Retorno a página principal

Carátula

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:02).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«1) IMPUESTO ANUAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA. Ajustes. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. Carpeta Nº 223/2015. Distribuido Nº 232/2015.

2) El Consejo Directivo del Organismo Uruguayo de Acreditación solicita audiencia a fin de explicar el rol de apoyo que brindan a las empresas nacionales para mejorar su posicionamiento en el exterior.

3) Los funcionarios del Impuesto a Primaria, afiliados a la Unión de Funcionarios del Codicen (UFC), solicitan ser recibidos a fin de brindar su opinión respecto al pasaje del Impuesto de Enseñanza Primaria a la órbita de la DGI.

4) La Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos y la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos solicitan ser recibidos a fin de brindar opinión sobre el impacto de la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de no prorrogar la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las enajenaciones de carne de ave, carne de cerdo con hueso, carne ovina y carne de conejo, vigente por el Decreto Nº 114/015, de 27 de abril de 2015».

–Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Carpeta Nº 223/2015 – Distribuido Nº 232/2015. Impuesto Anual de Enseñanza Primaria».  

La idea es tratar este tema en el día de hoy y, si podemos, votarlo para elevarlo al Plenario a los efectos de que sea considerado en la primera sesión que haya.

En consideración el texto tal como vino de la Cámara de Representantes.

SEÑOR DELGADO.- Este tema fue largamente debatido en la comisión y en el Plenario de la Cámara de Senadores. Los señores Senadores son conscientes de que, en su momento, el Partido Nacional presentó un artículo aditivo que para nosotros era muy importante. Se trataba de dar una señal en el sentido de que todos los sectores contribuyeran con un impuesto que fuera loable y direccionado directamente a Primaria, pero no fue aprobado.

En aquel entonces dijimos que íbamos a dar la discusión en la Cámara de Representantes para ver si podíamos mejorar el proyecto de ley, no solo asegurando la justicia tributaria –porque había muchas dudas vinculadas a los sectores que pagaban y aquellos que no pagaban–, sino también destinando a la escuela rural los fondos sobre los que se estaba debatiendo.

                El pasaje por la Cámara de Representantes no dejó de sorprendernos. Allí el Partido Nacional insistió muy fuertemente con los aditivos que puso a consideración en la Cámara de Senadores, presentó otros que mejoraban la redacción y, además, se despejaron algunas dudas. En el Senado se había planteado la discusión acerca de qué inmuebles rurales, sobre todo los forestales, pagaban el impuesto –más allá de Montes del Plata, que tenía un acuerdo con el Gobierno–, pero eso no se pudo dilucidar. Aunque el director de la Asesoría Tributaria había afirmado en Comisión que sí, en el gobierno surgieron dudas sobre si estarían o no incluidos el resto de los padrones que están afectados a la forestación. Sin embargo, en la discusión que se dio en la Cámara de Representantes, el Ministerio de Economía y Finanzas dejó claro que ningún padrón asignado a la forestación va a pagar el Impuesto a Primaria. Además, se dijo que esto respondía a una decisión del Gobierno de promocionar el sector forestal. Este es un elemento que obviamente tenemos más claro ahora que cuando el tema se trató en el Senado.

                Por otra parte, sin entrar nuevamente en la discusión sobre el impuesto ciego, si esta es la mejor vía para contribuir con la escuela rural y particularmente con la educación primaria rural, si en realidad corresponde avanzar sobre más sectores o es mejor mantener estos impuestos ciegos como impulso para determinados rubros, o si debería pasarse a un tema de carácter general, más vinculado a la renta y no a un activo fijo como es la tierra –reitero que este es el cuarto impuesto que la estaría gravando–, se da una circunstancia muy especial y curiosa.

En el Senado se cambia la redacción original del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que, más allá de que se coincida o no, incluía a los inmuebles rurales, de acuerdo con la redacción original de la ley a la que se hacía referencia. En la comisión del Senado se modifica la redacción y se incluye el verbo «Restablécese», creando nuevamente un impuesto que en los hechos había sido derogado. La verdad es que esa discusión se profundizó mucho en la Cámara de Representantes. Es más, hay un informe del doctor Cajarville –conocido catedrático de derecho administrativo– que en realidad expresa que no se puede restablecer lo que no existe, sino que hay que crear el impuesto nuevamente. Reitero: hay que crearlo nuevamente o volver a la redacción del Poder Ejecutivo que incluía los impuestos rurales en la norma y nombraba los inmuebles urbanos y suburbanos que eran objeto de gravamen.

                Inclusive, ocurre algo mucho más curioso. Se mantiene la decisión del Senado –hay un informe del doctor Cajarville que obviamente hace dudar sobre si esa es la mejor redacción y si jurídicamente es sustentable– y, para tratar de corregir la situación, se incorpora un artículo 2º que crea el impuesto que en los hechos se intenta restablecer en el artículo 1º. Precisamente, en el artículo 1º se restablece un impuesto que no existe y, como no existe, se establece en el artículo 2º. Eso es lo que pasa a texto expreso en el proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes. Creo que esto pone de manifiesto una técnica legislativa muy mala. En el día de ayer hubo una discusión realmente fuerte sobre este tema, que va más allá de la posición que cada uno tenga sobre el fin de la disposición; no estoy haciendo referencia al fin, sino a la forma como se incorpora nuevamente el impuesto a primaria dentro del menú tributario que los inmuebles rurales deben pagar. La verdad es que creo que esta va a ser una ventana para la enorme complejidad que representa la aplicación del impuesto y dará lugar a una discusión jurídica que seguramente va a generar una cantidad de recursos y juicios. Temo que sea un berrodo que quizás provoque que la enmienda termine siendo peor que el soneto.

                Si bien teníamos dudas respecto al proyecto de ley anterior que se aprobó en el Senado –en aquel momento dijimos que, si bien el fin es loable, queríamos dar una señal votándolo en general, pero teníamos una cantidad de inquietudes sobre la forma del impuesto, su aplicación y su oportunidad–, dejábamos abierta la posibilidad de mejorarlo y discutirlo en la Cámara de Representantes. Incluso decíamos que íbamos a dar una discusión muy fuerte con respecto al Imeba, sobre todo en lo que tiene que ver con los productores familiares, ya que quizás hoy es una de las variables de ajuste más importantes y que creo que está vinculada a este y otros aspectos. Tendríamos que discutirlo sobre todo para el caso de los sectores que tienen un Imeba realmente caro, que son los que hoy tienen problemas de competitividad más importantes. A esto se agrega la incorporación de un artículo 2º que realmente es asombroso, contradictorio,  inédito y nos hace imposible votar el proyecto de ley tal como viene de la Cámara de Representantes.

                Esta es nuestra posición.

                Por otro lado, me gustaría que quede constancia formal –tal vez se podría hacer por la vía administrativa– del informe que en su momento brindó el doctor Cajarville.

SEÑORA PRESIDENTA.- El informe fue enviado por correo a todos los señores Senadores.

SEÑOR DELGADO.- Sí, señora Presidenta, pero me gustaría que quedara en la versión taquigráfica.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que así como nuestro ordenamiento constitucional tiene muchas virtudes, entre la que se encuentra que el Poder Legislativo sea bicameral, también tiene problemas. En este caso, la Cámara de Representantes hizo modificaciones al proyecto de ley –algunas de las cuales se podrían compartir y otras habría que estudiarlas bien– y lo cierto es que se aprueba tal como viene o no se aprueba, porque si no aceptamos los cambios planteados la iniciativa pasará a consideración de la Asamblea General, en donde se necesitará una mayoría de dos tercios para ser aprobada. En definitiva, si eso sucede se beneficiarán quienes hasta ahora no han pagado el impuesto y seguirían sin hacerlo. Siempre es discutible si los impuestos ciegos son buenos o malos, pero los paga toda la población menos el sector rural. Creo que no se puede argumentar que el factor productivo de la tierra sea diferente a otros; podrá serlo a una casa de familia, pero no al padrón de un comercio, una industria, un consultorio o una clínica, que también pagan este impuesto.

                Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar con nuestro voto a fin de que se apruebe el texto tal como está. Después, como siempre ocurre, la vida dirá sobre el acierto o el error de nuestras acciones.

SEÑOR AMORÍN.- Quisiera que algún miembro de la comisión me explicara, si es posible, el contenido de los artículos 1º y 2º porque leyéndolos no me parecen textos muy sensatos. En realidad, en una primera lectura, lo que se plantea –según lo que se envía desde la Cámara de Representantes–  considero que es un disparate. El artículo 1º restablece el impuesto y el artículo 2º modifica un inciso anterior que dice: «Establécese un impuesto…». Reitero, esto me parece un disparate y creo que estamos legislando espantosamente mal. No tengo inconveniente en que se vote ahora este proyecto de ley. Sé que el Gobierno tiene apuro en estos temas y, en lo personal, aunque el artículo 2º estuviera bien redactado yo igual votaría en contra. No estoy de acuerdo con este tipo de impuestos ciegos que se establecen para una cuestión especial; en estos temas pienso –fue una de las pocas cosas en las que coincidí con el Ministro Astori cuando propuso la reforma tributaria– que hay que terminar con estos impuestitos para pequeñas cosas. Por lo tanto, como dije, de cualquier manera voy a votar negativamente esta iniciativa. De todas formas, considero que si se pudiera mejorar o explicar este texto estaríamos haciendo un bien a la ley.

SEÑOR MICHELINI.- El artículo 1º dice: «Restablécese el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria a los inmuebles rurales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 636 y siguientes de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y leyes modificativas y concordantes». Ahora bien, el artículo 687, que es uno de los siguientes, no comprendía los predios rurales. Entonces, para que el artículo 1º se mantuviera en su misma redacción, lo que hizo la Cámara de Representantes fue modificar el artículo 687, que volvió a incluir los predios rurales.

SEÑORA PRESIDENTA.- Efectivamente, el artículo 687 dice: «Sustitúyese el artículo 636 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:» y se deja fuera los padrones rurales. Ahora lo que se hace es modificar ese artículo 687 por la redacción dada en el artículo 2º.

SEÑOR AMORÍN.- La ley original, la Nº 15.809, de 1986, gravó a los  inmuebles rurales. Luego, la ley de 1996 los exoneró y en el artículo 687 especialmente los excluyó.

El Senado votó un texto que decía «Restablécese el impuesto» –uno que ya no existía–, y los catedráticos en la materia explicaron que no se podía restablecer lo que no existía, que había que crear uno nuevo. Por lo tanto, la Cámara de Representantes entendió que lo mejor era modificar el artículo que derogaba el anterior y restablecer el impuesto. Creo que esta solución es totalmente disparatada; no voy a hacer una discusión de este tema porque, en realidad, el asunto principal es el de fondo. Se entiende lo que se quiere, pero es absolutamente ilógico. Este funcionamiento no tiene lógica jurídica. Acá lo que hay que hacer es crear el impuesto, ¡y se terminó! En los hechos es lo mismo.

De cualquier modo, son entendibles los argumentos del señor Senador Michelini, desde el punto de vista del Gobierno. Además, el proyecto de ley es malo y personalmente no lo votaría de ninguna manera. Creo que ustedes lo van a tener que hacer para que no vaya a la Asamblea General.

SEÑOR MICHELINI.- Podemos calificar la ley y las modificaciones de la Cámara de Representantes como libremente queramos. El señor Senador Amorín preguntó cuál era la lógica, el fundamento, y nosotros respondimos; eso no quiere decir que lo compartamos. Explicamos que no se agregó este artículo 2º porque a alguien le cayó un rayo y lo redactó; tiene una lógica. Podrá no compartirse o ser catalogada como se quiera pero, obviamente, trata de enmendar un vacío. Los señores Representantes consideraron, según su leal saber y entender, que el texto propuesto por la Cámara de Senadores dejaba un vacío.

Las otras modificaciones son menores, algunas casi de cajón como, por ejemplo, el final del artículo 6º, en referencia al artículo 5º, cuando dice: «Las modificaciones de disposiciones del Texto Ordenado 1996 realizadas en la presente ley, se consideran realizadas a las normas legales respectivas». Obviamente que esto es de orden.

SEÑOR DELGADO.- No quiero alargar la consideración del tema –además, ya tomamos una posición– pero si agregar que la Cámara de Representantes lo discutió profundamente y luego tomó una decisión –a mi juicio– desacertada o poco prolija. Recuerdo que a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes asistió hasta la Anep, más concretamente la división que se encarga de la recaudación del Impuesto a Primaria. Allí se discutió, incluso, la posibilidad de vulnerar la autonomía de un recurso que hoy recauda Primaria y sobre el que tiene libre disponibilidad –fundamentalmente para los niveles de urgencia–, ya que cuando pase a Rentas Generales deberá hacer todo el trámite correspondiente para que el Ministerio de Economía y Finanzas habilite las partidas. Durante el estudio también se tuvieron en cuenta los informes jurídicos.

 Obviamente que lo lógico sería pedir algún asesoramiento jurídico, sobre todo por el efecto de esta contradicción que es notoria –además de la desprolijidad y la mala técnica legislativa que hay entre el artículo 1º y el 2º– y que va a generar algunos problemas de aplicación. Lo prudente sería invitar a algún catedrático, por lo menos de derecho administrativo o derecho tributario, pero en esto hay que ser realista: el Gobierno tiene apuro por aprobar el proyecto. Tan así es que ayer se votó una sesión extraordinaria para el miércoles que viene con el fin de tratar este tema.

De cualquier forma, no quiero quedarme con las ganas de decir que sería bueno y sano que la comisión convocara a algún catedrático para que diera su opinión, fundamentalmente, sobre la redacción aprobada en la Cámara de Representantes.

SEÑOR MUJICA.- Vamos a acompañar el proyecto de ley tal como está por las razones que expuso el señor Senador Michelini y por pertenecer a la Bancada de Gobierno. Ello no es óbice para señalar algunas observaciones que considero centrales.

                Filosóficamente, pienso que no hay ningún bien tan importante como la tierra desde el punto de vista impositivo, porque es el único que con el solo paso del tiempo acumula valor. En eso soy seguidor del pensamiento de don José Batlle y Ordóñez. Y lo he vivido en carne propia. Compré una chacra que costó US$ 15.500 –es exacto lo que estoy diciendo–, a los siete años tuve que hipotecarla porque me cerraron una radio y había que pagar despidos y demás, y la inmobiliaria Braglia la tasó en US$ 72.000 para ponerla como garantía en un banco. Me quedé estupefacto porque jamás habíamos ganado con esa tierra el valor que había acumulado; era un bien que estaba ahí. Y a cualquier habitante de este país le sobran experiencias similares.

                Pero este proyecto de ley, por razones jurídicas que tiene este país, tiene una cosa que no podemos arreglar. Va a pagar el que tenga a partir 300 hectáreas, pero puede haber alguien como un querido amigo del barrio que todas las mañanas mueve ciento y pico de personas, pero como no trabaja 300 hectáreas sino la mitad o la cuarta parte, no va a pagar. O sea, tiene una terrible empresa que abastece a Tienda Inglesa y no va a pagar, y de repente va a pagar alguien que tiene algunas ovejas en un campo de más de 300 hectáreas. Pero no puedo arreglarlo porque constitucionalmente me cortan las patas. Esto ya lo viví intensamente, lo gocé, y tuve que doblar el pescuezo.

                Entonces, comprendo algunas incongruencias, pero también hay que entenderlas del otro lado. Sé que de acuerdo con su filosofía, al Ministerio de Economía y Finanzas no le gustan los impuestos asignados por una cuestión de prolijidad en el manejo de la economía, discusión que he tenido cuarenta veces.

                De todas maneras, esto no va a arreglar el problema de la escuela rural, ni por asomo.

                Quiero que todo lo que estoy diciendo quede como fundamento de que voy a acompañar el proyecto de ley y también como constancia de mi opinión.

SEÑOR AMORÍN.- Quiero señalar que comparto muchas de las palabras pronunciadas por el señor Senador Mujica. Seguramente, la solución a muchos de estos temas sea el impuesto a la renta. Es cierto que alguien que tiene 150 hectáreas, en las que cultiva y cosecha lechugas, tomates y rabanitos para abastecer a Tienda Inglesa, seguramente gane mucho más que quien tiene 700 hectáreas en el norte de Tacuarembó. Pero probablemente este impuesto lo vaya a pagar el que tiene 700 hectáreas en el norte de Tacuarembó y no el vecino del señor Senador Mujica, que trabaja 150 hectáreas. El impuesto a la renta soluciona ese tema, porque quien gana más, paga más, y es un impuesto que ya existe.

                También es cierto que la tierra se valoriza y que en Uruguay, específicamente, su valor se ha multiplicado desde el año 2000, no sé por cuánto, pero medido en dólares, quizás por ocho o por diez. Es bien probable que campos que costaban US$ 300 hoy cuesten US$ 3.500, y los que valían US$ 800, que eran de primer nivel, hoy valgan US$ 10.000 o US$ 12.000; claro, quien compró a US$ 800, si vende a US$ 10.000 o US$ 12.000, va a pagar impuesto. Mientras tanto, que valga mucho o poco, tanto da; como dijo el señor Senador Mujica, que su chacra valga US$ 7.500, US$ 72.000 o US$ 6:000.000 no le importa porque es su chacra y ahí produce. El que tiene campo, lo tiene y ahí produce, pero el día que venda va a tener que pagar un 25 % de la diferencia entre el valor de la compra y el de venta. Por eso me parece que el impuesto a la renta, después de todo tipo de pruebas –desde aquel Improme del año 1969 o 1970 hasta ahora–, es la mejor solución, y por eso creo que es interesante tener una discusión sobre el impuesto a la renta en cuanto a establecer cuáles deben ser las tasas. La verdad es que estamos discutiendo una cuestión mucho más filosófica que otra cosa, porque la recaudación de este impuesto son US$ 14:000.000, o sea, nada. A los únicos que les va a afectar es a los que tienen 300 hectáreas; a los que poseen 2.000 no les importa nada, porque para ellos este impuesto son chauchas y palitos. Le va a afectar a aquel que tiene muy poco porque llega justísimo y cualquier cosa que tenga que pagar le va a costar. Esa es la verdad. Estamos dando una discusión sobre un impuesto que son US$ 14:000.000; es nada. Pero como estamos para discutir estas cosas, decir lo que pensamos y hablar un poquito acerca de cuál es nuestro pensamiento en general sobre esto, decimos estas palabras.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley con las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.

(Se vota).

                –5 en 9. Afirmativa.

                Propongo como Miembro Informante al señor Senador Michelini.

(Apoyados).

                –Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: «Carpeta Nº 271/2015. Distribuido Nº 182/2015. Zonas Económicas Especiales. Se modifica el régimen legal de Zonas Francas. (Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987). Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo».

A tales efectos, se recibe a los representantes del Instituto del Cine y Audiovisuales del Uruguay.

(Ingresan a sala representantes del Instituto del Cine y Audiovisuales del Uruguay).

–Es un placer recibirlos en este ámbito para escuchar su opinión sobre la modificación del régimen legal de las zonas francas –como se las ha denominado hasta ahora–, por lo que les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA GONZÁLEZ.- Agradecemos a la Comisión que nos reciba para poder brindar nuestra opinión sobre el tema que motiva nuestra convocatoria.

                Aclaro que soy Directora del Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay y, a su vez, presido el Consejo Directivo del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional –recientemente creado– junto con Radiodifusión Nacional y Televisión Nacional del Uruguay.               

                En principio –tratando de ser clara y lo más breve posible–, quiero explicar qué es la actividad audiovisual porque a veces, cuando se utiliza este último término, se están diciendo muchas cosas. La actividad audiovisual es muy diversa y compleja: no solo debemos pensar en el cine o en una obra cinematográfica, sino también en una pieza publicitaria, en un videojuego, en una animación, en un programa de televisión o en un noticiero, para darnos cuenta de la diversidad de lo que estamos hablando. Si bien todas esas obras o contenidos comparten una cadena de valor, un proceso –o sea, todo se crea, se produce y se difunde–, el tipo de audiovisual también implica un abordaje diferente y eso se complejiza cuando hablamos de cuáles son las empresas que actúan en ese proceso.

                Si bien para un proyecto audiovisual, cualquiera sea, quizá las empresas núcleo sean las productoras audiovisuales, lo que hacen estas últimas es «gerenciar» o coordinar el proceso, pero no es que todo sea realizado dentro de una productora. Ahí se agregan otras empresas, algunas muy cercanas al núcleo de la actividad como ciertos proveedores de servicios y otras que están más próximas a otro tipo de conglomerados, como pueden ser el turismo, la logística, el transporte y las TIC.

                Entre esas empresas núcleo productoras de audiovisuales hay productoras de cine, de televisión, de publicidad, de videojuegos o de animación. El tema no es que sean productoras que hacen solo una actividad, sino que muchas veces se cruzan y hacen cine y publicidad, publicidad y videojuegos, animación y videojuegos, y los proveedores y las relaciones que se dan en ese entorno de alguna manera complejizan la situación y, a la vez, eso obliga a que haya cierta cooperación y que fluya la relación entre las empresas para que los audiovisuales puedan ser realizados.

                ¿Por qué trasmito esta complejidad? Porque a eso nos enfrentamos cuando en 2008 se aprobó la ley por la que se creó el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay, que prevé el Fondo de Fomento Cinematográfico. En ese entonces se trabajó el tema de los conglomerados productivos y se hizo un mapeo de toda esa complejidad, de cómo se iban relacionando unos con otros y de qué manera se podía fortalecer ese entorno. Ahí se decidieron tres ejes estratégicos: desarrollo de las capacidades, mejora del entorno y posicionamiento internacional. Las exportadoras de servicios y, en este caso, concretamente la publicidad dieron un gran impulso a este sector. De alguna manera se generaron ciertas capacidades que tuvieron una propagación hacia otro tipo de audiovisuales.

                En ese marco tuvo lugar un proceso interesante: el del clúster audiovisual. Con eso se mejoró mucho el entorno y se trabajó en el tema, así como en el posicionamiento internacional, y quedó un poco ahí el desarrollo de las capacidades, asunto en el que estamos trabajando porque es una necesidad urgente.

                En el proceso que transcurrió hasta ahora –a efectos de ubicar a los presentes  en el momento en que nos encontramos– se lograron algunos beneficios tributarios. El sector audiovisual que exporta cine, televisión y publicidad tiene el beneficio del IVA cero. Ahora estamos trabajando en un proyecto que está siendo analizado en el Ministerio de Economía y Finanzas, que radica en la exención del IRAE para el sector, de la misma forma en que se hizo para el software, por ser, de alguna manera, primos hermanos de él.

                Desde nuestro punto de vista, actualmente nos encontramos en una situación en que tenemos algunas fortalezas. Si bien hay quienes lo ven como un sector emergente, no es tan así porque ya tiene cierta consolidación, a pesar de que hay áreas que vienen más atrás. No es lo mismo el cine que la televisión. Los contenidos audiovisuales para televisión, que están en una etapa inicial, deben recorrer el mismo camino que transitó el cine. La producción independiente, es decir la que no pertenece a los canales televisivos propiamente dichos, necesita una visión de desarrollo como la que se tuvo en su momento en el cine. Quiere decir que no sucede lo mismo en un sector que en otro.

                El beneficio que estamos trabajando tiene que ver con un derrame general para que se produzca un crecimiento. Si bien vemos que se han conquistado una cantidad de cosas, también notamos que hay una merma en ciertas actividades: en el cine se está rodando poco y el tema de los mercados es delicado, ya que si bien no ha bajado mucho la exportación de publicidad, los mercados han cambiado. Por ejemplo, a Argentina se exporta la mitad de lo que se exportaba hace un tiempo. Logramos mejorar el vínculo por la reciprocidad y conseguimos destrabar una limitación que había por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. El entorno internacional va cambiando; por lo tanto, las empresas tienen que hacer una reingeniería y buscar nuevos mercados. Reitero que, si bien no ha caído tanto el tema de la publicidad, notamos que estamos en una meseta.

                En ese marco –a nivel de la internacionalización estamos muy bien; el Uruguay tiene un buen posicionamiento, aunque es cierto que es una flor que hay que regar–  surge el área temática relativa a los audiovisuales en el proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales. Si observamos esas zonas de gran complejidad y diversidad con una mirada más sistémica, vemos que este proyecto de ley en sí mismo no resuelve nada. En cambio, sí lo haría en un marco que implique que esa zona no compita con lo que ya se hace sino que lo complemente, es decir que desde el punto de vista estructural permita que el sector tenga otra plataforma para desarrollarse. Eso nos parece positivo también en el marco de desarrollo del proyecto del IRAE, que tenía un derrame para lo local, por lo que no generaría la amenaza de que exista un trasiego solo hacia la zona franca, que es donde estarían los beneficios. Es importante destacar que para que eso pueda llevarse a cabo, sería necesario que al momento de presentar los proyectos de inversión existieran determinados indicadores que garanticen que esa zona será complementaria y no competitiva.

                El año pasado, en oportunidad de realizar una gran reflexión sobre las dificultades que vemos en el sector audiovisual con vista al futuro, se generó una actividad denominada «compromiso audiovisual». Allí surgió la iniciativa     –que se trató en distintos espacios, incluso en los consejos sectoriales– de tener un estudio de grandes dimensiones. En realidad, ese estudio de grandes dimensiones ha sido considerado por el sector como una necesidad de infraestructura para poder ofrecer –es nuestro interés hacerlo–, por ejemplo, un rodaje anual de US$ 15:000.000, por mencionar alguna cifra. Para eso, además de ser capaces de lograrlo, debemos tener la base estructural y, en ese sentido, el estudio agregaría un valor.

Lo cierto es que no se ha encontrado interés privado y no se ha podido concretar en condiciones normales; quizás, esta zona puede dar la oportunidad para hacerlo. Reitero que si un estudio se pudiera instalar allí, lo importante sería analizar el proyecto y asegurarse que tenga ese derrame del que estábamos hablando en la cadena nacional.

SEÑOR BIANCHI.- Creo que desde que se creó la primera ley de zonas francas, el país tiene una mirada en cuanto a posibilidades de desarrollo en algunos nichos de mercado. En la primera época se establecía que ese desarrollo pasaría por la logística y los servicios y entonces nuestro país se daba una herramienta que en ese momento entendía era importante para ese nicho de mercado. Hoy, con una realidad internacional, global y regional diferente, y con un país que tiene una posición económica completamente distinta, estamos planteando la necesidad de rever, en cuanto a la ley y con relación a las zonas temáticas específicas, cuáles pueden ser las posibilidades de inversión relevantes que puede haber en el Uruguay.

                En lo que tiene que ver con el área audiovisual, parecería que la intencionalidad establece la posibilidad de que se incorpore un gran estudio en nuestro país. Si uno mira hacia atrás y se pregunta –como bien lo decía mi compañera– por qué no se ha puesto un gran estudio en el territorio nacional, puede encontrar dos respuestas: porque no hay posibilidades de inversión por un tema de rentabilidad o, simplemente, porque no hay necesidad. Evidentemente, esta última respuesta no es correcta porque un gran estudio podría generar mejores posibilidades para las realidades que hoy tiene el sector. Para poder lograr que se concrete la instalación de este estudio, es necesario que se otorguen algunos beneficios como los que da esta ley. Ahora bien, eso también conlleva a que pueda haber un derrame hacia una actividad que ya no es emergente, que ya está instalada y que desde el 2008, a través de la ley de cine, ha venido trabajando mucho. Creemos que una de las especialidades que tiene la propia ley de zonas francas es la posibilidad del estudio de proyectos a través de la Dirección General de Comercio, en el área específica de las zonas francas. Nosotros estimamos que tiene que ser de suma importancia que esos proyectos que se presenten tengan una visión adecuada y profesional –y de las partes que están involucradas–, sobre todo en el tema público, con el Servicio de Comunicación Audiovisual nacional, para que realmente beneficien y complementen la actividad que hoy tenemos y que no compitan con lo que hemos logrado desarrollar hasta el momento. En ese sentido, entendemos que es una ley que tiene beneficios pero también pensamos que habría que estudiar caso a caso y punto a punto cómo serían las inversiones.

SEÑORA GONZÁLEZ.- Olvidé comentar algo importante. Nosotros vemos como positivo lo relativo al 25 % para filmaciones fuera de la zona. En el caso del audiovisual eso es determinando porque, de otra forma, se estaría obligando a que todo suceda allí. En realidad, a nivel de exteriores, sería una lástima que teniendo tanta costa no se pudiera hacer ninguna filmación en las playas. Entonces, por las características de la actividad vemos que eso es muy positivo y, además, porque no es algo abierto sino que se establece en un porcentaje acotado.

SEÑORA MOREIRA.- Tengo la impresión de que quienes nos visitan ven toda la potencialidad de esta área temática vinculada a la instalación de un estudio de grandes dimensiones y a la posibilidad de que para la adjudicación de esos proyectos se consulte al sector.

                La pregunta es, ¿cuáles serían las actividades competitivas que podría desarrollar una zona franca, que no tuvieran que ver con la instalación de un estudio de grandes dimensiones?

SEÑORA GONZÁLEZ.- No hay un estudio de impacto sobre esas posibilidades.

Hay oportunidades que pueden surgir, por ejemplo, en algunas áreas como lo son el subtitulado y el doblaje –si bien lo tenemos, no lo hemos desarrollado ampliamente–, pero también en una actividad en la que todavía estamos en pañales y que podría ser una estrategia de visión: un laboratorio de restauración de las obras audiovisuales. Hoy por hoy no estamos pudiendo abordar esta actividad  ni siquiera para nuestras propias obras, pero podría establecerse como un eventual proyecto.

SEÑOR DELGADO.- Obviamente, agradezco la presencia de los representantes de Instituto del Cine y Audiovisuales del Uruguay.

                Me gustaría hacer dos preguntas –me parece muy interesante la exposición– con respecto a una de las particularidades de este proyecto de ley que modifica la Ley Nº 15.921.

                En primer lugar, a criterio de quienes nos visitan, ¿es posible desarrollar con la ley actual zonas francas temáticas? Lo planteo porque acá se cambia la denominación por zonas económicas especiales –así como otra cantidad de cosas– y en el artículo 41 del proyecto de ley se agrega el capítulo VIII, De las Zonas Temáticas de Servicio y se establece taxativamente  en el segundo inciso del artículo 51: «El Poder Ejecutivo podrá autorizar el desarrollo de zonas temáticas de servicios –porque ese es el objetivo– para la prestación de los siguientes servicios y actividades complementarias –y los define–: atención a la salud; esparcimiento y entretenimiento; y audiovisuales.».  Creo que habría que definir el alcance de «esparcimiento» y de «entretenimiento».

                Concretamente, la primera pregunta es: ¿con la ley vigente se pueden establecer zonas francas de servicio? Esto me surge porque actualmente alguna zona franca  temática o de servicio –vinculada a la salud– está vigente en nuestro país. 

                La segunda pregunta tiene que ver con la contratación de personal nacional, en lo que se establece un cambio de criterio con respecto a la legislación anterior y un porcentaje.

En este caso, ¿comparten la propuesta o prefieren la norma vigente?

SEÑORA GONZÁLEZ.- Con respecto a la primera pregunta, hubo una experiencia que en realidad no fue positiva. Se instaló un laboratorio para cine pero al año se murió el sistema fílmico. En el escenario actual todo es digital y no hay más películas en 35 milímetros desde el punto de vista de la producción. Seguramente habrá gente que seguirá filmando en 35 milímetros, pero a nivel de producción mundial, global, es todo digital. Eso ha generado un cambio de paradigma en todo lo relacionado con lo cinematográfico. Ese estudio se instaló un par de años antes de que se realizara ese apagón. Por lo tanto, no prosperó.

                Hay algo muy beneficioso –creo que lo mencioné al final de mi alocución– que tiene que ver con las filmaciones fuera de zona, porque de otra manera se estaba en infracción y eso limitaba mucho. Esta actividad a veces necesita mucha flexibilidad por los aspectos en los que trabaja. Por ejemplo, involucra historias y no siempre se puede filmar todo en un estudio. Por tanto, la posibilidad de que se pueda trabajar afuera es importante.

                Con respecto al personal, según entiendo el proyecto de ley plantea la posibilidad de bajar la franja pero eso también estará pautado. Nosotros vemos con buenos ojos la flexibilidad porque forma parte de prever algunas situaciones que surgen en el sector. A veces podemos no tener algunas cosas y, por lo menos en una primera etapa,  se  podrían traer especialidades de otro lado.  Hay que estar atentos a cómo se baja esto a tierra, pero entendemos que la flexibilidad es positiva.

SEÑOR BIANCHI.- Con respecto a la ley madre de zonas francas y a esta iniciativa que incursiona en el tema audiovisual y me parece que en el del entretenimiento, hay un por qué. La ley de desarrollo anterior decía, grosso modo, que se podían realizar los servicios pero no establecía cuáles. Se podría entender que el legislador amparó la realización de los servicios en general. En este caso, el legislador prevé unidades temáticas en la zona franca y establece una en particular con un vínculo de extraterritorialidad. Como bien decía Adriana González, en el caso del audiovisual se brinda la posibilidad de filmar hasta un 25 %  fuera del territorio. ¿Qué se quiere lograr? Que el beneficio que puede haber en la zona franca en el tema audiovisual no solamente esté planteado desde el punto de vista tributario. Brinda la posibilidad de complementar la filmación afuera de zona franca  porque, de lo contrario, nadie vendría a invertir. Tengamos en cuenta que en la zona franca se desarrollan ciertas cosas pero si se  tienen que hacer tomas o filmaciones en el exterior, pero dentro del territorio nacional, cambia todo el tema tributario.

                En este sentido, esta norma mejora lo que era la ley anterior, específicamente tomando en cuenta una regulación para inversiones puntuales y me parece que también para el sector del entretenimiento

SEÑOR AMORÍN.- A nosotros nos resulta difícil entender este tema que no conocemos pero la impresión que tenemos es que, como dijeron ustedes, es necesario un gran estudio en Uruguay. Según la gente con la que he conversado, esa es una de las limitaciones que tenemos. Cuando hay que filmar interiores se buscan lugares como el Latu; lo vacían todo y tratan de armar algo. Entonces, si un desarrollador quiere invertir en algún lugar del país para hacer un gran estudio y que alrededor de eso se puedan crear algunas cosas más, me parece que sería bien importante contar con esta normativa. La impresión que tenemos es que esta industria puede crecer mucho porque tenemos algunas ventajas comparativas: contamos con gente que sabe hacer estas cosas y, sin ser muy baratos, lo somos bastante más que otros países. Por ahora hubo algunos casos, muy pocos, de filmación de películas. Una fue Miami vice que supongo que se rodó acá porque era más barato. Se trajeron cuatro o cinco actores de primer nivel y trabajaron cientos de uruguayos durante bastante tiempo para armar eso. Otra, fue Blindness, con  Julianne Moore. Estas cosas dan muchísimo trabajo. Creo que para filmar Blindness estuvieron diez días acá, pero durante cuatro o cinco meses trabajaron cientos de personas. Por tanto, creo que hay que dar  una oportunidad a esta industria que puede crecer con un estudio importante. Francamente creo que esta iniciativa cambia muy pocas cosas, pero una de ellas es que se pueda filmar afuera. Con la ley actual, si hubiera un estudio en zona franca se debería hacer el 100 % de la producción dentro de ella, pero con esta norma se puede hacer el 25 % afuera. Como decía la señora directora, si alguien quiere hacer una película en la playa, por ejemplo, la puede hacer afuera hasta en un 25 % y está amparado en los beneficios tributarios.

                Esto puede crear círculos virtuosos y seguramente va a competir con lo que hay ahora porque mucha gente que está trabajando fuera de zona franca, cuando vaya a hacerlo para el exterior –que es la demanda gruesa–, posiblemente lo hará en una zona franca, pero en las mismas condiciones que el resto.

SEÑOR BIANCHI.- Si, como bien decían, se planteara el tema de la exención del IRAE para el audiovisual que se va a exportar, no habría competencia. Esta es una de las cosas que nos preocupan porque dejaríamos en igualdad de condiciones a la industria que está fuera del territorio franco con la que se ubica dentro de él.

SEÑOR AMORÍN.- En realidad, estar dentro del territorio franco tampoco es complicado.

SEÑOR BIANCHI.- Para nada.

SEÑOR AMORÍN.- Se registran como usuarios y hacen el trabajo adentro; eso no cambia nada.

                Creo que estamos hablando de una posibilidad. Me parece que eso es lo que se ha manifestado y, en lo personal, lo considero razonable y estoy totalmente de acuerdo.

SEÑORA GONZÁLEZ.- Creo que hay que aspirar a tener algunas metas. Hoy por hoy el sector, desde su acumulado, tiene que pretender alcanzar ciertas metas y que ello tenga un derrame importante para el país. En publicidad actualmente se exportan unos US$ 23:000.000; este dato surge del IVA cero que se nos aplica. Como decía, deberíamos aspirar a una producción anual de US$ 15:000.000 y con eso estaríamos casi duplicando lo que se exporta durante todo el año. Para eso tendríamos que dar un pasito en todo y que no haya embudos en el tema de la formación, en el cual se está trabajando muy bien.

                Creo que estas son las ambiciones que debemos tener como sector, como actividad, tanto en lo que tiene que ver con la venta y la exportación, como a nivel interno, en el sentido de desarrollar más relatos propios y tener mejores ciudadanos. Esta es otra preocupación que nos guía.

SEÑOR CAMY.- Quiero hacer una consulta puntual en el entendido de lo positivo que sería el proyecto de ley que se propone con respecto al propósito de acrecentar la actividad al facilitar las condiciones para la instalación de grandes estudios.

                ¿El porcentaje de 25 % de los costos anuales totales de la empresa para habilitar a que se filme fuera de la zona está establecido por algún estudio específico? Pregunto esto porque me surge la duda de si ese porcentaje no termina siendo una limitante para el propósito general. ¿Está establecido así en función de una práctica en el derecho comparado o porque las autoridades involucradas, en la relación con el Poder Ejecutivo, lo avalaron de esa manera? Reitero que me refiero específicamente al porcentaje mencionado.

SEÑORA GONZÁLEZ.- Eso surge de la iniciativa, que fue del Área Zonas Francas  del Ministerio de Economía y Finanzas; el porcentaje no se estableció en consulta con nosotros.

SEÑOR MUJICA.- Voy a hacer una pregunta de analfabeto en estos temas.

                Parecería que, globalmente, la presencia de un gran estudio como un apoyo al desarrollo es importante. Ahora bien; ¿el estudio existe y estamos elaborando una ley a ese respecto o estamos haciendo algo para tratar de atraer un estudio? Porque si el estudio existiera, preferiría discutir abiertamente sobre él, como lo hicimos con las papeleras, por ejemplo, de manera bien definida y precisa, antes de perdernos en un conjunto de hipótesis con respecto a si podrá ser o no, si compite o no compite, esto y lo otro. Esa es la cuestión.

Si el sector como tal ve bien y apoya la presencia de un gran estudio, lo que tenemos que hacer es salir a buscarlo; después le daremos el marco legal. Por ahora estamos hablando de las posibilidades que abriría. Me queda claro que ustedes consideran que sería positivo, pero con ciertas limitaciones, para que no entre a competir específicamente, pero sí sirva para apoyar y diversificar al sector. Pero una vez que el monstruito esté en casa, habrá que ponerle bozal para que no plantee problemas. Es decir, ¿cómo logramos algo que sea complementario de un sector emergente que se está desarrollado, pero que no suceda al revés, y este quede subordinado? Repito que en esto soy un analfabeto y pido que me perdonen si digo algún disparate.

SEÑORA GONZÁLEZ.- Se habló de un estudio, pero como bien señaló la señora Senadora, eso no quiere decir que tenga que ser precisamente un estudio. Este es un marco legal para que puedan suceder algunas situaciones que no están debidamente relevadas. Ahí sí vemos cómo se organiza la parte emergente del sector y se proyecta como actividad general.

                Respecto a proyectos puntuales, no hemos visto ninguno. Sí tenemos conocimiento de que hay inversores que tienen la idea de realizar un proyecto con estudio, pero no lo hemos evaluado ni tenemos una carpeta con un proyecto. Sabemos que hay inversionistas que quieren desarrollar este tipo de actividades.

En cuanto a lo que el señor Senador preguntaba sobre cómo se puede controlar, para nosotros es muy importante cómo se implemente y cuáles son los indicadores que habrá que pedir que incluyan en los proyectos a la hora de presentarse. ¿Qué es lo que lleva de un lado al otro de la balanza? Es cómo se implementa; el marco puede ser positivo, pero no podemos quedarnos con eso, siempre hay que mirar el bosque y en la bajada directamente hay mucha combinación, incluso con el propio sector privado. En eso hemos trabajado en conjunto desde el instituto y ahora también con el Ministerio de Industria, Energía y Minería; estamos cerca del sector. Eso es fácil de implementar en la medida en que tengamos conciencia de que no puede quedar en manos de una implementación administrativa. El pienso debe seguir.

SEÑOR MICHELINI.- Acá hay un desarrollador temático que limita un espacio territorial y genera las partes edilicias correspondientes, algunas vinculadas a procesos de filmación o estudios y otras a que se instalen empresas que les provean productos a dichos estudios y que por alguna razón –ya sea por aspectos de idoneidad o de precios, como por ejemplo de la mano de obra uruguaya– desarrollen empresas que se especialicen en eso, como toda la parte de utilería y de vestuario.

Hay estudios a los que les puede interesar que algunas películas para las que se requieren ciertas condiciones, se puedan filmar en determinado desarrollador que se las provea. También puede haber una empresa vestuarista que atienda a los distintos estudios que se instalen. Seguramente, empresarios, cineastas, actores o actrices uruguayas se verán tentados a trabajar en cada uno de los proyectos puntuales. Por lo tanto, la interacción entre lo de adentro y lo de afuera será muy fuerte.

                Respecto al porcentaje del 25 % de la filmación, lo iremos viendo. De pronto al país le puede importar que en determinadas películas se muestre al Uruguay. Luego habrá que analizar la redacción. Quizás el 25% sea mucho porque estarían compitiendo con los uruguayos. En el tema de las imágenes, si se trata de películas o avisos que se van a exhibir en el exterior y no en el Uruguay, el hecho de que la imagen de nuestro país se proyecte en el mundo, puede ser interesante. En este sentido, creo que los aportes que hoy nos han brindado dan como para que cuando lleguemos al tratamiento de este artículo veamos si se puede afinar un poco más la redacción. 

SEÑOR CAMY.- En lo que refiere a la estipulación de 40 kilómetros como límite del área para la instalación de las zonas temáticas, específicamente en el rubro que ustedes representan y la actividad que van a desarrollar, ¿es lo mismo instalarse a 80, 120 o 300 kilómetros de Montevideo? ¿Se ven afectados por la localización? Cuando hago esta pregunta no estoy pensando en el marco específico de lo que atañe a las zonas temáticas de servicios sino al concepto de lo que estamos considerando. Creo que, además de algunos aspectos tributarios, el gran cambio es la denominación de «zonas económicas especiales» en lugar de «zonas francas», y el término «desarrolladores» para lo que antes se llamaba «explotadores». Pero esto también ocasiona complicaciones sociales muy particulares, por lo menos en Florida y Libertad. Para quienes vamos a poner el énfasis en el concepto del centralismo –tema tan antiguo en este país– es interesante saber si en esta habilitación especial, temática, que se pretende hacer en la nueva normativa, los 40 kilómetros son importantes, decisivos o si para esta industria que queremos desarrollar en nuestro país y que vamos a respaldar, es lo mismo que esto se haga a 200 kilómetros de Montevideo o en Artigas.

 SEÑORA GONZÁLEZ.- No es lo mismo. Hoy por hoy la actividad está concentrada en la zona metropolitana. Esa es una realidad; las capacidades generadas se localizan en Montevideo. La oficina de locaciones está en la Intendencia de Montevideo y ahora se instaló una en Canelones. De todos modos, veo esto como una oportunidad porque para el crecimiento que aspiramos alcanzar tenemos que adentrarnos en el territorio. Necesitamos el apoyo de los gobiernos locales y que entiendan que esta es una actividad de desarrollo local. Por eso yo diferenciaba una película de lo que es la publicidad. La diversidad de la actividad permite que localmente se apropien de esta actividad para desarrollar algunas capacidades.

SEÑOR CAMY.- Quizás no me expresé bien. Por poner algún ejemplo, las forestales se instalaron en zonas geográficas del Uruguay que propiciaban mejores condiciones que el resto del país para que eso se desarrollara; por su parte, la lechería está en un entorno en el que la tasa de productividad de la tierra no se encuentra donde se produce la amatista. Entonces, en esta área que desconozco –en esto me pliego a  la condición del Senador Mujica, de analfabeto– quiero saber si para el sector es lo mismo que la locación que se determine para esta inversión importante –que seguramente todos apoyemos– a fin de tener un ámbito que genere mejores condiciones para el sector, sea en Salto o en Canelones. En realidad, mi inquietud es por qué se establece este límite de 40 kilómetros y no, por ejemplo, de 300, teniendo en cuenta que el propósito del concepto de la vieja normativa de zona franca  –hoy aparentemente hacia el concepto de zonas económicas especiales– es generar condiciones para promover desarrollo donde es más difícil que surja. En ese sentido, hay actividades que es imposible que sean desarrolladas, por ejemplo, en Artigas, porque las condiciones específicas de ese departamento no lo permiten. Ahora bien, esta actividad, que aparentemente tiene más que ver con el talento, el intelecto y la capacidad artística, sueño que no haya incompatibilidades para desarrollarla en departamentos alejados de Montevideo, a pesar de que ello iría contra el departamento en el que vivo, que es San José. Creo que si a través de la legislación podemos generar normas para que algunas actividades se desarrollen lejos de Montevideo, no deberíamos establecer un límite de 40  kilómetros, sino uno de 300. Desde ya adelanto que voy a defender la zona franca de Libertad, pero también me sorprende que en Uruguay tengamos las zonas francas a 50 o 100 kilómetros de Montevideo, cuando en Chile están en Antofagasta, en Argentina en Tierra del Fuego y en Brasil en Manaos. El concepto sería corrijamos la injusticia a través de otra injusticia.  Entonces, volviendo a la pregunta que planteo, quisiera saber si para ustedes es lo mismo que lo que se va a desarrollar esté en Paso de los Toros o en Florida.

SEÑORA GONZÁLEZ.- No, no es lo mismo. Creo que aquí hay dos planos a tener en cuenta: una cosa es qué es lo mejor hoy, según como está desarrollado el sector, y otra distinta es la estrategia de visión que uno puede tener para que las cosas se desarrollen en otro lado. Entonces, si esto está enfocado a la exportación de servicios e intenta levantar el piso, yo preferiría que fuera en un entorno relativamente cercano. En realidad, quisiera que esto se desarrollara en Artigas, pero creo que hoy no están dadas las condiciones para que así se haga, porque la gente que se desenvuelve en la actividad audiovisual está –tal como sucede en otras actividades– en la zona metropolitana. Entonces, para salir un poco de Montevideo creo que la zona metropolitana podría ser un buen lugar para un estudio o una zona de este tipo, al menos en este momento del sector. No quiero decir que esto siempre vaya a ser así, pero esas capacidades hay que irlas generando. También es cierto que si yo instalo este espacio a 300 kilómetros, obligo a que se generen algunas capacidades, pero creo que debemos tener en cuenta tanto el tema de las velocidades como el de las necesidades. Actualmente, necesitamos que la política audiovisual se haga a nivel nacional, es decir que no se concentre en Montevideo. En realidad, somos conscientes de que para que algo sea nacional, eso no solo debe decirse en los papeles sino que hay que promover acciones concretas. Y podríamos decir que esto que se propone representa una acción concreta.

En definitiva, respondiendo a la pregunta, teniendo en cuenta cómo está pensado esto y cómo funciona la estructura del sector a nivel profesional, creo que hoy por hoy esto debe hacerse en la zona metropolitana. Ojalá dentro de cinco años esté diciendo que debe hacerse a 300 kilómetros.

SEÑOR SILVEIRA.- Creo que este es un tema de análisis interno de la comisión. Al respecto, hemos esbozado alguna opinión que tiene que ver con la discusión que tuvimos el primer día que se planteó esto. 

Antes de terminar su intervención, la señora González aludió a lo que nosotros manifestamos. ¿A qué me refiero? Primero se crea una ley de zonas francas, o como se llame, que tiene como fundamento generar una opción de desarrollo e inversión para el país. Probablemente, después se vaya profundizando el proceso. Entonces, nosotros generamos, dentro de ese sistema que creamos, algunos elementos que van en el sentido de mejorar la condición de instrumento. Acá se nos dijo que la norma no se creó necesariamente con un fin descentralizador, sino para generar mejores condiciones para el país. Hay normas que fomentan la industria y los parques industriales, que tienen una serie de incentivos para que su instalación se realice lo más lejos posible de la capital. Esos incentivos van en aumento hasta llegar a Rivera y Artigas con la totalidad de las herramientas para generar esas oportunidades de desarrollo.

                La señora González también dijo algo que es pertinente con la idea que estoy tratando de desarrollar. Explicó que si allí adentro se generan algunas condiciones que hagan que les interese más ir a Artigas, porque sirve económicamente o porque las desventajas se compensan, lo harán. Así que, en realidad, lo que tenemos que manejar es la posibilidad de que podamos incluir en la norma algunos elementos que generen esas posibilidades de desarrollo. Además, es importante lo que dijo el señor Senador Camy: si una persona se instala a 40 kilómetros tendrá determinadas condiciones y si lo hace a 150, otras. De ese modo, entonces, cada uno verá, dentro de esas posibilidades, cuál le sirve. Por eso digo que es un tema que va, esencialmente, en el sentido del proyecto. Acá se ha dicho que ese no es el interés, sino el que simplemente se manifiesta en la norma. El director de zona franca –si recuerdo bien– dijo que hay otras normas que van en ese sentido. Nosotros –y me afilio a lo expresado por el señor Senador Camy– vamos a tratar de que esos incentivos estén dentro de la norma para que después vean qué les conviene.

SEÑOR BIANCHI.- Creo que la ley de zona franca, en general, tiene una visión de desarrollo y una oportunidad de negocio que se da en un marco territorial, con la asimetría y las diferencias que hay que ver siempre para que sea fructífera. La condicionante que tenemos pasa por la oportunidad de un desarrollo con las velocidades que marcaba perfectamente la directora en cuanto a lo que es el tema de la cercanía en Montevideo. En la capital es donde está concentrada toda la infraestructura y las posibilidades  de velocidad de salida –puerto y aeropuerto– que en estos temas son fundamentales. Todo esto hace que la temática del audiovisual tenga la necesidad de implantarse en ese marco de territorialidad. Esto no quiere decir que abandonemos la visión del concepto nacional en cuanto al tema audiovisual, sino que se deberá elaborar con las políticas que venimos llevando adelante desde el Ministerio de Educación y Cultura para que se desarrolle donde hay particularidades y donde las localías puedan, de alguna manera, empezar a concentrar y profesionalizar ciertas situaciones. Lo cierto es que como oportunidad de negocio no se da más allá de cierto marco territorial. Esa es una necesidad que debe tener y en ese sentido creo que la visión está claramente establecida en el proyecto de ley.

                Por otro lado, los señores Senadores marcaron algo con respecto a que una cosa es el desarrollador y otra distinta, los usuarios. Creo que la ley de zonas francas, en general, y el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio, establecen los parámetros de estudio de cada uno de los proyectos, tanto del desarrollador como de los usuarios, cuando registran los contratos que deben ser verificados por el Área Zonas Francas previo a su aprobación para que puedan ser firmados. A partir de allí es el Estado el que va a tener que comprometerse para, de un lado, mantener y mejorar el sector audiovisual tal como se da hoy en la realidad dentro del territorio nacional y, del otro, ver cuáles son las políticas de desarrollo que quiere llevar adelante en el sector en cuanto a las exportaciones: mejores niveles de profesionalización y de infraestructura que puedan captarse en el Uruguay. Este es uno de los valores agregados en los que creemos tendremos que hacer énfasis: el desarrollo.

SEÑOR SILVEIRA.- Quisiera saber por qué son tan taxativos en cuanto a que tiene que ser en Montevideo, porque uno escucha comentarios con respecto, por ejemplo, a que la zona del este sería de interés para algún emprendimiento internacional de este tipo. ¿Eso quiere decir que aquello quedaría descartado?

SEÑORA GONZÁLEZ.- No, no es así; quizás me haya expresado mal.

                Yo no hablé de Montevideo, sino de la zona de influencia de Montevideo. Me parece bien establecer el límite de los 40 kilómetros, porque creo que hay que empezar a transitar el camino. Si bien sería más cómodo que fuera en Montevideo  –sobre todo para los productores–, en realidad, no debería. Entiendo que tiene que salir de la órbita capitalina y comenzar a moverse hacia el interior del país.

                Por eso hoy señalé que esto debe ser visto como algo complementario dentro de una mirada general; se trata de un ámbito en el que hay que desarrollar capacidades y ver, incluso, la posibilidad de que se fortalezcan hasta las institucionalidades vinculadas con la actividad audiovisual para poder trabajar en el territorio y generar las alianzas correctas dentro de las localidades para hacer que el escenario sea posible y estar hablando de 500 kilómetros.

                Actualmente no hemos llegado –por un tema de tiempo y de velocidad– a desarrollar incluso el tema de la formación técnica en la zona. Estamos trabajando con la UTU en la acreditación de saberes para que, por ejemplo, un electricista egresado de allí pueda actualizarse en el área audiovisual y se generen capacidades locales y no tenga que venir un eléctrico –como lo llamamos en nuestra jerga– desde Montevideo. O sea que hay detalles que no resulta tan complejo implementar; se trata solo de complementar lo que ya existe y generar capacidades para que eso sea una realidad.

                En definitiva, sí creo que debe ser fuera de Montevideo; por lo menos, aspiro a que la actividad empiece a traccionarse hacia otros lugares.

SEÑORA PRESIDENTA.- En lo personal pienso que quizás sería muy bueno –en base a lo que hemos estado conversando en otros ámbitos; no mucha gente está enterada de las áreas temáticas que abarca esta nueva ley– que se pudiera generar una discusión dentro de cada sector, a fin de ver qué es lo que debería estar contemplado en esta área temática.

SEÑORA GONZÁLEZ.- ¿Les interesaría que concurriera el sector privado o preferirían que las inquietudes llegaran a través nuestro?

SEÑORA PRESIDENTA.- De repente sería bueno que nos invitaran a participar de la discusión.

SEÑOR MUJICA.- Reflexionando en voz alta, me pregunto por qué tenemos que poner un límite de 40 o de 50 kilómetros. No sé qué va a pasar en materia de integración; no sé si mañana o pasado no podremos ser complementarios con Buenos Aires y tener un foco en Colonia; ¡qué sé yo lo que va a pasar! O quizás pueda suceder en el litoral; reitero: no sé, ¡no lo sé!

Si nosotros tenemos un análisis estático de que el Uruguay va a continuar por los canales en que está, hay que ver a escala lo que puede pasar en la región. Así como pienso que las universidades deben tener bruta relación y empezar a mirar de otra manera, hay que tener en cuenta que esta es una actividad económica pero, a la vez, cultural, y no sé si el primer mercado que tienen no es Buenos Aires y las grandes ciudades de la región. Aunque hoy estemos medio peleados y tengamos dificultades, uno debe tener la esperanza de que no siempre sea así. Por lo tanto, con relación al límite establecido de 40 kilómetros, me parece que lo mejor es que la vida ponga esos límites.

SEÑORA MOREIRA.- En el artículo 10 se hace referencia a esos 40 kilómetros, que es la definición del área metropolitana. Lo menciono para que no entremos en una discusión de que los 40 kilómetros son un límite, pues es la definición del área metropolitana. Sin duda, esta definición es discutible, pero está en el artículo 10, que dice: «[…] A los solos efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entiende por Área Metropolitana, el área geográfica comprendida en un radio de 40 (cuarenta) kilómetros respecto del Centro de Montevideo».

Como la señora González explicaba que para desarrollar esto se necesitaba una cercanía a Montevideo, que es donde está el grueso de la actividad, nos quedamos con la idea de los 40 kilómetros, pero justamente se trata de que el desarrollo de las zonas económicas especiales sea en el interior del país.

SEÑOR DELGADO.- Coincido con el señor Senador Mujica. Creo que en esto no tenemos que legislar para hoy, en función de coyunturas, sino en forma prospectiva, en base a lo que queremos, que en definitiva es generar estímulos de lo que uno imagina que debería ser.

Más allá de recibir a las visitas –los aportes son necesarios como insumo para poder legislar bien–, cuando discutamos los artículos del proyecto de ley deberemos tener una visión global y flexible a fin de generar los estímulos necesarios para que se desarrollen algunas cosas que queremos o, por lo menos, lo que en el futuro tal vez quieran determinados desarrolladores, porque quizás lo que hace la ley es constreñirlas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la visita a los representantes del Instituto del Cine y Audiovisuales del Uruguay.

(Se retiran de sala los representantes del Instituto del Cine y Audiovisuales del Uruguay).

                –Continúa la sesión.

SEÑOR DELGADO.- Simplemente anuncio que tanto el señor Carlos Enciso como el señor José Luis Falero me trasmitieron su inquietud de ser recibidos por esta comisión en su calidad de intendentes de Florida y de San José, respectivamente, en alguna de las próximas reuniones en que se trate el proyecto de ley sobre zonas económicas especiales porque, como es obvio, en esos departamentos hay intereses vinculados a las zonas francas.

SEÑORA MOREIRA.- Consulto si se invitó a representantes del Ministerio de Salud Pública para que comparecieran ante esta Comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señora Senadora, pero comunicaron que hoy no podían concurrir. Quedaron en avisarnos una próxima fecha para asistir y dar su opinión sobre el tema.

SEÑORA MOREIRA.- Con respecto al tema del entretenimiento, ¿cuál sería la contraparte que tendríamos que convocar? Lo consulto porque me resulta difícil visualizarlo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Es verdad. Nos queda por convocar a la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, a los intendentes, al Ministerio de Salud Pública y esa otra parte vinculada al esparcimiento.

SEÑOR MUJICA.- Habría que invitar a alguien que defina qué es o qué se entiende por entretenimiento.

SEÑOR MICHELINI.- Dado que la comisión tiene dos proyectos a estudio, el que crea el Fondo para el Desarrollo –Fondes– y el relativo a las Zonas Económicas Especiales, y que próximamente ingresará el proyecto de ley de Presupuesto nacional, creo que tendríamos que aprobarlos antes de que eso suceda y se nos haya terminado el tiempo. Por lo tanto, diría que la comisión siga trabajando todos los jueves.

SEÑORA PRESIDENTA.- Eso está claro.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Nosotros queremos expresar el interés de la bancada de gobierno no solo por el tema de las zonas francas, sino especialmente por el Fondes, de modo que su estudio culmine en julio y en agosto ingrese al plenario pues, como dijo el señor Senador Michelini, vamos a estar en vísperas de comenzar el estudio del proyecto de ley de Presupuesto nacional. Por lo tanto, me parece que podríamos hacer el esfuerzo de finalizar el tratamiento de estos temas. En la Cámara de Representantes se trabajó intensamente sobre el proyecto de ley del Fondes, por lo que podríamos apurar su consideración. Proponemos que se haga un esfuerzo para que en lo que queda del mes de julio abordemos dicho proyecto de ley, de modo que, a más tardar en agosto, pase al plenario del Senado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quedamos así.

SEÑORA MOREIRA.- No entiendo.

SEÑORA PRESIDENTA.- La propuesta es que el próximo jueves se trate el proyecto de ley sobre el Fondes y después, en lo que queda del mes, se reciba a las visitas vinculadas al tema de las zonas francas.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Cuándo vamos a recibir al Fondes?

SEÑORA PRESIDENTA.- El proyecto vino de la Cámara de Representantes.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Vamos a recibir a representantes del Poder Ejecutivo?

SEÑORA PRESIDENTA.- Si a los señores Senadores les parece, lo haremos. Creemos que como el tema fue intensamente discutido en la Cámara de Representantes se podría tratar en Comisión sobre esa base y después pasarlo al plenario.

SEÑOR DELGADO.- Si el tema se planteaba hoy, íbamos a proponer la comparecencia del Poder Ejecutivo para recabar información sobre el proyecto de ley para la creación del Fondes. Esa fue la tónica que se tuvo en la Cámara de Representantes y creo que es lo correcto en un sistema bicameral.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo que si el Poder Ejecutivo no puede venir el próximo jueves adelantemos en el proyecto de ley sobre Zonas Económicas Especiales.

SEÑORA PRESIDENTA.- Así se hará.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 11:40).

 

 

 

 

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.