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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.-  Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 14 minutos.)

                -Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

-“Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros. Creación en régimen de fideicomiso. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta Nº 747/2011. Distribuido Nº 1194/2011.”

 

(Ingresa a Sala la delegación del Congreso de Intendentes.)

 

-Continuando con la consideración del proyecto de ley relativo al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), tenemos el gusto de recibir a una delegación del Congreso de Intendentes, integrada por el señor Intendente Departamental de Río Negro, doctor Omar Lafluf y por el consejero de dicho Congreso, señor Humberto Castro.

SEÑOR LAFLUF.- Antes que nada, agradezco que nos hayan invitado a participar en la discusión de este tema y en nombre del Presidente del Congreso, doctor Carámbula, y del Intendente Zimmer, primer Vicepresidente, pido las disculpas correspondientes por su ausencia. El Intendente Zimmer está reunido con los otros intendentes del Partido Nacional por el tema de las patentes y por esa razón no pudo concurrir en la mañana de hoy. Nosotros estuvimos en la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes analizando este mismo tema y dejamos una carpeta que contiene unos cuantos documentos. En esta oportunidad pretendo hacer lo mismo para que la discusión del tema no sea muy extensa, aunque sí voy a realizar algunas apreciaciones que entiendo importantes.

                Nosotros, como Congreso de Intendentes, no queremos pronunciarnos sobre la justicia o injusticia del impuesto porque nos parece que, en definitiva, no nos corresponde. Sí nos interesa plantear en todos los ámbitos que sea posible la significación que tiene para nosotros el destino de este impuesto. Por eso, lo primero que queremos decir -están todos los datos acá- es que hay un informe elaborado por técnicos de la producción agropecuaria de la zona de Young -por  los ingenieros José María Nin y Óscar Terzaghi- donde se plantea cuál es la situación actual del país. Para dar una idea, quiero decir que en el año 2004 el transporte de la producción agropecuaria en el país, en su totalidad -grano, carne, leche y madera- era de alrededor de 7:000.000 u 8:000.000  de toneladas. En el año 2009 se situó entre las 14:000.000 y 15:000.000 de toneladas y, en 2015, cuando comience a producir Montes del Plata, va a estar entre de 20:000.000 y 22:000.000 de toneladas. Decimos con certeza que hoy en día la producción agropecuaria en el país no tiene tope. Por supuesto que nos alegra enormemente que los problemas que tengamos sean por mayor producción, pero también nos preocupa. Por ese motivo, los Intendentes peleamos por los transportes multimodales: la carretera, el ferrocarril y los puertos. Nos interesa ser muy claros en el tema del destino de este recurso. No hace mucho, el Presidente de la República nos reunió a algunos Intendentes en Anchorena y nos planteó su idea respecto de este impuesto que generaría entre US$ 40:000.000 y US$ 60:000.000. Con eso se crearía un fideicomiso que tendría como destino la caminería rural. Entiendo que  frente  al  destino de los recursos puede haber dos opciones. Hace bastante tiempo -fui uno de los que más trabajé en el tema- planteamos implementar algo similar al Plan Nacional de Silos  que se llevó a cabo en el país hace unos 20 años. A través de dicho Plan se construyeron todos los silos del país -los que luego pasaron a manos de las cooperativas- mediante el aporte de un porcentaje que no recuerdo bien si era del 1% o el 1.5% del total de la producción agropecuaria comercializada. En aquel entonces se creó una Comisión Nacional de Silos administrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por los productores. Esa fue la idea que manejamos y planteamos al Presidente Mujica el año pasado en Anchorena. El impuesto a la concentración de la tierra es otro planteo y como el objetivo es muy parecido, nos sentimos en la obligación de decir que hemos manejado la posibilidad  que mencioné.

Hace tres años en la Rural del Prado el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Aguerre, expresó: “el que rompe, paga”. El Presidente de la Asociación Rural del Uruguay no dijo que se sacara el 1%, sino que preguntó por qué solo los ganaderos debían pagar ese porcentaje. Entonces, está claro que no reclamó la quita de ese 1%, más allá de que siempre lo va a pedir porque el que paga un impuesto lo considera injusto y, por tanto, va a tratar de lograr que se derogue. Eso iba en sintonía con lo que veníamos hablando con las gremiales agropecuarias, las que estaban de acuerdo con que se generalizara un porcentaje. En definitiva, lo que los productores quieren es que su aporte no entre en la bolsa y que tenga un destino. Sin embargo, un impuesto no tiene por qué tener un destino y, por eso, hace 3 o 4 años el ingeniero agrónomo Berterreche, siendo Subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, realizó un trabajo muy bueno para crear una tasa de transporte, pero el error que cometimos fue que lo hicimos solo para las empresas forestales y estas protestaron muy fuertemente. En aquel momento -no recuerdo si fue en 2007 o 2008, durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez- se acordó que en vez de poner la tasa de transporte forestal, se derogara -cosa que valoramos enormemente- la exoneración de la contribución rural forestal. Eso ayudó, pero nunca llegará a ser similar a lo que puede ser una tasa de transporte. Queremos trasmitir a los señores Senadores que para hacer caminería contamos con $ 350:000.000 al año, que los distribuimos de acuerdo a los coeficientes indicados en el Programa 370 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entre las Intendencias se distribuyen US$ 8:000.000, que surgen de la devolución de impuestos a la exportación en rolos establecida durante la anterior Administración, lo que fue una buena medida. Dicha exportación  no agregaba un peso de valor porque el árbol salía del campo pelado y cortado, se enviaba al  puerto y luego al mundo. Por lo tanto, estamos hablando de un total de    US$ 26:000.000 para la caminería del país.

                Cuando se dice que con este impuesto se van a recaudar entre         US$ 40:000.000 y US$ 60:000.000, surgen algunos técnicos -y con esto no quiero ofender a nadie- que dicen: “Con eso no se hace nada”. Quiero decir que lo poco que hemos logrado lo hemos hecho con US$ 28:000.000 y todavía nos falta mucho pero, si es necesario, peleamos con dos escarbadientes. Si    nos dan US$ 40:000.000 o US$ 60:000.000 no vamos a decir que tocamos el cielo con las manos, pero logramos una gran mejora.

Aquí se habla de un fideicomiso de U$S 400:000.000 que hay que manejar, como dijo el Presidente, en una forma muy profesional. La idea es regionalizar el país, pero hay temas que pueden ser regionalizados y otros no.  El asunto no es solo contar con los recursos, sino ver cómo se ejecutan. Para ejecutar hoy US$ 28:000.000 o para ejecutar mañana US$ 60:000.000 hay que contar con un parque de maquinaria que hoy no tenemos. Por lo tanto, la idea es buena y el destino también, pero hay que ver cómo se maneja.

                Esto es lo que tenemos hoy y todo lo que podamos tener de aquí en más para caminería rural, será bienvenido.

Por otra parte, si hay un organismo público que cumple con la ejecución de su presupuesto, somos nosotros. Cuando digo “nosotros” me refiero a todos los Intendentes. Quienes han participado en la Comisión Sectorial de Descentralización saben que los pesos que tenemos  hay que gastarlos; aquí no hay posibilidad de llegar a fin de año porque perdemos esa plata y nos duele mucho que eso pase, porque todos los días tenemos a la gente reclamando en la puerta de la Intendencia. Quiero aclarar que el presupuesto de la Intendencia se ejecuta en el cien por ciento; gastamos hasta el último peso  en caminería, en el Fondo de Desarrollo del Interior, en Uruguay Integra,  y en el PDGM 4, 5, 10 o el que sea. Esto para el Gobierno es una tranquilidad y a veces nos pasamos de la ejecución de los presupuestos y pedimos poder ejecutar un poco más.

                Por otro lado, existen diferencias sustanciales en cuanto a los costos que hoy tenemos. Mientras que en el convenio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se asignan $ 80.000 o $ 100.000 para un kilómetro de caminería en mantenimiento extraordinario, a nosotros nos cuesta $ 140.000 o $ 150.000, y si contratamos una empresa de afuera nos cuesta $ 200.000  o     $ 250.000.

                Por lo tanto, tenemos una partida en dinero y un número de kilómetros para cubrir; no se precisa ser master en economía para darse cuenta de que si el monto no alcanza, el mantenimiento de los kilómetros a atender tiene que ser menor. Por eso, muchas veces reparamos los caminos -no me da vergüenza decirlo- con lo que tenemos y con lo que podemos; y este es otro mérito que avala tener más recursos y mejor equipamiento.

                En lo que tiene que ver con la forma como se va a cobrar todo esto, queremos decir que somos firmes defensores de nuestras autonomías. En este sentido, debemos expresar que lo peor que nos puede pasar es perder la autonomía financiera, y eso no solo está ocurriendo hoy ni data de cinco u ocho años atrás, sino de mucho antes. Por ejemplo, en la década del noventa, a partir de una crisis agropecuaria se rebajó el 30% de la Contribución Inmobiliaria Rural a cambio de una partida nacional y luego se redujo del 3% al 1% el  impuesto a la comercialización de semovientes, también por otra crisis agropecuaria, y a cambio se otorgó otra partida nacional. Por otro lado, hace más de veinte años que se votó la exoneración de la contribución forestal, quita que algunos departamentos sufrimos muy duramente. En Río Negro tenemos 90.000 hectáreas forestadas, de las cuales hay 70.000 en corte, pero no es lo mismo esa superficie que otra del mismo tamaño en Cerro Largo, que tiene árboles que están creciendo y que se van a cortar dentro de ocho años. Entonces, la necesidad de caminería que nosotros tenemos es inmediata, pero quizás la de otro departamento pueda no ser tan apremiante.

                En síntesis, en lo que hace a la autonomía financiera, queremos seguir manteniendo nuestras propias recaudaciones. ¿Por qué? Los señores Senadores lo saben mejor que nosotros: cuando hay una crisis y es necesario hacer recortes, normalmente las que perdemos somos las Intendencias, y eso lo demuestran los antecedentes.  Por otro lado, queremos seguir teniendo el control de estos impuestos. Vivimos en lugares chicos y tenemos poblaciones pequeñas, por lo que sabemos qué se produce. Aquí surge otro tema: el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la OPYPA, sabe exactamente dónde se obtiene cada kilo de producción agropecuaria en el país, conoce hasta el padrón donde se producen la soja , el trigo, la carne, los granos, la madera, y en qué etapa de cultivo están.

Quiere decir que, aparte de destinar recursos, hay que hacer una planificación muy grande en el país: hay que definir qué caminos construir y cómo hacerlos e inclusive,  hay que hacer de una forma muy distinta  a la actual cierta caminería, pero para ello hay que invertir muchísimo más.

                Asimismo, hay que analizar todo lo relativo al transporte multimodal. Tiene que haber un organismo -si no me equivoco, ahora se creó el INALOG, que no es al que nos referíamos en el Congreso Nacional de Intendentes- que centralice la logística del transporte total; no me refiero a que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas maneje las carreteras y la hidrografía,  la CARU y los puertos y AFE, el ferrocarril. Si se necesita llevar una producción de Sarandí de Navarro a Algorta por tren, de allí hasta Fray Bentos por camión y de esa capital a Nueva Palmira por barco, alguien tiene que pensar en la totalidad de esa logística.

                Asimismo, quiero decir qué es lo que recibimos de la producción agropecuaria, y en esto tampoco entro -aunque tengo un concepto personal- simplemente, porque conozco el paño. Lo que cobramos es la Contribución Inmobiliaria Rural  y voy a dejar la información sobre los padrones de mi departamento, que no son de las peores tierras. Por supuesto que tampoco estoy haciendo cuestión acerca de que una hectárea de campo valía US$ 400 y ahora vale US$ 4.000 -no entro en esa discusión- pero sí digo que una hectárea de tierra en mi departamento está pagando entre $ 80 y $ 100 por año de Contribución Inmobiliaria Rural. También voy a dejar el informe acerca de los cálculos de lo que significaría el aumento -sacamos los padrones que están entre 2.000 y 5.000 hectáreas, y 5.000 y 10.000, ya que más de 10.000 no tenemos- si es que se logran los US$ 12, US$ 16 y US$ 18, comparado con lo actual, y también -aunque creo que en su momento no estaba atado, pero lo hemos hablado con el señor Presidente- lo que sucedería si se saca el 1%. De concretarse este tributo, en el caso de Río Negro la recaudación aumentaría aproximadamente veintidós millones al año y, de quitarse el 1%, dejaríamos de recaudar diecinueve millones, que es lo que significa este porcentaje en el departamento de Río Negro.

                También voy a dejar un trabajo, hecho por Raúl Otegui, a fin de que se vea qué cantidad de empresas están involucradas  en este porcentaje del 1% y  en qué estrato están. Otro ejemplo es el caso que se da ahora en la industria frigorífica, donde unos cuantos tienen la producción en feed lot; el problema aquí es que se trata del mismo número de DICOSE y, por lo tanto, no hay venta. Me parece que el mencionado trabajo ilustra bastante bien lo que esto significa como impacto a nivel de país y de empresas.

                Por supuesto que también voy a dejar el trabajo realizado por los técnicos, que ya he mencionado, y el número de los padrones. A su vez, hay que tener en cuenta que contamos con 40.000 hectáreas en Río Negro ocupadas por promitentes compradores del Instituto Nacional de Colonización, que no pagan.

                Por otro lado, no vamos a entrar en la discusión de los lagos, que es un viejo tema sobre la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural de las áreas ocupadas por los espejos de agua.

                Con respecto al tema del 1%, le planteamos al Presidente Mujica que, para no perder la recaudación por parte de la Intendencia -cabe destacar que es un impuesto que para nosotros es como un tambo que nos provee de leche todos los días- lo sigamos cobrando a cambio de entregar al productor que lo paga un certificado que pueda descontar de otro impuesto o de la forma que se entienda conveniente. Lo cierto es que queremos seguir teniendo esa recaudación en nuestras manos porque, además, tiene otro componente que es el control, a través de la venta de la guía de ganado, de quien está al día con el pago del impuesto. Es decir que el productor que va a comprar una guía para comercializar el ganado debe estar al día con el pago del 1%, por lo que nos parece importante contar con dicho control.

                En el análisis realizado por un empresario argentino, uno de los dueños de Agronegocios del Plata -que junto con El Tejar probablemente sean quienes poseen la mayor cantidad de hectáreas agrícolas en el país, creo que alrededor de 100.000 cada uno- decía que no tenía una sola hectárea en propiedad y que, por lo tanto, esto no lo iba a pagar él, sino el propietario del terreno.

                En cuanto a las extensiones de campo, el país ha tenido un crecimiento exponencial en la producción agrícola, que requiere cien veces más mano de obra que la ganadería. Así, por ejemplo, serían suficientes tres o cuatro personas para manejar 2.000 hectáreas de ganadería sin problema, mientras que para 2.000 hectáreas de agricultura se necesitarían más de cuarenta o cincuenta trabajadores. En mi pueblo -en el que me desempeñé durante toda mi vida en la órbita de las cooperativas agropecuarias- tuve oportunidad de conocer a muchos productores que se fundieron trabajando mal la agricultura. Por ejemplo, hacían cola en el Banco de la República para que les otorgaran un crédito porque querían plantar 200 hectáreas de trigo. Los gerentes estudiaban las carpetas y cuando autorizaban el crédito ya había pasado la época de siembra, además, si se había pedido 20.000 kilos de fertilizantes, se les autorizaba 10.000. Ese productor no sabía hacer más que eso durante la época en que el Banco República le otorgaba el crédito; además, si había que echar 100 kilos de semillas por hectárea y le habían dado 60, echaba esa cantidad. Actualmente, esos productores tienen equipos nuevos y les venden servicios a estas empresas. Aclaro que con esto no estoy defendiendo a la empresa; simplemente, estoy dando un dato de la realidad porque hoy Uruguay tiene una situación de producción de granos muy diferente a la que me tocó manejar hace diez años en la cooperativa agropecuaria. Recuerdo que cuando los chinos nos preguntaban cuánta soja teníamos, había que responderles: 50.000 o 60.000 toneladas, y aún así ellos manifestaban con mucho respeto que no valía la pena seguir hablando del tema. Hoy Uruguay va a producir 2:000.000 de toneladas de soja y como cifra récord terminará cosechando 1:800.000 toneladas de trigo.

SEÑOR ABREU.- El trigo ahora bajó.

SEÑOR LAFLUF.- Es verdad que está a US$ 190 la tonelada, pero su precio tradicional siempre fue de US$ 110; lo que sucede es que el precio de los insumos no baja en el mismo momento que el del grano que, de repente, en una semana, puede sufrir una disminución muy importante.

                Pido excusas a los señores Senadores por haberme extendido tanto, pero quiero decir que los Intendentes estamos a la orden para aportar, ayudar y trabajar sobre estos temas.

También les agradezco que nos permitan traer a la mesa estos asuntos, que representan la cruda realidad de lo que nos está pasando. Todos debemos sentirnos felices por estar sufriendo los problemas del crecimiento, que deben ser abordados rápidamente.

Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Antes que nada, quiero agradecer la presencia del Congreso de Intendentes, en especial de sus representantes. El señor Intendente Lafluf hizo una exposición muy clara y sistémica de los temas vinculados a los aspectos de la producción y, fundamentalmente, a la relación entre la producción y su aumento, a la forma de explotación y, en particular, al sistema de transporte. Pero también es cierto -y esto lo compartimos- que existe una vieja discusión sobre hasta dónde se puede manejar la autonomía en materia financiera y cómo, paulatinamente, los Gobiernos Departamentales van perdiendo la autonomía financiera por disposiciones de toda  naturaleza. Y con esto pasaría a la primera interrogante. Hemos visto el marco legal y constitucional que regula un fondo de esta naturaleza o los impuestos que se recaudarán si se aprueba este proyecto de ley. El inciso 1º del artículo 297 de la Constitución de la República establece que la cuantía de los impuestos adicionales no podrá superar el monto de los impuestos más importantes. Al parecer, este no sería el caso. La interrogante sería si se trata de un impuesto nacional. En tal caso, me gustaría saber si eso supondría la recaudación del Poder Ejecutivo o de las autoridades centrales, a los efectos de redistribuirlo. Entonces, quisiera saber si se concibe o no como un impuesto departamental, porque el artículo 1º del Código Tributario establece que “Son tributos departamentales aquellos cuyo sujeto activo es una administración departamental, cualquiera fuere el órgano competente para su creación, modificación o derogación. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, se aplicarán a estos tributos las normas de competencia legal en materia punitiva y jurisdiccional”. Entonces, una interpretación sería que si se recauda determinada suma estos impuestos serían departamentales, tendrían un destino departamental, y un mecanismo de distribución a través de un fondo. Tenemos cierta discrepancia respecto a la aplicación del artículo 230 de la Constitución de la República sobre el alcance y manejo de estas cifras.

Como dijo el señor Intendente, existen distintas recaudaciones y formas de explotación según las productividades o clasificaciones en todo el territorio nacional, y cada departamento tiene necesidades inmediatas y otras que podrían esperar. Un ejemplo es el que puso el señor Intendente sobre la forestación de Río Negro y la eventual forestación y proyección futura del departamento de Cerro Largo. Entonces, me pregunto: ¿el Congreso de Intendentes tiene una posición tomada sobre la naturaleza de este impuesto? ¿Se lo considera departamental? ¿La recaudación se realizará por cada Departamento para  atender sus necesidades en función de un criterio de distribución? ¿O se entiende que podría manejarse con un fondo -o por otro método sobre el que tenemos nuestras observaciones legales- que determine otra distribución, basada en criterios de integración, tal vez desde el propio Poder Ejecutivo? Para nosotros esto es muy importante porque el criterio para aplicar el fondo a los efectos de distribuir los recursos no es el mismo que para definir legalmente y con clara decisión que los recursos que se obtengan van a ser destinados directamente a cada departamento en función de sus necesidades.

No solo compartimos los aportes realizados por el señor Intendente Lafluf sobre el transporte multimodal, sino que acompañamos la enorme preocupación de carácter nacional sobre el retraso en el tema de la infraestructura. El Intendente -y este es el otro aporte que quería hacer- se refiere a los menguados recursos que hay para infraestructura. No podemos comparar los US$ 64:000.000 con los US$ 28:000.000 que se manejan. Pero, en realidad, los recursos que necesitamos a nivel nacional para la modernización de toda la infraestructura y el avance que tenemos que realizar, complementando el concepto de transporte multimodal, entre ellos el ferrocarril -y dejemos este último entre paréntesis por todas las dificultades que tiene- son de cifras que superan los varios ceros al hablar de millones de dólares. Una parte del presupuesto está adjudicado a alguna de esas opciones y otra está dentro del proyecto de ley de asociación público privada, aunque  cómo se administran los recursos es ya harina de otro costal.

                La pregunta que quiero hacer tiene que ver con cuál es la visión del Congreso de Intendentes sobre la naturaleza jurídica de estos fondos, si corresponden a impuestos departamentales o si, simplemente, acompañan el sistema del fondo, de cuya naturaleza jurídica tengo mis dudas. De todas maneras, repito, me gustaría escuchar su opinión porque la exposición que ha hecho el Intendente Lafluf ha sido muy completa y, además, de una enorme franqueza y realismo que debemos reconocer en la Comisión.

SEÑOR LAFLUF.- Nosotros en realidad no hemos analizado claramente la definición. No obstante, siempre decimos que todo lo que las Intendencias podamos recaudar directamente, bienvenido sea. Hace dos años, durante la Administración del doctor Vázquez logramos un aumento sustancial de la contribución rural, ya que conseguimos un 35% de la fijación que tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Normalmente lo que se ajusta es el IPC, pero ese año hubo un planteo del Poder Ejecutivo en el sentido de tener en cuenta el aumento del valor de los campos, de la producción y de la rentabilidad para hacer algo diferente. Fue así que, repito, se aumentó un 35%. Asimismo, quiero que quede claro lo que eso significa a nivel de departamentos como los nuestros o cualquiera de los otros, ya que se trata de un dinero muy importante. Con respecto a la percepción sobre la recaudación, que era lo que preguntaba el señor Senador Abreu, honestamente, no me animo a trasmitir una opinión en nombre del Congreso. Lo que sí decimos es que lo queremos administrar nosotros, y vuelvo a repetir lo de hoy, porque lo queremos administrar con el control que hoy nos hace el Poder Ejecutivo a través de la Comisión Sectorial de Descentralización. Esta Comisión sabe exactamente cómo se gasta cada peso que entra a la Intendencia. Hace poco escuchaba que el Codicén, en octubre, tenía una ejecución del 62% de su presupuesto. Nosotros todos los meses nos controlamos mutualmente con la Comisión Sectorial de Descentralización -el señor Senador Rubio puede dar fe de ello- hacemos planillas con la ejecución de cada departamento y, así, sabemos cuánto falta y qué proyectos hay, sobre todo el que tiene que estar pronto antes de fin de año.

                Otro tema que seguramente trataremos en otra reunión tiene que ver con la razón por la que queríamos una tasa de transporte. Quizás esto sea un reconocimiento a nuestra “uruguayez”. A nosotros nos sirve que la Comisión Sectorial de Descentralización nos controle todos los meses para saber cuánto llevamos ejecutado, porque eso nos obliga. Aclaro que esto lo digo en nombre propio, porque no creo que todos los Intendentes estén de acuerdo. Pero cuando todos los meses nos reunimos y nos dicen cuánto vamos ejecutando, me siento mejor porque es lo que prefiero. La tasa nos obliga a hacer eso porque, como todos saben, a diferencia de lo que sucede con los impuestos, las tasas deben tener una razonable equivalencia con el servicio que se presta.

                Asimismo, quedará para conversar en otra oportunidad el tema del desarrollo rural, aunque esto tiene mucho que ver; quizás uno de los primeros asuntos a considerar sea el de la caminería. Las Intendencias jugamos un papel fundamental en el desarrollo rural; si en el medio rural no existieran MEVIR, la escuela pública y las Intendencias, otro sería el cantar. Si queremos que la gente se quede en el medio rural, hay que darle calidad de vida y esto es parte importante de ella.

                De todas maneras, con respecto a la pregunta del señor Senador Abreu, honestamente, no puedo opinar en nombre del Congreso de Intendentes porque no lo sé.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si nadie más desea hacer uso de la palabra, agradecemos la  presencia de nuestros invitados; sin duda, su participación ha sido un gran aporte, lo que  demuestra que hicimos bien en invitarlos.

SEÑOR LAFLUF.- Les dejamos un material que incluye una resolución del Congreso de Intendentes con tres puntos referidos a este tema.

(Se retiran de Sala representantes del Congreso de Intendentes.)

(Ingresa a Sala una delegación del Instituto Nacional de Colonización.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida al Instituto Nacional de Colonización que, obviamente, tiene que ver con el proyecto que estamos estudiando ya que a él se destina una parte importante de este impuesto a la concentración de los inmuebles rurales. En nombre del Instituto, están presentes su Presidente, el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche; su Vicepresidente, ingeniero agrónomo Gonzalo Gaggero, y su Directora por la Enseñanza, ingeniera agrónoma Nilsa Pérez.

SEÑOR BERTERRECHE.- Antes que nada, quiero agradecer la invitación de la Comisión al Instituto de Colonización, mas aún para tratar este tema que es, en esencia, por el que fue creado el Instituto en 1948.

                Creo que ya nadie  -o muy pocos- en esta época deja de ver el problema que representa la concentración de tierra -un bien que, además, no es reproducible- que genera exclusión y va en contra de un modelo de desarrollo rural, poniendo en cuestionamiento -en algunos casos- la soberanía y quizás también la seguridad alimentaria. Asimismo, dicha concentración es de dudosa eficiencia en relación a la agricultura familiar.

                El alerta sobre  esta situación no es un asunto exclusivamente nacional pues de esto se está discutiendo en todo el mundo. De hecho, los organismos internacionales dependientes de las Naciones Unidas, como la FAO y el Banco Mundial, han trabajado y etiquetado esta manera de acceder a la tierra como “land grabbing”, que significa acaparamiento de tierra.  A nivel mundial, en estos momentos se están realizando  foros  sobre los problemas que se pueden generar por la concentración excesiva, tanto por parte de los Estados como de empresas multinacionales.

                El Instituto Nacional de Colonización fue creado en 1948, y en el artículo 1º de la Ley Nº 11.029 se expresa: “A los efectos de esta ley, por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural.” Esencialmente por esto, el Instituto de Colonización apoya todo tipo de medida que tienda a disminuir la concentración de la tierra en nuestro país.

                A nivel mundial sucede que los Estados están comprando tierras de otros Estados y concentrándola, pero ése no es el caso de nuestro país gracias a que ya existe la Ley Nº 18.092 -a veces mal llamada ley de sociedades anónimas- que prohíbe la propiedad de la tierra en manos de sociedades anónimas y que evita que los Estados puedan adquirir tierra nacional.

                En cuanto al proyecto de ley en cuestión quiero señalar que en la Sección II se establece un reaforo, que consideramos de justicia, respecto a aquellos compromisos de compraventa anteriores a la reforma tributaria de 2007. Además, los fondos están establecidos, según lo definido en la Cámara de Representantes, con destino al Instituto Nacional de Colonización, más allá de que sabemos que existen algunas posiciones acerca de que sea genéricamente utilizado en desarrollo rural. Por nuestra parte queremos decir que este Instituto, por ser un ente de la tierra, que es el mayor costo de las políticas de desarrollo rural, constituye una formidable herramienta para ello y está esencialmente alineado a las políticas del resto del Poder Ejecutivo en cuanto a desarrollo rural. Esto, además, va a facilitar la gestión de los recursos generados y permitirá focalizar las medidas vinculadas a la tierra.

                En cuanto a la Sección I, cabe hacer una aclaración ya que hemos escuchado en la prensa y en diferentes discusiones, comentarios acerca de que no se trataría de un impuesto al agro, sino a la concentración de inmuebles rurales y, justamente, hay que remitirlo a eso. Se trata de un impuesto que, desde nuestro punto de vista, impactará positivamente en todo el desarrollo rural y, por lo tanto, nos negamos enfáticamente al concepto de que se trate de un impuesto al agro. De hecho, la agricultura familiar se verá netamente beneficiada directa e indirectamente por este proyecto de ley y así lo manifiesta la gremial más importante del agro vinculada a la agricultura familiar, que es la Comisión Nacional de Fomento Rural, sin dejar de entender que existen productores familiares afiliados al resto de las gremiales.

                Como mencioné, uno de los mayores impactos de esta iniciativa, es que se volcará mayoritariamente al sector agropecuario e incidirá positivamente en el desarrollo rural. Por otra parte, se ha discutido -lo hemos leído en las versiones taquigráficas de la Comisión- si la oportunidad es ahora, y estamos cada vez más convencidos de que sí lo es. En primer lugar, no podemos estar ajenos a las discusiones que se están dando a nivel de toda la comunidad internacional por estos mismos temas y en todos los países del mundo. En segundo término, qué más seguro que invertir en tierra por parte de las multinacionales y Estados, cuando los mercados son volátiles. ¿Qué da más seguridad que invertir en tierras, cuando no se sabe cuánto valdrá  una acción en una bolsa al otro día y casi hay una suerte de timba permanente en ese tipo de intercambios de capital? No hay ninguna inversión más segura; tal vez no sea la más rentable, pero no hay duda de que lo más seguro es comprar tierra. Por eso mismo, en este momento tenemos que atacar ese tema.

                Por último, si estamos todos de acuerdo en que los efectos de la concentración son negativos, que en el mundo se está trabajando en esto y que esta es una más de una serie de leyes que se están planteando, desde la Administración anterior, para regular los problemas de la concentración de la tierra, creemos que este es el aporte más efectivo que se está dando. De no ser así, nos quedaría optar por la limitación lisa y llana de la propiedad  de la tierra; desde el Instituto Nacional de Colonización creemos que apostar al desestímulo es una opción más amigable y que tendrá impactos más positivos.

                Gracias, señor Presidente.

SEÑOR GAGGERO.- Gracias por recibirnos.

                Para nosotros esto es una piedra angular en el futuro del Instituto Nacional de Colonización, a efectos de continuar desarrollando políticas sociales que mantengan arraigada a esa clase trabajadora rural que lleva adelante esa filosofía de vida y esas condiciones de trabajo tan particulares que tiene el campo, que no son fácilmente adquiridas por los que van de la ciudad al campo, sino que solo cuando se nace, se crece y trabaja en él se es capaz de realizar esa labor diaria y constante. Justamente estas familias, ante la capacidad económica de hoy y los enormes valores de la tierra, no tendrían  ninguna opción de mantenerse en su medio rural, salvo las que brinda el Instituto. Creo que la sociedad gana mucho al mantener a esas familias rurales trabajando en el campo dado que, si comparamos la inversión a realizar en cualquier puesto de trabajo nuevo -fábrica, industria, etcétera- veremos que es absolutamente distinta, así como el tiempo que lleva insertar a esas familias en la sociedad, donde seguramente la mayoría queda a la vera del camino y solo una o dos tienen posibilidad de desarrollar su acción. En ese sentido, creo que con este impuesto, que es pequeño y que realmente complementa la reforma tributaria -lo vimos a partir del año 2007, cuando se produjo la gran revalorización de la tierra y los empresarios que compraron tierras, no para trabajarla sino para que fueran explotadas por terceros, y obtuvieron lícitamente enormes ganancias- los grandes empresarios podrán contribuir al mantenimiento de una sociedad rural más justa y con mayores oportunidades a través de las políticas sociales que lleva adelante el Instituto Nacional de Colonización, que se enmarcan en un ámbito de acuerdo nacional y de desarrollo plural de la sociedad uruguaya. Por tanto, vemos esta oportunidad con excelentes ojos y, además, queremos trasmitir a los señores Senadores que las políticas del Instituto están siendo coordinadas perfectamente por el Gobierno y los miembros de la oposición allí representados. Destacamos que se compran tierras en lugares donde se necesitan porque son imprescindibles para el desarrollo rural. Si bien hacemos un pequeño aporte, es constante, con claridad, justeza y justicia social, otorgando tierras a los trabajadores rurales que más las necesitan. Esto es lo que se está haciendo en la actualidad y lo que se seguirá realizando en el futuro, seguramente con más amplitud gracias a lo que se recaude por este impuesto. Por lo tanto, como una de las últimas acciones a efectuar durante este año, nos complace mucho estar hoy en esta Comisión intentando incentivar a los señores Senadores a que realicen un tratamiento urgente de este tema con el fin de generar los recursos necesarios a esos efectos.

                Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Antes que nada, damos la bienvenida a los representantes del Instituto Nacional de Colonización, a quienes nos interesa plantear algunas preguntas que nos ayudarán a situarnos en los números que se manejan porque a veces, como tenemos tantos temas para abordar, perdemos la necesaria precisión en algunos aspectos.

                Respecto al número de productores, en las versiones taquigráficas aparecen dos o tres opiniones, pero sabemos que el resultado final depende del censo que todavía no se ha terminado de hacer. Hay quienes afirman que en la actualidad hay más productores, mientras que otros opinan lo contrario; algunos hablan de 58.000 productores en el Uruguay frente a 56.000 que había en el pasado, en tanto otros dicen que ese número ha bajado. Más allá de la discusión sobre los números, aparentemente, de esos cincuenta mil y pico de productores rurales, unos 20.000 se dedicarían a la ganadería. El señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca hizo un especial alegato a favor de la posición que sostuvo hace mucho tiempo el doctor Batlle -al menos, esta es mi opinión- cuando afirmó que “la vaca le gana”, planteando así que la ganadería es uno de los elementos más importantes en la proyección de nuestra estructura productiva. También en esos números el Instituto Nacional de Colonización juega un papel muy importante porque, además, es un elemento de distribución de la tierra pero ajustado, ahora sí, a determinadas variables, distintas de las que existieron durante muchos años y por las que a veces estructuras tributarias como el Improme eran vistas como impuestos finalistas. Lo cierto es que hoy, desde el punto de vista finalista, los impuestos son objeto de algún tipo de discusión, al menos dentro del propio Gobierno, con relación a algunos aspectos de la neutralidad tributaria en lo que hace a efectos redistributivos. Aclaro que estoy diciendo todo esto en un intento de tomar una fotografía del tema, pero reconozco que quizás esté equivocado.

                ¿Qué vemos todos los días? Que la modernización de la estructura productiva del país implica un aumento de la escala de la producción, especialización técnica de altísimo nivel, nuevas formas de organización y gestión, concentración de negocios e, inclusive, alianzas estratégicas y dinamización de aspectos vinculados al sector agropecuario, como pueden ser la economía de los servicios o todo lo que va creando una exigencia importante en la calificación del empleo. Evidentemente, el empleo rural ya no es igual al de antes y eso, obviamente, está vinculado al avance en la escala de producción que refleja, entre otras cosas, la tenencia, el arrendamiento o la propiedad de enormes extensiones de tierra por parte de empresas que están apostando a la rentabilidad, más allá del valor de la tierra.

Sin perjuicio de entender que no se pueden negar esas inversiones -en las que, como hasta la propia ley menciona, es difícil identificar a los accionistas de una empresa, pero precisamente tienen una exoneración en el caso denominativo porque, de pronto, son grandes inversiones- siempre nos preocupa cómo en un proyecto de desarrollo rural una agricultura familiar puede ser compatible con una política a desarrollar desde el Instituto Nacional de Colonización. Teniendo en cuenta esas características, quisiera saber cuántas hectáreas tiene actualmente el Instituto Nacional de Colonización y cuáles son los criterios que utiliza para distribuir la tierra en función de la necesidad de nuevas tecnologías y formas de explotación, entre otros aspectos. 

La otra discusión que se plantea -también la hemos escuchado en este ámbito- se relaciona con que algunas gremiales, como la Federación Rural dicen que este impuesto tendrá un impacto directo sobre el resto de la cadena familiar o de la de productores, mientras que la otra gremial que citaba el señor Presidente, precisamente opina lo contrario. Más allá de eso, me gustaría saber cómo ve el Instituto Nacional de Colonización -en su política de colonización y con el número de hectáreas que tiene a disposición- el desarrollo de una economía familiar que no consista solamente en distribución de tierras, sino también en acomodar o en ajustar esa política al crecimiento personal de la familia rural. Es más; me interesa conocer la opinión filosófica en el sentido de qué prevalece en el pensamiento del Gobierno, si es tan importante o igual el liderazgo de una empresa internacional en el avance de la tecnología, que el de las empresas locales en materia de desarrollo rural.

SEÑOR BERTERRECHE.- Aclaro que la pregunta que formuló el señor Senador Abreu me la hago todos los días, así como también se la hace el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, pero quiero hacer algunas puntualizaciones..

                En cuanto a  la discusión sobre si existe o no concentración de la tierra, aclaro que estamos convencidos, tal vez por una suerte de acción empírica       -porque salimos mucho a recorrer el territorio y vemos lo que está pasando en nuestra campaña, y también porque tenemos los datos de los procesos de compraventa que llegan al Instituto, en virtud de lo que establece el artículo 35- de que el agro está cada vez más concentrado y extranjerizado. De todas maneras, me parece que debemos esperar a conocer los resultados del censo agropecuario que, en definitiva, será el que laude esta discusión que no vale la pena traer aquí faltando tan poco para que aparezcan los primeros resultados.

                En cuanto a la metáfora de “la vaca le gana”, es evidente que se está hablando del conjunto del sector agropecuario. Por supuesto que por ser un profesional formado en la Universidad de la República en el área agropecuaria -al igual que los dos compañeros que integran esta delegación- estoy convencido del papel fundamental del sector agropecuario en la economía y en la sociedad en su conjunto. Sin pretender ingresar en una contradicción, cambiaría esa metáfora por la de que “la agricultura familiar y los asalariados rurales le ganan”, porque son los verdaderos generadores de la riqueza. Es cierto que las realidades de hoy implican un aumento en la escala de producción, en la coordinación de los factores de producción para disminuir los costos, así como en la tecnología. Parecería que las grandes empresas que concentran tienen más aptitudes para acceder a todos esos factores de producción en una mejor situación de competitividad, pero esto no significa que la agricultura familiar y los asalariados rurales organizados que acceden a la tierra, si se les levantan las restricciones por ser agricultores familiares y asalariados rurales organizados, no vayan a ser más eficientes que las empresas del agronegocio. No quiero plantear este aspecto como una contradicción porque no lo es, pero pienso que debemos trabajar para que el conjunto se desarrolle a favor de un modelo de desarrollo rural.

                En la Administración anterior, presidida por el ingeniero Gaggero, el Instituto creó la Colonia productora de caña “Raúl Sendic Antonaccio”. Si bien teníamos las dudas lógicas que pueden surgir en un país que está en el límite del nivel agroecológico para producir caña y en el que hay productores cañeros empresariales, hoy es la que produce con mayor eficiencia y en promedios que superan el de producción de azúcar por hectárea del Estado de San Pablo. Eso ocurrió por lo menos este año, lo que fue muy bueno. Es posible que no sea algo para tomar como modelo ni  como que siempre ocurre de esa manera pero, de hecho, hoy en esa Colonia viven cincuenta y cinco familias -cuyos integrantes eran productores asalariados cañeros- que están produciendo por encima del promedio registrado en el Estado de San Pablo. Quiero aclarar que esos son los valores de ALUR.

SEÑOR ABREU.- Según datos que tengo hace un tiempo, al comparar la producción de azúcar por hectárea del Uruguay con la de Brasil, advierto que la de nuestro país era de 6.000 toneladas, mientras que en la de nuestro vecino del norte se producían 12.000 o 15.000 toneladas. Me gustaría saber en qué situación estamos actualmente y si esa cifra aumentó.

SEÑOR BERTERRECHE.- La producción en la Colonia es cercana a las 9.000 toneladas, cifra que está muy por encima del promedio nacional. Actualmente, solo esas cincuenta y cinco familias de la Colonia producen el 15% de la caña de azúcar de nuestro país.

                Con estos datos quiero demostrar que a largo plazo no vamos a perder esa competencia con los brasileros debido a las capacidades que se tienen y a la ecofisiología de la propia planta, que se caracteriza por ser de doble siembra.

                Me interesa señalar que si se dan las condiciones para levantar las restricciones existentes a los asalariados rurales organizados y a los agricultores familiares en cuanto a crédito, mercado, tecnología y escala, estos pueden ser tanto o más eficientes que la empresa de agronegocio. Podríamos decir que este es un laboratorio y que el conjunto de la producción de caña de azúcar no es significativa en el país, pero debo recordar que también tenemos la marca en lechería. Un productor familiar, colono, propietario de treinta hectáreas y arrendatario del Instituto Nacional de Colonización de cuarenta hectáreas más, produce 12.400 litros de leche por hectárea, por año, en la zona de Sarandí Grande. Teniendo en cuenta que el promedio nacional es de 2.500 litros anuales por hectárea, aquel lo multiplica casi por cinco y es más eficiente que el de muchos productores empresariales en el rubro de la lechería.

Podemos afirmar que estamos trabajando en rubros tales como el de la caña de azúcar y la lechería. Recientemente participé en la Fiesta del Cordero Pesado, en Sarandí del Yi -es muy recomendable- en donde tuve la felicidad de saber que un campo, comprado en setiembre u octubre del año pasado, se dio a tres gremiales bien diferentes: a CAF, a una de la Federación y a una de la Comisión Nacional de Fomento Rural, todas de pequeños productores de la zona de Sarandí del Yi y  de Villa del Carmen. Ellas ganaron, mejor dicho: arrasaron con los premios otorgados en la Fiesta del Cordero Pesado, tanto en pie como faenado.

La producción familiar demuestra que es altamente eficiente y que compite cuando se dan los conceptos de escala, tecnología, coordinación, mercados y créditos. Además, queda de manifiesto que no todo tiene que ser otorgado por el Instituto Nacional de Colonización y que, en este caso, buena parte tiene que ser dada a través de la coordinación del Gobierno Central con los Gobiernos Departamentales porque es claro que solos no hacemos nada ni seremos capaces de levantar las trabas existentes en este tipo de producción. Pero lo cierto es que tenemos mucha fe, no ideológica, sino comprobada en los hechos y en los resultados que se están dando en estos días. Como dije hace un rato, creemos que el Instituto Nacional de Colonización puede ser una herramienta formidable de desarrollo rural, sobre todo teniendo en cuenta que la agricultura familiar tiene un impacto muy importante sobre la sociedad rural.

Respondiendo a la pregunta planteada originalmente, decimos que el Instituto Nacional de Colonización tiene entre 350.000 y 360.000 hectáreas en propiedad; unas 150.000 están afectadas a la colonización, pero en manos de colonos propietarios.

Tenemos un plan estratégico en el que nos fijamos metas, y que ha sido discutido por el Directorio y por cada uno de los trabajadores del Instituto. Podemos decir que se dio una discusión muy interesante, donde los trabajadores de carrera del Instituto -que nada tienen que ver con la representación política que hay en el Directorio- realizaron valiosísimos aportes. Para no andar corriendo detrás de las urgencias -aunque, a veces, eso ocurre- nos fijamos un plan de 55.000 nuevas hectáreas para el Instituto Nacional de Colonización, para estos cinco años. El Directorio, integrado por tres Directores políticos -dos del oficialismo y uno de la oposición- más dos Directores Sociales de la Educación y representantes de los productores funcionó como un verdadero equipo; si se leen las actas, se advertirá que no hay resoluciones en disenso, sino que siempre se decidió por consenso.

Como los dos primeros años fueron considerados de prueba para ver cómo funcionaba el plan, creímos que en ese período debíamos ser humildes con respecto a nuestras propuestas. Así pues, fijamos 5.000 hectáreas por año, es decir 10.000 entre 2010 y 2011. Sin embargo, con alegría ahora podemos informar que con las próximas compras que se van a concretar de aquí al 30 de diciembre, vamos a rondar las 14.000 hectáreas: un poco más de 6.000 en el año 2010 y algo más de 7.000 en 2011. El punto de inflexión vendrá el próximo año, pues en el plan estratégico definimos 15.000 hectáreas anuales, pero para eso también necesitamos los recursos planteados en este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me voy a adelantar a plantear la pregunta que tenía previsto realizar más adelante.

                De acuerdo con los recursos con que cuenta el Instituto Nacional de Colonización, y los que le pueden llegar a través de este reaforo que mencionó el ingeniero agrónomo Berterreche, por la segunda parte de este proyecto hay una expectativa de recaudación de entre US$ 15:000.000  y US$ 18:000.000. ¿Qué relación tiene esto con lo que actualmente se dispone para seguir adelante con la política planteada?

SEÑOR BERTERRECHE.- Voy a contestar ahora la pregunta que formula el señor Presidente porque está relacionada con el tema; pero no olvido la que planteó en su momento el señor Senador Abreu acerca de la adjudicación de las áreas, que responderé seguidamente.

                El precio de la tierra sigue aumentando, aunque entiendo que por estos días se estabilizó porque  los contratos de compraventa iguales o superiores a 500 hectáreas, Índice Coneat 100, obligatoriamente deben pasar por el Instituto. En el año 2010, el precio promedio de lo que pasó por el Instituto -no lo que el Instituto compró- fue de US$ 3.900 la hectárea. Creemos que en 2011 esa cifra se incrementó pero, como no tenemos los datos, consideraremos la visión más optimista, esto es, que el precio de la tierra se mantuvo y que se mantendrá para 2012; eso significaría que debemos prever alrededor de      US$ 60:000.000 para cumplir con nuestro objetivo.

                Gracias a un ordenamiento tenaz que se viene dando desde hace siete años, el Instituto está autofinanciado: se pagan los salarios, los gastos, todo lo que implica el funcionamiento, y nos sobran alrededor de U$S 1:000.000 adicionales. Esto es gracias a que se han ajustado los pagos de renta y se ha llevado a cabo una gestión austera en estos siete años. Ahora bien; evidentemente, eso no nos permite implementar una política de tierras. Recibimos el apoyo del Poder Ejecutivo, primero con el adicional del ITP -que desde el 2007 viene siendo un valor que se ajusta por el IPC- que se ubica en el entorno de los U$S 12:000.000, y luego con lo que vendría -siempre teniendo una visión optimista- por la vía de la Sección II de este Impuesto, que sería alrededor de U$S 18:000.000. Todo esto nos alcanzaría para comprar la mitad de la tierra planificada, es decir que igual tendremos que seguir exprimiendo nuestros cerebros para ver cómo llegamos a estas 15.000 hectáreas. De todas formas, creemos que se puede lograr. Tenemos un valor importante de crédito autorizado por el Banco de la República -del que nunca hicimos uso- y  algunas otras alternativas en estudio. Esperamos recibir, por lo menos, la mitad de lo que necesitamos; la otra mitad la conseguiremos siendo muy creativos.

                ¿Cómo adjudicamos la tierra? Ajustándonos, primero, al plan general y a las leyes del Instituto y, segundo, al plan estratégico que hemos definido. Este último contiene algunos elementos importantes, como por ejemplo, la priorización de la lechería y el sector ovino, por ser de claro contenido familiar, dado que necesitamos agricultores en la tierra y no fuera de ella. Esto no significa que vayamos a desatender otro tipo de actividades; continuaremos  preocupándonos  por  la ganadería, especialmente por la de cría -que está basada en agricultores familiares y que no se verá afectada mayoritariamente por este impuesto- como también por la caña de azúcar, por la hortifruticultura y aun por el arroz, donde existe algún proyecto de trabajadores sindicalizados. Sin embargo, la prioridad la tiene el sector de la lechería y los ovinos.

                Por otro lado, es cierto lo que ha dicho el señor Senador Abreu: si queremos que la agricultura familiar sea competitiva -con su lógica, que no es la de la agroempresa- en una sociedad donde el mercado regula  una serie de relaciones entre los hombres- debemos tender a un tipo de colonización diferente, como la que se ha venido probando y desarrollando en los últimos años. Me refiero a sistemas asociativos y colectivos que aumenten la superficie de la tierra del pequeño productor, levantando la restricción de escala, pero no de a pedacitos porque si a un lechero de 20 hectáreas le agrego otras 10          -o sea que aumento un 50% de su superficie- de todas maneras lo estoy mandando a la paliza, como se dice comúnmente. Ahora bien; si en vez de tratarse de un solo productor, son 30 que están juntos, y les doy 300 hectáreas, los procesos de escala empiezan a impactar a la agricultura familiar; estoy hablando de los mismos procesos de escala que tiene el agronegocio: la aplicación de herbicidas con mosquitos, la utilización de tecnología genética mejorada y el aumento de los sistemas de reserva de alimento del forrajero. Aclaro que este ejemplo es real y no de laboratorio; no se nos ocurrió en la sede de Cerrito y Treinta y Tres. Esto es lo que está pasando en Rincón de Conde, con la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón; en Arerunguá, con los productores de la Colonia de Arerunguá y también en la Colonia El Altillo. Son tres gremiales bien diferentes pero que trabajan para el pequeño productor familiar.

                No abandonamos las unidades individuales porque tenemos colonias que están basadas en ellas. Muchas veces debemos dar campos de recría a esas colonias, como así también campos colectivos para los hijos de los productores colonos y de otros que no lo son pero que quieren quedarse en el campo. Por suerte, tenemos un problema gravísimo: cada día tenemos más demanda; digo “por suerte” porque, si no fuera así, nuestro modelo de desarrollo rural caería.

                Tal vez la explicación haya sido demasiado extensa. De todos modos, antes de finalizar quisiera señalar que estamos adjudicando un campo que el Instituto le compró a una familia reconocida de Salto, de apellido Abal Oliú. En el momento de firmar la venta nos comunicaron que se sentían muy contentos de que el campo hubiera sido opción de compra del Instituto Nacional de Colonización. Como dije, estamos en el proceso de adjudicación y tenemos la alegría de contarles que ocho grupos, bien diferentes pero todos ellos integrados por jóvenes rurales, aspiran a ingresar en un proyecto colectivo de ovinos. Esto es algo bastante nuevo, pero apostamos mucho a que tenga buenos resultados. Será la forma de que nuevos colonos entren al sistema de una manera diferente, respetando la esencia de todo esto y, sobre todo, el artículo 1º de la Ley Nº 11.029.

SEÑOR ABREU.-  Quisiera formular una pregunta concreta. Tengo muy claro lo relativo a los avances colectivos que se han logrado, pero me gustaría saber cómo estos emprendimientos complementan al sistema cooperativo.

SEÑOR BERTERRECHE.- El sistema cooperativo es uno de los mecanismos que opera dentro del Instituto Nacional de Colonización. En algún momento se promovió, tal vez con excesiva intensidad, el proceso cooperativista. Nosotros nos plegamos al sistema asociativo, donde el cooperativismo es uno más. En todo caso, creemos que este último será el mejor sistema el día en que todos logremos ser hombres nuevos; mientras tanto, es bastante difícil de desarrollar, y no queremos forzarlo. No le tenemos miedo al fracaso, que nos permite corregir errores,  pero tampoco queremos ser abanderados de los fracasos, a los que algunas veces se llega justamente por forzar mecanismos. El sistema cooperativo está integrado a eso; de hecho, en El Altillo -ubicado cerca de Sarandí del Yi- la organización de vanguardia en el proceso de producción es la cooperativa El Fogón, que pertenece a las Cooperativas Agrarias Federadas y que, precisamente, es una cooperativa agropecuaria clásica.

SEÑOR GAGGERO.- Por nuestra parte, damos prioridad a las familias trabajadoras rurales jóvenes que tengan experiencia y un pequeño capital -si es que lo poseen- para iniciarse en la explotación.

                Destacamos que unas 30.000 hectáreas del Instituto, ubicadas en distintos lugares del país, están destinadas a campos de recría de raza Holando. Allí fueron incluidos grupos familiares importantes; estamos hablando de un volumen de 1.500 familias que están trabajando, en conjunto, en campos asociativos. A modo de ejemplo, citamos la colonia Líber Seregni de Salto, ubicada en un campo de 4.600 hectáreas que fue adjudicada a los grupos de trabajadores de la zona y adonde las comunidades de MEVIR -que estaban insertas en el medio rural, en los pueblos de Palomas y Saucedo- hoy tienen acceso y son pioneras en la producción agropecuaria. Me refiero a gente que antes era alambradora, asalariada o esquiladora y que ahora está trabajando 1.000 hectáreas, en forma conjunta; estas personas han desarrollado una gran capacidad de contribuir al conocimiento y a la solidaridad. Esto les ha permitido, incluso, hacer giras internacionales donde expusieron cómo en el Uruguay se accede a la tierra sin lucha armada, con una lucha social que recibe el apoyo de todos los organismos públicos relacionados con la colonización, desde las Intendencias hasta UTE, los servicios de caminería, MEVIR, etcétera. En definitiva, hoy son productores rurales exitosos y trabajan junto con colonos lecheros y ganaderos que, sobre todo, mantienen una condición excepcional en cuanto a la sanidad de los animales -lo que se controla perfectamente- que acceden a ese terreno y ellos son  los principales cuidadores de ese entorno. Por eso estoy convencido de que el Instituto Nacional de Colonización no es antagónico a las políticas de agrodesarrollo o de agro business; por el contrario, van a convivir. Nuestras colonias están rodeadas por negocios e, incluso, hemos permitido a nuestros colonos que hagan medianería autorizada y controlada con diversas firmas que les ayuden a desarrollarse, pagar deudas, hacer pasturas o iniciar las rotaciones con el concepto de cuidado de los recursos naturales.

                Creo que tenemos un Instituto Nacional de Colonización que se modernizó realmente; el éxito no empieza con el anterior Gobierno, pero sí se acentúa drásticamente. Es el resultado de un proyecto colonizador muy serio, que cambió aquella filosofía de que el Instituto regalaba la tierra porque no pagaban. Actualmente los colonos pagan, viven y cumplen, y si no lo hacen, la Jurídica del Instituto Nacional de Colonización está detrás para hacer cumplir la ley. Por eso también quiero transmitir la absoluta tranquilidad de que los recursos están siendo cuidadosamente administrados para cumplir con los objetivos de la ley.

                Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- En primer lugar, quiero decir que estamos encantados de recibirlos.

                En realidad, la pregunta que quería plantear relativa a los fondos que esperaban percibir ya fue formulada por el señor Presidente de la Comisión.

                En el tema de lo asociativo, ¿qué pautas se siguen? Lo que es explotado en conjunto para obtener la escala, ¿qué forma jurídica tiene con relación a los productores y al Instituto Nacional de Colonización? Me gustaría saber si, por ejemplo, es parecido a los campos de recría.

SEÑOR COURIEL.- Quisiera plantearles alguna pregunta por su condición de expertos, como conocedores del tema agropecuario. Ustedes dicen que la concentración es un elemento negativo -y lo comparto- sobre todo en términos de la equidad que uno quiere tener. A su vez, se está poniendo un impuesto que, como ustedes señalan -y también estoy de acuerdo- es muy pequeño. Por tanto, ¿qué eficacia puede tener un impuesto de esta naturaleza para atender un problema no menor, como es el de la concentración de la tierra? Lo digo, sobre todo, porque los tiempos cambian y, por ejemplo, se ha incorporado la forestación. Recuerdo haber participado en el Plan de la CIDE -que impulsó Wilson Ferreira- y el límite eran 2.500 hectáreas.

                En definitiva, me gustaría que hicieran algún comentario sobre la eficacia del impuesto o sobre la necesidad de otras medidas para modificar esta situación negativa de la concentración de la tierra.

SEÑOR BERTERRECHE.- Sé que tenemos poco tiempo, que hay productores esperando y hay que hacerlos producir, por lo que intentaré ser breve.

                Existen las más diversas formas jurídicas y de operación; los niveles asociativos y colectivos son de los más variados, desde manejos colectivos con animales de propiedad individual, hasta manejos colectivos con rodeos colectivos y mesas superiores en toda una colonia donde -los colectivos- a su vez se colectivizan.

Durante estos años aprendimos que las formas deben ser dadas por los propios productores; no tienen que ser forzadas pues será la madurez de los grupos la que aumente e intensifique los procesos asociativos. Dentro del Instituto Nacional de Colonización, concretamente en la Sala de Abogados, se hizo un estudio del que se desprende que hay cuatro o cinco formas jurídicas diferentes y que cada organización queda en absoluta libertad para optar entre ellas. Simplemente pedimos que en un plazo de dos años la situación en esta materia quede resuelta para poder tener un relacionamiento formal.

También aprendimos que aquellos grupos que tienen su historia tienen más posibilidades de éxito en el futuro y que cuando  solo se juntan para resolver un problema específico como el del acceso a la tierra, tienen más probabilidades de fracasar. Entonces, priorizamos aquellos grupos que cuentan con una historia, pero más aún lo haríamos si adoptaran una forma jurídica consensuada. De esta manera, lo asociativo está presente en el Instituto Nacional de Colonización pues hay cooperativas, sociedades agropecuarias, de fomento, etcétera.

SEÑOR RUBIO.- En lo personal, tenía una idea aproximada de que eso era así, pero quiero saber si el vínculo del Instituto Nacional de Colonización con los productores es variable.

SEÑOR BERTERRECHE.- Muchas veces decimos: “Hechas las formas, hechas las trampas”, porque algún bagre se nos quiere entreverar con las tarariras. Es muy fácil juntar a cuatro o cinco y, en realidad, el que los maneja es quien tiene 4.000 hectáreas afuera. El Instituto Nacional de Colonización no está para atender este tipo de situaciones. Si un gran terrateniente se organiza con sus peones para acceder colectivamente a la tierra, sabemos que la gestión quedará en manos del dueño de la tierra. Es por eso que el Instituto se reserva el ingreso de los individuos a ella. Si bien la relación formal es con la organización, se deberá demostrar ante el Directorio del Instituto las características de cada uno de los que ingresan a la tierra.

Con relación a los campos de recría quiero señalar que ha ido evolucionando la concepción de que el sector lechero no puede desarrollarse únicamente con los más pequeños, aunque deben ser priorizados. Si bien es cierto que a los campos de recría ingresan productores lecheros medianos e, incluso, más grandes, la base es el pequeño productor. Cuando este llena los cupos para su ingreso, aparecen los medianos y grandes productores a realizar su aporte para que el grupo funcione correctamente.

No creemos en soluciones definitivas. Creo que el tema de la tierra empezó en 1811, lleva 200 años y calculo que va a seguir, por lo menos,       200 años más.

He observado que desde un tiempo a la fecha se han sancionado una serie de leyes que van a favor de lo que venimos expresando. ¿Cuál es el mayor aporte? Sin lugar a dudas, el enviar el mensaje: la sociedad uruguaya no quiere un país dividido en siete empresas, sino un agro en el que la familia rural se establezca en el lugar. Sería una fantasía pensar que con los US$ 12:000.000, US$ 15:000.000, US$ 18:000.000 o US$ 20:000.000 que puedan obtenerse por la aplicación de la Sección II de este impuesto se vaya a resolver la situación del Instituto, pero es un buen mensaje. Muchas empresas justifican su patrimonio por su desarrollo industrial, y está bien que así sea. Empieza a ser poco entendible cuando ese patrimonio supera largamente las necesidades que tienen por sí solas para abastecer una planta. Aclaro que esto no pasa solamente en el sector forestal, sino también en el frigorífico. Por lo tanto, debemos estar atentos a este tipo de cosas porque las concentraciones en ese sentido son peligrosas. No estamos en contra de la integración de las cadenas, pero si vamos a jugar en una sociedad en la que el mercado tiene su  importancia, que se apliquen. No queremos un oligopolio o que haya muy poquitas empresas que rijan todo, aumentando su patrimonio en tierra, impidiendo que otra firma ingrese al país, siendo que muchas veces se trata de una batalla empresarial que se da en China o en Europa. Entonces, compro todos los frigoríficos para que no se instale uno nuevo que me haga competencia o compro todo la tierra forestal para que no venga otra planta u otra  fábrica que  pueda competir conmigo en los mercados internacionales. Creo que hay que prestar atención a este tipo de cosas.

SEÑOR ABREU.-  Apoyado.

SEÑOR GAGGERO.- En lo personal, no quiero perder la oportunidad de manifestar que estoy en un todo de acuerdo con la propuesta de poner un tope a la tierra de 2.500 hectáreas. Creo que en ese sentido hemos perdido mucho tiempo y es bueno que comencemos a recuperar algo por medio de señales claras y precisas.

                Recuerdo que pasé un año en Nueva Zelanda en el “Establecimiento productivo del año”,  en 1972. Su origen fue de 2.000 hectáreas en un valle lleno de árboles. En 1890 se comenzó la subdivisión de la tierra y ya en 1970, con 180 hectáreas, cada una de las familias -todo el grupo familiar- trabajaba intensamente allí. Debemos tomar estos buenos ejemplos de otros países para que nos sirvan como indicadores, no por tomar el mismo camino sino, simplemente, por entender que el mundo va en este sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia del Instituto Nacional de Colonización.

(Se retira de Sala la delegación del Instituto Nacional de Colonización.)

(Ingresa a Sala la delegación de las Cooperativas Agrarias Federadas.)

-La Comisión de Hacienda del Senado tiene el gusto de recibir a los representantes de las Cooperativas Agrarias Federadas, el ingeniero agrónomo Juan Daniel Vago,  la ingeniera agrónoma Virginia San Martín, el ingeniero agrónomo Luis Bianco y el señor Juan Pedro Hounie, a fin de tratar el tema del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, sobre lo que tenemos entendido que tienen mucho que decir.

                Dejamos en uso de la palabra al ingeniero agrónomo Vago.

SEÑOR VAGO.- Es un gusto estar en esta Comisión del Senado y, antes de hacer nuestra exposición, quiero explicar brevemente quiénes somos. En lo personal, soy el Presidente de CAF y productor lechero de Colonia; la ingeniera agrónoma San Martín es la Secretaria de la Federación y es de la zona de San Carlos; el señor Juan Pedro Hounie integra el Consejo y es de la zona de Mercedes y el ingeniero agrónomo Bianco es el Tesorero y está en la zona de Aiguá.

                Hemos traído algunos documentos que vamos a entregar a los señores Senadores, pero en principio me gustaría explicar quiénes somos.  CAF es una Federación de Cooperativas que, básicamente, se destaca por tres aspectos: es multirubro, multizona y multitamaño porque comprende varios rubros agropecuarios, se encuentra en diferentes zonas y está integrada por cooperativas socias, como CONAPROLE que es grande, y por otras más chicas, como es el caso de CALIMA. Esto, de alguna manera, complejiza la gestión y por eso resulta difícil alinear el gran activo que tenemos.

 A modo de resumen, podemos decir que somos 13.300 productores socios de las cooperativas, 10.027 son productores de carne, en sus diferentes modalidades, 10.700 son productores pequeños y medianos, familiares, y nuestra facturación de este año fue de US$ 1.052:000.000. Posteriormente entregaremos un informe institucional en que están más detallados estos datos.

                En cuanto al tema que nos convoca hoy, que es el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, tenemos una visión concreta que hemos discutido y compartido ya en este ámbito. Básicamente, pensamos que las leyes son instrumentos o herramientas para cumplir determinados objetivos. Por esa razón, en este caso y luego de haber leído el proyecto de ley, podemos decir que, a nuestro criterio, hay que ver cuál es el problema en primer lugar, y luego determinar cuál es el instrumento adecuado para resolverlo.

 En este caso, se hace mención a la concentración, a la infraestructura, al despoblamiento y a una mayor tributación. Quiere decir que hay más de un problema mezclado en el proyecto o, para decirlo de otro modo, más de un objetivo a cumplir. Por nuestra parte, compartimos  la preocupación por el tema de la concentración, de la  infraestructura y del despoblamiento, pero en este momento vamos a focalizarnos más en el tema de la instrumentación. En ese sentido, pensamos que el que se está manejando no es el instrumento adecuado para resolver esos problemas. El tema de la concentración, a nuestro juicio, va más allá de la tierra y tenemos dudas de si es en el caso de la tierra donde se da más esa situación. Si tomamos en cuenta una escala de valor, sin dudas, hay concentración, pero del mismo modo en que la hay en otros sectores de la economía. Considerando este tema, nos gustaría hablar sobre este asunto  analizándolo en su globalidad y no solo en lo relativo a la concentración de la tierra. 

                Vamos a entregar tres documentos referidos a la concentración de la tierra: una síntesis sobre la reforma del sistema tributario, realizada por el ingeniero Carlos Paulino en 1994 y dos documentos que son claves para el análisis de la competitividad y el desarrollo, elaborados en forma conjunta por CAF y CINVE. Quiero aclarar que fue un trabajo realizado en cinco talleres, con la participación de treinta directivos de las cooperativas y con el aporte de CINVE. Estos tres documentos coinciden en que el impuesto a la tierra incrementa la concentración. Realmente, se hizo un trabajo a fondo sobre el tema en el 2004 y, si bien en ese momento la tierra no valía lo mismo que ahora, pensamos que sigue vigente.

                Si me permite, señor Presidente, quisiera que nuestra Secretaria lea tres o cuatro párrafos en los que se explicita lo que pensábamos en ese momento y lo que pensamos ahora sobre el tema.

SEÑORA SAN MARTÍN.- Muchas gracias por recibirnos.

                El documento tiene que ver con el enfoque de las políticas sectoriales y los impulsos a instrumentos innovadores. El Uruguay tiene actualmente una estructura fiscal agropecuaria que persigue objetivos muy diferentes, razón por la cual envía señales sumamente contradictorias a los agentes privados. Los impuestos sobre la tierra, que representaban casi el 80% de lo que se recaudaba a nivel agropecuario a mediados de la década del ochenta, han bajado considerablemente su participación hasta llegar a representar actualmente, aproximadamente, un tercio de la recaudación total. Otros impuestos han ocupado ese lugar. Los impuestos sobre la renta -IRA y, fundamentalmente, IMEBA- representan, aproximadamente, casi el 30%, en tanto los impuestos indirectos -IVA e Imesi a los combustibles- representan el 38% del total de la recaudación. En el plano tributario, las señales hacia el sector privado son extremadamente confusas; los impuestos a la tierra penalizan la tenencia de este activo, las rentas futuras se deprimen como consecuencia de este tipo de impuesto y, en consecuencia, el nivel de precios de la tierra se reduce dado que, por el simple hecho de poseer tierra, se pagará un canon adicional derivado del impuesto. El resultado es conocido: como el precio de este activo corresponde al valor  presente de los ingresos futuros, la mayor tributación a la tierra implica un precio de mercado menor. Este cálculo privado lo hacen tanto los oferentes como los demandantes de tierra, de manera que el precio de mercado se reduce en la medida que la carga fiscal sobre la tierra aumente. En estas condiciones, contrariamente a lo que tradicionalmente se opina, una alta tributación a la tierra, lejos de incentivar la incorporación de tecnologías modernas, constituye una señal fuertemente negativa para tal fin. Si la tierra es más barata, el uso que se hace de la misma legitima un menor uso de tecnologías agropecuarias, es decir, se convalidan prácticas más extensivas de producción porque se utilizará más el insumo más barato, que es la tierra. La mejor estructura tributaria para promover la competitividad agropecuaria es aquella que no se sesga,  vía fiscal, a los precios de los factores de producción, siendo por lo tanto neutral para el empresario en  cuanto a la asignación de recursos. A su vez, debería acompañar los ciclos económicos y de rentabilidad, por lo cual los impuestos a la renta agropecuaria ofrecen notorias ventajas. Sin embargo, para avanzar en esta cuestión se requiere que el sector público fortalezca su estructura institucional en la administración tributaria, como fuera señalado oportunamente.

                Se requiere también que a nivel empresarial exista una base de registros expandidos, es decir que se exige al sector privado niveles de gestión que todavía no están presentes de forma masiva.

                Finalmente, también hay que tener presente que cualquier reforma fiscal que se introduzca hará caer en un primer momento la recaudación tributaria sectorial, de manera que se deberá programar muy bien el momento más adecuado para su puesta en marcha.

En función de estas consideraciones, la propuesta de CAF se orienta hacia la tributación simplificada que recaiga sobre la renta de la actividad productiva, por considerarla neutral desde el punto de vista de la asignación de factores y, por lo tanto, la que menos distorsiona en los cálculos privados de inversión y construcción de competitividad. Como las empresas son muy heterogéneas en cuanto a su capacidad de gestión, se deberían contemplar segmentos diferentes. Los sectores más capitalizados, de corte más empresarial, que llevan regularmente registros físicos y económicos, deberían tributar sobre la base de la renta realmente obtenida por su actividad agropecuaria en el ejercicio. Los sectores de menor capacidad de gestión y que llevan registros precarios, deberían tributar con base a rentas presuntas por rubro principal. Por su parte, las explotaciones de reducidas dimensiones, donde se concentran los mayores niveles de pobreza rural, deberían -por una cuestión social- estar exoneradas de cualquier tributación. No escapa a la consideración que la Contribución Inmobiliaria Rural es la base de la recaudación de las principales Intendencias del interior del país. Ello exige también contemplar esta situación, bajo el riesgo de desmantelar la base impositiva de los Gobiernos locales.

SEÑOR VAGO.- Creo que esto tiene que ver también con un tema de honestidad intelectual. Dentro de los 13.300 productores, hay 10.700 que no van a pagar el impuesto, es decir que no es un tema de pago sino de cuánto nos afecta como gremial. Es claro que si se grava la tierra,  se incrementa la concentración, se desalienta la inversión en la tierra y, por tanto, acompañamos la tendencia mundial.

                En cuanto al tema de la concentración, estamos a favor de la reforma tributaria vigente, aprobada en 2007, en la que se equipararon los aportes del agro a otras actividades; en ese sentido, pensamos que esa es la forma de ver el tema.

                Hace unos diez días se llevó a cabo el 16º Encuentro de CAF, donde se presentó una recopilación del trabajo del ingeniero agrónomo Eduardo Blasina y en el que hubo panelistas invitados. Básicamente, allí se concluyó que la capacidad de Uruguay para trasladar con eficiencia la producción creciente de grano, leche, madera y carne, disminuye a causa de rutas deficientes, ferrocarriles inoperantes y poco calado en la salida de los puertos, lo que hace que los barcos no salgan llenos. Se aportan otros datos y, en tal sentido, dejaremos un documento sobre ese taller. En el mismo se habla de que el déficit actual y acumulado en logística en el país es de US$ 1.150:000.000. Entonces, observamos que los aportes que pueden surgir de este impuesto tampoco resuelven un objetivo que para nosotros es fundamental: la logística, más que la infraestructura, ya que engloba mucho más que la caminería.

                El otro tema que se menciona con relación a este impuesto refiere a la mayor tributación. En ese caso, está vigente la reforma tributaria aprobada en 2007 y creemos que es fundamental mantener la previsibilidad en la política macroeconómica pero también tributaria, por lo que creemos que si se trata de un tema de más tributación, no hace falta una ley. Digo esto porque en la ley vigente existe  dinamismo ya que contiene tres bandas que permiten, en caso de que la facturación sea mayor, que se pueda pagar más o menos. Es decir, hay espacios dentro de la reforma tributaria  vigente como para poder, de alguna manera, encarar el tema de la mayor tributación. Pensamos que una nueva ley que acreciente la imprevisibilidad no resolvería este tema.

                Por último, también se hace referencia al tema del despoblamiento y en ese sentido somos conscientes de que ello es un problema que habrá que encarar. Por nuestra parte, estamos dispuestos a conversar sobre esto, pero pensamos que se está atacando por el lado equivocado, buscando gravar o castigar al que compra. Nosotros estamos trabajando en un sistema cooperativo y pensamos que esa  es la forma de retener a los productores para que no vendan ni arrienden; de alguna manera, ahí es donde hay que trabajar. 

                Quiero compartir con ustedes algunos temas que hemos conversado formal e informalmente en el Consejo de la Administración.  Por ejemplo, intercambiamos ideas sobre el IAS, que significa Innovación, Asociativismo y Simplificación. Entendemos que para que los pequeños y medianos productores agropecuarios se queden, hay que fomentar la innovación -que no es la tecnología- para que la puedan adaptar, lo cual es un tema muy complejo, pero importante. Se trata de estimular la  asociación  para generar escalas y sinergias, de manera tal de poder mantenerse en el campo, y de simplificar de alguna manera todos los trámites del Estado,  incluso con respecto a la educación de sus hijos. Es un tema complejo, pero parecería que esa es la forma de enfrentarlo. 

                En resumen, según nuestros estudios, pensamos que el instrumento no es adecuado por lo siguiente: no disminuye la concentración, sino que la incrementa; no resuelve el tema de la logística -porque se obtienen chirolas, comparado con lo que se precisa-; cambia el marco de tributación -lo que pensamos que es importante-; no ataca el tema del despoblamiento -en todo caso, lo hace por el lado equivocado- y, por último,  si el tema es más tributación, hace falta una ley, por cuanto habría que trabajar sobre lo que está vigente hoy.

                Ese es el redondeo básico que está amparado en una documentación que se entregará a la Comisión. Si la Presidencia está de acuerdo me gustaría que, antes de las preguntas,  hiciera uso de la palabra nuestro Tesorero, el señor Bianco.

SEÑOR BIANCO.- Muchas gracias por recibirnos. Para nosotros es un placer y una oportunidad poder dar nuestra opinión en un ámbito en que se están discutiendo leyes importantes que tienen que ver con nuestro quehacer diario, sobre todo  para los que estamos en el medio rural.

                Quisiera hacer algún comentario adicional a los ya planteados por mis compañeros, sobre todo porque me parece que en el tema  de la concentración de la tierra hay un aspecto en el que nos gustaría ir, más que por la negativa, por la positiva. Me refiero a cómo podemos hacer o generar instrumentos para que quienes hoy están en el campo o tienen intenciones de integrarse a él, o de incrementar su explotación porque la escala actual no les permite trabajar, puedan hacerlo. Creo que en el Uruguay desde hace mucho tiempo y hasta ahora, no hemos encarado el tema con suficiente fuerza como para             decir: promovamos acciones para que quien realmente se interese por empezar a trabajar en el campo o aumentar su trabajo, lo pueda hacer. Creemos que sería bueno discutir sobre algún tipo de instrumento que permitiera esas acciones, lo que podría ser una contrapartida importante cuando estamos tratando temas como el de la concentración y la extranjerización de la tierra, que es otro aspecto que está sobre la mesa.

                Desde la perspectiva de las Cooperativas Agrarias Federadas, es importante iniciar un debate sobre esos aspectos y sabemos que hay algunas ideas, incluso a nivel del Poder Ejecutivo. Nos parece que el Instituto Nacional de Colonización tiene una línea de acción en ese sentido, pero los recursos que se necesitan para trabajar de la forma en que lo está haciendo el Instituto son demasiados para un país pobre, por lo que habría que pensar en otro tipo de recursos e instrumentos, a través de algún fideicomiso que permitiera generar el aporte de otras instituciones para este tipo de actividades. Lo planteamos porque, repito, nos parece un tema importante y central. Insisto en que, en ese sentido, debemos actuar positivamente y promover acciones para que quien esté trabajando pueda seguir haciéndolo y  quien tenga interés, aunque no los recursos, pueda ingresar. Obviamente, de nuestra parte hay total disposición para poder discutir el tema, pero también nos parece que en este ámbito se pueden generar ideas.

                Otro tema al que nos queremos referir porque nos parece importante, es el siguiente. El proyecto de ley consta de dos Secciones que son bastante diferentes por los instrumentos que allí se proponen. En la Sección I se habla particularmente de un impuesto sobre la tierra. Al respecto, quienes me presidieron en el uso de la palabra, ya explicaron  por qué entendemos             -no ahora, sino desde hace mucho tiempo- que los impuestos a la tierra y aquellos que tienden a deprimir su precio terminan, en definitiva, promoviendo la extensividad y no la producción intensiva. La segunda parte hace referencia a una modificación al Impuesto a la Renta. Si bien este impuesto está alineado dentro de lo que fue la reforma tributaria del año 2007, se modifica un criterio para el reajuste de los precios. Creemos que si bien se trata de dos Secciones de un mismo proyecto de ley, podrían ir -para decirlo de alguna manera- por separado.

                También nos parece importante señalar que existen contradicciones con algunas políticas generales de desarrollo y estímulo de determinadas inversiones. En ese sentido, hago especial referencia a la producción forestal, que fue impulsada por todos los partidos políticos a través de una ley que, si mal no recuerdo, se aprobó en el año 1985.  Esta norma significó un fuerte estímulo para la forestación, actividad que de por sí es concentradora por el tipo de integración que tiene. Si bien no nos corresponde a nosotros defender los intereses de la producción forestal, nos parece que en ese caso  se genera una contradicción. Hay muchas actividades que,  por necesidad de escala y de incorporación tecnológica, tienden a concentrarse. Si bien en general esto se da a nivel de la tierra, también ocurre -como señaló el Presidente Vago- a los niveles más altos de las cadenas agroindustriales. En el Uruguay, actualmente hay algunas cadenas agroindustriales como, por ejemplo, la lechería, el arroz y la industria frigorífica, que tienen una alta concentración. Si bien estas cadenas están funcionando bien, probablemente podría haber algún mecanismo para evitar este tipo de cosas.

                Por otro lado, nos parece que el proyecto de ley hace mucho hincapié en la concentración de la propiedad y no en su uso. Desde el punto de vista de los productores que estamos operando y que sentimos la competencia de otras empresas, así como  la imposibilidad de acceder a nuevas tierras, la competencia por el uso tiene tanta importancia como la competencia por la tenencia. Varios rubros, y no solamente el agrícola -que es en el que uno piensa primero- tienen una gran concentración por arrendamientos a largo y corto plazo. La existencia de este tipo de productores, con más capacidad financiera, apoyo y demás, que pueden abonar rentas más altas, desplaza a productores que hoy están trabajando. Desde ese punto de vista, de encarar el tema de la concentración, se debería contemplar esta situación para evitar que estos males ocurran.

                Por último, me gustaría hacer una referencia al tema de la infraestructura, por más que ya lo hizo el señor Presidente. Para las cooperativas agrarias este punto es trascendental. Lo pusimos sobre la mesa desde hace un tiempo y  elaboramos un trabajo que, de alguna manera, nos permitió recopilar los datos que hay sobre el tema. Algunos trabajos recientes    -que no fueron realizados por nosotros- hablan de la necesidad de una inversión de US$ 1.000:000.000 para poner la red vial en las condiciones del año 2000 y de un presupuesto anual de US$ 400:000.000 para mantenerla. Por lo tanto, nos parece que crear mecanismos que permitan generar fondos para eso es muy importante y lo que tiene previsto recaudar este proyecto de ley no es suficiente. Hacemos particular hincapié en este tema de la infraestructura. Somos partidarios de que “el que usa, paga”, para utilizar una expresión práctica. Obviamente, se debe estudiar cómo definir el uso, esto es, si a través de peajes o de un chip electrónico que mida cuántos kilómetros recorre un camión por determinada ruta. Esa sería una manera bastante más razonable de hacer frente a los volúmenes de dinero necesarios para mantener la infraestructura. Por nuestra parte, así como  nos pusimos a disposición del Congreso de Intendentes para brindar nuestras ideas, también lo hacemos ante las Comisiones del Senado que correspondan.

                Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Afortunadamente, conocemos el sistema cooperativo desde hace mucho tiempo, pero de todos modos me parece que es importante que en la Comisión quede la información relativa al número de cooperativas y a cuántos productores rurales representa la CAF, más allá de la posición que se tenga que, además, ha quedado muy clara.

SEÑOR VAGO.- Toda esta información figura en la hoja institucional que les vamos a entregar; de todas formas, destacamos que existen 26 cooperativas que representan a 13.300 productores. A su vez, hay aproximadamente 10.700 productores agropecuarios que son pequeños, medianos y familiares y unos 10.027 que producen carne vacuna y ovina, lo que implica una facturación anual de US$ 1.052:677.553. Reitero que toda esta información está en un documento de divulgación que les vamos a entregar y, por tanto, todos los datos van a quedar en poder de la Comisión. Toda la información está actualizada porque hicimos un estudio interno para tener los últimos datos, teniendo en cuenta que todo esto es muy dinámico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos mucho los aportes que han hecho las Cooperativas Agrarias Federadas, los que serán considerados por la Comisión.

(Se retiran de sala los representantes de las Cooperativas Agrarias Federadas.)

(Ingresan a Sala representantes del PIT-CNT.)

                -La Comisión tiene el gusto de recibir a una delegación de la Central de Trabajadores del PIT-CNT pues están presentes en todas las actividades económicas del país, han hecho estudios en ese sentido, así como también sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales que estamos tratando en el día de hoy, por lo que entendimos pertinente invitarlos. Esta delegación está compuesta por los señores Milton Castellano, Fernando Pereira, Juan Castillo y la señora Alejandra Picco.

SEÑOR CASTILLO.- Agradecemos que nos hayan recibido en el día de hoy para tratar un tema -vamos a considerarlo de inmediato- sobre el que hemos venido debatiendo y discutiendo en la interna del movimiento sindical.

                Quiero hacer una breve actualización del tema señalando que en el mes de febrero de este año tuvimos una entrevista con el señor Presidente de la República y algunos Ministros que lo acompañaron. Sucede que en medio del debate sobre la discusión de la reducción del IVA en un 2%, el movimiento sindical había elaborado, a partir de resoluciones anteriores, una propuesta con variables distintas y habíamos planteado la necesidad de mantener esa entrevista con el Poder Ejecutivo. En ese momento -insisto, en febrero de 2011- presentamos un conjunto de propuestas e iniciativas tendientes a buscar una variable, dentro de las cuales estaba, precisamente, el tema de la situación de la tierra en nuestro país, el aporte general de los grandes establecimientos rurales y el conjunto de los aportes y contribuciones que se estuvieran haciendo desde el campo al conjunto del país. Por eso, cuando a mitad de año surgió este debate y una propuesta concreta,  nos pareció importante participar en el momento en que se tratara el tema. A su vez, quiero decir que vamos a estar dejando un documento a cada uno de los integrantes de la Comisión que es más extenso que el tiempo de que disponemos para intercambiar opiniones.

                Entonces, simplemente, comenzamos por reafirmar que estamos de acuerdo con  la aprobación de una ley de este tipo; conceptualmente se habla del impuesto a las grandes concentraciones, pero no es el impuesto a la tierra que demanda el movimiento sindical. Así como hacemos acuerdo en este proyecto de ley, de inmediato decimos que para nosotros queda a mitad de camino y que hubiéramos preferido un análisis, un desarrollo y un contenido de mayor profundidad, que buscara también una mayor equidad en torno a los aportes. ¿Por qué decimos esto? Porque, entre otras cosas, los trabajadores venimos denunciando desde hace mucho tiempo la necesidad del aporte -de la misma forma en que lo hacen los trabajadores- de la parte empresarial o empleadora en su conjunto. Queremos recordarles -aunque lo deben saber- que, por ejemplo, las condiciones de aporte al Banco de Previsión Social de las grandes extensiones de tierra no son iguales a las de cualquier otro emprendimiento productivo de la vida del país, sea industrial o de otro tipo; incluso, dentro de la misma actividad rural, el pequeño y mediano productor aporta porcentualmente más que el de las grandes extensiones.

                Según los análisis brindados por los compañeros del Instituto Cuesta Duarte, el promedio es que las grandes extensiones de tierra aportan alrededor del 2% al Banco de Previsión Social. Sin embargo, el resto de los productores industriales del país, los empleadores, aportan el 7,5%.

                La contradicción se agrava si consideramos que el trabajador rural que trabaja para las grandes extensiones aporta igual que el resto de los trabajadores de la ciudad o del campo. Porcentualmente, hace los mismos aportes, pero en este caso, los sectores económicamente más privilegiados en la coyuntura actual, están aportando menos.

                Una segunda crítica que hacemos tiene que ver con que hay algunas cuestiones paralelas -o tal vez conjuntas- a este debate que tendría que darse, con relación a exoneraciones o importantes beneficios a las grandes extensiones de tierra. Por ejemplo, actualmente ellos continúan siendo exonerados del pago del Impuesto al Patrimonio.

En este sentido, integrantes del equipo económico de Gobierno plantean que el aporte se prioriza más con relación a la renta y no al patrimonio. Sin embargo, para nosotros eso es algo que no genera igualdad de condiciones ni trae mayores beneficios al país.

                También creemos que debería reincorporarse el pago del Impuesto de Enseñanza Primaria, del que fueron exonerados en algún momento y en una situación especial del país. En alguna oportunidad habrá que discutir este asunto y ver cómo contribuyen a pagar ese impuesto, al igual que el resto de la sociedad.

                Según la visión del movimiento sindical, habría que revisar las exoneraciones vigentes en la ley de inversiones. Algunas de las grandes inversiones a las que se está haciendo alusión ahora y a las que se les aplicará este impuesto, además de ser beneficiarias de la ley de inversiones también se acogen al beneficio de las zonas francas.

Por lo tanto, estamos debatiendo en un escenario en que los beneficiados o “perjudicados”  son objeto del debate en el Parlamento de nuestro país, son aquellos sectores de la sociedad que tienen grandes extensiones de tierra, que han generado el mayor aumento de la productividad en los últimos tiempos, que están exonerados de una cantidad de impuestos y tributos que el resto de la sociedad tiene que pagar, que no están en igualdad de condiciones con el resto de los industriales o empleadores de la tierra y que, además, son beneficiados por la ley de inversiones y la de zonas francas. A nuestro juicio, hay un conjunto de factores que determinan que estos sectores aporten menos a la distribución de la riqueza de nuestro país.

El propósito de esta primera intervención es plantear que estamos de acuerdo con el debate que se está dando en el Senado y con la iniciativa que ha tomado el Poder Ejecutivo.

Insisto -para no decir otra cosa después en otro ámbito- en que, a nuestro juicio, habría que ser mucho más profundo en torno a la situación tributaria e impositiva de estos sectores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Castillo.

SEÑOR CASTELLANOS.- Complementando lo planteado por el señor Castillo, debo decir que también nos preocupa el redireccionamiento del retorno de esos impuestos.

                Creemos que los impuestos del país son para la administración del Estado, del Poder Ejecutivo y de las necesidades políticas que, de acuerdo con la coyuntura existente, toma cada Gobierno, cada Administración.

                Por esa razón, nos preocupa la dirección de retorno que tenga un impuesto de estas características. A veces puede ser esa, y consideramos que está bien, pero en otras oportunidades las necesidades de la sociedad en su conjunto pueden ser otras. En algunas de las discusiones que hemos mantenido se planteó la inquietud de por qué razón el IVA o cualquier otro impuesto que paguemos no va, por ejemplo, para nuestro barrio o para la luz de la esquina. Entonces, creo que la recaudación del impuesto debería ir a Rentas Generales y que luego esta lo administre, al igual que lo hace con todos los impuestos del Estado.

                En definitiva, conceptualmente estamos de acuerdo con el impuesto, creemos que hay que avanzar más en el Impuesto al Patrimonio y entendemos que sería importante que no fuera direccionado en el propio proyecto de ley, más allá de que ahora en el texto se establece la creación de una comisión.

SEÑOR ABREU.-  Creo que es muy importante la intervención del PIT-CNT en este tema. La primera distinción que hace es la diferencia entre el impuesto a la tierra y el impuesto a la concentración de la tierra. El impuesto a la tierra, es el impuesto a un factor de producción y seguramente detrás haya una visión sobre la que podamos profundizar, como ser la propiedad de la tierra o la forma de manejarla desde el punto de vista del PIT-CNT, sin perjuicio de analizar puntualmente el proyecto específico sobre la concentración de la tierra. Ese sería un tema.

                El segundo aspecto es que, claramente, el PIT-CNT realiza una reflexión muy importante en materia de política tributaria. Una cosa es un instrumento y otra, la política tributaria. En algunos aspectos de la política tributaria coincido, como ser en los aportes patronales en el sector agropecuario, que tienen una forma distinta pues se facturan en función de las hectáreas y son diferentes a los aportes que se realizan en otros ámbitos de la actividad productiva del país. Quizás una de las vías a manejar para encontrar algunos recursos podría ser poner en pie de igualdad ese tipo de aportes de carácter patronal.

                El tercer tema, que es muy importante, es la total coincidencia con el PIT-CNT en cuanto a que un impuesto, que no es lo mismo que un tributo, no puede estar vinculado con un destino porque se desnaturaliza su concepción jurídica. El impuesto va directamente a Rentas Generales, y los demás tipos de tributos como las tasas tienen un destino específico. Por ejemplo, las tasas son como contraprestación de un servicio que se da y las contribuciones son para mejoras. Todos conocemos los elementos básicos de la política tributaria donde se diferencian los impuestos, las tasas y las contribuciones. Desde el punto vista jurídico, no existe la afectación directa de un impuesto -que tendría que ir a Rentas Generales- para distribuirlo en forma específica.

Por otra parte, existe un tema jurídico que venimos discutiendo con el Congreso de Intendentes respecto a la naturaleza de este tipo de impuesto: si es un adicional departamental, un impuesto departamental o un impuesto nacional. Al respecto hay algunas diferencias que todavía no están aclaradas pues el propio Congreso de Intendentes no tiene una posición definida sobre el tema.

                Me gustaría saber cómo ve el PIT-CNT la evolución del concepto de la política tributaria desde la orientación finalista a la visión neutral, dado que hay una especie de camino intermedio. En la década del sesenta fue establecido el Improme -impulsado por el Partido Nacional, por Wilson Ferreira y Washington Beltrán-  un impuesto  a la producción mínima y, de alguna manera, ese fue el origen de una política tributaria finalista. Sin embargo, ahora existe cierta discusión sobre esos temas; incluso, dentro de la propia fuerza política que gobierna. Generalmente, me asesoro con economistas que no son de mi Partido y la reflexión que me han trasmitido sobre el tema es que están más cerca del concepto de neutralidad tributaria que del de efectividad de una política tributaria en materia finalista de retribución, por lo que me queda esa duda. No siempre tenemos la oportunidad de intercambiar ideas sobre este tema, y no se trata de estar de un lado o de otro, sino de conversar sobre un aspecto que consideramos importante.

Lo propio sucede con la escala de producción de la que se hablaba o con la presencia de determinadas cadenas productivas que van desde la etapa de producción hasta la de culminación, que de alguna manera comprometen, inclusive, nuestra decisión como país en muchos aspectos y que no vienen del imperialismo yanqui sino de nuestras vecindades lusitanas.

                Esta es nuestra preocupación, porque las exoneraciones -que pueden ser discutidas- o los incentivos que se plantean son aprovechados por grandes empresas transnacionales de la región que no vienen a complementar cadenas de producción, sino a comprar empresas nacionales que están funcionando.

                En definitiva, quería compartir estas inquietudes en una especie de terapia de grupo, que creo que es bueno hacer ya que, de alguna manera, nos permite avanzar en el intercambio de ideas.

SEÑOR PEREIRA.- Comparto la mayor parte de la exposición del señor Senador Abreu.

                Se mencionó algo realmente simbólico -aunque a veces lo simbólico pasa a ser trascendente-: me refiero a que es increíble que en un país donde el agro ha crecido de forma importante tanto en lo que hace al valor de la tierra, al arrendamiento, a la producción y a los precios de los productos, se continúe sin pagar el Impuesto de Enseñanza Primaria, destinado a alimentar a 300.000 niños de la escuela pública uruguaya. La exoneración se llevó a cabo en una situación crítica y aparentemente razonable, pero no es lógico mantenerla en la actualidad, cuando cualquier propietario urbano paga, por pobre que sea.

                El Gobierno uruguayo está estudiando un mecanismo sobre el control de la tenencia de la tierra  a través del cobro de un impuesto, que probablemente sea aprobado por el Parlamento. Nos preguntamos si no sería necesario -como sucede en otras partes del mundo- limitar la tenencia de la tierra a partir de la prohibición de tener determinada cantidad de hectáreas. Probablemente ese tema sea objeto de un debate más complejo que el actual, pero si en realidad no queremos que un bien estratégico esté en manos de pocas personas, hay que impedirlo porque de ello va a depender nuestra soberanía alimentaria como otras tantas que se dejaron traslucir en las palabras del señor Senador Abreu que, como ya dije, comparto. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los frigoríficos uruguayos han sido comprados por empresas brasileras importantes y que, probablemente, buena parte de las empresas del litoral más productivo pertenezca a brasileños y mayoritariamente a argentinos. Tenemos una preocupación natural por nuestra soberanía alimentaria pero, sobre todo, por el mecanismo que se utilizará en Uruguay para limitarla.

Insisto en que ese puede ser uno de los puntos a debatir, y así lo planteó el compañero Castillo en su primera intervención, cuando explicó que el hecho de gravar a las grandes extensiones de tierra es un comienzo, pero consideramos que se podría avanzar y, por ejemplo, limitar en 2.000 hectáreas la tenencia de la tierra.

SEÑORA  PICCO.- La posición que la Central sindical ha venido incorporando en los distintos documentos del Instituto Cuesta Duarte con respecto a los temas tributarios tienen que ver con que el rol de la política tributaria no debería ser neutral. En estos años, para la Central Nacional de Trabajadores es fundamental avanzar en la distribución del ingreso y de la riqueza. Creemos que la política tributaria tiene un rol importante en ese sentido, tanto en lo que hace a la recaudación como al destino que se le da. Si bien ese no es el objetivo del impuesto en discusión, pensamos que este gravamen -que, más que nada, tiene como finalidad evitar la concentración de la tierra-  impactará positivamente en la distribución del ingreso, en la medida en que quienes  terminen aportando serán los que se encuentran en los deciles de ingresos más altos. Entonces, por ese lado, el sentido de esa política es compartido por la Central sindical.

                También son relevantes algunas cuestiones que anteriormente comentaba el señor Juan Castillo, porque creemos que la tierra no es un factor productivo más, sino un recurso especial y estratégico para el país, por lo que amerita la creación de un impuesto. No obstante, este no es específicamente un impuesto a la tierra sino a su concentración, a nuestro juicio, en el sentido correcto pues se aplicará a ese factor especial y a los grandes territorios. Como comentaba el señor Fernando Pereira, a los efectos de avanzar no solo en el aspecto tributario estaría bueno estudiar desde otros planos -más legislativos y no tanto mediante el cobro de un impuesto- cómo frenar ese fenómeno de concentración de la tierra.

                Pensamos que, quizás, el impuesto es un poco insuficiente por cuanto la propia actualización del incremento del precio de la tierra y de la contribución inmobiliaria indicaría que el monto tal vez debería ser mayor, aun cuando en este caso se optó por diferenciarlo según la extensión de la tierra. En ese mismo sentido pensamos que, en adelante, ese impuesto quedará obsoleto en la medida en que su destino también llevará a valorizar el precio la tierra, pues se construirá más infraestructura rural.  Por lo tanto, habría que revisar los montos a cobrar para que no terminen generándose situaciones marginales por ese crecimiento. 

                En función del rol que, pensamos, debería tener la política tributaria, planteamos el tema de las exoneraciones. En particular, nos preocupan aquellas que surgen a partir de la Ley de Inversiones para proyectos vinculados al agro, porque es un factor cautivo. En realidad, creemos que esas exoneraciones aumentan el margen de rentabilidad de esos emprendimientos, por lo que su aplicación tal vez debería ser más estratégica. 

                En síntesis, hemos hecho todos estos planteos pues pensamos que la política tributaria tiene ese rol.

SEÑOR COURIEL.- A propósito de la exposición que hizo el señor Juan Castillo, quiero recordar que en el mes de enero se puso de manifiesto una preocupación, especialmente por parte del señor Presidente de la República, sobre la distribución del ingreso. En ese momento, los distintos sectores comenzaron a analizar la posibilidad de ver cuáles eran los elementos básicos para modificar la distribución, entre ellos, la generación de un empleo digno y productivo, el nivel de los salarios, el gasto social y la concentración de la propiedad, pero la realidad llevó a que la temática se concentrara en términos tributarios.

Uno siente que el país experimenta mejoras sustantivas y que uno de los elementos que influyen enormemente son los precios internacionales de los productos de exportación. Por ese motivo, creemos que quienes están ganando con dichos precios deberían colaborar más desde el punto de vista impositivo para lograr mejoras en la redistribución del ingreso. A propósito, simplemente deseo recordar que personalmente planteé la necesidad de hacer modificaciones a los aportes patronales del sector rural -el proyecto existe, pero no sé si tendré la suerte de que sea tenido en cuenta- y al IMEBA que se aplica a los granos, porque se paga muy poco y, en realidad, lo hacen efectivo los productores pequeños, pues los grandes lo deducen. La idea era que por los granos se pasara de pagar 0,1% a 1,5% y que el IMEBA no fuera deducible porque, en los hechos, los grandes deducen el IVA y el IMEBA y muchas veces, en lugar de tributar, obtienen un crédito favorable. En definitiva, como estamos esperando el envío de un nuevo proyecto de ley en que aparezca la nueva franja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y la rebaja de dos puntos del IVA, entre otros aspectos, tal vez ese sería el momento de contemplar este tipo de reforma tributaria.

Estoy contando los planteos que hice personalmente; no sé qué suerte correrán, pero de alguna manera se agregarían a las exoneraciones que se están planteando, sobre las que también hay una reglamentación. Estamos a la espera de las modificaciones porque prácticamente las desconocemos, pero siempre las hemos considerado muy elevadas para los requerimientos de inversión.

SEÑOR ABREU.- Hace un momento recibimos a representantes de las Cooperativas Agrarias Federadas, quienes nos dejaron un trabajo y un informe elaborado por CINVE -que participó con ellos en este trabajo a la luz del impuesto que se propone- en el que se concluye que al aumentar la presión tributaria sobre la concentración de la tierra, su precio bajaría y esto favorecería una mayor concentración. Seguramente, esa es una visión contraria a la del Instituto Cuesta Duarte sobre el tema.

                Seguramente, es una contraposición de carácter técnico, no político, que contiene una apreciación muy fina y firme de todo el sistema cooperativo, que representa a 18.000 productores agropecuarios y no precisamente a los grandes concentradores de tierras. Me gustaría saber si el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT comparte esa opinión o si piensa que este impuesto evitará una mayor concentración. Aclaro que la opinión que mencioné la hemos escuchado de las Cooperativas Agrarias Federadas, pero también de otros asistentes y de algunos técnicos agropecuarios. Por ejemplo, he hablado sobre este asunto con el economista Pablo Rosselli -lo menciono porque él me autorizó a hacerlo- y él me trasmitió la misma posición respecto a que el resultado de este impuesto aumentaría la concentración de la tierra por el abaratamiento de su precio.

                Muchas gracias.

SEÑOR CASTILLO.- Quiero aclarar a los señores Senadores Couriel y Abreu que conocemos los tiempos políticos y los de la Comisión, que sabemos que son escasos, pero estamos tentados a aceptar la invitación de promover una discusión más amplia. Uno intenta ser prolijo y  colocar aquellos puntos que se resaltan en un documento con mayor contenido, pero las preguntas que se acaban de plantear no hacen más que inducirnos al debate, aunque sea a partir de que otra organización pone un énfasis distinto. Aclaro que cuando intentamos ser prolijos en la delegación que asistiría a la Comisión para trasladar aquellos ejes que queríamos resaltar, no se nos escapó el hecho de que si no se toman los cuidados del caso, todo este proyecto de ley, por innovador que sea, se puede desequilibrar para cualquier lado y tener un efecto diferente al esperado. Por ejemplo, también hablamos de la enorme concentración de la tierra de nuestro país en manos de extranjeros y otra gran porción en poder de sociedades anónimas; ya no se trata de individuos porque, si bien todo es latifundio, no se identifica quién es el terrateniente dado que suele ser una sociedad anónima, una cosa difusa. Antes era mucho más fácil distinguirlo. Ahora bien, prometemos devolver con insumos -como el documento que hemos entregado a la Comisión- la posibilidad de dar una respuesta a este planteo, pero aceptamos participar en una discusión mucho más general, sobre todo en lo que hace a la tenencia o a la soberanía de la tierra en nuestro país y a los cuidados que se deben tener. No podemos olvidar el dicho popular que reza: “Hecha la ley, hecha la trampa”. Seguramente, aquel que espera tener el mayor lucro posible por la tierra y más rápidamente, buscará el mecanismo adecuado para escudarse y decir, por ejemplo, “Esta tierra ahora no es mía, es de Pepito, que es mi hijo, o de aquel que es mi ahijado”.

En nuestro país existe ese mecanismo, como también posibilidades para llevarlo adelante. Por lo tanto, para nosotros es un desafío que el tema se conozca y se pueda discutir en el futuro.

SEÑOR PEREIRA.- No creemos tener la verdad absoluta. Además, muchos de nosotros somos militantes urbanos y no vamos a decir lo que no somos; simplemente, estamos preocupados por un tema que abarca a la nación.

                Nos gustaría tener, por ejemplo, una organización sindical que fuera lo suficientemente sólida en el agro para asegurar el cumplimiento de la ley que regula la jornada de ocho horas de trabajo. Habitualmente recorremos el interior del país y somos conscientes de que, en la mayor parte de los establecimientos, esta norma -que demoró cien años en aplicarse para los trabajadores urbanos- aún no se aplica. Es más, no hemos logrado que los trabajadores demanden, tanto su incumplimiento como el no pago de horas extras.

                Por otro lado, creemos que en sectores productivos importantes, con dos mil hectáreas de tierras o más, nadie dejará su actividad por este “impuestito”. Quizá, si tuviera una magnitud superior a la que tiene podría darse otra discusión pero, de todas maneras, no pensamos que el tema pase por ahí.

                Nuestro país tiene un problema de fondo para debatir, que consiste en determinar si este mecanismo contribuye o no a evitar la concentración. Por nuestra parte, abreviaríamos el proceso y seríamos partidarios de tomar en cuenta determinadas normas legales para evitar la concentración de la tierra. A nuestro juicio, el tema de fondo pasa por lo que dijo el señor Castillo. Pero vuelvo a decir que aquí nadie tiene la verdad absoluta; simplemente creemos que podemos aportar al debate desde nuestra perspectiva, que es claramente distributiva. A nosotros nos rechina -y hasta nos indigna- que el precio de la tierra se multiplique por tres, que el del arrendamiento lo haga por cuatro o por cinco, y que los peones rurales se ubiquen en la franja más baja. ¡Claro que esto nos duele y mortifica! Todavía no hemos logrado construir la herramienta sindical del tamaño que precisamos para que esta situación no ocurra, pero estamos trabajando en el tema. Quédense tranquilos, que todos los días trabajamos en eso.

SEÑOR ABREU.- Quiero aprovechar la presencia de nuestros invitados para señalar algo vinculado al sector sindical, a los temas de la soberanía y a los proyectos mineros -que son estratégicos para el país- como parte de una futura reflexión de fondo. Si bien podemos tener visiones distintas con respecto a la ley de minería, todo esto forma parte de los recursos del Estado, y me preocupa enormemente que su explotación pueda quedar en manos de diez grandes empresas trasnacionales que especularían en el mundo.

SEÑOR HEBER.- Apoyado.

SEÑOR ABREU.- Estas cuestiones tienen que ser objeto de nuestra preocupación. E incluyo el Impuesto de Primaria. En nuestro país tenemos trescientas escuelas rurales sin agua potable, e igual cantidad sin energía eléctrica. Aclaro que veo esto como una responsabilidad, tanto de los gobiernos anteriores como del actual. Este último podrá tener una gran inquietud desde el punto de vista social en esta materia -que compartimos- pero a nosotros nos gusta más la eficiencia que los discursos.

                Son temas para conversar entre todos. Lo cierto es que nadie es dueño de la verdad revelada. Y quiero terminar mi intervención con una frase casi poética: “no se resume en amar o en odiar, sino en comprender”.

                Muchas gracias.

(Se retiran de Sala los representantes del PIT-CNT.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Después de haber recibido a todas las delegaciones y conocer sus opiniones, corresponde votar artículo por artículo.

                En consideración el artículo 1º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

                (Se vota:)

                -4 en 6. Afirmativa.

                En consideración el artículo 2º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

                (Se vota:)

                -4 en 6. Afirmativa.

                En consideración el artículo 3º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

                (Se vota:)

                -4 en 6. Afirmativa.

                En consideración el artículo 4º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

                (Se vota:)

                -4 en 6. Afirmativa.

                En consideración el artículo 5º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

                (Se vota:)

                -4 en 6. Afirmativa.

                En consideración el artículo 6º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

                (Se vota:)

                -4 en 6. Afirmativa.

                En consideración el artículo 7º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

                (Se vota:)

                -4 en 6. Afirmativa.

                En consideración el artículo 8º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

                (Se vota:)

                -4 en 6. Afirmativa.

                En consideración el artículo 9º.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

                (Se vota:)

                -4 en 6. Afirmativa.           

                En consideración el artículo 10.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

                (Se vota:)

                -4 en 6. Afirmativa.

                En consideración el artículo 11.

SEÑOR HEBER.- Respecto a este artículo, la delegación del PIT-CNT cuestionó el destino que no puede tener un impuesto, a pesar de que exista voluntad política. Es decir, puede haber voluntad política sobre el destino que tendrá, pero el impuesto no puede ser atado a ese destino. No sé si el Gobierno ha reflexionado frente al planteo tan contundente y claro que ha realizado la Central de trabajadores.

                Coincido con  la  observación  de  que  no  se  puede atar el impuesto al destino -hacerlo es una pésima posición legislativa o tributaria- porque si mañana lo derogamos estaremos quitando un recurso a quienes lo estén usando. Se generaría desconfianza pues se  pensaría que se les saca un recurso que les es propio.

                Entonces, si bien no estoy acompañando el proyecto, me gustaría saber si se ha reflexionado acerca del planteo realizado por el PIT-CNT.

SEÑOR RUBIO.- Una cosa es sostener, como filosofía general, que no se es partidario de los impuestos con destino asignado porque se rigidiza el sistema; pero esto no quiere decir que no existan casos puntuales en los que esto se practique. En nuestro país tenemos toda una historia a este respecto; basta considerar los puntos de IVA asignados al Banco de Previsión Social para algunos casos específicos. En este caso, creo que está bien pensado. Entiendo que es de orden el destino para los Gobiernos Departamentales. A la vez, me parece que es un buen criterio que se haya pensado en reforzar el Instituto de Colonización. Y, en último término, se trata de las transacciones que se dan en el sector. Entonces, no se trata de una filosofía general, sino de un caso puntual.

SEÑOR PRESIDENTE.- A mi juicio, el objetivo principal del impuesto se relaciona con el tema de la concentración de la tierra. Obviamente, hay una recaudación, pero también existe una legislación, lo que otorga una racionalidad interna que se trasunta en el destino que se le está dando y en los instrumentos que se crean para su recaudación.

                Por lo tanto, a la pregunta formulada por el señor Senador Heber, respondemos que seguimos manteniendo el artículo 11 tal como está.

SEÑOR HEBER.- ¿Lo mantienen aun en contra de la opinión de la central Sindical?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor Senador. En este caso lo hacemos.

SEÑOR ABREU.-  No voy a insistir en este punto, pero recuerdo que hice una mención a los artículos 297 y 230 de la Constitución. En nuestra Carta se establece claramente que los impuestos sobre la propiedad inmueble urbana y suburbana situada entre los límites de su jurisdicción, con excepción de los adicionales, serán fuente de recursos de los Gobiernos Departamentales. Entonces, acá se plantea una cuestión de carácter jurídico que deberemos dilucidar. Desde nuestro punto de vista, esto puede estar más cerca de un impuesto departamental, que de un impuesto adicional departamental o un impuesto nacional. Está dentro del marco establecido por la Constitución de la República, sobre todo en el artículo 230, que establece competencias a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero solamente a los efectos de la constitución de comisiones sectoriales, y no desde el punto de vista de la orientación y distribución de los recursos tributarios que se establezcan.

                Digo esto para que quede como reflexión sobre la constitucionalidad del tema y, sobre todo, por los argumentos relativos a deficiencias legales que oportunamente formularemos.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿El señor Senador Amorín quiere hacer algún comentario?

SEÑOR AMORÍN.- Los haré en el Plenario, señor Presidente. Aquí simplemente me limitaré a votar negativamente todos los artículos.

SEÑOR RUBIO.- No quiero iniciar un debate ahora, pero quiero decir que en lo personal me ha resultado muy esclarecedor y contundente el informe del doctor Leonardo Costa Franco relativo al proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así es, señor Senador.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11.

(Se vota:)

                -5 en 8. Afirmativa.

                En consideración el artículo 12.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

                -5 en 8. Afirmativa.

                A continuación, ingresamos en la Sección II del proyecto que, seguramente, tendrá más adeptos.

                En consideración el artículo 13.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

                -5 en 8. Afirmativa.

                En consideración el artículo 14.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

                -5 en 8. Afirmativa.

                En consideración el artículo 15.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

                -5 en 8. Afirmativa.

                Queda aprobado el proyecto de ley.

SEÑOR RUBIO.- Propongo como miembro informante al señor Senador Tajam.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta del señor Senador Rubio.

(Se vota:)

                -7 en 8. Afirmativa.

Corresponde pasar a considerar el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes sobre el Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros.

                Si bien esta iniciativa ha llegado recientemente al Senado, se nos ha consultado sobre la posibilidad de aprobarlo antes de fin de año.

SEÑOR RUBIO.- Creo que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes.

SEÑOR ABREU.- Comprendo las urgencias políticas que puedan existir, pero me parece que amerita un mínimo de atención en la Comisión, ya que por algo el sistema es bicameral.  Creo que, por lo menos, debemos tener un asesoramiento que nos permita, incluso, familiarizarnos con el proyecto, más allá de que existan líneas de continuidad política con la Cámara de Representantes. Además, no estoy proponiendo pasarlo para la Legislatura próxima, sino reunirnos en otro momento para escuchar alguna opinión y formarnos en un tema que es muy importante. No puede ser que, por el solo hecho de haber sido aprobado por la otra Cámara, los Senadores también lo votemos.

(Se suspende momentáneamente la versión taquigráfica.)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión se volverá a reunir el próximo martes 20 a la hora 10.

                Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 13 y 15 minutos.)

 

 

 

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.