SEÑOR PRESIDENTE.-  Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 35 minutos)

                Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

- “Carpeta Nº 1182/2013 - Granja Sánchez. Se designa al paraje Costas de Corrales, departamento de Treinta y Tres. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido Nº 2053/2013).

- Informe situación jurídica inmueble y edificio del padrón Nº 57.636 ubicado en el Prado de Montevideo. Nota de fecha 12 de abril enviada por la División de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

- Comisión de Vecinos del Complejo Habitacional Parque Zapicán. Solicitud de audiencia”.

Ya fueron repartidos.

A continuación vamos a recibir a las autoridades de la Intendencia de Montevideo y a posteriori podemos incorporar en el Orden del Día la designación de Granja Sánchez al paraje Costas de Corrales.

Respecto a la solicitud de audiencia propongo que, como habitualmente lo hacemos, se curse la invitación para la próxima sesión.

(Ingresan a Sala autoridades de la Intendencia de Montevideo.)

-La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado tiene el gusto de recibir a representantes de la Intendencia de Montevideo: los señores Jorge Rodríguez, Prosecretario, y Enrique Beltrame, Director del Departamento de Jurídica.  Como es de conocimiento de los señores aquí presentes, estamos tratando el proyecto de ley titulado “Prado. Edificios destinados a exposiciones y ventas”. Se transfieren a título gratuito, del patrimonio del Estado al de la Intendencia de Montevideo. Por tal motivo, nos pareció importante escuchar la opinión de la Intendencia sobre este proyecto de ley, a través de sus representantes.

SEÑOR RODRÍGUEZ.-  Buenas tardes. Es un gusto estar aquí en nombre de la Intendencia. La señora Intendenta les envía su saludo y, como no podía concurrir, nos dio instrucciones para poder informar a los integrantes de la Comisión.

                El año pasado, el señor Senador Agazzi solicitó una entrevista con la Intendenta y le llevó el proyecto. La Intendenta hizo las consultas del caso y dio una respuesta afirmativa, que es lo que les venimos a trasmitir. Desde el punto de vista conceptual no hay ninguna objeción por parte de la Intendencia -por el contrario, puede ayudar a dilucidar una especie de limbo jurídico y despejar algunas dudas- en cuanto que, además de la tierra, estos galpones tradicionales patrimoniales se consoliden como propiedad de la Intendencia.

En ese sentido, no tenemos ninguna objeción con respecto a este proyecto de ley y lo consideramos razonable. Para nosotros esto es parte de una situación que va mucho más allá de lo que se plantea aquí. En el departamento de Montevideo tenemos más de 300 propiedades que son administradas por asociaciones civiles -de todo tipo imaginable- sin fines de lucro. Asimismo, existe un decreto del año 1992 que regula cómo se ordenan y se hace un seguimiento de todas estas situaciones. La inmensa mayoría de estas situaciones se vienen dando desde hace muchos años, por lo que el cometido de ese decreto ha sido tratar de ordenarlas. Al respecto, se creó una Comisión administradora de las concesiones municipales sin fines de lucro, integrada por la Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental. De esa manera se busca darle transparencia a la administración de los bienes inmuebles, que no se dan a través de una licitación -porque se trata de concesiones sin fines de lucro- , sino que lo que se hace es pedir autorización a la Junta Departamental. En dicha Comisión mixta -que administra los bienes departamentales- hay un Edil por parte del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Nacional.

                Como ustedes ya tienen claro, el tema relacionado con la Asociación Rural del Uruguay es de los más antiguos. Se trata de una situación peculiar y no hay duda respecto a nuestra propiedad indiscutible sobre el terreno. Cada vez que vamos a usar el predio  accedemos libremente a él. Por ejemplo, cuando -una vez al año- organizamos la Semana  Criolla, la Intendencia hace suyo el lugar por derecho propio. Otro ejemplo es que hace poco se organizó allí un recital del grupo La Vela Puerca; por tanto, simplemente comunicamos que vamos a hacer tal cosa porque nuestra propiedad ha sido indiscutible, no está en cuestión.

                Le cedería el uso de la palabra al doctor Beltrame para que profundice el tema desde el punto de vista jurídico.

SEÑOR BELTRAME.- Muchas gracias por recibirnos. De alguna manera, creo que este proyecto de ley -desde el punto de vista notarial- viene a ordenar la titulación de este padrón al que refiere el proyecto de ley porque con él ha ocurrido todo lo que puede suceder según el Código Civil: por un lado, hay una propiedad sobre la tierra; por otro, hay una propiedad sobre las construcciones; además, hubo un desmembramiento del dominio porque había un usufructo a favor de la Intendencia sobre esas construcciones y, a la vez, hay una administración a cargo de la Asociación Rural del Uruguay. Entonces, todo esto se conjugó en un mismo padrón, por lo que este proyecto de ley empieza a ordenar la titulación y consolida la propiedad en quien es el propietario del padrón, del inmueble; lo demás es accesión. Así está dispuesto en el Código Civil, que en este caso es supletorio al Derecho  Administrativo y es lo que nos rige.

SEÑOR BORDABERRY.- La División de Estudios Legislativos del Senado hizo un informe en el que se dice que es imprescindible sustanciar la eventual existencia de documentación que contenga fuentes de obligaciones entre los actores involucrados, públicos y privados, como son la Intendencia, el Gobierno, etcétera, para que proporcione todos los legajos relativos al padrón de referencia, contratos de cualquier naturaleza y demás. La pregunta que quiero formular es si existen legajos, antecedentes, etcétera, y si es posible cumplir con esto. No hablo en nombre de toda la Comisión porque eso no corresponde, pero tal vez podría hacerlo a título individual haciendo un pedido de informes, por ejemplo. Concretamente, pregunto si existe esa documentación y si está disponible en fotocopias. Aclaro que estoy hablando de la documentación relativa al uso, usufructo o lo que sea con respecto a la propiedad. Ocurre que el informe que tenemos aquí dice que el usufructo que se le había dado a la Intendencia caducó por el transcurso de los 30 años, por lo que no queda claro  si caducó también la obligación de informar o rendir cuentas. Digo esto para ir adelantando camino y no tener que enviar un oficio posteriormente. Asimismo, creo que no existe más esa obligación por la que el ocupante, que en este caso es la Asociación Rural, tendría que rendir cuentas de su administración en forma anual. Quisiera saber si eso se ha hecho, a pesar de que ya no existiría esa obligación porque después de los 30 años habría caducado. De repente, si lo siguiera haciendo estaría dando por válida la existencia del usufructo.

                Hay otro aspecto que no aparece en el informe, tiene que ver con el hecho de que hay varios edificios que son patrimonio histórico -todos hemos estado en la Rural del Prado- pero también existen otros tantos sobre cuya propiedad no sabemos si hay algún tipo de documentación o pacto. El problema surge con los que son patrimonio histórico porque pertenecen al Estado, pero los otros no sabemos a quién pertenecen. En definitiva, quisiéramos saber si sobre estos últimos existe algún tipo de acuerdo o documentación o simplemente se construyeron por aluvión.

SEÑOR BELTRAME.- Sobre el primer punto hay una carpeta que podemos hacer llegar a los señores Senadores, sin necesidad de que nos envíen un oficio. Esa carpeta contiene un estudio realizado por quien fue Director de la División Jurídica en el año 1979, el doctor Vicente Panizza, que tiene un detalle muy pormenorizado sobre el tema del usufructo, respecto del cual el artículo 501 del Código Civil establece un plazo de 30 años. En el caso que nos ocupa, se presume -utilizo este término porque tiene que haber sido constituido por escritura pública y de eso no hay antecedentes- que el usufructo se constituyó a fines de 1912, ya que la ley correspondiente es de ese año, por lo que en el año 1942 caducó. Sin embargo, en el mismo informe se dice que al caducar el usufructo a los 30 años, no cesa la obligación de rendir cuentas si así lo siguiera haciendo quien en ese caso tenía la obligación de hacerlo; perfectamente, podía no hacerlo. Creo que es una práctica que tiene más de 100 años el no rendir cuentas respecto de las actividades. 

En cuanto a los demás edificios,  a quien le fue conferida la administración de ese predio es la Asociación Rural y lo único que a mi juicio va a cambiar en este proyecto es la propiedad de esos edificios que son patrimonio histórico, pero los otros no tendrían modificaciones porque no están contenidos. Por consiguiente, vamos a seguir rigiéndonos por el Código Civil y la Intendencia tendría la posibilidad de adquirirlos por accesión, pagándole a quien construyó, porque lo hizo a su vista y paciencia, lo que también está establecido en el artículo 751 del Código Civil.

Disculpen la cita de los artículos porque confieso que no recuerdo bien sus números. De cualquier modo, creo que la situación no va a cambiar en lo más mínimo. En realidad, por este proyecto de ley estaríamos ordenando la titulación. Como tengo las dos profesiones, también hago el análisis como escribano. Respecto de lo demás no hay posibilidad de ordenarlo, salvo que quien construyó allí decida hacer lo mismo que está haciendo el Estado hoy.

                Reitero que les haremos llegar rápidamente la carpeta -es del año 1979- que, afortunadamente, logramos ubicar en el día de ayer.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Creo que la diferencia que hay entre los galpones que dicen “Bovinos”, “Ovinos”, etcétera y el resto de las construcciones es que aquellos tienen un valor patrimonial y arquitectónico. Por el contrario, las demás instalaciones son mucho más precarias desde el punto de vista constructivo y fueron apareciendo de acuerdo con las necesidades de las distintas funciones. También está el hecho de que se perdió parte de terreno por la construcción de la cancha de Wanderers. Creo que la falta de planificación en el predio generó todo eso.

                A mi juicio, lo más importante a preservar son los galpones históricos porque son los más emblemáticos. Si le preguntamos por ellos a una persona que haya concurrido a la Rural, sin duda que los recuerda y reconoce; las demás construcciones las puede haber registrado, o no. Reitero que hay que diferenciar esas dos situaciones. Está bien que la Asociación Rural tenga la administración porque el uso de esos galpones -que son los más emblemáticos- y el origen de la exposición están ligados a ella. Además, recordemos que se mudó del Centro para allí. Sinceramente, debo decir que todas las demás construcciones me parecen de carácter secundario. Algunas  pertenecen a ministerios y otras a organismos como el INAC, el INIA, etcétera. Otra diferencia, no menor, es que los galpones están protegidos patrimonialmente.

SEÑOR BORDABERRY.- Hay otra construcción doblemente importante, que es el palco. Tiene su valor por lo que representa para la Asociación Rural y también porque debajo está el vestuario del equipo de fútbol más grande de la capital. No sé si conocen el estado de situación de ese edificio que se destaca junto con los galpones. Asimismo, hay una casa en el ingreso por Lucas Obes. Supongo que cuando se hacían esas casas debía solicitarse un permiso de construcción, como ocurre con todas las construcciones. Si alguien hoy quiere edificar ahí deberá pedirlo y, además, inscribir la obra en el BPS. Concretamente, quisiera saber si existe documentación o antecedentes en ese sentido.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- No sabría contestar ahora esas inquietudes. Esa casa tiene varios años y supongo que debe haber contado con el permiso de construcción respectivo. Está muy a la vista como para ser una obra clandestina, pero podemos averiguarlo y buscar los antecedentes correspondientes sin problema.

                Con respecto al palco debo decir que, lamentablemente, la última tormenta le arrancó el techo, es decir que tuvo un problema serio. Tampoco sé contestar las inquietudes planteadas a este respecto -creo que el doctor Beltrame tampoco- pero podemos buscar los antecedentes y enviarlos. En definitiva, averiguaremos los antecedentes del palco y de la casa de la entrada de Lucas Obes.

                Respecto a lugares como la cancha de Wanderers quiero decir que, por las dudas, traje los antecedentes de la Junta Departamental del año 1963, más concretamente, del Consejo Departamental que presidía Ledo Arroyo Torres en ese año, y que concedió en usufructo la cancha del Parque Viera, de Wanderers. Una  situación que se repite con muchos clubes es que han vencido los años de usufructo. Nosotros ya no estamos utilizando esa modalidad -esto viene de antes- sino que ahora firmamos concesiones que vota la Junta Departamental, con contraprestaciones, pero antiguamente el usufructo  era una forma jurídica bastante común.

                Hace poco nos reunimos con la  directiva de Wanderers y sabemos que tiene la intención de regularizar la situación del club, lo que permitiría corregir, primero, el tema del usufructo que está vencido, y luego ver cuál sería el papel de Wanderers ahí mismo, qué contraprestaciones podría ofrecer y cómo ayudaría en la zona.

                Vale decir que en nuestra División Espacios Públicos, Hábitat y Edificaciones tenemos una repartición técnica y especializada, llamada Unidad de Concesiones, que va a hacer un seguimiento a las más de trescientas concesiones con o sin fines de lucro. Si bien esta no es una concesión, está en la lista; hay inspectores nuestros que todos los años van a las áreas en cuestión y presentan informes al respecto. También podemos pedir que se nos informe sobre la situación en esa materia y enviarlo a esta Comisión.

                No tengo respuestas sobre la propiedad ni sobre cómo se hizo el palco ni la casa pero, reitero, lo podemos averiguar.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión solicitó a la División Estudios Legislativos de este Cuerpo un informe -realmente tenemos que felicitar a esa División porque es muy completo- acerca de este tema. Ellos señalan una contradicción -y queremos consultar a nuestros visitantes al respecto- que existiría en la Exposición de Motivos, que también forma parte del cuerpo de la ley, expresando lo siguiente: “Es importante destacar” -dice el informe- “que en la exposición de motivos del proyecto se incluye un párrafo en el cual se expresa lo siguiente: ‘En ese entendido la situación jurídica continuará rigiéndose por el estatuto legislativo reseñado, es decir, el Estado conservando la nuda propiedad, y la Intendencia de Montevideo el usufructo de las construcciones’. Va de suyo aclarar que dicha afirmación choca de bruces con lo dispuesto por el artículo 1º proyectado, y de acuerdo con lo expresado en el cuerpo del presente informe no corresponde al rigor jurídico de la normativa objeto de análisis”.

En  ese  sentido,  aprovechando la presencia de ustedes en la Comisión -posteriormente lo podremos ver con los demás Senadores- quisiéramos saber si tienen alguna apreciación para hacer a este  respecto.

SEÑOR BELTRAME.- Es evidente que si lo que se propone con este proyecto de ley es consolidar la propiedad en un único propietario, es una contradicción desmembrarla de nuevo como se expresa en la exposición de motivos.

                El artículo 1.º -ya no podemos hablar de usufructo, porque cayó hace más de medio siglo- consolida la propiedad total del inmueble referida a la tierra y a la propiedad de las construcciones. Si por este artículo se transfiere la propiedad de las construcciones, no existe la posibilidad de desmembrar el dominio porque el Estado ya no tiene dominio sobre eso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Justamente queríamos escuchar su opinión sobre esto porque son elementos que van surgiendo.  Les agradecemos la comparecencia.

(Se retiran de Sala las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo.)

(Ingresan a Sala representantes de la Asociación Rural del Uruguay.)

                -La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene el gusto de recibir a una delegación de la Asociación Rural del Uruguay integrada por su Presidente, perito agrónomo, Rubén Echeverría; el Director de Exposiciones, ingeniero agrónomo, Alejandro Carvalho y el doctor Ignacio Irureta Goyena, para conocer su opinión acerca del proyecto de ley por el cual se transfiere a título gratuito del patrimonio del Estado, a la Intendencia Municipal, los edificios destinados a exposiciones y ventas.

SEÑOR ECHEVERRÍA.- La Asociación Rural del Uruguay se siente complacida por haber sido invitada a esta Comisión para tratar el tema que recién se mencionó, referido a un proyecto de ley por el que los galpones del Ministerio pasarían a la Intendencia de Montevideo.

Como Presidente de la Asociación Rural hace poco que estoy en el tema y, en realidad, pensaba que los galpones pertenecían a la Intendencia. Después de los acontecimientos empezamos a hurgar, a informarnos, y nos enteramos que no era tan así y que los galpones en un principio eran del Ministerio de Industrias y luego del Ministerio de Ganadería y Agricultura que en su comienzo no existía.

Si bien quedamos un poco sorprendidos por el cambio que explicaba el señor Presidente, no vemos ningún inconveniente en ese sentido porque con las distintas administraciones de la Intendencia, la Asociación Rural del Uruguay -no solo esta directiva, sino también  las anteriores- nunca tuvo inconveniente alguno. Por el contrario, existe una muy buena relación y últimamente -por eso nos ha acompañado el Director de Exposiciones- tenemos un excelente relacionamiento con la Intendencia. Creo que la Asociación Rural del Uruguay, en lo referido a la parte ganadera ha mantenido muy bien esos tres galpones históricos, realzando la ganadería uruguaya en cuanto a genética, que hoy en día está muy valorada a nivel de toda América. Por ese lado, tampoco vemos ningún inconveniente.

Sí advertimos que hasta ahora hemos funcionado muy bien y simplemente queremos llamar la atención en cuanto a que nosotros sentimos los galpones como propios. De hecho, siempre se ha trabajado tratando de mejorarlos. Conservar los galpones realmente cuesta mucho; debemos tener en cuenta que  ya se cumplen cien años de la existencia de los mismos.

                Como he mencionado, en el día de hoy me acompañan el Director de Exposiciones, ingeniero agrónomo Alejandro Carvalho y el doctor Ignacio Irureta Goyena, para realizar un intercambiando de ideas.

SEÑOR IRURETA GOYENA.- Comparto lo expresado por el señor Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, en cuanto a que este proyecto de ley no modificará en nada la excelente relación que hasta ahora existe entre la Rural, la Intendencia y el Ministerio.

                Me gustaría hacer un poquito de historia. El proyecto de los galpones es de la Rural. En 1908 el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria de aquella época, introduce esta iniciativa; la propuesta se eleva al Parlamento y en 1909 se convierte en ley. Es así que el Poder Ejecutivo va entregando a la Asociación Rural del Uruguay distintas partidas de dinero para que haga las obras de los galpones y, en la misma ley de 1909 se establece que si el terreno es municipal, corresponderá su usufructo al Municipio y, de lo contrario, al Estado.

Como saben los señores Senadores, el Decreto reglamentario correspondiente, pone el cuidado y la conservación de los galpones a cargo de la Asociación Rural del Uruguay. Primero le encomienda la construcción y luego establece que deberá cuidarlos. Es bueno, entonces, hacer notar que la Asociación  cuida y mantiene no solo los galpones que hoy pertenecen al Ministerio, sino absolutamente todo el predio de la Rural. De todos modos, este es un tema que el Director de Exposiciones luego podrá ampliar.

                La construcción de estos galpones tuvo como cometido esencial organizar exposiciones, creando un lugar de exposiciones permanente. Eso lo establece la ley y esta iniciativa no lo cambia para nada, de manera que se mantiene vigente el objetivo original, donde la Asociación Rural del Uruguay está a cargo de la organización  de exposiciones rurales  y de otras de igual o similar naturaleza. 

                También quería hacer notar que en la exposición de motivos se hace alguna referencia a las dificultades existentes a la hora de clarificar las responsabilidades entre los nudos propietarios o usufructuarios, etcétera. Creo que esa no ha sido una dificultad tan importante como para merecer esta modificación, pero vuelvo atrás y digo que a la Asociación Rural del Uruguay tampoco le parece mal. No cambia en absoluto la esencia de la cuestión, que es tener un local permanente de exposiciones, cuyo cuidado y mantenimiento es de la Asociación Rural.

                Allí también se hace referencia de que ha existido un incumplimiento del artículo 2º  -de alguna de las normas en juego- que era el pedido de autorización previo y en cada caso, antes de organizar cada exposición. En esa materia, hace un tiempo el Ministerio de Industria, Energía y Minería envió una nota a la Asociación diciendo que se estaba incumpliendo con ello y que, en consecuencia, tenía que pedir autorización en cada caso. Esto más allá de que las competencias del Ministerio de Industria de aquella época, que comprendían y alcanzaban a la ganadería y a la agricultura, terminaron en el año 1935 cuando se crearon otros Ministerios, especialmente el de Ganadería y Agricultura.

Ahora bien, más allá de ese tema formal, cabe señalar que la primera invitación que emite la Rural es al Presidente de la República y seguramente, la segunda, sea al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Fuimos declarados de interés nacional por el  Ministerio y las Carteras de Turismo y Deporte y de Economía y Finanzas nos autorizan todos los años como depósito fiscal. De manera que entendíamos que si bien no se había cumplido con la formalidad de la autorización previa por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en lo esencial sí lo estaba por esas otras vías.

SEÑOR CARVALHO.- Coincido plenamente con lo ya manifestado. El doctor Irureta  Goyena mencionó que actualmente administramos todo el predio de la Rural y los señores Senadores se podrán imaginar lo que eso significa, teniendo en cuenta, además, que el predio evoluciona y cambia año a año. Las dificultades de antes no son las de ahora, especialmente en lo que tiene que ver con orquestar una exposición en el medio de un barrio residencial. En ese sentido, es bueno decir que tenemos una muy buena relación con los vecinos porque nos preocupamos para que la exposición en sí les afecte lo menos posible.

                También hemos volcado la gestión a reformar el predio y a darle un uso continuo todo el año para que pueda ser utilizado por todos. En casi diez años ampliamos la actividad para que se utilice todos los meses y días del año y, en ese sentido, recibimos solicitudes del Poder Ejecutivo, de los Ministerios y, ni que hablar, de la Intendencia. Asimismo, con distintas entidades, como Montevideo Wanderers y el Club Atlético River Plate, intentamos  organizar los temas comunes, como la seguridad de los predios linderos. En el caso de la Intendencia, incluso, trabajamos en forma conjunta para recuperar el vivero. Realmente, tenemos una tarea ardua que no solo está relacionada con el cuidado de los galpones sino con el hecho de mantener el predio y orquestar otras actividades que sirvan para el bien común.

                El doctor Irureta Goyena mencionó el tema de las autorizaciones. Quiero destacar especialmente el caso de la Intendencia, con la que nos hemos relacionado históricamente en forma continua. Personalmente hace dieciséis años que integro la Asociación  Rural del Uruguay y, diez, que soy Director de Exposiciones por lo que puedo afirmar que todas las autorizaciones las otorga o bien el Director de Cultura de la Intendencia o el Intendente de turno, con las respectivas autorizaciones que van desde organizar el tráfico y la exposición hasta tratar de mitigar los efectos que puede tener esta exposición que antes se hacía donde había arena y ahora quedó en el medio de la ciudad. Estamos muy contentos con esa articulación público-privada y, a nuestra manera de ver las cosas -muy parcial, por cierto- es  una demostración de lo que pueden hacer dos entidades antagónicas que comparten un predio que es administrado, financiado y mantenido por un privado pero utilizado por el público para beneficio propio sin que la Asociación Rural del Uruguay le solicite nada a cambio. En este sentido hemos venido trabajando, no solo con esta Administración, evolucionando cada año y desarrollando más cosas en conjunto. Esta es la Administración que llegó al máximo en el relacionamiento, pero aclaro ha sido así con todas las que pasaron anteriormente. Personalmente, puedo hablar desde la Intendencia de  Arana hasta ahora pero mis colegas de la Comisión de Exposiciones  manifiestan que sucedía lo mismo con Gobiernos anteriores.

                Por tanto, la tarea no solo refiere a organizar una exposición o manejar los galpones sino que es mucho más importante de la que aparece en la iniciativa de 1903.

SEÑOR BORDABERRY.-  Quiero agradecerles su presencia.

                Antes de esta delegación compareció la de la Intendencia de Montevideo que creo que coincide bastante con la visión que tenemos todos del estatus jurídico del predio en sí. Incluso, un representante de la Intendencia señaló que, una vez aprobada esta ley, si la Intendencia quisiera hacerse del predio tendría que comprar todas las otras construcciones que están dentro del mismo.  Así lo dijo expresamente, lo que parece bastante lógico y creo que lo tenía quizá más claro que la propia exposición de motivos.

                Nosotros tenemos un informe jurídico de la División de Estudios Legislativos -adhiero a las palabras del señor Presidente de la Comisión- que es muy completo. En él se hace referencia a que es imprescindible sustanciar la eventual existencia de documentación que contenga fuentes de obligaciones entre los actores públicos y el privado, si es que existe. Entonces, como se lo pedimos a la Intendencia, es bueno también pedírselo a ustedes y decirles cuál es la situación que la Intendencia y nosotros visualizamos. Lo que se visualiza, y este informe lo dice, es que aquel usufructo que se constituyó después de la ley del año 1912 ya no existe más, caducó a los treinta años por imperio de lo previsto en el artículo 501 del Código Civil, a favor de la Intendencia. Es decir que al caducar el usufructo, esos galpones…

SEÑOR IRURETA GOYENA.- Yo leí en la exposición de motivos esos conceptos, y creo que el usufructo, si fuera entre particulares y terminara a los treinta años, se consolidaría con la nuda propiedad, que es del Estado y del Poder Ejecutivo. Pero son formalidades que, me parece, no hacen al fondo de la cuestión. Pero, además, este usufructo se dio por ley, que es una particularidad.

SEÑOR BORDABERRY.- Lo que nos dice el informe es que, de acuerdo con el artículo 501 del Código Civil, el usufructo caduca por el transcurso del tiempo. Cuando es a favor de un pueblo, una corporación o un establecimiento público, no podrá constituirse el usufructo por más de treinta años. Quiere decir que, en realidad, se consolida en el Estado o Gobierno Central la propiedad de las construcciones. Como bien decía el escribano Beltrame -que hace un rato nos visitó por la Intendencia de Montevideo- acá tomamos todo el Código Civil y fuimos utilizando, una por una, todas las formas de desmembramiento de la propiedad existente: nuda propiedad, usufructo, usufructo sobre la construcción, construcción sobre terreno ajeno, etcétera. Creo que acá está todo lo previsto por el Código Civil y, al suceder eso, es obvio que vamos a tratar de actuar con mucha prudencia cuando aprobamos una ley, por lo que está en juego. Pero de acuerdo con la interpretación que nosotros hacemos, no existe ninguna duda en cuanto a que la tierra, el predio, pertenece a la Intendencia de Montevideo. Los galpones -digamos, el patrimonio histórico- pertenecen hoy al Gobierno Central, al Poder Ejecutivo - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, mientras que las otras construcciones no sabemos a quién pertenecen. Esa es la verdad. Aunque podríamos decir que pertenecen a quien las hizo. Como las ocupa la Asociación Rural del Uruguay, presumimos que fue ella quien las construyó; pero es solo una presunción, puesto que no tenemos prueba de ello. Ahora tendríamos el predio de la Intendencia, a partir de esta ley, los galpones patrimonio histórico también de la Intendencia y los otros predios de un tercero; según la Intendencia, ellos no fueron quienes hicieron la construcción. Pero a su vez, tenemos una herencia de la ley y de su decreto reglamentario del año 2012, que establecía el usufructo y una obligación de rendir cuentas y pedir autorización al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Aclaro que, de acuerdo con el informe de la División de Estudios Legislativos del Palacio, el usufructo no existe más y, por ende, la obligación de solicitar autorización al Ministerio de Industria, Energía y Minería e incluso de rendir cuentas, habría caducado. La conclusión a que se llega en este informe es que el usufructo y la rendición de cuentas estaban vinculados a la solicitud de utilización; digo esto para tranquilidad porque estaban diciendo lo que estaban haciendo. Pero nos queda otra obligación que en los hechos la Asociación Rural del Uruguay ha venido cumpliendo, que es la de conservar y administrar no solo estas construcciones, sino todo el predio, de acuerdo con los que nos han dicho en este momento. Entonces el planteo de la Comisión es que si existe algún tipo de acuerdo sobre la conservación y el uso -más allá del decreto reglamentario- sería bueno tenerlo porque, de lo contrario, fue otorgado en aquel entonces por el decreto reglamentario a la Asociación Rural del Uruguay, que lo ha venido cumpliendo como única fuente  de la obligación de hacerlo. Si existen documentos, acuerdos, etcétera, sería bueno contar con ellos. Además: no invadan más la cancha de Montevideo Wanderers Fútbol Club, por favor.

(Hilaridad.)

SEÑOR PRESIDENTE.- No sé si los invitados tienen algún documento o material que nos puedan aportar.

SEÑOR CARVALHO.- Que yo sepa, por el momento, no. Existe la gestión del conocimiento de generación en generación y cuando asumí nadie me dijo que hubiera documentos respecto a este tema. Pero de hecho es bueno decir -en esa relación que hemos tenido con todos los Intendentes- que, si mal no recuerdo, en el año 2006 invitamos al ex Intendente Ehrlich para que nos ayudara en el mantenimiento de los galpones y nos exonerara de los tributos municipales por concepto de la venta de entradas a La Rural. Creo que se firmó un documento, en donde la Intendencia se comprometía a exonerarnos de los tributos y La Rural contribuía con el mismo importe correspondiente a los tributos y los volcaba directamente al mantenimiento de galpones. Eso se hizo durante dos o tres años; después se encontró que había algunos baches legales o, por lo menos, el departamento jurídico de la Intendencia no se daba por enterado del acuerdo que teníamos con el Intendente y por lo tanto, resolvimos no hacerlo más. Pero esta era una demostración más; se embarraba más la cancha  porque la Intendencia estaba aportando dinero en algo que efectivamente no era suyo, ya que los galpones eran del Ministerio.

Todas estas son demostraciones del trabajo en conjunto y también del esfuerzo que venimos haciendo desde La Rural, para regularizar todo lo que desde hace años la Intendencia nos viene marcando que está mal. Los señores Senadores deben saber que la Intendencia tiene su Cuerpo de Inspectores -en cada una de sus divisiones-  que nos visita una vez por mes y nos hace ver las cosas que están mal; por suerte esto ocurre cada vez menos ya que hacemos un esfuerzo enorme por ponernos en regla. Nos pidieron desde que regularizáramos todas las construcciones del predio -eso lo estamos haciendo- hasta que demoliéramos construcciones que están contra los galpones históricos, que se hicieron en 1940, o cosas de ese estilo.

Insisto, no tenemos documentación pero sí acuerdos verbales. Inclusive, es tradicional que el primer día de la exposición se invite al Intendente -esto se hace desde hace ocho o diez años- para inaugurarla. Después, protocolarmente recorre las instalaciones, algunos stands y les da la bienvenida a los participantes. A su vez, hemos utilizado esta instancia como forma de mostrarle los avances que permanentemente estamos haciendo en el predio, le mostramos las obras -sobre todo en aquellos años donde nos exoneraron del troquelado- recorremos los galpones y le mostramos los marcos de las ventanas que se cambiaron. Para que tengan una idea, el precio de cada una de las ventanas  -no de lapacho pero sí de madera dura- es de US$ 600 y hay alrededor de 90. Les mostramos todas las obras, las ampliaciones y hablamos de los acuerdos a los que hemos llegado con los vecinos, como en el caso de Montevideo Wanderers Fútbol Club.

En fin, les mostramos una serie de obras y los Intendentes -recuerdo a Ehrlich y a la señora Olivera porque es con quien he actuado directamente- han dicho que les parece bien lo que se ha hecho.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Los galpones son lo más notorio y emblemático, pero con los representantes de la Intendencia también hablamos del palco ya que no se sabe a quién pertenece, en qué limbo jurídico se encuentra. Por tanto, creemos que es un área que también debe protegerse porque es emblemática desde el punto de vista de la exposición. Quisiera saber si tienen alguna información al respecto.

SEÑOR IRURETA GOYENA.- Si tuviera que dictaminar en este momento, en lo personal pienso que es de la Intendencia.

SEÑOR CARVALHO.- ¿Desde cuándo está el palco?

SEÑOR IRURETA GOYENA.- En su momento fue cambiado, pero no se construyó simultáneamente con los galpones ni creo que corresponda al mismo origen legal.

SEÑOR CARVALHO.- Desconozco si se hicieron al mismo tiempo. Lo que sí tenemos son testimonios fotográficos, aunque no se sabe cuándo se sacaron. La Intendencia tampoco tiene claro este aspecto, pero en las fotos está todo parquizado, los galpones lucen como nuevos, están los árboles, las plazoletas entre los galpones y figura el enorme palco que había en esa época que, indudablemente, es distinto al que está ahora. Por nuestros registros, el palco debe haber sido cambiado en 1962, pero seguramente hay gente en el equipo de trabajadores de la ARU que recuerda cuándo fue transformado. He visto testimonios fotográficos de 1962 y figura el palco actual. Como decían el señor Senador Bordaberry y el señor Presidente un poco jocosamente: que no nos invadan la cancha y que no se metan en los vestuarios, los cuales teóricamente están dentro del predio de la ARU porque el palco se sustituyó y fue compartido entre Wanderers y la Asociación Rural del Uruguay. Por suerte, actualmente con la gente de Wanderers tenemos una excelente relación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos vuestra visita. La finalidad de este proyecto de ley es aclarar el estatus jurídico del predio que, como ustedes habrán visto, no está nada claro. Por tanto, con este proyecto se trata de volverlo claro, transparente y prolijo.  Y esta posición fue reafirmada también por los representantes de la Intendencia hace unos instantes. De manera que hemos escuchado a todas las voces relacionadas con este proyecto de ley, tal como corresponde a una Comisión del Parlamento. Incluso, ya les hemos entregado el informe elaborado por la División correspondiente del Parlamento que colabora con esta Comisión.

SEÑOR IRURETA GOYENA.- ¿Nos pueden enviar el informe del servicio jurídico de la Intendencia?

SEÑOR BORDABERRY.- Los representantes de la Intendencia hicieron un informe verbal. Por tanto, les podemos enviar la versión taquigráfica de esta Comisión. Por otra parte, sobre la caducidad del usufructo -que estiman fue por el año 1942 puesto que la ley es del año 1912- nos expresaron que nos van a enviar una carpeta que encontraron del área jurídica, del año 79, que es por la que llegan a esa conclusión, y creo que no habría inconvenientes en hacerles llegar también esa documentación.

SEÑOR IRURETA GOYENA.- Lo solicitamos para que todos tengamos la tranquilidad de lo que se está haciendo, pero en la exposición de motivos  se señalan dos incumplimientos que, de acuerdo a lo que hablamos recientemente, no serían tales; no es que me importe la formalidad, pero va a quedar estampado en una exposición de motivos algo que no es estrictamente así.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les haremos llegar todo el material, incluso lo que nos envíe la Intendencia, como también la versión taquigráfica de esta Comisión.

                Reitero el agradecimiento.

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación Rural del Uruguay.)

-Con respecto al proyecto de ley que tenemos a consideración, vamos a estar esperando los informes que nos envíe la Intendencia de Montevideo y posteriormente estaríamos en condiciones de votar el articulado.

                A continuación, vamos a considerar un proyecto de ley por el que se designa al Paraje Costas de Corrales del departamento de Treinta Tres con el nombre “Granja Sánchez”.

                Léase el artículo único.

(Se lee:)

                “Artículo Único.- Desígnase con el nombre “Granja Sánchez” al paraje conocido como Costas de Corrales ubicado al sur del departamento de Treinta y Tres, a orillas del arroyo Corrales, a tres kilómetros de Ruta Nacional Nº 8.”

                Como se ve, en la exposición de motivos hay una fundamentación con respecto a por qué se propone el nombre de “Granja Sánchez” a este paraje de Costas de Corrales. Allí se dice que Francisco Sánchez Marigot nació en Guardamar del Segura, en Alicante, España, el 7 de julio de 1925. En el texto se incluye toda la historia de este personaje que, como tantos otros del campo uruguayo, marcaron parte de la vida de la zona.

SEÑOR BORDABERRY.- No tengo inconvenientes con la propuesta del proyecto, pero sí quiero decir que no conozco antecedentes de este tipo de iniciativas por las que se ponen nombres a parajes. No sé si todos los parajes del Uruguay tienen nombre, por lo que me pregunto si no estaremos generando un antecedente al votar este proyecto. Aclaro que estoy dispuesto a votarlo, simplemente consulto sobre este aspecto porque es posible que alguien haga esa pregunta en el Plenario del Senado, cuando se considere. Generalmente no hay discusión sobre este tipo de asuntos, pero por si alguien requiere esa información, creo que deberíamos estar en condiciones de dar una respuesta.

                Por otra parte, la ubicación del paraje es un poco incierta, ya que simplemente se dice que se ubica a orillas del Arroyo Corrales y a 3 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 8. Me parece que la ubicación debería ser más concreta. Reitero que no está en mi ánimo votar en contra este proyecto, pero sí tengo claro que no deseo informarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que podemos volver a recurrir a los organismos especializados, a fin de solicitar que nos hagan conocer los antecedentes correspondientes. Da la impresión de que se trata de un pueblito, de un caserío, pero de todos modos, coincido en que es necesario contar con los antecedentes de esta iniciativa.

SEÑOR CHIRUCHI.- Creo que el planteo del señor Senador Bordaberry es atinado. En la campaña hay parajes cuya denominación, muchas veces, responde a la costumbre del vecindario. Estoy de acuerdo con investigar un poco y ver qué antecedentes existen a fin de no generar un alud de planteos para denominar los parajes que hay en cada uno de nuestros pagos chicos del interior del país. No sé si el Parlamento lo ha hecho en alguna oportunidad. Tengo un establecimiento muy cerca del paraje La Lata, en la Ruta 8, sobre el Arroyo Parao, que no sé si su denominación surgió como consecuencia de una ley; si no lo fue, tomaré la iniciativa. Probablemente situaciones de este tipo se multipliquen por miles.

SEÑOR TAJAM.- Creo que también convendría consultar a los Miembros Informantes del proyecto de ley, Mario Silvera y Hermes Toledo Antúnez, ambos Representantes por el departamento de Treinta y Tres. Sin dudas, ellos podrían aportar datos sobre el asunto.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Al final de la exposición de motivos de este proyecto de ley se dice: “Presidió la Comisión de vecinos para traer la luz eléctrica al pueblito; colaboró para que llegara agua de OSE, en cuya inauguración recibió el reconocimiento y una plaqueta con la inscripción ‘del pueblo a su fundador”. Entiendo que esas son las razones de fondo que motivan este nombramiento. De todos modos, me parece bien hacer todas las consultas pertinentes. Seguramente, los vecinos deben haber pedido a los Diputados que presentaran este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- En función de lo conversado, haremos las consultas pertinentes a nuestros estudios especializados y a los dos Representantes por Treinta y Tres, a fin de actuar sobre bases seguras y no generar antecedentes que originen futuras complicaciones.

SEÑOR CHIRUCHI.- Antes de finalizar quiero señalar que recibí un llamado en mi despacho de parte de gente que no conozco, perteneciente al Complejo Habitacional Parque Zapicán. Me gustaría informar sobre el planteo que están haciendo. Este Complejo involucra a 1.500 personas y contiene 380 apartamentos. Al parecer, existe un problema con OSE en relación con el consumo de agua.

SEÑOR PRESIDENTE.- La nota ingresó, señor Senador, y acordamos  recibirlos la próxima semana.

                Se levanta la sesión.

(Es la hora 17 y 38 minutos.)