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Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:04).

                –Hoy tendremos el gusto de recibir al señor Ignacio Otegui y al doctor Ignacio Castiglioni, autoridades de la Cámara de la Construcción del Uruguay para tratar el proyecto sobre el trabajo de peones prácticos y obreros no especializados que estamos tratando en esta Comisión.

                Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Carpeta Nº 350/2015. Ley Nº 16.241, de 9 de enero de 1992. Directores del Banco de Previsión Social, elecciones de representantes de los afiliados activos, pasivos y empresas contribuyentes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

                Solicitud de audiencia del Colegio de Enfermeras del Uruguay, con el fin de considerar la regulación del trabajo de enfermería en el marco del proyecto de presupuesto y el nuevo Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

                Invitación al 90º Aniversario de la Ley de creación del Instituto de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, el día 5 de octubre a la hora 18.00, donde se realizará una Conferencia sobre “La gestión tripartita de los organismos de Seguridad Social”.

                Solicitud de audiencia del señor Luis Lisboa, quien aspira a ser candidato a representante social en representación de los afiliados activos y considera de importancia contar con la posibilidad de participar y realizar aportes sobre el proyecto de ley en discusión de Elecciones de Directores del Banco de Previsión Social».

–Como la Comisión recordará, el primer asunto entrado está relacionado con la modificación de la elección del representante social y de los trabajadores, proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Sobre ello quisiera comentar que en la primera reunión que se mantuvo con todo el equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se hizo referencia a este proyecto de ley, el cual necesita ser aprobado en determinado lapso porque se precisa comenzar con determinadas acciones por parte del Banco de Previsión Social –como ser la preparación del padrón de las elecciones, etcétera– con un tiempo suficiente para su concreción.

                Luego de mantener conversaciones con el señor Ministro y habiendo recibido el proyecto de ley, planteo a la Comisión si sería posible comenzar a trabajar sobre el tema. Se trata de un proyecto de ley que ha sido acordado con todas las organizaciones, o sea que tiene un visto favorable de todas las partes.

Si les parece bien, lo pondríamos como primer punto del Orden del Día de la próxima reunión para comenzar su tratamiento. A su vez, a través de la Secretaría le haremos llegar algunas propuestas de modificación –algunas son simplemente de redacción y no de contenidos– que nos han hecho llegar. Por tanto, si es posible trataríamos de resolver este tema con los tiempos suficientes como para que el Banco de Previsión Social pueda hacer su trabajo. Reitero, este proyecto de ley cuenta con la aprobación de todas las organizaciones sociales.

El otro tema que quiero plantear tiene que ver con las solicitudes de audiencias. En el día de hoy hemos tenido un cambio de criterio porque fuimos nosotros quienes habíamos interrumpido la audiencia solicitada por la Cámara de la Construcción del Uruguay porque iba a ser fuera de fecha. También tenemos que fijar la audiencia solicitada por las enfermeras. Recuerdo a la Comisión que el criterio fijado era que no se iban a realizar entrevistas individuales. Por lo tanto, si hay acuerdo por parte de la Comisión, estos serían los últimos planteos individuales que recibimos. Incluso, en este caso es para una elección de un cargo.

Por último, estuvimos en contacto con el señor Ministro para arreglar su comparecencia a esta Comisión tal como se había solicitado por parte del Senador Delgado y acordado con los demás integrantes. La fecha sugerida es el 8 –el señor Ministro estaba comprometido para el día de hoy–, pero deberíamos cambiar el horario en que se reúne esta Comisión.

SEÑOR DELGADO.- Comparto las apreciaciones de la señora Presidenta.

                El proyecto de ley de elecciones del Banco de Previsión Social, tal como bien dijo el señor Ministro, es una prioridad y nosotros tomamos contacto ahora con el articulado por lo que vamos a estudiarlo con asesores y plantearlo en la Bancada del Partido Nacional. Este es un tema absolutamente sensible donde además se ponen algunos condicionamientos para poder ser, sobre todo, elegible. Entonces, antes de ser votado en la Comisión será analizado por la Bancada de Senadores del Partido Nacional.

                Con respecto a las solicitudes de audiencia individuales, comparto el criterio que sostiene la Comisión en el sentido de que debería ser genérico y único para todo el Período y todos los casos aunque, sin duda, cada señor Senador después puede recibir a quien quiera en forma individual.

                Por otro lado, es de justicia hacer referencia a una gestión de intermediación que realizaron la Presidenta de la Comisión y el Presidente de la Comisión de Salud Pública, la señora Senadora Passada y el señor Senador Carámbula, para formar una mesa de diálogo, a raíz de un planteo del Sindicato Médico del Uruguay y las autoridades de ASSE. Por lo que tenemos entendido se empezó a procesar un ámbito de discusión para tratar ciertos aspectos por caminos que estaban cortados. Quería dejar constancia del beneplácito de todos los integrantes de esta Comisión por la actuación de nuestra Presidenta y del señor Senador Carámbula.

(Apoyados).

SEÑOR CARÁMBULA.- En primer lugar, quiero agradecer la mención que hace el señor Senador Delgado y señalar que se inicia un camino largo pero la mesa de diálogo que fue votada por esta Comisión, fue auspiciosa.

Con respecto a la solicitud de audiencia del Colegio de Enfermeras del Uruguay, que figura en los asuntos entrados, quería señalar que también serán recibidos el próximo martes por la Comisión de Salud Pública. En este sentido, la Comisión de Salud Pública puede adoptar el criterio de invitar a los integrantes de esta Comisión –no sabíamos que también habían solicitado audiencia en esta Comisión– para poder participar conjuntamente y hacer una sola convocatoria.

SEÑORA PRESIDENTA.- Me parece correcto el procedimiento. Por lo tanto, retiramos esta solicitud de audiencia de los asuntos entrados a los efectos de que los integrantes de esta Comisión concurran en forma simultánea a la Comisión de Salud Pública para atender el mismo tema que nos planteaba esta organización. Entonces, voy a entregar a Secretaría la fundamentación de la propuesta y modificaciones de la ley que envía el Poder Ejecutivo como un insumo para todos los colegas de la Comisión.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

Corresponde hacer pasar a los invitados.

(Ingresan a sala autoridades de la Cámara de la Construcción del Uruguay).

–La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene el agrado de recibir al Presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, señor Ignacio Otegui y al doctor Ignacio Castiglioni.

                Les hemos hecho llegar una propuesta de modificación al proyecto de ley que refiere al trabajo de peones prácticos y obreros no especializados. Esta iniciativa fue abordada y trabajada con buen criterio en la Legislatura anterior y por ello nos interesa contar con vuestra opinión en este momento en que la estamos discutiendo.

SEÑOR OTEGUI.- Buenas tardes y gracias por recibirnos.

                En el análisis de esta iniciativa demoramos un tiempo más del que hubiésemos querido y la explicación es la siguiente.

Nuestra primera reacción fue no estar de acuerdo con el proyecto de ley porque consideramos que los ascensos o los cambios de categoría en una industria no pueden ser decretados o legislados. Esa, por lo menos, es nuestra opinión. No obstante, en lugar de ponernos en contra y que luego se aprobara cualquier proyecto de ley, nos pareció más razonable trabajarlo y discutirlo mucho internamente. Se debatió a nivel del Consejo de la Cámara de la Construcción del Uruguay y luego con el cuerpo de asesores laborales de muchas de las empresas socias. En función de ello, les vamos a dejar cierto material –incluso creo que ya fueron enviadas por email– que contiene nuestras consideraciones sobre algunos de los artículos que pensamos se pueden mejorar a los efectos de optimizar un mecanismo que, en definitiva, va a sufrir cambios como consecuencia de las modificaciones a la ley existente.

                En términos generales, y desde el punto de vista del concepto, estamos de acuerdo con las modificaciones formuladas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las que nos resultan compartibles y razonables.

En el artículo 1º se dice: «A los efectos de la presente ley los peones prácticos y/o obreros no especializados cuando hayan permanecido durante un período ininterrumpido de trabajo de seis meses dejarán de ser tales y pasarán a integrar la nómina de trabajadores calificados». A su vez, en las modificaciones del Ministerio se habla de «cumplido ciento cincuenta jornadas de trabajo» y no de seis meses. En general, el personal jornalero se maneja con jornales efectivamente trabajados. Nos parece razonable ese criterio de evaluación propuesto pero, más allá de que somos partidarios de ciento ochenta jornales, damos nuestra opinión pero no tomamos la decisión.

                En todo caso, entendemos conveniente aclarar en el proyecto de ley que el peón práctico no es calificado. Si bien existen mecanismos para calificar a la gente, nos gustaría que se aclarara que debe referirse a la categoría inmediata superior. Digo esto, porque establecer «pasar a ser calificado» puede relacionarse con cualquier categoría y, en realidad, los ascensos siempre se dan al escalón inmediato superior. Parecería razonable tomar ese criterio.

                Este sistema previsto en la ley y que se aplica en toda la República ha generado una enorme expectativa pero con resultados magros. De acuerdo con los datos relevados de Montevideo que nos hizo llegar la Comisión que administra el tema –no así del resto del país, por lo menos hasta ayer, que fue el día que pregunté–, se anotaron 27.000 personas; se convocaron a 4.000 y realmente trabajaron menos de 2.000. O sea que la expectativa es mucho mayor en la población que necesita trabajo que en lo que finalmente se puede concretar.

                De acuerdo a la evaluación que nosotros hacemos de todo este período nos surge que, a veces, esto genera frustraciones. El escenario en el que se encuentra la industria posee niveles de actividad más bajos que los que teníamos hace dos años –esto es público y notorio– y nos preocupa seguir generando en todo el país una expectativa que después no se pueda cumplir en la forma que la gente aspira.

SEÑOR DELGADO.- Una de las preguntas que iba a formular una vez que terminara su exposición era, justamente, si están haciendo una evaluación del impacto y de los resultados de la Ley Nº 18.516. Me adelanté a consultarlo sobre este punto porque advertí que entró directamente al tema y quería estar seguro.

SEÑOR OTEGUI.- Sí, nosotros integramos la Comisión y tenemos representación en el interior. Una vez que la ley se aprobó hay que cumplirla, me guste o no. No existe otra alternativa. La idea es sacar de la experiencia vivida qué cosas se pueden corregir y pueden ayudar a evitar frustraciones. La frustración no es culpa del empresario, de si hay o no obra pública ni de la gente; el sistema genera una expectativa y debemos procurar que ella se concrete. Digo esto a modo de aclaración para ingresar en el próximo tema del artículo 2º.

                Una vez vencido ese plazo que nosotros proponemos de ciento ochenta jornales y el Ministerio dice ciento cincuenta jornales efectivamente trabajados, se podría llegar a un sistema por el cual  la gente acceda y ascienda al escalón inmediato superior. Obviamente que deben haber pasado el período de prueba de cuarenta y cinco días. Nuestra industria tiene un régimen particular en materia de período de prueba, que no es el habitual en toda la estructura del Uruguay, sino que, fruto del acuerdo de todas la gremiales, se fijó en cuarenta y cinco días. Tenemos la convicción de que cuando no se puede evaluar a un trabajador en cuarenta y cinco días, el problema no es el trabajador sino la estructura de la propia empresa. ¿De qué sirve tener un período de prueba extenso cuando con cuarenta y cinco jornadas efectivamente trabajadas nos alcanza?

                Superado ese período de prueba y antes de los ciento cincuenta o ciento ochenta días, creemos que el trabajador debe recibir su calificación, que se hace en dos etapas. La primera de ellas tiene lugar previo al ingreso de obras. Aclaro que las obras no son algo sencillo sino una actividad de riesgo; siempre lo han sido y no van a dejar de serlo.

Por lo tanto, se deben garantizar mecanismos de calificación a los que potencialmente pueden ingresar a la obra y generar mecanismos de calificación o capacitación pasados los 45 días para todas las personas que, llegado el momento, estén en condiciones de recibir eventualmente el ascenso.

                Tenemos un fondo de capacitación, el Focap  –esto lo incluimos en el proyecto de ley–, para obreros y empresarios de la construcción. Este año se está por aprobar –precisamente esta semana– un proyecto con la Inefop, donde una parte importante de la capacitación está financiada por nosotros.

                El Focap es una entidad manejada por una directiva que tiene representación de trabajadores y de empresarios, por partes iguales, y funciona, como todos nuestros fondos, por consenso. Si no hay acuerdo de las partes, lo cerramos. El acuerdo de partes, entonces, obliga a trabajar los temas y a tratar de acordarlos.

                Para este año –si mal no recuerdo– tenemos previsto de aquí al invierno que viene, capacitar  a alrededor de 3.800 personas en todo el país. Se trata de obreros que ya están dentro de las obras y lo único que se les requiere es que sean aportantes a los fondos –son aportes voluntarios–; no es necesario que la empresa sea socia de la Cámara, ni que el trabajador esté asociado al Sunca. Es un instrumento que llega a todo obrero que aporte a los fondos.

                Hasta el momento todos los fondos funcionan de la misma manera y a las dos partes nos parece que funcionan bien, que le da libertad a la gente para que resuelva y a las empresas para determinar si quieren afiliarse o no. No podemos contar con mecanismos para captar afiliados al sindicato o a las Cámaras, poniendo la zanahoria de que si la empresa no está afiliada el obrero no se puede capacitar. No tiene mucho sentido.

SEÑOR OTHEGUY.- ¿Cuántos aportantes tiene el fondo?

SEÑOR OTEGUI.- De acuerdo a la última información que tenemos, el 92% de los obreros de la construcción aportan voluntariamente a los fondos. Estamos hablando que si hay 56.000 trabajadores en obra, aproximadamente entre el    90% y 92% harían los aportes –esta información la recibimos mensualmente–, lo que resulta ser un porcentaje elevado.

                También es cierto, como saben los señores Senadores –aunque este no es el motivo del proyecto de ley– que todos los años se entregan entre 30.000 y 33.000 mochilas para los hijos de nuestros trabajadores que se encuentren en educación prescolar, primaria y secundaria. El criterio es el mismo. Todos los años se entregan 33.000 mochilas con todo, la túnica, la moña, la tabla de dibujo, etcétera,  y lo único que se requiere es lo que mencioné anteriormente.

                Además, tenemos becas para los hijos de nuestros trabajadores que van a la Universidad de la República. En ese caso, se hace un seguimiento de la escolaridad y de la asistencia del estudiante. Todo ese seguimiento lo hacen los fondos y, además, los gurises reciben $ 2.000 por mes, porque es la forma de apoyar a la familia, más allá de ayudar al chiquilín. De esto podría hablar un rato porque hay una diversidad de aspectos, pero conceptualmente es eso lo que quiero transmitir. Cuando la gente ve el resultado, la gente aporta. Si la gente no viera el resultado, se borra y no tenemos duda de ello. Puedo decir más: las que presionan más son las familias, porque son mucho más los beneficios que ellas reciben que el propio trabajador. Esta fue una decisión que en su momento todos tomamos, los trabajadores y nosotros. Sucede que el trabajador y el sindicato pelean por las condiciones de trabajo y los salarios       –entre nosotros nos hemos peleado de todas las formas, habidas y por haber–, pero apoyar a la familia es algo importante, teniendo en cuenta el concepto que tiene la industria de sí misma y de cómo tiene que desarrollarse la familia de los trabajadores, porque no alcanza con un buen sueldo o un seguimiento de la persona, conviene amplificar eso y que la familia reciba beneficios. Debe haber 3.000 gurises en todo el país que reciben totalmente gratis clases de inglés y computación, es decir  a cargo de los fondos. Los fondos son muy potentes. Además, por supuesto, tienen auditorías externas porque cuando el dinero proviene de terceros, más vale controlar. 

                Volviendo al tema, el Focap fue autorizado hace dos o tres días por el Ministerio de Educación y Cultura como instituto de formación o de capacitación, en lo cual veníamos trabajando porque, más allá de que nos apoyamos mucho en la UTU, eso nos permite generar nuestro propio músculo para capacitar. Aspiramos a que de 3.500 o 3.800 pasemos a 4.000 o 5.000, o a los que sea necesario para la industria, que tiene incorporación de tecnología en forma continua y lo que hay que hacer es que ese conocimiento se desparrame, porque si no, queda solamente en la cabeza de la empresa o en los profesionales, y nosotros necesitamos que los trabajadores también lo reciban. En este caso estamos sugiriendo un curso previo y uno después de que estén dentro –acá se explican las condiciones–, dictado por el Focap y financiado por el Inefop. Ya tenemos los programas –en definitiva, no va a ser ninguna novedad–, y les aclaro que para algunos de los temas –aunque no de esta ley en particular– el director del Inefop termina de aprobar el mecanismo de compartir el financiamiento y está convencido de que lo que hay que hacer es expandir esas posibilidades de capacitación en toda la república, apoyado también en el Focap. Como esto trata de obra pública –en sus diversas expresiones, no solo las obras que hacen las empresas–, sería bueno que las que hacen directamente las intendencias –supongo que por la forma de redactarlo así se hará– entraran en el mismo régimen, porque de esa nos vamos a liberar de muchos problemas. Además, más allá de que se democratiza el acceso al trabajo, creo que es mucho más sano para ellos mismos, porque las presiones para poner al correligionario, al amigo, al amigo del amigo desaparecen por el sistema. Y habida cuenta de que puede haber mucha gente que no tenga capacidad física como para poder trabajar en la industria, tratar de generar mecanismos de capacitación en otras áreas que no estén vinculadas directamente con la industria, evaluando entre quienes se hayan inscripto. En Montevideo es más fácil, pero imagino que en el interior del país no hay disponibilidad ni variedad de cursos; los vinculados con la industria sí porque estamos nosotros pero en otros temas no hay. Sé que ahora se firmó un convenio relacionado con el turismo –lo que me parece muy bueno– pero hay otras áreas que podemos llegar a potenciar, como por ejemplo, todo lo vinculado con los servicios, la agricultura, el comercio y demás. Imaginen que si en Montevideo se inscribieron cerca de 30.000 –no recuerdo el número exacto–, de los cuales se evaluaron 4.000 y entraron 2.000, ahí hay un gran potencial humano que si se puede calificar con otro destino, sería conveniente aprovechar la volada y hacerlo. Lo que establecemos acá es que eso se maneje de común acuerdo entre el Sunca y la Cámara de la Construcción del Uruguay que, en definitiva, son las dos asociaciones civiles involucradas en el tema, ya sea en representación de las empresas o de los trabajadores. Por supuesto, pretendemos que cuando llegue el momento se evalúe la situación de la obra, y si hay medio oficiales, no es cuestión de despedirlos porque eso no tendría mucho sentido.

Entonces, hay una serie de cosas que apuntan a que la empresa tenga la obligación de empezar a dar; que empiece por la gente más apta o por la que tiene mejor cumplimiento y, en definitiva, lo vayan evaluando y viendo sobre la marcha. Así lo expresamos nosotros porque nos pareció más razonable que hacerlo en forma automática para todo el mundo, porque todas las obras se hacen también con peones.

                Por otra parte, planteamos que exista una coordinación entre el Focap y el Inefop también con el Sunca y la cámara, para poder plasmar con responsabilidad y poner los instrumentos de capacitación a disposición de los lugares donde se hagan los sorteos, porque si no está la capacitación, todo esto se cae o, por lo menos, no funciona bien. Y en eso estamos: dispuestos a asumir el desafío y a que eso se organice y funcione bien.

La industria tiene la capacidad de hacerlo. A veces lo trasmitimos poco, pero, en definitiva, la industria tiene la capacidad de asumir estos desafíos.

SEÑOR CASTIGLIONI.- No hay mucho más para agregar a lo dicho y razonado con respecto a esta sugerencia, pero sí deseo destacar la idea de utilizar ese mecanismo como forma de método de reconversión laboral. La industria de la construcción tiene la particularidad de que en esa categoría puntual recoge mucho personal que no es nato de la industria. Entonces, el mecanismo de Focap e Inefop como reconversión está dentro de la naturaleza y del espíritu del Inefop. También es necesario utilizar un elemento de información continua para nutrir el mecanismo de Dinae y de Dinacoin, que son las direcciones pertinentes para ello.

                Por último, quiero decir que los criterios que utilizamos y puntuamos son tradicionales. No hablamos ni sugerimos más de lo que cotidianamente se desarrolla: si hay personal en seguro de paro, se busca que tenga prioridad       –como la propia ley determina– o constatar si existen trabajadores permanentes en la misma categoría. En definitiva, tratamos de hacer una propuesta que cuadre dentro de lo que es el trabajo cotidiano y de lo que es la dinámica diaria de las relaciones laborales en la industria de la construcción.

Ese fue y es el espíritu de la sugerencia, por lo que no hay nada más para aclarar por parte nuestra.

SEÑORA PRESIDENTA.- En la sugerencia se encuentran detallados los criterios para acceder a los cursos. Quisiera saber si esos criterios están y son tratados con el Inefop –que es parte de la discusión que está hoy sobre la mesa– en el paquete presentado en la negociación colectiva.

SEÑOR OTEGUI.- Con respecto a la negociación colectiva, lo que hemos hecho es crear los fondos, hacer los acuerdos políticos e integrarlos a los convenios. Eso lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Cada fondo –son cuatro– tiene una directiva e independencia siempre sujeta a los mandantes; acá no hay distraídos sueltos. Los cuatro o cinco trabajadores que representan al Sunca son los responsables de los acuerdos y de cómo se manejan. Lo mismo pasa de nuestro lado. De lo contrario, esto sería muy difícil de manejar.

                En conversación con la contadora que está al frente del Fondo de Cesantía y Retiro, llegamos a la conclusión de que los fondos tienen gran potencia. Por ejemplo: el Fondo de Cesantía y Retiro cuenta con 110.000 cuentas de trabajadores, en una industria que viene bajando y que en este momento es soporte para mucha gente. Muchas personas han logrado ahorrar y como están en seguro de paro, fueron despedidos o tienen un problema de enfermedad, pueden acceder a ese dinero, que es de ellos porque está en la cuenta. Algunas personas –que son las que tienen más disciplina– han ahorrado $ 30.000, $ 40.000, $ 50.000.

Administrar 110.000 cuentas personales no es un tema sencillo. Por suerte, para no preocuparnos, la totalidad del dinero está en el Banco de la República. Actualmente tenemos administrados en forma conjunta                      $ 1.500:000.000 de nuestros trabajadores. La parte cotidiana se maneja de otra forma.

                No sé si estoy dando respuesta a la pregunta que me ha formulada la señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- No, aunque la información me viene bien.

                En realidad, me refiero al punto que estamos analizando que tiene que ver con la Sugerencia 2º, que refiere a las exigencias para poder acceder al curso como, por ejemplo, que se haya superado el período de prueba de 45 jornadas de trabajo efectivo y previo al cumplimiento de 180 jornales.

SEÑOR OTEGUI.- Eso no está dirigido al curso sino al trabajador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Eso lo tengo claro. ¿La propuesta es que la formación profesional quede establecida  por ley o que sea parte de la negociación colectiva?

 SEÑOR OTEGUI.- Para nosotros una ley que obliga a cumplir una serie de procedimientos, entre ellos el ascenso o el ingreso de personal a obra, debería prever que la capacitación sea un elemento necesario para poder transitar ese camino. Si no lo hago así me voy a quedar con la responsabilidad como empresa, y el sindicato con la responsabilidad del trabajador, de que alguien que no quiere hacer un curso tiene derecho a entrar. No es un filtro, es simplemente cumplir con lo establecido, porque el Decreto Nº 251, entre otras cosas, establece la obligación. Entonces, parece razonable decir «hágase esto». Insisto, no es un filtro.

                Otro comentario: aprovecho para aclarar que hoy en la industria tenemos 19.000 trabajadores menos que en el momento pico. Como dice el señor Ministro Murro «No lo repita más así porque para ustedes hubo un momento pico; no se comparen siempre con el momento pico». Y es cierto, en términos históricos Montes del Plata estableció el momento pico. Hoy nos está pasando que hay muchos trabajadores que aportaron a los fondos, no encuentran trabajo en nuestra industria y buscan otro tipo de curso para ver si pueden enganchar, aunque sea transitoriamente, en otra actividad. Entonces, por primera vez estamos evaluando con el Sunca la posibilidad de generar otro tipo de capacitación para nuestra gente, a la que  hoy no le podemos dar trabajo. Es el peor negocio para nosotros. Una industria lo que quiere es dar trabajo, si no podemos hacerlo tenemos que tratar de generar las herramientas para que el hombre o la mujer se desenvuelvan aunque sea transitoriamente en otra actividad, y no tiene por qué conocerla. Son parte de los desafíos que estamos trabajando. ¿Por qué ponerlo acá?  Porque nos parece razonable que estemos obligados a hacer ese tránsito de capacitación y compartir el peso con el Inefop ya que es un instrumento que existe. También nos parece razonable asumir un nuevo escenario como derecho que, en definitiva, se le otorga al trabajador y tener el respaldo de la capacitación. Para nosotros el elemento de capacitación es central y a veces nos lleva mucho tiempo y trabajo acordar con el Sunca. Terminamos de acordar con la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social y con el Sunca que vamos a impartir cursos de seguridad e higiene. Créanme que acordar la forma dar los cursos no es tarea simple, pero se logró. Para el próximo año tenemos previsto capacitar, por lo menos, a mil trabajadores. Pueden estar tranquilos de que podremos discutir, pero no vamos a hipotecar lo construido y lo hecho porque no tiene sentido tirar por la borda lo que se ha construido. No es sencillo acordar y construir cosas; seguramente los señores Senadores lo tienen más claro que yo. Cuando empiezan los momentos de fricción y conflicto a veces se presenta la tentación de tirar todo por la borda, pero no tiene sentido porque ahí estaríamos tomando de rehenes a los trabajadores y a las familias que no están cercanos a ninguna decisión política. Esto no nos parece éticamente aceptable. Por lo tanto este es el planteo, y la intención es tratar de generar un mecanismo que nos permita garantizar en forma potente la capacitación de la gente que la ley me va a obligar a evaluar y a tomar.

 Entonces, le tenemos que dar los instrumentos a las partes, o sea, al Sunca y a nosotros porque, en definitiva, somos los que vamos a los sorteos, nos peleamos si se tomaron o no a los trabajadores, etcétera. Pero son ellos los que hacen ese trabajo.  Por tanto, lo mejor es ponerlos a todos juntos y capacitarlos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le agradecemos la información brindada. En su momento les haremos llegar la versión taquigráfica de la discusión de este asunto, lo cual es una forma de estar al tanto sobre el tema.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 15:46).

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.