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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 18 y 2 minutos.)

                -La Comisión de Medio Ambiente tiene el gusto de recibir a la señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Graciela Muslera, a la señora Subsecretaria, arquitecta Raquel Lejtreger, al señor Director Nacional de Medio Ambiente, arquitecto Jorge Rucks, y al señor Director Nacional de Ordenamiento Territorial, ingeniero agrónomo Manuel Chabalgoity. Les agradecemos su presencia, máxime cuando sabemos que la señora Ministra tiene mucho trabajo para realizar, pero aun así concurre asiduamente a este ámbito.

En concreto, quisiéramos conocer la posición del Ministerio con respecto a los temas que se encuentran en el Orden del Día de la sesión de hoy. A tales efectos, proponemos analizar tema por tema y adelantamos que para nosotros es indiferente el orden que se desee seguir.  Trataremos el proyecto de ley sobre la creación del Observatorio Ambiental Nacional, la situación medioambiental de Nueva Palmira -cabe acotar que la Comisión recibió a una delegación de Nueva Palmira- y el tema relativo a los residuos de agrotóxicos y agua potable.

SEÑORA MINISTRA.- La verdad es que es un gusto para nosotros asistir a esta Comisión, sobre todo  cuando hemos podido bajar un poco las revoluciones, pues la Rendición de Cuentas nos había acaparado todas las capacidades. Luego de trabajar en los temas que ustedes nos plantearon, concurrimos a este ámbito con el equipo conformado por Raquel, Manuel y Jorge.

                Ahora bien, en el día de ayer recibimos una llamada del señor Ministro Tabaré Aguerre, quien nos propuso que les planteara la posibilidad de una convocatoria en común de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para abordar el tema de los agrotóxicos,  sus implicancias y las políticas a seguir desde ambas Carteras. Independientemente de eso, hemos realizado un trabajo concreto de acercamiento al tema de Guichón y una línea de gestión interna, que si los señores Senadores están de acuerdo, comenzaremos a comentar. No obstante, la propuesta sería la comparecencia en común, como equipo.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Propongo, pues, a la Comisión,  posponer ese punto y coordinar una comparecencia en conjunto de los dos Ministerios.

SEÑORA MINISTRA.- El señor Ministro Tabaré Aguerre me manifestó que está de viaje hasta el 22 de junio.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Me acota la Secretaría que se habían hecho gestiones y que el señor Ministro podría concurrir el 4 de julio. Si ustedes también pueden venir en esa fecha, lo daríamos por hecho.

 SEÑORA MINISTRA.- En principio, entonces, concurriríamos nuevamente el 4 de julio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Efectivamente, señora Ministra; así se coordinará.

SEÑORA MINISTRA.- Vamos a comenzar dando nuestra visión sobre la situación planteada en Nueva Palmira. Al respecto, estuvimos leyendo con detenimiento la versión taquigráfica de la sesión a la que comparecieron los pobladores de dicha ciudad y vimos que en principio se plantearon seis temas: saneamiento, polución del aire, movimiento de cargas tóxicas en el puerto, residuos sólidos, agua, amarre de barcazas y su vínculo con el turismo, y vivienda, como uno de los temas más críticos.

                Quiero aclarar que  hemos venido acercándonos a la situación de estos pobladores, y este año, en la reunión llevada a cabo en la Estancia de Anchorena, la planteamos como un área prioritaria de atención transversal del Consejo. De la misma manera consideramos el tema de Ciudad del Plata, otra de las localidades que requiere una intervención transversal para poder solucionar los problemas críticos que está viviendo. A este respecto, desde la Dinot venimos haciendo esfuerzos con una política que pueda destrabar a mediano y largo plazo los problemas de vivienda y de gestión de medio ambiente. Quiere decir que para este año hemos priorizado este tema.

                En definitiva, nuestro equipo se va abocar, primero, al enfoque de la política de ordenamiento territorial -hemos tratado de vincularnos con la Intendencia de Colonia, ya que es la responsable de generar la propuesta técnica y política- y, posteriormente, a los temas relativos a la vivienda, el saneamiento y el medio ambiente.

                A estos efectos voy a ceder el uso de la palabra al ingeniero agrónomo Chabalgoity.

SEÑOR CHABALGOITY.- Tal como señaló la señora Ministra, antes de la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial, pero sobre todo impulsados a partir de su promulgación, hemos tenido con la Intendencia de Colonia relaciones y un convenio de trabajo a los efectos de avanzar en los distintos instrumentos de ordenamiento territorial. Particularmente a partir de la promulgación de esa ley y hacia fines de 2008 hubo una reformulación de ese convenio -estando quien habla al frente de la Dinot- y uno de los puntos principales del acuerdo fue trabajar en los planes locales de tres centros poblados ubicados en el oeste del departamento; en aquel momento la prioridad estaba puesta en Conchillas -por la eventual instalación de la empresa Ence- Nueva Palmira y Carmelo.

                En el actual período de gobierno se reformula el convenio y, por supuesto, se pone el énfasis en el caso de Conchillas, pero particularmente en Nueva Palmira, donde existían una serie de situaciones conflictivas en cuanto al uso y ocupación del territorio, que explican los problemas que se generan en términos ambientales, de contaminación, etcétera. Podemos decir que en este momento, en el marco de esos convenios, y tal como lo mandata la ley, se dará asistencia técnica y financiera  a todos los Gobiernos Departamentales; así se ha procedió en el caso del Gobierno Departamental de Colonia.

                Obviamente, luego de un período,  el hecho de trabajar en clave de plan muchas veces significa un cambio en la manera de enfocar la gestión del territorio; dicho de otra manera, previo a la aprobación de la ley se enfocaba con otros parámetros. En el caso de Nueva Palmira se dio una situación muy particular debido a que existe un plano de fraccionamiento de alrededor de 1860 que, más allá de lo que formuló la Ley de Centros Poblados del año 1946,  generó confusiones en cuanto a la zonificación del suelo. Desde 1946,  o sea, desde hace muchos años, había un conjunto de predios que eran tratados como rurales por el propio Gobierno Departamental y sus ordenanzas, pero en la célula catastral seguían apareciendo como urbanos porque habían sido ingresados en el siglo XIX. Se trata de un conjunto de desfases que, a la hora de empezar a poner toda la casa en orden, generan ruido y dificultades porque hay derechos y un montón de cuestiones.

Con esto quiero plantear el contexto de dificultad original en cuanto al tema de la categorización del suelo en Colonia, sumado a lo cual se da una situación básicamente explosiva en el crecimiento de la actividad y, concomitantemente, en el incremento de la población, producto del desarrollo portuario y de lo que sabemos fue el aumento de la producción agrícola, que sacaba sus productos por el puerto de esa ciudad.

                Como mencioné, planteo todo esto para dejar claro el contexto en el cual la Intendencia asume en este período la elaboración del plan que hoy en día se ha puesto de manifiesto. A nuestro juicio, este plan contiene un avance importante por cuanto  define las distintas zonas de actividad y las áreas de la ciudad que se destinan a la futura expansión urbana, a la actividad industrial y a la actividad logística. Tengo aquí los planos que, en realidad, están tomados de la página web de la propia Intendencia, porque le corresponden, por más que se trabajan en el marco del convenio celebrado con el Ministerio.  Esto no obsta a que todavía subsistan -y, como es natural, seguirán subsistiendo a futuro- situaciones de contradicción entre distintas opiniones, pues en una ciudad juegan distintos actores tanto públicos como privados, es decir, de distintos ámbitos. De todas maneras, se está transitando por un camino que, a nuestro juicio, es el que corresponde según la Ley de Ordenamiento Territorial. Es decir, se hicieron los estudios, se trabajó con la comunidad y se trabajó con el Municipio, lo que implica otra realidad que previo a ley no existía, que es la aparición del tercer nivel de Gobierno. Esto adiciona un conjunto de hechos, de situaciones favorables, pero también nuevos factores y nuevas visiones que es necesario tener en cuenta.  Esta puesta de manifiesto no implica solamente colgar el documento en la página web. La Intendencia y nosotros nos estamos reuniendo con los distintos actores y, de esa manera, acompañamos la discusión del Gobierno Departamental, que va tomando nota de los acuerdos y desacuerdos entre los distintos actores, y a partir de ello hará las reformulaciones que entienda convenientes.

Simplemente a modo ilustrativo y sin entrar en detalles quiero decir que hoy tenemos un plano de Nueva Palmira donde claramente se identifican las zonas urbanas para los distintos tipos de uso: el urbano no consolidado, la expansión de la ciudad, la zona para actividades logísticas, el área para expandir a futuro -es decir, zona rural que se utilizará para actividades logísticas- la zona turística, la portuaria, la rural de actividad productiva y la región natural que es necesario proteger. Hay otro plano donde aparecen los nombres más claramente. Hoy no queremos entrar en detalles porque los  aburriríamos y, además, correspondería que la explicación estuviera a cargo de quienes son competentes en materia departamental. Nosotros simplemente les brindamos asistencia. Sin embargo, queremos mostrar que se está generando un contexto de planificación y ordenación ambiental del territorio en el marco del cual, si los distintos ámbitos del Gobierno tenemos la capacidad suficiente, podemos encauzar los diversos conflictos y contrariedades o contradicciones que naturalmente se dan. Es importante destacar que esta no era la situación de hace seis u ocho meses.

SEÑOR AGAZZI.- Quisiera saber qué grado de legalidad tiene lo que ha planteado el ingeniero agrónomo Chabalgoity, es decir, si es un proyecto o ya está aprobado por las autoridades municipales y se está llevando a cabo. ¿En qué punto está ese plano que se presenta ante la Comisión?

SEÑOR CHABALGOITY.- La ley prevé que, al comenzar el proceso de elaboración, el Intendente tome la decisión de disponer el inicio -esto ya ocurrió- y empiecen a hacerse los estudios. Una vez que se cuente con la información suficiente y finalice el anteproyecto del plan -podríamos llamarle así, aunque esta no es la terminología que se utiliza en la ley- el Gobierno Departamental debe ponerlo de manifiesto públicamente; por ese motivo hoy en día está colgado en la página web de la Intendencia de Colonia. Sin perjuicio de ello, podemos hacer llegar a la Comisión un CD que dice exactamente lo mismo. De esta manera se está cumpliendo con lo que dispone el artículo 24 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que es uno de los elementos de participación que la ley obliga a que se cumpla y se registre, ya que el artículo 26 indica que, de lo contrario, el instrumento es nulo. Esa instancia de puesta de manifiesto se establecerá por un período no menor a treinta días; en general, lleva unos quince o veinte días, pero hay una tendencia a que dure más. Nuestra opinión es que esto es bueno, ya que si dura más es porque hay interés de la gente en discutir y participar. Una vez que la puesta de manifiesto se dé por finalizada por parte del Intendente, se recoge todo lo planteado por los distintos actores, y la decisión de cuánto se recoge como modificación o no de lo que ya está planteado compete al Gobierno Departamental. Posteriormente, el Intendente hará el anteproyecto del plan y le dará una aprobación previa, es decir, dirá que ese es su proyecto de Plan de ordenamiento territorial de Nueva Palmira y su microrregión o área de influencia. Esa aprobación previa desencadena varios procesos. Uno de ellos es que explícitamente debe generar una audiencia pública donde la Intendencia y su equipo expliquen a la población qué están proponiendo y fundamentarlo. La ley dice algo muy importante y es que, previo a la aprobación, el Intendente debe solicitar informes de incidencia a los diversos organismos públicos con competencia en distintas áreas de la actividad, por ejemplo, a OSE, a UTE, a la Administración Nacional de Puertos, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas -en todo lo que tiene que ver con el tema vialidad- y a todos los organismos cuyas políticas públicas tengan incidencia en este territorio para que haya una devolución expresa brindando su opinión. La ley no establece que esta opinión sea vinculante, pero sí que los distintos organismos deben ser consultados formalmente y tienen que entregar el informe de incidencia. ¿Qué deben hacer los Intendentes? Deben tener en cuenta su proyecto, que tuvo aprobación previa, analizar los resultados de la audiencia pública y los informes de incidencia, y decidir. Si piensan que lo que se hizo está bien, lo envían a la Junta, y si ven que necesita cambios, tienen que efectuarlos. Antes de enviar el proyecto a la Junta, tienen que remitirlo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a los efectos de que se cumplan dos procedimientos: uno es el informe de correspondencia para ver si todo lo que allí se dispone guarda relación con la propia ley y con otros instrumentos de ordenamiento territorial que existan a nivel departamental, y el otro es el informe ambiental estratégico, que deben mandar al Ministerio a fin de que le dé o no su aprobación y diga si el plan contempló de manera adecuada y suficiente el conjunto de aspectos ambientales que se comprometió a cumplir de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y su decreto reglamentario.

                No sé si logré responder la pregunta, explicar en qué momento estamos y todo el proceso que falta. Obviamente, durante todo este período -que podrá ser más o menos largo dependiendo de los recursos y las capacidades que existan- la negociación es el estadio natural porque todos aspiramos a que cuando esto llegue a la Junta Departamental se apruebe inmediatamente. En ese sentido, los Gobiernos Departamentales están haciendo convenios que son voluntarios, porque si alguien no quiere firmarlos, no lo hace.

En el caso de Colonia en particular, el Gobierno se está comprometiendo a que en los equipos de elaboración técnica haya una participación del legislativo comunal desde el inicio. ¿Por qué? Porque cuando estas cosas llegan a las Juntas, como son muy grandes, a veces se hace difícil digerirlas, mientras que si están participando desde un comienzo esto resulta más fácil.

La última cuestión que quería abordar -y aquí termino y quedo a las órdenes para lo que disponga la señora Ministra y contestar lo que los señores Senadores deseen preguntar- es que, también en el marco del convenio, todos los Gobiernos Departamentales se han comprometido a instalar en el ámbito de su departamento la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial, cuya creación se establece  en el artículo 73 de la Ley Nº 18.308. Subrayo que, en el caso nacional, se obliga al Poder Ejecutivo a instalarla, mientras que para los Gobiernos Departamentales se expresa que “podrán crearlas”. En el marco del Convenio, ese “podrán” de la ley se transformó, por expresa voluntad de las partes, en un “se van a instalar”, a los efectos de que exista un marco o una mesa de negociación permanente entre los actores públicos, privados, sociedad civil, vecinos, empresarios, trabajadores, etcétera, que permita discutir todas estas cuestiones. Con relación a esto último, quiero agregar que el proceso de instalación de esa Comisión Asesora  aún no se ha hecho efectivo en el departamento de Colonia.

SEÑORA MINISTRA.-  Creo que esto responde una interrogante que aparece como una constante en las distintas comparecencias que hemos tenido ante esta Comisión con respecto a este tema. Concretamente, me refiero a cómo ayudamos a instalar mecanismos de negociación o de miradas transversales de cada uno de los actores, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el manejo del puerto, de las cargas y la vialidad.

En síntesis, se trata de un proceso y si armonizamos la participación de las distintas organizaciones sociales e institucionales, difundiéndolo y, a partir de las distintas instancias de aprobación, generando opinión pública con respecto a los problemas que se reflejan en el Plan de Ordenamiento Territorial, podremos lograr acuerdos de gestión entre los actores centrales, locales y departamentales. Estamos hablando de procesos nuevos, de democratización de  las decisiones de los distintos actores. Creemos que es útil profundizar en las oportunidades que brinda este proceso para armonizar las distintas acciones.

                En otro orden de cosas, el Ministerio toma en serio la actuación transversal en Nueva Palmira con respecto al tema de la vivienda. Esta problemática viene de la mano del aumento de la actividad del puerto como centro regional de cargas y, a su vez, trae aparejado el problema del acceso a la tierra, porque como se prioriza el uso logístico, su costo es muy alto. Pensamos que también es una oportunidad para generar una cartera de tierras, o sea, áreas priorizadas para dar respuestas habitacionales. Digo esto porque, en lo que tiene que ver con el departamento de Colonia, nos es muy difícil llegar con respuestas por las capacidades presupuestales que tenemos y las dificultades que existen para generar carteras de tierras departamentales. Hay organizaciones cooperativas que tienen problemas para acceder  a la tierra. Estamos tratando de llevar tierras fiscales de OSE a la cartera de tierras del Ministerio. Con respecto a esto último, quisiera agregar que estamos intentando retirar de ellas instalaciones de UTE, pero insisto en que es un proceso en el cual no tenemos herramientas para acompañar con mirada a mediano y largo plazo las necesidades habitacionales. También sabemos que hay un conflicto entre el acopio y el pasaje del transporte carretero al marítimo que debemos resolver, justamente con instrumentos de ordenamiento que genere la cartera de tierras. Ese es el segundo aviso y constituye una oportunidad histórica para el Departamento de Colonia en cuanto a generar capacidades de sostenibilidad de largo plazo.

                Es cierto que existen problemas de saneamiento, como sucede en muchas localidades del interior. En ese sentido, OSE ha estado informando sobre cómo se establecen las prioridades. Este tema está siendo analizando internamente y se evalúa la posibilidad de que OSE modifique sus prioridades a los efectos de encarar el problema del saneamiento en Nueva Palmira en un plazo menor.

                A su vez, mediante la intervención del PIAI en el barrio Asencio e Higueritas se da la oportunidad de generar saneamiento en un sector de la ciudad, pero hemos tenido inconvenientes con el cuestionamiento que se hizo a la propuesta de dicho barrio. Sabemos que el PIAI se define, básicamente, para formalizar y llevar infraestructura a barrios informales, y que trabaja con criterios del Banco Interamericano de Desarrollo para visar y generar garantías de calidad en sus proyectos. Por ejemplo, muchas veces se ha cuestionado el nivel de la caminería al ser comparado con el del entorno. De todos modos, se debe tener en cuenta que hay exigencias concretas de calidad y que en ninguna parte del territorio nacional se han hecho cuestionamientos con respecto a las soluciones técnicas. En este caso, la operación de regularización que se acordó al inicio en Nueva Palmira tuvo un trámite normal. Debemos aclarar que el proyecto exige que la población beneficiaria de la intervención opine y que haya un apoyo mayoritario a las propuestas de infraestructura, de realojo y de formalización. Ese proceso se llevó a cabo y se presentó una propuesta de infraestructura -concretamente, de saneamiento del barrio- que fue aprobada por más del 70% de la población. Esto implicaba, básicamente, el compromiso del PIAI de supervisarla y asesorar a la Intendencia, que era la responsable de ejecutar los proyectos, licitar las obras y conducir el proceso social.

Como decía, se generó un problema, pues la opinión pública evaluó negativamente el proyecto que ya estaba laudado en la Dinama y en OSE, e inicialmente con la población local. Se cuestionó la respuesta técnica pero sin contar con el debido asesoramiento técnico y, en definitiva, hubo un posicionamiento de la opinión pública que no permitió conducir racionalmente hacia una evaluación del proyecto. Entonces, desde diciembre de 2011 tenemos las obras físicas de realojo totalmente terminadas, excepto el saneamiento y las obras pluviales, pero ya está licitada la empresa que las llevará a cabo. Sin embargo, al no existir acuerdo, la Intendencia retiró el proyecto inicial de la planta de tratamiento y no ha presentado una alternativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera saber a cuántos beneficiarios -habitantes o familias- está destinado el proyecto.

SEÑORA MINISTRA.- Son 204 familias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿204 familias o habitantes?

SEÑORA MINISTRA.- Se trata de 204 familias.

                Deseo aclarar que en la gran mayoría de las intervenciones PIAI, la infraestructura vinculada con el saneamiento, por lo general no se restringe a la atención de las familias del barrio. Hay múltiples ejemplos de la necesidad de bombeo -entre otros aspectos- por lo que tenemos instalado un conflicto en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señora Ministra, pero quienes en un principio no aceptaron o cuestionaron la situación fueron los habitantes del barrio a regularizar, ¿o también lo hicieron los de los alrededores?

SEÑORA MINISTRA.- En realidad, no he seguido el problema desde el inicio, pero puedo señalar que a nivel de Nueva Palmira estamos ante un planteamiento de la opinión pública que da vuelta la postura inicial del barrio, con cuestionamientos tales como que se busca, por ejemplo, instalar la planta en un área inundable. ¡Pero claro que se tomaron en cuenta las condiciones! Repito que eso está planteado de acuerdo con exigencias PIF. No existen cuestionamientos fundados técnicamente. La responsabilidad de proponer una alternativa está en manos de la Intendencia, pero como eso no caminó en paralelo al proyecto de realojo y de apertura de calles, se inauguraron viviendas con un pozo negro de 200 litros -es algo totalmente precario- como solución transitoria. Hoy estamos procurando apoyar a la Intendencia con el fin de laudar una propuesta que a corto plazo nos permita salir de esta situación. Se manejó la posibilidad de que las aguas salieran a través de la planta de tratamiento de una empresa local, Maltería Uruguay S.A., pero su casa matriz en Alemania se opuso a ese acuerdo. También se buscaron alternativas en plantas de saneamiento que no fueron aprobadas por OSE. Lo cierto es que, en la actualidad, la Intendencia sigue buscando alternativas, pero básicamente sostenemos que la viable es la original. Hay que trabajar, argumentar y profundizar en ella siempre y cuando Maltería Uruguay S.A. no se haga cargo de la posibilidad de conducir las aguas a través de su planta.

                Por otro lado, existe un plan de mejoramiento de baños porque, como los señores Senadores saben, los procesos de regularización no implican una intervención en cada una de las viviendas. Este plan se financia con recursos del Focem y mediante un acuerdo con el Mides, pero esto también está en el debe.

                Podemos afirmar que el PIAI ha cumplido con todo el proceso que le compete, que es el de supervisión y acompañamiento técnico de los proyectos. Necesitamos que del lado de la Intendencia y de la Alcaldía -es decir, de la parte local- se acuerde una solución definitiva. Mientras tanto, el programa tiene un contrato con la empresa Cujó, que se ha retirado después de plazos de obra que se duplicaron con respecto a los iniciales y  continúa con la garantía de mantenimiento de ofertas retenida. En la medida en que no se encare una solución definitiva, el proyecto se irá desfinanciando y perjudicándose cada vez más. Estamos trabajando en el tema con el Intendente Zímmer -la semana pasada nos reunimos con él- porque estamos preocupados por esta situación que incluye, además,  problemas de salubridad por el desborde de las aguas servidas de esos pozos. En este caso tenemos un problema concreto y se deben acelerar las soluciones.

                El otro punto refiere a la escasez de viviendas por la dificultad existente para acceder a la tierra y construir vías de acceso al pueblo que, en cierta forma, reviertan la  invasión del tránsito de mil camiones diarios. Se debe tener en cuenta que la construcción de esas vías implica el traslado y el realojo de unas treinta familias.

                Como podrá observarse, en todos estos temas hay un acompañamiento y una mirada preocupada del Ministerio.

                También están los asuntos de competencia departamental, pero que son supervisados por la Dinama, como por ejemplo el tratamiento de residuos y de la contaminación del aire. Me permito solicitar al arquitecto Rucks y al ingeniero agrónomo Chabalgoity que informen pormenorizadamente sobre el trabajo realizado por la Dinama.

SEÑOR CHABALGOITY.- Quiero complementar algunos aspectos del proceso de planificación sobre el que la señora Ministra puso énfasis.

En el marco del propio Plan se deben generar los instrumentos previstos por la ley para obtener la cartera de tierras a través del mecanismo de distribución de cargas y beneficios, teniendo en cuenta que todo proceso de fraccionamiento se debe autorizar en una zona turística u otra. El Gobierno Departamental está autorizado por ley a disponer de no menos del diez por ciento de esa superficie a los efectos de destinarla a programas de viviendas de interés social. La reglamentación respectiva, que compete al Gobierno Departamental, puede llevar -como en otros casos- a que ese diez por ciento se localice en el mismo lugar o en otro lado, en términos equivalentes desde el punto de vista económico. Quiere decir que el Plan prevé los mecanismos que, aplicados por el Gobierno Departamental, generarán la disponibilidad de espacios para la cartera de tierras.

No sé si la explicación fue suficientemente clara, pero los artículos que refieren a este tema son el 38 y el 67, entre otros, de la ley. Quise hacer este comentario para que se entienda que, si bien se trata de un tema difícil, la ley brinda esos instrumentos.

SEÑOR RUCKS.- Cabe aclarar que localidades como Nueva Palmira, Ciudad del Plata y Guichón concentran una serie de problemas ambientales -con diferentes características y en distintas circunstancias- que han merecido la atención focalizada de la Dinama. En el caso de Nueva Palmira, los proyectos existentes demuestran la importancia y el crecimiento que tuvieron el puerto y la ciudad como zona de tránsito. La producción cerealera concentra una cantidad importante de silos y el movimiento de los camiones hacia el puerto provoca problemas tanto para su ubicación  como para el tránsito local, generando material particulado.

La contaminación del aire preocupa a la población y la respuesta que estamos dando, en acuerdo con la Intendencia de Colonia, es que se va a ubicar una estación de medición de material particulado en el centro de la ciudad de Nueva Palmira. Se decidió por esa localización, fundamentalmente para poder conocer los niveles de afectación de la población urbana, más allá de entender que las cargas contaminantes se generan por el tránsito y el movimiento de las cargas de cereales.  

En marzo de 2011 se instaló la primera estación de monitoreo, cuyos resultados tenemos. Esto comprende algunos elementos de lo que entendemos son los parámetros de referencia, que no tenemos en el caso de la legislación. En el 2005 el grupo de trabajo especializado Gesta Aire definió los parámetros para el control del material particulado y estimó que los niveles de partículas no debían pasar de 150 micrómetros, en 24 horas  y de 50 en el promedio anual. Es importante tener en cuenta estas cifras, porque los resultados de las mediciones semestrales realizadas desde marzo a diciembre de 2011 -aún no tenemos la del primer semestre de 2012- muestran un promedio de 56 micrómetros de material particulado en ese período. Como todavía no hemos completado el año, no podemos decir que el promedio anual está por arriba del promedio estimado por los parámetros de Gesta Aire, aunque sí estamos en condiciones de prever que si continua esta situación superaríamos los límites de lo que serían las bases técnicas recomendadas para Nueva Palmira. Por otro lado, durante dos días se detectaron dos casos que superaron los términos diarios de  250 micrómetros. En el estudio de comportamiento de este período no logramos identificar cuáles son las causas de estas diferencias y crecimientos. En estos gráficos se observa que los picos no responden a un comportamiento por situaciones específicas en esos días en particular. El comportamiento del tránsito en Nueva Palmira es bastante homogéneo y posiblemente condiciones climáticas como el viento provoquen que el material particulado se disperse aún más. Es un período de tiempo corto para hacer un diagnóstico certero de la situación. Con la Intendencia de Colonia hemos avanzado en la decisión de montar una segunda estación de monitoreo de la calidad del aire en la zona portuaria para ver el comportamiento de tipo dinámico en el tema, por entender que es ahí donde se genera.

Respecto a la calidad de aire, es lo que podemos informar. A nuestro entender, el origen está vinculado a los niveles de tráfico existente y en ese sentido se están tomando medidas como la construcción de un bypass y el mejoramiento del acceso al puerto, medidas que mejorarían las condiciones para el levantamiento de polvo. Actualmente, el  proyecto del Ministro de Transporte y Obras Públicas se encuentra en la Dinama para su análisis.  La semana pasada tuvimos una misión de análisis y pensamos que la semana próxima tendremos una evaluación preliminar de la situación del bypass. Esto en cuanto a la calidad de aire y a las soluciones que se están tomando en términos generales para mejorar los temas relacionados con el tráfico en la ciudad y el conocimiento de la problemática.

Existen algunos aspectos particulares que hacen a otros temas vinculados a la aprobación de ciertos proyectos, como es el caso de Ontur, que ha generado situaciones de afectación en la zona costera, pero que se compensó con el mejoramiento y el relleno de la playa de Nueva Palmira. Al construirse los nuevos muelles de Ontur, por la dinámica del río en esa zona se generó un proceso de vaciamiento de la playa, que -no olvidemos- es un lugar de esparcimiento público.  Precisamente, Ontur tenía la responsabilidad del relleno para asegurar el uso de esos espacios.  Esto se ha estado haciendo, no obstante lo cual hemos detectado que en los últimos tiempos se ha detenido. Hicimos algunas inspecciones y entablamos un proceso de diálogo formal con Ontur para asegurar que continúe restituyendo las condiciones de la playa, tal como estaba previsto en el informe de impacto ambiental cuando se aprobó el proyecto.

                Otro aspecto importante tiene que ver con el tema de la disposición final de residuos. En el caso de Nueva Palmira contamos con el informe del año pasado, elaborado en el marco de los trabajos del Programa “Uruguay Integra” con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se hizo el diagnóstico de las principales ciudades del interior, una de ellas, Nueva Palmira, donde se analizó la situación del relleno sanitario existente. Este es uno de los casos de rellenos sanitarios que ha llegado al final de su vida útil, es decir que debe encontrarse una solución, una nueva alternativa,  que aún no está identificada. O sea que llegamos al diagnóstico de la situación y estamos en condiciones de decir que ese relleno sanitario no puede seguir operando por más tiempo, pero tampoco hemos detectado -ni aparecen en el informe- iniciativas particulares para resolver este problema.

Como saben los señores Senadores, ese diagnóstico general que abordó las condiciones generalizadas a nivel del país demuestra que los rellenos sanitarios están operando en forma inconveniente desde el punto de vista ambiental y esta es, justamente,  una de las preocupaciones que tiene el Ministerio. Estamos trabajando en la propuesta de desarrollar una iniciativa relativa a los residuos que nos permita -no sólo a nuestro Ministerio sino también al país- resolver de la mejor manera situaciones que hoy están constreñidas a las capacidades departamentales. Consideramos que para que estos problemas puedan ser resueltos deberíamos tener un marco que facilite las soluciones de tipo regional y los entendimientos entre departamentos.

Tal como hemos planteado inicialmente, estamos trabajando en el marco de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente en la definición de algunos elementos de esta iniciativa. Justamente, este es un tema que tenemos en común para seguir trabajando hacia el futuro porque tiene que ver con uno de los problemas reales que existen a nivel nacional.

Otro problema importante que se detectó en Nueva Palmira a raíz de que hubo accidentes que fueron denunciados por sectores obreros, es el relativo a la fosfina  -fosfuro de aluminio-  que se utiliza como biocida.  Se aplica fundamentalmente  a los granos y es exigido en la comercialización, sobre todo en los mercados europeos, para asegurar que estén libres de insectos y de otros elementos. Estamos hablando de una pastilla que en contacto con el aire se gasifica; tiene un fuerte poder tóxico y muy instantáneo, esto es, se disipa muy rápidamente. Su utilización requiere de ciertos protocolos de aplicación por las características mencionadas. Lo que pasaba normalmente era que la fosfina que, de acuerdo a los procedimientos exigidos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se debe aplicar en los silos estando estos cerrados herméticamente, se aplicaba en los camiones de transporte de granos -se tiraba la pastilla por debajo de las lonas- y eso generaba una expansión de los gases que muchas veces afectaba a los choferes. En las barcazas sucedía exactamente lo mismo: cuando se hacía el depósito de los granos en ellas,  se tiraba libremente la fosfina, lo que también generaba problemas de contaminación instantánea pero de alta toxicidad.

Esta temática fue analizada por la Comisión de Medio Ambiente de la Administración Nacional de Puertos y se acordó un protocolo al respecto. Precisamente, ese protocolo resuelve el problema al definir las responsabilidades de los distintos actores durante todo el proceso, desde las de la Administración Nacional de Puertos hasta las de los privados y de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Trabajo y Seguridad Social. También en él  se define cómo se aplica y cómo se debe manejar la fosfina. Agrego que desde el momento en que se comenzó a aplicar  no surgieron situaciones nuevas.

                En términos ambientales, esos eran los temas más importantes que queríamos comentar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hemos escuchado un muy buen informe.

SEÑOR AGAZZI.- Quisiera hacer una apreciación de orden general.

                En realidad, la señora Ministra y los señores Directores han hablado acerca de cómo se va aplicando la ley y de los pasos que se están dando en estos procesos de ordenamiento, que son imprescindibles. En estas condiciones estamos resolviendo los problemas, pero lo hacemos después  de que se presentaron en lugar de haberlos prevenido, y creo que eso es propio de esta etapa en la que se encuentra el país.

                Me llamó la atención -quisiera oír algún comentario de quienes nos visitan- que cuando concurrieron ciudadanos de Nueva Palmira parecía que hablaban en otro idioma. Estaban afligidos por una cantidad de problemas que enumeraron en este ámbito, pero parece que desconocían totalmente todos estos procedimientos lógicos y legales que van avanzando por etapas, y su comparecencia fue en el mes de abril.      En síntesis, quisiera oír algún comentario acerca de por qué  los ciudadanos no conocen que se está aplicando una normativa y se está dando una discusión técnica basada en parámetros y en procedimientos. Incluso, ellos expresaron -figura en la respectiva versión taquigráfica-: “La ciudadanía de Nueva Palmira se encuentra, desde hace años, trabajando respecto a diferentes problemáticas”. Estoy hablando de un conjunto de ciudadanos -entre ellos se encontraba el Director del Hospital y algunos concejales- que estaban planteando algunas demandas.  Me parece que es importante escuchar alguna consideración al respecto. Si tenemos leyes que regulan ciertos procesos y por otro lado ciudadanos que no los conocen, hay algo que falta o que debemos mejorar entre todos.

SEÑORA MINISTRA.- Por un lado, la ley da oportunidades para democratizar la toma de decisiones, involucrando a la población mediante la conducción del proceso de audiencia y su puesta de manifiesto. Resulta clave definir  cómo se gerencia ese proceso cuando la población recibe un mamotreto técnico que no está a la altura de su capacidad de análisis y de involucramiento. Hay que ver si esa serie de miradas y evaluaciones que llevan a determinada propuesta se traslada de forma de que sea apropiable y que permita generar una opinión pública que sostenga en el tiempo la concreción del plan. Justamente,  esto tiene que ser visto como una oportunidad de generar los consensos que hagan más fácil la tarea del Gobierno Departamental y su articulación con el Gobierno Central. Pero estamos ante un proceso muy nuevo y a veces los Gobiernos Departamentales no tienen suficientemente priorizado el tema en su gestión cotidiana. Vemos que hay distintas formas de gerenciar y de acercarse al proceso de definición de esas estrategias de mediano y largo plazo.

                Por otro lado,  también se reclama la presencia de las políticas centrales. Se habla del alejamiento de Nueva Palmira de la influencia y de la mirada de las políticas centrales, pero nosotros también estamos creando las capacidades para estar más cerca de los problemas. Se nos reclama una oficina de la Dinama, pero partimos de una institucionalidad del Ministerio que no tiene presencia en el territorio. De manera que esto debe formar parte del proceso de cambio de un Estado que fue diseñado para otro modelo de gestión de país.

                Entonces, estamos haciendo un mea culpa porque no disponemos de todas las capacidades para acompañar esto como lo hace la ley, por ejemplo, ni tenemos la fuerza suficiente que debería partir de nuestra presencia. Por lo tanto, nos encontramos en medio de un proceso, tratando de involucrarnos de forma distinta, pero nada de esto es de color rosa. En muchas oportunidades hemos mencionado el proceso de fortalecimiento que estamos generando en la medida en que nos involucramos de manera diferente con los problemas, y hemos dicho también que no existe una estructura que nos permita tener una cercanía a nivel de todo el territorio nacional. Esta es la realidad y estas son las dificultades que pueden apreciarse en esta fotografía de la situación.

                Nos duele el hecho de que a veces se pierdan oportunidades de involucrar mejor y de manera transversal las políticas centrales con las locales, lo que sí se puede lograr en lugares que tienen determinadas características. Sin embargo, siempre existen dificultades y hay que admitir que algunos reclamos tienen su lógica y su sustento.

SEÑOR RUCKS.- Precisamente, nuestra preocupación se generó a raíz del gran número de denuncias que recibimos de Nueva Palmira, una de las zonas que concentra la mayor cantidad de ellas. Tenemos un sistema de denuncias que, de alguna manera, las va atendiendo. A mediados del año pasado fuimos con un equipo de la Dinama a dialogar con la Municipalidad, que nos llamó justamente para mantener reuniones, de las cuales también participó la Intendencia. Allí se analizaron distintos problemas y surgió el tema del aire, por ejemplo, para el que se encontraron distintas soluciones.

                Tal como la señora Ministra dijo claramente, la población necesita tener la seguridad de que alguien se está preocupando por su ambiente en términos integrales, pues en la actualidad eso no existe, no solo por carencias a nivel central, sino también porque las Intendencias tienen limitaciones para poder actuar. Es cierto que muchas de estas cosas son competencia de las Intendencias, tales como los residuos. Sin embargo, las limitaciones son reales. Se podrían juntar fuerzas en un pool de instituciones, pero eso hace que muchas veces se pierda el contacto desde lo central a lo local, siendo este esencial en el tema medioambiental, puesto que la gestión en esta área debe hacerse, fundamentalmente, a nivel local. Por lo tanto, se da una situación de contradicción, pues tenemos una centralización, nos cuesta tener una presencia y, a su vez, la debemos tener en forma puntual.

                Me parecía importante hacer esta aclaración porque hicimos el esfuerzo de ir a Nueva Palmira con un grupo de la Dinama a dialogar con la gente, y a partir de esas instancias han surgido soluciones, que son las que estamos planteando.

SEÑORA MINISTRA.- Tal vez el gris en el que nos encontramos tenga mucho que ver con el segundo tema, que es justamente la propuesta que hace el señor Senador Bordaberry en cuanto a la creación de un Observatorio Ambiental Nacional y la alerta respecto a que no se han generado los informes anuales.  Esto se relaciona con un proceso muy serio que estamos llevando a cabo en el Ministerio, porque no se trata de generar informes a partir de consultorías individuales, sino de que la gestión ambiental tenga su base y sustento en una serie de indicadores y en una metodología. Esto no nace unilateralmente, sino del vínculo del controlador -aquel que tiene a su cargo las competencias de definir las políticas- con los distintos sectores productivos y con las posibilidades reales del país de ir insertando una gestión ambiental en los distintos sectores económicos. Por ejemplo, hemos estado trabajando en el tema de los silos para generar un manual de buenas prácticas, con acuerdos de gestión, como para poder también aunar eso con indicadores de calidad del aire que nos permitan controlar la gestión productiva. Estamos en un momento en que el desarrollo económico le exige mucho más a la gestión ambiental; por eso  estamos creando las capacidades para dar respuesta a la  problemática de gestión que el mismo desarrollo económico genera. Es un poco complejo lo que quiero decir, pero creo que los señores Senadores me entienden.

                Entonces, lo primero es dar la bienvenida al proyecto de ley porque, básicamente, define la competencia de la Dinama en la gestión de la información y la obliga  a gestionar en base a indicadores. En eso estamos de acuerdo. Creo que la norma tiene una buena base y no es tirada de los pelos, teniendo en cuenta  la evaluación que venimos haciendo de la Dinama. 

                Queremos poner arriba de la mesa que desde el año 2009 hemos venido trabajando con un proyecto BID de fortalecimiento institucional que busca, básicamente, la vigorización de la autoridad ambiental. No define claramente  qué rol u organización tiene esa autoridad ambiental, pero dice que hay un rol articulador de las políticas ambientales de los distintos sectores productivos y también de los que definen políticas de salud, políticas sociales y  las Intendencias. Ahora bien; ese rol de la autoridad ambiental nacional que, como país, definiremos en este año 2012 -veremos si será  un Ministerio o el fortalecimiento de las tres áreas ambientales- requiere, para poder articular políticas, de un sistema de información de la gestión ambiental unificado con parámetros de generación de información y de puesta en común, con un liderazgo fuerte de la autoridad. Precisamente, estamos trabajando en esa línea. Ya tenemos la financiación,  que nos ha permitido trazarnos tres etapas para consolidar lo que llamamos “Sistema Nacional de Información Ambiental”. Y esto tiene dos propósitos: que cada uno de los sectores de la producción o de las políticas sociales involucradas con lo ambiental tengan una información común y básica para definir sus políticas,  y que la población tenga acceso a esa información. Me refiero a un portal en la web donde la gente pueda tener información on line -datos que luego se brindarán de una forma más técnica- de criterios de mirada de matriz,  estado del agua, del aire, de los suelos, de la biodiversidad, o por sector productivo. Se trata de un proceso complejo, porque cuando hablamos de calidad del aire decimos que paralelamente estamos haciendo el esfuerzo para saltar de una empresa que tiene monitoreo on line, a cinco empresas con monitoreo on line a nivel del país. Realmente, hay múltiples esfuerzos en línea para que podamos no solo generar la metodología y los indicadores, sino también levantar información con tecnología y en los puntos críticos a nivel nacional.  Esto empezó a operar en el año 2010 y realmente nos costó mucho integrar los recursos humanos, porque no los tenemos. Luego el arquitecto Rucks informará más detalladamente al respecto.

                En definitiva, estamos hablando de tres etapas de gestión que culminarían en 2014. La primera tiene que ver con poner en común la información que hoy se genera en Dinagua, Dinot y Dinama. Cuando hacemos referencia a Dinot, hablamos de información georreferenciada, con una base cartográfica, por ejemplo. En el caso de Dinama, tenemos que definir indicadores y también la tecnología como para levantar esa información y lograr que sea fidedigna. Y cuando nos referimos a Dinagua, hablamos de todo un proceso de instalación de comisiones de cuenca y monitoreo en calidad y cantidad, que también está en pañales, dando sus primeros pasos. Además, tenemos la idea de informatizar las bases de datos que se llevaban en papel, como para recuperar la historia de gestión que tenemos, por ejemplo, en Dinagua o en Dinama. Es decir que hay un proceso de informatización y de gerenciamiento de esas bases de datos que terminaría en el año 2012, transversalizando la situación dentro del Ministerio.

La segunda etapa, a llevarse a cabo a partir de 2012 o 2013, es el gerenciamiento de la información con aquellos Ministerios donde tenemos estrategias laudadas de gestión ambiental, como por ejemplo, el de Industria, Energía y Minería o el de Ganadería, Agricultura y Pesca. Además, tendremos que integrar al Ministerio de Salud Pública.

Y la última etapa, que planteamos para el año 2014, tiene que ver con la información ambiental que se recoge a nivel de las Intendencias, de ONG o de organizaciones sociales, como las denuncias, por ejemplo.

Todo este proceso en el que nos encontramos exige un gran esfuerzo e implica, también, generar las capacidades y las sinergias en los otros organismos.

Ahora, si el señor Presidente me lo permite, le cedería la palabra al arquitecto Rucks, porque hay un cuestionamiento concreto con respecto al informe ambiental anual. Cabe señalar que estamos generando nuevas capacidades para poder encarar el informe anual del Ministerio con la metodología y la solvencia que necesitamos, a fin de que se constituya en base de políticas. De manera que, con esta introducción, le pediría al arquitecto Rucks que profundizara en el proceso interno.

SEÑOR RUCKS.- El tema de la información y de cómo esta se vuelca nos preocupó desde el momento en que la actual Administración accedió a las responsabilidades del Ministerio. Empiezo por las culpas: en alguna reunión anterior pedimos excusas por no haber cumplido con lo que establece la Ley   Nº 17.283 en relación a la necesidad de elaborar un estado del ambiente anual, presentarlo al Parlamento y a las Intendencias Departamentales y dejarlo disponible para el uso público. Cuando ingresamos, diagnosticamos la situación y encontramos un documento sobre el estado del ambiente en el año 2009, casi pronto para ser presentado. Ese documento, que se puso en la página web -aquí tenemos la versión impresa- posee un valor enorme en términos de la información que contiene. Es exhaustivo en determinados temas y en ciertas áreas, particularmente en lo que tiene que ver con recursos hídricos y algo de aire; sin embargo, es absolutamente desequilibrado para la función que, a nuestro juicio, este tipo de informe debe tener desde el punto de vista conceptual. La idea es que sea un elemento en base a indicadores georreferenciados que ayude a que los responsables tomen decisiones y, a la vez, brinde información accesible para que el público conozca la situación en que vive y se desarrolla. Evidentemente, el informe del estado del ambiente tiene un  enfoque estático. Son informes anuales donde se fotografía la situación del ambiente y los distintos actores ven reflejado el espacio o el ambiente en el que viven.

El gran esfuerzo que teníamos que hacer era desarrollar indicadores a través de los cuales íbamos a tener elementos, no solo para esa fotografía, sino para ver la dinámica en la que se estaba trabajando, y ponernos a tono con lo que son los procesos de seguimiento de gestión ambiental -en términos públicos y de toma de decisiones- que tienen un carácter dinámico. Mediante estos indicadores se analiza el estado del medio ambiente, es decir, dónde están los factores que presionan para que el ambiente cambie y las respuestas que se están desarrollando. O sea, a partir de estos indicadores se dispone de elementos para saber si las políticas que se implementan se pueden evaluar en forma cuantitativa y cualitativa, permitiendo un proceso de monitoreo y redireccionamiento para ajustarlas a las realidades.

En ese sentido, cuando nos propusimos analizar cómo desarrollar esos conceptos, nos encontramos frente a una situación en la que el estudio del estado del ambiente se había hecho a través de consultorías, porque el Ministerio no tenía la capacidad para hacerlo. Cuando el contrato se terminó, tuvimos un documento que no estaba incorporado a la capacidad institucional, lo que no nos permitía que se siguiera desarrollando y, como consecuencia, se producía una situación de dependencia. A su vez, para implementar esa actividad disponíamos solamente de dos personas, pero en el término de un año se fue la Directora del área y, por tanto, solo quedó una persona a cargo del Sistema de Información de la Dinama.

Coincidentemente, tal como expresó la señora Ministra, en este período se visualiza la necesidad de trabajar lo ambiental en las tres Direcciones Nacionales que tienen relación más directa con el ambiente: Dinot, Dinagua y Dinama. Como tampoco podíamos trabajar con una información equilibrada dentro de la Dinama, la Ministra tomó la decisión de crear el Gabinete Ambiental y le dio soporte con la creación del Sistema Nacional de Información Ambiental (Sisnia), que se plantea desde la Dirección General de Secretaría como un instrumento que permite centralizar la información disponible y desarrollar un concepto mucho más integral a nivel de lo que es la  gestión ambiental del Ministerio. De alguna manera, esto permite equilibrar las visiones al interior del Ministerio y fue uno de los pasos que fijó la Ministra. 

Ahora bien, en algunos casos las bases de datos disponibles eran muy ricas, en otros muy pobres en algunos aspectos y, en otros, se encontraban en otras instituciones. Difícilmente podíamos referirnos al estado del ambiente si no podíamos hablar de temas como las condicionantes que se establecen por el uso de los recursos naturales en términos del desarrollo agrícola, porque está dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; tampoco podíamos hacerlo con temas como las políticas energéticas -que tienen un impacto sustantivo sobre los temas ambientales, como el desarrollo de las energías renovables- porque esa información se manejaba en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Por lo tanto, había que construir un sistema mucho más amplio que el que tenía el Ministerio para cumplir con los requerimientos que había planteado la ley. La primera cosa que hicimos fue repensar todo el sistema de indicadores ambientales. Veníamos trabajando con un sistema que nos proponía el Pnuma  para hacer comparable la situación ambiental del Uruguay a la de toda América Latina y el Caribe.  Me refiero a los denominados Indicadores ILAC, que fundamentalmente estaban pensados para aquellos países de mayor peso  de América Latina, como por ejemplo Argentina o Brasil, e incluían  una serie de variables que, cuando se aplicaban a la dimensión de Uruguay, eran tan macro que  la información que generaban no se adaptaba como para poder  hacer  una  gestión del ambiente. De todas maneras, son importantes y los debemos tener en cuenta como un elemento de comparación.

                Otro  aspecto  importante,  que da fundamento a la propuesta del observatorio, es el manejo de los indicadores ambientales que se desarrollan desde los años noventa, que se  han modificado tanto en su metodología como en su concepto. No recuerdo exactamente en qué año comienzan, pero me arriesgo a decir que fue por el año 1992; en 1999 se cambia la metodología de trabajo y se pasa de hacer un análisis de la capacidad del desarrollo sostenible a un análisis del estado del ambiente de los países. En ese momento Uruguay pasó de estar ubicado en el tercer lugar al nivel  83;  actualmente  hemos mejorado algo, pues ocupamos el lugar 47, pero sobre  nuevas variables y nuevos  indicadores.  O sea, se modificó el criterio. Al modificarse el criterio de los indicadores, nos preocupamos por saber quién hace estos informes. Concretamente, se contrata a personas que no chequean la información  oficial de los países. Se trata de consultores individuales, expertos en el tema, científicos contratados por las universidades para alimentar un sistema de información que no es chequeado con la información oficial. Por lo tanto, tampoco se puede considerar como un proceso transparente, sino que es de difícil control.  De todos modos, tiene una importancia fundamental, porque  son indicadores que por su categoría -debido a las Universidades que los respaldan- son utilizados para la toma de decisiones, así como también para el comercio  internacional y las barreras paraancelarias  que se disponen. Por eso entendemos que debemos tenerlos en cuenta. En ese sentido,  estamos trabajando en el diseño de una metodología de trabajo. Pensamos que este año podríamos llegar a tener un primer documento que informe sobre el estado del ambiente, en base a indicadores en los que trabajamos con el apoyo del proyecto BID a través la Consultora DEC de España. Se trata de un trabajo integrado con la participación de nuestros expertos, en el cual se definió el  nivel de indicadores que debía desarrollarse en Uruguay y se hizo, fundamentalmente, sobre la base de las matrices de indicadores que tienen que ver con la situación del agua -tanto superficial, como subterránea- el estado del aire y la situación de la biodiversidad y de los suelos. Es así que se define una pirámide de criterios en la que se trabaja sobre los tres elementos que consideramos  importante conocer para realizar un monitoreo del  estado del ambiente. Concretamente, se define cuáles son los elementos de presión sobre el ambiente. En este caso, son aquellas actividades humanas que actúan sobre el ambiente  de distinta manera, como por ejemplo, en temas de energía, de transporte,  de industria o de arquitectura. Se analiza cómo esas presiones definen un estado del ambiente -que es la condición actual que tiene esa matriz de agua, aire y suelo- y cuáles son las medidas de respuesta que dispone la sociedad, con todas sus estructuras, para atender los problemas de este círculo que se genera en el proceso de gestión ambiental del territorio.  Sobre esta base -que es la metodología que propone fundamentalmente el Pnuma y se maneja a nivel mundial en este momento-  desarrollamos la propuesta de los indicadores para el caso de Uruguay. En este sentido, entendemos que debemos trabajar sobre 15 indicadores clave partiendo en una primera instancia de macroindicadores relacionados con el aire, el agua, el suelo, la biodiversidad, la pesca, la forestación, la energía y los residuos. Según esto, trabajaríamos sobre 33 indicadores básicos que tienen que ver con los temas de soporte de estas situaciones del Estado, que son el clima, la situación de la atmósfera, de la biósfera, de la litósfera, de los ecosistemas, de las ecorregiones, la situación costero-marina, la situación de los hogares, el desarrollo poblacional, el de la industria y los desastres naturales. Esto daría 33 indicadores adicionales que deben ser trabajados en una primera instancia como indicadores básicos. Para esto se toman en cuenta todos los condicionamientos internacionales que hacen que nuestros indicadores puedan ser comparables con los internacionales, que son estándares y tienen que ver con los performance indicators de la Universidad de Yale, con los índices que maneja el ILAC y los indicadores que se manejan en algunos países del Mercosur, como Brasil y Argentina; todo esto se tiene en cuenta en este rediseño del proceso, sobre el que ya estamos trabajando.

De alguna manera estamos constituyendo esto sobre la base de que hoy tenemos un incremento de técnicos asignados a esta tarea en la Dinama y se contrató a dos especialistas a nivel del sistema independiente de la Dirección General de Secretaría, que son los que coordinan y definen la arquitectura del sistema y sus grandes contenidos. Desde la Dinama se alimenta esto con la información y la base de datos necesarios para esa arquitectura y el desarrollo de esos indicadores. Además, se contrató a otros cuatro técnicos para trabajar específicamente en este desarrollo. Estos seis técnicos, especialmente los cuatro de la Dinama que están en el área de la Dirección General de Secretaría, forman una unidad -que no se ha formalizado pero sí constituido como un grupo de trabajo real- que hemos llamado la Unidad de Evaluación de Calidad Ambiental y, de alguna forma, está trabajando en la alimentación. La idea es que esas cuatro personas no solamente se encarguen de la alimentación de esto, sino que, siendo especialistas en biodiversidad, aspectos químicos, ingeniería o temas de agua, ellos sean los vínculos con cada una de las áreas específicas en que trabaja la Dinama -también se va a hacer con la Dinot y la Dinagua- a fin de incorporar la información de cada una de las áreas y trabajar en ellas con los indicadores.

                Este es un trabajo en construcción y esperamos este año poder entregar un documento del estado del ambiente en base a los indicadores. Será un documento muy primario; somos conscientes de que no tendrá la calidad que pretendemos alcanzar, pero sí constituirá un primer germen que nos permita corregir y avanzar. Básicamente, esa es la estructura. 

Tal como señalaba la señora Ministra, entendemos que la propuesta de una ley de creación de un Observatorio Ambiental Nacional, por un lado, confirma la responsabilidad que corresponde al Ministerio en el manejo de la información y, por otro, agrega un aspecto que nos parece importante y que es el siguiente. Aquí nosotros estamos trabajando sobre la base de indicadores para el estado del ambiente, pero el observatorio brinda -según lo que hemos visto en observatorios ambientales- la dinámica, la cotidianidad y la accesibilidad de la gente a la información de lo que está pasando. Nos parece que esto, organizado y estructurado dentro del sistema de información, con una base de datos confiable  -que es lo que procuramos construir-  va a permitir una interacción con los distintos actores de la sociedad y los tomadores de decisiones y a posibilitar una cercanía mucho más clara en este tipo de diálogos, que en los temas ambientales son sustantivos, pero no hemos podido desarrollarlos. Justamente, creemos que en algunos temas ha habido un desarrollo desequilibrado de la gestión ambiental y, en otros, espacios vacíos en la generación de información.

                Consideramos que un proyecto de ley de creación de un Observatorio Ambiental Nacional nos ayuda, nos refuerza y lo integraríamos si así lo desean los órganos de Gobierno.

SEÑORA MINISTRA.- El proceso de consolidación de este sistema de información prevé la reglamentación; es parte de este proceso de hacer nacer la obligación de que la información fluya y se reglamente su uso. Está en línea con lo que venimos trabajando; solo nos falta encontrar el momento adecuado.

                Por otra parte, debemos procurar no ser rígidos en la definición de los indicadores. Tenemos que generar la flexibilidad como para ir adaptando el informe a las capacidades del país y a la mirada global que va cambiando y profundizando la gestión de esta información. El estado global del ambiente del año 2009 -que se nos entregó hace poco- es muy distinto al que se hizo en 2005. Hay un proceso científico a nivel global de acercamiento a los problemas que va tomando distintas velocidades.

                En definitiva, la otra mirada consistiría en no rigidizar los indicadores y permitir que la ley los marque como instrumentos para poder basarnos en ellos con el fin de seguir adaptándonos.

SEÑOR CHABALGOITY.- Quiero hacer referencia a la intervención del señor Senador Agazzi que marcó una especie de diferenciación a partir de una carta del mes de abril de los vecinos y un conjunto de cosas que deseamos plantear en el día de hoy.

Esa diferencia es real y existe. Seguramente la carta de los vecinos que leí en el mismo documento que los señores Senadores nos mandaron, marca con precisión -digámoslo así- una situación que es producto de un largo proceso de acumulación de los problemas que se generaron, que fueron haciendo carne y provocando las situaciones que ellos demandan.

El tema es que, como decía la señora Ministra, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible nos plantea el desafío de construir colectivamente una respuesta a esa situación, transformando el Plan en el instrumento que va a fijar las reglas de juego transparentes y democráticas para que a futuro no nos encontremos con las contradicciones que planteaba el señor Senador Agazzi. El problema existe; hay una acumulación histórica que lo explica. Lo que se busca a través de esto es que, lo que ahora podría decirse que son papeles pintados, se transforme en la herramienta que nos ayude a encontrar los mecanismos y los ámbitos donde resolver esas situaciones. Ese señalamiento me pareció oportuno porque nos permite explicar con más énfasis qué es lo que se busca a través de este Plan, que es acortar la distancia y dar respuestas.

                En cuanto a lo que señalaba con mucha claridad el arquitecto Rucks en el sentido de ir construyendo todo ese conjunto de indicadores, y la señora Ministra en cuanto a vincularlo a todo el quehacer ambiental del resto de las Direcciones, vale recordar que el país está embarcado en la creación del Sistema Nacional de Información Territorial que mandata la Ley de Ordenamiento Territorial. La creación de una infraestructura de datos espaciales vincula a un conjunto importante de organismos públicos: los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca,  y  de Economía y Finanzas -a través de la Dirección Nacional de Catastro- la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Dirección Nacional de Topografía, etcétera. Esto permitirá al Poder Ejecutivo  -ya no a nivel de un solo Ministerio-  tener una base común de acceso universal para toda la población, con la georreferenciación de todas las situaciones que se planteen, particularmente las que devengan del levantamiento de los indicadores ambientales que señalaba, con mucha claridad, el arquitecto Rucks. En este momento, a nivel de la IDE se están dando los pasos para que haya una cobertura total del país a escala suficiente -esto es, 25.000 a escala rural y 2.000 a escala urbana- de modo de uniformizar todo el Estado con la misma base cartográfica y geográfica sobre la cual volcar los distintos layers -ya sean los indicadores ambientales, territoriales, de comercio, de inversión, etcétera- que permitan trabajar en tiempo más real todas estas problemáticas.

                Quiere decir que el tema se enmarca en una política de información más global del propio Gobierno nacional.

SEÑOR BARÁIBAR.- En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a nuestros invitados por el excelente informe brindado, porque nos prepara de muy buena manera  para abordar temas complejos, como el proyecto del Observatorio Ambiental Nacional y el de la situación de la zona de Nueva Palmira.

Quiero decir, además, que no resulta una novedad la presentación que han hecho porque recuerdo que en la última comparecencia de la señora Ministra y su equipo también se nos brindó un excelente informe sobre la reunión en Durban y las perspectivas de “Río + 20”. Es una tónica que quiero destacar porque enriquece el trabajo de ida y vuelta de información entre el ámbito parlamentario y el Poder Ejecutivo.

                El otro aspecto que quiero mencionar está relacionado con la referencia de la señora Ministra a la insuficiencia actual de la Dinama para abordar toda la problemática del medio ambiente. Es notorio que cuando se la ubicó como un organismo dentro de un  Ministerio -que tiene otros temas muy importantes de que ocuparse, como la vivienda y el desarrollo territorial- no se tuvo en cuenta la amplitud de la problemática y los escenarios que tendría que enfrentar, que van de la mano de la situación internacional que se está viviendo.

En la mañana de hoy asistimos a un seminario organizado por el Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales -CURI- que dirige nuestro colega, el señor Senador Sergio Abreu, cuyo programa era: “La Economía Verde en la agenda de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20 - Certidumbres y dudas acerca de sus resultados”. Al respecto, el Embajador Rubens Ricupero, Representante-Coordinador del Foro de ex-Ministros brasileños de Medio Ambiente para la Conferencia Río+20; Co-chairperson, junto a Gro Bruntland, del debate sobre economía verde en la Conferencia Rio+20;  ex-Ministro de Hacienda y ex-Ministro de Medio Ambiente de Brasil; y ex-Director General de la Unctad, brindó una excelente conferencia. Tal vez pocas personas tengan la jerarquía del Embajador Rubens Ricupero, quien en el día de hoy me fascinó por su dominio y versación en el tema.

Uno de tres temas que se abordará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (Río+20) es el de la institucionalidad a nivel mundial. El Pnuma se ha visto desbordado por la importancia que ha tomado el medioambiente y, por tanto, se procurará su fortalecimiento institucional a través del nombramiento de sus jerarquías y de autofinanciamiento, apostando  -como dijera el Embajador Ricupero-  a lograr un organismo parecido al PNUD. Esto confirma que desde la Declaraciones de Río y Estocolmo, el tema del medio ambiente ha ganado en los últimos años una jerarquía e importancia muy grandes, más allá de las dificultades mencionadas para abordar los temas y lograr los consensos a nivel internacional que exige un asunto tan urgente.

Por eso, vale la pena mencionar el esfuerzo realizado por el CURI y, al mismo tiempo, observar que las inquietudes y la problemática nacionales están en línea con las  existentes a nivel internacional.

SEÑOR AGAZZI.- Me gustaría realizar algunas preguntas respecto al proyecto de ley, pero antes quiero dejar sentada mi posición personal de que el país debe tener un  Ministerio de Medio Ambiente, porque un conjunto de problemas tan importantes como los planteados ya no caben en la órbita del actual Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pues es algo que no tiene absolutamente nada que ver. Por momentos pienso que, por la importancia de los temas, en ese Ministerio lo que está de más es la vivienda.

SEÑORA MINISTRA.- Ocurre que no se habla de ese tema.

SEÑOR AGAZZI.- Precisamente es lo que debe hacer el Ministerio de Vivienda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por eso afuera existe un Plan.

SEÑOR AGAZZI.- Con respecto al tema en discusión, parece estar claro que hay acuerdo en hacer una caracterización del estado del ambiente en base a indicadores. El proyecto de ley en consideración tiene 26 indicadores inspirados en una metodología de la Universidad de Yale. Sin embargo, me surge la pregunta de si corresponde que en una ley se diga qué indicadores hay que incluir, porque cada vez que aparezca uno nuevo o que el avance científico indique que debe expresarse de otra manera, tendremos que cambiarla. Quizás deban establecerse algunos criterios generales y los indicadores precisos se implementen a través de otra herramienta o por algún decreto que lo reglamente. Eso sí: la ley debe explicitar claramente los conceptos de los indicadores. Creo que la observación está en línea con la visión que acaba de darse.

                Hay otro aspecto en el que se debe profundizar. En el artículo 2º del proyecto de ley se dice: “Créase el Observatorio Ambiental Nacional (OAN), en el ámbito de la Dirección Nacional de Medio Ambiente”. Ahora bien, ¿qué quiere decir “en el ámbito”? Muchas veces en las leyes se utiliza la expresión “en la órbita”. Debemos ver si esto significa que la Dirección Nacional de Medio Ambiente -tal como se señala en el texto- tendrá una relación jerárquica con la Dirección de Medio Ambiente o con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Acá hay un asunto más profundo: qué grado de descentralización implica esto en relación con la estructura del Gobierno nacional. Según se nos ha explicado, en la actualidad hay un Sistema Nacional de Información Territorial que se ubicó en la Dirección General de Secretaría porque compete a distintas Direcciones del Ministerio.  Ese sistema está ubicado en la organización institucional del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; no hay ninguna duda de que es responsabilidad política de esta Cartera llevar adelante las directivas pertinentes. Ahora bien, se propone la creación de otra estructura y se establece en el proyecto que estaría “en el ámbito de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, por lo que pienso que quizás se requeriría un análisis un poco más profundo sobre la descentralización del Estado, es decir, sobre qué quiere decir esto y si realmente la iniciativa pretende que la relación del Gobierno con este Observatorio sea distinta a la de una dependencia jerárquica. No sé si este aspecto ha podido ser analizado, pero en lo que me es personal lo considero importante porque también podríamos estar hablando de un Observatorio Ambiental Nacional dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ya que, al fin y al cabo, ese observatorio podría adoptar una forma jurídica propia que habría que definir con más precisión. Lo que me llama la atención es que  no se menciona que sería dependiente del Ministerio sino que estaría en su ámbito.

                En definitiva, me gustaría saber si la señora Ministra y sus asesores han analizado el tema relativo a la ubicación del observatorio en la institucionalidad y qué relación -o, en todo caso, independencia- tendría con el Ministerio. Tal vez se pueda profundizar al respecto y es posible que este sea un diseño distinto.

SEÑORA MINISTRA.- Creo que el señor Senador plantea la discusión acerca de por dónde pasa el fortalecimiento del Ministerio: si por la creación de un macroministerio con competencias en la gestión ambiental vinculada a la ganadería, la pesca, etcétera, o por la creación de un sistema. Cuando hablamos de la creación de un sistema con una gestión ambiental no piramidal sino básicamente transversal, debemos tener en cuenta que el manejo de la información enquistado en una autoridad no es lo que nos permite el gerenciamiento del sistema. Creo que lo que discutiremos en este 2012 es si estamos maduros como Estado  para depositar en esa autoridad ambiental nacional de la que hoy tenemos su semilla en lo que es la Dinama…

SEÑOR PRESIDENTE.- Por ley, la autoridad es la Dinama.

SEÑORA MINISTRA.- Me refiero a si estamos maduros para dar esos pasos.

                Entonces, la discusión acerca de cuál es el vínculo del manejo de la información con el Ministerio o con la  Dinama no está descolgada de esa otra discusión relativa a cómo se vincularía la Dinama o la autoridad ambiental nacional con el resto de los organismos competentes. Nosotros tenemos la propuesta del sistema, pero hay que discutir a nivel del Poder Ejecutivo y a nivel político si este es el momento adecuado y si la gestión ambiental sectorial está lo suficientemente madura como para ir a una coordinación. Me parece que la creación de este mecanismo de manejo de la información nos va a ayudar a madurar porque contribuiría a poner en común las fortalezas y las inconsistencias.

Todavía no  hemos iniciado la discusión interna del sistema; ahora estamos elaborando esa propuesta de fortalecimiento de la transversalidad interna. Nos encontramos en el proceso de plantear en esta semana a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina Nacional del Servicio Civil ese esquema de reinstitucionalización. Claramente, en esa propuesta planteamos la implementación de una gestión de la información en esa nueva institucionalidad a través de un vínculo mucho más fuerte entre las tres Direcciones.

No sé si lo que he dicho ha quedado claro.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Está muy lejos de nuestro ánimo sugerirles alguna tarea, pero tal vez sería importante para nuestra Comisión que el Poder Ejecutivo o el Ministerio planteen observaciones o propuestas concretas sobre este proyecto de ley, o incluso presenten otro, porque ello nos permitiría seguir avanzando luego en nuestro trabajo.

SEÑOR BARÁIBAR.-  Es una muy buena idea, señor Presidente.

SEÑORA MINISTRA.- Si bien abordaremos el tema relativo a la situación de Guichón junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca,  queremos entregar a la Comisión la información que hemos traído relativa a los agrotóxicos.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Asimismo, les pedimos que hagan llegar a la Secretaría el material que trajeron sobre los temas que abordamos en el día de hoy a efectos de repartirlo entre los miembros de la Comisión.

SEÑOR RUCKS.- Brevemente quisiera decir que el informe es bastante completo, pero como justamente planteábamos la posibilidad de concurrir con las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para tratar este tema, nos concentramos estrictamente en la preocupación de la población de Guichón,  relativa a la calidad del agua potable. En ese sentido, tratamos de coordinar con las distintas instituciones que tienen responsabilidad en el tema -como la OSE, la Ursea y la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca- para tener una visión acerca de lo que está pasando en esa localidad.

                Queremos trasmitirles tranquilidad en el sentido de que se han realizado análisis de trazas para estudiar la existencia de posibles agroquímicos o contaminantes orgánicos en el agua potable de la UPA de Guichón. En el material que entregamos a la Comisión figuran los análisis realizados por la OSE y los parámetros utilizados para realizar la medición. Hay alrededor de quince parámetros para la identificación de agroquímicos específicos y de sustancias activas concretas que demuestran que no se encuentra la traza de ninguno de estos elementos en el agua potable de Guichón. Nos parece importante dejar claro este punto, porque en él coinciden la Ursea y la OSE.

                Por otro lado, queremos expresar a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente que acordamos un plan de trabajo con los vecinos de Guichón para llevar a cabo un monitoreo de la cuenca y abordar una serie de actividades que ellos nos plantearon a través de una propuesta que incluye doce puntos.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Agradecemos la presencia de la señora Ministra, la señora Subsecretaria y los señores Directores. Esta fue una reunión muy fructífera y, como se ha dicho, quedamos muy contentos con el informe brindado, que seguramente nos servirá de mucha ayuda cuando visitemos Nueva Palmira. Creemos que estos insumos son interesantes y nos permitirán tranquilizar a los vecinos de esa zona.

(Se retiran de Sala las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑORA SECRETARIA.- La Facultad de Derecho de la Universidad de la República remite su Memoria Anual correspondiente al período 2010-2011.

La Presidencia del Senado remite copia de la versión taquigráfica de la sesión de la Junta Departamental de Artigas, de fecha 10 de mayo, con las palabras expresadas por el señor Edil Roberto Ribeiro solicitando antecedentes en cuanto a prohibición y/o control de bolsas plásticas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería enviar el texto de la Ley Nº 17.849, sobre Uso de Envases No Retornables, y una copia del proyecto de ley sobre bolsas plásticas presentado en la Legislatura anterior y aprobado por la Cámara de Representantes, que está archivado.

                Continúe dándose cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑORA SECRETARIA.- Solicitud de audiencia de vecinos del barrio Estación, de la ciudad de Minas, a efectos de informar sobre la contaminación ambiental que están padeciendo a raíz de la Calera Cycusa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay inconveniente, los recibiríamos el miércoles próximo.

SEÑOR AGAZZI.- Teniendo en cuenta la experiencia del día de hoy, después de recibirlos tendríamos que invitar a la Intendencia de Lavalleja a los efectos de hablar sobre el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Probablemente así lo haremos, señor Senador.

SEÑORA SECRETARIA.- Por último, en cuanto a lo que se había coordinado, cabe agregar que solo hemos recibido respuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; los de Transporte y Obras Públicas y de Salud Pública no han contestado, y tampoco lo ha hecho Antel.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 19 y 57 minutos.)

 

 

Material proporcionado por el MVOTMA – Primera Parte ”

Material proporcionado por el MVOTMA – Segunda Parte ”

Material proporcionado por el MVOTMA – Tercera Parte ”

Material proporcionado por el MVOTMA – Agua Potable Guichón ”

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.