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Carátula

 (Ingresan a Sala el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y asesores).

               

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre; del Subdirector de Opypa, ingeniero agrónomo Adrián Tambler; del asesor Daniel Madeira, abogado y escribano, y del asesor y Gerente del Instituto Nación de Lechería –Inale–, ingeniero Gabriel Bagnato.

                La convocatoria al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, está vinculada a un tema que, hace aproximadamente un mes, esta Comisión tomó como propio. Nos referimos a la crisis del sector lechero, situación que se ha venido agudizando. En el día de ayer Fonterra volvió a bajar los precios de la leche; no olvidemos que continúa la sequía, a lo que se agrega el sobrecosto vinculado al consumo anticipado de las reservas de invierno, la baja de precios y la falta de liquidez de los productores lo que, obviamente, va a repercutir en las inversiones,  en la industria y en la próxima zafra.

                Cabe señalar que no solo recibimos a los representantes de las gremiales sino también al Instituto Nacional de Lechería –quienes hicieron una muy buena presentación– y quedamos en trabajar en conjunto con las gremiales sobre el tema de  coyuntura y el largo plazo. Por supuesto que la coyuntura nos convoca y, por ello, presentamos un proyecto de ley que modifica la Ley Nº 18.100, por la que se crea el fondo de financiamiento y desarrollo sustentable de la actividad lechera. En nuestro país existieron dos fondos lecheros que, a nuestro juicio, resultaron exitosos, lo que está ratificado por la exposición de motivos del mensaje del Poder Ejecutivo, obviamente, una vez solucionados ciertos inconvenientes. Creo que cumplieron su propósito.

                En este caso, los fondos quizá constituyan una de las herramientas que permitan, en un momento de dificultades, generar liquidez al sector. Hemos tenido contacto con diferentes actores vinculados a la materia, por ejemplo, con el Banco Central –que es el organismo que habilita la emisión–, o con algunas AFAP que manifiestan interés. Se trata de un fondo que ha tenido una importante capacidad de repago en la mitad del plazo y ha transmitido seguridad.

                Creo que la emisión estaba tipificada de AAA, lo que le dio una fortaleza y robustez muy importante. Fue por esa razón que, a manera de aporte, nosotros presentamos un proyecto de ley que, como los fondos anteriores fueron exitosos, contenía la menor cantidad posible de cambios, excepto la solución de algunas inequidades. Me refiero, por ejemplo, a los que producían por encima de la media que, en realidad, pagaban mucho más lo que recibían, y también la incorporación de una institucionalidad agropecuaria en la Comisión administradora, que no estaba en el momento en que se formaron los fondos anteriores, el Instituto Nacional de la Leche.

                Paralelamente, en el día de ayer recibimos un proyecto de ley, también con el mismo título –Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera–; se trata de un Mensaje del Poder Ejecutivo.

                Considero que esta es una buena oportunidad para trabajar en una solución que debe ser eficiente, tener características aprobadas y no ser muy innovadora, sobre todo cuando tenemos un apremio en los tiempos y debemos conquistar a los inversores sin demasiadas incertidumbres, puesto que la lechería y la economía están pasando por un momento complicado. Tenemos que darles garantías a los inversores.

                Me adelanto a decir con mucha franqueza, señor Ministro, que no tenemos la certeza de que nuestro proyecto de ley sea el que resulte aprobado. Su objetivo es el de ser un aporte a una discusión, que sea un proyecto de ley aprobado y que, en este caso, solucione problemas de liquidez. Sabemos que no va a solucionar el tema de la rentabilidad, pero sí problemas de liquidez al sector lechero.

Es por esa razón que consideramos oportuna la convocatoria del Ministerio para hablar de ambos proyectos de ley. Luego le haremos algunas consultas y posteriormente la Comisión trabajará en este asunto buscando una solución legal que tiene que ser eficiente y, sobre todo, rápida.

SEÑOR MINISTRO.-  Buenas tardes.

                Quiero hacer tres o cuatro consideraciones previas. No vamos a gastar tiempo haciendo mención a la importancia económica y social de una estrategia de desarrollo nacional relativa a la producción lechera.

                Lo que está ocurriendo actualmente en la producción lechera nacional no es la primera ni va a ser la última vez que suceda en la medida en que Uruguay exporta hoy a los más diversos mercados, algo así como el 67% de la leche que produce. Lo hace con un diverso grado de agregación de valor, desde la más simple –deshidratar la leche y hacer leche en polvo– hasta la más compleja, como puede ser la elaboración de algún tipo de queso.

                La inserción del Uruguay en el mercado internacional es diversa en función de los productos. Tenemos una dependencia o una inserción bastante concentrada en la región América Latina y el Caribe para el caso de los quesos –Brasil, Venezuela y México–; leche en polvo a todo el mundo, y manteca a Rusia. A su vez, tenemos una industria con un grado importante de concentración; prácticamente el 97% de la producción es procesada por cuarenta industrias, pero hay cuatro o cinco de ellas que concentran el 90%. Dentro de esas industrias hay algunas que pueden hacer cualquier tipo de producto, desde leche en polvo deshidratada, leche entera, queso, yogur, etcétera, como otras que se han especializado en la producción de queso. Esta variación es importante porque tiene que ver con una inserción internacional diferente, con una ocupación de mano de obra muy distinta –sobre todo en la etapa industrial– y con la capacidad de tolerar ciclos de precios. De todos los productos lácteos, el que tiene un comportamiento más de commodity debido a que se puede acomodar en stock y a que tiene menor costo industrial como valor agregado, es la leche en polvo.

                Hay un cuarto componente importante y es que, en su mayoría, la leche es de producción cooperativa. A su vez, la mayor parte de la producción de leche del Uruguay está producida e industrializada en una cooperativa que es la empresa privada más grande del país, propiedad de 2.150 productores, de los cuales 1.600 o 1.700 son pequeños o medianos.

                Hay otro elemento para destacar en la producción lechera nacional. Me refiero a que tiene una altísima brecha de productividad entre los mejores y los peores productores; no hay otra producción nacional que tenga un 300% de diferencia entre el 10% superior y el 10% inferior. No existe esa brecha en el trigo, ni en el maíz ni en el arroz y ni siquiera en la ganadería.

                Hago estas consideraciones porque la resiliencia económica, la capacidad de tolerar oscilaciones de precios de un sector que está integrado cooperativamente tiene mucho que ver con la diferencia que hay entre el que está mejor y el que está peor. Además, algunas de las causas que tienen que ver con esa brecha tecnológica entre los mejores y los peores están asociadas a algunas otras cosas que no son precio; a veces se trata de tecnología, lo que a veces está asociado a la escala, al financiamiento, a la localización, a la edad, a la posibilidad del relevo generacional, de tener una recría eficiente o a algunos aspectos sanitarios.

                ¿Por qué hablo de esto? Porque vamos a encontrar una solución financiera que nos va a permitir comprar tiempo, con la lógica de llegar a un escenario nuevo en el cual los precios serán diferentes a los que tenemos actualmente. Esto se debe a una razón muy sencilla: no hay lechería en el mundo que pueda producir en forma sostenida a menos de 0,25 o 0,26 centavos de dólar. Por lo tanto, esto será cíclico –como lo ha sido durante toda la vida–; en este momento de crisis no podemos perder la perspectiva y atender lo urgente porque se va la vida de buena parte del sistema productivo, pero sin dejar de considerar lo que es importante para que cuando lleguemos al otro escenario de precios estemos mejor preparados para utilizarlos. En esa perspectiva integral, el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera no es más que un instrumento. Si resolvemos el problema financiero y no seguimos insistiendo, sobre todo en la inserción internacional y comercial, luego en los aspectos de tecnología y en tercer lugar en aquellos aspectos que limitan estructuralmente el desarrollo de los productores lecheros, no estaremos haciendo bien nuestros deberes como hacedores de la política pública.

                Hablando de fideicomisos, está en la etapa de definición de contratos en el Banco Central un fideicomiso de compra de tierras para productores lecheros que apunta a pequeños productores familiares que a veces tienen problemas porque las cien hectáreas eran suficientes para el productor y sus dos hijos, pero cuando los hijos crecen y tienen que desarrollarse, las cien o doscientas hectáreas resultan pequeñas. Entonces, es necesario encontrar una solución financiera y para eso tenemos que seguir trabajando con los temas de tenencia y con el agua, puesto que existen problemas con los precios y la sequía. Hace diez minutos quien habla mantuvo una conversación con un productor que está a 50 kilómetros de Montevideo que en este momento solo tiene pasto en una chacra de cuarenta y seis hectáreas. Allí tiene 200 vacas produciendo 10.000 litros de leche por hectárea y actualmente se encuentra recriando las vacas simplemente porque está arriba de Raigón y tiene un sistema de riego y un manejo tecnológico que le permite producir 14.000 kilos de materia seca de pasto por año. Ese productor produce a 0,18 centavos de dólar.

Hechas estas consideraciones generales, quiero decir que en algunos aspectos el espíritu de este proyecto de ley es totalmente concordante con lo que se planteaba en la introducción, en cuanto a que la solución tiene que ser rápida y económica. Para que sea rápida debemos hacer valer un antecedente que nos permita ser rápidos y económicos, como lo son los dos fondos anteriores, que fueron exitosos. Es por ello que le planteamos este tema al Inale –instituto asesor del Poder Ejecutivo en políticas lecheras– en el mes de abril. Los informes que teníamos nos decían que esta coyuntura podía durar por lo menos todo este año, por lo que le sugerimos al Inale trabajar en una estructura de fideicomiso. El consejo del Inale, a través de su Presidente, nos trasmitió que la mayoría de la gente por ahora no quería un fideicomiso y que, por el contrario, lo que necesitaban era una solución de financiamiento rápida para los pequeños productores –similar a la que se había dado en el año 2009–incluso se citó el ejemplo del financiamiento CND. Quince días más tarde empezamos a trabajar en esta estructura, para lo cual mantuvimos una cantidad de reuniones. A partir de cuatro posibles escenarios que partían de un diagnóstico que dividía a los productores lecheros en tres tercios, ordenados por productividad, se trató de cuantificar cuál sería el impacto que la caída de precios tendría y cuál sería el impacto de la sequía en el sobrecosto de alimentación. En buen romance, ello determinó que para el segmento de productores que producen menos de 4.500 litros de leche por hectárea –cuya media es 3.700 y estoy hablando de una hectárea de vaca masa–, la caída de precios fuera de 0,7 centavos de dólar. Para el promedio donde está el 45% de la producción nacional y el 39% de los productores con una media de 5.400 litros de leche por hectárea –si no me falla la memoria–, la caída sería de 4,2 centavos de dólar, lo que explicaba los 1,3 centavos de dólar de sobrecosto de alimentación y 2,9 centavos por caída de precios. En realidad, el segmento de arriba –los productores que están en 8.000 y pico de litros de leche por hectárea– estaban soportando la sequía y el sobrecosto de alimentación.

A estos efectos, diseñamos un instrumento en conjunto con el Inale pensando en el promedio. Alguna vez escuché a alguien decir que en el promedio los petizos se ahogan, pero con esa restricción definimos empezar a trabajar en esta propuesta, tratando de encontrar una solución que aprovechara la ventaja y la experiencia de los fondos anteriores, corrigiendo algunos aspectos que entendíamos que eran corregibles.

                En ese sentido, hemos impulsado un proyecto de ley –que, según tengo entendido, fue remitido al Parlamento en el día de ayer– con algunas características bien explicadas en la exposición de motivos, de las cuales quiero resaltar las siguientes.

                En primer lugar, nos parece importante que en la integración del Fondo se contemple al Instituto Nacional de la Leche. No pensamos que este Instituto, en su marco legal actual, sea quien deba administrar el fideicomiso; sí creemos importante –reitero– que en la integración del Fondo haya un representante del Instituto Nacional de la Leche. En este sentido, proponemos que, frente a un cargo por la industria y dos cargos por los productores, uno de estos esté representado por el Inale.

                En segundo término, me quiero referir al artículo 3º del proyecto de ley que modifica al artículo 7º de la Ley Nº 18.100. Aclaro que en el último párrafo de la primera página hay un error de redacción, pues esta disposición expresa: «Quedarán gravadas asimismo, la afectación al uso propio para manufactura o la enajenación de leche fluida de su propia producción que realicen los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)» y luego establece: «o del futuro impuesto a la renta que lo sustituya». Esta última expresión no debe figurar en la iniciativa. Se trata de un error de tipeo. Estábamos corrigiendo el texto de la Ley Nº 18.100, que es de 2007, año en que existía el IRIC pero se proyectaba el IRAE. Reitero, pues, que la expresión «o del futuro impuesto a la renta que lo sustituya» no debería incluirse en el texto del proyecto de ley.

                Luego se establece que la citada prestación será fijada por el Poder Ejecutivo hasta un máximo que no supere el 3,5%. Dicho importe será reajustado semestralmente.

                En el artículo 7º se plantea que el Poder Ejecutivo podrá, por la vía reglamentaria, determinar la necesidad de establecer montos mínimos de beneficios para atender especialmente a los pequeños productores de leche. O sea que la pretensión de establecer una cantidad mínima, debe estar necesariamente contemplada en la iniciativa.

                En el artículo 10 se expresa que la Comisión Administradora Honoraria establecerá por resolución fundada el listado de productores beneficiarios y los respectivos montos a ser percibidos por estos, por los cuales los productores para ser beneficiarios deberán firmar un vale o compromiso de pago que tendrá validez de título ejecutivo en caso de incumplimiento.

                Las modificaciones que estamos introduciendo están basadas en dos conceptos claves: solidaridad y responsabilidad.

                Un fondo de estas características es, por definición, necesariamente solidario entre los beneficiarios. Precisamente, la definición de recaudación es lo que le da la certeza y la garantía al inversor para volcar el dinero. De ahí la necesidad de que para ello se exija una ley y que la administración esté a cargo de una institucionalidad, que es un tercero.

                Por otra parte, no debe dejar de ser responsable. La dificultad estriba en que a lo largo del período en el cual se va a realizar la retención para pagarle al inversor que puso el dinero, se generan diferencias, ya sea porque un productor aumenta más que el promedio, porque otro reduce su producción o porque otro, en la mitad de la carrera, se baja y deja de producir.

                El concepto de solidaridad es condición para conseguir un acceso financiero rápido y de bajo costo. Asimismo, es condición para salvar al sector como grupo.

                En alguna oportunidad me tocó elaborar el Primer Fondo Arrocero y, en una sesión como esta –obviamente que ocupaba otro rol–, ciertos parlamentarios me decían que algunos productores iban a entrar al sector y a tener que pagar sin haber recibido nada. Ahora bien; si nosotros no salvamos al sector como conjunto no va a entrar nadie, por eso tiene que ser solidario, aunque no a cualquier costo, en la medida en que tengamos posibilidades legales de corregir las inequidades. Para llegar a ese concepto se requiere una casuística numérica y un formato instrumental o legal. La casuística que hicimos –en un trabajo importante que desarrollamos junto con el Inale– fue suponer que hubiésemos aplicado los US$ 86:000.000 –propuesta que manejamos– hace seis años. En ese marco, suponemos que con los valores que estamos manejando, a una tasa de interés razonable de entre 5% y 6%, esto se paga en seis años. El ejercicio que hicimos fue preguntarnos qué habría ocurrido realmente si seis años atrás hubiéramos repartido                 US$ 86:000.000 entre los productores que a esa fecha tenían una lista histórica de productividad. ¿Qué pasó en los seis años siguientes? Nos encontramos con que los US$ 86:000.000 generaron distorsiones equivalentes a                 US$ 23:000.000. Las inequidades –por los que recibieron más o por los que recibieron menos– totalizaban US$ 23:000.000 y es por esa razón que elaboramos un artículo –que no estaba en la ley anterior– que da al Poder Ejecutivo la potestad de prolongar por veinticuatro meses la retención para realizar las compensaciones en un sistema de cuentas individuales. Los veinticuatro meses constituyen el 25% de los ocho años resultantes de los seis que transcurrieron,  más los dos que necesitamos para corregir esas inequidades. Esto no quiere decir que el sistema vaya a ser exacto.

Si el señor Presidente me lo permite, al final de mi exposición voy a hacer un análisis comparado de las dos propuestas presentadas en torno a este tema, a fin de que se advierta por qué hemos incluido ciertos elementos en el texto.

El concepto de responsabilidad va a implicar, primero, un sistema de cuentas individuales; segundo, un documento que el beneficiario debe firmar cuando recibe el dinero y que habilita a que alguien le haga una retención extraordinaria por cuenta y orden de una Administradora del fondo para corregir las inequidades generadas por la transferencia entre los beneficiarios.

Finalmente, ese concepto apunta o tiene el espíritu de corregir las inequidades que se generaron, pero la ley no puede afirmar que va a corregir todas, porque ello es imposible, y no podemos dejar esto sujeto a una vulnerabilidad desde el punto de vista jurídico.

A continuación, para ganar tiempo voy a hacer algunas consideraciones en una lógica de comparación entre los dos proyectos presentados, con el espíritu de que surjan todas las dudas que puedan existir, estando a las órdenes para despejarlas.

La primera diferencia que hay entre la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo y la que presentó el señor Senador Delgado refiere a la integración. En el proyecto del señor Senador se propone un cambio en la integración que, de alguna manera, incrementa el número de delegados de seis a siete. Se elimina el voto doble del Presidente –cosa lógica, porque si son siete nunca va a haber empate–, pero deja en minoría a quienes no son los administrados. Por lo tanto, esto genera una vulnerabilidad muy importante. Imaginemos cómo puede analizar esto el inversor o, antes que él, la empresa calificadora de riesgo que va a calificar este fideicomiso. ¿Cómo esta empresa va a valorar el hecho de que le va a estar prestando la plata a un conjunto de gente y que es administrada, en mayoría, por quienes le presta el dinero? Por eso, nos parece importante mantener el número y el doble voto del Presidente para no  generar esa vulnerabilidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Obviamente el proyecto de ley está para discutir, pero con respecto a este punto cambiamos la integración para incorporar el Inale y, entonces, le quitamos el doble voto a la presidencia que corresponde al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esto lo hicimos  en el entendido  de  que el representante del Inale –quizás no fue del todo claro– fuera uno de los representantes del Poder Ejecutivo. Tal como está constituido el Inale, hay representación del Poder Ejecutivo, o sea que no deja de representar a éste.  Ese fue el sentido del cambio, con lo cual los beneficiarios no quedarían en mayoría del fondo. Obviamente, el proyecto mantiene los dos delegados de los productores –y no uno, como figura en el proyecto del Ministerio– y uno de la industria; pero, en este caso, terminaría habiendo cuatro miembros del Poder Ejecutivo. Esa es la aclaración que quería realizar.

SEÑOR MINISTRO.- El segundo aspecto que me parece importante aclarar refiere a la prestación pecuniaria.

                En el proyecto de ley del señor Senador Delgado, la prestación pecuniaria está establecida cuantitativamente: se habla de diez centavos. Para poder restablecerla, hay que poder modificar o eliminar los efectos que en la Ley Nº 18.100 genera el artículo 18, que dice que una vez que se canceló el fondo cesó la retención; entonces, hay que restablecerla. La prestación pecuniaria en cuestión está establecida en una cifra que es de $ 0,10, o sea, diez centavos de pesos por litro de leche remitido.

SEÑOR PINTADO.- En nuestra moneda se habla de centésimos.

SEÑOR MINISTRO.- Acá tenemos dos diferencias, una de las cuales es conceptual. En el proyecto del Poder Ejecutivo no se establece por ley el monto, sino el tope y se dice que nunca podrá ser superior al 3,5% de la recaudación. Estamos hablando de US$ 86:000.000 o  US$ 90:000.000, que es lo que estamos cuantificando en función a todo el trabajo  y a los estudios que realizó el Inale, con quien compartimos los análisis. Si tuviéramos                 US$ 85:000.000 al 5% de interés con la prestación pecuniaria que el señor Senador Delgado propone, tendríamos un plazo de amortización de 14 años, y si la tasa fuera del 6%, tendríamos un plazo de de 16 años. Sería muy difícil conseguir un financiamiento a esos niveles.

                Vinculado al tema de las cuentas individuales, en el proyecto de ley se expresa el espíritu de corregir las inequidades ­–está expresado en la exposición de motivos del señor Senador Delgado y figura en el artículo– cuando dice: «Para esto deberá, en función de lo establecido en el Inciso 3 del Artículo 3º de esta ley, celebrar un convenio de colaboración con Inale para crear un registro de los aportes individuales de cada productor».

                Nosotros debemos generar el marco legal y la información. El proyecto de ley tiene que establecer que el que recibe la leche está obligado a remitir la información en forma individual. Actualmente, esto no es así. Cualquier industria remite la información de los litros recibidos y procesados, pero no dice cuántos son de Juan o de Pedro; ese el marco en cuanto al manejo de la información.

                El marco legal que habilita a que esa información se transforme en una compensación mediante el sistema de cuentas individuales necesariamente debe estar contemplado en lo que nosotros incorporamos en el artículo 4º, sustituyendo el artículo 10, que establece que la Comisión Administradora Honoraria establecerá por resolución fundada el listado de productores beneficiarios, los vales y los compromisos. A su vez, la autorización –aquí no se menciona porque va a formar parte de la reglamentación que por vía de decreto instrumente esta ley– refiere a que cuando el beneficiario recibe el beneficio firma y autoriza a que en algún momento se le hagan retenciones diferenciales en función de ese sistema de cuenta individual. Por lo tanto, la combinación del marco normativo y del sistema de información es lo que va a permitir que por cuenta y orden de la Comisión administradora del fondo se realicen esas retenciones.

                El siguiente concepto contenido en el artículo 6º dice: «La prestación pecuniaria creada por el art. 7º de la Ley Nº 18.100, se mantendrá vigente hasta que se cancelen en forma total todas las obligaciones derivadas de la cesión o titularización que se realice de los ingresos del fondo a un fideicomiso creado…». Según nuestros asesores, –lo digo con mucho respeto, señor Senador, porque las leyes no son lo mío, y tampoco tengo experiencia en ello–, poner en forma de ley esta expresión, en la práctica será algo imposible de aplicar y generará vulnerabilidades al fondo, y a nosotros desde el punto de vista de juicios. Lo que está redactado en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo es el espíritu y tiende a resolver el problema –por eso se extiende a dos años–, pero parece difícil pensar que hasta que se cancelen en forma total todas las obligaciones derivadas de la cesión o titularización que se realice tendrá que estar presente esta retención.

                La última diferencia importante tiene que ver con un artículo del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que da la posibilidad de generar un beneficio diferencial para determinado segmento de productores en acuerdo con las gremiales de productores, y no fijamos la cantidad por  ley. En cambio acá el inciso 3º del artículo 4º establece que  al momento de compensar se deberá respetar el monto mínimo a percibir por cada productor de US$ 1.500, que es la misma cifra que estaba en el fondo anterior.

El concepto de solidaridad vuelve a aparecer en la propuesta del Poder Ejecutivo sin que esto signifique una transferencia de recursos del sector público al sector privado. El concepto de solidaridad expresado en nuestro proyecto de ley responde a la inquietud manifiesta por todas las gremiales de productores de las cuales tenemos una carta donde se responsabilizan en la solicitud de una atención diferencial y especial para aquellos productores que tengan una remisión menor a 200 mil litros de leche. La transferencia que generarían los 306 productores, que tienen menos de 100 mil litros de remisión anual y los 482 productores, que tienen menos de 200 mil litros de remisión anual, sería equivalente a US$ 2:600.000. Con esto quiero decir que a un productor al que le corresponderían US$ 4.500 dólares por los litros que remite, según las gremiales de productores, si es un productor de menos de 200 mil litros de leche, debería recibir US$ 8.000. Aclaro que esta cifra no es arbitraria, sino que fue planteada por las gremiales y surge de un análisis que hicieron con el Inale, que es el costo del mantenimiento familiar durante un año. El resto de los productores que reciben US$ 86:000.000 aportan la diferencia a estos productores.

El espíritu de este procedimiento es la lógica que mencioné al inicio de mi presentación. Esto lo entendemos como una transición a una situación con un precio en un equilibrio diferente; lo entendemos como un patrimonio nacional, porque a esta altura, la permanencia de estos casi 800 productores se debe a que son un capital humano que no se construye ni se compra con un financiamiento pero, sobre todo, porque si hacemos el ejercicio de cuánto producían estos productores hace seis años atrás cuando se hizo el otro fondo, observaremos que producían 1.500 litros menos de leche que hoy. Por lo tanto, debo suponer que construyendo una oportunidad mediante un criterio de solidaridad, muchos de estos productores van a ser mejores, y si complementamos el tema de tierra, de tecnología y de agua, probablemente, muchos de estos productores puedan llegar al nuevo escenario de precios con el sistema productivo armado. Si analizáramos el tema exclusivamente desde el punto de vista de la cantidad de leche que producen, el sistema lechero uruguayo tolera tanto a nivel industrial como comercial, la pérdida de la leche, pero nosotros pensamos –compartimos la idea con la gremial de productores– que es una iniciativa que, entre otras cosas, con la debida responsabilidad        –que creo debe existir por más cooperativa que se sea– atiende un concepto de solidaridad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que fui claro en mi exposición inicial cuando señalé que no estamos tratando de buscar un elemento comparativo entre un proyecto y otro, sino que la idea es generar un proyecto de ley que tenga dos o tres condiciones que me parecen importantes.

                Primero, que sea eficaz; segundo, que sea relativamente rápido en su implementación y sanción y, tercero, que tenga un aval político que le otorgue robustez, sobre todo, porque estamos hablando de inversores que van a venir a invertir en estas emisiones que se van a generar y que, seguramente, como sucedió con los anteriores fondos de financiamiento lechero, terminan siendo las AFAP. Me parece que es una buena señal que un fondo lechero –sobre todo con algunas innovaciones con respecto al anterior, en base a una coyuntura muy delicada, con la experiencia acumulada en base al costo-aprendizaje de las anteriores– tenga un nivel de unanimidad en el sistema político. Reitero que me parece una señal muy importante para el sector lechero y para los inversores.

                En segundo lugar, con respecto a la integración, esto no es lo mismo, pero la explicación que yo le doy es que el Poder Ejecutivo sigue teniendo mayoría. Es obvio que el Poder Ejecutivo debe tener la mayoría y no los beneficiarios. La única diferencia es que por mi parte se incorporaba a un representante del Inale en detrimento del doble voto del Poder Ejecutivo, en el entendido de que el representante del Inale responde a este.

                Con respecto a la prestación pecuniaria quiero hacer dos comentarios, porque el señor Ministro mencionó similitudes y diferencias. En el proyecto del Poder Ejecutivo no está establecido el monto, ya que será quien lo fije. En nuestro proyecto, en realidad, tomamos como base la Ley Nº 18.100 que hacía referencia a una retención que nosotros propusimos en $ 0,10 por litro de leche. En la exposición de motivos se habla de $ 0,21 pero expresado en dólares. Por nuestra parte,  hicimos un reajuste en función del dólar, tal como estaba previsto originalmente. Hay dos situaciones que quiero destacar. En primer término, el fondo anterior que tenía un horizonte ordenador de repago de 15 años terminó pagándose en la mitad del plazo. Pero además, con el crecimiento que ha tenido la remisión de leche desde el fondo anterior al día de hoy –estamos hablando de un 40%– entendemos que quizás, aunque sea en forma escalonada, habría que tratar de que la retención, al principio, no resulte tan onerosa, atendiendo a la situación actual de los productores. De pronto, es preferible ganar en el plazo y no tanto en la retención que las industrias aplican en el precio del litro de leche para el repago de este sistema. Será por un precio menor de retención, será por un escalonamiento, pero se debe atender a la situación de coyuntura de los sectores.

                Con respecto a las cuentas individuales, volvemos a tener una coincidencia, ya que en nuestro proyecto se está hablando de cuentas individuales que el Inale, a través de la articulación de la Comisión Honoraria, va a realizar.

                En cuanto a la prestación pecuniaria creada por la ley que se mantendrá vigente hasta que se cancelen en forma total todas las obligaciones, tal como leyó el señor Ministro quien, por otra parte, sostuvo que eso podía tener vulnerabilidades jurídicas, quiero decir que esto se copió a texto expreso de la Ley Nº 18.100. Reitero que esto se copió a texto expreso, no realizamos ninguna innovación y, además, si algo no han tenido los fondos anteriores son, precisamente, vulnerabilidades jurídicas. Obviamente, acá está comprendido el tema de la solidaridad, aunque el monto me parece que es un tema a discutir y que podremos trabajar en forma conjunta.

                El señor Ministro se refirió a una nota de las gremiales vinculada con los US$ 8.000 de piso, que estaría agregada con el proyecto del Poder Ejecutivo, pero lo cierto es que en el texto que nos enviaron no estaba esa nota. Obviamente, en este tema es importante la opinión de las gremiales, que son quienes pagan y también los beneficiarios, sobre todo en cuanto a esta partida basal que para mí es muy importante y cuyo monto habrá que discutir.

                Por otra parte, hay un tema que el señor Ministro no mencionó y sobre el que quiero hacer dos preguntas. Una de ellas tiene que ver con la forma de pago a los productores, es decir cómo acceden al dinero. Nosotros estamos previendo que se realice un pago único y no en tres veces, tal como propone el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo que me pareció ver en la exposición de motivos. Creemos que en este caso son los productores los que deberían determinar la importancia de la utilización de ese monto. A mi juicio, creo que debería ser como en los fondos anteriores y no innovar o por lo menos todo lo que exceda los U$S 8.000, que es lo basal, que van a ser beneficiarios todos, eso sí todo de una vez, y obviamente hasta los  U$S 8.000, el pago puede ser en más de una vez.

                Por último quería preguntarle por el fondo de desarrollo que aparece en el numeral 3) del artículo 1º de la Ley Nº 18.100 que prevé determinados montos y remanentes. En este artículo prevé un monto de U$S 1:000.000 para determinadas actividades y el señor Ministro lo menciona en el proyecto de ley. Me gustaría saber si hay remanentes y si se gastaron. Planteo esto porque el señor Ministro, en este proyecto de ley, le da una aplicación vía Inale  y me parece que es interesante discutir este punto.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a empezar por este tema porque lo omití en la presentación del proyecto de ley. La Ley Nº 18.100 tenía un artículo que establecía un monto fijo de U$S 1:000.000 para aplicarlo a temas vinculados al tema del agua, ambiental y de efluentes pero, además, hay saldos de la ley anterior, es decir del primer fondo. En realidad, si no me falla la memoria, hay aproximadamente U$S 1:200.000 o U$S 1:300.000. En el último año y medio trabajamos en esto. Se analizó cuál era la mejor manera de  utilizar  ese millón de dólares.  La ley establece que  debe ser aplicado en inversiones a nivel predial. En el marco de la Comisión de Efluentes del Inale, pero  sobre todo con nuestros técnicos de la Dirección de Recursos Naturales y con el financiamiento del Banco Mundial  –en el proyecto  de desarrollo y cambio climático hay una línea  que tiene que ver con el agua considerada  en un enfoque integral, es decir, agua de riego, de abrevadero, pero incorporamos con fuerza el tema de calidad de agua por razones obvias,  estamos hablando de la cuenca del río Santa Lucía, el manejo de efluentes, la intensificación  productiva, sostenible y  demás– y se llegó a la conclusión  de que los procedimientos analizados como más eficientes para los pequeños y pequeñísimos productores se basan en que el Inale canalice estos recursos en la compra de tres o cuatro equipos,  tanques de bombeo y esparcidores que cada cuatro años limpian las piletas de los productores y aplican esos efluentes como fertilizantes líquidos, generando dos efectos positivos: uno ambiental y otro de costos. Es una forma más en la cual transformamos un pasivo ambiental en un activo productivo. La  forma que preveía la ley anterior imposibilitaba que el fondo le pasara el dinero al Inale para que comprara los  equipos y los suministrara al grupo de productores  organizados que realizaran ese servicio. Este instrumento  facilita que ese U$S 1:000.000 más el remanente anterior, pueda ser manejado por el Inale.

SEÑOR PRESIDENTE.- No existía el Inale.

SEÑOR MINISTRO.- No solo no existía el Inale, sino que  la ley establece que deben ser inversiones realizadas en los predios de los productores y acá no vamos a estar haciéndolas; vamos a cumplir un servicio en los predios con inversiones en máquinas.

                Con respecto a la nota, podemos hacer una copia y dejarla en la Comisión.

                En cuanto a la prestación pecuniaria, hay elementos que están en la ley, pero nosotros tenemos una idea sobre el tema que tiene una parte de ley,  una parte de decreto y otra de contrato. Aclaro esto porque tenemos el desarrollo de los contratos que se van a tener que firmar.  El escenario que manejamos es que vamos a tener un período por lo menos hasta principios del año próximo o, en el peor de los casos, hasta la primavera, en el que los precios van a estar deprimidos. De manera que pensamos, en el momento de la negociación del fideicomiso, que las retenciones se inicien en la primavera del año 2016. Es decir que no estamos pensando en iniciar las retenciones inmediatamente. Ese es un tema a negociar con el inversor, pero ese es el espíritu.

                Por mi parte desconozco si el perfil de financiamiento y de retorno o de repago de los US$ 40:000.000 de la Ley Nº 18.100 estaba previsto a 15 años. Que el fideicomiso sea a 15 años no quiere decir que cuando se negocia el costo del financiamiento, el plazo sea de 15 años. Hoy en día la plata a 15 años para cualquier producto, por seguro que sea, tiene un costo financiero muy diferente a un financiamiento a seis o siete años. La prestación pecuniaria establecida en diez centésimos por litro de leche genera un plazo de 13, 14 o 15 años. Y cualquiera de esos plazos nos deja afuera de una tasa razonable. Por eso nos parece importante dejar abierta la posibilidad de esa prestación pecuniaria; se la sugiere en la exposición de motivos, pero no se incluye en la ley.

SEÑOR DELGADO.- Otra consulta estaba referida al artículo 18 de la Ley      Nº 18.100. Se hizo referencia a que la redacción del proyecto tenía vulnerabilidades jurídicas y que es copiada de la ley anterior.

SEÑOR TAMBLER.- Lo que nos preocupaba no es la primera parte de la redacción, que está perfecta –es la obligación de pagar todos los compromisos asumidos con la titularización–, sino cómo está redactado el tema de las compensaciones estipuladas en el proyecto de ley. Es obvio que no se va a poder compensar en un cien por ciento a quien pagó de más. Entonces, nos preocupa muchísimo generar falsas expectativas en cuanto a que cada uno va a recibir exactamente lo suyo, porque sabemos que se intentará compensar lo más posible, pero alguna diferencia siempre va a haber.

SEÑOR DELGADO.­- Quizás haya que ajustar la redacción, pero la idea era resolver una de las inequidades que había: que el que produjo por encima de la media termina pagando mucho más de lo que recibe. Además, está el tema de buscar una compensación que siga recaudando ese fondo, lo mismo que el vale para quienes dejan el sector.

SEÑOR MINISTRO.- El espíritu de responsabilidad es el que, para corregir inequidades, le da al Poder Ejecutivo la facultad de prolongar durante 24 meses más la retención, pero se acota en ese plazo. Puede ocurrir que, transcurridos los 24 meses, haya alguien que no haya recuperado en relación a lo que recibió. Entonces, redactado de esta forma, cuando se mira integralmente, el artículo genera esa vulnerabilidad. Me parece que tenemos que mejorar el espíritu de la solidaridad poniéndole un foco a la responsabilidad, pero no lo podemos dejar redactado de esta forma, porque nos va a generar un problema después.

En realidad, creo que lo que intenta hacer este fondo es corregir o minimizar las oscilaciones de ingreso que un productor tiene por variación de precio. Como dije al inicio de mi introducción, se trata de un producto que tiene una oscilación importante y que, además, es cíclica, porque tiene que ver con oferta, demanda y acumulación de stocks. Entonces, estamos comprando tiempo para llegar a la nueva situación y, por otro lado, estabilizando ingresos. De hecho, en algunas industrias –en la más grande– ha habido un efecto de oscilación de precios mucho menor porque internamente la cooperativa ha aplicado una especie de compensación que le quitó la variabilidad de precios. Es decir que todavía no cayó el precio a los niveles que había caído en otras industrias hace tres o cuatro meses.

                Con respecto a la coyuntura –y aunque parezca muy arriesgado hacer pronósticos–, hoy dije que ningún productor es sostenible en el mundo produciendo leche a menos de 25 centavos en la medida que no haya distorsiones, transferencias o subsidios. Sin embargo, algo que me parece importante agregar es que ya estamos notando los efectos de la caída de precios. El año pasado, después de dos años de precios buenos, la cantidad de leche en el mundo aumentó 12:000.000 de toneladas, y en este último año el aumento es de 2:800.000 o 3:000.000, o sea que prácticamente estamos en el crecimiento histórico anual y la producción bajó 10:000.000. Es decir que eso se va a volver a acomodar.

                El tercer elemento al que quería referirme es que esto debe obligarnos a resolver la emergencia, a no perder de vista dónde están los focos estratégicos importantes y, fundamentalmente, a poner una batería de tecnologías diferenciales, dependiendo del tipo de productor; algunas podrán no ser las de máxima productividad, pero sí serán las que permiten tolerar mejor este tipo de oscilaciones.

                En los últimos años el sector productivo lechero del Uruguay fue un ejemplo de aumento de productividad y en este momento, con sequía y habiéndose consumido las reservas, aumentó la remisión.

                Creo que esa actitud frente a la adversidad es lo que merece que seamos ingeniosos en construir este tipo de instrumentos sin perder de vista los otros.

                Señores Senadores: nosotros estamos muy entusiasmados con lo que se pueda realizar a través del sistema cooperativo y la asociación de productores, pero mucho más entusiasmados estamos con los ejemplos de diferencias de productividad que se logran aplicando cosas que hoy están explicando productividad de 10.000 o 12.000 litros de leche por hectárea.

SEÑOR AGAZZI.- Es una alegría estar considerando esta grave situación y que haya una coincidencia entre los productores, el Inale y todo el sector político –el Partido Colorado todavía no habló, pero sé que va a estar de acuerdo– en los mecanismos a utilizar. Por tanto, si la reunión tiene que ser más larga, la causa lo merece.

                Con frecuencia se habla de un nuevo fondo lechero y se dice que sería el tercero. Pero no es así; el primer fondo lechero ya no existe más, porque se derogó la ley.

                En realidad, la Ley Nº 18.100 creó un instrumento jurídico que, hasta que se derogue, va seguir vigente. No es un fondo, es una institución que genera un fondo. Según se establece en la norma, el fondo tiene como objetivo aumentar la producción láctea, extender la actividad, diversificarla, aumentar la mano de obra y afincar grupos familiares en el campo. O sea que es un instrumento de política de desarrollo de la lechería. No refiere solo al aspecto financiero. Se terminó aquel fondo, pero sigue existiendo esta figura jurídica que, según creo, ahora vamos a usar nuevamente. Tal vez esto no sea muy importante, pero creo que esta figura jurídica es una herramienta que hay que seguir usando. En el futuro puede usarse para muchas cosas y de maneras muy distintas. Los objetivos que tiene son amplios.

                Quisiera hablar ahora sobre la prestación pecuniaria a la que se refieren los productores, los beneficiarios. 

                Por la demanda de los productores quedó explicado el mínimo de aporte a los beneficiarios. Eso quedó claro. Y va a ser para los más pequeños. En la oportunidad anterior habían sido US$ 1.500.

                 Por otro lado, quiero plantear una duda que puede armar un lío –lo que no pretendo que suceda porque ya está todo encauzado, trabajado y los productores están de acuerdo– y voy a decirla porque podría ser útil a la hora de realizar futuros razonamientos.

                En realidad, el beneficio que recibe cada productor es en función de los litros producidos en los últimos doce meses. Sobre esa base hacemos el beneficio, pero el aporte lo hacemos sobre otra base: sobre lo que produce. Me parece que ese es un problema. Tomar el beneficio por un lado y los aportes por otro hace que una parte de la inequidad interna se deba a eso. Castiga al que produce más. Por esa razón, que me parece que a esto hay que pensarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por eso la compensación, señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Sí, pero ese es un problema. Pienso que sería más justo que los beneficios sean por la producción de los últimos doce meses, pero que el que aumenta la producción en esos años no sea castigado, que aporte por lo que se produjo en los últimos doce meses desde el momento en el que se contrajo la deuda. Sin duda, eso cambia el escenario.

                Me llama la atención que los productores, que son quienes tienen que aportar, no hayan planteado este aspecto. ¿Por qué, si aumenta la producción, se debe aportar también por cada litro que aumenta? Ese aumento es mérito del productor. Entonces, que aporte por lo que él producía cuando obtuvo el crédito; igual que recibe el beneficio. Este es un tema más de fondo, que lo menciono, nada más; es para pensarlo, para tenerlo en cuenta en el futuro y al momento de utilizar otras herramientas porque, en realidad, uno de los objetivos de esta ley debería ser promover la eficiencia productiva y el aumento de la producción.

                Debo decir que, inclusive hasta analicé las cifras que nos dieron, pero ahora no hay espacio para razonar esto. Habría sido útil si hubiéramos estado en esta discusión desde el principio.

(Dialogados).

                –Las transferencias internas que hay pueden tener distintos motivos. Este motivo es una parte de la transferencia. Hay otras, y es que a todos los productores pequeños se les da lo mismo. 

                Voy a callar lo que es mi razonamiento sobre todo esto porque las gremiales no lo plantearon, y lo que aquí debemos reconocer es el buen trabajo de interacción que hubo y los acuerdos que se lograron.

En definitiva, estoy de acuerdo con usar esta herramienta. El proyecto de ley me parece bastante simple porque aprovecha lo que hay y puede ayudar a la gente de manera importante.

SEÑOR MINISTRO.-  En la línea de razonamiento que plantea el señor Senador Agazzi, debo decir lo siguiente. Conceptualmente, si generamos un mecanismo por el cual lo que se aumenta de producción no tiene aporte –por ejemplo: yo producía 1.000, empiezo a producir 1.500, pero sigo aportando igual y por los otros 500 no aporto–, eso habilita a que el nuevo productor que ingrese tampoco aporte. El concepto es el mismo; legalmente, al nuevo productor le asiste derecho a no aportar y eso genera una vulnerabilidad en términos de la seguridad en la recaudación. ¿Qué ocurriría si yo, que producía 1.000, redujera mi producción, por ejemplo a 500 –por lo tanto, aportaría por esa cifra–, pero los otros 500 en realidad no desaparecen porque los produce otra persona? No quiero entrar en la casuística, pero se trata de los mismos problemas que surgen a veces en la órbita fiscal.

                En definitiva, el inversor, que es el que va a poner el dinero y hará el análisis de riesgo de ese posible instrumento, pensará «esto tiene una fuga».

                Créanme que lo que plantea el señor Senador Agazzi ha sido motivo de preocupación, tanto en este como en otros sistemas y fondos para otros rubros, en el sentido de ver cómo se puede blindar el sistema a fin de que no se escape ningún kilo de arroz o litro de leche con un espíritu diferente al que está animando su inquietud.

                Prefiero no dar más datos porque se está tomando la versión taquigráfica.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Quisiera hacer alguna consulta con respecto al numeral 3) del artículo 1º, por el que se crea «un fondo de hasta                   US$ 1.000.000». Además de los destinos que ya vimos vinculados a las fuentes de agua y al manejo de efluentes, también se menciona el «tratamiento especial para los pequeños productores de leche».

Tengo entendido que, de acuerdo con la ley anterior –Nº 18.100–, los US$ 1.500 basales –vamos a hablar así para que nos entendamos todos–, aunque ahora el señor Ministro está proponiendo que sean US$ 8.000, salieron de ese millón de dólares. Quería corroborar esto y saber si hubo algún proyecto vinculado al tema de los efluentes pluviales o si quedó como remanente y se aplicaría en la propuesta que usted está haciendo en estos momentos.

Por otro lado, hubo un tema que planteé en mi intervención, relacionado con los US$ 8.000 basales para los productores. El señor Ministro habló de pagarlos en tres pagos cuatrimestrales y, por mi parte, mencioné que se trata de un tema solidario. Luego se aclaró que ese monto lo van a recibir todos, pero planteé la posibilidad de otorgar el resto en una sola entrega, porque me parece que sería un buen instrumento para los productores y es un tema sobre el que las gremiales están reclamando. Quizás no suceda esto con los US$ 8.000 basales, pero en cuanto al resto, lo cierto es que muchos tal vez reciban mucho más en función de la producción.

No olvidemos que se trata de los grandes dinamizadores del sector lechero, así que pienso que sería muy importante hacer esa entrega en una sola vez.

SEÑOR MINISTRO.- Tal como se señala en la exposición de motivos, este fue un tema discutido varias veces, incluso con las gremiales.

                Fuera de lo basal, el propósito del instrumento es corregir una disminución del ingreso que se genera por incremento del costo, por sobrealimentación o por disminución de precios. El análisis que nos lleva a la conclusión que define la necesidad de construir un mecanismo financiero anticíclico que permita traer ingresos del futuro para canalizarlos en una situación de baja de precio o de sobrecosto por razones climáticas, está basado en que cuantifica la reducción –como dije hoy– para la media de los productores, en 4,2 centavos o 4,3 centavos por litro de leche. Si el espíritu es construir un instrumento financiero que corrija esa carencia de 4 centavos, lo ideal sería que tuviéramos un instrumento en el cual los productores recibieran los 4 centavos por litro de leche remitido. Consideremos el Fondo de Compensación que manejó Conaprole; cuando uno mira la liquidación de un producto de Conaprole, ve que tiene el precio y un sobreprecio o fondo de compensación, y lo recibe por litro de leche. También hemos manejado el costo administrativo y las dificultades; incluso estuvimos quince días analizando la posibilidad de generar un fondo que en vez de ser entregado directamente a los productores, sea canalizado a través de la industria para que esta lo vuelque mediante el precio por litro de leche.

Por otra parte, existe una serie de circunstancias desde el punto de vista del riesgo y del crédito. No hay que olvidar que la estructuración del fideicomiso no llevará menos de cuatro o cinco meses. Por lo tanto, hemos desarrollado una estructura de financiamiento puente para que esté disponible rápidamente, en función de las alícuotas correspondientes a cada productor. Es decir que habrá un financiamiento puente que será cancelado dentro de cinco meses, cuando salga el fideicomiso, porque los productores requieren de la solución hoy, no dentro de cinco meses.

                En esa lógica, los múltiples desembolsos tienen que ver con que el espíritu es reconstituir el flujo de caja del productor. Pensemos que 4 centavos por litro de leche producidos en un año da una cifra que si el productor la recibe toda junta –sin poner para nada en duda su capacidad de administración, porque la plata es de él–, no se reconstituye el flujo que se quiere reconstituir. Esto nos permitiría realizar varias emisiones –y no una– dentro de un mismo fideicomiso, lo que tiene la ventaja –planteada por algunas gremiales de productores– de alentar, en una circunstancia difícil, un comportamiento que implique recibir y reducir la producción o la permanencia. Entonces, si queremos reconstituir 4 centavos por litro de leche promedio durante doce meses –porque la crisis climática se inició en marzo de 2015 y suponemos que hasta marzo de 2016 vamos a tener consecuencias–, planteándonos un escenario donde habrá pérdida de precio y efectos por la sequía de abril, mayo, junio, julio y tal vez de agosto –dependiendo de cuándo se haga efectiva esta medida–, se hace necesario realizar un solo desembolso. Por decir algo, se otorgará el 50% en un desembolso y el otro 50% en dos partidas, pero teniendo un flujo de ingreso de caja por productor mucho más equilibrado.

En cuanto a los US$ 8.000 basales para los productores, como lo que se pretende reconstruir es complejo y el costo administrativo de pagarlo mes a mes es muy alto, se planteó dar esa cantidad toda junta porque, en definitiva, se busca corregir un aspecto del ingreso, pero también atender un conjunto de necesidades básicas de las familias de los productores.

Estas son las únicas razones por las cuales planteamos más de una emisión: por la génesis de este instrumento y por la facilidad de la administración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero saber si los US$ 8.000 se volcarán todos juntos.

SEÑOR MINISTRO.- Nos parece que, a lo máximo, tendría que ser en dos partes: la primera, que acumula la carencia de estos meses, y a mitad de la primavera, la siguiente.

                Aclaro que los US$ 8.000 no son US$ 6.000 ni US$ 9.000 porque ese es el número planteado por los productores. Aquí se trata de darle un formato a una demanda de los productores.

                De ahí, pues, la importancia de la nota a la que hicimos referencia porque, en definitiva, estamos decidiendo por ley que un productor regale o transfiera determinada cantidad de dólares a otro. Esto no podría hacerse por ley y por iniciativa privativa del Poder Ejecutivo si no tuviéramos un argumento sólido y respaldado por la voluntad de los productores que, legalmente, representan al resto.

SEÑORA MONTANER.- Hemos escuchado atentamente esta información tan solvente –a la que nos tiene acostumbrados el señor Ministro cada vez que ha participado– sobre el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera.

                En nombre del Partido Colorado queremos decir que apoyaremos la creación de este instrumento financiero porque compartimos todo lo que signifique dar una inyección, aunque sea de inmediatez –como creemos ocurre en este caso–, no perdurable ni sustentable en el tiempo, a todos los sectores productivos y, sobre todo, al lechero, que tuvo una performance muy buena en otros momentos, más allá de sus caídas pico. Consideramos que es muy difícil para los productores lecheros mantener esos golpes de subida y de caída de su producción.

                Actualmente, atraviesan una situación muy adversa, no solo por el tema de los precios sino también de los mercados y la sequía. Por ejemplo, se ha caído Venezuela, que es uno de los mercados importantes.

                Vuelvo a decir que apoyaremos este proyecto de ley, más allá de que entendemos que este sistema y este instrumento no solucionará la situación. Digo esto porque no creemos que aquí estemos ante un sistema puramente financiero, sino ante un tema de competitividad. Por supuesto que por la inmediatez tiene que haber un sistema financiero que arregle la situación y de ahí la creación del fondo lechero. Me pone muy contenta que en el tiempo que el mismo permanezca para poner en marcha el fideicomiso se haya pensado en un crédito puente –o como se llame– para que se pueda implementar en forma inmediata y permita salir de la situación adversa.

                Apoyaremos esta iniciativa en el entendido de que es un instrumento circunstancial en el que, para nosotros, lo sustentable no es solo el financiamiento sino la competitividad por la que pueda atravesar tanto este sector como otros.

SEÑOR AGAZZI.- En el primer fondo que se extinguió, el aporte realizado era de $ 0,84 por litro de leche. Precisamente, en el artículo 2º de  la Ley Nº 17.582 se dice: «El Fondo creado por el artículo precedente se financiará mediante la retención del equivalente a $ 0,84 (ochenta y cuatro centésimos de pesos uruguayos) por litro, que se aplicará a todas las modalidades de leche fluida», etcétera. Claro, el valor del dólar era distinto al actual. De todas maneras, el aporte era muy importante.

                Insisto: en el primer instrumento que se dio, que fue en época de crisis    –en realidad, fue importante porque se atravesaba por una situación bastante más generalizada y problemática–, la retención al productor era de $ 0,84 por litro. O sea que aquí estamos hablando de cosas mucho más civilizadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- No sé si el señor Ministro estará de acuerdo, pero eso era sobre leche consumo.

SEÑOR AGAZZI.-  Sí, no incluía a otros productos y tenía que ser mucho más alta. Lo mencioné para tener una idea, porque ahora estamos hablando del entorno de los diez centésimos, de valores muy distintos, con una gama muy amplia.

SEÑOR MINISTRO.- No era sobre toda la leche.

SEÑOR AGAZZI.- Efectivamente.

Me quiero referir a lo que expresaron las gremiales cuando vinieron a la Comisión sobre si recibir todo junto o que sea en tramos, porque ellos razonaron agregando un elemento que es el hecho de la presión que deben hacer los productores sobre los proveedores. Decían que si al productor la plata le llega toda junta se siente liberado, termina de pagar la deuda y no ejerce presión alguna sobre los proveedores del sector. También sostenían que hacer fuerza sobre los proveedores es importante; que si el productor negocia con la concepción de que el bolsillo está flaco es mucho más fácil salir a presionar a los proveedores; que recibir todo el dinero junto a veces tenía un efecto negativo y que si las emisiones podían ser repartidas en el tiempo, eso los iba ayudar. Así consta en la versión taquigráfica. También manifestaban: «Si el FFDSAL saliera hoy y les diéramos todo el dinero a los productores, dentro de seis meses estaríamos golpeándoles la puerta nuevamente para ver si nos pueden habilitar otra herramienta de crédito».

Para decirlo de alguna manera, entendí que eso era algo demandado por los usuarios del servicio.

SEÑOR DE LEÓN.- El señor Ministro hizo referencia a los montos que se destinarán al manejo de efluentes, que serán manejados a través del Inale y quería pedirle si podía ahondar un poco en eso porque me parece un tema central.

                Por otro lado, la Presidencia de la República está llevando adelante una Comisión que integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y OSE, que va a realizar inversiones importantes vinculadas al tratamiento del agua de las cuencas. Esa me parece una muy buena iniciativa, pero me gustaría saber cuáles van a  ser los impactos, qué se está pensando, si se va a hacer en etapas o si hay un plan posterior.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto a la pregunta del señor Senador De León, en realidad, la problemática del río Santa Lucía no es la de los pequeños productores y ni siquiera es la de la lechería. La problemática del río Santa Lucía tiene una historia que está asociada sobre todo a una agricultura no conservacionista, de reja o de disco, en el sentido de la pendiente. La respuesta principal y significativa tendiente a detener las causas del problema estuvo dada incluso antes de que se estableciera esta Comisión impulsada por el Presidente de la República, que es la política de suelos. Definir una política que previene la erosión o regula la erosión tolerable de los suelos es la principal política ambiental en la cuenca del Santa Lucía porque la mayoría del fósforo, del nitrógeno y de  la materia orgánica –hoy en día, incluso de los agroquímicos que pueden llegar a los cursos de agua– están asociados a la erosión de partículas sólidas de suelo.

                Como en la cuenca del Santa Lucía, además, tenemos 1.514 productores lecheros, de los cuales 1.116 tienen menos de 124 vacas masa, es decir que el 74% de los productores tienen 70,80 o 90 vacas en ordeñe, hay un impacto respecto a cómo manejamos los efluentes de los tambos. Al respecto tenemos una reglamentación que entró en vigencia, donde los planes de uso y manejo de suelos se aplican no solo en las zonas de agricultura extensiva con productores de más de 100 hectáreas, sino que se empiezan a exigir planes de lechería sustentable que incorporan a la superficie del tambo donde se realiza agricultura, los planes de uso y manejo de suelo, pero también el control de los niveles de fósforo.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Delgado).

                –Recuerdo que en la facultad nos formamos con el concepto de que el fósforo era inmóvil, pero resulta que hoy tenemos problemas de fósforo en el agua, por tanto, tan inmóvil no es y, entonces, hay algunos conceptos técnicos que hay que entrar a considerar. En ese sentido, hay una reglamentación que exige el cuidado del suelo, la presentación de planes de uso y manejo del suelo, el control de los niveles de fósforo medido por el método de Bray y una estrategia de manejo de los efluentes del tambo, y puedo decir que esto ha sido largamente discutido.

Asumí como Ministro en marzo de 2010 y ya había una Comisión que estaba trabajando y terminó presentando un informe que definió una matriz de riesgo ambiental y geográfico que combinaba la ubicación del establecimiento en la topografía, el tipo de suelo más o menos permeable y el tamaño del tambo. A partir de ese trabajo sobre matriz de riesgo ambiental nosotros desarrollamos una estrategia que es la que tiene en cuenta la canalización de recursos de endeudamiento externo para financiar y, en algunos casos, subsidiar hasta US$ 8.000 por productor en inversiones que se hacen a nivel del predio para manejo de los efluentes. Esto viene del Proyecto de Producción Responsable –PPR–, continúa con el desarrollo rural y cambio climático y seguirá con el programa que tenemos de endeudamiento poniendo foco en el agua. A nivel de desarrollo con los productores familiares el agua es el factor que mueve la aguja, la mueve porque se mejora el agua en los abrevaderos, porque se riega el 20% o 30% del tambo y por la responsabilidad que ambientalmente se tiene en el manejo de los efluentes. Cuando hablamos de agua hablamos de cantidad y de calidad que es el problema que existe en Uruguay.  En nuestro país hablamos de la calidad del agua como un problema sentido por la sociedad, pero no se ve que, en realidad, no aprovechamos un maravilloso recurso que termina transformándose –parafraseando al señor– en agua salada en el océano Atlántico.

                ¿Qué tenemos previsto? En primer lugar, no debemos ver este artículo como la solución al problema. Este artículo canaliza recursos previstos y que no podemos movilizar con un segmento pequeño de productores. ¿Cómo se complementa eso? Con un conjunto de proyectos. En la lechería, en el período 2010-2015 se canalizaron  US$ 7:500.000 en 1.137 productores, hablando de agua para abrevaderos y efluentes. Pero cuando sumo riego, efluentes, manejo de campo, suelo, infraestructura y componente tecnológico, canalizamos      US$ 18:422.000 en 4.046 proyectos, que no representan la misma cantidad de productores, porque algunos tienen dos, tres o cuatro proyectos. ¿Cómo sigue esto? Con una regulación que hemos desarrollado; es una de las famosas once medidas que elaboramos en la Administración anterior con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y tiene que ver con el manejo de los efluentes de los tambos. En este momento, estamos definiendo una normativa que es diferente dependiendo del tamaño. Todos los productores de menos de 300 vacas tienen una normativa que se controla por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; los que están entre 300 y 1.250 vacas es un trabajo compartido con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y los de más de 1.250 vacas requieren un informe con una autorización ambiental previa. La estimación que se tiene para esos 1.116 productores que tienen menos de 124 vacas-masa anda en el entorno de  US$ 10:817.000 de inversión a nivel predial, que no solamente son obras de infraestructura, sino que también hay equipos.

                Para la mayoría de los establecimientos medianos y grandes la solución es el rebombeo del agua; un sistema de primer filtrado grueso, y el rebombeo del agua. En realidad, en una larga discusión que tuvimos –de esas que nos gustan, muy académicas– terminé yendo con dos frascos: uno con bosta diluida en agua y, otro, con bosta seca. En realidad –pido disculpas por expresarlo de esta manera– un efluente de tambo no es otra cosa que materia orgánica que pasó por un proceso de fermentación de una vaca y que se trasladó pasto de la parcela que termina en la pileta de efluentes. Entonces, cuanto más sencillo sea el mecanismo por el cual retornamos los nutrientes a la parcela –ya sea un tanque que succiona de la pileta y lo distribuye o una tubería de riego con un caño de aspersión-–, transformamos un pasivo ambiental en un activo productivo. La forma más sencilla de hacer extensión en esto es realizando un análisis de lo que hay en una pileta  y valorizar las unidades de fósforo, de nitrógeno y de potasio que están considerados como un basurero y ponerle valor como fertilizante. Esta cuenta se reduce fuertemente cuando la gente percibe que eso, además de cumplir con la normativa y su responsabilidad ambiental, le genera un beneficio económico. Estamos trabajando en este programa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos al señor Ministro su presencia. Creo que ha sido una muy buena reunión. Reitero que la idea –lo señalé al comienzo de la reunión– es crear un mecanismo de acuerdo que nos permita generar un amplio consenso político, porque lo amerita tanto el tema como su urgencia.

(Se retira de Sala el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y sus asesores).

 

–Corresponde designar al Vicepresidente de la Comisión.

                El Partido Nacional propone al señor Senador Agazzi.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–5 en 6. Afirmativa.

Quiero expresar que esta ha sido, sin dudas, una muy  buena reunión.  Se trata de un proyecto que está a la altura de las circunstancias e ingresó en un buen momento, ya que si bien al día de hoy tiene un impacto productivo, este no es todavía de carácter general. Estamos dando tiempos para que cada uno pueda buscar soluciones, después de escuchar al Inale y a las gremiales rurales. Hay proyectos presentados que van en el mismo sentido, que tienen muchos puntos de contacto y que con poquitos ajustes pueden llevarse adelante. Estamos hablando de un proyecto que incluye otros temas, más allá del que quien habla presentó. Obviamente, como base tenemos el proyecto del Poder Ejecutivo, aunque podríamos agregar algún otro elemento. Eso sí, no queremos demorar mucho el proceso, tal como dijimos cuando vinieron las gremiales y el señor Ministro. De todas maneras, no hay que olvidar que este es un tema especial, ya que va para los productores y también lo pagan ellos. Ante esto, sin dudas, es muy difícil que avancemos en esta iniciativa, más allá de que tengamos acuerdos políticos, sin contar con el apoyo de los productores. Quizás nos demos unos pocos días para tratar de acordar sobre un proyecto único y también citar una sesión extraordinaria para el martes de la semana que viene. En estos días podemos tratar de lograr un acuerdo, teniendo como base el proyecto del Poder Ejecutivo, tomando aportes de los señores Senadores y el proyecto de quien habla.

                Asimismo, quiero proponer, aunque más no sea por un tema formal y para quedarnos tranquilos, que comuniquemos todo esto a las gremiales para que den su opinión o hagan algún aporte adicional. Es cierto que se recibió una carta, no sobre todo el proyecto sino sobre una parte; entiendo que se trata de una iniciativa que duele en los bolsillos de los productores y también va en su beneficio. El Estado en esto no pone plata y, repito, me parece importante citar a las gremiales.

                Finalmente, quiero decir que, a mi juicio, votar un proyecto único en forma unánime y rápidamente es una buena señal para el sistema político, para el sistema productivo y también para el financiero que tiene que invertir.

SEÑOR AGAZZI.- En realidad, cuando las gremiales vinieron aquí dijeron que estaban pensando en una solución de este tipo y lo estaban discutiendo en el Inale, aunque quizás no en los detalles. Incluso, nos expresaron que preferían que no se hiciera la entrega de una sola vez y también hablaron muy bien de la experiencia que habían tenido con los fondos anteriores. Teniendo esto en cuenta, en modo alguno nos oponemos a consultar a las gremiales sobre el texto redactado. En lo personal, parto de la base de que las gremiales van a estar de acuerdo con este proyecto. Esto se articuló por el trabajo del Inale junto con las gremiales y los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería. Me parece que sería bueno que demos una respuesta clara a la sociedad y no demoremos mucho en el afán de mejorar la iniciativa. Todos los actores que comparecieron –sobre todo las gremiales– señalaron que tenía que salir ya. El miércoles que viene va a haber una sesión extraordinaria del Senado, quizás podemos pedir que se incluya ese tema en el orden del día. Tal como lo planteó el señor Presidente de la Comisión, el martes próximo  podemos reunirnos para tratar de buscar una solución.

SEÑORA MONTANER.- ¿El martes sería una reunión extraordinaria?

SEÑOR PRESIDENTE.- Propongo una reunión extraordinaria de la Comisión para el martes próximo que la coordinará la Secretaría. Entiendo que sería  pertinente que concurrieran las gremiales y el Presidente del Inale, y esperemos que nos dé el tiempo para buscar acuerdos y ojalá que salga un solo proyecto de ley con el voto unánime de toda la Comisión y del Senado.

SEÑOR AGAZZI.- El miércoles próximo hay una reunión extraordinaria del Senado para tratar el proyecto de ley relativo al impuesto de primaria, pero podríamos incluir este tema.

SEÑOR PINTADO.- Creo que hay coincidencia en el espíritu de los proyectos de ley presentados y que el del Poder Ejecutivo salva  las cuestiones que se presentaron. Me parece que no hay que enamorarse de  los proyectos –nadie lo ha planteado, lo digo como filosofía general porque en lo personal, no me enamoro de mis  textos–, porque lo importante es la unanimidad recogida en el espíritu.  Sobre este tema había una urgencia, parecía que se venía el mundo abajo –esa fue la sensación que tuve– y, entonces, tenemos que actuar en función de ese sentimiento que  se generó. No quisiera que el Parlamento sea nuevamente el responsable de la demora o que se nos la atribuya, cuando actuamos con mucha rapidez a instancias del Presidente. No me niego a discutir ni a recibir en la próxima sesión a quien corresponda, pero en mi espíritu está aprobar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, tal como fue remitido.  Quiero señalar esto no para fabricar diferencias. Creo que podemos votar la iniciativa del Poder Ejecutivo por unanimidad detallando que se recogieron los aportes expresados por otros proyectos de ley presentados. Me parece que es más sencillo y rápido, porque de acá al martes no me cambia mucho y me convencieron los argumentos que esgrimió el Poder Ejecutivo. Me parece que la diferencia no es tan grande y el proyecto del Poder Ejecutivo mejora y recoge las preocupaciones iniciales. Adelanto el espíritu  con el que voy a venir, porque entre la urgencia y la redacción perfecta, prefiero resolver la urgencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- La verdad es que me gusta escuchar al señor Senador porque, en realidad, quien propuso originalmente citar a las gremiales con urgencia y al Inale fue este Presidente y quien estaba apurado para que se tratara, presentando con rapidez y asesoramiento la iniciativa, fue este Presidente.

SEÑOR MUJICA.- Parecería que es parte interesada.

SEÑOR PRESIDENTE.- No lo soy, señor Senador.

                Obviamente que si los señores Senadores quieren votar el proyecto de ley ahora, tienen la mayoría. Propuse reunirnos el martes próximo porque  en conversación con el Senador Agazzi le señalé que si la visita del señor Ministro se daba, lográbamos consensuar algunas cosas y si teníamos el  aval del señor Senador Mieres, podíamos cerrar un proceso en  la Comisión rápido y serio; creo que si logramos un nivel de consenso, bienvenido sea. Me parece que es una buena señal.

                Insisto: el Frente Amplio es mayoría, si quieren votar el proyecto ahora, se vota.

SEÑOR MUJICA.-  No; cuanto mayor sea el apoyo a la decisión que tome el Parlamento es mejor porque, entre otras cosas, repercutirá en el crédito. El problema es que no tenemos que exagerar.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- El miércoles se incluye en el Orden del Día de la sesión del Senado.

SEÑOR AGAZZI.- Y hacemos fuerza para que la Cámara de Diputados recoja todo el trabajo que estamos haciendo acá.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Son las 15:55).

 

 

 

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.