora empleada por el Presidente del Banco Central, señor Mario Bergara –que leíamos hace unos días–: «hay que mantener todos los platitos chinos girando sin que se caigan». Sin embargo, el platito de la competitividad –por lo menos– ya está en el piso y hay otros que seguramente se están tambaleando. Entonces, siguiendo en esa misma línea le preguntamos: ¿cómo piensa el Gobierno alcanzar todas las metas que se proponen y que nos presentan? ¿Usted cree que eso es viable? ¿Piensa alcanzar todas? ¿Cuáles va a priorizar?  Con respecto a un tema que nos preocupa y también a la sociedad en general: ¿qué va a pasar con la inflación cuando ya no se contenga el crecimiento del tipo de cambio?

Seguramente estas preguntas se las hagan muchos aquí adentro pero también afuera, preguntas como si piensa recurrir a las tarifas públicas o a los acuerdos de precios como aquellos a los que ya tuvimos que recurrir, si va a tomar medidas de fondo, si va a procurar alcanzar una política fiscal mucho más equilibrada que la actual, que hoy es –definitivamente– el talón de Aquiles de la economía de nuestro país.

                En esto quiero ser bien clara: no nos alcanza con que el señor Ministro reconozca que los números fiscales no son los que le gustaría; no nos alcanza. El señor Ministro nos tiene que explicar cómo llegamos a esos datos                  –francamente impresentables– en plena bonanza y cómo piensa mejorarlos, pero hablándonos en un idioma económico básico, de manera clara y creíble.

                La mejor propuesta que escuchamos por parte del equipo económico en este Presupuesto es que es de un solo punto porcentual en el quinquenio y, básicamente, por medio del mejor desempeño de las empresas públicas. Y aquí vuelvo a la reflexión inicial: sencillamente, no es creíble, señor Ministro.

                También se afirma que la inflación va a ir convergiendo al rango meta, que se estableció entre un 3% y un 7%, cuando hace años que el Banco Central del Uruguay –seguramente, algunos de los integrantes del equipo económico hayan estado en este tiempo y lo sepan– no lo viene logrando. Nuevamente pregunto al señor Ministro –además de ¿cómo hago para creerle?– ¿qué mecanismos piensa utilizar para revertir esta situación, en un contexto que será mucho más complejo y con mayores presiones por el tipo de cambio, al menos en el corto y mediano plazo? Si la inflación subyacente que se mencionó en esta presentación hoy es superior al 9% –tal como ha dicho el propio señor Ministro–, ¿cómo piensa bajarla en este escenario?

                Otra interrogante que me parece importante plantear al equipo económico es cómo puede ser que los datos con que contamos, los que hemos visto, los que nos llegan del exterior, así como los de la propia economía nacional, son claramente peores que cuando se armó el proyecto de ley de Presupuesto, hace ya unos meses. Concretamente, ¿cómo puede ser que se sostengan las mismas proyecciones de crecimiento? Las cifras no me cierran; el propio Presidente del Banco Central del Uruguay hace unos días reconoció que el crecimiento puede ser menor al estimado. Está claro que esto no coincide con la proyección que hace el Gobierno, pero seguramente todos hayamos leído la encuesta de expectativas del mes de octubre –en la que no se encuesta, por cierto, a los economistas y a los estudios más críticos con la gestión del Gobierno–, que arroja un crecimiento esperado promedio del 1,8% para este año. ¿Esto no influye, no cambia en nada? Los datos de Brasil a los que el señor Ministro hacía referencia, que ahora cambiaron, que agravan y preocupan aún más, ¿no influyen para nada en esta presentación que se hizo, inamovible con respecto a ese crecimiento? ¿Siguen esperando un crecimiento del 2,5% para este año y del 2,7% promedio para el 2017? Creo que este es un tema central porque si el crecimiento es menor al previsto, también van a serlo los ingresos del Estado y, por tanto, los resultados fiscales serán peores. Eso constituye, como señalé anteriormente, la debilidad más importante que tiene la política económica.

                Tenemos varias reflexiones para hacer, pero con los números previstos y señalados excesivamente como optimistas por todos los analistas económicos de este país, se esperaba un empeoramiento de la situación del endeudamiento del país que en su relación deuda producto pasaría del 58,4 en 2014 al 62,8 en 2019.

                ¿El señor Ministro no piensa que va a ser mucho peor ahora con los nuevos datos que se conocen si lo comparamos con en el presupuesto anterior en una economía en constante crecimiento? Volvemos a hacer la misma reflexión aunque seamos reiterativos porque realmente queremos creer que el  Ministerio de Economía y Finanzas y el equipo económico son serios y responsables en lo que nos transmiten no solo a nosotros sino también a quienes están afuera que son los que sufren y esperan.

                Asimismo, me interesa saber qué significa para el equipo económico armar un presupuesto quinquenal solo para dos años. ¿Eso significa que luego no va aumentar el gasto? Si bien se hizo referencia en algunos aspectos, no nos quedó muy claro. En ese sentido, me surge otra interrogante. Si se aumenta en las siguientes rendiciones de cuentas, ¿no serán peores también los indicadores fiscales? ¿No será mucho más difícil guardar los equilibrios necesarios en todas las herramientas de la política económica? ¿Qué piensa el equipo económico sobre la gran interrogante presupuestal  que constituyen los años 2018 y 2019? A eso le agregamos: ¿podremos creer que habrá restricciones en el año electoral cuando no es lo que ha ocurrido en los últimos dos gobiernos? Parezco insistente, pero reitero: no parece creíble y los antecedentes no juegan a favor.

                Hay temas como la situación a la que se somete al Poder Judicial, los organismos de contralor, el recorte al Sistema Nacional de Cuidados –a pesar de que en la presentación estaba marcado como prioridad– que nos preocupa especialmente, los aumentos tributarios que contiene el proyecto y varios otros asuntos polémicos en los que no ingresaremos –seguramente tendremos tiempo de tratarlos en los próximos días de trabajo– porque hoy nos convoca el aspecto macro.

                Quiero terminar con lo mismo que dije al principio: para bien de todos, quiero creerle al señor Ministro. Ya no tenemos tiempo para seguir macaneando porque lo que en tiempos de bonanza fue despilfarro y oportunidades perdidas, ahora lo van a pagar los uruguayos y, en particular, los más vulnerables. Es cierto que el país cuenta con activos –debemos tener la honestidad de referenciar las cosas que están bien–, pero perdimos lastimosamente la oportunidad de generar una mejor inserción internacional si hubiéramos seguido una política activa y no meramente pasiva, condenados a seguir  en un Mercosur sin un rumbo claro. También perdimos la oportunidad de instrumentar una regla fiscal que hoy nos daría solidez para enfrentar las dificultades y los ajustes fiscales encubiertos en sus diferentes concepciones como el esfuerzo fiscal y margen fiscal, pero detrás de todo eso hay un ajuste fiscal. Creo que es un error importante. Si bien sabemos que vamos a vivir tiempos complejos, no conocemos bien cuál será el rumbo y la posición en la que estamos hoy.

                En síntesis, me gustaría escuchar a los integrantes del equipo económico y saber si pueden despejar las interrogantes que planteamos, porque se puede hablar de números, gráficas y conceptos que, quizá, hasta se alejan de nuestra propia concepción, pero imaginemos a quienes están afuera, que quieren que les hablemos de economía básica. Sé que eso puede no ser fácil para el señor Ministro, pero definitivamente nosotros sentimos que este es un presupuesto irresponsable.

                Por eso, le solicitamos que nos explique en criollo, en términos de economía básica, para que la gente lo entienda fácilmente. Esto es como en la casa de uno: tengo un ingreso de 10,  planifico gastar 11, consigo que mi vecino me preste, ¡y todavía lo festejo cuando lo hace! En verdad, no es lo que me enseñaron; no es lo que quiero para la sociedad ni para mi país.

                Señor Ministro: esperemos no irnos con la misma preocupación con la que vinimos con respecto a la conducción de la política económica para los próximos años.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de concederle el uso de la palabra a la señora Senadora Montaner, a efectos de evitar dialogados, se exhorta a los señores Senadores a dirigirse a la Mesa.

SEÑORA MONTANER.- Agradezco al equipo económico y al señor Ministro su presencia en esta Comisión para compartir el análisis del proyecto de Presupuesto, que para nosotros es muy importante, más allá de que en la Cámara de Senadores hemos tenido un preámbulo y varias veces hemos escuchado las referencias que se han hecho a su contenido.

                En mi opinión, el señor Ministro hace muy bien en abrir el paraguas, pues estamos en una situación de incertidumbre a nivel regional e internacional. Hace muy bien, asimismo, en fraccionar el Presupuesto para no crear falsas expectativas y que después nos enfrentemos a la decepción de la población no solo por problemas económicos, sino también por conflictos sociales.

                De modo que, me interesa escuchar, compartir y expresar algunos conceptos, aunque la Senadora preopinante ya los ha referido. Evidentemente,  cuando se nos plantea este nuevo escenario y se nos habla del impacto que han tenido en la política económica uruguaya los hechos regionales e internacionales, nos damos cuenta de que tenemos que transitar en medio de una cantidad de incertidumbres, de dudas, que se canalizan –casi todas– por los mismos andariveles.

                Haré solamente tres preguntas, sobre aquellos temas cuya respuesta me compete leer después.

                En primer lugar, me gustaría abordar la política fiscal que, como ha dicho el señor Ministro, es un ancla fundamental de la política económica. A este respecto, en la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto, se expresa: «La responsabilidad fiscal que orienta y le da contenido al Presupuesto 2015-2019 constituye un pilar fundamental sobre el cual descansan la estabilidad macroeconómica, la continuidad del carácter inclusivo del crecimiento, la preservación del clima de confianza de los actores económicos y sociales, la protección del gasto asociado a las conquistas sociales y el despliegue gradual de los recursos públicos que dan sustento a los programas y las políticas públicas que se presentan en el mismo». Esto es lo que ha relatado el señor Ministro, entre comillas.

                Continúa y expresa que se plantea un ahorro gradual del Producto Bruto Interno del 1% al 2019, que equivale al resultado de las empresas públicas. Por cierto, las empresas públicas, nos duelen a todos los uruguayos, tenemos que decirlo, porque parecería que hubieran sido tierra de nadie pero, de alguna manera, todos sabíamos cómo se estaban manejando. En ese caso, sentimos, al igual que el señor Ministro, que se deben reorientar, reorganizar y tener un mayor aporte. Ha sido un tiempo perdido y la verdad, con mucho respeto, tenemos que decirle que podemos hablar de casi una década de pérdida de las empresas públicas.

                En sus proyecciones prevé un año electoral 2019 sin deterioro fiscal, cuando el deterioro normal promedia el 1.5% del Producto Bruto Interno, y en el 2014 fue del 1,7% del PBI con respecto al resultado del cuatrienio anterior. Asume un aumento de la carga tributaria de la DGI del 0,5% del PBI sin ajuste fiscal, y otras proyecciones discutidas por diversos analistas.

                Por otro lado, desde sectores del Frente Amplio y de los sindicatos se reclama el cumplimiento de las promesas electorales; creemos que ahí también va a tener que articular para poder seguir adelante dada las cifras que nos está dando, las promesas electorales y las presiones que se producen por parte de los sindicatos. Se promete avanzar en las rendiciones de cuentas respecto a lo que se ha prometido en la campaña electoral. Sin embargo, y aunque diéramos por buenas las proyecciones de ingresos el gasto total se proyecta en este Presupuesto creciendo un promedio anual de un 3,2% más que el 2,7% proyectado por los ingresos.

Luego de esta breve reseña, mi pregunta es la siguiente: ¿se comprometería usted a alcanzar la meta de déficit fiscal de 2,5% del PBI sin aumentar más ajustes que los anunciados hasta el momento, por ejemplo la eliminación de la bonificación del 18% en la contribución inmobiliaria rural, cambios en la tributación del Fondo de Solidaridad y tarifas que evolucionen por encima de los costos, o sea, lo que ya se vislumbró en el tratamiento anterior de esta ley de Presupuesto?

La segunda pregunta es la siguiente: se proyecta un dólar quedando en los niveles actuales hasta fin de año, creciendo el 16% contra el promedio del año anterior, y  una perspectiva para el año 2016 de dos puntos porcentuales más que la inflación y luego un ritmo similar a esta hasta el final de año. A eso se agrega que Argentina aún no ha procesado el ajuste cambiario;  hoy lo volví a escuchar a usted sobre este tema. Entonces, ¿cómo piensa sostener el crecimiento proyectado en las exportaciones de bienes y servicios del 2,8% en volumen físico, el empleo 0,6%, la producción 2,7%, la inversión 4% y el consumo 2,9% promedio anual sin una mejora del tipo de cambio real?

Termino mi exposición preguntando por el tema de la inflación. Es un asunto en el que caemos todos, porque toda la población está cayendo en este tema y está preocupada. Las proyecciones de inflación nos confirman que no se cumplirá el anuncio de alcanzar un 5% de inflación en 18 meses, que fue el discurso del 1º de marzo del Presidente, doctor Tabaré Vázquez. Las proyecciones plantean que se hará efectivo en 2019. La inflación es el más injusto de los impuestos y de su baja depende que efectivamente pueda crecer el salario real y el consumo. Le pregunto al señor Ministro y con esto termino, ¿con qué instrumentos piensa alinear la inflación al objetivo fijado concretamente?

Muchas gracias.

SERÑOR CARDOSO.- Pensé que la dinámica iba a ser otra que me parecía mucho más constructiva para el funcionamiento de la Comisión, porque si todos hacemos intervenciones, al final el señor Ministro cierra con otra de sus presentaciones y no hay intercambio. Hay una presentación, comentarios y preguntas, y después otra presentación al final. Preferiría que el señor Ministro respondiera algunas de las preguntas que ya se hicieron y que son  muy concretas. Yo tengo algunas respecto al ajuste fiscal que tiene este Presupuesto y a otros detalles que me parecen que deben ser aclarados, pero no me parece que sea en una presentación. ¿Sabe por qué lo digo? Porque nosotros no votamos informes, fundamentaciones, presentaciones, exposiciones de motivos, sino datos, números, cifras, un presupuesto concreto. Los informes son parte de nuestros comentarios o de nuestros debates, nos enriquecen o no, pero son parte de los comentarios y de las expectativas, pero nadie vota expectativas, sino datos numéricos. Me interesaría ir a los datos numéricos en cuanto al crecimiento del PIB y al crecimiento impositivo, algo que es muy difícil encontrar en el Presupuesto. Preferiría que se adoptara el siguiente criterio. Las dos intervenciones anteriores ya plantearon preguntas. A mí me gustaría que el señor Ministro aceptara este criterio y que se hiciera un alto aquí, él respondiera y  después nosotros pudiéramos intervenir porque, de pronto, con una intervención suya resolveríamos parte de nuestras consultas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero decirle a los señores Senadores que cuando conversamos con el señor Ministro acordamos que iba a haber una primera ronda de intervenciones con preguntas, que no van  ser contestadas con una presentación sino con respuestas a las preguntas. Por lo tanto, yo le pediría al señor Senador que planteara sus preguntas, que serán respondidas. Si después hay que repreguntar, se hará, pero en principio este es el método de funcionamiento que acordamos.

SEÑOR CARDOSO.-  Perfecto, entonces me voy a borrar de la lista de oradores. Esperaré a que el señor Ministro responda y después voy a hacer mis preguntas. Creo que tenemos que fijar el criterio en el Parlamento. El señor Ministro puede tener un criterio, pero yo estoy proponiendo otro con un debate razonable y ordenado, y no una larga presentación –muy interesante, por cierto– como la que hizo el Ministro, sobre la que, por supuesto, tomé debida nota y que  ya conocía en términos generales porque se había dado en la Cámara de Representantes. Ahora hay preguntas concretas y me parece que si las responde podemos seguir, de lo contrario me borro. Voy a esperar a que el señor Ministro responda y cuando termine su última intervención volveré a preguntar.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Nosotros respaldamos el criterio adoptado por la mesa, que es con el que se ha trabajado habitualmente en esta Comisión. Entendemos que está bien que se hagan las exposiciones con las preguntas, que después se den las respuestas y así sucesivamente.

SEÑOR AMORÍN.- Solo quiero hacer un comentario. Me parece que podemos seguir razonablemente bien. Hubo dos exposiciones largas e interesantes, así como también fue muy interesante la del señor Ministro. Creo que  ningún señor Senador quiere hacer más exposiciones; lo que queremos hacer son algunas preguntas concretas. Entiendo razonable que el señor Ministro responda esta enorme cantidad de preguntas y si quedan dudas hacemos una segunda ronda en la que él responde y terminamos. Digo esto, a los efectos de facilitar el trabajo de la Comisión.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a poner a votación si continuamos con el criterio que oportunamente la mesa adoptó: que haya una primera ronda de intervenciones, que el señor Ministro o el equipo económico conteste y que si  hay que repreguntar se hace. Después de que votemos le voy a dar la palabra al señor Senador Agazzi.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –9 en 16. Afirmativa.

                Tiene la palabra el señor Senador Agazzi. Después continuamos con el criterio y seguimos con la  lista de oradores que teníamos prevista.

SEÑOR AGAZZI.- Esta presentación o marco general del Presupuesto no está dentro del Presupuesto en cuanto a las decisiones que se vayan a tomar después, sino que se hace para ubicarnos dentro de estos cuarenta y cinco días de trabajo que vamos a tener todos juntos. Desde luego que es discutible, pero también quiero decir que me parece  muy válido porque, si no, cada uno de nosotros marcharía con el marco general que tiene, sin compartirlo. Creo que esta instancia es válida y por algo existe en el Parlamento desde hace muchísimos años y siempre se consideró positivo empezar así.

                Considero que esta presentación del día de hoy es inédita, fundada y tiene muchísima información. La cantidad y la calidad de la información con que se razona  en estos temas es clave y desde que el Frente Amplio está en el gobierno disponemos de una cantidad y de una calidad de la información que me parecen sustantivas para poder analizar y pensar las medidas que se van a tomar en el Presupuesto. No quiero criticar la información de que se disponía antes; me siento muy contento de que ahora dispongamos de ella para trabajar, reitero, tanto en cantidad como en calidad.

SEÑOR MICHELINI.- Apoyado.

SEÑOR AGAZZI.- Es información cristalina, está disponible para todo el mundo y me parece que eso está bien, porque aun para criticar con fundamento es bueno tener información. La información no es solo para defender lo que el gobierno está planteando, sino que la información es para el debate, es para trabajar. Creo que el análisis es riguroso; de todas maneras, se pueden prever algunas cosas. Con relación a las crisis que hemos tenido en este país está claro que nadie las previó porque, de lo contrario, los gobiernos que hemos tenido –fueren del partido que fueren– habrían hecho algo al respecto, porque sin duda no las querían. Cuando llegan situaciones imprevistas, justamente, sorprenden por tener esa condición: son imprevistas. Pero me parece que hay un razonable análisis prospectivo de lo que puede suceder en el conjunto.

                A nuestro criterio, desde luego, el equipo económico es creíble y ha trabajado con fundamento. Nosotros no participamos de la idea de una década perdida, porque a nuestro entender fue una década ganada. Obviamente, eso depende de por dónde ande uno en el Uruguay; incluso, ande por donde ande, es así, porque yo también me doy una vuelta de vez en cuando por los barrios de altos ingresos y veo las casas, los autos y los niveles de consumo que tienen. No obstante, si recorro los barrios a los que pertenezco, está claro que ahí hay más trabajo, mejores salarios y la gente también vive mejor. Incluso, muchos empezaron a ir al supermercado, cuando antes ni siquiera sabían lo que era un supermercado. En resumen, hay mejores ingresos de la gente.

                El país ha mejorado, y si no fuera así, ¿cómo se explicaría aquel PBI de USD 14.000:000.000 que  hoy es de casi US$ 60.000:000.000?

                Estas son algunas consideraciones generales que tengo  necesidad de expresar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero aclarar al señor Senador Agazzi que tengo anotados para hacer uso de la palabra, y pensé que el señor Senador iba a referirse a la metodología de trabajo.

SEÑOR AGAZZI.-               Pero yo me anoté, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pero el señor Senador se anotó después del señor Senador Delgado, que no sé si va a hacer uso de la palabra. Voy a dejar que culmine su exposición, pero teniendo en cuenta que tenía una lista y que pensé que iba a hacer uso de la palabra para referirse a la metodología de trabajo. Quiero respetar la lista de oradores…

SEÑOR AGAZZI.- Pensó mal, señora Presidenta y lo cierto es que no puedo borrar lo que dije. Pido disculpas al señor Senador Delgado.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, como el señor Senador Delgado lo permite, puede terminar su exposición y luego daremos la palabra al señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: siendo consecuente con mi voto, voy a esperar la respuesta del señor Ministro y luego formularé algunas preguntas sobre estos temas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede hacer uso de la palabra el señor Senador, pero aclaro que es necesario dirigir con ecuanimidad y, repito, no lo tenía anotado para hacer una exposición, sino para referirse a la metodología de trabajo.

                Tiene la palabra el señor Senador, ya que no tenemos más oradores anotados.

SEÑORA MONTANER.- Muy bien, señora Presidenta.

SEÑOR AGAZZI.- Gracias, señora Presidenta. Deberíamos tener dos cartelitos, uno para pedir la palabra para referirse a una moción y otro para hacer una exposición, ya que en realidad me había anotado para intervenir.

                Quiero preguntar algo que es estructural y, a mi juicio, es muy importante. El Uruguay es de los pocos países que por disposición constitucional tiene un presupuesto quinquenal. En el mundo de hoy, un presupuesto quinquenal es absolutamente contradictorio con la realidad, a tal punto que ahora no se puede hacer por lo que está pasando en el mundo, en la región y en el Uruguay. Ese es un dato de la realidad que va a seguir pasando. Entonces, pregunto cómo puede hacer el equipo económico para elaborar un presupuesto más o menos creíble y no uno más o menos virtual que después hay que estar calafateando cada vez que se llega a la instancia de la rendición de cuentas. Quizás este es un debate más profundo, que hasta tiene que ver con disposiciones constitucionales, pero desde el punto de vista de quien maneja toda esta información me pregunto cómo ve este tema de tener que amoldarse a algo que ya no sirve. La verdad es que los presupuestos deberían hacerse de otra manera.

                Creo que en este tema debemos ir construyendo algo para el bien del país, sea quien sea el que gobierne. No es posible imaginar hoy cómo será el mundo en 2020 y si alguien lo imagina no es cierto, tal como demuestra la realidad.

                Por consiguiente, quisiera saber si el equipo económico tiene alguna reflexión en este sentido, dado que tuvo que encontrar una solución ad hoc para el presupuesto del período que va de 2015 a 2020.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero hacer una pregunta con respecto al tema de la inversión que, a mi criterio, es clave. Pediría al señor Ministro y a su equipo que se detuvieran un minuto en lo relativo a la evolución de la inversión y a la importancia de la inversión en el futuro. Según se nos ha mostrado en algunas gráficas se eliminan algunas inversiones relevantes para hacer un buen comparativo, pero lo cierto es que los niveles de inversión que el país ha tenido son muy importantes y me parece bueno profundizar un poco en eso.

SEÑOR MINISTRO.- Han sido muchos los temas que se han tocado y voy a tratar de abordarlos a todos ellos. Quizás, no en el orden que sería aconsejable, pero haré lo que pueda en función de las notas que he tomado, y luego los señores Senadores decidirán si debemos profundizar en algún tema o no.

                Ha estado presente, sobre todo en la intervención de la señora Senadora Alonso, el tema de la credibilidad, y creo que en materia económica es obviamente un factor fundamental, porque la economía no es una disciplina exacta que se maneje como la química, la física o las matemáticas, sino que es humana, en la que juegan los factores psicosociales, la propia condición de influencia de las expectativas y, sin duda, es un elemento a tomar en cuenta.

                Nosotros estamos –aprovecho para abordar otras de las afirmaciones realizadas– muy comprometidos con lo que estamos proponiendo. Esto es, asumimos un compromiso con lo que estamos formulando. Aclaro que compromiso no quiere decir infalibilidad ni mucho menos, sino trabajar con todos los medios a nuestro alcance para lograr los objetivos propuestos. Por supuesto, ha habido una intensa referencia a la evolución del resultado fiscal en el país durante los últimos años. Ahora bien, en materia económica no es bueno analizar aisladamente los aspectos parciales de la realidad. ¿Por qué? Porque la evolución fiscal es uno de los aspectos fundamentales de la economía, pero también lo es –y no necesito explicarlo– la inversión, la producción, el empleo, el desarrollo de las diferentes actividades del país, la situación financiera y dejo para el final, para destacarlo aún más, la realidad social del Uruguay. Siempre hemos creído que la mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo no puede ser un mero subproducto de la evolución económica, porque está archidemostrado en el mundo, a través de una rica y profunda experiencia, que el crecimiento solo no derrama bienestar, porque este hay que generarlo con políticas públicas que desde dicho sector pongan en marcha instrumentos que permitan un acceso equitativo a los frutos del crecimiento.

                Entonces, no es bueno decir simplemente que el resultado fiscal del país ha sido negativo o no es el que hubiéramos querido todos, sin analizar lo que el país ha logrado simultáneamente al empeoramiento de su resultado fiscal. Y el país logró, para empezar, si me permiten la deformación económica, la mayor tasa de inversión de toda su historia. El Uruguay llegó a invertir $ 24 por $ 100 de producto, cosa que nunca había logrado en toda su historia. El promedio histórico de inversión del país era del 10% y  en estos años llegó al 24%. Y a partir de esa inversión, voluminosa y con una composición diversificada, Uruguay logró resultados económicos absolutamente excepcionales, porque nunca había tenido un ciclo de crecimiento tan importante como el que tuvo durante el transcurso de estos años.

Yo hoy decía que una cosa es analizar un resultado fiscal negativo de tres puntos y medio con una situación financiera débil, y otra cosa muy distinta es analizar el resultado fiscal negativo con la situación financiera que construyó el país y que también es totalmente inédita en toda su historia contemporánea. Uruguay nunca había llegado a los niveles de liquidez y de reservas, y por lo tanto a los niveles de endeudamiento neto, que tiene hoy. La Senadora Alonso mencionaba la relación deuda – producto. Ahora bien, tengo que decir que la relación deuda – producto que importa no es la bruta, sino la neta, porque es la que pone en juego todos los factores que el país administra desde este punto de vista, incluyendo las reservas internacionales y el acceso a los mercados financieros. Actualmente, Uruguay tiene también la menor relación de deuda neta – producto de las últimas décadas. Esto es muy importante analizarlo junto con la situación fiscal. Por supuesto que no desearía que se interpretaran estas palabras como una especie de subestimación de la importancia del resultado fiscal negativo. Por el contrario, no es una subestimación sino precisamente una colocación del tema en el marco de un contexto que le da sentido y que nos va a permitir –eso es lo que creemos nosotros– llegar a un mejor resultado fiscal durante el transcurso de este período. Estoy de acuerdo con que se trata de una mejora modesta, sin duda es así; pero es la que podemos proponer con responsabilidad, porque no estamos proponiendo una mejora de un punto del resultado fiscal consolidado mientras todo lo demás permanece constante. No; estamos proponiendo una mejora de un punto del resultado fiscal consolidado mientras incrementamos en más del 40% los recursos para la educación y mientras aumentamos sustancialmente los recursos para cuidados, para infraestructura, para seguridad pública y así sucesivamente. Entonces, una vez más, ahora con perspectiva de futuro, digo que no se puede analizar el resultado fiscal independientemente de los compromisos programáticos asumidos y que también hay que cumplir.

                Alguna vez me habrán oído decir que teníamos un resultado fiscal manejable, término que mereció debate y generó discusión. Quiero aclarar que decir que tenemos un resultado fiscal manejable no es subestimarlo, sino que es reconocer que con esta realidad económica y financiera que tiene el país, este es un resultado fiscal mejorable, y lo es por la vía, precisamente, de la administración de los diferentes instrumentos de política económica que están relacionados con él. Por eso utilicé esa palabra y la vuelvo a usar hoy: Uruguay tiene un resultado fiscal manejable, es decir, no tiene un resultado fiscal descontrolado ni un resultado fiscal que haga imposible o muy difícil la tarea de mejorarlo. No lo tiene por el conjunto de razones que estábamos señalando recién.

                Ahora bien, yo creo que obviamente la credibilidad se va logrando con resultados. Y en la medida en que se discrepe con las decisiones de política pública que tomamos desde el Gobierno, la manera de asociarse a la credibilidad desde el punto de vista de las acciones de política económica es ir viendo si los resultados coincide –teniendo en cuenta el contexto interno y externo– con los compromisos que se han asumido al respecto. Reitero que nosotros nos comprometemos con las proposiciones que estamos haciendo el proyecto de ley de presupuesto que estamos presentando.

                Es importante saber que quienes tienen un grado importante de especialización en esto de la credibilidad, confían en el país y voy a poner como ejemplo a quienes han calificado a la economía uruguaya desde el punto de vista de su riesgo crediticio.  Al mismo tiempo –y respondiendo a una inquietud planteada por el señor Senador Michelini– voy a hablar de los volúmenes de  inversión proyectados en el país  para los meses más recientes. Desde el primer punto de vista, Uruguay tiene, por lejos, la mejor  calificación crediticia en toda la región y eso es lo que le ha valido conseguir lo que es, quizás uno de sus principales capitales intangibles: el grado inversor y, por otro lado, los escalones superiores que, dentro del grado inversor, le han sido conferidos por varias calificadoras de riesgo crediticio, hecho que, a su vez, le permite al país ahuyentar  todo peligro de desestabilización financiera por mucho tiempo. El último ejemplo ha sido la reciente emisión de deuda, que Uruguay consiguió a una tasa de interés fija de 4,5%. Quiero decir a los señores Senadores que en la actualidad no hay muchos países en el mundo que puedan realizar esta colocación. Se preguntarán –tal como hizo la señora Senadora Alonso– qué tiene de bueno esto. Lo que tiene de bueno es que refuerza, precisamente, la solidez financiera del país en un contexto de incertidumbre y volatilidad. Hoy solo el Gobierno central tiene un volumen de seguridad financiera que se puede estimar en USD 5.700:000.000. Estamos hablando solo del Gobierno central y no del Banco Central. Uruguay ha accedido a créditos contingentes, que puede utilizar o no, de parte de los organismos multilaterales que superan los USD 2.000:000.000 y al mismo tiempo ha logrado una posición de USD 3.500:000.000, desde el punto de vista de sus reservas incrementadas ahora por la operación que realizamos en las últimas horas y que no aumenta la deuda neta, porque así como emitimos bonos y los colocamos en el mercado, el país dispone de las reservas correspondientes. Quiere decir que la variación de la deuda neta es igual a cero. El país no acrecentó su endeudamiento con esta operación, pero sí aumentó su seguridad financiera para encarar, precisamente, elementos que hoy entran en el terreno de la volatilidad y la incertidumbre.

                Se ha mencionado, tanto por la señora Senadora Alonso como por la señora Senadora Montaner, el tema de la inflación, que es uno de los desequilibrios macroeconómicos que preocupan más al Gobierno, respecto al cual estamos  realizando una especie de combate sin tregua, utilizando muchos instrumentos para ello. En primer lugar, se apeló a una política monetaria muy contractiva. El Banco Central pone en práctica instrumentos que  disminuyen la circulación de medios de pago y, por lo tanto, con esa definición de política contribuye a evitar la presión monetaria sobre la inflación, que es uno de los instrumentos que hay que usar en estos casos.

                En segundo término, estamos esperando –como se ha indicado– mejorar la relación y la situación fiscal del país. A la política monetaria no la podemos dejar sola, la tenemos que acompañar con medidas fiscales que sean  consistentes con la contracción monetaria. Estamos apelando a instrumentos más heterodoxos como los acuerdos de precios. En este sentido, acaba de finalizar un ciclo y en  los próximos días estamos iniciando otro. Quizás mañana podamos hacer un anuncio más oficial sobre un nuevo período de acuerdos de precios que, en función de los resultados que hemos obtenido a  partir de las estadísticas que miden su evolución, han sido positivos. Por supuesto, tenemos muy claro que estos acuerdos no eliminan la inflación pero operan sobre las expectativas y eso es absolutamente fundamental. Si damos señales de que la inflación va a continuar o a empeorar –lo que es más negativo aún–, lo único que vamos a obtener de la población serán conductas inflacionarias. Si operamos sobre las expectativas y damos señales de que, desde un punto de vista político, queremos firmemente disminuir la inflación, vamos a estar operando sobre expectativas más positivas, esto es, sobre conductas no inflacionarias de parte de la población. Entonces, estamos trabajando con todos los instrumentos, muy comprometidos ya no con llegar al rango meta en dieciocho meses –como decía la señora Senadora Montaner, porque se ha demostrado que eso no será posible–, pero sí sabiendo que esta es una lucha dura y una batalla que, sobre todo en un país que ha crecido tanto, es muy importante y que tenemos que coronar con un resultado positivo para toda la población.

                Curiosamente, los crecimientos sostenidos durante mucho tiempo tienen un aspecto negativo y es que se transforman en presiones inflacionarias. Hoy Uruguay está en desaceleración y eso, quizás, nos ayude desde el punto de vista de la inflación. Obviamente, no quiero que nuestro país se desacelere pero hay que saber que si eso sucede, al menos por un tiempo, habrá mejores condiciones para combatir la inflación.

                Se nos ha preguntado por la evolución cambiaria y respecto a esto podemos decir que vamos a seguir manteniendo la actual política de flexibilidad, por la que acompañamos la tendencia internacional, hasta ahora suave, gradual, del tipo de cambio y, al mismo tiempo, intervenimos en el mercado para eliminar oscilaciones y brusquedades inconvenientes que siempre terminan por afectar negativamente a la población, ya sea en el ámbito de la producción como en el social. Por lo tanto, esto estaría generando consecuencias inconvenientes. Estas son las razones por las cuales vamos a seguir practicando esta política gradual de evolución suave del tipo de cambio que es la que nos parece necesita el Uruguay. De todas maneras, llamo la atención en el sentido de que, en lo que va del año, la devaluación ya ha superado el 20 % y, por lo tanto, no se ha dado una apreciación del tipo de cambio que resulte despreciable. Por el contrario, ha sido significativa y ha jugado su papel. Lo que pasa es que desde el punto de vista cambiario, en el mundo, se nota poco porque todos están llevando a cabo un proceso de devaluación de sus monedas y de, obviamente, apreciación del tipo de cambio.

                El presupuesto es quinquenal y el hecho de que nosotros estemos proponiendo incrementos para dos años, no significa que dejemos de considerarlo como tal.  Lo hacemos por las razones ya explicadas, esto es, porque nos parece que el país necesita abrir esa oportunidad para realizar una evaluación un poco más rigurosa. Voy a mencionar la reflexión que hacía el señor Senador Agazzi, porque ella nos permite hacer esta proyección para los años 2016 y 2017 y luego, en base a las  instituciones que tiene en vigencia el país, estudiar mejor la realidad económica nacional e internacional y adaptar mejor la propuesta presupuestal a esa realidad. Creemos que el período elegido es el indicado para hacer esa pausa, analizar y luego volver a proponer la segunda parte del período.

                La señora Senadora Alonso –disculpen que salto de un tema a otro, pero había varios puntos planteados en las preguntas– nos hablaba de regla fiscal. El país tiene una regla fiscal en vigencia que funciona a través del topeo de la evolución de la deuda neta. Por lo tanto, si topea la evolución de la deuda neta, indirectamente está limitando las posibilidades del gasto público porque los déficits fiscales se financian con endeudamiento. Si topeamos la evolución del endeudamiento, entonces estamos topeando indirectamente la evolución del gasto.

                Nuevamente se plantea el tema de la credibilidad en cuanto a las metas de las empresas públicas y tengo que repetir lo mismo que ya dije: nos comprometemos con estos resultados, pero también se han comprometido las direcciones de todas las empresas públicas con las cuales hicimos los acuerdos de los que di cuenta. Entonces, hay un compromiso de todo el Gobierno de obtener este aumento de la versión a resultados de las empresas públicas para contribuir a financiar el presupuesto.

                Dejo para el final las reflexiones sobre inversión a las que aludía el señor Senador Michelini y que a mí me gustaría compartir con ustedes.

                Fíjense que en los primeros nueve meses de este año, con respecto a los primeros nueve meses del año pasado, se presentaron a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones 415 proyectos nuevos. Y esos 415 proyectos nuevos, que recorren todo el espectro de las actividades de bienes y servicios, significan una inversión de aproximadamente USD 1.500:000.000, cifra que es muy importante para el Uruguay. Déjenme decirles que en el primer semestre de este año Uruguay recibió inversión del exterior por         USD 1.250:000.000. Es una cifra muy importante y es el principal fundamento que tenemos para afirmar que el país va a seguir creciendo, menos que antes, por supuesto, pero va a seguir creciendo. Por eso, las metas de crecimiento promedio de 2,7 para este período las entendemos fundadas y las presentamos con el compromiso de que les hablaba hoy.

                No hay un camino más genuino para crecer que no sea el de la inversión. No existe. Y la verdad es que Uruguay sigue teniendo buenos niveles de inversión aun en un contexto internacional que no es favorable. Por supuesto, las situaciones de los países nunca vienen determinadas desde afuera y nunca se determinan totalmente desde adentro. Es solo una combinación de ambos conjuntos de factores y los énfasis en los que van cambiando los que explican los resultados. Así que no hay que autocomplacerse en las buenas ni quejarse en las malas; simplemente hay que encarar y tratar de definir las mejores políticas públicas posibles para hacer frente al contexto nacional e internacional en el que nos encontramos.

                Perdón, solicito licencia a la Comisión para que pueda intervenir el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR GARCÍA.- En primer lugar, quisiera referirme a lo planteado por el señor Senador Agazzi. Me parece extremadamente oportuno y, además, compartible.   En este mundo globalizado y  dinámico que tenemos hoy, la dosis de incertidumbre  que siempre trae el futuro, al parecer ahora se incrementa. Por lo tanto, en esa línea de tiempo que va desde ahora hacia ese futuro más  largo, la incertidumbre obviamente adquiere ribetes mayores.

Es así que esta forma que tenemos en Uruguay de tener un Presupuesto quinquenal, es positiva en comparación a otros países porque nos permite tener una mirada un poco más larga.

Ahora bien, queremos ir más allá. Creo que interpretando algo que desde  este Parlamento, desde la Academia y de algunas iniciativas que ha tenido el Estado –varias desde nuestro propio Gobierno–, tenemos necesidad de tener una mirada más larga, de mirar al Uruguay en términos de 30 o 40 años y de aplicar técnicas de prospectiva, de saber hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la región, ver qué posibilidades puede tener nuestro país, anticipar riesgos y anticipar oportunidades.

En ese sentido, hemos creado en la OPP la Dirección de Planificación                   –menciono esto porque creo que tiene directa vinculación con lo planteado por el señor Senador Agazzi–, y nos parece que tenemos que hacer una concatenación de plazos y tener esa mirada larga, prospectiva, con el aporte de toda la sociedad, de todos los actores –no solo económicos sino, obviamente, sociales– en los más amplios ámbitos que tienen que ver con el desarrollo.

En segundo lugar, debemos establecer un término medio. De alguna manera la experiencia con el plan de energía que llevamos adelante en los últimos años –que creo ha tenido amplio consenso político y ha permitido al Uruguay avanzar positivamente en el ámbito de la energía, que es fundamental–, que puede considerarse como un plan de desarrollo de la energía, podemos llevarla a otros ámbitos –por ejemplo, el plan de desarrollo de infraestructura, el plan de desarrollo de la competitividad, etcétera– con un horizonte temporal menor, de 10 a 15 años. Desde allí, los Presupuestos nacionales que votamos cada cinco años, no se deben transformar en discusiones de compartimientos estancos, sino en políticas de Estado, nacionales, en planes de desarrollo, que son carreteras más anchas  donde podemos aplicar los recursos que el país va generando cada cinco años.

Quería poner esta perspectiva, tomando la pregunta y la reflexión del señor Senador, porque me parece muy pertinente a la hora de pensar el país y enmarcar el presupuesto no solamente en una actividad que cada cinco años realizamos durante los primeros seis meses de Gobierno, sino con la importancia que ello tiene. Todo esto desde nuestro punto de vista, de nuestra fuerza política, para seguir llevando adelante aquel principio, que el señor Ministro planteaba al comienzo con muchísima claridad, es decir, el crecimiento económico con inclusión social. Las dos cosas van de la mano. Queremos seguir incrementando eso para que los más vulnerables, los de afuera, en la economía básica, puedan entender por ejemplo que el país  ha tenido una evolución desde el año 2004. En ese momento dos de cada tres niños estaban bajo la línea de pobreza. Quiero repetirlo porque me parece extremadamente importante que se haga conciencia: en el año 2004 si se tomaba al azar a tres menores uruguayos de seis años, dos eran pobres.

Entonces no podemos obviar esta situación cuando estamos hablando de los más vulnerables, de los de afuera. Tampoco podemos obviar que esa política nos ha permitido avanzar en las dos cosas de la mano: en el crecimiento económico y en la distribución del ingreso. Como pocos países, hemos ido modificando, moviendo de manera positiva el indicador de Gini. Ya no hablo de pobreza, de indigencia, pero sí de distribución del ingreso, que es de las cosas más rígidas a mover. En economía básica, esto significa ir cerrando la brecha entre ricos  y pobres, y esa es la manera cómo podemos hacerlo.

Por último, me parece de especial importancia el tema de la inversión. Este equipo económico ha hecho hincapié desde el primer momento en la inversión como principal motor del desarrollo. Hemos logrado objetivos muy importantes –recién lo planteaba el señor Ministro– y hemos llegado al 24% de inflación sobre el producto; sin lugar a dudas y en un contexto internacional distinto, esa va a ser la llave –como lo fue en el pasado, pero no de crisis para nuestro país– para seguir avanzando. Creo que esta situación nos tiene que encontrar a todos juntos, porque hay un tema de entonación nacional a nivel de todo el territorio –estamos trabajando con cada uno de los Intendentes– y a favor del llamado para seguir manteniendo la mayor cantidad de inversiones que el país pueda recibir. Uruguay tiene un diferencial para seguir recibiendo inversiones, del cual nos sentimos orgullosos, y obtenemos esa respuesta permanentemente.

                Por lo tanto, aquí hay una reflexión en la cual todos tenemos que estar juntos; que no pase como en otros momentos, cuando se generó la crisis de 2008, que hubo llamados a no invertir hasta que llegaran las elecciones. Nos parece que esa no es una actitud a tomar, que la defensa que tenemos que hacer todos es, justamente, estar alineados detrás de las virtudes que tiene nuestro país y, en un contexto de mayor incertidumbre, llevar adelante las tareas que debemos realizar.

                Muchas gracias.

SEÑOR CARDOSO.- Señora Presidenta: antes de empezar mi intervención quisiera hacer un paréntesis para decir que el 50% de los niños menores de 11 años son pobres en el Uruguay de hoy; me refiero a las palabras del contador García, que acaba de hacer mención al tema de la pobreza infantil. Aclaro que no son datos míos sino del INE; ¡el 50% de los niños menores de 11 años son pobres en Uruguay, porque el crecimiento poblacional y demográfico se da en los hogares pobres!

                Me gustaría complementar algunas de las cuestiones que se han planteado y hacer algunas referencias concretas. Por supuesto que siempre voy a hablar de economía básica porque, como sabe el señor Ministro, soy maestro de escuela y mucho de lo que sé de economía lo he aprendido acá, en el Parlamento. De todas formas, intento interpretar la realidad porque, en definitiva, el presupuesto no es otra cosa que la expresión política de una gestión que al final se traduce en números, pero no solamente lo tenemos que entender nosotros sino también la población. El presupuesto trae cifras relativas al nivel de gastos que tendrá el Estado en los próximos años y también incluye números con respecto a la recaudación; ingresos y egresos. Es notorio que este presupuesto trae aumentos en los impuestos, aparece un nuevo impuesto y también hay incrementos en otros impuestos.

Me parece muy importante medir el volumen de la recaudación, que se diga en términos concretos qué significa lo que va a pasar en el incremento de la cantidad de contribuyentes del IRAE, porque este Presupuesto amplía la cantidad de aquellos que van a pagar este impuesto; este Presupuesto aumenta la base imponible del patrimonio, ya que algunos que no lo pagan lo van a empezar a hacer; este Presupuesto le quita la exoneración del literal E a muchas empresas pequeñas que facturan menos de USD 30.000; este Presupuesto trae un incremento de la Contribución Inmobiliaria Rural; este Presupuesto trae una carga tributaria adicional, no específicamente tributaria, pero económica al fin, porque aumenta los ingresos del Fondo de Solidaridad.

He hecho un breve apunte, en términos generales, porque me interesa saber qué pasa con los impuestos. ¿Se puede cuantificar esto? ¿Se nos puede decir cuánto significa? ¿Son USD 150:000.000 o USD 160:000.000 –según estimo– el incremento impositivo que trae este presupuesto? Si estamos en lo cierto, tenemos un ajuste fiscal. Según entiendo, un ajuste fiscal es un aumento del peso impositivo en una consolidación del gasto que vamos a votar de aquí hasta el año 2019. Hoy se traen estas cifras del presupuesto, año por año, y es lo que vamos a votar; hay que votar una cifra para 2016, otra para 2017, otra para 2018 y otra para 2019, así como un incremento adicional específico en materia impositiva.

Me resulta muy importante entender este dato como para saber si –tal como lo creo– estamos ante un ajuste fiscal que puede ser necesario. Esto se complementa con los otros instrumentos de la economía que son las tarifas. Precisamente, por la vía de las tarifas ya se consolidó, ya se hizo cultural en el Uruguay; las tarifas son un instrumento fiscal que tiene el Gobierno.

                Este presupuesto trae un incremento y me gustaría que el Ministro lo cuantificara, que dijera cuánto sale, cuánto van a pagar de más por el aumento, cuánto va a cobrar la Dirección General Impositiva en más por aumentar la cantidad de contribuyentes que van a pagar el IRAE, el Impuesto al Patrimonio o la Contribución Inmobiliaria Rural. Ese es, para mí, un primer asunto a tratar.

                Tengo discrepancias, pero esto es una discusión. Creo que el equipo económico no cumple el programa con este Presupuesto porque, en lo personal, considero que este se define no solamente en lo que está escrito sino también en lo que nos dijeron en la campaña electoral. Por supuesto, esto ya es un comentario de debate y no sobre el articulado, pero recuerdo que en la campaña electoral el doctor Vázquez dijo: «vamos a poner USD 3.500:000.000 en infraestructura». Aquí no viene eso, sino una idea de que en algún lugar alguien va a poner, pero el Gobierno no va a aportar esta plata, sino que sigue asignando el mismo monto en infraestructura. Quiere decir que lo que se dijo en agosto de 2014, en plena campaña electoral, aquí no está reflejado.

                Vamos al 6% del PBI: aquí no está reflejado; vamos al volumen global del Plan Nacional de Cuidados: aquí tampoco está reflejado y tan es así que hubo recortes en la  Cámara de Representantes e, incluso, sobre lo que el Gobierno intentaba hacer que estaba bastante lejos, todavía, de la generalización del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Quiere decir que no hay un cumplimiento, pero esta es una cuestión de debate, siempre interesante y muy polémica, sobre la que podemos seguir discutiendo. Repito: no hay un cumplimiento al programa en el Presupuesto, por lo menos, al programa que miro, que es el que se le dice a la gente y no a un mamotreto escrito por los técnicos. ¿Qué se le dijo a la gente en la campaña electoral? ¿Qué escucharon los votantes cuando se discutía el proyecto político de las elecciones del año pasado? Lo que se dijo allí no está reflejado en este Presupuesto.

                Después, quiero abordar dos cuestiones específicas. A una de ellas ya la nombré y no voy a pedir al señor Ministro que responda, aunque me cuesta aceptarlo. Me refiero a uno de los incrementos. Se envió al Presupuesto un incremento de los aportes de los profesionales universitarios, a ese formidable organismo que es el Fondo de Solidaridad, que es el que hizo posible que miles de estudiantes llegaran a la universidad. Se trata de un mecanismo de distribución muy importante entre los profesionales universitarios y los aspirantes a estudiantes. Se otorgan becas a más de 6.000 estudiantes. El incremento del gasto en ese organismo es un escándalo. El gerente del Fondo de Solidaridad gana el doble que el rector de la Universidad de la República:     $ 260.000. ¿A santo de qué un gerente de un organismo que otorga 6.000 becas gana más que el Presidente de la Suprema Corte de la Justicia y el doble que el rector de la Universidad de la República? Esto lo dejo como un apunte, no voy a pedir que se me responda porque el señor Ministro no es responsable de esto, se trata de un organismo paraestatal, pero reitero que considero que es un escándalo en el Uruguay. Se incrementó en un 352% el gasto de administración de las becas y ahora dicen a los profesionales universitarios que hay que pagar más, hasta que tengan 70 años, porque las becas son muy importantes. Lo que es muy importante allí es el gasto que se lleva un pequeño grupo de funcionarios porque ellos, por sí, se han aumentado sus retribuciones de una manera, repito, escandalosa. El doble que el rector de la Universidad de la  República –que es quien la  maneja– gana un señor que distribuye las 6.000 becas que tienen los estudiantes del Fondo de Solidaridad. Esto, repito, lo dejo como un apunte.

                Ahora me quiero concentrar en un artículo que, para mí, es muy importante porque implica un debate político muy fuerte, que es el tema de la distribución a los Gobiernos Departamentales. Venimos antecedidos de una discusión en la que se incorpora un nuevo impuesto porque se necesita repartir recursos a los Gobiernos Departamentales para atender la caminería rural. Discutimos el tema del patrimonio en el Gobierno del Presidente Mujica, en el que hubo un gran acuerdo entre  Presidencia y los Intendentes. Se avanzó, se puso un nuevo impuesto y se distribuyeron las cargas hacia los Gobiernos Departamentales. Como todos sabemos, ese impuesto converge hacia un escenario donde ya no va más para para las Intendencias. Ese impuesto camina en la dirección de alejarse de ser un aporte y, en este polémico intercambio público entre el Congreso de Intendentes y el Gobierno, la respuesta ha sido un impuesto: la Contribución Inmobiliaria Rural. ¿Saben en qué me quiero detener? En que se ha enviado un artículo que dice: «El Fondo Presupuestal a que refiere el numeral 2) del artículo 298 de la Constitución de la República tendrá carácter anual y quedará constituido, a partir del 1º de enero de 2016, con el 11% (once por ciento) sobre el monto de                          $ 31.751:922.709 (treinta y un mil setecientos cincuenta y un millones novecientos veintidós mil setecientos nueve pesos uruguayos), que corresponde a los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo en el año 1999, a valores del 1º de enero de 2015».

En la serie de recaudación del Estado desde 1998 al 2014, el peor año del Uruguay fue 1999 en el que la Dirección General Impositiva recaudó             $ 36.826:000.000. Para hablar en números redondos, en 1998 se recaudaron        $ 37.000:000.000. Si bien en 1999 la recaudación bajó, a partir de ese año siempre aumentó: $ 37.400:000.000, $ 39.200:000.000, $ 41.200:000.000,        $ 51.000:000.000, y todavía estamos en el Gobierno del ex Presidente Batlle. Cuando empezó el Gobierno del Frente Amplio la recaudación aumentó a         $ 75.400:000.000 y la del año pasado fue de $ 250.400:000.000.

                En todos los presupuestos se incluye la base de cálculo para la distribución –según establece  el artículo 298 de la Constitución de la república–, pero se toma el año 1999 ajustado por IPC. Repito: se toma el peor año de recaudación de la serie –que es 1999– para cumplir con el artículo constitucional respecto a la distribución al interior, se ajusta por IPC, pero si se aplicara otro índice que fuera el de crecimiento de la recaudación –aquí hay especialistas en el tema, el señor Subsecretario es uno de ellos, es un hombre que dirigió la Dirección General Impositiva–, los aportes  a los Gobiernos Departamentales serían el doble. Con mis conocimientos de economía básica, en los últimos diez años el gobierno central se quedó con USD 100:000.000 de las Intendencias. Es un cálculo simple: se ajusta la base imponible –que es de 1999– y se le aplica el IPC; toda la gente cree que se distribuye la recaudación del año anterior, pero no es así, es la de 1999 y los Gobiernos Departamentales siguen lloriqueando por todos los rincones porque no le damos plata. ¡El centralismo tiene una efectividad! Yo soy un gran descentralizador, pero admiro la eficacia que tiene el centralismo para quedarse con la plata y evitar hacer una distribución correcta –desde mi punto de vista–  de los recursos hacia los Gobiernos Departamentales.

                Se ha hecho un lío bárbaro por la contribución rural –se habla de             $ 12:000.000– y que con eso se va a hacer la caminería rural. También se dice que hay que aplicar un nuevo impuesto  que por supuesto pagaría la gente del interior.  Sin embargo, el interior es más pobre que Montevideo y no tengo que explicar a los economistas todos los datos que refieren a quienes tienen más ingresos en Uruguay. Un rochense tiene un ingreso medio anual que es la mitad de la de un montevideano. Cuando hay que arreglar los caminos, se dice: «Arréglense»; «Pongan otro impuesto», pero ¿a quién?, «a la gente del interior, a los montevideanos no».

                El mecanismo de distribución en este Presupuesto es idéntico a todos. Tengo todos los presupuestos: 2001-2005 –donde se fijaron las tasas por año hasta llegar al 11% actual–; el de 2005–2010; el de 2015, y todos dicen lo mismo: la base sobre la que se calcula la distribución de acuerdo con el artículo 298 de la Constitución de la República, es la del año 1999 ajustado por IPC. La recaudación creció el doble. Repito, en el año 1999 recaudábamos alrededor de $ 36.000:000.000; la Dirección General Impositiva recaudaba                   USD 3.000:000.000 y ahora USD 11.000:000.000, pero la base de cálculo sigue siendo aquella. Al interior le faltan USD 100:000.000 en diez años, que se quedaron en Rentas Generales con otro objetivo. Ese es mi cálculo. Pero repito: como mis conocimientos de economía son bastante básicos porque soy maestro de escuela y todavía rural, puedo cometer algún error y por eso me gustaría que este tema fuera parte de su respuesta.

                Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Ante todo, quiero agradecer la presencia del señor Ministro y de todo el equipo económico.

                La señora Senadora Alonso fue bien gráfica al referirse al contexto internacional actual. Al respecto, tengo datos estadísticos y de publicaciones oficiales, incluso de algunos analistas, aunque sé que el señor Ministro está en una campaña en contra de los analistas, sobre todo los económicos, pero a veces importa más el mensaje que el mensajero, y no hay que castigar al mensajero por el mensaje cuando este no es de nuestro agrado. Hablando del contexto internacional que nos condiciona, varias de estas publicaciones y comentarios de analistas que mencioné aluden a que se empezó a consolidar un crecimiento en Estados Unidos. El señor Ministro habló de factores exógenos y endógenos; ¡vaya si en Uruguay, país exportador, nos condicionan los exógenos!

Entonces, Estados Unidos comenzó a consolidar su crecimiento, si bien se hace esperar la suba de las tasas de interés de ese país, casi todos los analistas prevén que se va a dar en diciembre, y mientras tanto el dólar sigue fortaleciéndose lentamente a nivel global. En los últimos días se publicaron cifras trimestrales del PBI de China –gran comprador de productos nacionales– donde el crecimiento fue tan solo del 6,9% –no son las famosas tasas chinas–, lo que representa el dato más débil desde el año 2009. Además, la producción industrial de China de setiembre creció solo un 5,7%, cifra que no se registraba desde la crisis del año 2008.

Por su parte, Argentina está con una primavera electoral, y todos los analistas prevén –los vuelvo a citar– que va a haber un ajuste en el tipo de cambio oficial. Obviamente, después de la elección, y si eso se da, vamos a seguir perdiendo competitividad con ese país vecino.

Por otro lado, en Brasil se ha instalado una crisis política y económica y hay una pérdida del grado inversor, que afecta al país y a todos. Este shock negativo en Brasil –que se puede dar o se puede agravar si se profundiza la crisis económica y política– no va a ser revertido a la brevedad. El presupuesto de ese país considera que para el 2015 habrá un déficit del -2%, y actualmente se está hablando de un -2,9%.

Y en Uruguay tenemos un déficit fiscal para el período 2014 - 2015 del 3,5%. Recordemos aquel pronóstico que dieron a principios de 2010, que preveía un déficit fiscal del 0,8% del PBI para el 2014 y decían que sería irresponsable que estuviera por encima de esa cifra; bueno, llegamos a 3,5%. Además, en el segundo trimestre se contrajo el PBI en -0,1% interanual, y ese fue el primer registro negativo del 2013. Esta situación prendió una luz amarilla muy fuerte.

El señor Ministro ya se refirió al tema de la inflación. No vamos a reiterar lo que es obvio: estamos fuera de todos los rangos meta, y el equipo económico junto con el Banco Central del Uruguay están tratando de que no llegue al 10%. Para ello se vienen utilizando reservas –¡y vaya si se las ha utilizado!– pero, además, todo esto se está dando en un contexto en el que Uruguay deja de participar en los mercados; no participa del acuerdo TransPacífico, acaba de decidir que se desvincula del TISA, y está a la espera de un acuerdo con la Unión Europea, negociación que ya lleva cerca de veinte años.

Esta es la realidad del contexto internacional que nos condiciona, sobre todo la de los principales países: desaceleración de China, expectativas de aumento de tasas de interés de Estados Unidos, fortalecimiento del dólar a nivel global, problemas en la región, en fin, todo eso combinado con una caída de precios de los commodities.

Este tema va enrabado con lo que acaba de plantear el señor Ministro a raíz de una pregunta que formuló un señor Senador, que tiene que ver con la inversión y con la actividad. El señor Ministro recién hizo mención a los proyectos de la Comap y dijo que en estos nueve meses hay 415 proyectos por un monto de USD 1.500:000.000. Obviamente, hay una diferencia entre los proyectos presentados y los proyectos recomendados.

Para ser estricto en la información, voy a dar los siguientes datos. En el primer semestre de 2015 los proyectos presentados en la ventanilla única de inversiones de la Comap –que es Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones y asesora al Poder Ejecutivo– disminuyeron un 22% si lo comparamos con el mismo período de 2014. La inversión incluida en los proyectos presentados –puede haber menos proyectos pero más inversiones– asciende a USD 694:000.000. Recalco que me estoy refiriendo a los proyectos presentados en el primer semestre y no a los recomendados que vienen de presentaciones de años anteriores. Reitero que la inversión de los proyectos presentados en el primer semestre asciende a USD 694:000.000, es decir 13% menos que en 2014. Quiere decir que los proyectos presentados ante la Comap en el primer semestre de este año disminuyeron tanto en cantidad como en el monto de inversión en comparación con el primer semestre de 2014.

Obviamente, esto también genera expectativas o proyecciones de retracción de la inversión y, por lo tanto, una disminución de los compromisos a asumir por parte de las empresas y sobre todo con los beneficios fiscales asociados.

Ese tema lo vinculo a otro que tiene que ver con la encuesta de expectativas industriales que se publicó hace pocos días. Según la encuesta anual de inversión industrial de la Cámara de Industrias del Uruguay, un 58% de las empresas del país planea disminuir las inversiones este año con respecto a las del año pasado. Dice textualmente: «Empresas industriales prevén invertir  un 27% menos el próximo año debido a la incertidumbre sobre la política económica actual del gobierno.» Esta es una de las principales conclusiones de la encuesta anual de inversión industrial realizada por la Cámara de Industria. Y además, lo detalla por sectores.

La contracción se va a dar, fundamentalmente, en una cantidad de sectores, muchos de los cuales generan mano de obra, especialmente la construcción en la que habrá una retracción, según la expectativa, de más de un 50%. Pero la situación relativa a las inversiones hay que vincularla a la de las exportaciones, que tiene que ver con algunos indicadores manejados por el señor Ministro. El señor Ministro habló de indicadores de volumen físico, pero yo prefiero hablar de indicadores en valores reales. Las solicitudes de exportación de bienes cayeron un 7,76% en setiembre y acumularon una baja de 15,93% en nueve meses del año. Este es un dato de la Unión de Exportadores del Uruguay. Acá está detallado y figura en valores, que es lo que realmente interesa. En setiembre de 2014 se exportaron USD 703:000.000, mientras que las ventas al exterior del mes anterior sumaron USD 649:000.000. Entre enero y setiembre las ventas al exterior alcanzaron USD 6.140:000.000, sumando las cumplidas hasta agosto y solicitudes de setiembre, y acumularon un descenso de 15,93% frente a la misma medición de 2014.

Esa es la realidad del hoy y del mañana. Obviamente, esas decisiones afectan el 2015, mucho más el 2016 y seguramente el 2017. Condicionan la recaudación, la actividad y muchas de las variables que manejaba el señor Ministro de Economía y Finanzas.

Obviamente, esta situación  no se condice del todo con la realidad optimista que acaba de mostrar el señor Ministro. Se habló de un presupuesto inédito o de la posibilidad de que después pueda ser calafateado, pero esta es la realidad: números fríos, crudos y duros. En estas cosas uno no quiere ser agorero, pero tiene que ser realista. Fuimos realistas los meses pasados, fuimos realistas en la campaña electoral y como queremos ser coherentes seguimos siendo realistas ahora: esta es la situación del Uruguay y, además, se viene agravando.

                La señora Senadora Alonso decía que la situación económica del contexto internacional es peor hoy que cuando presentaron el presupuesto y tiene razón, así que habría que moderar el nivel de optimismo. Seguramente el  señor Ministro de Economía y Finanzas debe tener otro rol, que es el de ponerle onda y optimismo a la situación económica, pero esta es la realidad. Bajó la inversión, bajan las solicitudes de los proyectos de inversión en la Comap y bajan las exportaciones. Le escuché decir al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca –en un acto conjunto que tuvo lugar en un instituto de investigación– que va a haber USD 1.200:000.000 de ingresos menos por la baja de exportaciones en el sector agropecuario. Además, todos los analistas –por lo menos con los que hemos hablado– que han criticado al señor Ministro coinciden con que el crecimiento para el próximo año es mucho menor que el proyectado por el Gobierno. Y hablo de todos, los propios y los ajenos. Estamos ante una realidad que es diferente y es preocupante. Para todos es preocupante; es preocupante para el gobierno y también para nosotros como oposición, porque tiene que ver con la actividad del Uruguay, tiene que ver con un momento en el que aumenta la tasa de desempleo y empieza a cambiar la curva pero, además, disminuye la gente que tiene trabajo y la que quiere salir a buscar trabajo. Eso son dos cruzamientos muy complicados.

                En ese marco quiero formularle al señor Ministro algunas preguntas que tienen que ver con medidas relativas al déficit fiscal. A mí me quedaron algunas dudas sobre las medidas puntuales que se van a adoptar para rebajarlo. A las empresas públicas se les estaba pidiendo un incremento de los aportes; es más, si no escuché mal las cifras hablaban de un 1% del PBI. En este momento están anunciando una baja del 2,3% del combustible. Si tomamos la paramétrica cruda y dura tenemos la posibilidad de que la rebaja del combustible sea de alrededor de un 6%. En enero se bajó menos de lo que se tenía que haber bajado. Aumentaron los impuestos porque hubo una sobretasa del Imesi; en enero de este año aumentaron los impuestos a los combustibles. Se bajó menos de lo que tenía que haber bajado y se subió más de lo que tenía que haber subido y ahora vuelve a bajar menos de lo que tenía que haber bajado. Esto significa una sobre recaudación por fuera de la paramétrica que está aceptada; ANCAP hace una sobre recaudación en el año de                   USD 60:000.000.

                Obviamente, hay un interés. Hay un interés muy notorio y que está vinculado a mejorar un déficit de ANCAP, que ya tiene cuatro años. Es un déficit sostenido que tiene un aumento de caja de la empresa y también de recaudación de impuestos. Los impuestos en los combustibles son de fácil recaudación e imposibles de evadir. Si analizamos la evolución del Imesi, observamos que hoy casi es el 45% del precio de las naftas. En 2005 había USD 200:000.000 por la recaudación de Imesi por los combustibles; creo que el año pasado fueron USD 545:000.000.

                Este es un presupuesto que arranca desfinanciado. Está bien que utilicen la palabra «inédito» porque arranca con un déficit de                          USD 2.000:000.000. Hay una expectativa de crecimiento, pero todos estos indicadores, por lo menos, nos llevan a dudar que puedan darse y nos generan mucha preocupación.

A continuación quisiera plantear una serie de preguntas concretas.

                Con relación a los ingresos, el señor Ministro reconoció que es probable que disminuya la recaudación de la DGI, pero para cumplir con una serie de expectativas se requiere que esta variable cambie. Hay una mejora en la eficiencia de la recaudación de la DGI, pero entiendo que por esa vía será muy difícil, diría, casi imposible. ¿Cuáles son los otros mecanismos que se está pensando implementar para mejorar la recaudación? ¿Tienen que ver con el planteo del señor Senador Cardoso vinculado al aumento de impuestos? Porque, además, en el tratamiento de los diferente incisos seguramente nos encontremos con algunos cargos de confianza, otros que pasan a ser presupuestados y gastos que no se condicen con esta situación en la que estamos inmersos. El señor Ministro quiso imprimirle un tono optimista, pero se da la circunstancia, casi insólita, de que, a pesar de que el presupuesto es  quinquenal, su ejecución es bianual.

                Entonces, ¿qué política va a aplicar el Ministerio respecto a las tarifas públicas? Para nosotros este es un tema muy importante. Hoy ya podemos ver la primera muestra, que es bajar menos de lo que se debería. O sea, como consecuencia de lo que pasó en enero, en los hechos se define un aumento de la recaudación. Quizás, con esto estoy contestando la pregunta que planteé al señor Ministro, es decir, ¿por dónde van a recaudar más? Pero eso también tiene un límite. 

                Las otras preguntas tienen que ver, seguramente, con algunos planes que se han anunciado. En su momento, escuchamos al señor Presidente Vázquez hablar de un plan de inversiones de USD 12.000:000.000 para el quinquenio. ¿Cuánto de eso está incluido en este proyecto de presupuesto?

                Imagino que en varios de estos planes de inversión, con este nivel de expectativa sobre el sector privado, se anunciará una mejora, un estímulo a la participación público privada. ¿Ese es el mecanismo previsto para mantener los niveles de inversión, que por la vía privada, por los proyectos presentados y por el contexto nacional y regional no se van a dar? En ese sentido, ¿habrá más estímulos? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Están cifradas? ¿Están cuantificadas?

                La verdad es que, de esos USD 12.000:000.000 de los que habló el Presidente de la República, después de la conferencia de prensa en la que lo anunció, no escuchamos hablar nunca más. En este proyecto de presupuesto, salvo que el señor Ministro lo explique y en los diferentes artículos aparezca una partecita de ese megaplán de inversiones, no se visualiza nada de esto con nitidez.

                Después, nos interesan otros temas sobre los que, seguramente cuando tratemos los diferentes capítulos e incisos, haremos las correspondientes preguntas. Entre otros, nos importa abordar el tema de la educación, en cuyo caso, vincular su mejoramiento al compromiso de la firma de un convenio colectivo y establecerlo por la vía presupuestal, me parece una aberración. Me gustaría saber la opinión del ministerio a este respecto pues, en verdad, eso sí es inédito. Si se dice que este es un presupuesto inédito, se tiene que admitir que en este caso particular, también lo es.

                Lo mismo planteo sobre todos aquellos juicios laborales contra el Estado con sentencia definitiva, que terminan condicionando a que estos temas se incluyan en otras instancias presupuestales. O sea, en un juicio contra el Estado, ya sea para bien o para mal, termina resolviendo otro poder. Esto también es inédito.

                Por todo lo expuesto, señor Ministro, me interesaba aportar estos datos –algunos son oficiales y otros fueron elaborados por analistas–, que nos hablan de una situación económica que no nos gusta, pero reflejan la realidad. ¡Ojalá pudiéramos hablar de otra situación económica! Acá bajaron los proyectos de inversión, las exportaciones y los precios, además de que el contexto regional es malo.  La verdad es que escuchamos una exposición con muchos números, pero sobre todo con mucho optimismo que no se condice con la realidad.

                Gracias.

SEÑOR AMORÍN.- Trataré de ser breve dado lo avanzado de la hora.

                El presupuesto, seguramente, se planificó hace unos cuantos meses y la realidad que uno ve es que en estos últimos meses, tal como se ha dicho acá, la situación externa no solamente no ha mejorado sino que ha empeorado bastante. En realidad, los economistas que opinan de cómo viene la situación y cuáles son las proyecciones de crecimiento nos han dicho que las expectativas van bajando; es decir, el crecimiento va a ser más bajo de lo que se esperaba hace seis o siete meses. El presupuesto está planificado con cierto crecimiento que además, como ha dicho con su acostumbrada claridad el señor Ministro de Economía y Finanzas, tiene una correlación casi inmediata con la recaudación. O sea, si el crecimiento baja es muy probable que la recaudación baje y que los números finales sean distintos.

                La primera pregunta es la siguiente. ¿El equipo económico sigue pensando que las cifras son las mismas que hace seis meses? ¿No ha variado nada? Me parece que esa es la base sobre la cual se construye el presupuesto y las estimaciones de ingreso. Esa es la pregunta, porque veo que todo el mundo dice que va a bajar y el equipo económico sostiene que más o menos se va mantener igual.

                La segunda pregunta tiene que ver con los aportes de las empresas públicas a Rentas Generales. El Ministro nos dice que intenta disminuir el déficit fiscal, entre otras cosas, con un aporte importante del 1% del PBI de las empresas públicas a Rentas Generales. Es más, habló de una cifra cercana a los USD 600:000.000 –si no vi mal; en realidad fue bien interesante la presentación, pero pasaron una cantidad de imágenes– y de que el aporte total iba a ser del entorno del 3,5%. ¿Es menos? Me dio la impresión de que podía ser una cifra importante. Quiero saber el monto total que van a aportar las empresas públicas a Rentas Generales en los próximos años.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señora Presidenta.

                Saludo la presencia del señor Ministro, del Subsecretario y del equipo económico.

                Voy a ser muy breve. Creo que es oportuno, por ser la primera reunión de trabajo de la Comisión  –se constituyó en el día de ayer y entre los colegas de los distintos partidos nos saludamos en términos de convivencia, que será casi permanente porque seguramente vamos a dedicarle más horas que a nuestras familias y a otras actividades diarias–, señalar que nosotros aspiramos y tenemos la expectativa de transitar por un andarivel que es uno de los dos posibles para trabajar. Aquí podríamos legítimamente –por cierto–, desde la oposición o desde los distintos partidos que la componen, criticar pertinazmente al Gobierno por lo que no hace o hizo mal y decir que antes se hizo de otra manera o que se haría de distinta forma ahora si estuviera en el ejercicio del Gobierno, y desde el Gobierno o las distintas composiciones que lo representan en este Parlamento se podría tener la actitud automática de defensa y,  si es posible, argumentarla en función de lo que se hizo mal o no se hizo cuando fue oposición. La otra forma es la de intentar hallar –aun estribando en eso– las mejores soluciones, incluso, a través de acuerdos entre las distintas representaciones políticas. Mi aspiración es que, aunque más no sea con respecto a algunos temas puntuales, pueda abrirse el presupuesto, como se dice habitualmente en la jerga parlamentaria. Seguramente, esta no es la oportunidad para indagar en cuáles serían esas posibilidades, ya que el Ministro hoy comparece para dar una visión macro del presupuesto y de la situación del país y no para abordar aspectos puntuales; ni siquiera está aquí representando al Inciso. Cuando venga para tratar lo relativo al Inciso, seguramente haremos alguna propuesta concreta.

En ese marco general quiero señalar dos temas conceptuales. El primero de ellos, tiene que ver con lo que ha expresado el señor Senador Cardoso. Como hombres del interior, conocemos desde siempre este reclamo y hemos estudiado el tema detalladamente. El punto al que ha hecho referencia el señor Senador Cardoso comprende una de las dos vías que a partir de la reforma de la Constitución de 1996 se establecieron para avanzar con el concepto de descentralización. Me refiero a lo que se ha establecido en el inciso segundo del artículo 298 de la Constitución. La otra fuente de aportes a los gobiernos departamentales, que incluso es más importante que la primera, es la que surge del artículo 214 y prevé una forma distinta de definir la base de cálculo a la que está en la Ley Nº 17.930, de presupuesto para el período     2006 – 2010, que fue la que estableció el 11%. Incluso, esa disposición fue mejorada en la Ley Nº 18.719 del Presupuesto Nacional para el período      2011 – 2015, porque a partir de allí se asignó un porcentaje mayor al que se había establecido para el presupuesto de 2006 – 2010; esto es algo que quiero reconocer, porque así fue. El porcentaje era del 25% y pasó a 33,35%. Digo esto porque quiero plantear el tema conceptual; aclaro que no se trata de decir algo para la tribuna, sino que estoy hablando de una convicción acerca de cómo se han distribuido, se distribuyen y van a distribuir en estos cinco años los recursos que en el territorio nacional se generan a partir de la producción y del trabajo de los uruguayos. A modo de ejemplo –y dejando de lado mi condición de oriundo de San José, que reivindico con orgullo– voy a analizar la situación del Gobierno departamental de San José. Voy a considerar solamente lo relativo al período que va de 2011 al 2014 que, reitero, es el período en el que se tomó la decisión de aumentar el porcentaje, que pasó del 25% al      33,35%. Aclaro que explico esto con mucho respeto, porque es un detalle que tal vez algunas personas no conozcan y sí manejamos bien aquellos a quienes nos importan mucho los gobiernos departamentales. Ese porcentaje incluido en el 11%, que la ley determinó para reglamentar el inciso segundo del artículo 298 de la Constitución, va directamente a los gobiernos departamentales, ya que parte de esos recursos están destinados a políticas que son de descentralización y favorecen el desarrollo del interior, pero no son ejecutadas por los gobiernos departamentales sino por organismos nacionales, como es el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ese porcentaje que benefició más que al concepto de descentralización a los Gobiernos Departamentales en el período pasado, implicó para mi departamento de San José que dejara de recaudar USD 2:794.619, tomando el tipo de cambio promedio  anual del Banco Central en cada uno de los años, billete comprador. Y USD 65:294.481 en todo el país, por lo cual no dudo de la cifra que redondeaba el Senador Cardoso de USD 100:000.000. Reivindico el tema, lo planteo, pero puntualmente no es el señalamiento acusatorio por un país cada vez más centralizado porque no se lo puedo decir al señor Ministro, sino a varios gobiernos. Y por eso señalo que ha habido distintas conductas o, por lo menos, intentos en cada uno de los diversos gobiernos.

                Quisiera conocer la razón por la cual la base de cálculo para imponer los mecanismos que en definitiva atribuyen o asignan los recursos a los gobiernos departamentales es distinta cuando se determina para reglamentar el artículo 214 que cuando se trata del artículo 298 de la Constitución. Esa es la pregunta puntual porque entiendo que es, en definitiva, lo que está en el fondo de quienes reclamamos más recursos y la posibilidad de lograrlos.

                El otro aspecto puntual tiene que ver con el artículo 662 del proyecto que viene de la Cámara de Representantes. En el inciso 24, «Diversos Créditos», Unidad Ejecutora «Dirección General de Secretaría, Ministerio de Economía y Finanzas», Programa 492, «Apoyo a Gobiernos Departamentales y Locales», se asigna una partida anual de $ 285:000.000 a partir del ejercicio 2017. Y se expresa: «con el objetivo de contribuir al financiamiento de obras de infraestructura viales, de transporte y de desarrollo logístico destinadas a mejorar el funcionamiento del área metropolitana de los Departamentos de Montevideo y Canelones.» Si hoy ingresamos a la página web de la Presidencia de la República vamos a encontrar definido qué es área metropolitana, cuando se institucionalizó la agenda metropolitana en el año 2005 con la comparecencia de los tres Intendentes de los departamentos de Montevideo, Canelones y San José. Cuando leemos esta  norma, que tiene como propósito impulsar –bienvenido sea– distintas obras de infraestructura, transporte y desarrollo logístico en áreas metropolitanas, no entendemos por qué se comprende a Montevideo y Canelones –que naturalmente constituyen el área metropolitana– y no así a San José. Analizando la recaudación por domicilio fiscal de los años 2013 y 2014 –que figura en la DGI– e intentando fundamentar lo que planteamos, vemos que Canelones, del 1,9% en 2013        –de lo que recaudó a la caja central– pasó al 4,8%; Montevideo disminuyó del 88,9% al 80,6% y San José aumentó del 0,5% al 1,4%, o sea, casi triplicó la cifra. La pregunta es, entonces, por qué la discriminación al departamento de San José. Y aclaro que hablo de discriminación señalada como un fenómeno sociológico en el que se atenta contra la igualdad, sin ningún sentido de otro orden que no sea el de intentar definir esta situación de desigualdad. En el caso de Canelones, que se beneficia, aumentó el aporte y podría decirse que se hace un criterio de justicia con quien recaudó más. En el caso de Montevideo, disminuyó el aporte a la caja central y podría señalarse que se quiere reparar a un departamento que disminuyó sus recursos, por distintas cuestiones que podrían ser válidas. Pero, ¿por qué no el departamento de San José, que constituye el área metropolitana? Justamente, en lo único que funciona de manera institucionalizada el departamento de San José, actualmente lo integra con un delegado, junto a Montevideo y Canelones, y funciona físicamente en la Presidencia de la República. A mi juicio, dicho departamento tiene hasta el mérito de haber triplicado el aporte a la caja central, fruto de la producción del departamento y de los trabajadores. Entonces, quiero saber por qué se lo saca y formulo eso como una pregunta. Quiero saber si existió quizás una compensación puntual de otro orden con mi departamento. Soy el primer suplente del intendente actual y, quizás en algún momento ocupe transitoriamente esa distinción, aunque aspiro a que no suceda ya que sería por motivos que no querría que sucedieran, al menos en este período.

La consulta al señor Ministro y sus asesores sobre los dos temas es, entonces, a modo de interrogante, dejando sentado simplemente que somos de los que estamos afiliados –y queremos trabajar en este período intensamente en eso– a la idea de que el Uruguay todos los días debe discutir cómo va a distribuir los recursos que genera en todo el territorio. Reitero: con las cuentas a favor y en contra de este Gobierno, los anteriores y los futuros. Tal vez existe una deuda desde fines de los 60, cuando Wilson Ferreira Aldunate, con la  CIDE, se animó a pensar con el criterio de manejar con luz larga.

SEÑOR MINISTRO.- Tenemos una muy larga lista de temas que iremos tratando de abordar en el orden en que han sido planteados.

                El señor Senador Cardoso iniciaba su exposición con lo que él llamó un paréntesis. Yo comienzo por decirle que las cifras que disponemos  son muy diferentes a las que  planteó. Él señaló, si no anoté mal, que el 50% de los niños de menos de 11 años eran pobres. Nuestras cifras son extraordinariamente distintas y son las que ofrece el Ministerio de Economía y Finanzas en base al Instituto Nacional de Estadística y arrojan un resultado de 19%. Ponemos nuestras cifras a disposición del Senador Cardoso a los efectos de dirimir cuál puede ser la causa de esta gran diferencia. Enseguida planteó temas tributarios. Para abordar esos temas quisiera ceder el uso de la palabra, a fin de que el subsecretario Pablo Ferreri y nuestro asesor tributario Fernando Serra puedan referirse a todos los temas que planteó el Senador Cardoso.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Pretendiendo contestar al Senador Cardoso que se refirió a un ajuste fiscal y a la potencial recaudación de ese ajuste, nosotros decimos rotundamente que aquí no hay absolutamente ninguno. El Senador Cardoso basa esta afirmación en algunos puntos tributarios y se refiere –si no entendí mal– a la creación de un nuevo impuesto. Ahora bien, hay que aclarar que no se crea ningún impuesto nuevo. También se refiere a la eliminación de una exoneración en la contribución inmobiliaria rural, lo que surge a pedido del Congreso de Intendentes.  La recaudación estimada es del orden de los      USD 12:000.000 o USD 13:000.000 anuales y, después, hace mención al ensanchamiento de la base de contribuyentes del impuesto a la renta empresarial. Supongo que esto tiene que ver con el artículo relativo a quitar determinados grupos económicos o giros de actividad del literal E de dicha disposición. Básicamente esto refiere,  tal cual lo establece el artículo, a dos grupos de actividades: las librerías y las ópticas. Queremos detallar la situación y también lo que opinan los involucrados, los actores  económicos vinculados a estos sectores.

                Como la señora Presidenta sabe,  el literal E refiere a un régimen simplificado de  impuestos para empresas de reducida dimensión económica, empresas que deberían tener en promedio, ingresos mensuales que no superaran las 25.000 unidades indexadas, estamos hablando de alrededor de  $ 75.000. Claramente, por el giro de actividad, tanto las librerías como las ópticas, en la enorme mayoría de los casos, supera largamente esta facturación, debido al tipo de artículos que venden y la estructura de costos que presentan. Vamos a analizar cada uno de estos rubros.

                En el caso de las  librerías, en la situación actual –más allá del régimen simplificado, o no, en el que estén tributando–, la venta de libros está exonerada del pago del Impuesto al Valor Agregado. Por lo tanto, si  una librería estuviese en el régimen simplificado, establecido por el literal E, no pagaría ni siquiera el valor mínimo del IVA y no tendría que presentar ningún tipo de declaraciones sobre su actividad económica a la Dirección General Impositiva, por lo cual quedaría totalmente por fuera de la posibilidad de control. Es bien interesante destacar lo que decíamos anteriormente en el sentido de que por su estructura de costos es imposible que las librerías estén por debajo de este umbral de facturación que compete, por el literal E, al régimen simplificado. Esto no solo surge de estudios realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Dirección General Impositiva, sino también de los propios datos que maneja la Cámara Uruguaya del Libro. Jorge Mahi, asesor de dicha Cámara, expresó públicamente: «Si una librería facturara menos de esa cantidad no puede vivir. No conozco una librería de la Cámara que no pague renta». Por lo tanto, esta situación no cambia en nada la realidad ya vigente, porque, reitero este tipo de giro de actividad económica, por su estructura de volumen de venta y de costos, no corresponde  a este nivel de régimen simplificado.

                Lo mismo ocurre en el caso de las ópticas, que por su estructura de costos, es imposible que facturen por debajo de los $ 75.000 mensualmente. Nuevamente esto surge de estudios del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección General Impositiva, pero también es compartido por los involucrados de este sector de actividad económica.  Vamos a hacer referencia a las declaraciones públicas del señor Daniel Angeloro, Presidente del Centro de Casas de Ópticas que expresó que ninguna óptica puede facturar menos de $ 93.000 mensuales; un empleado óptico no gana menos de $ 30.000 y si se suma el alquiler, no puede facturar menos, salvo en casos muy excepcionales. También nos podemos referir a lo que opina la Asociación de Mayoristas de Ópticas, cuyos representantes dijeron que quieren defender el formalismo en el sector y la no evasión de impuestos. Por lo tanto, toda medida que tienda a evitar la  competencia desleal desde el punto de vista impositivo es apoyada por esta gremial. Lo que se busca es evitar lo que se denomina en la jerga tributaria el  enanismo fiscal, es decir subfacturar, no declarar ventas para  estar por debajo del umbral que permite entrar en regímenes simplificados de baja tributación y, por lo tanto competir de manera desleal con el resto de los actores económicos. Ese es el objetivo de este artículo que incluye a estos dos sistemas de actividad y, por lo tanto, tiene el espíritu de proteger a aquellos comerciantes que, honradamente y con mucho esfuerzo, pagan sus impuestos. De esta manera,  basándonos en estudios de la DGI y también en las visiones de los propios involucrados, en el caso de los comercios formales que cumplen con sus obligaciones, nosotros no esperamos un ensanchamiento de la base tributaria de ninguna especie. Lo que sí deseamos es que aquellos que están evadiendo sus impuestos continúen mejorando su situación, siguiendo la línea del país en esta última década. Como señalaba muy bien el señor Ministro, en ese período pasamos de una tasa de evasión del IVA que superaba el 40%, a una que al día de hoy orilla el 10%. Eso ha permitido tener ganancias de recaudación como consecuencia de una eficiencia recaudatoria muy importante.

Aprovecho para hacer referencia a una afirmación del señor Senador Delgado con respecto a que el equipo económico y el señor Ministro manifestaron que iba a haber una disminución de la recaudación de la Dirección General Impositiva, lo que no es cierto. El señor Ministro dijo que habrá una desaceleración del crecimiento de la recaudación de la DGI, como consecuencia del mismo hecho a nivel económico. Si se observan los números de recaudación de enero a setiembre de 2015, se podrá ver que  aumentó en términos reales, con respecto a la del mismo período del año 2014. También prevemos ganancias en la recaudación por mejora de la eficiencia, obviamente, en menores niveles que en los últimos años, producto de ese doble factor, es decir, de la desaceleración económica y del hecho de que se parte de niveles de evasión muchísimo más bajos. Esto ha permitido que Uruguay, por cuarto años consecutivos, tenga la menor tasa de evasión de América Latina. Estos son los factores que mencionaba el señor Senador Cardoso para fundamentar  la existencia de un ajuste fiscal. Creemos que con los argumentos vertidos, tanto en lo que tiene que ver con el impacto de cada medida como por la recaudación estimada que mencionábamos en el caso de la contribución inmobiliaria rural, se está lejos de un ajuste fiscal, término que tiene otras connotaciones basadas en evidencia empírica histórica en nuestro país.

SEÑOR CARDOSO.- Me quedo con sabor a poco porque estoy intentando hacer una cuenta y hasta ahora la misma me dice que la contribución inmobiliaria rural va a rendir USD 12:000.000 o USD 13:000.000. ¿Cuánto va a rendir lo de las ópticas? ¿Costo cero? ¿Se trata solamente de una medida para mejorar la eficacia de la recaudación y para transparentar un procedimiento? ¿Cuánto van a rendir los pases de los jugadores de fútbol? Se está hablando del IRAE y, por lo tanto, yo me refiero a todo el presupuesto. ¿Se va a recaudar más por los pases de los jugadores de fútbol y por la publicidad en Facebook fuera del país? Quiero números y si no se va a recaudar más simplemente me lo dicen. Si todo tiene costo cero, perfecto, pero me gustaría que se cuantificara ya que lo que quiero son números. Hasta ahora, con los números que se dieron, llegué a unos USD 12:000 o USD 13:000.000 y si bien las opiniones y los comentarios son muy valiosos, no me ayudan a hacer las cuentas. Entonces, le pido una precisión en cuanto a los números del IRAE, del patrimonio y todo lo demás. Hablé de una lista de datos del presupuesto en la que se habla de incremento de los aportes y, si no los hay, se hace la aclaración y yo puedo comprender mejor. En el caso de las librerías se ha dicho que no va a haber ni un solo peso más de aumento en la recaudación; lo anoto y lo entiendo pero me gustaría que siguiera con el IRAE y la publicidad en el exterior, los pases de los jugadores de fútbol, etcétera.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero recordar que la interrupción cortó la respuesta de la pregunta que iba a complementar el asesor Serra.

                ¿Ahora a quien le entrego la palabra?

SEÑOR MINISTRO.- Al Subsecretario, señor Ferreri.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Señora Presidenta: si el Poder Ejecutivo pudiera recaudar a través de quitar del literal E) a las ópticas y la publicidad en Facebook USD 150:000.000 realmente estaríamos ante un hecho inédito en el Uruguay.

                Esperamos una recaudación absolutamente marginal, por lo que tiene que ver con los colectivos que se quitan del literal E), tendiente a cero. Es básicamente un tema de mejorar la competencia desleal.

                En lo que tiene que ver con los pases puente, esta es una medida que en su génesis tampoco tiene un fin recaudatorio y el impacto recaudatorio es absolutamente menor. ¿Por qué decimos esto? Uruguay tenía un régimen ficto de liquidación del impuesto a la renta para el caso de los pases puente, lo cual era objetado a nivel internacional por temas de transparencia fiscal. Eso hacía que en la actividad económica, en el ambiente del fútbol algunos países usaran al nuestro para triangular pases que no tenían como origen ni como destino un club de fútbol del Uruguay. Atendiendo a esta realidad y a esta objeción que, por materia de transparencia fiscal internacional, se le hacían al Uruguay, en el período pasado este régimen ficto fue cambiado: se triplicó el monto por el cual tenían que tributar este tipo de pases puente, aumentando mucho ese ficto y por lo tanto desincentivando de manera notoria la realización de este tipo de pases en Uruguay. De hecho, hemos visto cómo, a partir de esa medida tomada hace dos o tres años, la cantidad de pases puente realizados a través del Uruguay ha disminuido notoriamente, tendiente a cero. Por eso es que, formalizando esto y haciéndolo entrar al régimen de tributación general del IRAE, vamos a tener un efecto casi nulo en recaudación porque hoy ya es prácticamente nula la actividad de pases puente en Uruguay.

                En tercer lugar, vinculado a lo que decía el señor Senador Cardoso con respecto a la recaudación por impuesto a la renta vinculada a publicidad que se emite de alguna manera desde el extranjero hacia Uruguay –ya sea, por ejemplo, a través de señales de cables internacionales o de medios electrónicos, on line, como Facebook–, la respuesta es más de mediano y largo plazo. La torta publicitaria del mercado uruguayo tiene un límite, una cota, y básicamente lo que se busca hoy es que estas publicidades que en un principio son marginales pero que van a ir tomando mayor dimensión, al no estar gravadas, no signifiquen una resignación de recaudación. Hoy esa publicidad, en general, no es realizada por estos medios sino por medios tradicionales asentados en Uruguay y que ya tributan. Entonces, nosotros prevemos un deslice del mercado publicitario incluyendo cada vez más este tipo de mecanismos de difusión. Por lo tanto, en el mediano y el largo plazo no esperamos un aumento de la pauta publicitaria general, sino su redistribución. Lo que se pretende hacer con este artículo es preservar en general las rentas que ya se obtienen porque se emiten estas publicidades por medios, reitero, tradicionales.

                Quiero pasar la palabra, si la señora Presidenta lo permite, al contador Serra, pero antes haré una afirmación con respecto al Fondo de Solidaridad. En este caso claramente hay una redistribución de las cargas, pero no esperamos un aumento significativo de la recaudación vinculada al Fondo de Solidaridad. Es sobre este aspecto que quería dejar en claro el tema y, a esos efectos, ceder el uso de la palabra –con el permiso de la señora Presidenta– al contador Serra.

SEÑOR SERRA.- El último de los puntos que señalaba el señor Senador Cardoso refiere al aumento en los ingresos provenientes del Fondo de Solidaridad.

                Este fondo fue creado por la Ley Nº 16.524 de 25 de julio de 1994, concebido como una persona de derecho público no estatal, tiene cierta autonomía técnica y autonomía presupuestal.

                El fondo, como persona jurídica, se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. No obstante, a propuesta del propio fondo, de esta persona jurídica, de reestructurar el diseño de este tributo que está concebido como una contribución especial, fue monitoreado oportunamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. En realidad, como señalaba el subsecretario, no tiene por objetivo el incremento de la recaudación. El propósito de esta modificación es aggiornar el diseño del tributo –luego de más de 20 años de vigencia–, en atención a que han cambiado los planes de estudio y las capacidades contributivas relativas de los contribuyentes. Entonces se toma un conjunto de medidas que apuntan a reestructurar internamente el fondo sin que tenga repercusiones en lo que refiere a la recaudación global.

                En primer lugar, de acuerdo con el principio de la capacidad contributiva, una de las primeras disposiciones que se adoptan es duplicar el mínimo no imponible a través del cual los contribuyentes pagan. Hoy los profesionales que reciben ingresos menores, equivalentes a $ 12.000, no pagan el fondo de solidaridad. En la propuesta que hoy se está sometiendo a la consideración del Parlamento este monto se duplica, pasando de  $ 12.000 a $ 24.000. Con estos guarismos, se estima que alrededor de unos 17.000 contribuyentes profesionales que hoy pagan el fondo, lo dejan de pagar. Esto obviamente repercute en una disminución del fondo que debería ser compensado con un incremento en sentido contrario. Para ello, la propuesta complementaria sustituiría la condición de que se tribute al fondo de solidaridad por 25 años, a que se pague hasta que el contribuyente cumpla 70 años. Estos dos efectos en sentido contrario, prácticamente neutralizan los efectos. Hay un leve aumento de la recaudación global, inferior al 3%, que tiene por objetivo algún margen de error para garantizar que el fondo no se termine desfinanciando en este período quinquenal.

                Por último, queremos referirnos en primer término a la capacidad contributiva y, en segundo lugar, al otro principio que quiere recoger la propuesta que se somete a consideración: el principio de equidad.

                Hoy por hoy el fondo tiene tres categorías de aporte, pero en una de ellas se confunden las licenciaturas. Por un lado tenemos las tecnicaturas, con un régimen de aporte menor al resto –carreras menores a cuatro años– y, por otro, las otras dos categorías que responden a las carreras  superiores a cuatro años y de más de cinco años. Ahí hay un problema porque se confunden las licenciaturas en función de los diferentes planes de estudio que han ido cambiando, presentándose el problema de que ante un mismo título universitario hay dos regímenes de tributación. Entonces, el propósito de la norma, respetando el principio de equidad,  es: a igualdad de licenciatura, igualdad de tributación.

                En síntesis, el objetivo es hacer una recomposición interna para aggiornar el fondo a los principios tributarios que deben regir cualquier contribución de carácter especial.

                Con esto he terminado, señora Presidenta.

SEÑOR MINISTRO.- Aprovecho para responder en forma conjunta los temas mencionados por los señores Senadores Delgado y Cardoso referidos a los planes de infraestructura para este período.

SEÑOR CARDOSO.- ¿Me permite una interrupción, señor Ministro?

SEÑOR MINISTRO.- ¡Cómo no! Todavía no empecé, pero igual le concedo una interrupción al señor Cardoso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Todavía me resta consultar sobre el impuesto al patrimonio. Hay una diferencia en el cálculo del impuesto al  patrimonio donde se reducen los pasivos, para aumentar lo que se recauda como patrimonio. Me gustaría que se pudiera cuantificar ese dato.

                Gracias señor Ministro. 

SEÑOR MINISTRO.- Solicito a la Mesa le ceda la palabra al contador Serra.

 SEÑOR SERRA.- Este ajuste es eminentemente técnico y no tiene por objetivo aumentar la recaudación; en realidad, viene a recomponer una situación generada a partir de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que, a nuestro juicio, no está ajustada a derecho ni a lo que dispone el mandato legal. Lo que hace esta propuesta que se somete al Parlamento es una interpretación, porque la norma recogida en la norma tributaria –Ley Nº 18.083– tenía un determinado propósito y no el que quiso darle en esta sentencia, relativa a los monumentos históricos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

                En forma previa a la Ley Nº 18.083, de reforma tributaria, había una norma –de los años noventa– que establecía ciertas restricciones al cómputo de los pasivos en la liquidación del impuesto al patrimonio. Se establecía una regla a través de la cual, si teníamos un activo exento y un pasivo, este último solamente era admitido en la medida en que superara al mencionado activo exento. Antes de la reforma tributaria, esa regla refería al valor de los activos en el exterior, a los activos exentos y a otros bienes mencionados en el artículo 22 que no vienen al caso.      

                Con esta redacción surge un problema porque si los activos están compuestos por bosques o por montes citrícolas generan este fenómeno tributario de absorber pasivos; a su vez, en la reforma tributaria se reforzó esta sentencia y se estableció que, además de los bienes mencionados, no iban a ser computables los pasivos que estuvieran asociados a bienes no computables de cualquier origen y naturaleza. La norma, suficientemente amplia, aludía técnicamente a los bosques forestales, a los montes citrícolas y a otro tipo de bienes.

En definitiva, por vía interpretativa, queremos aclarar esta sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que desconoce esa disposición legal recogida en la reforma tributaria, porque no corresponde extenderla a los bosques forestales y a los montes citrícolas. Pretendemos reforzar este alcance de manera interpretativa y establecer que por más que la ley sea de carácter general y posterior, en determinada forma está derogando explícitamente la ley particular anterior, que refiere a la ley forestal, a la ley de bosques citrícolas, a los buques de la marina mercante y a los monumentos históricos. Precisamente, los monumentos históricos fueron el objeto de la sentencia, a nuestro juicio inadecuada, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En conclusión, no hay un aumento en la recaudación sino un ajuste de carácter técnico referido a lo que oportunamente votó el Parlamento a través de la Ley Nº 18.083.

SEÑOR MINISTRO.- Como decía, me voy a referir a los planes de infraestructura aludidos por los señores Senadores Cardoso y Delgado.

                El programa que anunció oportunamente el Presidente Vázquez insume un total de USD 12.370:000.000 para el período en su conjunto; USD 4.230, con destino a energía; USD 2.360 para vialidad; USD 1.870 con destino a infraestructura social; USD 1.320 para vivienda; USD 750 con destino a comunicaciones; USD 550  para agua y saneamiento; USD 550, a puertos; USD 360 con destino a la comunicación ferroviaria y USD 380, a otro conjunto de destinos menores.

                En el Presupuesto que estamos analizando en este momento está previsto el 29% de este programa, porque tiene otras dos fuentes de realización que son las siguientes. En primer lugar están las inversiones de empresas públicas, a las cuales me referí cuando hice la presentación inicial, el trabajo de la Corporación Vial del Uruguay y los aportes del Focem, o sea, el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR. Todo eso representa un 37% del programa de infraestructura, y el 34% restante es el que estamos promoviendo, con la participación del sector privado, a través de diversas modalidades, una de las cuales es la participación público–privada, acerca de la que el país tiene un buen marco jurídico y está logrando, además, apoyos financieros para el sector privado que son absolutamente importantes.

                Este apoyo financiero viene, particularmente, de los organismos multilaterales que están dispuestos, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de la Corporación Andina de Fomento, a prestar su apoyo a la constitución de fondos de inversión que signifiquen un estímulo importante para el sector privado.

                El siguiente tema abordado por el señor Senador Cardoso y también por otros señores Senadores –el último de los cuales, si mal no recuerdo, fue el señor Senador Camy–, responde a la distribución o a la asignación de recursos a Gobiernos Departamentales y locales. Voy a solicitar autorización para que pueda intervenir el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR GARCÍA.- Gracias, señora Presidenta.

                Complementando, quiero referirme, en primer lugar, a una afirmación que, sobre lo que quien habla había planteado, también había hecho el señor Senador Cardoso con respecto al tema de la pobreza. En ese caso, como lo planteó el Ministro, claramente se están tomando varas diferentes y quizás, para echar un poco más de luz sobre este tema, lo que digo es que el informe al que él hace referencia está manejando lo que incluye el primer quintil de ingresos, que es una cantidad superior a lo que establece la medición de la línea de pobreza.

                La pobreza en el Uruguay se mide de la misma manera que desde hace años, y eso es justo para poder comparar cuáles son las situaciones en diferentes momentos del tiempo. Una vara de medición no se puede cambiar porque, de hacerlo, no estaríamos midiendo las mismas cosas. Por lo tanto, esto resulta muy importante.

                Con referencia al tema relacionado con los Gobiernos departamentales, vamos a dar una respuesta de corte general porque, obviamente, cuando ingresemos en el articulado seremos bien específicos y concretos en la consideración de esto. Así como se hizo en la Comisión de la Cámara de Representantes lo haremos aquí. Tenemos un informe bien profundo y extenso acerca de buena parte de los aspectos que preocuparon tanto al señor Senador Cardoso como al señor Senador Camy y que nos preocupan también a nosotros mismos, sin lugar a dudas.

                Por lo tanto, dentro de esa respuesta general  tenemos que decir, también, que no podemos ver solo parte de la realidad. De alguna manera, el señor Senador Camy lo anticipaba en su respuesta cuando decía que quería saber si había habido alguna compensación acerca del planteamiento que realizara el señor Senador Cardoso.

Lo primero que quiero decir es que esto forma parte de un acuerdo que se realiza en muy poco tiempo, vale decir, desde que los Intendentes son implantados en su nuevo rol –desde el 10 u 11 de julio– hasta el día 31 de julio, que es cuando la Constitución de la república determina que el Congreso de Intendentes debe ponerse de acuerdo con el Gobierno nacional y, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización, proponer esta distribución de recursos, en el marco del Presupuesto, a todo el país. De ese acuerdo, obviamente, forman parte todos los Intendentes: 12 del Partido Nacional, 6 del Frente Amplio y uno del Partido Colorado.

                Entonces, hago mención a esto porque me parece sumamente importante. Cualquiera de esos Intendentes tiene bien claro cómo fue este proceso, cómo se trabajó y, como un acuerdo global, todos formamos parte de ello; así está planteado en lo que ha sido la propuesta en todo el articulado del Presupuesto nacional.

                En ese sentido y tratando de avanzar sobre el mayor nivel de detalle que brindaremos en el tratamiento del articulado, nos preocupan también otros aspectos, no solo los montos. En primer lugar, este es un acuerdo que, globalmente mirado, arriba a  cifras que no tienen antecedentes. Dicho acuerdo establece transferencias para los Gobiernos departamentales y, por ende, parte de ellos a los Gobiernos municipales –sobre este tema haré referencia a posteriori– por más de $ 14.000:000.000, cifra que es superior a las que se han dado en los últimos períodos.

                Como el señor Senador Cardoso estaba mirando solamente el artículo 298 de la Constitución de la república que refiere al fondo de desarrollo del interior –es decir que  tomaba en cuenta solamente esa parte del bosque total del acuerdo–, vale decir que en los últimos años se han agregado otros aspectos que también atienden directamente a recursos que el gobierno nacional transfiere a los Gobiernos departamentales. Por ejemplo, en este último caso, asignamos especial importancia a lo que se ha realizado en materia de caminería departamental. Sabido es que, en función del crecimiento económico, nuestro país ha tenido y tiene necesidades en materia de caminería departamental y caminería rural;  todos compartimos el diagnóstico.

                En el período de gobierno pasado se llegó a una muy buena solución que determinó el cobro del impuesto al patrimonio para realizar obras de caminería, pero dicha solución se termina en el año 2015. Por lo tanto, basados en el avance que se tuvo en ese momento, con esa experiencia –me refiero a los acuerdos–, se incorpora al acuerdo general un ítem más que es la caminería departamental y rural, lo que implica algunos cambios. Hay procesos que pasan del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para tratar de tener todo centralizado en un determinado lugar y trabajar de manera más efectiva en ese sentido. Creo que es un muy buen acuerdo porque en materia de caminería rural y departamental se está llegando a orillar la cifra de  250:000.000 en el período, lo que va a ser muy importante para las Intendencias a la hora de mejorar los caminos del país.

                En ese acuerdo general hubo otros objetivos. El primer planteamiento de los Intendentes fue el aseguramiento de los recursos existentes al que se le dedicó especial atención y fue absolutamente contemplado. Otro objetivo muy importante, especialmente para nuestra fuerza de gobierno, abanderada principal de la descentralización en el Uruguay con hechos concretos, es el cumplimiento de la segunda ley de descentralización, del año 2014, que implica que el 10 % de los recursos de los que estamos hablando va a ser destinado a los municipios nuevos.

                Como saben los señores Senadores, con la incorporación de veintitrés municipios nuevos, esta medida resulta de especial importancia.

                Hay otros aspectos sobre los que no quisiera profundizar para no alargar la discusión, pero cuando estemos visitando el Cuerpo con todo gusto lo vamos a hacer  más detalladamente.

                La distribución de los recursos también es materia de preocupación del Gobierno nacional. Hay una razón fundamental que debemos tener clara: el hecho de definir cuestiones para cinco años en el período de tiempo escaso del que estábamos hablando anteriormente, casi veinte días, resulta difícil dar discusiones que son complejas. Evidentemente se está distribuyendo el 100% de los recursos y ese porcentaje  no se puede mover, por lo tanto, la mejoría para alguno de los departamentos implica desmejoría para otros y ustedes saben lo que eso significa –lo hemos dicho varias veces y lo repetimos acá–: es una negociación que implica el estudio del texto, a modo de ejemplo. Se trata de veinte días, un gobierno nacional, diecinueve gobiernos departamentales y de reojo –y no tan de reojo– ciento doce gobiernos municipales, con asimetrías enormes a nivel nacional. También al Gobierno nacional también le interesa aprovechar esta distribución de recursos para contribuir a mitigar de manera cada vez mayor; en eso tenemos amplias coincidencias. Por lo tanto, hemos planteado que en esa escasa cantidad de tiempo –no se pudo hacer en los últimos Presupuestos– resultaba imposible arribar a una nueva distribución de los recursos que fuera de satisfacción de todas las partes.  Lo que estamos planteando –que es en lo que vamos a tratar de trabajar durante estos cinco años– es que en un período en el cual no haya que tomar definiciones, podamos basarnos en los cambios que ha tenido el país en los últimos quince a veinte años, que es de cuando datan los actuales porcentajes de distribución, y analizar la nueva realidad, ya que hemos crecido mucho y hemos cambiado, a pesar de que continúa habiendo asimetrías importantes a nivel territorial. Por tanto, hay una necesaria discusión acerca de los criterios de distribución de los recursos para los municipios, y quizás ahora se esté dando un anticipo de esa discusión, ya que estamos manejando algunos criterios objetivos tratando de definir conceptos antes de asignarle las cifras.

                Asimismo, está habiendo dificultades para su definición. En este momento en la Comisión de Descentralización se están tratando estos temas, que son complejos y son conocidos tanto por  los señores Senadores como por los Intendentes de su propio partido. Creo que son temas profundos que constituyen herramientas muy importantes a la hora de seguir llevando adelante políticas de descentralización y de la investigación de asimetrías en los territorios. Esto lo vamos a profundizar de manera importante –como dije anteriormente– cuando estemos dando la discusión particular de cada uno de esos artículos.

SEÑOR CARDOSO.- Comprendo perfectamente el argumento del acuerdo; está muy bien que el Congreso Nacional de Intendentes y el Gobierno nacional busquen entendimientos, pero no me es vinculante, ni tampoco lo es que hayan participado Intendentes de mi partido; y no me es vinculante porque es un debate que puedo dar diferente de la alineación partidaria. Mi planteo es institucional, lo hago desde el Parlamento.

                La pregunta concreta que hice, para la cual no logré advertir una respuesta, se refería a la serie de recaudación 1998-2014, pero el año que se elige como base es el peor. Eso debe de tener una explicación. En el artículo 298 de la Constitución se expresa: «La ley, que requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo y por el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, podrá:

1)     Sin incurrir en superposiciones impositivas, extender la esfera de aplicación de los tributos departamentales, así como ampliar las fuentes sobre las cuales éstos podrán recaer.

2)     Destinar al desarrollo del interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, una alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo».

 

¿Cuándo se aplica esto por primera vez? En el presupuesto del año 2000, durante la presidencia del doctor Batlle; esa fue la primera vez que se puso esto en marcha, estableciéndose el artículo 643 de la Ley Nº 17.296, que expresa: «Créase el fondo presupuestal a que refiere el numeral 2) del artículo 298 de la Constitución de la República, con las siguientes alícuotas sobre un monto de $ 9.316:452.337 (pesos uruguayos nueve mil trescientos dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y siete), que corresponde a los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo, en el año 1999, actualizados por el Índice de Precios al Consumo: 2001, 5,0%; 2002, 7,5%; 2003, 10,0%; 2004, 12,5%». Y ¿qué base toma? El año anterior, o sea, 1999. La base es el ingreso que tuvo por recaudación el año anterior; nunca más se cambió, y lo que se le aplicó a esa base de 1999 para actualizarla fue el IPC. Pero si aplicamos el criterio del incremento de la recaudación, la eficiencia de la recaudación me da un número muy diferente, por cualquier vía que lo haga; ¡muy diferente! En aquel momento se recaudaban, repito, USD 3.000:000.000, y el año pasado se recaudaron USD 11.000:000.000, y la base que se toma es la misma: 1999. Esto tiene que tener una explicación, más allá de que haya surgido como producto de un acuerdo. Yo no participé de ese acuerdo y como integrante del Parlamento me pregunto por qué el cumplimiento constitucional se hace con un dato tan lejano en el tiempo que, casualmente, es el más chico de todos. En realidad, lo que se está calculando es una transferencia, y un porcentaje de eso es lo que se destina a los gobiernos departamentales. Aunque sea fruto de un acuerdo tengo que cuestionarlo porque en los acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales, estos siempre buscan cuidar sus recursos y tener una buena relación con el Gobierno central. Y yo, desde el Parlamento, cuestiono que se use como base de cálculo el año 1999. Repito que para mí esto es muy importante porque es el peor año de la serie. Desde 1998 hasta 2014, el peor año de recaudación fue 1999. Y hoy, año 2015, vuelven a poner como referencia el año 1999, ajustado por un índice que da menos que si se estableciera el índice de crecimiento a la recaudación. Si se divide la recaudación de 2014 entre la de 1999, me da un índice que, si se aplica, se tendría que transferir el doble. Ahí están los USD 100:000.000. Si aplico un índice diferente al que están aplicando –que es el IPC, que no es el más conveniente–, en diez años, es el doble.

                Como decía, respeto que todo esto sea fruto de un acuerdo y comprendo que aleguen que en él participaron miembros del Partido Nacional, pero no tengan ninguna duda de que les voy a cuestionar a los Intendentes de mi partido el haber participado de este acuerdo, porque esto no es partidario.

SEÑOR MINISTRO.- Este no es el lugar.

SEÑOR CARDOSO.- ¡Por supuesto que este no es el lugar! Pero esta es mi mirada, que no es partidaria. Mi mirada está puesta en la distribución de los recursos del Gobierno central al interior del país. El hecho de que el interior siga siendo más pobre que Montevideo es un asunto muy importante. Me voy poniendo más viejo y cada vez me preocupa más cómo se distribuyen los recursos en el Uruguay, ya no entre los uruguayos, sino entre Montevideo y el interior. Es notorio que tenemos una diferencia muy importante. Los recursos del interior siempre son escasos.

En lo personal, creo que aquí hay una forma de cálculo que perjudica la transferencia hacia el interior. Podrá ser fruto de un acuerdo, pero la perjudica.

SEÑOR GARCÍA.- Voy a hacer dos aclaraciones con respecto a lo que plantea el señor Senador Cardoso.

En primer lugar, insisto con el tema del acuerdo y, más que nada, en que hay que verlo globalmente, porque si se hubiera tomado un criterio distinto o una actualización con referencia a lo que plantea el señor Senador –en instantes haré referencia a ello–, indudablemente las otras partes del acuerdo hubieran sido diferentes. Eso es de cajón. Parece que lo resuelto en el partido no se puede replantear en la liga. Lo hemos experimentado en estas dos visitas al Parlamento. Es más, me cuidé de no decir «lo perdido en el partido» porque creo que aquí ganaron todos. Defiendo absolutamente la postura acuerdista de todos los Intendentes. Se discutió mucho porque es un tema complejo.

                En segundo término, voy a hablar de la parte técnica y para ello debo mencionar dos cosas. Por un lado, en la base del año 1999 se tomó un determinado porcentaje que habría que ver cómo fue determinado porque lo que establece es el valor de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo. Ese es un número muy difícil de calcular porque las empresas pueden estar afincadas en todo el territorio nacional, teniendo su domicilio fiscal en Montevideo. Y eso no es algo sencillo de calcular.

SEÑOR CARDOSO.- Con más razón aún.

SEÑOR GARCÍA.- En el fondo estamos de acuerdo, lo dije en la intervención anterior. Lo que pasa es que no son cosas que se puedan resolver de un momento para otro.

                Y vuelvo a la primera parte de la pregunta. Entonces, en el monto global, este es el mejor acuerdo al que se ha arribado con el mayor valor histórico, a favor de las Intendencias y los municipios.

SEÑOR CARDOSO.- El asunto que acaba de poner sobre la mesa el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es muy interesante. Este es otro punto dentro del debate y de la discusión. Las grandes empresas del interior del país que tienen domicilio fiscal en Montevideo, a estos efectos se las considera montevideanas. ¿El frigorífico Tacuarembó dónde tiene la dirección fiscal? Si la tiene en Montevideo, se considera montevideano. Entonces, la riqueza se genera en el interior pero el aporte que haga ese frigorífico no participa de la distribución. Simplemente, estoy poniendo un ejemplo; tal vez estoy equivocado y el frigorífico Tacuarembó paga sus impuestos en la ciudad de Tacuarembó. Pero si las grandes empresas del interior del país que es donde está el desarrollo económico del Uruguay tienen domicilio fiscal en Montevideo, no cuentan a la hora de sumar los tributos que se aportan en el interior.

Creo que aquí hay paño para cortar. Mi objetivo es ver cómo rescatamos recursos, ni siquiera hablo de cómo pedirlos. Me parece un error seguir diciendo que tenemos que pedir recursos para el interior. Ya no estoy en ese plano. Tenemos que rescatar recursos del interior; tenemos que devolver al interior los recursos con los que se queda la capital y un mecanismo de distribución que, a mi juicio, tiene un grado de perversidad. No estoy adjudicándole una intencionalidad al Gobierno –esto también sucedió en otros presupuestos–, sino a un mecanismo centralizador muy potente que hace que el interior siempre participe, por una razón u otra, en un recorte.

En algún momento me gustaría que el aporte de las empresas que se radican y desarrollan en el interior se distribuyera en el interior. ¿Dónde paga Botnia? ¿Dónde paga Montes del Plata? Pagan en Montevideo; tienen dirección fiscal en una oficina del World Trade Center. Entonces, no son consideradas del interior y, por lo tanto, su aporte no se puede distribuir en el interior. Esa es una política de embudo. Reitero que no estoy adjudicando responsabilidad al Gobierno, sino que estoy haciendo un razonamiento sobre el concepto de descentralización económica que me parece que está en el corazón de nuestras discusiones, más allá de los acuerdos que se logren. Estamos ante un debate institucional; desde el Poder Legislativo estoy revisando cómo se aplica un criterio de reforma constitucional que es muy caro para nosotros. Todo el Uruguay votó ese artículo de la reforma pensando que había que devolver al interior los impuestos que eran recaudados en el interior, cosa que por estos mecanismos no sucede.

Muchas gracias.

SEÑOR SILVEIRA.- En definitiva, esta negociación no es otra cosa que la negociación que se hace entre quien tiene el mandato constitucional de administrar y distribuir los recursos y aquellos que los ejecutan. La negociación entre los Intendentes y la OPP se hace sobre la base de una negociación que tiende a mejorar las condiciones de cada uno de los actores. Yo reparto lo mejor que puedo, pero ¿qué reparto? ¿Una dádiva que le doy a alguien? No, entrego recursos a las Intendencias para que los gestionen mejor de lo que lo podría hacer el Estado nacional.

                Hay una tendencia que se manifiesta constantemente en el sentido de entender que el poder central le entrega dadivosamente unos recursos a las Intendencias para que los Intendentes se luzcan haciendo obras. En realidad, el poder central entrega recursos que van a ser mejor administrados por quienes están en el territorio y tienen el manejo de sus necesidades. No estamos hablando de una negociación en la que se dice: Váyanse contentos porque acá les dimos mucho más de lo que se les dio el año pasado. Probablemente, tengamos mejor devolución que con los recursos que entregamos la otra vez.

                Ahora, el tema se vuelve más complejo porque lo que se entrega a los gobiernos locales es sobre la base de que se le retira a las Intendencias. Entonces, cuando vienen los Intendentes a negociar y le dicen a la OPP: Mirá  –discúlpeseme la licencia en la forma de expresión– …

(Murmullos).

                –Me gustaría saber si lo que estoy diciendo causa gracia o el señor Ministro está hablando de algún asunto particular.

SEÑOR MINISTRO.- Perdón, señor Senador.

SEÑOR SILVEIRA.- ¿El Intendente es el que le viene a proponer a la OPP los porcentajes que se le van a entregar a los municipios?  Esta es la cuestión que plantea el señor Senador Cardoso. Esa es la cuestión esencial. ¿Cómo se hace la negociación? ¿Es una negociación o es pedir y otorgar? Esa es la esencia del planteo que el interior históricamente ha hecho. Cuando se trasladan recursos para caminería, se hace porque hay lugares donde la Intendencia ha sustituido a AFE. En aquel momento se llegó a una negociación porque el hecho de que AFE no estuviera aumentaba el tráfico en los caminos departamentales y entonces las Intendencias lo soportaban con aportes del poder central. El señor director sabe que los montos que se manejan por kilómetro no son los que las Intendencias tienen que equilibrar después; cuando se llega a los planes finales, las recargas o la cantidad de material, vemos que no son las que se manejan en los grandes números. Las Intendencias hacen una contribución al Estado nacional –que no se mide– y a cada uno de los organismos nacionales que operan en los departamentos a los que les vuelca recursos: al Ministerio del Interior, a la enseñanza…

¿De qué se extraña el señor Ferreri? Me mira con una cara de extrañado. ¿No sabe usted lo que hacen las Intendencias?

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Les pido que eviten los dialogados.

SEÑOR SILVEIRA.- El contador Ferreri me mira con cara de extrañado.

SEÑORA PRESIDENTA.- No puedo controlar las miradas, señor Senador.

(Dialogados).

                –No dialoguen, por favor, para que los taquígrafos puedan tomar la versión sin dificultades.

SEÑOR SILVEIRA.- Señora Presidenta: le voy a trasmitir la percepción que tengo. Desde la mesa del señor Ministro –porque el lenguaje gestual también importa– no me alientan a desarrollar de la mejor manera mi exposición. Evidentemente, no les voy a enmendar la plana y a decirles cómo se tienen que conducir. Pido, señora Presidenta, que la compostura, si fuera posible, sea diferente; se lo pido fraternal y respetuosamente al señor Ministro.

                Como decía, las Intendencias reparan destacamentos, contribuyen con los hospitales y reparan las escuelas, pero nada de eso está presente cuando se hace la negociación. Entonces, son recursos que se les resta a los Gobiernos Departamentales para que el Gobierno nacional haga cosas.

En definitiva, la negociación termina siendo lo mismo que ocurre con estos tributos que según se dice terminan sumando cero. El Gobierno nacional no le da una dádiva a los Gobiernos Departamentales, sino todo lo contrario; hay una mejora en la eficiencia de la tarea que deberían realizar con esos mismos recursos los organismos que dependen del Gobierno nacional y que se trasladan a las Intendencias, además de los fondos que necesaria y lógicamente siempre reciben.

                Le agradezco al señor Ministro la interrupción que me concedió y le pido disculpas por la situación que se dio.

SEÑOR MINISTRO.- Es fundamental que no ingresemos en el área psicoanalítica de la sesión. Mantengamos la calma.

(Hilaridad).

                El señor Borchardt, nuestro director del área presupuestal me ha solicitado intervenir.

SEÑOR BORCHARDT.- Solo quiero hacer un pequeño comentario. Cuando estamos analizando lo que es el FDI –que fue mencionado en buena parte de los planteos de los tres señores Senadores– no podemos perder de vista lo que ha sido la evolución del conjunto de las transferencias a los gobiernos departamentales, que se han incrementado desde los $ 6:000.000 en 2004 a más de $ 12.000:000.000  en el año 2014. O sea, hubo un incremento de más del 120% en términos reales, obviamente, esto es, sumando el conjunto de las partidas.

                Entendemos que los Gobiernos Departamentales han sido socios del Gobierno nacional, también en los frutos del crecimiento y en el aumento de la eficiencia en la recaudación de la DGI. Esto se puede visualizar claramente, en los incrementos que ha habido en la partida del 3,33%, donde hay una coparticipación en el tema de la mejora de la recaudación, como bien lo sabe el ex Intendente Silveira. Por tanto, el conjunto del bosque es bastante más amplio que la discusión sobre cómo se distribuye una partida en particular. Dicho de otro modo,  en el conjunto de las partidas se produjo un incremento bastante importante, pero entiendo que en torno a este punto los señores Senadores se van a poder explayar cuando se discutan los artículos correspondientes.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor Senador Camy solicitó la palabra para referirse al tema que habíamos considerado como laudado, por lo que si el señor Ministro está de acuerdo le concedemos la interrupción.

SEÑOR MINISTRO.- De acuerdo, señora Presidenta.

SEÑOR CAMY.- Quiero honrar mis palabras, cuando dije que nos íbamos a focalizar en un tema concreto, advirtiendo que no pretendíamos ser exegéticos en el análisis; para ello, concurrirá el señor Ministro en otra oportunidad. Acá se hablaron de los grandes conceptos, y por eso planteamos los dos temas desde el punto de vista conceptual. Pero no recibí la respuesta del señor Director de la OPP respecto a ninguno de los dos planteamientos.

                Como dije antes, quiero honrar mis palabras y abordar el tema seria y objetivamente. Por ejemplo, señalamos la especificidad del planteamiento del señor Senador Cardoso –al que adherimos totalmente– en relación con las medidas legislativas que le dan sentido a dos normas constitucionales,  esto es, los artículos 214 y 298. El señor Senador habló, precisamente, de la disposición vinculada al otorgamiento de menos recursos a los Gobiernos Departamentales. Calculando grosso modo –no tengo en este momento los números–, puedo decir que la cifra correspondiente al departamento de San José tal vez sea el 15%, porque el 85% proviene por lo dispuesto en el artículo 214, que es efectivamente el porcentaje que no se calcula por el anclaje del año de menor recaudación, sino sobre la base que determina la ley que establece que se toman en cuenta los recursos percibidos en ese mismo período.

                Señalé, asimismo, que la medida adoptada para mejorar, no directamente los recursos sino a los Gobiernos departamentales, surgió por una decisión política –por cierto, los Gobiernos departamentales no son los únicos que ejecutan las propuestas de descentralización– que llevó a que el porcentaje fuera mayor que el establecido por la norma que reglamenta el artículo 298 y que en lugar del 25% fuera del  33,5%.  Esto se hizo en el Gobierno anterior, presidido por el actual Senador Mujica.

                No me han contestado. No obstante, reitero: hago un esfuerzo, porque considero que el Uruguay merece que, en un ámbito como el Senado de la República –el Parlamento Nacional–, junto con las principales jerarquías del área económica del Gobierno, discutamos cuando tenemos posiciones distintas, pero con la intención de hacer aportes y de dar respuestas.

                Al decir de campaña, el director de la OPP me ha «petizado», me ha bajado el nivel. El director de la OPP dice que mi fuerza política es la principal abanderada de la descentralización en el Uruguay, pero no es esa la discusión; ni siquiera pretendo discutir si lo es o no, seguramente quien habla tenga otra percepción.

                Le hice dos preguntas concretas porque quiero hablar del concepto de la descentralización. ¿Cuál es la abanderada de la descentralización? En el año 1996 se reformó la Constitución y se generaron los aportes que usted dice que han aumentado y que su fuerza política es la abanderada del tema de la descentralización. ¿Usted estaba de acuerdo con la reforma que creó estos mecanismos, con su fuerza política, la tal descentralizadora? ¿Qué le dice a Copay en Paysandú que recibe la mitad del subsidio que las empresas de transporte…

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señor Senador, diríjase a la Mesa.

SEÑOR CAMY.- Muy bien.

                En la Comisión de Transporte y Obras Públicas recibimos a la empresa Copay de Paysandú junto con otras empresas de transporte del interior, y explicaron que reciben la mitad del subsidio que el  Gobierno uruguayo destina para las empresas de transporte de Montevideo. ¿Eso es descentralización?

Cuando se fundaron los Gobiernos departamentales y las escuelas, los liceos y la UTU rurales –hace poco el Senado de la república hizo un homenaje a Figari– su fuerza política ni siquiera existía. Así que este tipo de respuesta que me dio está fuera de lugar o fuera del nivel que usted tiene que representar.

 Le pregunté otra cosa, ni siquiera la base de cálculo. Le pregunté por qué no se realiza el anclaje para determinar la base del cálculo sobre la que se soporta el porcentaje para establecer las partidas que van a los Gobiernos departamentales y, en general, al marco del concepto de descentralización del artículo 298 con el mismo criterio que se determina para el 214. Ni siquiera le protesté por  el  99 que es donde se recaudó menos. ¡No! Le pregunto por qué el concepto no es distinto y por qué en uno es fijo y en otro es variable como es el 214 y el 298.

                Hice una consulta en la que me respondió que gana un departamento y pierde otro, pero no estoy preguntando sobre si tiene que ganar Canelones, Montevideo y San José. ¡No! Sería igualmente malo que Montevideo y San José ganen y Canelones no. El tema es el concepto del área metropolitana. Recuerdo, aunque yo no era Legislador, que en el período pasado se pretendió, de parte de algunas ideas, impulsar un concepto distinto de regionalización. Entonces, el concepto es ese, tenemos definido –¡y está bien!– una nueva categorización urbana en Uruguay: el área metropolitana. Pregunto, si se determina por un artículo específicamente recursos –y está bien porque es una nueva categorización urbana del Uruguay– por qué se retacea al área que está comprendida en esa definición; por qué no se toma en cuenta a un departamento o la parte de esa área que está dentro de los límites administrativos del departamento de San José. Esta fue la pregunta.

                Voy a aplaudir todas las cosas que hizo mejor que otro partido, cuando ejercieron el Gobierno; si esa es la preocupación. Yo lo voy a aplaudir, no tenga dudas. Acabo de reconocer que a mi juicio, el Gobierno que presidió el Presidente Mujica fue mejor en medidas concretas a estos efectos y en estas áreas que el Gobierno anterior que también fue del Frente Amplio. No me duelen prendas. ¡No me preocupa! Y si tenemos que analizar lo haremos cuando venga por el inciso que corresponda y si se quiere comparar con el del Gobierno nacional también voy a defender y criticar lo que corresponda. Me parece que es el camino que tenemos que transitar, si no, vamos  a empezar muy mal. Vamos a empezar muy mal si cuando queremos escuchar respuestas técnicas y específicas, se hagan consideraciones de índole político. Con franqueza no quiero ser parte de eso; en esta instancia no, hay otras.

En esta oportunidad quiero llevar una respuesta a miles de uruguayos que la quieren tener, acerca de por qué calculamos lo relativo a los Gobiernos departamentales sobre la base de lo que los territorios generan. Asimismo, quiero saber por qué al departamento de San José, con 35.000 habitantes, que representan casi un tercio de la población que integra el área metropolitana, se lo comprende para todo menos para recibir parte de los US$ 10:000.000 que se especifican en el artículo 662 que se votó en la Cámara de Representantes. Esas son las dos preguntas que quiero plantear desde un punto de vista conceptual y no específico.

 En lo personal, no quiero hablar del tema de los Intendentes, en primer lugar, porque se trata de un espacio legítimo entre ellos y la OPP como parte del Gobierno nacional. Quiero hablar muy claro y sin eufemismos: los Intendentes precisan recursos y, seguramente, algunos de nosotros si fuéramos Intendentes –hay aquí quienes lo fueron– podríamos tener legítimamente apreciaciones distintas cuando se trata de un tema que se maneja desde un punto de vista conceptual y general que cuando se trata de llenar su caja para dar respuesta en el momento en que los vecinos golpean la puerta. Esto es así y está bien; nadie ha planteado eso. Lo que sí estamos planteando es por qué se aplican criterios distintos que se instrumentan en la ley. En esto no tienen nada que ver los Intendentes, porque la que reglamenta los porcentajes es la ley y, por lo tanto, el Parlamento sí tiene que ver en la discusión. Si cada uno consulta, o no, a los Intendentes está bien, eso será asunto de los Intendentes y de quienes estamos sentados acá. Pero quien determina el porcentaje, el anclaje que fija la base de cálculo que opera sobre ese porcentaje y significa que haya más o menos plata destinada a la Intendencia, es el Parlamento. Esa fue mi pregunta concreta.

                Siento que no se han respondido las dos preguntas que formulé y, por eso, solicito que el señor Director me responda, porque al menos yo no pregunté nada que tenga que ver con la negociación con los Intendentes sobre estos dos temas. Simplemente plantee si  existía alguna contrapartida –que no encontré– que haya justificado que el departamento de San José fuera discriminado. Tal vez hay otra medida y por esa razón se entendió que no era parte de los recursos excepcionales que vamos a votar para el área metropolitana.

SEÑORA PRESIDENTA.- Como lo que se va a plantear está dentro del tema, voy a dar la palabra a la señora Senadora Ayala, de modo que después sí podamos pasar al asunto siguiente en esta sesión que ya va siendo bastante larga.

SEÑORA AYALA.- No pensaba hacer uso de la palabra, pero tratándose de temas que atañen al interior y a los Gobiernos departamentales no podía dejar de intervenir.

                En primer lugar, celebro la discusión porque se trata de temas departamentales y estos siempre nos resultan de interés. Pero tratando de ser seria y lo más objetiva posible no puedo dejar de manifestar aquí –porque lo viví– el cambio en lo que fue el relacionamiento y la distribución de los recursos para el interior del país. Me refiero al cambio a partir de los gobiernos frenteamplistas. Nunca los Intendentes –y eso no solo lo he dicho yo porque lo viví, sino otros Intendentes que repetían en su función, cuando  integraba el Congreso de Intendentes– habían protagonizado en la historia del país un cambio tan rotundo en el relacionamiento entre los jefes departamentales y el Gobierno nacional. Este cambio comenzó hace diez años y, por lo tanto, se puede decir que se trata de un proceso que todavía es muy corto y que ojalá     –esa es nuestra aspiración– siga mejorando en el futuro. Más allá de los recursos que se asignan y de cómo se hacen los cálculos, no puedo dejar de reconocer que se  ha destinado mucho más dinero a las Intendencias, aunque creo que estas son cuestiones de ida y vuelta. Está bien que las Intendencias quieran más recursos, pero también está bien que mejoremos las gestiones. Y en esto el Gobierno nacional ha brindado a las Intendencias –como lo sigue haciendo– el poder darnos una mano para mejorar las propias gestiones, que van implícitas en estos recursos. Más allá de los asignados presupuestalmente, está lo que se logra después por convenios entre el Congreso de Intendentes y el Gobierno nacional. No puedo dejar de mencionar los convenios existentes con la OPP, justamente para la refacción y arreglo de escuelas. Durante los últimos dos años del período pasado se pudo generar ese convenio, lo cual brindó más recursos a las Intendencias. Hay que recordar que con anterioridad eran las comunas las que brindaban esos recursos desde sus propias arcas.

                Hoy hay empresas, como se dijo, que están reclamando un mayor subsidio o mejora en el subsidio. Al respecto, también debemos decir que fue generado dentro de nuestros gobiernos lo referente al boleto estudiantil. Evidentemente, muchas de las empresas de transporte no estarían subsistiendo actualmente si no existiera este apoyo. 

                Entonces, es importante que se vayan viendo algunas cosas. Hay que ver la cantidad de maquinaria que compraron las empresas en el período pasado, lo cual fue a través de convenios y trabajo directo con el Gobierno nacional. Hay que ver los recursos que se generaron para la caminería rural, logrados a través de convenios y tratativas con el Gobierno nacional. Las deudas que teníamos las Intendencias con UTE y los subsidios en el alumbrado público –esto no se nombró– son parte de los recursos que van a las comunas y que antes no existían. Y así podemos seguir enumerando cosas. Por ejemplo, los convenios con OSE para los saneamientos, y muchas otros beneficios que a veces presupuestalmente no figuran y después aparecen a lo largo del tiempo. Creo que esto ocurre si hay buen vínculo, como ha ocurrido en estos últimos diez años, entre las Intendencias y los gobiernos nacionales. Hace diez años que los Intendentes no vienen a golpear la puerta del Gobierno nacional para ver cuándo les van a mandar las partidas porque estas han sido enviadas en tiempo y forma, como un relojito. Y estas cosas hay que decirles porque, de lo contrario, parece que todo está horrible y que los recursos cada vez son peores, más allá de que voy a seguir solicitando y negociando mayores recursos para el interior.

                Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.-  ¿Es sobre el tema, señor Senador? El señor Ministro estaba haciendo uso de la palabra y concedió interrupciones.

SEÑOR DELGADO.- Es por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Se siente aludido?

SEÑOR DELGADO.- Así es, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Si seguimos discutiendo sobre este tema y no contestamos las preguntas específicas del señor Senador Camy, obviamente vamos a entrar en una discusión política. La Senadora preopinante habló de temas políticos vinculados a cómo jugó el Frente Amplio en lo concerniente a las descentralizaciones. El señor Senador Camy hizo referencia y diferenció el primer Gobierno del Frente Amplio del actual. Además, nos tenemos que retrotraer a la reforma constitucional cuando el Frente Amplio no acompañó los cambios y se institucionalizó la descentralización en la Constitución, con los artículos 214 y 298, como también la institucionalización del Congreso de Intendentes que el Frente Amplio no acompañó. Entonces, vamos a dar una discusión política que me parece que no tiene sentido que ocurra en este momento.

                Lo que intento decir es que hay una pregunta concreta del señor Senador Camy y me sentí aludido políticamente por una referencia. Por nuestra parte damos por finalizada esta discusión y esperamos que la pregunta del señor Senador Camy obtenga una respuesta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más interrupciones, seguramente el equipo económico va a poder dar respuesta a las interrogantes planteadas.

                Tiene la palabra el director de la OPP, señor García, que era quien estaba respondiendo sobre este tema.

SEÑOR GARCÍA.- En primer lugar, será porque estoy luchando contra una gripe que me tiene a maltraer desde hace varios días y quizás por eso, y yendo al tema concreto, pensé que le había respondido al señor Senador Camy, como es toda mi intención y como corresponde. Quizás no fui lo demasiado explícito como para ello, por lo que trataremos de profundizar ahora.

                Cuando hablamos de la manera de distribuir los recursos, tanto a nivel del 214 como del 298, dijimos claramente que nos parecía que había que revisionar esa distribución, porque el país había cambiado mucho en todos los años transcurridos; eso va de suyo y es casi de Perogrullo. El hecho de que se hayan mantenido de la misma manera me remite a la misma respuesta que di anteriormente en cuanto a que existió un acuerdo general en el que nadie planteó, de forma concreta, ninguna otra manera de distribuirlo. Además, si hay un acuerdo general, tampoco corresponde realizar un cambio posterior al mismo.  Me parece que lo que corresponde constitucionalmente es que, aprobado por el congreso de Intendentes y por la Comisión de descentralización, eso se plantee ante el Parlamento, como así lo hizo el Poder Ejecutivo. Esto no quiere decir –tratando de mirar más lejos, como decíamos– que no sea necesario hacer ese trabajo. En ese sentido, tenemos que poner arriba de la mesa –hemos hablado con los Intendentes y podemos  discutir el tema con quien así lo desee– qué criterios tenemos que determinar para una futura distribución de recursos a nivel de las Intendencias. Hemos aprendido mucho en todos estos períodos y todos tenemos mucha experiencia. Por lo tanto, resulta importante primero establecer criterios. El Senador Cardoso hacía un planteamiento con respecto al 298 y las empresas más grandes en determinados lugares. En el afán no de discutir sino, por el contrario, de sumar –creo que no es el objeto de esta reunión y sí puede serlo en la visita que hagamos para tratar los artículos– quiero decir que hay también un tema de asimetrías, de utilización de recursos para aquellos lugares que no tienen esos grandes tractores. Este tema es complejo y requiere de discusión, no se puede dar en tres meses o menos, como se llega a este acuerdo. Sé que existe la mejor buena voluntad para poner el tema en la agenda del congreso de Intendentes, bajarlo al piso y empezar a discutir con la realidad actual del país y poniendo todos los temas que haya que poner encima de la mesa. Seguramente se darán importantes discusiones. Ese es un tema que hay que llevar adelante. En ese marco y teniendo en cuenta que todos los Intendentes manejan argumentos, muchos de los cuales son de peso, rehaciendo el cálculo correspondiente al artículo 214 a través de los parámetros existentes hoy en día, las Intendencias relacionadas con el área metropolitana, Montevideo y Canelones, plantearon algo con respecto al cálculo. Por ejemplo, en el caso de Montevideo el porcentaje que daría, aplicando los parámetros actuales, sería bastante mayor al 12,9% que le corresponde a través del 214. Por lo tanto, de la misma manera en que se solucionó el tema en los últimos períodos también se planteó en este caso estableciendo un monto diferencial y procurando hacer una compensación en ese sentido. Hasta donde sabemos, no existió un planteamiento por parte de la Intendencia de San José, pero está formando parte de todo ese acuerdo global. Refiriéndome básicamente a lo planteado por el Senador Camy, me voy a remitir a la presentación que haremos en su momento cuando tratemos todos estos artículos, porque realmente hay información de primera mano y me parece que puede echar muchísima luz sobre varios de los aspectos planteados no solo por el Senador Camy sino por el Senador Cardoso y otros Senadores que han intervenido en este tema.

                Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR MINISTRO.- Para que no crean que todas las aclaraciones adicionales vienen de la oposición, nosotros también tenemos alguna para hacer. Para ello, voy a solicitar la intervención del señor subsecretario.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Simplemente quería hacer un comentario vinculado a las afirmaciones del Senador Cardoso sobre la diferencia de la evolución de la recaudación de la DGI con respecto a las transferencias hacia los gobiernos departamentales. Para dar un número bien concreto que demuestra el esfuerzo fiscal y el esfuerzo desde el gobierno central en lo que tiene que ver con mejorar las transferencias a los gobiernos departamentales y remitiéndonos a la globalidad de las transferencias realizadas –porque hay que mirar el bosque en su conjunto–, puedo decir que entre 2004 y 2014, como mencionaba el economista Borchardt, las transferencias a los gobiernos departamentales crecieron, en términos reales, un 125%. En ese mismo período, la recaudación de la Dirección General Impositiva creció, en  términos reales, en torno al 70%. Es decir que crecieron, en términos reales, muchísimo más las transferencias desde el gobierno central hacia los gobiernos departamentales, de lo que creció la recaudación de la Dirección General Impositiva. Reitero, las transferencias crecieron un 125% y la recaudación hizo lo propio en el entorno del 70%, siempre hablando en términos reales. Este número me exime de mayores comentarios para demostrar el esfuerzo y la voluntad política que existe para  mejorar las transferencias en los gobiernos departamentales.

                Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO.- Comienzo por hacer referencia a un comentario que hizo el señor Senador Delgado acerca de que me estoy peleando con los analistas y agradezco la oportunidad que me permite aclarar que no solo no me estoy peleando con ellos, sino que los respeto muchísimo a todos. El señor Senador los dividió en propios y ajenos y no sé qué quiere decir con eso. Los respeto a todos.

SEÑOR DELGADO.- Nacionales e internacionales, señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Son excelentes profesionales que los leo, los estudio, tengo en cuenta sus puntos de vista y aprendo mucho de ellos, porque cuando se trata de aportar puntos de vista diferentes, se aprende en la vida. Me preocupa, muchas veces, la incidencia que tienen los analistas en las expectativas que, como mencioné antes, en materia económica son muy importantes para  determinar la conducta de los agentes y los resultados de las políticas. Estamos viviendo una etapa –lo señalaba la señora Senadora Alonso en su primera intervención– donde es absolutamente fundamental asegurar la coherencia entre todos los instrumentos de la política económica,  la monetaria, la cambiaria, la  fiscal y la de ingresos. Ese es el corazón de los  equilibrios macroeconómicos.

                Como los señores Senadores habrán visto, seguramente a través del manejo público de estos temas, estamos viviendo momentos donde en muy cortos lapsos –a veces semanas, días, horas– hay que tomar decisiones de política económica que cambian respecto a las precedentes. Lo que me preocupa es que  hagamos predicciones que trascienden largamente los fundamentos que se pueden percibir  en esos cortos lapsos, porque cuando se incurre en esa actitud, es cuando se influye más en las expectativas. No puedo decir en este momento –disculpen el ejemplo– a cuánto va a estar el tipo de cambio en junio del año que viene; no es posible. Pero si lo digo e insisto y muchas veces reitero que el tipo de cambio va a estar a tal nivel, en junio del año que viene, estoy contribuyendo a que lo esté. Eso es lo que quiero decir y me preocupa.

                Un gobierno tiene que preocuparse por las expectativas, porque, en términos políticos, tiene que buscar conductas coherentes con los  propósitos del Gobierno; obviamente que para eso está el Gobierno. Entonces, cuando se opera sobre las expectativas más allá de los lapsos cortos a los que nos referimos  recién, me preocupa. Es eso, no es una pelea, simplemente es una observación.

                Creo que debemos tener mucho cuidado. Estoy seguro que nadie quiere que al país le vaya mal. Ninguno de los analistas –propios o ajenos–, quiere eso, pero a veces hay que tener cuidado de no estar actuando, contradiciendo esa actitud. En segundo lugar, voy a insistir con los proyectos apoyados por la Comisión de aplicación de la ley de inversiones. Me pareció, me corregirá el Senador, que se estaba refiriendo al primer semestre del año; y yo estoy hablando de los primeros nueve meses del año, hasta  setiembre incluido.

Quiero insistir en que lo que más importa son los proyectos aprobados, esto es, aquello que se decidió estimular, los que se van a ejecutar y no los presentados. Y los que se van a ejecutar porque han sido estimulados en las definiciones que tomó la Comisión de aplicación son los cuatrocientos quince que señalé, además de los que se aprobaron en los primeros nueve meses del año pasado, lo que significa un aumento del 28% y, al mismo tiempo, un incremento de 15% en la inversión asociada.

Ahora, también tenemos una diferencia en cuanto a proyectos presentados en los primeros ocho meses del año, porque si bien disminuyeron respecto al mismo período del año pasado, la inversión asociada creció y llegó a USD 1.378:000.000, contra USD 1.050:000.000 de los ocho primeros meses del año anterior. Por lo tanto, quiero trasmitir la idea de que en materia de inversión estos números son muy buenos, porque los tenemos que analizar en el contexto de la realidad actual, nacional e internacional y no los podemos independizar. Y este país sigue invirtiendo.

El señor Senador Delgado mencionaba una encuesta de expectativas industriales en la que se plantea disminuir la inversión y, obviamente, ese es el resultado lógico al que debería llegarse. Está claro que si la economía se desacelera no se puede seguir invirtiendo igual que antes. Entonces, en la encuesta los industriales no contestan que no van a invertir sino que dicen que van a hacerlo menos y ese es el resultado esperable porque cuando se desacelera la economía la inversión disminuye. De todos modos, debemos intentar recuperar los niveles de inversión propias de años anteriores, y en eso estamos. Reitero que estamos ante un resultado totalmente normal y que sería sorprendente que el mismo hubiera sido inverso en épocas de desaceleración, es decir, de crecimiento inferior al de los últimos años.

En materia de tarifas, seguimos diciendo que son herramientas fundamentales de la política económica y que no tienen que responder a un solo factor sino a un conjunto complejo. En primer lugar, hay que tener en cuenta la situación de la empresa pública a la que pertenece la tarifa que estamos discutiendo pero, también, los efectos directos e indirectos que la misma genera sobre la sociedad en su conjunto. Nosotros tenemos empresas públicas para desempeñar determinados papeles, muy importantes en el escenario nacional. Tienen como finalidad lograr determinados fines que, en general, la sociedad uruguaya califica como estratégicos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la tarifa contemple la evolución de la situación de la empresa pero, también, en la medida en que es una carga para la población en su conjunto, hay que considerar su efecto fiscal e inflacionario en una economía que tiene presiones inflacionarias que combatir. Por lo tanto, al tomar una decisión de este tipo, hay que tener en cuenta ese conjunto de factores que mencionaba.

Sobre definiciones a corto plazo en materia de tarifas –creo que fueron indirectamente aludidas, al menos por parte del señor Senador Delgado–, aclaro que no estamos en condiciones de hacer ningún anuncio, pero cuando haya alguna definición oficial, la vamos a comunicar oportunamente, entre otros, al Parlamento.

SEÑOR DELGADO.- En primer lugar, quiero aclarar que el señor Ministro se refirió a mí como «señor Senador Alonso» y, en realidad, no tengo las características objetivas positivas que tiene la señora Senadora Alonso.

(Hilaridad).

SEÑOR MINISTRO.- No, pero también me referí a intervenciones de la señora Senadora Alonso que realizó al principio de esta sesión. ¡No confundamos las intervenciones! La que habló de los equilibrios macroeconómicos fue la señora Senadora Alonso.

SEÑOR DELGADO.- Lo segundo –fuera de la chanza–: es verdad, separé bien lo que son proyectos presentados y proyectos recomendados. Están bien separados, y la cantidad de proyectos presentados fue menor que el año pasado, por lo menos en la Comap. Además, obviamente hay algunas cifras que no me coinciden con las suyas, señor Ministro –ambos tendremos que chequearlas–, pero yo tengo ese dato.

(Ocupa la presidencia el señor José Carlos Cardoso).

                –También dije dos datos más. Hablé de la Encuesta de Expectativas Industriales que, en realidad, voy a leer de nuevo. Dice: «Empresas industriales prevén invertir un 27% menos el próximo año debido a la incertidumbre sobre la política económica actual del gobierno». No lo inventó un informe de la Cámara de Industrias; termina transcribiendo opiniones de los industriales en el país que generan empleo.

                Hablé de dos parámetros más, además del contexto internacional. El de las exportaciones –de las cuales el señor Ministro todavía no habló– está vinculado a que en setiembre cayeron 7,76 y acumulan una baja de 15,93 en nueve meses. Esto ocurre en las exportaciones y también tiene que ver con su monto, no solo con la solicitud de exportación. ¿Por qué digo esto? No es lindo decirlo, ¡es realista! Nada más. Yo no me peleo con la realidad; la asumo. Trato de ser concordante entre una realidad y después una presentación del presupuesto deficitario en sus niveles que, a mi entender, fue excesivamente optimista. Eso es lo que quería decir.

                Por último, con respecto al tema de las tarifas públicas, obviamente que esperábamos una definición sobre cuál va a ser la política. Hoy empezamos a conocer una, que es una rebaja del 2,3% de los combustibles cuando, en realidad, hay margen –el señor Ministro sabe que hay margen– para una rebaja mayor, no cambiando la paramétrica sino utilizando la misma, pero además con un incremento impositivo. El señor Ministro sabe que en enero de este año hubo un incremento del Imesi, por encima del IPC que era lo habitual, del     4,75%. Aspirábamos a que, por lo menos, se volviera a la carga habitual del Imesi en los combustibles y, obviamente, fracasamos con total éxito.

                Gracias.

SEÑOR MINISTRO.- Más que aclaraciones son insistencias en las mismas cosas que hemos dicho unos y otros.

                Nuestras cifras están chequeadas, señor Presidente. Las ponemos a la orden del señor Senador Delgado para que vea la posibilidad de encontrar dónde está el origen de las diferencias. Y vuelvo a insistir: en ningún momento, ni por presentados ni por apoyados, hay una disminución de la inversión en el país. Hay aumento de la inversión, nos guste o no; a nosotros nos gusta mucho.

                En segundo lugar, quiero señalar, respecto a estos temas que tocaba el señor Senador Delgado, que no hemos venido aquí a hacer anuncios en materia de tarifas públicas. No es el lugar para hacerlo y, además, no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Cuando la tomemos, será comunicada en tiempo y forma donde debe hacerse.

                Finalmente, no hablé de las exportaciones porque no tuve tiempo; me interrumpió antes de que terminara y quise conceder la intervención.

                Estoy seguro, porque lo tengo anotado, de que yo hablé del índice de volumen físico de las exportaciones y de que el señor Senador Delgado contestó que él iba a usar términos reales. Esa es la palabra que tengo anotada. Bueno, quiero decir, señor Presidente, que no hay término más real que el índice de volumen físico. No hay ninguno más real que ese, porque todo lo demás está afectado por políticas monetarias o por políticas cambiarias. El único medidor real de una variable económica es el físico. Y yo planteé el índice de volumen físico de las exportaciones, que en ningún momento cayeron –¡en ningún momento!–, sí están desaceleradas. Esta es la situación que una vez más hemos planteado para la economía en su conjunto: si la producción se desacelera las exportaciones también, tal como lo muestra la gráfica, que los señores Senadores pueden ver en la exposición de motivos. Dicho sea de paso, allí aparece el punto 6, que sugiero examinar porque está totalmente dedicado a infraestructura y  se  explica con lujo de detalles el programa  de infraestructura que fue abordado por varios señores Senadores en la mañana de hoy.

SEÑOR DELGADO.- No lo comparto.

SEÑOR MINISTRO.- Vamos a contestar ahora las preguntas del señor Senador Amorín. La primera refería al hecho de que la realidad empeoró mucho después de que fijamos nuestra primera definición de metas y él mencionaba seis meses.

                No fue así. La verdad es que las metas que presentamos las empezamos a elaborar hace tres meses y naturalmente venimos siguiendo paso a paso lo que se podría llamar «el deterioro de la situación internacional». Al respecto hemos hecho alguna corrección.

                De todas maneras confiamos mucho en las cifras de inversión el país      –vuelvo a mencionar el tema–, porque aunque son inferiores al ritmo que venían teniendo antes, son muy buenas para fundamentar algo que para nosotros es muy importante: que Uruguay siga creciendo aun en esta situación difícil. Una de las cosas que logró el país –cuando digo lo logró el país, digo lo lograron todos los uruguayos– es diferenciarse, que no es lo mismo que diversificarse. El país se diversificó en productos, en mercados –todavía está muy concentrado–, pero era impensable hasta hace poco tiempo que Uruguay vendiera bienes y servicios entre 170 y 180 mercados del mundo, como lo está haciendo hoy. Reitero, el grado de concentración es alto, pero Uruguay tiene opciones de diversificación que son muy importantes.

                Además, como dije, se diferenció. Hoy Uruguay es percibido con miradas diferentes a cómo son percibidas las otras economías de la región y eso el Uruguay lo tiene que cuidar como uno de sus principales capitales intangibles. Es lo que nos lleva al grado de inversor, lo que nos lleva a pagar la menor tasa de interés a escala mundial cuando se emite una deuda, es lo que nos permite tener la solidez financiera que tenemos hoy.

Esa diferenciación tiene mucho que ver con la inversión. Hay firmas del exterior que ya están anunciando inversiones muy importantes en el país, tanto en el terreno de los bienes como en el de los servicios –los señores Senadores lo habrán visto– y esto significa trabajo para los uruguayos, es crecimiento, son mayores ingresos y, por lo tanto, un fundamento genuino para las metas que hemos mantenido al cabo de estos tres meses de análisis que recién mencionaba.

El señor Senador Amorín también preguntaba acerca del monto total de las contribuciones de las empresas públicas. Solicito entonces licencia para nuestro jefe de la Asesoría Macroeconómica y Financiera, Andrés Masoller, pueda intervenir al respecto.

(Ocupa la presidencia la señora Senadora Payssé).

SEÑOR MASOLLER.- Retomo una pregunta que previamente realizaba el señor Senador Amorín respecto  a si se habían modificado las proyecciones de crecimiento en base a la luz de los hechos recientes.  Entendemos que el crecimiento del producto y la proyección que hacemos es un insumo fundamental para el presupuesto y está atada a lo que es la proyección de largo plazo de la economía uruguaya. Nosotros no podemos alterar proyecciones basadas en fundamentos macroeconómicos y en la solidez de la situación económica, en base a datos puntuales que puedan salir de un momento a otro. Así como en el pasado había resultados positivos que podían ser puntuales, pero tampoco nos llevaban a ajustar las proyecciones automáticamente, lo mismo estamos haciendo en este escenario. Uruguay es de los países que más se ha diferenciado en la región y –como bien decía el señor Ministro– esa es una percepción compartida no solo por los analistas privados sino también por organismos internacionales y tan variados que van desde la Cepal hasta el Fondo Monetario Internacional. De hecho, si pensamos en el Fondo Monetario Internacional, entre todos los países de la región, Uruguay es de los que menos ha ajustado sus proyecciones a la baja. Si uno compara lo que este fondo preveía en el año 2012 y lo que prevé ahora, verá que Uruguay aparece posicionado como uno de los países que menos ajustó el crecimiento a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que se confía en los fundamentos de la economía para crecer en el largo plazo, a pesar de que en el muy corto plazo puede haber algún dato negativo, alguna caída de exportación, etcétera. En realidad, para hacer proyecciones hay que ver cuáles son los fundamentos de la economía y no hay nada que nos haga pensar que cambiaron los fundamentos de la economía uruguaya en estos meses. Ahí también hay que tener en cuenta la opinión de los analistas –como bien planteaba el señor Ministro–, pero eso no quiere decir que el gobierno vaya a modificar sus proyecciones y su política económica en base a opiniones de analistas, aunque sean genuinas y muy bienvenidas. La política económica se define en función de lo que el Gobierno cree que espera para la economía y así actúa.

                No olvidemos, por ejemplo, los años 2008 y 2009 –en plena crisis internacional– cuando se dio la caída de Lehman Brothers. En ese escenario, muchos analistas dijeron que la economía iba a entrar en recesión, que Uruguay ingresaba en una senda de no crecimiento, de estancamiento económico, que estábamos colgados de un pincel, etcétera. Esas eran las opiniones de muchos analistas que hoy están haciendo algunas afirmaciones.

                Por lo tanto, si nos hubiéramos guiado por esas opiniones, habríamos tenido una política totalmente diferente que hubiera sido inconsistente con el fundamento económico y con lo que fue efectivamente el crecimiento de la economía. Estamos hablando de un crecimiento que, en promedio, es del 2,7%; sin duda, es razonable para la economía uruguaya, está asociado al crecimiento de los fundamentos de la inversión y, por lo tanto, no vemos elementos para modificarlo y menos aún en tan corto plazo. Por ejemplo, podríamos esperar un año y ver qué pasa; si hay cambios de fondo en la estructura productiva del país, seguramente habrá que evaluar nuevamente las expectativas.

                La segunda pregunta que hacía el señor Senador Amorín se refería a las empresas públicas. Aclaro que no estamos pidiendo que las empresas públicas hagan más transferencias a Rentas Generales sino que mejoren su resultado, que es la contribución que hacen al resultado fiscal global. Hay empresas públicas que son deficitarias, que han hecho muy importantes esfuerzos de inversiones o que han deteriorado su resultado operativo, por lo que estamos comprometiendo acuerdos en base a compromisos de gestión con cada una de ellas, a fin de conseguir una mejora gradual en esos resultados. Eso es lo que va a contribuir a mejorar el resultado fiscal y también a financiar la parte de los recursos que se están volcando en este presupuesto.

                Por lo tanto, no se trata de que se les vaya a extraer recursos por una mayor transferencia de las empresas a Rentas Generales, sino de que se obtenga un resultado fiscal que contribuya al resultado fiscal global de las empresas públicas. Eso sí es del orden del 1% del PIB en cinco años, que es lo que se ha presentado como el objetivo, el compromiso que han asumido las empresas.

SEÑOR AMORÍN.- Quisiera pedir una aclaración porque se trata de un tema que a veces me resulta complejo.  

                De la exposición del señor Ministro entendí que el aumento de la contribución de las empresas públicas –no su contribución– iba a ser del entorno del 1% y la contribución total sería de alrededor del 3,3%. Lo que pido –para ver si se entiende mi pregunta pues creo que no fui claro–, es cuantificar cuánto va a ser la contribución total de las empresas públicas a Rentas Generales en el último año del Presupuesto. Esa es la pregunta.

SEÑOR MASOLLER.- Lo que entendemos por contribución de las empresas públicas no tiene que ver, exclusivamente, con las transferencias que estas hacen a Rentas Generales. Hay otras contribuciones –que son el pago de impuestos y el resultado que, efectivamente, tienen las empresas– que también aportan al resultado fiscal. El conjunto de esos elementos es lo que estamos proponiendo que mejore un 1% del PIB, que implica unos USD 600:000.000. Esa contribución, por lo tanto, pasaría del 2,3% del PIB en el 2014 al 3,3% del PIB en el 2019.

                Buena parte de esa mejor contribución al resultado fiscal se va a dar por la mejora del resultado de la empresa, no porque esta haga más transferencias o pague más impuestos a Rentas Generales sino, simplemente, porque se reduzca el nivel de inversiones o mejore el resultado operativo. Esos son los dos componentes que hacen mejorar el resultado de cada una de las empresas. Nos estamos refiriendo al resultado «caja», que es el que «pega» en el resultado fiscal; eso es lo que llamamos mejora de contribución de las empresas públicas a la situación fiscal y a las cuentas públicas globalmente. No sé si ahora he sido claro en el concepto.

SEÑOR AMORÍN.- Sí. Gracias.

SEÑOR MINISTRO.- A los efectos de agregar un punto más para aclarar el tema y apoyando todo lo que señalaba el economista Masoller, quiero decir que, en definitiva, en el resultado fiscal consolidado de todo el país –Gobierno, Gobiernos Departamentales, empresas públicas y Banco Central del Uruguay–, las empresas públicas participan con el saldo fiscal que tienen. Entonces, es ese saldo fiscal que tienen –que no es lo mismo que las transferencias que realizan– el aporte que les estamos pidiendo. Justamente, estamos pidiendo que esa mejora mencionada en la pregunta se refleje en el saldo fiscal, que hoy puede ser inferior al que estamos pidiendo o, incluso, negativo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la concurrencia del equipo económico en el día de hoy para dar comienzo al análisis del Presupuesto y, seguramente, tendremos oportunidad de volvernos a ver.

                Se levanta la sesión.

(Son las 14:03).

 

 

 

 

 

 

 

               

Presentación del Ministerio de Economía y Finanzas- INFORME DEL EQUIPO ECONÓMICO./a>