SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 11 minutos.)

                -Queremos trasmitir a los integrantes de esta Comisión de Hacienda que el próximo martes 30 no habrá sesión del Senado en la mañana y que la intención de este Presidente es invitar a los integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca para seguir trabajando en estos temas y recibir diferentes delegaciones ese día, en la mañana, a la hora 10 y, en la tarde, a la hora 15. A su vez, continuaríamos el otro jueves 2 de mayo, ocasión en que también recibiríamos delegaciones e iríamos votando los dos proyectos de ley.

Aparentemente, los representantes del Congreso de Intendentes vendrían el 2 de mayo y luego terminaríamos de votar las dos iniciativas; el Colegio de  Abogados del Uruguay enviaría un informe y quizás también pueda comparecer, al igual que la Federación Rural de Salto.

Hoy estamos recibiendo, con mucho gusto, a los representantes de la Asociación Rural del Uruguay: a su Presidente, ingeniero agrónomo Rubén Echeverría, al Vicepresidente, ingeniero agrónomo Gerardo García, al Director de Registros Genealógicos, ingeniero agrónomo Gabriel Capurro, al Secretario, ingeniero agrónomo Ricardo Reilly y al Tesorero, contador Héctor Álvarez. Cuarenta y cinco minutos más tarde estará presente una delegación de Cooperativas Agrarias Federadas.

La idea es que nuestros visitantes hagan una exposición global, poniendo énfasis en los aspectos que crean importantes, y que después los señores Senadores puedan efectuar preguntas al respecto. También pueden entregar el material que estimen pertinente, que será fotocopiado.

                Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR ECHEVERRÍA.- Muchas gracias y buenos días para todos.

La Asociación Rural del Uruguay agradece la invitación del Senado de la República para expresar su opinión sobre la reimplantación del Impuesto al Patrimonio en el sector agropecuario.

Consideramos oportuno reivindicar ante este Cuerpo legislativo nuestro compromiso institucional histórico con el desarrollo agropecuario, principio consolidado en los estatutos de nuestra institución y plasmado desde el mismo momento de su fundación, en el año 1871.

Entendemos que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo se inscribe, precisamente, entre las iniciativas contrarias al desarrollo de la producción agraria y, consecuentemente, afecta el desarrollo de las industrias complementarias y derivadas, así como el trabajo que directa o indirectamente depende de la misma; objetivamente está demostrado que afecta la economía en su conjunto.

En un trabajo realizado en el año 2009 y presentado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, se analizó objetivamente la relevancia del sector agropecuario sobre el resto de la economía. En el mismo se cuantificó en qué medida la demanda adicional hacia el sector agropecuario genera beneficios que se difunden fuera del sector, hacia el resto de la economía.

                Según el trabajo mencionado, se puede afirmar lo siguiente: las agroindustrias tienen fuertes encadenamientos hacia atrás, lo que genera un estímulo disperso en varios sectores de la economía; los sectores agropecuarios de producción de cereales, frutales, ganado y leche tienen fuertes encadenamientos hacia adelante; en general, los sectores agropecuarios demandan pocos insumos importados. Asimismo, un incremento exógeno en la demanda del sector agropecuario genera efectos de arrastre, directos e indirectos superiores a todos los sectores; el sector agropecuario genera incrementos en el empleo superiores  a otras ramas productivas; y el incremento de la demanda externa de bienes agropecuarios y agroindustriales es el principal impulso sobre la economía.

                Por todo lo expuesto, es necesario considerar hasta qué punto un cambio regresivo en las políticas fiscales hacia el sector afectaría su desarrollo futuro y las consecuencias que esto puede tener hacia el resto de la economía.

                A los efectos de continuar el análisis de este tema, solicitamos al señor Presidente  le conceda el uso de la palabra al contador Héctor Álvarez.

                Muchas gracias.

SEÑOR ÁLVAREZ.- El Impuesto al Patrimonio, históricamente, durante muchos años, afectó al sector agropecuario. Si se analiza la incidencia de ese Impuesto desde el punto de vista productivo del sector, las consecuencias han sido tremendamente negativas.

                Como todos sabemos, el sector agropecuario se caracteriza por el uso intensivo de capital y, evidentemente, este Impuesto lo ataca directamente.

                Durante muchos años, el Gobierno nacional fue impulsando el ingreso de inversores extranjeros en la economía uruguaya, especialmente en lo que se conoce como actividades de riesgo. En el sector agropecuario se dio un ingreso importante de empresas y productores extranjeros  -algunos de los cuales se han instalado y viven en el Uruguay-, que realmente actuaron colaborando en su dinamización. Es así, que en los últimos quince años, se ha generado un incremento del valor del factor tierra, a diferencia de lo que había pasado en otros años, en los que la tierra en el Uruguay tenía un valor menor que tierras similares en los países vecinos. Eso ocurría fundamentalmente porque no era atractivo el margen que podía generar la actividad de este sector en nuestro país en comparación con la de estos otros países.

                En los últimos años, el valor de la tierra se incrementó y eso, que a veces es señalado como un efecto no deseado, ha hecho que creciera la inversión sobre el factor tierra. Por lo tanto, se ha dinamizado en general la economía rural.

                Ese incremento,  que  se desarrolló por la evolución del precio de los productos -sin ser el máximo histórico en el Uruguay-, unido a la disponibilidad de la tecnología aprobada y al flujo adicional de capitales que se produjo, inclusive, con la inversión extranjera, contribuyó a que el crecimiento del sector fuera muy importante durante estos últimos años.

                Por otra parte, el avance tecnológico exige extensiones mínimas para mantener una relación insumo-producto aceptable y, más que eso, lograr el mantenimiento en el mediano y largo plazo. La mayoría de los establecimientos, hoy, dentro de lo posible, no tienen una sola actividad, sino más de una, pues se ha producido una diversificación. Siempre se le criticó al sector rural la falta de criterio empresarial, sin embargo, a lo largo de los últimos años, se ha venido desarrollando, por lo que a esta altura ha avanzado mucho en este tema.

                En el caso de aplicarse este Impuesto al Patrimonio, se encarecería la producción, pues se agregaría un costo fijo, que es independiente de la rentabilidad que pueda tener, con eso se afectaría sensiblemente la competitividad del país en esta materia.

                Existen  varias demostraciones en el país en el sentido de que este tipo de impuestos, que afectan un factor productivo, lo único que hace es destruir los adecuados equilibrios, eliminando a actores innovadores y eficientes, sustituyéndolos por otros menos productivos y especulativos.

                En la mayoría de los países, este impuesto está en retirada; solo se apela a él en momentos de crisis, en algunos casos, y en otras situaciones solo es un impuesto testigo que sirve para controlar mejor el Impuesto a la Renta, y normalmente tiene tasas muy  bajas.

                Hay que tomar en cuenta que en el sector agropecuario, la incidencia del  impuesto es mucho mayor que en los sectores de industria y comercio. Un aspecto que señala la exposición de motivos es que hay un tratamiento especial en la materia del sector agropecuario frente a la industria y el comercio. En primer lugar, se trata de un factor que ya está gravado por la Contribución Inmobiliaria Rural y  que se utiliza por ejemplo para el aporte al Banco de Previsión Social. Por otro lado, es un factor que en la medida en que se afecte su costo -normalmente, la introducción de un impuesto de este tipo lo que provoca es, probablemente, una reducción del valor de la tierra-, va a quitar dinamismo a la economía porque habrá menos inversión sobre la tierra. Normalmente, quienes van a aprovechar esta situación son agentes especulativos, lo que no se puede perder de vista.

                En todo este período el crecimiento del sector agropecuario no  solamente implicó  una mejora en sus condiciones, sino que también repercutió en toda la sociedad, por el arrastre que provoca en todo el resto de actividades, desde los laboratorios, la parte informática, con la introducción de la trazabilidad, hasta los fletes. En suma, ha habido un crecimiento que trasciende el sector; esto se puede ver claramente en los pueblos y en las ciudades del interior del país.

                Analizando el proyecto de ley, tenemos que decir que hay algunos aspectos en los cuales no coincidimos porque creemos que el enfoque no es el más adecuado. En la teoría económica se reconoce que la economía de escala existe. Aquí se está afectando directamente lo que es la formación de grupos de productores  y el funcionamiento de los establecimientos a través de la familia.  En la mayoría de los establecimientos es muy común que haya tareas divididas entre los distintos integrantes de la familia y así cada uno realiza alguna actividad vinculada con el sector. Imaginemos una sociedad que tiene 4.000 hectáreas y cinco socios que poseen 800 hectáreas cada uno. En este caso, estarían alcanzados por este impuesto pero si analizamos la situación de las personas que componen la sociedad, la realidad es otra. Tradicionalmente, se alentó la formación de grupos de empresarios a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de diversos programas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Incluso, el propio Instituto Nacional de Colonización ha reconocido que el trabajo en conjunto de los productores favorece el funcionamiento más eficiente y eficaz. Sin embargo, en este proyecto de ley se está atacando -lo que  llama la atención- el criterio empresarial que se ha desarrollado en el sector agropecuario. 

                Pienso que los señores Legisladores deberían considerar este tema. La mayoría de las empresas agropecuarias son familiares, ya que el dueño no es uno, sino sociedades civiles, personales. También nos llama la atención  algunos planteos que se han hecho porque en  los últimos años se ha realizado toda una tarea para hacer nominativa la propiedad de la tierra y de las explotaciones y por lo tanto, ya se sabe quiénes son sus dueños. Por lo tanto, asignemos a cada dueño lo que es de él y no utilicemos una entelequia de gravar, inclusive, como se plantea con la unidad económico administrativa, que nos ofrece grandes dudas. ¿Por qué? Porque es tan flexible el criterio, que estuvimos imaginando cómo va a jugar este concepto. Llegamos hasta la situación ridícula de pensar que si seis establecimientos tienen el mismo ingeniero agrónomo se las podría incluir en el concepto que está definido en el artículo 13 del proyecto de ley. Entonces, por tal motivo les pedimos que revisen y estudien este aspecto, porque no parece tener mucho sentido.

                Reitero, la definición que se plantea es muy flexible,  es muy difícil llevarla a la tierra y, por tanto, puede dar lugar a diversas interpretaciones. Quizás estamos exagerando su importancia pero, realmente, es muy difícil ver el alcance del artículo.

                Por otra parte, se menciona en la exposición de motivos el hecho de que hasta el presente el sector agropecuario no tributaba el Impuesto al Patrimonio. Realmente, como expliqué con anterioridad, el factor tierra ya estaba gravado a través de otros conceptos. En este caso, el factor tierra es un elemento productivo; en la industria la inversión en maquinaria no está gravada -se encuentra exenta-, por lo que hay una cierta similitud. Independientemente de eso, lo que nos llama poderosamente la atención es que se establece el Impuesto al Patrimonio y, además, se crea una sobretasa de ese mismo Impuesto. Quiere decir que si antes era discutible que el sector estuviera exento del Impuesto al Patrimonio, me parece que ahora nos vamos al otro extremo, es decir, lo estamos penalizando en forma más gravosa. En definitiva, creo que ahí hay que hacer un análisis de sus consecuencias, unido a lo que ya mencioné, o sea que en la industria y comercio el patrimonio rota mucho en el ejercicio. Es común que en cualquier empresa de la industria y comercio el patrimonio rote cuatro o cinco veces en el año. En el sector agropecuario, por la característica de la producción, eso no es así. Entonces, la incidencia del Impuesto al Patrimonio es muy alta. Y si a esto le agregamos la sobretasa, realmente dicha incidencia va a ser muy importante.

                En consecuencia, les solicitamos que tengan una especial atención sobre este tema porque creemos que es grave la situación en ese sentido.

                Por otro lado y mencionando algunos números, hicimos  cálculos tomando como base los datos del Plan Agropecuario. Como ustedes saben, este Plan recoge información de un grupo de productores diseminados por todo el país. Básicamente, hicimos algunos cálculos de las distintas extensiones y obtuvimos que el ingreso neto, por ejemplo, en los últimos tres ejercicios, de un establecimiento de ciclo completo es de US$ 61. Si a eso le calculamos el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, nos da US$15,33. Ahora, si es un establecimiento menor a 5.000 hectáreas, que tiene la posibilidad de adherirse a la no aplicación de la sobretasa, el Impuesto será de US$ 11,82. Quiere decir que un ingreso neto de US$ 61 tendría US$ 27 de impuesto; prácticamente es el 40%. Si consideramos un establecimiento de 5.000 hectáreas, esa relación va a ser de US$ 32 en US$ 61 de ingreso neto, es decir prácticamente el 50%. Si lo hacemos en extensiones más grandes esa relación llega a más del 60%. Además, tengamos en cuenta que expresamente se establece que este impuesto no es deducible del Impuesto a la Renta, como siempre fue el Impuesto al Patrimonio. También quiero hacer notar que dentro de esos US$ 61 ya hay incluidos otros impuestos, como el Impuesto a los Semovientes y a la Contribución Inmobiliaria. Realmente, parece una carga excesiva.

                Muchas veces no se toma en cuenta la incidencia verdadera del sector agropecuario. En ocasiones se piensa, simplemente, en el establecimiento como algo aislado. Cuando uno comienza a analizar -y esto va en línea con lo que decía el Presidente de la Asociación Rural del Uruguay  respecto del trabajo de la Universidad de la República- ve que el derrame hacia otras actividades es muy importante y consideramos que participa dinamizando la economía de una manera muy importante. No podemos perder de vista que somos tres millones de habitantes y que el sector absorbe, directa o indirectamente, una parte muy significativa de la población activa. A veces hablamos de industrias que absorben 30.000 o 40.000 personas y les damos la importancia relativa que tienen, pero en el caso del sector agropecuario son más de 400.000 las personas que están directa o indirectamente vinculadas.

                De mi parte solicito a la Comisión que analice un poco el tema y vea las incidencias que tiene. No matemos la actividad que nos genera la mayoría de las exportaciones del Uruguay. ¡Cuidado! Muchas veces nos embelesamos con actividades ciertas que se desarrollan en países del primer mundo y pensamos que podemos trasplantarlas fácilmente. Ante ello debemos tener presente que nuestra población es pequeña, que no tenemos la ubicación geográfica adecuada en muchos casos y que no disponemos del mercado ni de los recursos para algunas de esas actividades. Insisto: no matemos lo que funciona. Este sector funciona y en la medida en que ustedes lo analicen, advertirán que da movimiento a muchas actividades de servicio y de producción. Durante varios años trabajé en alguna actividad industrial y puedo decir que a nivel internacional éramos piojos y no existía, prácticamente, la investigación propia era muy relativa. Sin embargo, el sector agropecuario y toda la comunidad han hecho inversiones muy importantes para el mantenimiento del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es un ejemplo. No matemos el esfuerzo que hemos hecho para desarrollar algo con alguna idea que a mi juicio está alejada de la realidad.

                Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- Bienvenidos.

                Solicitaría que, de ser posible, nos entregaran el cuadro con la escala, según las superficies, que sirvió de base para las estimaciones.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR CAPURRO.- Nos interesa aclarar qué representa la Asociación Rural porque durante el proceso de discusión del ICIR -y seguramente también ahora, en la consideración del Impuesto al Patrimonio- algunos voceros han atacado a la institución diciendo que solamente defiende los intereses de los grandes productores. Entendemos que es el viejo truco de atacar al mensajero para no analizar el mensaje. La mayoría de los socios de nuestra institución somos pequeños y medianos productores. No defendemos a los grandes ni a los pequeños, sino que defendemos criterios, principios y conceptos. Cuando entendemos que hay impuestos, como en este caso, que afectan el crecimiento y el desarrollo del país, damos nuestra opinión.

Este es un impuesto que ahora se llama “al patrimonio”, pero que claramente tiene el objetivo de atacar la concentración de la propiedad de los inmuebles rurales. Se penaliza la concentración partiendo del concepto de que ella es mala en sí misma. Nosotros entendemos que es una respuesta a los resultados del censo agropecuario, que ha demostrado que en los últimos diez años ha habido en nuestro país el mayor proceso de concentración y extranjerización de la tierra. Y es una pobre respuesta, porque este proceso de concentración de la propiedad de la tierra se da en el Uruguay y en todo el mundo. Y no se da solo en el sector agropecuario, sino en todos los sectores de la economía. Es la necesidad de tener escalas que permitan a las empresas competir y ser más eficientes. A nadie escapa que el desarrollo que el Uruguay ha tenido en los últimos diez años en el sector agropecuario vino apoyado por grandes empresas. ¿Por qué? Porque actualmente la tecnología es cara, de difícil acceso, y a nosotros, los pequeños y medianos productores nos cuesta acceder a ella. Las grandes empresas, por su parte, lo pueden hacer. Una cosechadora como las que hoy en día tenemos en el Uruguay, que vale      U$S 150.000 o U$S 160.000 no se puede comprar fácilmente. Pero esos equipos de maquinaria permiten volúmenes de siembra en tiempo y forma que aseguran rendimientos. La tecnología satelital, que permite hacer trabajar día y noche a todos los equipos, posibilita también mejorar exactitudes y rendimientos. Podemos hablar, por ejemplo, de los pilotos automáticos, que ahora se están instalando en las cosechadoras y en los tractores. Son todas inversiones cuantiosas, pero que ayudan al desarrollo, y nos permiten, muchas veces, a los pequeños y medianos productores, acceder a esa tecnología a través de las inversiones que realizan grandes empresas.

                Entonces, no necesariamente el mayor tamaño de las empresas va en contra de la mayor productividad, el crecimiento y el desarrollo del país, sino todo lo contrario: apoya ese crecimiento y ese desarrollo. Hemos visto trabajos de algunos economistas que dicen que, efectivamente, en los países en desarrollo, el tamaño de las megaempresas es perjudicial porque muchas veces extorsionan al poder político y consiguen exoneraciones y asimetrías impositivas. Ciertamente, podemos compartir ese criterio, pero en el sector agropecuario, si las hay, serán ocho o nueve, que son conocidas y, en general, no son las empresas a las que hacía mención el contador, es decir las empresas familiares, que son la mayoría de las que tienen un tamaño importante en el Uruguay. Por lo tanto, hay que mirar otros sectores de la economía para ver la concentración que hay de algunas empresas y si esas pueden afectar realmente el desarrollo del país y no tanto el sector agropecuario, donde han demostrado que han sido positivas para apoyar el desarrollo que hemos tenido.

                Se dice que la tierra es un bien social y que en ese sentido es perjudicial que se concentre en pocas manos. No sabemos cuál es el límite ni el concepto real. Nosotros entendemos que la tierra -por lo menos en nuestro país- debe producir alimentos en forma eficiente competitivamente y asegurar la continuidad del recurso. Eso, si se hace bien, tiene un impacto positivo en toda la sociedad. Y si se hace mal, sea chico o sea grande, tiene un impacto negativo actual y también a mediano plazo.

                Hemos escuchado un argumento en el sentido de que como el valor de la tierra subió, los productores deben pagar más. Nosotros, en realidad, no vivimos de lo que vale nuestra tierra, sino de lo que ella produce. Ese argumento también se usó para aumentar la contribución inmobiliaria muy por arriba de la inflación cuando al resto de los sectores del Uruguay no les pasó lo mismo.   Las propiedades aumentaron mucho de valor y el criterio que se tomó con respecto a la inflación no fue el mismo que el que se adoptó para el campo. Entendemos que estas asimetrías van en un sentido que no es bueno para dar seguridad y certeza a la gente. Se  hizo una reforma impositiva con criterios que compartimos -quien más gana más paga-, pero creemos que todos estos elementos que se agregan la van alterando y generando incertidumbres que no son positivas para la inversión, ni para el desarrollo del país.

                Otro argumento que hemos escuchado es que igualar al sector agrario     -con el Impuesto al Patrimonio- con el de la industria y el comercio, es un criterio de justicia tributaria. Como ya se expresó, son sectores muy diferentes. En ese sentido, entendemos que no hay nada más injusto que tratar igual a lo que es  bien distinto y el sector agropecuario  realmente lo es, tanto por  la circulación del capital, como por cómo lo afecta este impuesto, elemento que ya fue especificado claramente por el contador Álvarez. Además, el sector agropecuario afronta riesgos que las otras actividades no tienen y, a veces, debe competir deslealmente en un mercado internacional. En muchas oportunidades competimos contra las Tesorerías de los países desarrollados. Como los señores Senadores saben, el sector agroalimentario es el más intervenido del mundo, con más protección, entonces, no es fácil competir contra las Tesorerías de los países desarrollados, teniendo en cuenta los precios que quieren fijar, las cuotas de ingreso y los aranceles que nos imponen. A todo esto debemos agregar los riesgos  que existen desde el punto de vista climático, que a veces trae como consecuencia que  los ejercicios sean negativos y que se necesite invertir para poder mantener el capital de trabajo. También  tenemos que mencionar los riesgos sanitarios que existen.  Todos sabemos qué consecuencias trajo aparejadas  la aftosa y cómo impactó en todo el sector. Cuando se ponen impuestos fijos, ciegos -como en este caso-, realmente se está afectando no sólo la inversión, sino el capital mismo de las empresas.

                Para finalizar, queremos señalar que para nosotros es un impuesto retrógrado, que en todo el mundo se ha retirado y que va a afectar el desarrollo y el crecimiento del país de manera negativa. Es un impuesto ciego. Se nos dijo que se iba a mantener la reforma impositiva del año 2007 y que esas iban a ser las reglas de juego, pero una y otra vez las reglas se van alterando, y eso no es bueno.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Retomando lo expresado por el ingeniero Capurro, en lo conceptual, quiero decir que este impuesto aparece en un muy infeliz momento. En ocasión de realizarse la reforma tributaria pasada el propio Gobierno lo había eliminado por retrógrado; incluso, hemos hablado con sus técnicos y así lo catalogaron.

                Soy el último que hablo en representación de la Asociación Rural del Uruguay y tengo que dar la mala noticia de que se terminaron los tiempos de las vacas gordas. Estamos en un punto de inflexión lamentable que nadie desea y creemos  que este es un muy mal momento para realizar un cambio impositivo impensado e inesperado, teniendo en cuenta el compromiso previo de que no ocurriera. El Tejar, que es el pool de siembra más grande de Uruguay, en una primera etapa va a dejar 15.000 hectáreas de agricultura como consecuencia del costo país y del atraso cambiario. Uruguay tiene un enorme atraso cambiario y siempre me acuerdo de que el señor Senador Couriel hablaba al respecto. En una segunda etapa lo harán otras, a medida que vayan terminando sus contratos de arrendamiento, lo cual trae como resultado que haya menos plata circulando en Uruguay.

                A los tamberos y a toda la industria láctea, la semana pasada les impusieron una vacuna y los costos salariales que están vinculados a los remates de Fonterra que tienen una volatilidad impresionante en los mercados internacionales de lácteos, es un penal para el Uruguay lechero del futuro. Esto ya puso freno, no a los grandes productores lecheros sino a los tamberos chicos, a la familia lechera del Uruguay. Pregúntenle a los representantes de Conaprole y a los tamberos qué esperan de este tema hacia el futuro.

                El pujante sector arrocero apenas saca un pobre empate por el atraso cambiario y el costo país, cuando se trata de uno de los sectores con más alto rendimiento en el mundo. La tecnología y el desarrollo nacional tienen una dinámica impresionante. Apenas se resfría el rendimiento o el precio, van al Banco de la República -como ya lo están haciendo algunos productores-, lo cual constituye otro indicador del fin de las vacas gordas.

                El propio Ministro Kreimerman recortó la expectativa oficial de expansión de los sectores industriales, cuya gran mayoría son agroindustriales que vienen detrás de la leche, del arroz, de la carne y de todo lo que producimos en el país.

                Queremos reflexionar con los señores Senadores sobre este Impuesto al Patrimonio. Más allá de las razones políticas que existen -que no compartimos- queremos alertarlos para que sean conscientes de lo que ocurrirá con esto.

                Se estima que alrededor de 5:000.000 o 6:000.000 de hectáreas serán afectadas por este Impuesto al Patrimonio que, básicamente, incidirá en los sectores ganaderos extensivos y en los sectores ganaderos de los campos más pobres del Uruguay donde, según los datos que manejamos, se encuentra el 45% o 50% de las vacas del país. Le estaremos pegando a la mitad de las matrices que producen los terneros que luego serán los novillos y las vacas gordas del Uruguay. De manera que esto afectará a la industria frigorífica y a las curtiembres.

                En el sector ovino pasa exactamente lo mismo porque esos 5:000.000 o 6:000.000 de hectáreas de área extensiva tienen vacas y ovejas y eso terminará afectando a los frigoríficos, a la Foica, a las laneras, a las curtiembres y a todos quienes trabajan en esas industrias provenientes de la materia prima que se produce en esos campos. Queremos alertar, además, que en esos campos hay un tema de escala y hay que tener en cuenta que Uruguay ha cambiado en lo tecnológico. Esos campos producen mucho más de lo que producían hace diez años. La razón de ello es porque se creyó en las reglas de juego de las políticas agropecuarias que el país se dio y los tres partidos gobernantes las mantuvieron como políticas de Estado, lo cual ha sido bueno. Los productores creyeron en eso y, con los buenos valores de los precios, se registraron cambios tecnológicos  por la positiva en esos campos ganaderos del Uruguay: un 70% de preñez contra un 2,65% del promedio nacional. Estos campos con mayor escala producen más que el promedio nacional. Como bien dijo el señor Capurro, a veces la escala y las posibilidades tecnológicas habilitan a obtener mejores resultados.

                Esto nos debe ayudar a pensar en el impacto que pueden producir algunas medidas porque cuando le pegamos al productor de terneros y corderos, no le pegamos solamente a ese productor, sino a toda la cadena.  El sector agropecuario ha sido medido en el trabajo aludido por nuestro Presidente y por  el contador Álvarez: por cada dólar que mueve el sector primario, hay seis que se mueven en el resto de la economía. Así fue probado por la Universidad de la Republica, no por la Asociación Rural del Uruguay, agregando el valor de que se trata de un trabajo universitario limpio de cualquier suspicacia.

                A través de la  carga tributaria del Impuesto al Patrimonio se obtendrían entre US$ 90:000.0000 y US$ 100:000.000 adicionales, de los                     US$ 380:000.000 que actualmente se destinan a la Dirección General Impositiva. Quiere decir que la recaudación aumentaría aproximadamente un 25% sobre lo que hoy se percibe cayendo en las tierras más pobres, en los campos ganaderos que producen el 50% de los terneros del Uruguay. Hay que ser consciente de lo que se está haciendo. Esto, muy pronto, va a incidir en las expectativas de los productores. Los US$ 100:000.000 recaudados van a significar menos praderas, menos fertilizaciones, menos alambrados, menos tecnología, menos inversión y menos distribución del trabajo.

                Quiero señalar que existen sospechas sobre la constitucionalidad de este tema, y la estamos estudiando. Nos parece que sería bueno escuchar la opinión de algunos constitucionalistas. Con el ICIR se presentaron inconvenientes, cuando ya lo habíamos anunciado. 

                Como ya dije, sobre el Impuesto al Patrimonio existe la decisión política de llevarlo adelante. Queremos que piensen en el impacto que eso podría producir. Nos parece que uno de los puntos que podría atenuarlo para que fuera menos malo -porque es muy malo- son las unidades económico administrativas. Aquí se está yendo contra los grupos familiares pequeños, que somos la mayoría. Ninguno de los que estamos hablando en representación de la Asociación Rural del Uruguay pagamos el Impuesto al Patrimonio; el Presidente está en el límite, y me disculpo con él por ponerlo de ejemplo.

 Yo estoy hablando con mucha convicción sobre esta problemática, y si bien a mi familia no le va a pegar directamente, indirectamente le va a pegar  a mis vecinos, a toda la zona de Lavalleja, a la región y a mi país. Como decía el ingeniero agrónomo Capurro, deben tener claro que la mayoría de los productores, de los Directivos de la Asociación Rural y de los socios somos pequeños y medianos productores, aunque también hay algunos grandes productores. Pero la gente no se mide por el tamaño; se mide por sus ideas y por su decencia.

                Reitero, creo que un punto a tener en cuenta son las unidades económico administrativas; exhorto a que lo piensen, pues hasta el propio Presidente de la República nos dijo que era un tema para analizar. Otro aspecto a tener en cuenta pueden ser las tasas y su progresividad. En cuanto a la alternativa del 40% u 80%, fíjenlo en 40%. Ya van a caer en la tentación. Todos los que hacen las leyes piensan que van a ser Gobierno y como por suerte la democracia los rota, creemos que es conveniente que el Legislador lo establezca porque es peligroso dar esta libertad a un impuesto que es muy malo. Liberar el ajuste catastral de las tierras puede llevar a que no me toque hoy pero si me ajustan el catastro,  me toca dentro de un rato; este es un grado de libertad demasiado peligroso.

                Finalmente, creo que este no es solo un tema tributario. Pienso que los integrantes de la Comisión de Ganadería deberían participar, formalmente, en la discusión de este tema. No quiero decir que los señores Senadores que integran la Comisión de Hacienda no puedan hacerlo,  pero creo que sería conveniente integrar el conocimiento de la ganadería con la parte tributaria a efectos de enriquecer la discusión, medir y pensar juntos acerca de los impactos que estamos señalando. Dejaremos en poder de la Comisión un estudio realizado sobre el tema, una humilde sugerencia que podría ayudar a enriquecer la discusión.

                Considero que el propio Gobierno y las instituciones técnicas del Uruguay han ido fomentando la concentración de productores y de actividades para ganar escala. Les sugiero que inviten a los técnicos del INIA especializados en carne y lana porque ellos les van a explicar mucho mejor que nosotros el impacto que esto puede tener en la producción de carne bovina y de ovinos, en el tema de la escala de los campos pobres del Uruguay. Deberían escucharlos porque desde el punto de vista técnico puede ser beneficioso para que los señores Senadores puedan formar opinión sobre lo que estamos diciendo.

                Ya se ha dicho que los Intendentes tienen algo que ver con esto y como todos saben, nosotros somos del interior del país y tuvimos diferencias con ellos respecto al ICIR. En nuestra opinión, se está dejando a los Intendentes de a pie con el tema de la caminería rural porque el compromiso es escaso y, en ese sentido, ya hemos dicho que al poco tiempo y por las razones que sea ese dinero pasará a Rentas Generales. Nos parece que este es otro aporte del Congreso de Intendentes que habría que tener en cuenta.

                Por nuestra parte, estamos a la orden y les pedimos que piensen en los conceptos, en los números y en los análisis que hemos hecho y enriquézcanlos con la opinión de otros actores técnicos, ya que considero que eso será de gran ayuda.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Simplemente quiero señalar un detalle que tiene que ver con la diferencia entre este impuesto y el ICIR, puesto que en esta propuesta se toma como índice 100 el índice 100 de valor real y el valor de catastro no está  vinculado directamente al  Índice Coneat sino al Índice de Valor Real. Por lo tanto, este impuesto va a recaer sobre mucha más gente porque, por ejemplo, todos los campos que se encuentran sobre las Rutas 1 y 5, que tienen incidencia de la carretera, ingresarán automáticamente. En consecuencia, hay que tomar en cuenta que en esta iniciativa participarán más personas porque no se refiere al Índice Coneat sino al Índice de Valor Real que, en algún  caso, debe tener una diferencia del 60%. Esto quiere decir que es probable que un establecimiento de 1.200 hectáreas quede afectado por el impuesto. Me parece que este detalle es importante.

SEÑOR BARÁIBAR.- Quisiera hacer un comentario sobre la práctica parlamentaria porque no es habitual que cuando se reciben delegaciones se produzca una discusión con los miembros de la Comisión. Obviamente, estudiaremos la versión taquigráfica y luego, en distintas instancias, se harán los comentarios correspondientes y, además, no descartamos volver a reunirnos con la delegación.

                Además, me gustaría hacer una consideración de carácter general. Integro esta Comisión desde hace ocho años y me animo a decir -algunos otros miembros de la Comisión podrían corregirme si no estoy en lo correcto- que es la primera vez que la plana mayor de la Asociación Rural del Uruguay, encabezada por su Presidente y principales dirigentes, concurre a esta Comisión. Conocemos al contador, quien ha venido en innumerables ocasiones y sabemos que es un excelente polemista y defensor de los intereses que representa, pero el hecho de que hoy estén aquí presentes su Presidente, el ingeniero Echeverría, el ex-Presidente, ingeniero agrónomo García Pintos, el ingeniero Capurro y el ingeniero Reilly -delegación muy representativa de la Asociación Rural del Uruguay-, defendiendo con vigor, fuerza, argumentación y estudiando los temas desde el punto de vista que sustentan, es algo que hay que destacar porque hace a la convivencia de todos.

                Otra anécdota que quiero contar es que hace años yo integraba la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y propuse que mantuviéramos un diálogo en la Exposición del Prado con los dirigentes de la Asociación Rural del Uruguay; si mal no recuerdo, el Presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca era el señor Senador Bordaberry y él se encargó de hacer el trámite correspondiente. Sin embargo, debo aclarar que por distintas circunstancias nunca he concurrido, aunque siempre tengo la buena intención de hacerlo. Propondría que para la próxima oportunidad inviten también a la Comisión de Hacienda, dado que hay muchos temas que merecen ser discutidos.

                Nada más, muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Después de las concretas preguntas del señor Senador Baráibar, quisiera plantear algunas interrogantes que me parecen importantes para aprovechar la presencia de esta delegación y haré algunas consideraciones previas para justificarlas.

Creo que estamos ante una iniciativa que pasa más por una discusión ideológica que de recaudación, pero sin entrar en esa discusión porque no corresponde que polemicemos entre nosotros frente a las delegaciones -aunque pienso que ese debate se va a dar-, señalo que todo esto nace con el requerimiento de la recaudación de un impuesto -que, a nuestro juicio, es insuficiente, como en el caso del ICIR- y parte de la base de una situación complicada que el país tiene en infraestructura. Lógicamente, se necesita dinero y a este respecto tendremos otra discusión sobre los niveles de ejecución del Presupuesto en ocasión de la Rendición de Cuentas.

La Asociación Rural del Uruguay ha tenido contacto con el Poder Ejecutivo y con diversos actores, a los efectos de buscar alguna solución que sea justa y genere alguna recaudación sin atentar con lo que fue muy claro, sobre todo en el razonamiento de nuestro amigo García Pintos, en cuanto a no destruir lo que ha generado la mayor inversión y el crecimiento del país a gran escala. En el tema de que el que rompe paga, a juicio de los miembros de la Asociación Rural del Uruguay, ¿se puede caminar con la equidad con que, de alguna manera, hay que hacerlo? Aquí no se está discutiendo sobre lo que habría que debatir, que es cómo se arreglan los caminos. Lamentablemente, este es un impuesto que busca castigar a quien ha crecido o ha realizado asociaciones económicas y como los extranjeros no van a pagar porque están protegidos por los convenios de protección de inversiones entre países, esto va a castigar básicamente a la empresa agropecuaria uruguaya; creemos que va a ponerla muy en riesgo en cuanto a que va a desalentar la inversión, que ha sido el motivo de crecimiento y recaudación principal del Estado. Quisiera saber si existe alguna posibilidad de sustitución -aunque no me parece que la tengamos, ya que considero que este es un proyecto ideológico y vamos a tener esa discusión en el Senado- y si podemos caminar por la vía de equiparar a los subsectores de la agropecuaria en aquello que, a nuestro juicio, se genera una gran injusticia; me refiero a que aquel que foresta y planta contribuya en forma similar a la gente dedicada a la ganadería en el país, de modo de encontrar recursos y ver si se genera alguna instancia de reflexión con el Gobierno para buscar un camino. ¿Cuál es la opinión de la Asociación Rural del Uruguay sobre este tema?

SEÑOR BORDABERRY.- Quiero aprovechar que se encuentra aquí el contador Álvarez que es un experto en estos temas para plantear las mismas dudas que a él le despertó el artículo 13 -al que agregaría el artículo 14-  en lo que refiere al concepto novedoso de la unidad económico administrativa. Lo único parecido a esto que he encontrado es el artículo 6º del Código Tributario que permite ir a la base real de la situación. Tengo alguna duda sobre la constitucionalidad de este artículo en la medida en que parecería ser que hubo una delegación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo en la determinación de quiénes son los sujetos obligados, al final del día, al pago del impuesto.

                Hay una vieja discusión en la Cátedra de Derecho Tributario -en su momento, Instituto Uruguayo de Derecho Tributario-, liderada por el doctor Ramón Valdés Costa -y también apoyada, en su momento, por el doctor Gonzalo Aguirre-, en cuanto a que no estaba permitida la delegación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo en la fijación del monto de una alícuota; cabe señalar que siempre las alícuotas se ubicaban entre 0 y 30.

                La Suprema Corte de Justicia siempre sostuvo que eso era constitucional, pero aquí ya no hablamos de fijar la alícuota de un impuesto sino que estamos dando determinadas indicaciones y, en definitiva,  delegando en base a ellas en el Poder Ejecutivo la facultad de determinar quién es sujeto pasivo y quién no lo es, así como también quién está obligado y quién es contribuyente o no. En ese caso sí estaríamos yendo un poco más allá de lo que creo que se puede en base a ese principio constitucional.

No sé si nuestros visitantes han analizado este aspecto o si tienen algún estudio al respecto. Creo que el doctor Gonzalo Aguirre asesoró en cuanto al anterior impuesto -no sé si a la  Asociación Rural del Uruguay o a productores- y, si existiera algún estudio de esto nos gustaría conocerlo.

SEÑOR AMORÍN.- De tantas preocupaciones que nos trae este proyecto de ley, una que nos parece especialmente peligrosa y de la que queremos saber la opinión de la Asociación Rural del Uruguay tiene que ver con el inciso A) del artículo 2.º, que establece quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto. Se habla de que son quienes superen los 12:000.000 de unidades indexadas y que se considerará la suma del valor real fijado por la Dirección Nacional de  Catastro de los bienes inmuebles rurales propiedad del contribuyente.

                Hoy en día el valor real, de acuerdo a lo que nos expresó el Ministro durante su visita, es aproximadamente la quinta parte del valor comercial y una de las preocupaciones que uno tiene es que este impuesto podría variar muy rápido cuando un gobierno diga que, como en realidad el valor real está en la quinta parte del comercial, podría subirlo hasta equis valor, o sea que el impuesto se podría multiplicar hasta por cinco.

Me parece que este es un tema enormemente preocupante porque se deja la determinación final del monto del impuesto a una unidad administrativa como es la Dirección Nacional de Catastro.

SEÑOR CAPURRO.-  Para responder a la primera pregunta, quiero decir que creemos que mezclar el destino del impuesto con el impuesto en sí mismo es distraer la atención. Consideramos que este es un impuesto ideológico, que busca ir contra la concentración de la propiedad de la tierra y que el destino puede ser el que se ha fijado u otro -todos muy loables-, pero entendemos que es bastante insólito que el Gobierno nos hable de más impuestos cuando estamos con una recaudación récord histórica y se gastan                              U$S 14.000:000.000. Hay recursos, el tema es administrarlos y gestionarlos bien, pero nos hablan de nuevos impuestos cuando tendríamos que estar enfocándonos en bajarlos para ganar competitividad porque estamos con un problema grande de esa índole.

Después nos mezclan el tema de adónde va el impuesto; eso es disfrazar las cosas. Este es un mal impuesto; estamos en un momento en el que se registra una recaudación que no justifica nuevos impuestos. Administremos bien, hay muchos gastos superfluos y los señores Senadores lo saben.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Con respecto al tema que planteaba el señor Senador Bordaberry, quiero decir que este artículo 13 -que fue el primero que mencioné- me parece un tembladeral. No se sabe bien lo que establece y todo va a depender de quién lo aplique; es realmente un caso bastante sui géneris. Digo la verdad: me parece que no recuerdo ningún impuesto en el que se haya establecido algo tan flexible, tan endeble como en este artículo 13. Esto es realmente increíble.

                No hemos hablado con el doctor Gonzalo Aguirre, pero lo hemos analizado entre colegas y no sabemos cuál es el fondo de esto. Visto que este Impuesto fundamentalmente trata de caerle  a grandes empresas internacionales, hemos pensado que el interés puede ser que  alcance  a las empresas que tienen cinco o seis sociedades anónimas y que para no tener un problema constitucional se usaría este mecanismo como forma de tener una referencia de qué tasa se va a aplicar; o sea, no es que se grave directamente, sino que se grava a las personas jurídicas. Ese caso lo entendemos. Pero tan pronto la bajamos a la realidad del Uruguay, esta teoría se nos desarma. No sé cuántas son esas empresas; supongamos que son siete u ocho, no más, sin embargo, ¡se crea una norma que es un tembladeral, porque afecta a los productores normales uruguayos! En verdad, pienso que esta norma es increíble. Por eso, apelo a la experiencia de los señores Senadores y les pido que lo piensen un poco y tengan en cuenta que para el que lee desde afuera este artículo no se entiende cuál es el alcance final. Si alguien actuara de mala fe, con este Impuesto se podría abarcar a todo el mundo. Hasta se podría decir que como la Asociación Rural da pautas, todos sus socios podrían estar incluidos en el concepto que se plantea en este artículo.

                En fin, me parece que hay que tener mucho cuidado con esta disposición; ¡es muy extraño! El punto al que se refirió el señor Senador Bordaberry está contenido en el artículo 6º, que de cierta manera ya cubre parte de estos temas. No sé cómo fue la autoría de esta norma, pero realmente llama la atención. Por eso, como dije antes, pido a los señores Senadores que reflexionen todo lo posible, pues se puede estar actuando con muy buena voluntad, pero a mi juicio se están viendo fantasmas, lo que en la práctica después puede crear grandes problemas.

                En relación al tema de Catastro, planteado por el señor Senador Amorín, quiero recordar que la norma actual del Impuesto al Patrimonio establece que los bienes inmuebles rurales, se valuarán por el valor real aplicable para la liquidación del impuesto correspondiente al Ejercicio 1994, el que se reajustará anualmente a partir del mismo según el Índice de Precios Mayoristas Agropecuarios. Leí la intervención del señor Ministro cuando compareció en esta Comisión, donde explica que en este momento el valor de Catastro está un 18% por debajo de lo que establece estrictamente este artículo. Esto es producto de que en algunos períodos no se hizo el ajuste correspondiente. En mi opinión, dejar que esto dependa del valor de Catastro es sumamente peligroso. Un poco, por lo que expresó el señor Senador Amorín. Es decir,  debemos pensar que esta actividad en los años buenos tiene una rentabilidad aproximada del 3% -esta es  la rentabilidad del sector agropecuario, o sea, no es un 25%, sino, reitero, el 3%- y que la Contribución Inmobiliaria es del 1,25%; si se le agrega un impuesto del 1,5%, se podría  generar una actividad que no existe; la liquidaríamos. La tasa del 1,25% se justifica porque el valor de Catastro es este. El propio Ministro señaló que en ningún lugar del mundo el valor de Catastro es el valor venal, pero a veces hay gente que piensa por qué no se aplica el valor venal. En esta actividad, si se aplica este Impuesto sobre el valor venal, no existe. Tal como señalaba el ingeniero Capurro, realmente, para el que está produciendo, el valor del campo es un dato; aumentó, pero puede ocurrir que pasen diez años y quede congelado. Así pasó durante mucho tiempo.

Por otro lado, ese aumento del valor del campo se mide por el Impuesto a la Renta; a nuestro juicio, o se mide  con el 25% de la utilidad por la diferencia o por la segunda parte de la ley que se aprobó con el ICIR -para propiedades que son adquiridas antes del 2007, era el 1,5%-, que hoy es el 8.53% del precio de venta. En este momento, ese es el Impuesto a la Renta ficto que se paga en caso de que se venda el campo. Me parece sumamente razonable que ese mayor valor se mida cuando se ejecuta. Por lo tanto, si no se ejecuta, no genera Impuesto a la Renta.

                En consecuencia, sería bueno que se ratificara que la base de cálculo sea el valor de Catastro pero estableciendo el criterio de variación futura de ese valor real. Podría tomarse en cuenta lo que se establecía en la ley del impuesto al patrimonio. Hay que tomar en cuenta que el mínimo no imponible del Impuesto al Patrimonio de las  Personas Físicas se ajusta por el Índice de Precios. Quiere decir que sería conveniente, si se quiere mantener el valor de Catastro, que se establezca expresamente que de aquí en adelante se ajustará por el Índice de Precios. Me parece que eso sería lo más aconsejable.

                Queda abierto este aspecto y es un tema a considerar.

SEÑOR PEÑA.- Quisiera hacer una pequeña acotación. Para que se queden más tranquilos les comento que en esta Administración ya existe, desde el año pasado, una Intendencia que aplica el 100% del valor catastral. Me refiero a la Intendencia de Canelones. Esto significa un profundo cambio de criterio respecto a lo que ha sido el cálculo de impuestos, ya que históricamente el 90% de las Intendencias aplicaban un porcentaje del valor catastral para calcularlos. Repito, eso ha ido cambiando en los últimos tiempos en esta Administración, y está bien la preocupación que han planteado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicitamos a la delegación de la Asociación Rural del Uruguay que en los artículos de referencia, aunque no estén de acuerdo con el impuesto, si tienen redacciones que clarifiquen y garanticen algunos de estos aspectos, nos las hagan llegar porque cualquier integrante de la Comisión las puede presentar y luego podemos analizarlas. De esa manera, más allá de que no acompañen el impuesto, podrían hacer aportes que todos valoraremos.

SEÑOR ECHEVERRÍA.- Vamos a dejar un trabajo escrito a todos los señores Senadores presentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos si lo pueden enviar además por vía electrónica.

SEÑOR ECHEVERRÍA.- Muy rápidamente les comento que el tema de las empresas familiares que mencionaba el contador Álvarez, le está preocupando mucho a la Asociación Rural del Uruguay porque este impuesto le va a pegar a muchos productores uruguayos; me parece que no está en el espíritu del Presidente golpear a las empresas familiares. En este sentido, vemos que empresas familiares se están desgranando -se está produciendo el efecto contrario que se buscaba-  y terminan siendo compradas por grandes inversores o extranjeros. A veces es fácil redactar proyectos de ley sentados en el escritorio  pero también es bueno ver la realidad, como la vio la Asociación  Rural del Uruguay en el tema de los productores granjeros. Al respecto, fuimos a la  asamblea de los granjeros y también a la de los productores lecheros en las que pudimos apreciar la realidad de dos sectores muy golpeados.

En lo personal, tenemos una empresa familiar y podemos abrir la puerta de nuestro establecimiento para que vean cómo se trabaja en ella.  Somos cuatro hermanos que trabajamos en nuestra empresa, que fue creada por nuestros abuelos, en 1920; mi padre nació en ese establecimiento -en la estancia La Lucha- y hoy somos cuatro hijos que queremos trabajar juntos, que tenemos iniciativas y ganas de seguir trabajando en forma ordenada lo que nos dejó nuestro padre. Es bueno que vean cómo se trabaja en una empresa familiar que es lechera, agrícola y ganadera, ya que tenemos cabañas de Corriedale y de Hereford. Es decir que nos hemos diversificado y apostamos a distintos rubros. Me parece que puede ser un buen ejemplo para otros, así como pueden serlo muchos otros establecimientos que hay en el Uruguay.  Por lo tanto les abrimos las puertas de nuestro establecimiento, porque es bueno palpar la realidad. Hay muchos productores que van a estar afectados con esta propuesta. Hace un par de años visitó nuestro establecimiento el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Con respecto a los establecimientos ganaderos que van a ser los más afectados con esta propuesta hemos demostrado que invirtiendo, haciendo silos, dando de comer mejor a las vacas, se pasó de 120 kilos de carne por hectárea a 217 kilos. Dicha duplicación se logró con ingenio, innovación, trabajo y reglas claras de juego en la parte tributaria, pero de aquí en más no sabemos si eso lo vamos a lograr. Por ejemplo, este año vamos a tener que hacer una erogación bastante importante que quizás nos prive de hacer innovación y tecnología para futuros terneros.

SEÑOR PRESIDENTE.- Los invitamos a que nos acerquen redacciones sustitutivas y las inquietudes familiares.

                Les agradecemos vuestra visita y la información brindada.

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación Rural del Uruguay.)

(Ingresa a Sala una delegación de las Cooperativas Agrarias Federadas.)

                -Les recuerdo a los demás señores Senadores que hemos invitado a los integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en forma permanente. Además, el régimen de trabajo en la próxima semana será el siguiente: martes 30, de mañana y de tarde, mientras que también nos reuniremos el jueves 2 de mayo. La aspiración de la Bancada oficialista es que la primera semana de mayo pueda discutirse en el Senado el proyecto de ley.

                Con mucho gusto recibimos a Juan Daniel Vago, Presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas, a la secretaria, Virginia San Martín y al tesorero, Pablo Perdomo.

SEÑOR VAGO.-  Buenos días. Es un gusto concurrir a la Comisión de Hacienda del Senado. El 15 de diciembre de 2011 concurrimos a esta Comisión para discutir el tema del ICIR, y, de alguna manera, nuestra exposición va a ser muy breve porque vamos a repetir algunos aspectos que ya mencionamos, con algunos agregados.

 Me acompaña nuestra Secretaria, que es productora ganadera en la zona de la Cooperativa Calima en Maldonado y el Tesorero, quien es productor ganadero en la zona de Sarandí del Yí. En mi caso, soy productor lechero de la zona de Colonia Valdense. 

El 28 de agosto de 2012 hicimos el Foro Cooperativo Agropecuario, CAF 2012, en la Antesala del Senado. Como ustedes saben, esta federación nuclea a 35 cooperativas y tiene una facturación de US$ 1.600:000.000 al año, según el último ejercicio. Estamos en todos los rubros, en casi todas las zonas y nucleamos a cooperativas de diferentes tamaños, desde algunas muy chicas como Calima, hasta la más grande como Conaprole, que es la empresa privada más importante del Uruguay. Somos 13.300 productores y de acuerdo con el último censo representamos el 30% de los productores agropecuarios uruguayos, no porque seamos más sino por el hecho de que ha habido más pérdida de productores fuera del sistema cooperativo que dentro del mismo. Además, somos 10.700 pequeños y medianos productores familiares. Luego dejaremos una hoja institucional para refrescar todos estos datos.

En la anterior oportunidad en la que estuvimos en esta Comisión señalamos que para nosotros -según nuestra visión empresarial y de gestión- las leyes son instrumentos o herramientas para solucionar problemas. También sostuvimos a propósito del ICIR -y también se aplica para este caso- que había una mezcla de inconvenientes o posibles problemas y que los instrumentos podrían ser adecuados, o no, en la medida en que los resolvieran. Se habla de despoblamiento, de infraestructura y de mayor tributación. Como norma pensamos que es importante separar los problemas para resolverlos.

El segundo aspecto que quiero destacar es la honestidad intelectual de las Cooperativas Agrarias Federadas. Tanto el ICIR como este posible Impuesto al Patrimonio afectan al 5% o al 7% de nuestros asociados. De alguna manera vamos a basar nuestra opinión en información científica que ya hemos estudiado. Tenemos claro que no nos afecta directamente.

En el año 1994 el ingeniero agrónomo Carlos Paolino hizo un trabajo sobre tributación a la tierra y sus efectos. En 2004 hicimos otro junto con el Centro de Investigaciones Agropecuarias  -que también dejaremos en la Comisión-, denominado “Claves para la competitividad y el crecimiento”. En definitiva, ambos coinciden en que gravar la tierra incrementa la concentración, no produce inversión en la misma ni acompaña la tendencia mundial y nacional. En 1980 el 80% de la tributación agropecuaria se basaba en la tierra,  pero hoy es mucho menor.

Si el señor Presidente lo permite, pediría a nuestra Secretaria que leyera dos párrafos sobre este estudio que hicimos, con talleres,  con la gente del Cinve, que avala nuestra postura sobre la conveniencia o no de gravar la tierra.

SEÑORA SAN MARTÍN.- Queremos exponer los argumentos que consideramos importantes, a través de la lectura del siguiente párrafo:

                “Los impuestos a la tierra penalizan la tenencia de este activo, las rentas futuras se deprimen como consecuencia de este tipo de impuesto y, en consecuencia, el nivel de precios de la tierra se reduce dado que, por el simple hecho de poseer tierra, se pagará un canon adicional derivado del impuesto. El resultado es conocido: como el precio de este activo corresponde al valor presente de los ingresos futuros, la mayor tributación a la tierra implica un precio de mercado menor. Este cálculo privado lo hacen tanto los oferentes como los demandantes de tierra, de manera que el precio de mercado se reduce en la medida que la carga fiscal sobre la tierra aumente. En estas condiciones, contrariamente a lo que tradicionalmente se opina, una alta tributación a la tierra, lejos de incentivar la incorporación de tecnologías modernas, constituye una señal fuertemente negativa para tal fin. Si la tierra es más barata, el uso que se hace de la misma legitima un menor uso de tecnologías agropecuarias, es decir, se convalidan prácticas más extensivas de producción porque se utilizará más el insumo más barato, que es la tierra. La mejor estructura tributaria para promover la competitividad agropecuaria es aquella que no se sesga, vía fiscal, a los precios de los factores de producción, siendo por lo tanto neutral para el empresario en cuanto a la asignación de recursos. A su vez, debería acompañar los ciclos económicos y de rentabilidad, por lo cual los impuestos a la renta agropecuaria ofrecen notorias ventajas”.

                Leímos este párrafo porque, como decía el señor Presidente, encierra parte de los argumentos sobre nuestra posición acerca del trabajo que se realizó en el 2004 por Cinve.

SEÑOR VAGO.- El mismo documento, en otra parte también dice -es muy amplio, porque es clave para la competitividad- que resulta de absoluta prioridad establecer la previsibilidad fiscal para lograr el crecimiento sostenido del sector. El sistema impositivo no puede estar sometido a los vaivenes de las diferentes Administraciones. Esto es con referencia al documento que elaboramos en el 2004 con metodología y apoyo científico.

                Por eso, de alguna manera, y concluyendo -porque después queremos entrar a hablar del tema de la infraestructura-, pensamos que la reforma del 2007 que está vigente, tributa por renta real. Creemos que eso fue un gran logro, se discutió y se trabajó. El 2007 es como si fuera ayer. ¡Todo  pasa tan rápido! Nos parece que por ese lado debería ser la tributación al agro. El tema daría para hablar mucho. Todos saben que hay problemas de seguridad alimentaria en el mundo, que hay pocos stocks de alimentos, que los precios de los commodity suben y bajan; la soja oscila mucho, ya que su valor actual es de U$S 480. Todo eso hace que haya momentos en que si se gana se paga mucho, y si no se gana, se paga  poco. Y pensamos que todo lo que sea gravar la tierra -como decía el estudio- no es adecuado. Esa sería nuestra visión: afirmarnos un poco en la previsibilidad en una reforma tributaria que pensamos es bastante moderna y actualizada, tema sobre el que se trabajó mucho.

                Hay otro tema, señor Presidente, sobre el que queremos poner el foco porque fue nombrado cuando se creó el ICIR y es nombrado en los considerandos de este proyecto de impuesto al patrimonio. Nosotros, en CAF, cuando vinimos aquí el año pasado, en un taller que realizamos en el año 2011, concluimos que la capacidad de Uruguay para trasladar con eficiencia la producción creciente de granos, leche, madera y carne disminuye a causa de rutas deficientes, ferrocarriles inoperantes y poco calado en la salida de los puertos. Esto fue lo que dijimos la otra vez en esta misma Comisión, palabras que han de figurar en la versión taquigráfica. Ahí sí tenemos novedades. Nosotros seguimos trabajando sobre este tema y pensamos que es importante. Voy a decir por qué. En ese mismo taller -creo que también lo mencionamos- hemos hecho estudios con fuentes que los respaldan. En uno de ellos, sobre logística, se habla de un déficit acumulado de inversión en mantenimiento en caminería en Uruguay, de U$S 1.150:000.000. También expresa que en los próximos quince años habría que invertir U$S 430:000.000 por año para            -cubierto ese déficit-, poder acompañar el crecimiento agropecuario, conjuntamente con el aumento de la movilidad de la gente, pues cada vez hay más autos, turismo que trae como consecuencia la necesidad de una mayor seguridad vial. Es  un problema muy complejo que no solo involucra al tema de la madera, leche, granos o carne, es todo un paquete. Ante ese  problema lo diagnosticamos y le pusimos números,  queremos socializar con ustedes lo que elaboramos. Quizás este no sea el ámbito, pero sí tiene que ver con esto.

 Estos números que mencioné los hemos trabajado en tres niveles. Tenemos una propuesta muy concreta con respecto a la infraestructura amparados en la literatura internacional. Los materiales que hemos consultado hablan de que para un país como Uruguay, agropecuario, agroexportador, un crecimiento agropecuario sostenido debe tener, al menos, tres premisas básicas: infraestructura, educación -se insiste mucho en la parte técnica- e investigación agropecuaria y, desde luego,  debe estar acompañado por un cuarto y gran elemento como son las buenas políticas públicas en lo comercial, tributario, macroeconómico, laboral e institucional. Dentro de este paquete, la infraestructura es un tema medular, casi descollante, si queremos hablar de un país que pueda seguir creciendo en el tema agropecuario en forma sostenida. La propuesta que estamos manejando -digo esto porque lo hemos analizado con las demás gremiales, incluso con la ARU, que estuvo antes que nosotros-, se la hemos presentado al Congreso Nacional de Intendentes y vamos a hacer lo propio en una entrevista que mantendremos con el Presidente de la República. Este problema no se resuelve de un día para otro. Para poder encararlo en serio -no  hablamos de tapar  pozos, sino de corregir el tema de fondo-  tenemos que considerar tres elementos. En primer lugar, tenemos que ver cuáles son los recursos necesarios, pues puede ocurrir que el  estudio mencionado esté desactualizado y se precise más dinero. En segundo término, el cofinanciamiento, es decir, que los productores y el Estado participen y, en tercer lugar, una modalidad diferente de gestión. Estamos planteando una cogestión en el tema infraestructura  y pretendemos crear un fideicomiso u otro instrumento similar, que no sea muy costoso, pero que tenga  tres patas: el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional de Intendentes y los productores para hablar de los recursos necesarios, del cofinanciamiento -si es necesario poner dinero, quizás estemos dispuestos a hacerlo-, y de la cogestión. Queremos estar seguros de que los recursos se utilicen para la infraestructura, porque para nosotros es un tema medular. Comento esto porque de alguna manera tiene que ver con parte de la exposición de motivos y con lo que adelanté en el sentido de que tanto el ICIR, como este otro impuesto, pueden ser instrumentos para recaudar, pero representan un puñadito de arena en un desierto.

                Para terminar, quiero decir que es cierto que existe alguna diferencia entre el ICIR y el Impuesto al Patrimonio pero  el planteo, política e institucionalmente hablando, es más de lo mismo. Reitero que hay diferencias porque,  en el otro tributo  había un fideicomiso, que era para donde iba la plata, y ahora no, va a Rentas Generales. Creemos que es un tema para  tener en cuenta, porque aunque no alcance el dinero, entre nada y algo, es mejor tener algo.  Otra diferencia es que no va todo a infraestructura, porque  un 90% se destina a dicho rubro y un 10% a la UTEC, lo que no nos  molesta porque también nosotros hablamos de infraestructura y educación. Apoyamos la UTEC, pero queremos dejar claro que en este tema hay algún cambio. Después del cuarto año, va todo a Rentas Generales, este es  un tema que nos preocupa.  Para nosotros, el tema básico son los recursos que se pueden aportar a la infraestructura y lo queríamos comentar.

                Por último quiero decir que  la carga tributaria al agro quedó bastante equiparada con los demás sectores y que no hay que confundir producto bruto agropecuario con los márgenes que deja el sector. Hoy estamos asistiendo a un incremento importantísimo de los costos en dólares en casi todos los rubros, pero más allá de que los productos puedan valer, por ejemplo, US$ 500 como la soja,  el margen se achica.

                Creemos que hay que tener cuidado con este tema porque, el hecho de que el Producto Bruto Agropecuario crezca no significa que el sector gane más plata. Puede ocurrir que se mueva más plata en el mes o en el año -es lo que nos pasa a nosotros; yo soy tambero-, pero el margen no solo es menor sino que es de alto riesgo porque cualquier oscilación repercute. El otro día con el Presidente de Conaprole, socio nuestro de la Federación, hablábamos de que es un buen momento para la lechería; el país quiere que crezca pero durante los últimos dos o tres meses se registraron tres o cuatro remates de tambos por fines de semana.

                Pensamos que en todo este tema, el efecto negativo de la baja de precios del segundo semestre en la lechería durante el 2012 impacta ahora con los remates cuando el negocio comenzó a mejorar. No podemos confundir la producción bruta con los márgenes; de ahí, entonces, la importancia de trabajar analizando cómo gravar en función de la renta.

SEÑOR BORDABERRY.- Me gustaría conocer la opinión que tienen sobre el artículo 13 del proyecto de ley que, a nuestro juicio y tal como está redactado, podría impactar, en especial, en quienes ejercen actividad cooperativa en el interior. Esta disposición, que trata de la unidad económico administrativa, establece quiénes pagarán este impuesto. Quizá esto lleve a que gente que no tenga 2.000 hectáreas se reúna dentro de -como dice el literal B) del artículo 13: “que se ejerza influencia significativa por parte de unos titulares sobre otros, o estén bajo la influencia significativa común de las mismas entidades”- y quede alcanzada por el Impuesto. Por lo tanto, creo que este literal B) sería de aplicación a las cooperativas. Ahora bien, lo laxo de la definición del proyecto de ley puede hacer que el movimiento cooperativo, que es muy fuerte -pienso en las zonas de Colonia, San José, lugares en los que, en general, encontramos propietarios de 200 o 300 hectáreas-, lleve a que quienes están nucleados en una cooperativa y una entidad directiva ejerza influencia sobre todos los demás, en definitiva, ingresen dentro del concepto de unidad económico administrativa y, como tal, tengan que pagar un impuesto que no tenían pensado pagar. No sé si este tema ha sido analizado por nuestros visitantes.

SEÑOR VAGO.- El tema no lo hemos analizado en profundidad porque no queríamos posponer la reunión de hoy; lo estudiaremos el próximo 30 de abril cuando se reúna el Consejo Directivo. De todas formas, no dudamos que sea como ha dicho -o ha dejado entrever- el señor Senador Bordaberry.

                Nosotros tenemos claro, estudiado y documentado también a raíz de un estudio que hicimos con FIDA Mercosur, CAF y Cinve que la herramienta más importante para retener productores agropecuarios es, de alguna manera, el sistema cooperativo. ¡Por algo nosotros perdimos menos productores! En fin, la cobertura cooperativa hizo que se perdieran menos productores que los que estaban, diría, “sueltos” o no agrupados.

                Sin duda que vamos a estudiar el tema porque es una preocupación pero, de ser así, sería un problema. Insisto en que todavía no lo analizamos a nivel del Consejo Directivo y no descartamos que debamos hacer alguna consulta. De todas formas, tomamos por válida la preocupación planteada por el señor Senador.

                Queremos dejar claro que estamos trabajando conjuntamente con representantes del Gobierno, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre otros actores -llámese Instituto Nacional de Cooperativismo, Cudecoop, Ministerio de Industria, Energía y Minería y ANII-, justamente, para potenciar el sistema cooperativo. Ahora bien, ¡que de esto salga que se va a gravar por agruparse, conceptualmente, sería un disparate!

Hay estudios que demuestran que agruparse otorga una cobertura que ayuda al pequeño y mediano productor a insertarse en la cadena de valor.  Uruguay es un país agropecuario y agroexportador, y como está agrupado no solo el que tiene 10.000 hectáreas sino también el que tiene 100 hectáreas, de alguna manera, conceptualmente todos compartimos la preocupación. El estudio del doctor Mondelli que mencioné realizado para el Mercosur, ha demostrado científicamente que las llamadas cooperativas consolidadas, es decir, las que facturan más de US$ 1:000.000 o US$ 2:000.000, retienen más productores que la ayuda directa al productor. Entonces, el fomento debe ser la herramienta de la cooperativa porque de alguna manera brinda servicios, apoyo, asistencia social, tecnológica, en fin, otorga ayuda grupal.

                La preocupación está latente porque se trata de algo muy grave y tiene nuestra desaprobación.

SEÑOR AMORÍN.- El tema planteado por el señor Senador Bordaberry que fue comentado por el ingeniero Vago es muy importante, porque a través del artículo 13 más gente será sujeto pasivo del impuesto.

                El ingeniero Vago ha dicho que el 30 de abril se reunirá el Consejo a los efectos de estudiar el proyecto de ley. Evidentemente, hubiera sido mejor que ustedes asistieran a la Comisión después de esa fecha pero, de todos modos, quisiera que nos enviaran por escrito algún comentario sobre si creen que por medio de este artículo serán alcanzados. Obviamente, eso sería enormemente perjudicial para un instrumento sobre el que todos creemos positivo como es el funcionamiento cooperativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de las Cooperativas Agrarias Federadas. Naturalmente que todos los aportes que nos puedan enviar, inclusive, la redacción de artículos, serán distribuidos a los integrantes de la Comisión de Hacienda y de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR PERDOMO.- Sin duda que las Cooperativas Agrarias Federadas trabajarán fuertemente en el artículo 13 porque nosotros como cooperativa aportamos un impuesto -aprobado por unanimidad-, por la Ley Nº 18.407 de prestación coactiva. Nosotros hacemos un aporte que está topeado y que vuelve hacia las cooperativas a través del Instituto Nacional de Cooperativismo. Nosotros creemos que es una herramienta muy válida la que se establece en esa ley, que fue votada por unanimidad en una ley para lo que se trabajó mucho en procura de lograr los acuerdos.

                Nos llevamos los deberes para hacer y luego les trasmitiremos la opinión de nuestra Cooperativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 10 y 49.)