(Ocupa la Presidencia ad hoc el señor Senador Michelini).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:12).

                -Continuando con el régimen de trabajo establecido en la sesión anterior, según el Orden del Día corresponde recibir a la Asociación Rural del Uruguay, a la Federación Rural, a la Comisión Nacional de Fomento Rural y, por último, al PIT-CNT.              

Vamos a comenzar con la delegación de la Asociación Rural del Uruguay.

(Ingresan a Sala las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay).

                -La Comisión de Hacienda del Senado da la bienvenida al Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, ingeniero agrónomo Ricardo Reilly Arrarte, al doctor Juan Pedro Irureta Goyena, al doctor Juan Alberto García y al contador Héctor Álvarez.

Tiene la palabra el ingeniero agrónomo Ricardo Reilly.

SEÑOR REILLY.- Buenos días. Quiero agradecer a la Comisión de Hacienda que nos haya recibido en el día de hoy. Voy a comenzar con una breve introducción y después me gustaría que se les cediera el uso de la palabra a mis compañeros si desean agregar algo.

                Voy a dejarles un breve análisis en el que se especifica la superficie en hectáreas que se necesita para cubrir una canasta básica familiar con el ingreso de capital, según datos extraídos del plan agropecuario con la canasta básica de Búsqueda, aunque podría haberse tomado en cuenta otra canasta. Los señores Senadores podrán observar por qué a veces se habla de productores de grandes extensiones de campo a partir de las 300 hectáreas índice Coneat 100, como refiere el proyecto de ley a estudio. En la gráfica que hemos traído se indica que una actividad dedicada a la cría de ganado necesita 414 hectáreas índice Coneat 100 para cubrir la canasta familiar de la que estamos hablando, mientras que, para el ciclo completo, se requieren 371 hectáreas índice Coneat 100. Después de este análisis podemos concluir que el impuesto que se pretende establecer, tal como está planteado, va a afectar a productores que con sus ingresos de capital -o sea, antes de pagar este impuesto- no llegan a cubrir el costo de la canasta básica familiar a lo largo del año.

                Quiero aclarar que, obviamente, la Asociación Rural del Uruguay no está en contra del fin que persigue el Impuesto de Primaria, que es la alimentación de escolares; creo que ningún ciudadano puede estar en contra de un fin de esta naturaleza. Es más, la Asociación Rural del Uruguay tiene una profunda preocupación por todo lo relativo al área educativa de nuestro país, pero eso no obsta a que consideremos que este sea un mal impuesto, mal aplicado. 

                Los productores rurales, a lo largo y ancho del territorio nacional, suelen colaborar de manera permanente con el mantenimiento y el funcionamiento de las escuelas rurales, fundamentalmente las que se encuentran ubicadas en el interior profundo, en lugares de difícil acceso. En gran parte esa es la explicación de que aún existan escuelas muy alejadas de los centros urbanos en el interior del país.

                En cuanto a la historia del impuesto -los señores Senadores seguramente ya la conocen y, si cometo algún error, el contador podrá hacer la aclaración correspondiente-, este surge en la Ley de Presupuesto del año 1996, que elimina el Impuesto de Primaria para los padrones rurales. Asimismo, se deroga el Imagro, se crean el IRA y el Imeba -a través del cual los productores van a realizar sus aportes- y el Gobierno central pasa a ser el encargado de trasladar desde Rentas Generales al Consejo de Educación Primaria un monto equivalente a dicho impuesto del año 1995. El Impuesto de Primaria es una renta afectada, o sea un impuesto cuyo destino queda definido por ley. Por lógica tributaria, entendemos que se debería tender a eliminar este tipo de impuestos, no solo a nivel rural, sino para todos los ciudadanos. Digo esto porque no parece coherente que exista un impuesto para cada fin -sin duda, hay muchos fines dentro de una sociedad-, ya que en definitiva le quitan flexibilidad al manejo de las finanzas públicas y al Presupuesto Nacional. Para asignar recursos existen la Ley de Presupuesto y la Rendición de Cuentas. ¿Por qué se eliminó este impuesto en aquel entonces? Este se eliminó porque era un impuesto demasiado difícil de recaudar; era engorroso, costoso y lo recaudaba el Consejo de Educación Primaria, cuya estructura desconozco, pero seguramente no era la adecuada para llevar a cabo una función que, por otra parte, tampoco era la suya. De hecho, cuando pasó a ser cobrado a través de Rentas Generales, mejoraron notoriamente tanto la recaudación como el costo de esta.

                Recordando lo que fue la Reforma Tributaria del año 2007, quiero puntualizar que esta apuntó a gravar la renta de las distintas actividades empresariales y a  simplificar el sistema tributario, a fin de que hubiera menos impuestos y que su recaudación fuera más eficiente. Por lo tanto, ese camino que en su momento apoyamos, es diametralmente opuesto al que estamos recorriendo con este proyecto de ley a consideración.

                Como dato, quiero destacar que el sector agropecuario pasó de pagar US$ 117:000.000 de impuestos en el año 2004 a US$ 328:000.000 en el 2014. Quiere decir que los impuestos prácticamente se triplicaron en los últimos diez años. El grueso del aumento de estos impuestos fue entre los años 2009 y 2014, pero el incremento más significativo se dio en los últimos dos años, precisamente por la reimplantación del Impuesto al Patrimonio. Por esa razón, en aquel momento concurrimos a esta Comisión para explicar lo negativo que era este impuesto para nuestro sector y para el país, porque se trataba de un tributo ciego a la tierra. Aclaro que un impuesto ciego es aquel que el productor tiene que pagar independientemente del resultado operativo o económico de la empresa, es decir, gane o pierda dinero, tal como va a suceder en este ejercicio por distintas razones, como los precios internacionales, el déficit hídrico y otras cuestiones de costos sobre las que no me voy a extender. Justamente, el Impuesto de Primaria es un impuesto ciego que el productor deberá pagar gane o pierda dinero.

A lo largo de la historia, el estancamiento del sector agropecuario estuvo asociado precisamente a la acumulación de impuestos a la tierra. Está claro que gravar el activo tierra es el principal desestímulo para la inversión directa en un negocio de alto riesgo como es el agropecuario, en el cual inciden muchos factores, entre ellos el climático y también la gran dependencia de los mercados internacionales, cuya situación actual no es muy favorable. Todos sabemos que Uruguay exporta gran parte de lo que produce: el 75% de la carne, el 70% de los lácteos, el 85% de la celulosa y prácticamente toda la soja y el arroz. Esto revela que el país depende de la situación y el contexto internacional. En nuestro país llegamos a tener cinco impuestos a la tierra simultáneos: la Contribución Inmobiliaria Rural -que es el impuesto a la tierra por excelencia-, el Impuesto al Patrimonio, el Impuesto de Primaria, el aporte patronal a la seguridad social -que se calcula en función de las hectáreas Coneat- y el Imagro que en su momento era un impuesto a la renta que estaba directamente ligado a la tierra.  En caso de aprobarse este impuesto, ya habríamos recorrido el camino de acumular cuatro de los cinco impuestos que acabo de mencionar.

¿Por qué insistimos con el tema de estos impuestos ciegos? Lamentablemente ya comenzamos a recorrer el camino mencionado con la reimplantación del Impuesto al Patrimonio. Entendemos que este es un gran retroceso en materia de política tributaria y que esto, hacia el futuro, sin duda va a afectar la producción, la productividad y, ni qué hablar, la inversión y la competitividad. Consideramos que el sector agropecuario -el  más relevante de la economía nacional- hoy tiene problemas de competitividad y es nuestro deber no seguir agravándolos. ¿Cuál entendemos que es el mejor impuesto? Aquel en el que el Estado es socio cuando hay ganancias, que es precisamente el impuesto a la renta de las distintas actividades empresariales.

                Antes de ceder el uso de la palabra a alguno de los compañeros que me acompañan, quisiera decir que hay un estudio del Centro de Investigaciones Económicas -Cinve- del año 1994 titulado «Evaluación de impacto de distintas modalidades tributarias en el sector agropecuario» que, a grandes rasgos, concluye que cuando se empiezan a acumular impuestos a la tierra, se genera una desvalorización del activo tierra, se tiende a acumular el activo y, por lo tanto, se favorece la concentración  y se plantea un manejo mucho más extensivo de los bienes de producción. Este es un camino exactamente opuesto al que transitó el país en los últimos quince años, en los que se observó una valorización del activo tierra, una reinversión, una tecnificación, una incorporación de conocimiento e innovación, precisamente en busca de una mejora en la rentabilidad.

                Siempre que tengo oportunidad hago referencia a un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República que demuestra que el sector agropecuario es el que tiene mayores efectos multiplicadores dentro de la economía nacional, donde cada dólar generado se multiplica por seis. Ello se debe a las actividades conexas y al efecto de difusión que tiene este sector en el resto de las actividades.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Complementando lo que mencionaba el ingeniero agrónomo Reilly, simplemente quisiera decir que debemos tener en cuenta que el Impuesto de Primaria es el gravamen más viejo que continúa vigente en el Uruguay. Se trata de un impuesto creado en el Siglo XIX a los efectos de la construcción de escuelas rurales. Se caracterizaba por ser de una época en la cual se estaban asentando los aspectos institucionales del Uruguay;  en este caso, se partía de una base prácticamente nula y se buscaba incrementar las oportunidades de educación de la población del país.

                Cuando se establece un impuesto de esta naturaleza -me refiero a uno que grava un factor de producción-, económicamente se distorsiona la asignación de los factores que grava. Como decía el ingeniero agrónomo Reilly, evidentemente tiene la consecuencia directa de afectar el valor del activo que se grava y, en los hechos, disminuye la inversión sobre ese activo.

                En oportunidad de la eliminación por parte del Gobierno del pago del Impuesto de Primaria directamente por el sector agropecuario y de la utilización de fondos que provenían del IRA y del Imeba para cubrir ese monto, se buscaba evitar las distorsiones que crea esta clase de impuesto.  Es lamentable que, pasado un período, se vuelva a insistir con el impuesto. Reconocemos que, por su propio nombre y su destino, es un gravamen muy llamativo para la población, y con ello estamos totalmente de acuerdo; inclusive ARU ha colaborado activa y permanentemente con los aspectos relativos a la educación. No obstante, consideramos que la manera de restaurar el cobro de este impuesto no es la más adecuada.

                Muchas veces, cuando conversamos con las autoridades de turno, en ocasión de tratarse la reforma tributaria, se nos hizo notar expresamente que se buscaba que los impuestos fueran, en cierta medida, consecuencia de los resultados que obtenían las empresas y por lo tanto, el Impuesto a la Renta pasaba a ser la base de tributación. Inclusive, se mencionó que los impuestos al capital debían ser disminuidos y, en algunos casos, se los debía mantener simplemente a los efectos testimoniales y de control. Lamentablemente, pasado un período relativamente corto, vemos que se vuelve a implantar este impuesto en el sector agropecuario, pero al analizarlo nos parece que correspondería eliminarlo debido a su estructura y buscar la financiación a través de los fondos naturales del Estado como, por ejemplo, Rentas Generales.

                Además, como decía el ingeniero Reilly, pienso que el hecho de insistir en la implementación de tributos específicos daña todo nuestro sistema impositivo, por lo que no deberíamos aumentar el error que se comete actualmente con la existencia de estos impuestos.

                Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR IRURETA GOYENA.- Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación.

                Quisiera hacer mención a una sugerencia sobre la letra del proyecto de ley. Hemos recibido dos textos; en el segundo párrafo del artículo 3º de uno de ellos se habla de las exoneraciones para aquellos «propietarios de inmuebles rurales cuyos valores reales correspondientes al año 2014 sean inferiores a      $ 650.775», es decir, un poco más de 50 hectáreas. Dadas las características que le habían otorgado a este impuesto al hablar de 300 hectáreas, surgió un segundo texto que hacía referencia a la exoneración por este concepto.

                En la medida en que quedaran ambos artículos por separado, me gustaría hacer referencia a la redacción del artículo 3º para que no haya más de una biblioteca en su interpretación -que después se nos achaca a los abogados-, lo que en este caso sería peor para aquellos que podrían estar exonerados. En dicho artículo se menciona: «los artículos 636 y siguientes de la Ley Nº 15.809». Precisamente, en el artículo 637 de esa Ley se habla de que serán contribuyentes no solo los propietarios sino también «los promitentes compradores de los mismos con compromiso inscrito» -con o sin promesas inscriptas-  «y los usufructuarios». Mientras tanto, en el segundo inciso del artículo 3º del proyecto de ley se menciona que «Estarán exonerados de su pago los propietarios de inmuebles rurales…».

                En la medida en que se hable solamente de «los propietarios de inmuebles rurales», queremos defender a todos aquellos que sean contribuyentes; si son todos, entonces la exoneración debería ser para todos. Por lo tanto sugerimos que, en todo caso, en lugar de «propietarios» se hable de «contribuyentes», porque así se abarcaría a todos aquellos que la ley entiende que son contribuyentes.

                Simplemente quería mencionar este aspecto a los efectos de evitar una interpretación, no menor, que afectaría a aquellos productores que podrían estar exonerados y no lo van a estar.

                Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Ante todo quisiera saludar a la delegación que nos visita.

                En este tema tan trascendente de la reinstalación del Impuesto de Primaria nos parece importante poder escuchar a los representantes de las gremiales y de los sectores involucrados, a fin de conocer su postura acerca de este proyecto de ley que, como bien se señaló, tiene dos textos que seguramente se transformarán en uno solo.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Ya los hemos separado, señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Entiendo que en la sesión del Senado se presentará un solo texto que contiene una parte donde se menciona cuáles son los bienes imputables y otra que contiene las exoneraciones.

Pregunto si tienen calculado, más allá de algunos números que brindó el Gobierno, el costo de este impuesto. Además, cuál es el universo de contribuyentes según la redacción del proyecto de ley. También quisiera conocer el costo, por hectárea o global, que los contribuyentes tendrán que aportar si este texto fuera aprobado en el Parlamento.

SEÑOR ÁLVAREZ.- El monto global no lo tenemos determinado y aceptamos el que está manejando la Comisión de $ 400:000.000. Evidentemente esta cifra es muy superior a lo que se recauda actualmente a través de Rentas Generales, es decir,  $ 190:000.000.

                Hicimos un cálculo estimativo de cuánto deberán pagar los productores y llegamos a la conclusión de que el monto asciende a US$ 1,50 por hectárea que equivale a poco más de un tercio de la contribución inmobiliaria rural, tomando la hectárea índice valor real 100.

                Como decía el ingeniero Reilly, quien mira aisladamente este tema quizás piense que US$ 1,50 no es tan material, pero cuando uno lo toma en cuenta con respecto a la rentabilidad del sector, se ve de otra manera. Hay que tener en cuenta que la rentabilidad en el sector agropecuario es muy baja. Es un sector intensivo en el uso de capital, pero tiene una rentabilidad total muy baja que, históricamente, ha estado entre el 1% y el 3%. Entonces, realmente la tasa de rentabilidad del sector es baja. Cuando se afecta al sector con un impuesto fijo, complica su existencia. En este caso, US$ 1,50 capaz que no es mucho, pero si lo juntamos al patrimonio, al aporte patronal, a la contribución inmobiliaria rural, pasa a ser una masa significativa. En los datos que planteó el ingeniero Reilly hay que tomar en cuenta que es el ingreso de capital y que no están bajados los impuestos, como tampoco el costo de financiación. Si agregamos eso, evidentemente, incluso en ese número de hectáreas, el ingreso que obtiene el productor para el mantenimiento de su familia pasa a ser negativo.

                Pienso que hay que ser muy criterioso con este tipo de impuestos y, dentro de lo posible, evitarlos.

                Por tanto, el monto que manejamos es aproximadamente el que mencioné.

SEÑORA MONTANER.- Agradezco la presencia de nuestros invitados. Es muy importante tener todas las visiones posibles antes del tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Senadores. Este proyecto tiene que ver con un tema muy sensible como es la educación, pero también con la productividad de nuestro país que se basa en los sectores que trabajan la tierra. Se trata de los diez primeros productos de la lista de los elementos más exportables del país y, por lo tanto, de ahí obtenemos importantes ingresos.

                Voy a hacer mías las palabras del señor Presidente de la Asociación Rural en cuanto a la sensibilidad que tenemos con la Educación Primaria en el interior del país. He visto productores que han brindado -esto figura en Inspección de Primaria y lo podemos presentar en la Comisión- su apoyo a Primaria para crear escuelas para muy pocos alumnos, de manera que el trabajador rural no tenga que irse a la ciudad, pueda seguir viviendo en el campo con sus hijos y, por lo tanto, continuar con su oficio. O sea que no somos ajenos ni insensibles al tema de la educación. En Primaria constan datos de escuelas creadas en distintas localidades que luego desaparecen porque los trabajadores se terminan yendo.

                Nos sorprendió el impuesto, no porque lo recaudado se destine a Primaria, sino porque va en contradicción con lo que ha sido la filosofía tributaria del Frente Amplio, en cuanto a que el gravamen siempre fue a la renta. Creo que es muy importante que cuando se gana más se pague más, pero cuando no se gana más y se debe solicitar un crédito para seguir trabajando, vemos que se generan problemas.

                Si bien la tierra ha aumentado su valor, es un bien inmueble y aquí no se trata de utilizarla en forma inmobiliaria; quien la tiene la quiere para trabajar y no para vender. Por lo tanto, como bien activo, es muy importante que aumente su valor, pero eso no repercute en la productividad, el costo y el bienestar del productor rural y su familia.

                Luego voy a leer las cifras relativas a la cantidad de predios rurales que han disminuido, del año 2000 al 2011. En ese lapso hemos sufrido una disminución muy importante de pequeños productores. Si bien hubo una época en la que las materias primas que exportamos tuvieron acceso al mercado con buenos precios, hoy estamos en una situación diferente: baja en los precios de los commodities, problemas climáticos con la temática del recurso hídrico y el bajo valor del dólar, aunque ahora aumentó un poco y nos permite ser un poco más competitivos. A todo esto hay que sumar la carga impositiva, que se torna muy pesada. Entonces, puede parecer que un impuesto más no sea nada, pero hay que tener en cuenta que se sumará a todos los costos que ya se han mencionado, tales como el aporte patronal al BPS, el Impuesto al Patrimonio, la Contribución Inmobiliaria Rural, etcétera, todo lo cual va afectando la rentabilidad.

                Quería dejar constancia de los datos que recogí de Fucrea y del Plan Agropecuario en cuanto a la rentabilidad, y me gustaría que ustedes confirmaran si son exactos. Tomé la rama ganadera, pero bien podría ser la agrícola, la lechera -que está pasando por otra situación- o la forestal. Se sostiene que la rentabilidad del negocio es inferior al 2,5% y al 3% en este momento, dada la caída de precios. Como ustedes están estudiando la comparación con la canasta básica familiar, quisiera que dijeran si esa realidad se mantiene -no pude localizar la fecha a la que correspondían estos datos; tal vez sean del año pasado- o si con la nueva situación esas cifras están bajando. En la rama de criadores, por ejemplo, se observa que tras once años, el ingreso bruto en dólares corrientes se multiplicó 3,6 veces, pero los costos más de cuatro. Por lo tanto, mirado en moneda nacional constante, el ingreso de capital -deflactado, por supuesto- fue apenas de un 18% mayor al de once años atrás. Me gustaría que ustedes pudieran confirmar ese dato que es muy llamativo. En el ciclo completo tenemos un 13%. Tras once años se triplicó el ingreso bruto del capital en dólares, mientras que los costos se cuadruplicaron llevando a que los resultados, en pesos constantes, se hayan incrementado un 13%.

                La otra duda que tengo es la siguiente. Si una hectárea da una rentabilidad de US$ 50 anuales, por ganadería, para 300 hectáreas estaríamos hablando de US$ 15.000. En tal caso, la rentabilidad mensual -calculada dividiendo quince mil entre doce- daría US$ 1.266. Quiere decir que hablamos de $ 42.916 por mes. Entonces, tenemos $ 20.000 mensuales -lo que no llega a dos salarios mínimos- de rentabilidad por hectárea al día de hoy. Si gravamos con otro impuesto a una empresa familiar que tiene dos salarios mínimos, es indudable que no cubrirá la canasta familiar.

                Estas eran las dudas que quería plantear. Nosotros vamos a votar el proyecto de ley porque es muy loable, pero queremos que, de alguna manera, se atiendan algunas modificaciones o aditivos que plantearemos, todo lo cual tiene que ver con la mecánica legislativa. Nuestra intención es que esto no tenga un impacto negativo y que lo recaudado ayude a Primaria, pero contemplando la situación del sector.

SEÑOR REILLY.- Voy a ser breve. Luego, si el Presidente lo autoriza, quisiera que el contador Álvarez hiciera uso de la palabra para referirse a los números.

                Simplemente haré alguna una apreciación sobre todo el desarrollo del razonamiento, que es muy correcto. Cuando hablamos  del mantenimiento de las escuelas rurales y del trabajador rural y sus hijos, no hay que olvidar que hay muchos productores de zonas alejadas que están establecidos en la campaña que siguen enviando a sus hijos  a esas escuelas, como lo han hecho siempre. Digo esto porque a veces se insiste con la necesidad de que los productores sigan viviendo en donde está la explotación de tierras, pero no se trata solo de los trabajadores, sino también de los productores.

                Cuando hablamos de rendimiento y de la caída de los precios internacionales debido a problemas climáticos a los que está expuesto el sector, no se mencionan los costos internos que tiene el Uruguay, dato que no es menor. Entonces, cuando hablamos de impuestos, podemos decir que el gasoil y la energía son los más caros de la región. Como decía el contador, no se pueden medir en forma aislada, porque cuando  observamos la estructura de los costos, vemos que también están ligados en forma directa con impuestos que se  cobran a través de otras vías, como es el caso del gasoil.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Simplemente quiero hacer una aclaración. Con respecto al tema de las 300 hectáreas que planteó la señora Senadora, estamos hablando de un ingreso neto de U$S 50 por hectárea. Debemos tener en cuenta que esos datos son del Plan Agropecuario y prácticamente coincide con  los de Fucrea. Debemos tener en cuenta que los productores que normalmente participan en la información, tanto en el Plan Agropecuario como en Fucrea, son de avanzada, pero hay pequeños productores familiares cuya situación es distinta a la que aparecen en estos informes; analizándolos, fácilmente se observa que con una rentabilidad tan baja el establecimiento de impuestos fijos agrava y hace peligrosa la situación. Por lo tanto, muchas veces creemos que estamos solucionando un problema social cuando, quizás, lo estamos agravando. 

                Por último quiero señalar que cumpliendo con el pedido de  la señora Senadora, enviaremos la información solicitada.

SEÑOR GARCÍA.- Yendo en la dirección de la exposición de la señora Senadora, en cuanto a la cantidad de  productores que se registran en los censos, queremos señalar que es un tema que nos preocupa porque año a año observamos que van disminuyendo. A su vez, se entabla una carrera entre el productor uruguayo que vive, digamos, de esta profesión -el auténtico productor que no puede correrla y sostener todos esos impuestos que se van acumulando- y la gran empresa que tiene resistencia y que la va ganando. Van pasando los años y el productor que depende exclusivamente de su ingreso predial  para vivir no puede sostener el ritmo de otras empresas grandes. Estas pueden negociar condiciones o soportar la suba de commodities.  Vemos que el auténtico productor es el que va quedando atrás y como prueba tenemos que en el censo podemos observar que el número de productores uruguayos va disminuyendo. Esa es la gran preocupación que tenemos.

SEÑORA MONTANER.- A nuestro juicio, los informes de Opypa representan un aporte interesante, que creemos que tienen respaldo porque lo genera la unidad de estadística del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La Cartera afirma que el número de explotaciones comerciales pasó de 52.111 en el año 2000 a 41.356 en 20011. O sea que según  el censo el número de explotaciones comerciales cayó un 21%.

                Aquí lo importante es el pequeño y el muy pequeño productor y aclaro que similar situación ocurre -y se ha visto agravada- con las explotaciones de autoconsumo. Ya estamos hablando de un modo de vida y, en este caso, se pasó de 5.020 a 3.425, o sea que el número de explotaciones de autoconsumo cayó un 32%.

                Esto lo he dicho para que quede constancia en la versión taquigráfica de que la situación es como aquí se ha manifestado.

SEÑOR ÁLVAREZ.- De acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los representantes de la Asociación Rural del Uruguay; quedaremos en contacto. También agradecemos que acerquen a Secretaría los datos que ha pedido la señora Senadora Montaner.

 

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación Rural del Uruguay).

 

(Ingresan a Sala los representantes de la Federación Rural).

 

                -Continuando con esta  sesión y mientras nuestros invitados van tomando asiento, quiero recordar a los señores Senadores que en la reunión de coordinación se  propusieron diferentes alternativas de trabajo en el Senado y que estaríamos postergando hasta el miércoles de la semana próxima el tratamiento de estos temas. Inclusive, podría haber una reunión de la Comisión el martes próximo, si así lo quisiéramos.

                Damos la bienvenida a los representantes de la Federación  Rural, el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte y los contadores Diego Bonomi y Federico Camy.

                Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR URIARTE.- En primer lugar, queremos agradecer, como siempre, la oportunidad que nos han brindado de poder intervenir en este tema.

                 Al comienzo quisiéramos pedir  que lo que se recaude en el sector agropecuario sea destinado a la educación rural y haremos un enfoque que, de alguna manera, pretende trasmitir la preocupación de quienes vivimos en el campo en el sentido de que,   con lo que se haga, no se favorezca el despoblamiento de la campaña.

                Vemos con preocupación que,  tal como está sucediendo hoy, las familias rurales o de quienes deciden vivir en el campo tengan que ver, en algún momento de sus vidas, el desmembramiento de su familia para poder educar a sus hijos ya que la mujer se traslada a los centros poblados, que es donde ellos reciben la educación. Queremos que se hagan los máximos esfuerzos para que la familia -sean trabajadores o patrones que hayan decidido vivir en el medio rural- se mantenga unida y cerca de la fuente laboral porque, entre otras cosas, eso les permite mantenerse juntos. Cuando se dividen comienzan vicios a nivel de las sociedades en esos centros urbanos que terminan actuando en contra del instituto familia.

No voy a entrar en detalles, pero quienes vivimos en campaña somos testigos de estos hechos. A esos niños no se les brindan oportunidades para aprender oficios o algo tan sencillo como andar a caballo. Además, si son trasladados a centros poblados se educan como forasteros y no les permite educarse con esas cosas que solo se aprenden durmiendo y amaneciendo en el campo.

                Por lo tanto, creemos que con más recursos, como los que va a contar ahora Primaria, se podrían atender estos aspectos. Hay iniciativas y voy a dar sencillamente un ejemplo. Las oportunidades que tienen estos niños para educarse es bien diferente a las que tienen los niños que se educan en Montevideo o en las capitales departamentales. Si bien sabemos que la tendencia mundial es la emigración del campo, nosotros -como país agropecuario que claramente se identifica con el agro- debemos hacer los máximos esfuerzos para revertir esa tendencia. Quiero dar, como ya dije, un ejemplo de la zona donde vivo, Noblía, cerca de Aceguá; se trata de un complejo que está casi en la frontera. Ayer se inauguró una preciosa escuela al lado de un Caif muy lindo que atiende a muchos niños con tres planes de Mevir. Este Caif un poco ejemplifica lo que llamo comunidades que viven en ese entorno absolutamente rural, donde prima la ganadería y el arroz.

 La escuela cuenta con un ómnibus pensado para el traslado exclusivo de los profesores y maestros de Noblía a Melo y no atiende el traslado de los niños a sus casas. Sin embargo, a 8 kilómetros de la frontera la realidad es totalmente diferente. Cuentan con una vasta flota de ómnibus y combis chicas para el traslado diario de los niños a los centros de estudio y con una excelente escuela con muchísimos profesores donde se muestra a las claras qué es lo que se puede hacer cuando tenemos más recursos.

Por este motivo, quiero hacer un pedido especial porque para nosotros la educación primaria es muy importante al igual que el instituto familia. No solo hay que tener en cuenta a los niños, sino a las familias y a las parejas. Debemos tener en cuenta  la imagen del padre trabajando en el campo cuando sabe que la mujer está sola en una comunidad con muchos niños y siente la necesidad de irse apenas cae el sol para saber qué pasa con su familia.

                Quería hacer sencillamente esta introducción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esas palabras serán enviadas a Educación Primaria.

                Tiene la palabra el contador Bonomi.

SEÑOR BONOMI.-  Como bien dijo Uriarte, nadie en su sano juicio puede estar discutiendo la transferencia de la recaudación de fondos públicos para la educación primaria, secundaria y universitaria. Eso no está en discusión. Lo que vemos con preocupación es cómo después de un hito como fue la reforma tributaria del año 2007   -cuando se movieron las estructuras tributarias del país después de 50 y 60 años de estar acostumbrados a tener cantidad de impuestos específicos y complejos de difícil control y recaudación- y luego de que todos hiciéramos un esfuerzo muy importante para mejorar la estructura impositiva del país -en racionalizarla y para que su liquidación y control fueran más efectivos- empezamos a ver que en la práctica esos objetivos se fueron complejizando, porque se pretendió que fuera de fácil liquidación. Hoy en día lo vemos en el Impuesto a la Renta, al Patrimonio y a Primaria, sobre el que luego el contador Camy va a hacer referencia por su compleja liquidación.

Por otro lado, también entramos en la tentación de crear impuestos específicos y, en esa reforma, justamente se trató de derogar ese tipo de impuestos, es decir, que no hubiera un impuesto para tal cosa y otro para tal otra. Se puso el énfasis en que hubiera impuestos importantes con grandes recaudaciones y, desde el punto de vista de la política tributaria y económica, se dispusiera cómo distribuir esos recursos.

A su vez, desde el punto de vista agropecuario, también vemos con preocupación que se pretenda volver a las décadas de los sesenta, setenta y principios de los ochenta, cuando la gravabilidad estaba basada en el factor tierra, sin considerar los resultados económicos de las explotaciones agropecuarias. En aquel momento teníamos los aportes al Banco de Previsión Social, el Impuesto al Patrimonio, el Imagro y la Contribución Inmobiliaria, gravámenes basados en el factor tierra sin importar el resultado que esta generara. En la actualidad, estamos llegando a algo similar porque continuamos con los aportes al Banco de Previsión Social, con la Contribución Inmobiliaria, volvimos al Impuesto al Patrimonio con problemas estructurales complejos para entender quién debe estar gravado y quién no, castigando a la empresa familiar y ahora se sumaría un impuesto específico como el Impuesto de Primaria.

Simplemente, el mensaje que queremos dar es que obviamente estamos de acuerdo con que Enseñanza Primaria y toda la educación del país recaude lo necesario para mejorarla porque no es ningún secreto que en la educación se nos va la vida. Sin embargo, creo que no deberíamos olvidarnos de los objetivos de la Reforma Tributaria de 2007, en la que se puso el énfasis en la simplificación, en los impuestos basados en la renta, en que estos sean generales y no específicos y no volver, nuevamente, a los impuestos a la tierra. Hay que tener en cuenta que la situación cambia y que, por ejemplo, cuando hace dos años se creó el Impuesto al Patrimonio la soja tenía un precio de  US$ 500 y hoy está en US$ 320 o US$ 340; también ha habido diferencias en el precio del novillo, que en algún momento estuvo en US$ 4 y en otro, a     US$ 3,30. Lo cierto es que en estos casos el impuesto pesa exactamente lo mismo y los resultados son totalmente distintos. Simplemente, queríamos trasmitir nuestra preocupación por los cambios en la estructura tributaria.

SEÑOR CAMY.- Agradezco a los miembros de la Comisión que nos hayan recibido.

                Siguiendo en la línea de los comentarios que hizo el contador Bonomi, quisiera agregar que, si analizamos el impuesto en sí mismo, veremos que queda claro el criterio de exoneración para los padrones individuales, donde se establece que estos no superen los $ 650.000, es decir, aproximadamente 58 hectáreas índice Coneat 100. Los padrones de menor cuantía van a quedar fuera de este impuesto.

Por nuestra parte, nos gustaría dejar plasmado un punto de vista un poco distinto con respecto a la otra condicionante de la exoneración, que figura en el proyecto complementario que tiene un artículo único, donde se dispone una posibilidad de exoneración para aquellos productores que exploten a cualquier título menos de 300 hectáreas índice Coneat 100.

Aquí queremos remarcar que con esta redacción del proyecto de ley perfectamente se puede dar el caso de propietarios -está claro que, en definitiva, el Impuesto de Primaria va a gravar a los propietarios de inmuebles rurales-, por ejemplo, de 70 hectáreas índice Coneat 100, que por otro lado toman en arrendamiento otras 250 hectáreas -lógicamente no son propietarios de estas- y, en ese caso, por sus 70 hectáreas tendrán que pagar el impuesto. Por lo tanto, vamos a estar ante el caso de propietarios de inmuebles rurales con extensiones menores que terminan pagando el impuesto. Esto se debe a que, con esta redacción, en el proyecto de ley se prevé una situación de exoneración para productores que exploten a cualquier título menos de 300 hectáreas, pero como es un impuesto a la propiedad, se mezclan las dos situaciones y, en definitiva, puede ocurrir que pequeños propietarios no accedan a la exoneración.

Otro ejemplo sería el caso de un propietario de 250 hectáreas que anexa, gracias al arrendamiento de tierras de un vecino, otras 70 hectáreas, y eso le haría perder la exoneración por el campo que posee. Esto sucedería también por ese criterio que dispone que se afecte la explotación a cualquier título.

                En ese caso, nos parece que una exoneración del tipo «propietarios de menos de tantas hectáreas» hubiese sido mucho más abarcativa que la que establece que «aquel  propietario de menos de 300 hectáreas efectivamente no va a tributar»; sin perjuicio de que el umbral de 300 hectáreas sea razonable o no. A la hora de definir los beneficios para las empresas familiares rurales hubiese sido interesante cotejar esto con la propia política del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que a esos efectos utiliza un umbral de 500 hectáreas. Quizá esa hubiera sido una buena forma de anexar el mismo criterio.

Esto es cuanto quería manifestar en materia de exoneración, que es el punto que nos deja mayores dudas. Sabemos que se piensa dejar la redacción igual a la de la exoneración actual de la contribución inmobiliaria. Esta exoneración perfectamente podría ser diferente, no vemos por qué tiene que ser exactamente igual. No nos parece que por ese hecho deje de ser un impuesto adicional a la contribución inmobiliaria.  Por lo tanto, ese es el aspecto que nos parece relevante.

                Por otro lado, como decía el contador Bonomi, lo que nuestro sector ve con mayor preocupación es que haya un impuesto ciego como este, totalmente separado de lo que va a ser la rentabilidad del sector. Sin duda, en los momentos de baja rentabilidad como el que se va a vivir este año va a tener una repercusión mucho mayor que la prevista.

Hay que tener presente una situación que no me parece menor y es que, en definitiva, este es el cuarto impuesto que grava lo mismo. Hoy en día, las contribuciones especiales a la seguridad social en el sector agropecuario, en el Banco de Previsión Social, se calculan en función de la tierra. La Contribución Inmobiliaria Rural grava la tierra; el Impuesto de Primaria grava la tierra y el Impuesto al Patrimonio modificado en el año 2013 grava la tierra. Ahí hay una diferencia sustancial con el antiguo Impuesto al Patrimonio donde la tierra era exclusivamente un factor exonerado. No se daba la situación de que cuatro impuestos gravaran la tierra, a pesar de que hasta el año 1996 estuvo vigente el Impuesto de Primaria. Me parece relevante saber que el factor tierra, sobre todo productivo y descentralizador, está teniendo una gravabilidad que quizá no es la recomendable.

Por otra parte, queremos hacer una sugerencia que nos parece que puede ser de utilidad. Si bien hoy sabemos que lo que se está recaudando por concepto de Impuesto de Primaria en el sector agropecuario asciende, en números redondos, a US$ 8:000.000 -unos $ 194:000.000-, según prevé el proyecto de ley ese dinero va a estar destinado a Rentas Generales, por lo cual el sector va a volcar un adicional de $ 440:000.000; a su vez, el Imeba se va a seguir tributando, ya que es la vía por la que Primaria recauda hoy. En definitiva, nos parece que no estaría nada mal que se adecuara la tasa del Imeba. Reitero que si lo que se recauda por concepto de Imeba con destino a Primaria va a seguir quedando en Rentas Generales, se podría adecuar la tasa del Imeba a la baja para recuperarlo.

SEÑOR BONOMI.- Con respecto a la crítica constructiva que hacía el contador Camy sobre las exoneraciones del impuesto que uno piensa que están, pero que después no se dan, debemos decir que eso es lo mismo que pasó con el Impuesto al Patrimonio, cuando el espíritu era más o menos gravar las extensiones de más de 2.000 hectáreas. En definitiva, con esa definición de unidad económico-administrativa, las empresas familiares, los pequeños productores, los dueños de 400, 500 o 600 hectáreas que se unían para poder producir a escala y ser mucho más eficientes han quedado gravados con el impuesto. El espíritu era no gravarlos, pero después la redacción de la ley hizo que en la práctica empresas familiares de pequeño porte y pequeños grupos de productores quedaran gravados. Eso se está dando hoy en la práctica y creo que sería bueno corregirlo. El contador Camy decía que algo parecido puede llegar a darse con este Impuesto de Primaria.

SEÑOR AMORÍN.- El contador se refería a que en el proyecto de ley se habla de los productores que exploten a cualquier título; su observación me parece absolutamente atinada y sobre esto ya conversamos en la sesión pasada. Este artículo único remite al artículo 448 de la Ley Nº 17.296 que no habla de los productores que exploten, sino de los propietarios de padrones rurales. Por lo tanto, si los invitados están de acuerdo y esto es lo que están planteando, me parece que sería atinado que en vez de hablar de «productores que exploten a cualquier título» se diga «los propietarios de padrones rurales que en su conjunto no excedan las 300 hectáreas». Entiendo que en la sesión pasada hubo consenso para modificar el texto, a fin de que ese tema quedara claro.

SEÑOR CAMY.- Justamente el punto era que se manejara un umbral de exoneración que contenga al contexto de productores propietarios, sin incluir la expresión «que exploten a cualquier título» porque eso abarca las situaciones a que hicimos referencia.

SEÑORA MONTANER.- En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a los representantes de la Federación Rural y agradecerles sus opiniones porque todo ayuda a enriquecer la parte legislativa.

                Recién estuvimos conversando con miembros de la Asociación Rural del Uruguay y no voy a repetir algunos conceptos que expresé en cuanto a la disminución de los pequeños productores, que se han venido retrayendo cuantitativamente debido a que la rentabilidad les está siendo muy difícil, teniendo en cuenta factores de los que aquí se ha hablado, como ser la baja de los precios, la falta de competitividad, el tema hídrico, etcétera. De todos modos, no voy a reiterar eso ahora por falta de tiempo.

Sin embargo, quiero decir que me parece que el aspecto social que acaba de mencionar el señor Presidente de la Federación Rural es muy importante y quienes vivimos en el interior hemos tenido experiencias que podemos relatar. Cuando la educación se implanta en el medio rural y en el interior, la situación se revierte y esos jóvenes que antes no tenían una ventana de futuro pasan a tenerla. Por ejemplo, en el año 2002, en la localidad rural Curtina, a 60 kilómetros de la capital del departamento de Tacuarembó de donde soy oriunda, no había liceo. En plena crisis no se pudo construir un edificio, pero se aggiornó un viejo almacén -que tuvo su razón de ser cuando se estaba construyendo la Ruta Nº 5 y, por lo tanto, un almacén de ramos generales vendía- con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para utilizarlo como liceo. Hoy a ese liceo concurren 300 alumnos, algunos de los jóvenes que fueron allí están cursando la Universidad y es el liceo con menor índice de repetición del departamento de Tacuarembó. Por eso, creo que el aspecto social y la oportunidad son muy importantes y quería subrayarlo, sin dejar de considerar la importancia del resto de los comentarios. Como ya dije, no quiero redundar en el aspecto conceptual que ya expresé cuando estaba presente la delegación anterior.

SEÑOR DELGADO.- Quisiera saludar a la delegación que nos visita. Nos pareció importante convocar a las gremiales rurales para conocer su opinión sobre los dos proyectos de ley que se van a unificar.

                Recién recibimos a una delegación de la Asociación Rural del Uruguay e hizo una observación de carácter más jurídico vinculada al artículo 3º del primer proyecto de ley. Dicha disposición establece la reimplantación del Impuesto de Primaria a las propiedades inmuebles rurales y hace referencia al artículo 636 de la Ley Nº 15.809. En el artículo 637 se da una redacción diferente, pues se dice que serán contribuyentes de este impuesto los propietarios de los inmuebles, los poseedores, los promitentes compradores con o sin promesa inscripta y los usufructuarios. No sé si quienes hoy nos visitan han advertido que podrían darse problemas de interpretación jurídica en lo que tiene que ver con el universo que abarca, ya sea en cuanto a la base imponible de todos los productores o a las exoneraciones, pues quienes estén incluidos quizás tengan la posibilidad de ser exonerados del pago de este impuesto.

SEÑOR CAMY.- En principio, teniendo en cuenta lo que se plantea en la exposición de motivos, nos parece que en este proyecto de ley se intenta seguir la línea del impuesto original de Primaria, simplemente quitando la exoneración. Así lo interpretamos cuando analizamos el proyecto. Pero es cierto que no todos esos conceptos del artículo que se mencionaban se consideran aquí específicamente.

SEÑOR URIARTE.- Nosotros hemos leído la versión taquigráfica de la visita del equipo económico, y eso nos merece algún tipo de comentario. Se informó que la derogación del impuesto de Primaria se realizó en un momento de crisis del sector. Realmente creemos que, si bien ahora no estamos como hace diez años,  eso no era así, pues el sector se estaba recuperando y acababa de quedar libre de fiebre aftosa y ahora está como nunca lo hemos visto en los últimos veinte años. Principalmente se veían dificultades en el cobro del impuesto, tal cual estaba establecido en ese momento, pues tenía que llevarse a cabo a través de la Intendencia, y eso no se hacía. Eso motivó las medidas de derogación del impuesto de Primaria.

                Por otra parte, también se dijo que el sector agropecuario -debido a declaraciones de la ARU en el marco de la Expo-Melilla- había aportado el doble en los últimos años, pasando aproximadamente de US$ 150:000.000 a US$ 350:000.000. Obviamente, si el equipo económico se refirió en términos de porcentaje de producto bruto, en presión tributaria, es correcto lo que dice. Pero también es correcto lo que se dijo en cuanto a que se duplicó el aporte del sector en los últimos años. Esto significa un incremento en el aporte tributario del sector porque, si bien se van a dejar de dar esos  $ 194:000.000, previstos por Presupuesto para Primaria, se van a seguir cobrando. O sea, va a haber 440 que piensan recaudar a través de Primaria, pero a la fecha no está establecido que eso otro se deje de cobrar a través del Imeba. Entonces, en un contexto diferente -ya no es el de los últimos diez años-, esperamos que de aquí a un año la presión tributaria cambie y tengamos una situación muy distinta, que debemos preverla desde ya.

                Por último, quisiera recapitular los puntos que quisimos dejar claros hoy aquí. En primer lugar, mencioné el aspecto social haciendo hincapié en que lo que se recaude sea destinado efectivamente a Primaria. En segundo término, el objetivo que pretende este proyecto de ley de gravar a los propietarios que posean más de 300 hectáreas, tal cual está redactado puede no estar alineado, que no se cumpla y termine abarcando a otras personas que no están comprendidas en el objetivo. Deberíamos recordar lo que sucedió con el impuesto al patrimonio, en relación al que  se hizo una promesa en cuanto a corregir el concepto de la unidad económica administrativa que castiga al instituto de la familia. De alguna manera, a aquellas familias que se mantuvieron juntas se les está dando el mensaje de que no estén más juntas porque van a pagar más. Creo que se debe prestar atención a estos aspectos.

                A propósito de lo dicho sobre el término «propietario» y de que se pueden lograr correcciones respecto a «los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título padrones», creemos que también, considerando el concepto de «productor familiar» que se maneja en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se podría dar coherencia a una política que se ha mantenido en los últimos tiempos y, por tanto, concederle una exoneración. Hay que tener en cuenta que es el cuarto impuesto con que se grava la tierra en forma ciega y, por tanto, es más importante que nunca, en el momento en que nos toca vivir, tomar esa medida por lo menos durante un par de años.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los representantes de la Federación Rural del Uruguay y solo nos resta decirles que esperamos los datos que puedan hacernos llegar si algún señor Senador ha hecho alguna pregunta y no los han tenido acá. Por supuesto que antes de votar el proyecto de ley les haremos saber si hay modificaciones.

(Se retiran de sala los representantes de la Federación Rural del Uruguay).

 

 (Ingresa a sala el representante de la Comisión Nacional de Fomento Rural).

                -La Comisión de Hacienda tiene mucho gusto en recibir al Secretario General de la Comisión Nacional de Fomento Rural, señor Fernando López, a quien agradecemos el material que nos ha entregado y que será repartido.

SEÑOR LÓPEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.

                En nombre de la Comisión Nacional de Fomento Rural agradecemos la invitación para concurrir a esta reunión.

                En segundo lugar, queremos aclarar que la semana pasada tuvimos un encuentro importante en el norte del país con toda nuestra dirigencia y que contó con la asistencia del señor Ministro. Hoy no fue posible que los compañeros de la Mesa ejecutiva pudieran estar presentes ya que la mayoría son del interior, pero elaboramos un documento que hemos entregado para que quede claro cuál es la visión de la Comisión Nacional de Fomento Rural.

                Desde ese ámbito se comparte el espíritu y la necesidad de apoyar la educación primaria y, desde nuestra visión de productores rurales, sobre todo familiares, de lo que es el trabajo en las zonas rurales. En ese sentido, no tenemos discrepancias con el espíritu de la iniciativa, aunque sí observaciones con el mecanismo planteado.

                Quiero aclarar que tenemos algunas dudas porque vino un proyecto original y luego otro complementario que difiere notoriamente en la propuesta de exoneración presentada. Nosotros suponemos que, a partir de este texto, habrá algunas cosas del proyecto original que serán cambiadas, porque si conviven los dos nos generarían algunas dudas.

                Si bien entendemos la estructura del impuesto -que se basa en la implementación sobre los inmuebles urbanos y suburbanos y que se reimplanta en el ámbito rural-, creemos que para el sector agropecuario el hecho de que su aplicación esté atada a la superficie no necesariamente refleja una medida justa en cuanto a lo que se quiere contemplar, que es la pequeña y mediana producción.

En ese sentido, decimos que a nivel regional el Uruguay trabajó en el Mercosur en lo que tiene que ver con la caracterización de la producción familiar. Podemos mencionar la resolución 25/07 del Grupo Mercado Común del Mercosur, que internaliza en los países de la región el concepto de producción familiar, la caracterización y la creación de un Registro de Productores Familiares.

                En el año 2008 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca define la caracterización con un conjunto de indicadores y luego se crea el Registro, que en estos momentos tiene unos 22.800 productores inscriptos de los 25.300 que se estima que existen, de acuerdo al censo agropecuario del 2011.

                Por otro lado, el Parlamento Nacional adoptó algunas decisiones tomando al concepto de producción familiar como destinatario. Por ejemplo, la Ley Nº 18.341 faculta al Poder Ejecutivo a subsidiar un 50% del aporte patronal al Banco de Previsión Social, lo que va atado al productor familiar. Luego, el Ministerio resuelve -creo que en el Decreto Nº 778- que, de todos los productores familiares inscriptos en el Registro, ese beneficio se va a aplicar a aquellos que tengan menos de 200 hectáreas y sin trabajadores a cargo.

                Más recientemente se aprobó la ley de reserva de mercado o de compras públicas a la producción familiar, que también incorpora los conceptos de producción familiar. Asimismo, podemos nombrar la ley de semillas, que en su artículo 72 reserva el derecho a uso propio de materiales protegidos. El decreto también plantea que ese beneficio del uso propio es para los productores familiares.

                Asimismo, podríamos nombrar un conjunto de programas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca vinculados a la producción familiar, entendiendo su importancia en el sector.

                Por todo esto, consideramos que para decidir quiénes son los beneficiarios de la exoneración al Impuesto de Primaria debe tomarse en cuenta el Registro de Productores Familiares porque entendemos que es un mecanismo mucho más ajustado a la hora de otorgar el beneficio, así como para su instrumentación y seguimiento. Hay una base de datos que está en la órbita de la Dirección General de Desarrollo Rural, una información consolidada, un soporte informático, así como los mecanismos de control correspondientes. 

                También entendemos que utilizar este criterio evitaría realizar muchas de las gestiones a los más de 20.000 productores familiares, quienes tendrían que hacer los trámites de exoneración, que tienen su costo y no siempre son fáciles de realizar.

                Como decíamos anteriormente, el hecho de basarse exclusivamente en la superficie para determinar quiénes deben pagar el Impuesto no nos parece correcto, sobre todo pensando en la ganadería del norte. Muchos de los productores ovejeros o criadores tienen superficies superiores a las 300 hectáreas, incluso 500.  El Poder Ejecutivo reconoce a quien tenga 500 hectáreas Coneat 100 como productor familiar. Según el censo de 2011 tenemos alrededor de 1.100 productores ganaderos -o que declaran a la ganadería como su rubro principal- como productores familiares en el extracto que va desde 300 a 500 hectáreas, o sea que es un número bastante importante. Hay productores con un área menor a 300 que realizan producciones intensivas y que pueden estar en mejores condiciones de aportar al impuesto. Por eso decimos que criticamos el mecanismo planteado.

 Por otra parte, todos sabemos que existe un trámite para la exoneración de la contribución inmobiliaria que esta ley menciona, pero también somos conscientes de las dificultades que existen, porque el padrón está a nombre del abuelo, por la relación, por la certificación necesaria o por el timbre. Muchas veces el costo de la contribución inmobiliaria en predios menores es más o menos el mismo que pagar todos los trámites para poder exonerar. Creemos que este tema de la manera que nosotros lo planteamos a través del Registro de Productores Familiares es totalmente directo.

                Por último, desde hace mucho tiempo planteamos a la Comisión Nacional la necesidad de impulsar políticas públicas diferenciadas para la producción familiar. Es por eso que entendemos que el hecho de que el accionar vaya a los productores familiares a través de los mecanismos establecidos en el registro que está consensuado y reglado, es un criterio a tener en cuenta. Creemos que es erróneo volver a la medición de si es pequeño o mediano por su superficie, porque para nosotros era una discusión que pensamos que había sido superada.

 De los números del censo 2011 surge que la inmensa mayoría de los productores están por debajo de esta franja; hay unos 25.000 que tienen hasta 300 hectáreas y la superficie promedio que nos da es de un promedio de 89 hectáreas por productor, es decir que la inmensa mayoría de las explotaciones agropecuarias de carácter nacional en conjunto no explotan más del 10 o el 12% del territorio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Los señores Senadores pueden plantear todas sus preguntas u observaciones.

SEÑOR DELGADO.- Antes que nada, quiero saludar a la Comisión Nacional de Fomento Rural y agradecer su presencia.

Para saber si entendí correctamente, lo que nosotros estamos leyendo es un memorándum muy claro que fue repartido. Lo aquí se  propone es cambiar el artículo único que vino en el proyecto de ley complementario donde establece que una parte de las exoneraciones está referida a las superficies, por una definición conceptual vinculada a la producción familiar. Mi pregunta es: ¿esa exoneración está asociada a las características establecidas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al productor familiar?

SEÑOR ALMAGRO.- Mi planteo va en el mismo sentido de lo que señalaba el señor Senador Delgado. ¿Cuáles son las características de la producción familiar y cómo las pondríamos para incluirlo en la exoneración? ¿Esta sería la única exoneración o se permitiría otra vinculada a subir la extensión de tierra o se haría un ajuste de productividad en función de lo que se señalaba hoy?

SEÑOR LÓPEZ.-  Nosotros planteamos que la exoneración vaya a los productores familiares según el registro y la caracterización que hizo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el 2008 y su complemento de febrero y marzo de 2014.  Esa caracterización, que fue muy trabajada -también por nuestras organizaciones-, tiene varios puntos de referencia para caracterizar al productor familiar. Eso se tiene que cumplir en forma simultánea, ya que es muy importante por lo relativo al ajuste. Por ejemplo, los productores familiares pueden tener como máximo hasta 500 hectáreas Coneat 100, hasta dos asalariados a cargo, la explotación debe constituir su ingreso principal y debe vivir en el predio o a 50 kilómetros de allí. Aclaro que cuando hablamos de asalariados a cargo, debe tratarse de dos permanentes o su equivalente en salarios zafrales. La modificación del año 2014 fue un planteo de las organizaciones luego de mucho discutir, y para la apicultura se aceptaron algunas excepciones. Asimismo, para la producción intensiva granjera, se tomaron también algunas excepciones, como por ejemplo la producción de hoja, que está muy vinculada a una altísima demanda de mano de obra. Estas excepciones incluidas en el decreto determinaron una visión más inclusiva y bastante bien consensuada a nivel de las organizaciones. De todos modos, este registro y esta caracterización tienen  su sistema de control, ya que se trata de declaraciones juradas que este año se están actualizando. En este momento, hay un nuevo formulario en el que la información está consolidada, como es el caso de los números de padrones, el tipo de explotación, cuál es el rubro principal y cómo está compuesto el núcleo familiar.  Este es nuestro planteo y, si lo analizamos en función de los números, quizás no haya demasiada diferencia con el número de explotaciones comprendidas por el proyecto, en caso de que se cambiara el criterio de superficie al de producción familiar. Sí estamos convencidos de que será más aplicable la justicia tributaria de la exoneración si se toma el criterio de producción familiar en lugar del de la superficie.

SEÑORA MONTANER.- Con respecto al tema del registro de productor familiar, que hace la caracterización y establece una serie de exoneraciones, así como criterios para la liquidación, etcétera, ¿se debe cumplir con algún otro trámite con respecto a la explotación, además de la declaración jurada?

SEÑOR LÓPEZ.- Para integrar el registro la declaración jurada tiene un conjunto de datos incluidos, detallados, acerca del núcleo familiar, sobre cuál es su rubro principal y los secundarios, de los padrones que integran la explotación, se debe entregar una constancia de domicilio -como por ejemplo recibo de UTE u otra factura de servicio- y también el último recibo del Banco de Previsión Social, en el que consta el número de la empresa. Asimismo, hay que declarar, en algunos casos, los ingresos complementarios del núcleo familiar. Con esos requisitos, el equipo que analiza la información de la declaración jurada también hace un chequeo con los técnicos del territorio y las organizaciones. A partir del cumplimiento de esos requisitos, recién se pasa a integrar los registros. El registro fue creado en el 2009 y ahora se está planteando que todos los que se inscribieron en ese año tienen que hacer nuevamente la inscripción con el nuevo formulario y las condiciones que se han planteado, a fin de mantener su caracterización de productor familiar. También se ha creado una Comisión de seguimiento a  efectos de que tanto las condiciones planteadas en la caracterización y en el funcionamiento del registro tengan el aval social de las organizaciones, es decir, que haya un control social del registro además del que el propio Estado realiza.

SEÑORA MONTANER.-    Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Hacienda del Senado agradece las opiniones vertidas en Sala y el trabajo presentado por el representante de la Comisión Nacional de Fomento Rural.

(Se retira de Sala el representante de la Comisión Nacional de Fomento Rural).

 

 (Ingresan a Sala representantes del PIT-CNT).

-Continuando con el trabajo de la Comisión de Hacienda  damos la bienvenida a la delegación del PIT-CNT, integrada por los señores Heber Figuerola, Luis Vespa y Alejandro Acosta.

                Pedimos disculpas porque estaban citados a las 11 horas y recién los hicimos pasar debido a que las otras audiencias nos llevaron más tiempo de lo previsto.

                Quiero informar que a las 12 horas me voy a tener que retirar y que la señora Senadora Constanza Moreira quedará presidiendo la sesión.

Señores Senadores miembros de la Comisión: seguramente haya una convocatoria para el próximo martes. Vamos a estar en contacto por los dos proyectos de ley que tenemos a estudio.

 El motivo de la comparecencia de los representantes del PIT-CNT es por el tema del IRPF a los aguinaldos y al salario vacacional.

SEÑOR ACOSTA.-  Buen día para todos los señores Senadores.

Como miembro de la Mesa Representativa el PIT-CNT y de la Comisión designada para analizar el proyecto de ley que hoy está a consideración del Parlamento, damos las gracias por habernos convocado a fin de poder dar nuestra opinión.

                 En la Mesa Representativa del 15 de abril, el movimiento sindical resuelve conformar una Comisión amplia y plural para analizar este proyecto de ley. Estuvimos haciendo algunos análisis preliminares, y como movimiento sindical uruguayo entendimos que no sería bueno -o lo mejor- que este proyecto de ley fuera aprobado por el Parlamento.

                No sabemos si decir lamentablemente o qué, pero el día 17 nos enteramos a través de la prensa que la Cámara de Senadores tenía la intención de reunir mañana al Plenario para aprobar el proyecto. 

SEÑOR PRESIDENTE.-  En principio, el análisis de este proyecto de ley quedó para el miércoles de la próxima semana.

SEÑOR ACOSTA.- Saludamos que ello sea así. Obviamente, en sentido estricto, al día de hoy no tenemos una propuesta alternativa para presentarle a la Comisión, debido a que esto nos tomó por sorpresa. Decimos esto porque cuando los compañeros del Secretariado del PIT-CNT se reunieron con el señor Presidente de la República y otras autoridades entendieron que no había proyectos de ley cuya consideración tuviera carácter de urgente, por lo que contaríamos con un tiempo prudencial para intercambiar opiniones sobre el tema.

                Por otro lado, nos llamaba la atención que el movimiento sindical no hubiera sido convocado para discutir sobre el tema, porque entendemos que nuestra organización es ampliamente representativa de los trabajadores. Si bien hemos reiterado y expuesto públicamente que estamos a favor de la redistribución de la riqueza y creemos que se ha dado un proceso de incremento de los salarios a partir de la reconstitución del Consejo de Salarios y demás, creemos que el IRPF, tal como está diseñado, presenta algunas injusticias. Por eso, cuando durante la campaña electoral escuchábamos a quien hoy ocupa la Presidencia de la República señalar que se compartía este punto de vista, porque al momento de pagar el IRPF, cuando se juntan el salario con el salario vacacional y el aguinaldo, toda esa acumulación genera un desequilibrio en los aportes que repercute en el bolsillo de los trabajadores, realmente pensamos en otro tipo de proyecto de ley o de instrumento jurídico. ¿Por qué? Porque nuestro movimiento sindical -iba a decir «por suerte», pero lo cierto es que debido al esfuerzo de los trabajadores recientemente logramos llegar al afiliado número 400.000- representa a trabajadores y sindicatos con diversas realidades. Ya hemos señalado que para nosotros es una prioridad, y reconocemos que ha habido receptividad por parte del Poder Ejecutivo y se nos plantea que será tenido en cuenta para la elaboración de las pautas de los Consejos de Salarios, el hecho de que haya trabajadores que reciben hasta $ 14.000 líquidos por concepto de ingreso -aún son cientos de miles-, porque entendemos que es un debe, no solo por lo que es la estructura económica sino también por un tema de justicia social. Asimismo, tenemos una propuesta de elevar en lo inmediato el salario mínimo nacional, etcétera. Todo eso es prioritario para el movimiento sindical. Sin embargo, al mismo tiempo pensamos que existe otro sector de trabajadores que, como producto de su lucha, de su esfuerzo organizativo o de que tal vez se encuentren trabajando en sectores de la actividad que generan mucho más plusvalor y sus salarios estén en otros rangos, con este proyecto de ley no serán contemplados, en algunos casos tendrán una mínima disminución del aporte y, en otros, se mantendrán igual.

                Entendemos que, como producto de estos anuncios, se ha generado una expectativa que debe ser contemplada. Por lo tanto, el primer planteamiento a la Comisión -recién el señor Presidente informaba que el tratamiento de este proyecto de ley pasó para la semana próxima- era solicitar que la iniciativa no se tratara en el día de mañana y se abriera un espacio para que el PIT-CNT pudiera elaborar una propuesta y traerla. No pretendemos que esperen meses, pero necesitamos elaborar una propuesta fundamentada y seria. Por esa razón, en el día de mañana nos reuniremos nuevamente -lo hicimos en el día de ayer un poco alarmados por la decisión de votar el proyecto de ley el miércoles de esta semana- y durante unas cuantas horas nos dedicaremos a analizar el proyecto de ley y a construir una propuesta alternativa.

Nos parece que el debate democrático implicaría que pudiéramos tener ese espacio de discusión y acuerdo sobre cómo debería ser el proyecto de ley, no porque creamos que tenemos la verdad absoluta ni nada por el estilo, sino porque entendemos que debería transitarse por otro camino y no por el que está planteado en esta iniciativa.

A su vez, cuando hablamos del IRPF y del IASS, estamos haciendo mención al esfuerzo que hacemos los trabajadores -muchos de nosotros lo realizamos conscientemente- para aportar a las arcas del Estado, pero el monto que quizás con una propuesta diferente no se perciba en la recaudación fiscal del país, debería compensarse por otro lado. Seguimos planteando en términos generales que debería hacerse un esfuerzo mayor por parte del capital para contribuir a las arcas del Estado. Por eso saludamos que nos hayan convocado. Hemos escuchado varias propuestas y análisis de parte de varios sectores del espectro político nacional y como movimiento sindical, desde nuestra independencia, creemos que necesitamos ese espacio para hacer nuestros aportes. Por eso, solicitamos a la Comisión que se abra ese espacio e, incluso, tenemos pensado entablar algún diálogo con las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento. Reitero que necesitamos ese espacio para hacer nuestro aporte. Los Senadores serán libres de prestarle atención o no a lo que plantee el PIT-CNT. Nosotros pensamos que están dadas las condiciones para poder avanzar.

Como saben, numerosos sindicatos harán una movilización el próximo jueves; allí se harán una serie de reivindicaciones y pensamos que es necesario que la opinión pública reciba, como mensaje, que acá se abre un espacio para intercambiar. Se intentará sacar el mejor proyecto que contemple las aspiraciones del Poder Ejecutivo -que entendemos que es lícito- y también lo que plantean los trabajadores organizados porque, en definitiva, este impuesto va a recaer sobres sus salarios. En consecuencia, al PIT-CNT le preocupa que se pueda contemplar la perspectiva de que exista una mayor justicia tributaria relacionada específicamente con el IRPF.

Lamentamos no haber podido traer una propuesta concreta, pero por la premura de los tiempos no pudimos realizarla. Nos comprometemos a traerla; para elaborarla trabajaremos denodadamente a partir de mañana, pero nos parece que deberían darnos un margen de tiempo prudencial. Compartimos la idea de que este proyecto de ley no se vote mañana; después veremos si nos alcanza con que se sesione el otro miércoles.

Este era el planteo general que queríamos realizar para abrir un espacio de intercambio y negociación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Reitero que el Plenario no será convocado para mañana, sino para el miércoles de la próxima semana. Además, la Comisión se va a reunir el martes de la semana que viene y la Secretaría ya tiene instrucciones para que, si nos acercan una propuesta -independientemente de que puedan repartirla personalmente-, esta sea enviada a cada integrante de la Comisión de Hacienda y también a los miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR DELGADO.-  Saludo a la delegación que nos visita en la mañana de hoy.

                Me parece muy atinada la propuesta. Como es obvio, conceptualmente podemos coincidir con este proyecto de ley, pero quizás ha generado más expectativas que resultados. Hay que ver dónde llega el proyecto de ley y, en números fríos, cuánto significa para el bolsillo de la gente esta no acumulación del salario vacacional y el aguinaldo como forma de impedir el salto de franja en el IRPF.

                Aprovecho para informar a la delegación que nosotros estamos esperando unos datos del Ministerio de Economía y Finanzas que tienen que ver con la simulación de cómo afectaría en cada una de las franjas y cuánto representaría para el bolsillo de los trabajadores lo que se establece en este proyecto de ley si se votara tal cual como está. Tenemos algunos números y proyecciones, y quizás la expectativa sea mucho mayor que el resultado. Cuando concurrió el Subsecretario de Economía y Finanzas planteamos algunos adicionales, como el tema de las horas extras que muchas veces llevan al trabajador a saltar de franja en el IRPF y eso constituye un desestímulo para hacerlas, la posibilidad de elevar el mínimo no imponible o de no computar directamente el salario vacacional o el aguinaldo. La idea es que esto tenga un impacto mayor en el salario de los trabajadores.

                Ahora quisiera hacerles una consulta relativa a los tiempos porque, tal como dijo el señor Presidente, está prevista una sesión para el miércoles de la próxima semana. En  el caso del proyecto de ley relativo al IRPF nosotros estamos esperando la información que solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas y ahora la propuesta o el documento que ustedes nos harían llegar. ¿Cuánto estiman que demorarían en tener listo un planteo en nombre de la Central? Estos son insumos de trabajo que necesitamos estudiar antes de tomar una decisión en el Senado.

SEÑOR ACOSTA.- En realidad, lamentablemente no podemos decir que nos va a llevar uno, dos, diez o quince días elaborar esta propuesta. Nos vamos a poner a trabajar denodadamente y, en tal sentido, ya adelanté que mañana a las 14 horas se reunirá la Comisión que creó la Mesa Representativa. Entendemos que exista determinada preocupación para que antes del próximo aguinaldo esté listo el nuevo sistema de liquidación, pero no podemos asegurar que pasado mañana tendremos la propuesta arriba de la mesa. Una de las líneas de trabajo que nos planteamos, más allá de determinar si este proyecto de ley condice o no con las expectativas, refiere a qué quisiéramos proponer los trabajadores a propósito de la forma de tributar aguinaldo y salario vacacional. Ese sería un elemento de análisis y de negociación, por llamarlo de alguna manera. En síntesis, en este momento no puedo dar un plazo; tal vez sí pueda hacerlo mañana luego reunirnos y avanzar en la discusión.

                Debe quedar claro que no es nuestra intención dilatar demasiado el tema. Quizás podamos tener algo listo antes del miércoles de la próxima semana. Más allá de lo que decía el señor Presidente, consideramos que necesitaríamos una instancia de intercambio. Naturalmente, dependerá de los señores Senadores si nos dan ese espacio de diálogo a fin de acercar posiciones o si solamente toman la propuesta como un insumo. Reitero que, a nuestro juicio, dicha instancia debería existir.

                En definitiva, no puedo dar un plazo, pero sí estoy en condiciones de decir que nuestro compromiso es tener lista la propuesta lo antes posible; quizás pueda estar pronta esta misma semana y para ello nos reuniremos mañana. Si dijera otra cosa estaría hablando a título individual y no corresponde cuando venimos en representación del PIT-CNT.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a pedir a la señora Senadora Moreira que asuma la Presidencia.

                Les pido mil disculpas por tener que ausentarme, pero antes de retirarme reitero que la Comisión se reunirá el próximo martes y tal vez ese sea el momento adecuado para que se dé el intercambio de ideas.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Moreira).

SEÑOR ALMAGRO.- Creo que es importante tener un espacio de intercambio para que se generen criterios en conjunto, lo más afinado que se pueda. Estos espacios son fundamentales y a nuestros invitados les consta que en todas las instancias que nos ha tocado trabajar, hemos hecho lo posible por abrirlos, aun cuando, a veces,  no se lo ha reconocido.

                La pregunta que haré va en el mismo sentido de lo que planteó el señor Senador Delgado. Quisiera saber en cuánto tiempo tendríamos la capacidad de comenzar ese intercambio en función de los trabajos que ustedes han realizado. También  quisiéramos saber, de acuerdo a este proyecto, si los objetivos son los mismos, si tienen lineamientos ya elaborados o si se trataría de una completa revisión de la iniciativa, para saber a qué atenernos cuando llegue su propuesta.

SEÑOR HEBER.- Es un gusto recibirlos en la Comisión y me alegro que vengan a pedir un plazo que a nosotros, como oposición, a veces no se nos concede, pero a ustedes como PIT-CNT, sí. Es bueno que esto suceda porque de esta forma tenemos la oportunidad de analizar mejor el tema y  ver alguna otra propuesta.

                Queremos saber por dónde vamos con respecto al proyecto, sin  apurarlos en cuanto a darnos una propuesta concreta.  Se trata de una exoneración en lo que tiene que ver con  el aguinaldo y el salario vacacional que no abarca a todos los trabajadores. Quizás sea una buena oportunidad       -creo que sí  lo es y en eso coincido con el PIT-CNT- para estudiar algo más justo, cuando se trata de buscar  el esfuerzo del fisco para poder elevar impuestos que gravan sueldos que, a nuestro juicio, no llegan a fin de mes. El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas  grava los ingresos, no es un impuesto a la renta. Al sector empresarial, le grava la renta, pero en lo que respecta al trabajo grava a todos los ingresos.  Digo esto porque el salario vacacional está pensado para el mejor goce de la licencia y se votó  para que se disfrutara mejor de ella. Es algo que ayuda al trabajador para que pueda, reitero, disfrutar su licencia y así fue, en su momento, concebido.  El tema está en que la DGI, el fisco, el Estado, está teniendo ingresos por renta empresariales mucho menores que los ingresos por renta de los trabajadores.  Según cifras que han aparecido, lo superan en casi US$ 400:000.000. Esto, de alguna manera implica que algunos argumenten que es porque creció el salario y se aporta más. En lo personal, no creemos que  para el país sea bueno que los empresarios, en  conjunto aporten menos que el trabajo. 

                Nos gustaría  coincidir con el PIT-CNT en un impuesto que realmente sea un impuesto a la renta y no a los ingresos  y que se afloje en la última franja, es decir, que se eleve el monto mínimo no imponible. De esa manera estaríamos rescatando a algunas personas, porque si hacemos ese esfuerzo hoy podrían  llegar a fin de mes. Creo que una familia tipo, constituida por un matrimonio con dos hijos, no puede vivir con $ 25.000; esto me parece que es así aquí y en cualquier otro lugar.

                Por lo tanto, la pregunta es: ¿vamos por la oportunidad de levantar y generalizar este aumento y no que solamente algunos trabajadores tengan esta exoneración? Esto es, sobre todo en los funcionarios públicos, porque al no computárseles el salario vacacional -no lo tienen-, seguramente muchas de estas exoneraciones van a generar inequidades que no se estarían buscando.

                Estas son mis preguntas, señora Presidenta.

SEÑORA MONTANER.- En primer lugar quiero saludar a nuestros invitados y darles la bienvenida.

                Me parece muy importante -porque, justamente, este impuesto está recayendo en los trabajadores- que los representantes del PIT-CNT estén aquí, porque siempre están en las reivindicaciones del trabajador y de todos aquellos elementos que constituyen la parte laboral.

                Muchas de las preguntas que iba a hacer ya las plantearon otros compañeros; escuché atentamente pero ahora me temo que si se toman un tiempo para estudiar el tema no van a poder intervenir en esto que es tan importante y que los atañe tan directamente. Por eso creo que lo que vayan a proponer tendrán que elaborarlo contrarreloj porque el martes tienen que traerlo.

                Perdónenme, no es que esté aconsejando a nuestros invitados sino que les sugiero algo si quieren llegar a un objetivo ya que el miércoles esto se estaría votando, según se nos informó a los coordinadores y a las Bancadas; simplemente quería decirles eso.

                Creo que desde el momento en que la modificación a este Impuesto a la Renta ha estado circulando a nivel nacional por todos los medios de prensa, algo ya tendrían que tener más o menos previsto respecto a qué era lo que podían modificar o introducir en este proyecto de ley. Por lo tanto, me parece que lo que puedo decirles desde aquí es solamente que los minutos corren en contra y no a favor de lo que puedan traer y proponer.

                Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La pregunta que quiero hacer va en el sentido de lo que planteaba el señor Senador Almagro. Lo del último 1º de mayo estaba recogido en la plataforma del PIT-CNT; estamos hablando de evitar el cálculo del IRPF sobre la suma de los salarios, más el salario vacacional y el aguinaldo. En ese sentido, este proyecto de ley recoge el espíritu de esa propuesta que estaba incorporada en aquella plataforma.

                Más allá de la cuestión de tiempo -por supuesto que, como dijo la señora Senadora Montaner, cuanto antes nos hagan llegar sus propuestas, mejor-, la idea de no incluir el tema en la sesión de mañana es para tener una opinión vinculante del PIT-CNT al respecto. Este proyecto de ley tiene dos artículos y, en lo personal, sobre este tema quería preguntar si los reparos o las posibles modificaciones mencionadas tienen que ver con la tasa que se aplicaría a estos ingresos extras. Creo que esto se plantea en el artículo 2º; estamos hablando de que la tasa proporcional corresponda al tramo superior de la escala aplicable al contribuyente, porque me parece que el artículo 1º refleja lo de la plataforma del PIT-CNT.

SEÑOR ACOSTA.-  Más allá de lo que puedan complementar los compañeros y por respeto intelectual a todos, quiero decir que el hecho de que el salario de los trabajadores esté gravado con un impuesto, no es de ahora. Que ese impuesto, en diferentes períodos de la historia del país -sobre todo, en los años noventa-, haya significado una quita importante de nuestros ingresos, también es cierto. Por lo tanto, este es un problema que venimos afrontando desde hace tiempo.

                Por otra parte, por supuesto que si se convoca a un ámbito o se genera un espacio para discutir la política fiscal del país,  el PIT-CNT participará, pero creemos que este no es el momento para plantear esto porque nos descentraríamos de lo que hemos intentado venir a plantear hoy.

Entendemos que en un análisis previo el proyecto no contempla -no me refiero a lo que los trabajadores nos imaginamos- el sentido, el espíritu con que fue detallada la propuesta que se hizo a la ciudadanía. Quizás el tema más relevante sea el artículo 2º porque desnaturaliza un poco al artículo 1º,  y si  nos remitiéramos al marco concreto del proyecto sería importante modificar el artículo 2º. Quiero que se entiendan bien mis palabras para que no generen confusión: como movimiento sindical entendemos que el planteo refiere a qué pasa con la tributación del aguinaldo y del salario vacacional. Puede ser que haya otro mecanismo, propuesta o forma de referirnos a este tema que no sea modificando o emparchando algún elemento del artículo. Quizás sí sea necesario, pero entendemos, para decirlo de alguna manera, que debemos dar el espacio para pensar desde cero. Puede ser que haya otra propuesta que hoy no estamos en condiciones de poner sobre la mesa porque, como los señores Senadores entenderán, somos un movimiento sindical compuesto por más de 40 sindicatos, más otras organizaciones que no forman parte de la mesa en segundo o tercer grado, por lo tanto tenemos diferentes ideas, por ese motivo resolvimos crear una comisión.

                Respecto al tiempo -y entiendo que es importante- nos comprometemos a trabajar para que esta semana podamos llegar a un proyecto como PIT-CNT. Pero no sabemos si nos alcanzará el lapso desde hoy hasta el miércoles. Aspiramos a que no se vote el proyecto sin tener un espacio de intercambio con el PIT-CNT. Si nos alcanza el tiempo hasta el martes que viene y tenemos la posibilidad de decir que llegamos a  un acuerdo porque fue fácil, bienvenido sea y que se vote el miércoles.

Ahora, nosotros les pedimos a los señores Senadores que si no llegamos a ponernos de acuerdo antes del próximo miércoles nos den un tiempo más. No queremos estar metiendo chicanas ni que nadie diga que se toma tajada de esto o aquello, porque si no, parece que jugamos a los espejos. Nosotros tenemos  una preocupación y como trabajadores la venimos a plantear. El plazo prudente para nosotros es más de una semana, porque no tenemos idea de si en un primer intercambio nos podremos poner de acuerdo y si los señores Senadores entienden que deben tomar nuestra propuesta. Por lo tanto, saludamos que no se vote mañana y que se haya dado un espacio, trabajaremos para que ese espacio nos alcance, pero lo que planteamos es que si no llegamos a tener un acuerdo para el miércoles que viene nos den un poco más de tiempo. No nos apresuremos a aprobar un proyecto que luego nos genere complicaciones y contradicciones, y que además después se termine resolviendo en la Cámara de Representantes. La idea es que empiece la discusión en el Senado con cierto acuerdo. Eso es lo que planteamos.

                Es posible que si nos hubiéramos enterado hace veinte días de la fecha prevista para tratar el proyecto de ley, hoy estaríamos en condiciones de decir otra cosa. Pero si ahora pido quince días, seguramente después se publique que el PIT-CNT pidió ese tiempo, que la oposición lo apoyó y que el Gobierno quedó entrampado porque no está de acuerdo.

                (Dialogados).

                Quisiera no entrar en esa discusión, más allá de que hay una relación de respeto con el movimiento sindical. Eso nadie lo pone en duda, y por eso no queremos dar plazos exactos. Entendemos que si no existiera este apuro que se manifestó, podríamos decirlo porque no habría repercusiones.

Entonces, para que quede claro y no se interprete mal, decimos que esta semana vamos a trabajar para tener el proyecto y aspiramos a poder tener una instancia con la Comisión antes del miércoles, aparentemente el próximo martes. De todos modos, les proponemos que si no logramos terminar de ajustar el tema pero se han dado avances, nos puedan dar unos días más para poder afinarlo. Además, es bueno tener en cuenta que si eso sucede, quizás el resto del trámite parlamentario será más fácil puesto que se generarán menos contradicciones. Digo esto porque el próximo miércoles el Senado podrá aprobar un proyecto de ley pero si a nosotros no nos convence vamos a trabajar denodadamente en la Cámara de Representantes y, al final, el tiempo será el mismo. Queremos dejar todo bien claro porque cuando llegamos vimos que está la prensa y aunque no sabemos si vinieron por este tema o por otro que esté considerando la Comisión, no nos interesa que se comunique algo que nos deje mal parados y que contribuya a confundir con respecto al objetivo de esta instancia que es obtener lo mejor posible para los trabajadores y, suponemos, para los señores Senadores y el Poder Ejecutivo.

SEÑOR FIGUEROLA.- Nos parece que este intercambio que se está realizando es sumamente importante, más allá de lo que piense cada uno o de su corazoncito.

                Nosotros compartimos la filosofía del IRPF y, desde nuestro punto de vista, no tiene nada que ver con lo que fue el IRP, por lo que hay que separar una cosa de la otra. Sin embargo, entendemos que las aspiraciones de los trabajadores van más allá del planteo que está haciendo el Gobierno. Este es un tema muy sentido para los trabajadores y por eso nosotros, como PIT-CNT estamos muy preocupados y entendemos que se tiene que valorar y establecer un tiempo considerable para analizar el tema. De nada vale que nos apuremos en aprobar todo esto,  que el resultado sea malo y que eso sea responsabilidad de todos. Más allá de nuestros planteos y la posición del Poder  Ejecutivo, lo importante es el resultado y poder tener en cuenta las demandas de los trabajadores en cuanto a este tema. Por todo esto, saludamos el anuncio de que esto se trataría el próximo 29 de abril pero también entendemos que quizás el plazo se debería extender un poco más. Nuestra central va a trabajar en el tema porque nuestra Mesa Representativa y el Secretariado Ejecutivo lo han tomado como principal en nuestra agenda y tan así es que el próximo jueves 23, cuando se haga una movilización de un grupo importante de los gremios de la industria, este asunto del IRPF va a estar en la calle. Obviamente, el tema también estará presente en nuestro acto del 1º de mayo.

                Estamos hablando de dos mojones importantes para el movimiento sindical y eso amerita dar un poco más de tiempo para su análisis, puesto que el tema del IRPF es algo muy sentido y primordial para los trabajadores, tal como lo podemos ver diariamente en nuestras actividades y en las fábricas. 

SEÑOR ACOSTA.- Cuando nosotros hacemos una propuesta para miles de trabajadores -y creo que eso estuvo planteado así-, entendemos que hay miles de trabajadores con ingresos superiores a los $ 30.000 -que no es ser rico ni tener la vida solucionada, y que en el caso de los $ 40.000 más todavía-, que por el sistema de franjas de ese proyecto el beneficio es muy poco o no es. Entendemos que se debería encontrar un mecanismo para que sea un beneficio importante, sustancial, que modifique las consecuencias del IRPF como hoy está planteado, y que con este proyecto no se producen. Lo digo para que quede claro. En un análisis preliminar  ese es el problema principal que nosotros le vemos al proyecto. No son tantos los que no tributan IRPF porque, en realidad, para que ese proyecto abarque a quien no tributa IRPF tiene que ganar por encima de los $ 20.000. El que gana $ 14.000, por más que cobre aguinaldo o salario vacacional, hoy tampoco llega a tributar IRPF; entonces no lo está abarcando y nuestra principal preocupación es saber  cómo se traduce realmente. No lo  queremos llamar «beneficio» porque no es una dádiva, pero sí queremos que sea de  mayor justicia en cuanto  a cómo deja de afectarle cuando un trabajador con un ingreso medio cobra aguinaldo o salario vacacional. Es obvio que si lo comparamos con alguien que percibe       $ 14.000 nos puede parecer mucho, pero si lo comparamos con el costo de vida, no estamos hablando de alguien que gane una fortuna.

Por si había alguna duda, queremos decir que esa es la posición que mantenemos.

SEÑOR AMORÍN.- Naturalmente, no vamos a entrar en una discusión filosófica del tema, pero queremos decir algunas cosas.

                Cuando leímos el título del proyecto de ley nos pareció bien. Nos pareció que era un beneficio para los trabajadores y para que la gente que gana menos pague un poco menos de IRPF. El título fue bueno, pero después vimos cuál era el monto global que iba a tener la recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas cuando bajara y es un poquito más del 1%. Está bien, es algo. A todos nos gustaría que fuera mucho más, pero es evidente que hay dificultades fiscales que el Gobierno tiene que cuidar. Es el 1%,  pero cuando vemos la distribución de ese 1% sentimos que claramente no es justa porque «beneficia» a aquellos que están más cerca de pasarse de franja. Por ejemplo,  uno ve que  hay trabajadores que ganan $ 30.000, que no van a tener ningún beneficio; otros que ganan $ 50.000 y que como están más cerca de la franja van a tener beneficios; y los que ganan $ 75.000 que también van a tener beneficios. No es justo; no se distribuye racionalmente. Lo que pretendemos  es que esto beneficie más a los que ganan menos. Me parece que tenemos que trabajar todos juntos en ese sentido y, además, el planteo es serio. Una de las propuestas para ese 1% era subir el mínimo no imponible, que eso sí beneficia a todos los trabajadores, porque sube el mínimo no imponible y en proporción o en porcentaje beneficia más a los que ganan menos.

Creo que hay que trabajar en el tema y cuanto antes se haga mejor, porque pensamos que si se toma en cuenta el aguinaldo y el salario vacacional puede afectar desde ya. Creo que tenemos que tomarnos el tiempo para que esto tenga la mayor justicia. 

Es cierto que es poco porque hablamos de US$ 14:000.000 en una recaudación de US$ 1.400:000.000, pero es algo. Cuando se presentó el proyecto lo vimos con buenos ojos y cuando se llegue a un acuerdo, seguramente, lo vamos a votar afirmativamente pero, de todos modos, hay que trabajar para que se distribuya más justamente porque ahora no lo es dado que beneficia a quienes están más cerca de pasar de franja y no a otros que están lejos de pasarla. Beneficia a algunos que ganan mucho y no a otros que ganan poco, entonces, me parece que debemos trabajar en ese sentido.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si los integrantes de la delegación no tienen otra consulta, solo resta decirles que el tema seguirá en el Orden del Día de la Comisión y estaremos a la espera de una redacción alternativa, momento en el que habrá otra mesa de negociación que trasciende a esta Comisión. Les agradecemos por la comparecencia y quedamos en contacto.

                Se levanta la sesión.

(Son las 12 y 20 minutos).