SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 16:09).

                Damos comienzo al tratamiento del proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente, INCCA.

SEÑORA PAYSSÉ.- La Bancada del Frente Amplio ha estado trabajando en el proyecto de ley original y, tal como hicimos con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, lo reformulamos y elaboramos un borrador de trabajo –que se ha dado en llamar de esa manera– para poner a consideración de todos los integrantes de la Comisión. A nuestro entender, la nueva versión lo mejora        –desde ya, si no, no lo hubiéramos hecho– pero, además, lo ordena de una forma lógica y coherente, que ha resultado beneficiosa. En ese marco realizamos algunas puntualizaciones que nos parecían importantes como, por ejemplo, la definición del objetivo –aparecen los cometidos, pero no el objetivo– de esta nueva institucionalidad cuyo nombre –desde ya lo adelanto– no nos satisface. Creemos que debe tener definido claramente un objetivo para luego pasar a los cometidos principales, los cuales hemos ordenado con una lógica que tiene que ver con cómo estamos mirando esta institucionalidad en el marco de lo que es un proceso de aplicación de medidas socioeducativas que tienen como complemento medidas de seguridad dispuestas por la Justicia. Quisimos separar las medidas socio-educativas –que son el objetivo superior– de las medidas de seguridad que tienen que ejecutarse y poner a texto expreso los programas que se van a llevar adelante, habida cuenta de que hubo un acuerdo multipartidario en el que se definieron cinco programas relativos al tema de los adolescentes en conflicto con la ley, y tres programas más que fueron acordados en el marco de una modernización. Como he dicho, nos pareció bueno que esos programas quedaran a texto expreso. También ordenamos todo lo que tiene que ver con el Directorio y sus atribuciones, el régimen de sesiones, el quórum, la forma de resolver, la responsabilidad de los directores, lo que hace a quien lo preside en caso de vacancia y el tema de la remuneración. Reitero que para nosotros es importante establecer algo que nos parece medular, que es la creación de una institucionalidad descentralizada –o sea que el INAU no va a tener nada más que ver–, que pretendemos tenga las características de un órgano descentralizado. Con esto quiero decir que se deberá regir por las normas constitucionales vinculadas a este tema y que no será más una comisión delegada.

No es mi intención comparar cosas que no son comparables, pero consideramos que así como establecimos por ley que el sistema carcelario de adultos no dependiera más de la Policía sino que fuera transferido al Ministerio del Interior, con el objetivo de que más adelante se transformara en un órgano descentralizado, del mismo modo en este caso debemos ir directamente a la conformación de un órgano descentralizado, pues el Ministerio del Interior no tiene mucho que ver. En otras palabras, buscamos que este órgano descentralizado se oriente en la búsqueda de medidas socioeducativas, que la privación de libertad sea el último recurso –tal como lo establecen las normas internacionales y el propio Código de la Niñez y la Adolescencia– y que se haga cargo de los adolescentes que estando en conflicto con la ley no sean objeto de la aplicación de medidas privativas de libertad.

Este es el marco conceptual en el que queremos hacer hincapié.

Tal como conversamos antes de que comenzara la sesión, se hicieron algunas modificaciones que nos parecieron relevantes; por ejemplo, en lo que respecta al Consejo Honorario Nacional Consultivo: quitamos las agencias y órganos que podían ser invitados a las sesiones del consejo y agregamos a los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Asociación de Magistrados del Uruguay y de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay, pues consideramos que tienen mucho que ver con este asunto.

Tenemos claro que cuando creamos institucionalidad consecuentemente pensamos en consejos consultivos honorarios con algunas potestades, que no generan efectos vinculantes sino orientadores, y eso se transcribe en el articulado que estamos presentando.

                Otro de los capítulos tiene que ver con los recursos humanos, tema que seguramente profundizaremos en el debate porque tiene que ver con la separación de una institucionalidad que forma parte de otra. No es lo mismo que cuando descentralizamos, por ejemplo, la Fiscalía de Corte, que consecuentemente venía con todo el personal. Acá estamos descentralizando parte del INAU actual; tratamos de armonizar una cantidad de normas, pero que tendremos que estudiarlas y ponernos de acuerdo. Después está toda la parte vinculada al patrimonio, los recursos y sus destinos; lo ordenamos al final porque nos parecía que tenía que ir ahí.

                Entre las disposiciones transitorias, obviamente, teníamos que marcar el final de una etapa y el comienzo de otra, que no se va a ajustar estrictamente a lo que es la aprobación del presupuesto. Entonces, de alguna forma, en las disposiciones transitorias tratamos de interpretar el mejor camino para –valga la redundancia– esa transición.

                Finalmente, nos preocupó mucho el último artículo del proyecto del Poder Ejecutivo que planteaba derogar todas las normas; nos pareció mejor la redacción que está a consideración. Es decir, es un artículo mucho más sencillo cuyo nomen iuris es «Interpretación y derogación», que plantea que toda referencia normativa al Sirpa o a la materia regulada por la presente ley se entenderá hecha al INCCA, siempre y cuando se siga llamando así  y no logremos un nombre más adecuado, porque a juicio de quienes integramos esta bancada –y veo que es una reflexión colectiva, casi unánime–, es bastante feo.

En definitiva, este es un borrador de trabajo que ponemos a disposición. La vez anterior trabajamos con aportes que hizo la señora Senadora Montaner y tomamos unas cuantas sugerencias. Ahora debemos empezar el trabajo de intercambio. La señora Senadora Alonso ha planteado que tiene una serie de propuestas que serán repartidas junto con este borrador para empezar a generar los acuerdos correspondientes.

Era cuanto tenía para señalar.

SEÑORA TOURNÉ.- No me voy a referir al articulado porque ya convinimos, previo a la toma de la versión taquigráfica, que nos vamos a llevar los borradores o sugerencias sobre el articulado para debatirlos en la próxima sesión de la Comisión, una vez que hayamos estudiado los diferentes puntos de vista. Sí me parece que hay que tener en cuenta por dónde vamos a llevar la discusión. Como ya todos hemos manifestado –y esto viene formando parte de un acuerdo anterior–, entendemos conveniente sacar el tema de las niñas, niños y adolescentes en problemas con la ley penal fuera del INAU y generar un órgano descentralizado; por eso vino este proyecto de ley. Luego de una primera leída, advierto un fuerte contenido jurídico, que no está mal, pero nosotros estamos hablando de una institución que a mi juicio tiene componentes mucho más importantes como son los educativos y los psicosociales; son un montón de cosas que deberían tener más fuerza tanto en lo que son los objetivos como los cometidos. Me parece que debemos dar una discusión importante, porque es lo que va a pautar la institución; de lo contrario es como decir: «Me voy a sacar estos muchachos de encima y los voy a meter acá. Y ya está».

Creo que es sustantivo dar un debate y ponernos de acuerdo sobre qué objetivo tiene esta institución y qué cometidos posee a partir de ese objetivo. Creo que fácilmente vamos a poder hacer eso dándole un fuerte contenido educativo, de oportunidad de formulación de un proyecto diferente, teniendo en cuenta la etapa de la vida en que están, aunque en realidad esto debería suceder en todas las instituciones de privación de libertad, tanto de adolescentes como de adultos.

                Nunca me voy a olvidar que cuando se discutió el artículo de redención de la pena por trabajo y estudio, el doctor Leslie Van Rompaey, que era el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que debía ser una de las normas más revolucionarias que se habían visto. Lástima que era muy difícil aplicarla en condiciones de infraestructura tan debilitadas, pero en realidad eso es lo que tenemos como objetivo.

Me parece que dando esa discusión y poniéndonos de acuerdo, el resto es encarrilable. Hay puntos que consideraremos  en la discusión –que me interesan mucho–,  como el relativo a los funcionarios, su formación y la acreditación que necesitan. Estos aspectos están abiertos a discusión –como el resto de la iniciativa– y hay que pensarlos con mucha profundidad porque las experiencias recientes son ilustrativas: si transitamos por los caminos de la violencia, vamos seguir por el camino que están acostumbrados estos muchachos; ya saben caminar por ahí. Entonces, ¿cómo abrimos otras posibilidades? Hay que avanzar un poco en la acreditación que se requiere y  en que las características de los funcionarios deben estar acorde al objetivo. Si estamos hablando de un objetivo que busca dar nuevas oportunidades, que incluya proyectos de contención, con límites, con respeto y con todo eso que falta, tenemos que buscar funcionarios acordes a esa necesidad. Ese es un tema que me preocupa.

Otra cosa que también me preocupa muchísimo es un tema en el que tuvimos mucho cuidado cuando todos creamos el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es el de cuidar al cuidador. En ese sentido, me interesan  mucho los aportes que pueda hacer la Senadora Alonso. Debemos pensar qué tipo de estrés tienen esos trabajadores, que es elevado, y cómo podemos prevenirlo. Deben tener las herramientas dentro de la propia institucionalidad para que estas cosas no sucedan. Es un gran capítulo el de los funcionarios en el que se debe buscar consenso. De lo contrario, me da la impresión de que se trata de algo así como «sacamos a estos muchachos que  molestan y los ponemos acá», que no creo que sea el objetivo de ninguno de los que estamos aquí. Entonces, hay que cuidar el aspecto de quién va a estar a cargo de coordinar, impulsar y apoyar estos proyectos educativos, estos procesos de socialización que deberán transitar los niños, niñas y adolescentes que estén a disposición de la justicia.

Después tendremos tiempo de discutir el rol del consejo consultivo. Personalmente, nunca me convencieron  los consejos consultivos. Me dicen que están en todos lados y es cierto, pero me gustaría evaluar su funcionamiento y rendimiento. Nosotros, que trabajamos todo el tiempo en comisiones, sabemos que si creamos una de veinte personas las cosas no salen. No recuerdo quién decía que si querés que algo no salga, creá una comisión. No siempre sucede de esa forma, pero me parece que hay que pensar en su integración, sus objetivos, quiénes deben estar y quiénes no. No tiene ningún sentido que una  institución con objetivos programáticos educativos tenga algunos de los representantes sugeridos.

Me da la impresión de que lo mejor que podemos hacer es lo que venía sugiriendo la Senadora Payssé: estudiar estos artículos, buscar consensos –que sería lo ideal–  y empezar la semana que viene a estudiar el proyecto.

SEÑORA ALONSO.- En la misma línea que abordaban las señoras Senadoras Payssé y Tourné, quiero decir que hay una cuestión de fondo y una de forma.

                En cuanto a la cuestión de forma estamos coincidiendo. En el día de hoy recibimos este nuevo borrador propuesto por la bancada de gobierno, que modifica el proyecto original, y desde el Partido Nacional vamos a estudiarlo y analizarlo, a fin de que el próximo lunes podamos empezar con la discusión y el tratamiento del articulado. El primer artículo del proyecto original hacía referencia a un servicio descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social, es decir que ya habíamos arrancado con un articulado errado. Adelantamos que de nuestra parte también presentaremos propuestas con sugerencias de modificación a este proyecto.

                Sobre la cuestión de fondo, creo que indudablemente esto implica un debate, una discusión, que esperamos que no quede solamente en el título, es decir, que analicemos lo que significa la construcción de la ciudadanía adolescente. Obviamente no vamos a debatir hoy sobre eso, pero esperemos que no se trate simplemente de un nuevo cambio de institucionalidad, porque debemos aprender de los errores que se han cometido en estos años, sobre todo a  la luz de los resultados que se vieron en estos meses –a lo que hacía referencia la Senadora Tourné–, que se arrastran de los últimos años. Digo esto porque podemos cambiar el nombre, la institucionalidad o de quién depende, y pasamos por el Interj, el Semeji, el Sirpa, y así podemos seguir si no cambiamos de fondo. Coincido en que este es un debate político complejo, sobre todo analizando cómo nos enfocamos desde el punto de vista socioeducativo o con una mirada mucho más  represiva en lo que tiene que ver con los menores en conflicto con la ley. Desde nuestro lugar, creo que tenemos un debate por delante, más allá de que el compromiso político se dio y tiramos la pelota para adelante porque en aquella oportunidad no se logró  consenso. Por tanto, esperemos que en esta oportunidad sí lo podamos lograr y que, teniendo en cuenta que hoy estamos muy lejos de cumplir con las normas internacionales y las propias –como el Código de la Niñez y la Adolescencia–, esto no sea simplemente un cambio de título o un pasaje de una órbita a la otra. Ojalá podamos dar un cambio profundo, en lo que tiene que ver con la gestión.

Coincido con la señora Senadora Tourné en cuanto a que hay que evaluar el tema de los funcionarios. En este sentido, pienso que hoy contamos con educadores que dejaron de ser educadores para ser simplemente carceleros. Ese tema no es menor, porque hay que analizar muy bien en qué condiciones conviven también con los menores. Así como queremos que se cuiden y se valoren los derechos humanos de los menores, también hay que hacerlo con los funcionarios, que los hay y muy buenos. En muchos casos se pone en una misma bolsa a unos y a otros y justamente por eso es necesario hacer una revisión profunda y una calificación, porque no es lo mismo hacer las cosas bien que no hacerlas; creo que a la luz de los resultados de los últimos meses vale la pena hacerlo, ya que tenemos la oportunidad.

                Por lo tanto, simplemente daremos una mirada más profunda a esta propuesta que ingresa hoy en la Comisión y el lunes que viene estaríamos en condiciones de iniciar la discusión sobre el articulado.

SEÑORA MONTANER.- Creo que en lo fundamental estamos en un todo de acuerdo con el espíritu a que apunta este proyecto de ley.

Cuando se presentó la propuesta de reforma de la constitución –en la que había cuatro puntos–, el Partido Colorado hizo una fuerte apuesta para separar el Sirpa, o el instituto que en aquél momento tenía a su cargo a los menores infractores, del INAU, considerándolo un servicio descentralizado. Por lo tanto, sabíamos que el INAU se había visto desbordado en su capacidad de contención –para eso fue creado originalmente–, lo que derivó en los hechos que todos conocemos. Creo que en esto, ninguno está en desacuerdo en que realmente se necesita un cambio radical y no solamente una modificación de la institucionalidad.

                Por otro lado, entiendo que se trata de una apuesta muy fuerte porque hay mucha expectativa de parte de la sociedad en cuanto a si vamos a crear un instituto que dará nuevos resultados o si quedará el mismo con los resultados ya conocidos. Por eso, la mirada vinculada a la implantación de programas socio educativos y la reinserción de estos jóvenes adolescentes en infracción con la ley, es muy importante.

                En mi recorrida por los distintos departamentos de nuestro país, sobre todo en los del noreste como Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, he podido ver que hay una carencia real de profesionales en estas áreas. Creo que el problema fundamental con el que nos tendremos que enfrentar será la falta de recursos humanos, no solamente por el estrés que esta actividad produce en los ya existentes, sino porque no hay la cantidad suficiente para cubrir las necesidades. Espero que, con respecto a este tema, se esté pensando en una descentralización territorial y no limitarlo a la capital del país, ya que tenemos menores infractores en todo el Uruguay.

Tuve la oportunidad de recorrer distintos establecimientos del INAU y otras instituciones y puedo asegurar que la realidad es preocupante porque en el interior del país no hay la cantidad suficiente de psicólogos y asistentes sociales en el área disciplinaria y educativa. A su vez, hay que tener en cuenta la problemática con los médicos porque muchas veces estos chicos están sobremedicados y se les suministra medicación adulta; como no pueden con ellos, los medican. Entonces, el problema no es solamente que el trabajo de los funcionarios sea estresante, sino que simplemente el interior del país carece de los recursos humanos necesarios. Creo que con esto estamos haciendo una apuesta muy fuerte para todo el país. Aquí hay que descentralizar porque la violencia que existe por parte de los adolescentes en el interior del país es muy grande. Quizás no tenga tanta trascendencia porque la prensa toma mucho más lo que ocurre en la capital y no tanto en el interior, ya que todavía existe la desviación de que el centralismo es lo que importa. Realmente están ocurriendo hechos muy fuertes y, por ejemplo, hay barrios en los que estos chicos están bajo el imperio de la ley de la violencia. Los funcionarios no pueden contenerlos, se hacen cómplices de ellos o les permiten salir a cualquier hora para que cometan cualquier tipo de tropelía. En la Legislatura anterior, llegaron varias cartas a las Comisiones de la Cámara de Representantes en las que los vecinos pedían que se tomaran medidas porque no querían seguir viviendo atemorizados por estos hechos. Esto demuestra que hubo un colapso y un fracaso del sistema anterior. Ahora estamos pensando en otro y creo que aquí tenemos que analizar lo relativo a la descentralización pero también lo vinculado a los recursos humanos con que contamos, porque para ejercer un programa con una mirada y un objetivo socioeducativo y de reinserción, tenemos que tener preparados los recursos humanos necesarios.

                No tengo claro si en la ley no deberíamos incluir algo sobre los protocolos. Digo esto porque ya vimos lo que pasó en el Sirpa frente a una revuelta de los adolescentes, cuando los funcionarios dijeron que no había protocolos. No estoy diciendo que lo pongamos en la ley, pero quizás sí en la reglamentación porque los funcionarios también tienen que tener algo en qué ampararse para luego no ser juzgados porque actuaron mal o fuera de las normas que dicte este nuevo instituto. En los aportes nuevos que se hicieron no vi que este tema estuviera incluido pero creo que hay que exigir algún protocolo.

                El resto ya lo han expresado los señores Senadores.

Hay que estudiar las modificaciones propuestas y hacer aportes que resulten interesantes para acordar, entre todos los partidos políticos, un proyecto de ley que responda a una política de Estado. Esto es fundamental para lograr un impacto, de tal manera que se cumpla lo que votemos en Comisión y luego en el Plenario.

SEÑOR SARAVIA.- Quisiera hacer un comentario muy breve que tiene que ver con lo conceptual que se puede dar en este debate.

                En el período pasado, varios señores Senadores y Diputados de los distintos partidos políticos consideramos la posibilidad –que luego quedó por el camino– de ir por las tendencias mundiales que marca Naciones Unidas, como la creación de un sistema penal de menores, que conlleva la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Este sistema debe ser definido con conceptos globales. Por un lado, debe tenerse en cuenta la prevención. El menor no entra en conflicto con la sociedad y con la Justicia porque quiera, sino porque hay elementos que lo llevan a eso, como las drogas, el contexto familiar, etcétera. Como decía, hay factores de riesgo que llevan al menor a entrar en conflicto con la sociedad. Cuando se dio la discusión para bajar la edad de imputabilidad de los menores, llegamos a la conclusión de que en Uruguay el menor es imputable a los trece años y que hay una pena mínima; la pena máxima se fija a los dieciocho años. En realidad, Uruguay tiene un sistema penal de menores: el juez puede tomar medidas cautelares con respecto a la familia e intervenir en ella, siempre y cuando sea el factor de riesgo. Estos son temas que deberíamos discutir.

Por otro lado, es necesario contar con un sistema de recuperación como el que estamos analizando. ¿Qué es un sistema de recuperación de menores? ¿Un centro de reclusión de menores en recuperación? Un sistema de recuperación de menores debe tener calificaciones, educación y deporte. Para que se recupere, un menor debe ser incentivado. ¿Cuáles son los incentivos? Estudiar, trabajar, hacer deporte y que a la vez pueda reducir la pena y calificar dentro del sistema. De lo contrario, no se recuperará. Tal como han mencionado aquí señores Senadores de las diferentes bancadas, es necesario formar a estos menores y hacerlos responsables. En un sistema penal de menores, el menor tiene que sentirse responsable por el delito que cometió. Hoy en día, por los factores de riesgo, el menor comete un delito pero no siente que sea responsable por lo que hizo y esa es la razón por la que busca ser violento y escaparse de los centros de detención.

Creo que esta herramienta –en la que estamos de acuerdo y seguiremos haciendo aportes– tendría que ser el gran disparador para que todos los integrantes de los diferentes partidos políticos nos pongamos a discutir sobre un sistema penal de menores y analicemos qué se puede modificar del Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta herramienta va a servir si la respaldamos con una idea global de lo que es un sistema penal de menores. El Mides, por ejemplo, es una herramienta fundamental para la prevención pero ¿cuánto más se puede hacer en un sistema penal de menores si en realidad el Mides sirve como herramienta para la prevención de los factores de riesgo que llevan al menor a cometer delitos?

Asimismo, la recuperación es fundamental y no debe estar en manos de cualquier persona. Por eso es relevante la formación y la educación de quienes conformen el equipo que se ocupará de la recuperación de estos menores. También es necesario contar con un sistema educativo interno y con guardias preparados; no quiero comentar todo lo que ha pasado en estos días. Creo que falta mucha formación para tratar los conflictos que tienen los menores con la sociedad, es decir, las sociedades en construcción que existen hoy, que son nuevas, que están formándose. Como decía, es importante que el menor se sienta responsable  por la falta o el delito que cometió.

Quería aportar esto muy brevemente porque me parece una buena idea para disparar un debate muy importante. Como he dicho, creo que la intervención de los jueces de menores es muy importante. Muchas veces los jueces no pueden tomar medidas cautelares cuando el factor de riesgo que lleva al menor a delinquir es la propia familia y, en consecuencia, el menor entra en conflicto con la sociedad. ¿Por qué? Porque hay un factor de riesgo, que es el familiar, como lo puede ser el contexto social, cultural y educativo. Son todos factores de riesgo en los que es necesario que intervenga la sociedad a efectos de prevenir. De otro modo, siempre vamos a estar en un círculo vicioso y recluyendo menores, muchos de los que se van a perder por el camino o no se van a recuperar.

SEÑORA ALONSO.- Sin ánimo de enlentecer el debate, quisiera proponer a la Comisión que tenga en cuenta la posibilidad de convocar a las autoridades del Sirpa, una vez que hayamos estudiado esta nueva propuesta, en tanto es el órgano que estará a cargo de esta nueva institucionalidad, llámese INCCA o como lo dispongamos.

                Se habló de una institución que busque la rehabilitación y la reinserción desde el punto de vista social con la aplicación de medidas socioeducativas, pero quizás las autoridades que estén a su cargo tengan otra mirada y otra percepción sobre las medidas de reclusión o las medidas penales. Pienso que sería bueno recibirlos porque de nada serviría que tuviéramos una instancia de discusión en este ámbito, con el mejor espíritu y ánimo de consenso en todos los partidos políticos para buscar la mejor forma de llevar adelante esta propuesta, si las autoridades tienen otra postura. No sé cuál sería el momento más adecuado, pero propongo que escuchemos a las autoridades.

(Dialogados).

                –En todo caso, no es menor que pueda haber una contradicción. De nada servirá la discusión que podamos tener en la Comisión, aun cuando el proyecto de ley sea muy bueno, si quienes van a estar a cargo de la gestión tienen una mirada distinta sobre este tema. Sería bueno que quienes vayan a llevar adelante este proceso y los Legisladores, que pretendemos aprobar un proyecto de ley de estas características, tengamos un mismo norte, un mismo espíritu y un mismo objetivo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- No habría inconvenientes, simplemente habría que establecer cuándo sería esa convocatoria. En principio, la próxima sesión comenzaríamos a analizar el texto y de repente en la siguiente reunión acordamos cuándo citar a las autoridades.

SEÑOR SARAVIA.- Me parece que al mismo tiempo que consideramos el proyecto de ley podemos recibir a las autoridades para que nos den su opinión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pues bien, si los señores Senadores están de acuerdo, se invitaría a las autoridades del Sirpa a la próxima reunión.

(Dialogados).

SEÑORA PAYSSÉ.- Si me permite, señor Presidente, quiero señalar lo siguiente. Hoy tenemos una institucionalidad que hace que para que puedan venir las autoridades del Sirpa deba concurrir también el directorio del INAU. En pocas palabras, el Sirpa es una comisión delegada del INAU, que en este momento tiene una directora. Reitero: es una comisión delegada del INAU. No tiene las características institucionales que pretendemos tenga este nuevo órgano. O sea, ahí tenemos una dificultad respecto a quién viene.

                No tengo ningún problema en que vengan las autoridades que se considere pertinente; incluso, hay un ministerio que es el referente del INAU. De modo que no tengo inconvenientes. Simplemente señalo que no podemos llamar solo al Sirpa, porque no es un organismo autónomo. El día de mañana, cuando esta institucionalidad, con el nombre que le pongamos, sea un órgano descentralizado, seguramente todo sea distinto. Por ahora dejemos que el Presidente, junto con las autoridades, acuerde quiénes concurren a la Comisión a brindarnos la opinión del Poder Ejecutivo.

SEÑORA ALONSO.- De acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En síntesis, el lunes que viene comenzamos a analizar el proyecto de ley.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 16:45 minutos).