SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 6 minutos.)

Continuamos con el tratamiento del proyecto de ley sobre Centros Poblados. Cedemos el uso de la palabra a la señora Senadora Topolansky a los efectos de que explique que es voluntad de la Bancada mayoritaria aprobar este proyecto en el día de hoy para elevarlo al Plenario y considerarlo mañana o en la siguiente sesión.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Hace unos días recibimos una nota del Congreso de Intendentes -creo que todos la tienen en su poder- bastante larga.

La carta dice lo siguiente:

“Montevideo, 13 de diciembre de 2012.

Sr. Presidente de la Comisión de Vivienda,

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

de la Cámara de Senadores

Don Juan Chiruchi

Presente

Señor Presidente:

                                               El Plenario del Congreso de Intendentes reunido en el día de la fecha ha tomado conocimiento de la invitación formulada por esa Comisión en referencia al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, por el cual se sustituye el artículo 16 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 18.367, de 10 de octubre de 2008 y que convalidan actos realizados en infracción a la misma.

                                               Habiendo recibido diversos informes técnicos que, en carácter de insumos se adjuntan a la presente, con la intención de enriquecer las deliberaciones, se resolvió solicitar diferir la aprobación del proyecto en cuestión por esa Cámara, a los efectos de dar un tiempo de análisis al Congreso que permita remitir una posición colectiva elaborada sobre el tema.

                                               Sin otro particular, saludo al Señor Presidente con mi mayor consideración.

Dr. Omar Lafluf Hebeich

Presidente”

A continuación hay una cantidad de antecedentes y quisiera destacar lo siguiente. Tenemos una carta del 10 de diciembre firmada por el doctor Ricardo Gorosito Zuluaga, dirigida al Intendente Lafluf, en la que hace un análisis del proyecto de ley y expresa sus discrepancias. No voy a leerla porque solicitaré que se reparta.

SEÑOR BORDABERRY.- No he recibido esa nota.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Tenía entendido que se había enviado por mail a todos los integrantes de la Comisión.

El problema que tenemos es que el Ministro nos pide que aprobemos este proyecto de ley porque hay gente que llama todos los días reclamando una solución porque no puede operar sobre su propiedad y la única forma de destrabar el tema es aprobar la iniciativa. Como los señores Senadores recordarán, en la versión del Poder Ejecutivo la norma entraba en vigencia el 1º de julio, mientras que en la de la Cámara de Representantes lo hará apenas se apruebe. Por lo tanto, de acuerdo con el razonamiento del Ministro, estamos con seis meses de atraso.

A nosotros no nos gusta tener que resolver esto en el día de hoy, pero hacemos el planteo porque no tenemos otra alternativa. De todas maneras, votaremos con la condición y el compromiso de rever la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible una vez que finalice el receso. Todo esto es consecuencia de una ley que logramos aprobar luego de quince años. En todos los países están las denominadas “leyes de varias generaciones”. En Brasil ya se han aprobado cuatro leyes de Ordenamiento Territorial; en Argentina, Colombia y España, que fueron los países que tomamos como ejemplo, también ha habido varias. En el Uruguay se aprobó la primera y, obviamente, es necesario hacerle ajustes porque cuando una ley tan compleja se aplica al territorio surgen los desajustes. Además, hay una serie de propuestas interesantes para las zonas balnearias que sería interesante incluir.

En el día de hoy no estamos en condiciones de hacerle cambios a este proyecto de ley; queremos aprobarlo tal como vino de la Cámara de Representantes para poder resolver los problemas de la gente, a pesar de la carta del Presidente del Congreso de Intendentes, del día 13 de diciembre, en la que solicita una postergación.

Debo recordarles que cuando aprobamos la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible nunca logramos que el Congreso de Intendentes concurriera a la Comisión. Entiendo que tienen muchos problemas. En aquel momento, tuvimos que aprobar el proyecto de ley sin la participación del Congreso de Intendentes; de lo contrario, no la aprobábamos. Es así de sencillo. Esta iniciativa hace ocho o nueve meses que está en el Parlamento y, reitero, queremos aprobarla tal como vino de la Cámara de Representantes en el día de hoy porque tenemos el pedido urgente del Ministro.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR BORDABERRY.-  No salgo de mi sorpresa y quiero ser bastante claro. En la sesión pasada se me solicitó que elaborara una redacción para el proyecto de ley aclarando algunos puntos en los que estuvimos de acuerdo y en los que el proyecto no era del todo claro. Además, se manejó incluir lo de las zonas turísticas, más allá de que no era un tema que hacía a la cuestión. Por tanto,  con los asesores trabajé en la redacción de un proyecto de ley sustitutivo  que aclarara el texto, tal como había pedido la Comisión y, como es obvio, para hacerlo me introduje en los antecedentes del proyecto de ley.

Quiero decir que, en principio, podría estar de acuerdo con lo que se está proponiendo, pero si hay una nota del Congreso de Intendentes, acompañada por informes de asesores, que ni siquiera se me entregó -razón por la cual no la he podido leer- pretender que vote esto ahora  es un despropósito y me animo a decir que una falta  de respeto a mi investidura como legislador. No recibí el informe del Congreso de Intendentes y, por ende, no lo he leído, pero se me pide que sin conocerlo vote este proyecto de ley. Discúlpenme, pero creo que no es la forma de proceder, aunque entiendo los apuros.

Tengo entendido que este proyecto de ley  está en esta Comisión desde hace un mes y medio o dos, e inmediatamente nos abocamos a su estudio. La demora que hubo fue porque se escuchó a la Asociación  de Escribanos del Uruguay, que pidió ser recibida, lo que no es imputable a la Comisión. Por tanto, cuando ahora, a las apuradas, se nos comunica que se va a aprobar porque el Poder Ejecutivo lo dice,  no solo no se está respetando mi investidura como legislador, sino que me animaría a decir que tampoco se respeta al propio Parlamento, que es el que elabora las leyes, y no el Poder Ejecutivo, que las manda y dice “Apruébenlas”. Realmente, creo que ese no es el camino.

Lamento haber dedicado un tiempo a estudiar una nueva redacción como me lo pidió la Comisión. Además, había entrado a analizar la fundamentación del proyecto de ley y su conveniencia y me encontré con un problema que me lo zanjaba el Congreso de Intendentes, porque la Ley           Nº 18.308 fue bien clara cuando estableció  que no se podían hacer parcelamientos de menos de 300 metros cuadrados y fijó sanciones remitiéndose a la Ley Nº 10.723. Recuerdo que se nos dijo que muchos Gobiernos Departamentales habían  autorizado parcelamientos inferiores y por eso, como se había actuado en violación a las normas, el Congreso de Intendentes estaba pidiendo una excepción para que se aprobaran esos parcelamientos hechos en contravención a la última ley aprobada.  Eso lo pedían los Intendentes -y debe figurar en la versión taquigráfica porque así se nos informó y yo lo tomé como bueno- pero ahora resulta que no, o por lo menos, nos están diciendo “No lo hagan”.

Si se va a realizar una sesión del Senado la semana próxima, me  animaría a pedir que se incorporara a ese Orden del Día para hacerme del informe del Congreso de Intendentes -al que creo tener derecho- para leerlo. Reitero que la redacción del proyecto de ley que realicé está de acuerdo con lo propuesto por el Ministerio y no le encontré objeciones, pero me parece que hay determinadas cosas que sería bueno verlas para tener la tranquilidad de que uno hace su trabajo a conciencia y con seriedad.

SEÑOR PRESIDENTE.- A modo de aclaración, debo decir que la Secretaría nos hace llegar el texto por el cual se confirma que el informe del Congreso de Intendentes llegó a la Presidencia de esta Comisión el lunes 17 de diciembre. Además, se me aclara que fue con copia a todos los integrantes de la Comisión, por lo que deberíamos tenerlo.

SEÑOR BORDABERRY.- Hace días que no recibo la citación con el Orden del Día para los Plenarios -no sé qué está pasando- y la he tenido que reclamar.  Normalmente la recibo el viernes y aprovecho el fin de semana para estudiar los temas a considerar. El viernes pasado estuve trabajando hasta las 12, pero no la recibí, por lo que el lunes tuve que reclamar la correspondiente a la sesión del martes.

En cuanto a este informe, no lo recibí y no sé qué  está sucediendo

SEÑORA TOPOLANSKY.- Lo lamento. Como yo tenía el informe, cuando empecé a hablar partí de la base de que todos lo teníamos. Es más, ayer estuvimos conversando con el Senador Tajam al respecto. De todos modos, ese es un problema aparte que debemos resolver o subsanar.

La información que manejé -creo que fui quien lo comentó en esta Comisión, y se puede acudir a la versión taquigráfica- fue que esto era un pedido del Congreso de Intendentes y que había cierto apuro. Eso fue lo que a mí se me transmitió; por eso lo volqué acá y lo quería dejar  claro.  De todos modos, el informe tiene cosas contradictorias -que se verán cuando se lea- porque los asesores plantean que el problema no es la regularización, sino la culpa, es decir, quién se equivocó, que no era el tema del proyecto de ley. Pero dejemos eso de lado.

No me gusta tener que votar un proyecto en estas condiciones y lo quiero dejar claramente sentado, pero pertenezco a la Bancada oficialista y formo parte de un equipo con el Poder Ejecutivo; por eso me veo en esta circunstancia.  Me ha tocado estar  en la oposición y en el oficialismo, es decir que he estado de los dos lados del mostrador. Por eso, frente al pedido urgente del Ministerio -no de hoy, ni de esta semana, sino desde que entró el proyecto de ley en Comisión- y en la medida en que el año se acaba, queríamos dejar el tema cerrado. Por eso optamos por este camino, que no es feliz y lo reconozco, pero para nosotros es el posible.

Ahora bien, el tema podría figurar en la sesión de mañana o en la del 26; me da exactamente lo mismo, pero creo que lo de fondo que planteaba el señor Senador Bordaberry no se atiende y soy consciente de eso. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si me permiten, plantearía la siguiente solución. Atendiendo a la solicitud, no del Ministro sino del Congreso de Intendentes, que aquel toma y vuelca a la Comisión en el sentido de aprobar rápidamente este proyecto de ley y, paralelamente, teniendo en cuenta el trabajo que ha elaborado el señor Senador Bordaberry -que, en esencia, coincide con los elementos que aquí se han manifestado por parte del Congreso de Intendentes, del Ministro y de la Bancada mayoritaria-  que no podemos atender en razón de la urgencia, diría que aprobemos esta iniciativa -aunque la oposición no pueda hacerlo por las razones expuestas- y nos comprometamos a que el año que viene llevemos adelante un estudio, junto con el Congreso de Intendentes y el señor Ministro, tomando como base el proyecto de ley que ha elaborado el señor Senador Bordaberry -de más está decir que reconocemos el esfuerzo, sacrificio y trabajo que ha realizado- a fin de mejorar este aspecto. Todo esto está contenido en la ley mayor, que es la de Ordenamiento Territorial, que necesitamos, como diría el paisano, “emprolijar”.             Tal vez esta salida no convenza a todos y entendemos la rispidez que puede generar esta forma de encarar las cosas, pero sinceramente no tenemos otra alternativa.

SEÑOR BORDABERRY.- No estoy de acuerdo. Me parece que tan importante como el resultado es el camino a seguir y que no hay que tomar atajos para hacer las cosas porque de esa forma salen mal. Creemos haber procedido como corresponde y si bien reconocemos que hay una mayoría, debemos decir que aun a este momento ni siquiera se nos ha entregado el informe técnico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me informa la Secretaría que lo está imprimiendo.

SEÑOR BORDABERRY.- No se trata de un problema de la Secretaría. No creo que sea la forma de proceder. No es una cuestión personal conmigo sino que es mi investidura como Senador la que no se está respetando.

En consecuencia, si se va a aprobar el proyecto de ley de esta manera, sin discusión y sin análisis, solo me resta decir que hasta aquí llegamos. Hice todo el esfuerzo que entendí necesario.

Por las razones expuestas, me voy a retirar de Sala.

(Se retira de Sala el señor Senador Bordaberry.)

SEÑOR BARREIRO.- Consulto si no existe alguna posibilidad de postergar este tema para la próxima semana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si, pero volvemos a estar dentro de la misma contradicción pues los tiempos no dan como para trabajar con el Congreso de Intendentes -que es lo que deberíamos hacer para analizar su propuesta- ni con el señor Ministro, como así tampoco para realizar una tarea más extensa sobre la base del proyecto que el señor Senador Bordaberry elaboró, incluso, a solicitud de la propia Bancada mayoritaria. Quiere decir que materialmente no tenemos tiempo y es por ese motivo que propusimos que el año que viene retomemos esta temática para abordarla junto con el Congreso de Intendentes y el Ministerio en el marco mayor de la ley que regula el ordenamiento territorial en el país. Los tiempos se nos han agotado y tendríamos que aprobar el proyecto de ley en esta sesión.

SEÑOR BARREIRO.- No me parece que sea demasiado serio votar algo para luego cambiarlo al poco tiempo. No entiendo la urgencia.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Hay una cantidad de gente que fue autorizada a hacer fraccionamientos fuera del marco de la ley y ahora se encuentra en el limbo ya que no puede vender, comprar ni hacer nada, por lo que está presionando porque tiene su propiedad trancada por errores que pueden haber sido de la Intendencia, del Ministerio o de Mongo; eso no importa, pues lo que interesa es atender la situación de estos ciudadanos. Este proyecto de ley soluciona ese problema. Naturalmente, con más tiempo, después podríamos ir a cuestiones más de fondo y a algunas propuestas de cambio que amerite la Ley de Ordenamiento Territorial.

Esta iniciativa ingresó el 7 de agosto al Parlamento y estuvo bastante tiempo a consideración de la Cámara de Representantes, donde tampoco concurrió el Congreso de Intendentes. Finalmente se aprobó con la modificación de una fecha y en noviembre ingresó a estudio de esta Comisión. Tengamos en cuenta que el miércoles 26 de diciembre se realizará la última sesión del Senado de este año por lo que si postergamos este asunto para la próxima semana, su tratamiento por el Pleno quedaría para febrero. Está claro que no nos dan los tiempos.

Repito que me desagrada tener que cerrar el tema de este modo, pero a veces la realidad nos supera y pienso que cuanto más tiempo se prolongue esta situación de incertidumbre jurídica, peor va a ser.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley.

(Se vota:)

-3 en 4. Afirmativa.

Propongo que el Miembro Informante sea la señora Senadora Topolansky ya que es quien conoce mejor todos los antecedentes.

Se va a votar.

(Se vota:)

-3 en 4. Afirmativa.

(Ingresa a Sala el señor Senador Agazzi)

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene el gusto de recibir al señor Senador Ernesto Agazzi, a quien ha invitado para la consideración del segundo punto del Orden del Día, es decir, el proyecto de ley por el que se transfiere el derecho de propiedad a título gratuito, del patrimonio del Estado al de la Intendencia de Montevideo, sobre los edificios destinados a exposiciones y ferias del Prado.

Sin más, le cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR AGAZZI.- Antes que nada, agradezco a la Comisión por haberme invitado para hablar sobre este proyecto de ley, del que soy uno de los autores.

Se trata de edificios destinados a exposiciones y ventas ubicados en el padrón 198.744, solar 10, sobre la Avenida José de Buschental. En total, el predio tiene seis hectáreas y media; actualmente es propiedad de la Intendencia de Montevideo.

En realidad, allí se ubican tres edificios históricos que son parte del patrimonio nacional. El tema de los edificios necesarios para hacer exposiciones y ferias es de larga data en el Uruguay. Las primeras exposiciones se hicieron en el interior del país y las siguientes en predios privados porque no había lugares oficiales para efectuarlas.

La 1ª Exposición Nacional se hizo en Montevideo. Un particular, Emilio Ponce de León, cedió un solar frente a la entonces Plaza Artola -hoy Plaza de los Treinta y Tres Orientales- y ahí se construyeron un pabellón y galpones, y se efectuó la exposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿En qué año fue, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Eso se hizo el 1º de octubre de 1883, cuando comenzó a realizarse la exposición.

El acto de oratoria estuvo a cargo de don Domingo Ordoñana, que había sido Presidente de la Asociación Rural del Uruguay. En realidad, fue algo nuevo en el lugar, por ser la primera que se llevó a cabo.

La 2ª Exposición Nacional se hizo en diciembre de 1885 en la estación del tranvía de Villa Unión, que era el medio de transporte que se utilizaba en aquel tiempo; fue muy buena, pero la evaluación que se hizo fue que quedaba muy lejos del centro de Montevideo. A raíz de ello, la 3.ª Exposición Nacional se hizo en la Plaza de Armas, en un pabellón muy grande ubicado sobre la Avenida 18 de Julio entre Ejido y la calle Santa Lucía, hoy llamada Santiago de Chile. Actualmente, en ese lugar está ubicada la Intendencia de Montevideo. Ahí se presentaron productos ganaderos, agrícolas e industriales, y hubo 32 muestras de minerales extraídos en el Uruguay. Es bien interesante. La Usina Eléctrica suministró 500 lámparas para el pabellón. Se hizo un concurso de arquitectos al que se presentaron varios aspirantes. En realidad, ganó uno, el arquitecto Julián Masquelez, de un total de catorce proyectos presentados para construir el Pabellón Central, de sesenta metros de ancho. Esa exposición fue muy importante; empezó en marzo y terminó en abril, siendo inaugurada por el entonces Presidente de la República Juan Idiarte Borda.

A raíz de todas esas cosas, que siempre fueron impulsadas por privados, se planteó la colaboración del Estado en la realización de exposiciones y ferias, que eran no solo ganaderas, sino integrales.

Como se dice en el repartido, el 14 de mayo de 1909, por la Ley Nº 3467, el Gobierno Nacional destinó una partida de $ 100.000 para la construcción de un galpón destinado a exposiciones y ferias ganaderas. Se ve que la inflación no es un fenómeno de nuestros días -ya existía por aquel entonces- pues al poco tiempo se destinaron otros $ 100.000, a los dos años otros $ 100.000 y finalmente se terminaron construyendo tres galpones, que son los edificios históricos.

La 1ª Exposición Nacional importante se inauguró el 25 de agosto de 1913 y lo propio ocurrió con el Palco Oficial de la Rural; hasta el presente se ha seguido haciendo en ese lugar.

Ahora bien, ¿cuál es la particularidad de esta asignación? Aquí viene el tema que conviene dilucidar y que es el motivo del proyecto de ley.

La ley aprobada en aquel entonces asignaba dinero y establecía que los edificios pertenecían al Estado porque era el que aportaba los recursos. En oportunidad de la discusión de esta ley en Sala, el Diputado Lagarmilla planteó agregar un artículo 5º -porque se asignaba el dinero, pero no se sabía dónde se harían las construcciones- en el que se decía: “El usufructo del edificio de la Exposición, pertenecerá a la Junta Económico Administrativa de la Capital en el caso de que se hubiere construido en terrenos de propiedad municipal”. Ese fue el caso.

A partir de la ley y de su decreto reglamentario, la propiedad de los edificios es del Estado, quien se encarga de la conservación es la Asociación Rural del Uruguay y el usufructo pertenece al Gobierno de Montevideo, que en aquel tiempo era la Junta Económico-Administrativa. En realidad, para la utilización de las instalaciones tenían un rol el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y quien fuere el usuario.

Toda esta información surge de una investigación que hice en la Biblioteca Jurídica de la Intendencia de Montevideo, en la Escribanía Municipal; también recibí notas de los señores de Ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería, porque la ley dice que para utilizarlos se debía tener la autorización de dichos jerarcas. Esto no se hizo jamás, porque nunca se pidió la autorización correspondiente ni tampoco se dio; además, los Ministros desconocían que debían concederla para utilizar esos edificios.

Hoy hay una confusión de roles por lo siguiente. De acuerdo con lo que establece el artículo 501 del Código Civil, “no podrá constituirse el usufructo por más de treinta años” si es a favor de un establecimiento público. Entonces, el usufructo de la Intendencia de Montevideo habría caducado.

Por otro lado, el artículo 751 del mismo Código Civil dice que si la edificación se hizo “a ciencia y paciencia del dueño, será este obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio”. Quiere decir que si se aplica fríamente lo que establecen ambos artículos del Código Civil, la Intendencia quedaría con los edificios pagándoselos al Gobierno Central.

                Ahora bien, ¿qué sucede? En realidad, esto no fue producto de una transacción entre particulares, sino que se estableció por ley. Al estar vigente, la ley se establece todos los días. Quiere decir que aquí hay un limbo jurídico por lo que los abogados de la Intendencia y los del Poder Ejecutivo dicen que debe encontrarse una solución a un tema que se inició hace cien años. Las leyes de aquel entonces establecían cómo hacer los edificios y cómo se iban a administrar en primer término, pero no se plantearon qué pasaría una vez que se terminaran de pagar y estuvieran funcionando treinta años o un siglo después. Esto ha motivado muchos estudios jurídicos; por ejemplo, cuando Montevideo Wanderers Fútbol Club solicitó autorización para hacer su cancha ahí al lado, la Intendencia y la Asociación Rural hicieron sus estudios jurídicos. Vale destacar que la propia Intendencia hizo un estudio jurídico muy bueno en 1978 y que todo conduce a que hay que encontrar una solución para no quedar en un vacío jurídico. Hay que tener en cuenta que estos edificios están en un lugar privilegiado de Montevideo -son patrimonio- y el Gobierno Departamental tiene la responsabilidad de administrar ese hermoso parque donde están la Avenida Buschental y El Rosedal.

En síntesis, se llegó a un acuerdo en el sentido de que lo mejor que se puede hacer para dilucidar este problema es que los edificios se transfieran a la Intendencia de Montevideo y que esta ley opere como título y modo de traslación del dominio a los efectos de la inscripción en la Sección Inmobiliaria del Registro de la Propiedad Inmueble. En lo personal, recopilé los planos catastrales que se sacaron para hacer estos estudios y las leyes que fueron sancionadas en su momento.

Este proyecto de ley es muy simple porque en realidad se trata de trasladar el dominio de edificios al gobierno del departamento, y tanto el Poder  Ejecutivo como la Intendencia de Montevideo están de acuerdo en saldar el asunto de esta forma. Desde luego que en todo esto han participado el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo, ésta última en la persona de la Intendenta, quien está al tanto de lo que estamos considerando aquí.

Esto ha sido una introducción somera al tema e informo que tengo en mi poder toda la documentación, los planos catastrales, las cédulas, e incluso hasta la historia del predio, que ha sido bastante mordisqueado por la historia porque es un lugar hermoso en donde hoy están ubicadas las canchas de River Plate, Bella Vista y Wanderers, la Policía de Tránsito, la Policía de la Mujer y un club de tenis. En varios momentos se han ido tomando decisiones y aquello que fue concebido como un parque hoy tiene partes cuyo uso está privatizado por concesiones modales. Me parece que es adecuado decir que si caducó el usufructo de estas áreas donde se realizan una serie de actividades -los juristas podrán tener sus discusiones- nosotros hoy debemos clarificar el asunto mediante una ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Agazzi ha hecho una exposición muy clara y, sintetizando un poco el tema, me gustaría concluir que si hoy la Intendencia es dueña de los terrenos, pasaría a serlo también de los edificios a título gratuito.

SEÑOR AGAZZI.- Esto también va a clarificar la administración porque el decreto reglamentario de estas leyes dice: “Para la realización de Exposiciones, concursos, ferias y otros actos y espectáculos que no desdigan del recinto que se les destina, se recabará en cada caso autorización del Ministerio de Industrias”. En realidad, cuando pasen a ser propiedad del Gobierno Departamental eso ya no será necesario. A su vez, el decreto reglamentario también dice: “Perteneciendo a la Municipalidad el terreno en que se levantan las construcciones de la Exposición y correspondiéndole por ese motivo, según el artículo 5º de la ley, el usufructo del local, la Asociación Rural le rendirá cuenta, anualmente, de su administración, entregándole los beneficios puramente líquidos que por cualquier concepto hubiere, lo que efectuará después de haber dado cuenta al Poder Ejecutivo si éste hubiere concurrido al pago de gastos de exposición.” En realidad, esto es muy importante porque el gobierno nacional puso $ 320.000 de aquella época, y eso era un dineral. Además, se contrató a un arquitecto catalán y los edificios tienen un estilo de construcción particular. Por lo tanto, me parece importante clarificar quién es el propietario y quién toma las decisiones porque va a asignar responsabilidades en la administración de los bienes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me pregunto si no convendrá adjuntar a este proyecto de ley algún artículo en el que se exprese algo sobre la reglamentación. Sin duda, tenemos el decreto reglamentario de la ley anterior, es decir, de la Ley Nº 3.467, y allí se establecen un conjunto de elementos que bien señalaba el señor Senador Agazzi, pero quizás podría quedar algún vacío que convendría llenar a través de un nuevo decreto reglamentario de esta ley.

SEÑOR AGAZZI.- Hoy en día están vigentes las tres leyes que dieron lugar a esto, así como el decreto reglamentario. Como todos saben, un decreto reglamentario de una ley solo puede ser sustituido por otro, por lo que los que ya existen están vigentes. Quizás, en el artículo 1º, al mencionarse lo dispuesto por las Leyes Nº 3.467, Nº 3.765 y Nº 3.975, podría agregarse “y su decreto reglamentario”. Aclaro que la única ley que tiene un decreto reglamentario es la Nº 3.467, y llamo la atención de los miembros de la Comisión en ese sentido porque la verdad es que no encontré ningún otro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por esa razón digo que quizás convendría que se dictara un nuevo decreto reglamentario vinculado a esta ley.

SEÑOR AGAZZI.- Seguramente así se hará. Por este proyecto de ley, el Poder Ejecutivo va a transferir la propiedad al gobierno del departamento. Esto marca un cambio porque en el pasado todo se resolvía en la órbita del gobierno nacional, pero ahora eso se está sustituyendo, por la Ley de Ordenamiento Territorial, por las competencias de las administraciones y por las decisiones de cada uno de los gobiernos de los territorios. Reitero que seguramente este proyecto de ley va a tener un decreto reglamentario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, el tema queda instalado en la Comisión y seguramente el año próximo será objeto de análisis y resolución.

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 10 y 52 minutos.)