SEÑOR PRESIDENTE.-  Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 9 minutos.)

                -La Comisión de Hacienda del Senado continúa con el tratamiento del proyecto de ley relativo al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (CIR) y tiene el gusto de recibir a una delegación de la Asociación Rural del Uruguay, integrada por su Presidente, ingeniero agrónomo José Bonica Henderson, y el contador Héctor Álvarez.

                Como sabemos que ustedes han estudiado el tema y desean hacer varias reflexiones, con gusto les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR BONICA.-  Buenos días señores Presidente y señores Senadores: es un honor para la Asociación Rural del Uruguay, una institución con 140 años de vida, dar su opinión cada vez que el Senado de la República, a través de sus Comisiones, se lo solicita, y esta no es una excepción por lo que nos sentimos muy satisfechos de participar de esta reunión.

                Antes de ingresar al tema, nos gustaría hacer dos comentarios generales. En primer lugar, quisiéramos compartir un estudio que la Asociación Rural del Uruguay encargó a la empresa Cifra relativo a la opinión metropolitana sobre el agro.  Si bien se trata de un estudio para uso interno, quisiéramos comentar algunos aspectos. Ocho de cada diez encuestados metropolitanos están de acuerdo con la frase “si al campo le va bien, al Uruguay le va bien”. El 16% de los encuestados cree que los impuestos del agro son bajos. Me gustaría que esta frase dijera que solo el 16% lo cree; no obstante, la frase dice que el 16% de los metropolitanos entiende que los impuestos al agro son bajos. Tres de cada cuatro metropolitanos dice que el agro es una fuente de trabajo muy importante y el 45% de ellos piensa que dentro de diez años esto va a ser aún mayor. ¿Por qué hacemos estos comentarios? Porque entendemos que el tema que hoy nos ocupa no es sectorial, sino nacional, y tiene una gran importancia.

                Asimismo, nos gustaría hablar sobre el valor de la tierra. Vemos muchas virtudes al hecho de que la tierra tenga un valor alto y realmente nos parece absurdo ‑por no decir otra cosa- que se lo intente bajar, salvo que exista un promitente comprador o un interesado en ser comprador, ya sea público, privado, nacional ‑destaco lo que voy a decir a continuación- o extranjero. Nosotros asociamos el alto valor de la tierra con inversión, incorporación de tecnología y aumento de productividad y, sobre todas las cosas, con aumento del confort de la gente que vive en el país.  Cada vez que se circula por el interior de nuestro territorio, queda muy claro que han existido cambios, y muy importantes. No solo lo vemos, sino que además hay trabajos técnicos que demuestran la evolución de los índices; así como nuestra sociedad está mejorando, en casi todos ellos estos aumentos se observan a una tasa mayor en el interior del país, que siempre había quedado relegado. Donde no se advierte esta evolución positiva, sino negativa -y esto es común para la capital y el interior- es en temas de educación, donde hoy no hay problemas de recursos. 

                A continuación, vamos a dar nuestra opinión sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. Se trata de un proyecto de ley, dos impuestos, tres efectos tributarios y un deterioro de la imagen del país. La iniciativa está dividida en dos partes y por eso hablamos de dos impuestos. Tenemos visiones ideológicas muy distintas -ya lo hemos comentado- pero lo primero es saber si realmente tenemos problemas de concentración de la tierra. Reconocemos -y hemos estudiado- la posición de varios economistas que dicen que la unidad y el tamaño de las unidades de producción pueden ser un problema en el Uruguay, pero nosotros no lo vemos así. Queremos tener claro si es necesario evitar la concentración. En función de los datos actuales, no consideramos que la concentración sea un problema. Lejos de ello, sabemos que a partir de la información de la DICOSE y del Banco de Previsión Social, hay más empresas agropecuarias. Nos faltarían datos del censo agropecuario para confirmarlo, pero reiteramos que no vemos que esto sea un gran problema.  Si así lo fuera, ¿por qué utilizar estrategias tributarias para esto y por qué emplear estrategias tributarias fijas cuando todos reconocemos, y lo habíamos acordado en el pasado, la conveniencia de actuar en base a la renta? Cuando digo “en el pasado” quiero recordar el período previo a las elecciones de 2004, en el cual, a instancias de la Asociación Rural, los cuatro candidatos a la Presidencia de la República de aquel momento acordaron la importancia de la renta para el sector agropecuario. Uno de ellos ganó y unos años después implementó una reforma tributaria que se alineó con estas expresiones. Entendimos -hoy nos damos cuenta de que fue un error- que no hacía falta recordar este documento en las últimas elecciones; era tan claro, que no lo hicimos. Aquí tenemos una diferencia grande y queremos recordarla: no vemos necesidad alguna por la que debamos apartarnos del Impuesto a la Renta. Además, advertimos algunos errores de redacción y nos cuesta entender por qué se hace esa gran diferencia entre un propietario de 1999 hectáreas y uno de 2001.

                Además, si observamos la experiencia de otros países, y en particular la de Nueva Zelanda -que tanto los técnicos como los productores y los estadistas del Uruguay varias veces han visitado y tomado como ejemplo- es bueno recordar que allí no hay ninguna legislación en este sentido, como ahora se propone en el Uruguay. La tierra realmente vale mucho y verdaderamente produce mucho. A su vez, podemos dar diversos ejemplos de varios países donde la tierra no vale y realmente los predios son grandes. Recordemos países en los que los predios son chicos, producen mucho y no hace falta la reglamentación. Entendemos que el simple hecho de que la tierra valga es la mejor barrera para que el predio se siga agrandando. Hoy por hoy, con la producción no se puede comprar más campo y los empresarios rurales están implementando estrategias para crecer hacia adentro, es decir, para invertir a efectos de que una misma hectárea produzca más de lo que generaba antes. Ello ha sido fácilmente medible en los últimos años, y está ocurriendo. Es posible que en estos días estemos hablando, a nivel de la prensa, de los rendimientos del trigo y de su precio. En materia de rendimientos, sabemos que ha habido innovación tecnológica, se están incorporando variedades, hay una generación de conocimiento y se observa un cambio muy grande; también existen cambios en los precios, pero eso lo vamos a analizar al final. Pero sobre esto no queremos detenernos más; se han escuchado muchas voces y sabemos que debemos ser breves porque esta mañana  la Comisión tiene por delante un gran trabajo.

                No vemos por qué, el segundo impuesto al que queremos referirnos, tiene que ser rotulado en un proyecto de ley bajo el título “Concentración de los inmuebles rurales”. Esta segunda parte afecta a todos y a cada uno de los predios rurales en el país en el momento en que vayan a ser comercializados, ya sean estos de 50, 60 o 5.000 hectáreas, ya sea que pertenezcan a productores familiares o empresarios rurales. Sin embargo, reconocemos que desde el punto de vista filosófico estamos de acuerdo con esa iniciativa porque pensamos que hay que pagar una renta y está bien hacerlo cuando hay liquidez, que es cuando se realiza la venta, y no año a año. Está claro que los productores viven de lo que producen y no de su capital.

                Más allá de lo expuesto, tenemos dos o tres comentarios para hacer. Sin duda, dado el aumento del valor de la tierra, la renta hace que esta parte del impuesto sea sumamente onerosa y, a nuestro entender, casi confiscatoria; eso es realmente muy grave. También observamos una discriminación entre vendedores de tierra productores y no productores, que pensamos que no se justifica. Hay una tasa distinta para pagar si uno es productor agropecuario y si no lo es, por lo cual antes convendría dejar de ser productor agropecuario para después vender la tierra; se trata de algo que para nosotros no tiene sentido. Asimismo, debemos decir que tenemos dudas con respecto a cómo se va a elaborar el índice por el cual se va a llegar al valor ficto -por decirlo de alguna manera- que tenía esa tierra en el año 2007. En este sentido, hemos visto un avance en la redacción sobre este punto con relación al proyecto de ley original, el que nos parece sumamente discriminatorio y arbitrario.

                Ya hemos hablado de los dos impuestos y nos resta hablar de los tres efectos tributarios, porque estos dos impuestos que están en el mismo proyecto de ley pero son tan distintos, combinados, son letales. Hay que ir pagando año a año por una renta que aunque se está produciendo no se ve en el bolsillo y, además, si uno en algún momento quiere vender el campo hay que volver a pagarlo. Nos parece que esto es realmente equivocado.

                El último punto sobre el que queremos hablar refiere a lo siguiente. Nosotros hemos interactuado mucho con el Gobierno -cuando hablamos de Gobierno lo hacemos en el concepto más amplio- conversamos con el Presidente de la República, con el Vicepresidente, con varios Ministros, con Subsecretarios, con varios asesores y con varios parlamentarios; en definitiva, hemos mantenido una buena comunicación. Pero al día de hoy tenemos una convicción fuerte en cuanto a que la mayoría de los integrantes del Senado de la República opina que este impuesto no es aconsejable, y de que en la Cámara de Representantes la mayoría considera que este proyecto de ley, que ya tiene media sanción, no es conveniente. Entonces, pensamos que es bueno tener presente que en este asunto está en juego la imagen de nuestro querido país, de quién manda, de cómo funciona la democracia uruguaya, de si gobiernan las mayorías o las minorías. Esto ha quedado muy expuesto y no por nosotros, sino por los actores políticos que lo han dejado ver de una manera muy clara. Si bien es cierto que estamos hablando de convicción para no comprometer a nadie -sólo comprometemos nuestra opinión en este sentido- queda muy claro que la Asociación Rural no es la única que piensa de esta manera. Creo que es importante leer lo publicado en la tapa del semanario Búsqueda al respecto; si bien no se habla del campo, sí se mencionan en general estos temas, utilizando frases fuertes. Entendemos que es necesario tener una actitud de liderazgo, y cuando hablamos de esto lo hacemos en contraposición a demagogia. Demagogia hay cuando se toman decisiones, buenas, pero fáciles de implementar, de trasmitir y que son aceptadas por otros. En cambio, hablamos de liderazgo cuando se trata de decisiones buenas aunque cueste expresarlas y trasmitirlas. Este proyecto de ley que se va a considerar ahora en esta Comisión es una gota, pero se suma a otras y no podemos dejar esto de lado, es preciso tenerlo presente. Es importante para todos nosotros que este Uruguay, que tiene una gran imagen, la siga teniendo; hablamos de una  imagen que nos ha permitido alcanzar grandes logros. Estoy haciendo referencia al sector agropecuario porque es el que más conozco, y todos recordarán que el famoso estatus sanitario de nuestro país y su conocida actitud en aquel momento, cuando a pocos minutos de entrar en la Casa Blanca el Presidente de la República fue informado del brote de fiebre aftosa y lo reconoció, determinaron que una debilidad como fue el foco de aftosa se convirtiera en una fortaleza. Uruguay dice, Uruguay es creíble, y eso no lo podemos perder porque entre nuestros grandes valores se destacan nuestros valores democráticos y republicanos, y estos no pueden quedar en duda, no deben quedar en duda.

                Agradecemos mucho la atención que nos han prestado y estamos a las órdenes para cualquier consulta que los señores Senadores deseen formular. Asimismo, quiero reiterar mis palabras iniciales: es un honor para la Asociación Rural ser escuchada por el Senado de la República.

SEÑOR HEBER.- Damos la bienvenida a la Asociación Rural del Uruguay ya que es un placer recibirla, al igual que a todas las agremiaciones representativas de la producción de nuestro país porque lo que nos importa es que el Uruguay funcione.

                La exposición ha sido muy clara, sintética y concreta y, por lo tanto, no tengo ninguna pregunta. Sí me interesaría contar con algún estudio de los economistas -si es que existe- que tal vez la Asociación Rural pueda tener, respecto de las proyecciones y saber si es factible prever una posible caída en este sector. Consulto porque un concepto me quedó muy claro: a menor valor de la tierra, más concentración de la tierra. No se necesita ser un economista para entender que a mayor precio de la tierra, menor concentración.

                Por otra parte, estos anuncios que ha hecho el Gobierno han generado    -por lo menos de acuerdo a la información que me ha brindado gente amiga vinculada al sistema productivo- detención de inversiones. En todas partes se han detenido proyectos; la posibilidad de la instauración de estos impuestos no ha generado solamente problemas en la inversión en el campo, sino también una situación de desconfianza en el país. Incluso, a nivel de la prensa también se informa sobre detención de proyectos y de inversiones que eran importantes y que estaban generando un crecimiento considerable en el país. Uruguay ha crecido, también su Producto Bruto y básicamente sus impuestos lo que, de alguna manera, es recaudación que se logra sobre la base del crecimiento de la inversión, la credibilidad en el país y la confianza.          

                Reitero que mi consulta va por el lado de saber si existen estudios acerca de todo esto. Ya se realizó una encuesta y es interesante tener datos acerca de la opinión metropolitana, pero si contáramos con alguna otra información que probara lo que nosotros intuimos y sabemos por el contacto que tenemos con los agentes productivos, sería muy importante porque podría generar una reflexión ante esta preocupación en cuanto a que se está matando a la “gallina de los huevos de oro”. Hemos crecido en base a la atracción de inversiones y ahora estaríamos matando lo que ha generado confianza y, justamente, crecimiento.

SEÑOR BONICA.- El señor Senador nos pide argumentos que prueben todo esto y nosotros respondemos que, afortunadamente, todo está probado en el país. Una de las cosas que llaman la atención, es que no estamos aprovechando nuestra propia experiencia.

                En el país ya existió un impuesto que gravaba de manera rígida la tierra, el Improme, cuyos efectos fueron considerados. Se evaluaban las hectáreas de una manera fija con miras a que este impuesto fuera menos oneroso para el que produjera más, pero, en realidad, lo que ocurrió fue que para mantener la rentabilidad, en lugar de producir más se bajó el valor de la tierra, y con la tierra más baja algunos actores crecieron. No tenemos que analizar la experiencia de otros, ni estudiar otros modelos para ver cómo actuar; esto ocurrió en nuestro país y ya lo sabemos. Lo que es novedoso -y debemos reconocerlo- es que en este momento hay un crecimiento -el mundo está quedando chico- de la demanda de alimentos y de los factores de producción de esos alimentos.

Lo que sí es bueno compartir con los señores Senadores es que hemos recibido llamadas de operadores, de colegas productores agropecuarios, manifestando mucha inquietud en este sentido. Y hay dos tipos de llamadas: algunas, de potenciales compradores que no dijeron que no pero que prefieren esperar, y otras, de potenciales vendedores que quieren acelerar la venta porque una oferta menor en el negocio es más barato que lo que van a perder por el segundo impuesto. Quiere decir que se están dando las dos cosas: hay compradores que esperan y vendedores que se apuran.

SEÑOR AMORÍN.- Me pareció muy clara la exposición del señor Presidente de la Asociación Rural, no obstante  lo cual quiero puntualizar algunos temas.

                Considero que el centro de la exposición del Presidente es que se observan dos filosofías contradictorias en estos dos impuestos bajo un mismo título.

                El segundo impuesto tiene una filosofía más lógica y coherente con lo que el entonces Ministro Astori -hoy Vicepresidente- sostenía como la lógica de la reforma en Uruguay y, el primero, es absolutamente contradictorio pues va a contramano de esa lógica, no tiene nada que ver en este sistema integrado, fantástico, tributario que tiene el Uruguay. Me parece que ese tipo de cosas      -y me gustaría saber si eso es así- son las que crean confusión y las que provocan que la gente se pregunte: “¿Hacia dónde vamos?”. Hace cinco años se nos marcó un camino -podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en contra de otras, pero era un camino- y hoy se nos indica uno diametralmente opuesto. En la misma ley hay dos filosofías lo que, obviamente, puede generar confusión en la gente, y quiero ver cómo lo toma el sector.

                El otro punto al que quiero referirme lo explicó -por lo menos parcialmente- el señor Presidente de la Asociación Rural.

                Hace unos días mantuvimos una charla con el señor Ministro de Economía y Finanzas en la cual le consultamos acerca del Índice Coneat para ver si este impuesto, además de absurdo -desde nuestro punto de vista- era injusto. Tengo la idea de que su implementación data de fines de los sesenta, cuando se analizaba la productividad agrícola ganadera de los campos teniendo el tipo de suelos y  la ubicación. Años después, cuando ejercía como abogado, intervine en la venta de un campo de un amigo, que había sido compañero de liceo,  que estaba ubicado en la Ruta 24. Se trataba de un campo de 1500 hectáreas, la mitad en el entorno de Índice Coneat 40 o 50  y la otra mitad de 150. Los interesados eran forestales y pagaron US$550 la hectárea, pero si la totalidad de la superficie hubiera tenido un Índice Coneat 50 o 60, hubieran pagado US$700 la hectárea porque en ese momento era mucho más productivo y tenía más valor el suelo que tenía el Coneat más bajo.

                En definitiva, me parece que de alguna manera es como volver al Improme, pero con una base antiquísima.

SEÑOR BONICA.-  Con relación al Índice Coneat debemos decir que es una obra extraordinaria, pero de los años 60. Desde ese momento hasta ahora muchas cosas han cambiado. Posiblemente en aquella época el promedio nacional de los trigos golpeara los 1.000 kilos y hoy estamos en tres, cuatro o cinco veces más. Era un Uruguay con aftosa y hoy no los somos. En aquel momento nuestra producción era para consumo interno y hoy estamos más que exportando. Ha habido muchos cambios y así como hablamos bien del Índice Coneat, tenemos que darle la derecha porque es una gran herramienta que debe ser actualizada; no tenemos la menor duda en este sentido. Fue una herramienta hecha para un país que era exclusivamente ganadero y en la actualidad el país y la agropecuaria son otra cosa.

                Tal vez fui muy rápido en mi exposición pero todo tiene que ver con lo que decía acerca de un país democrático. Podemos estar o no de acuerdo en ciertos rumbos, pero estas normas tienen que ser claras y estables; repetimos: deben ser claras y estables. Es la única manera de que un empresario pueda llevar adelante su tarea, en particular en el sector agropecuario, donde hay diversos tipos de actividad; algunas de ellas son relativamente de corto plazo     -hemos mencionado varias veces los cultivos- pero hay otras que inevitablemente son de largo plazo. Por ejemplo, la ganadería lleva tiempo y la forestación más aún. Por lo tanto, debe existir cierta estabilidad para que los riesgos que asumen los empresarios -arriesgar es la esencia de su actividad- estén acotados meridiana claridad. Nadie puede asegurar, por ejemplo, cómo será el clima, pero el empresario debe tener en cuenta y aplicar ciertas estrategias para llevar adelante su producción con distintos escenarios. Tampoco nadie le va a garantizar los precios pero él buscará mecanismos y contratará servicios para que estos oscilen de una manera razonable. Sin embargo, el marco en el cual genera su actividad, dado por la normativa que  determina el Gobierno del país, tiene que ser claro y estable. Esto para nosotros es básico.

SEÑOR MICHELINI.- Me gustaría hacer una reflexión para ver si podemos encontrar un giro a todo esto.              

                Se hizo una reforma tributaria, hubo un compromiso de Impuesto a la Renta para el campo y los artículos 13 y 14 -si no me equivoco- van en ese sentido. Si se quiere, esto es más justo porque se había puesto un ficto y lo cierto es que los campos han crecido mucho, por lo que no parecía lógico que se pagara de esa manera habiendo tantas necesidades, independientemente de esa diferenciación de si es o no agropecuario.

                Por otro lado, en el acierto o en el error, muchos integrantes del Gobierno estamos preocupados por la concentración. Se nos transmite, por parte de ustedes -y el señor Senador Heber lo reafirma- que lo mejor son los precios altos porque es lo que desestimula la concentración ya que por más plata que se tenga, cuanto más caro es lo que se compra, más difícil será hacerse de más hectáreas. Esto no es el Improme, por más que se pueda sacar experiencia de allí, porque ese impuesto era para todos y este abarca a una franja de productores que, en general, son los más eficientes porque tienen más escala, hay más capital y por tanto pueden hacer un manejo más técnico, más tecnificado, y no abarca solo al tema agropecuario sino que incluye la forestación donde hay aspectos agregados. En definitiva, suponemos que hay mucha inteligencia en esos productores.

                Me gustaría combinar un poco estos dos impuestos y quizá lo que estoy diciendo no cierre, pero me pregunto lo siguiente. Cuando se vende un campo y se hace una diferencia importante debido a que vale más porque produce más, generalmente se debe a que hay más capital, más tecnología                     -por supuesto también sucede que el exterior puede comprar más- y aspectos agregados que lo hacen más valioso como, por ejemplo, una carretera, la electrificación o que el país sea relativamente seguro. Todos estos aspectos suman para darle más valor y hay cosas propias del que está en el campo que son del colectivo -llamémosle así- y que el individuo aprovecha, por eso le estaríamos cobrando. Ahora bien, puede suceder que ese campo no se venda nunca, entonces la persona le saca provecho más allá de la renta, le va agregando capital y va a tener un patrimonio que hasta puede hipotecar. Lo cierto es que si nunca se concreta la venta -no tiene por qué suceder, nadie está obligado a vender- el Estado se hará de esos impuestos y podrá atender otra cantidad de áreas. A su vez, quien vende un campo que rota mucho estará pagando una gran cantidad por estos impuestos, mientras que en el caso de un campo que no rota el Estado nunca se va a hacer de esa diferencia, que es real. Estamos hablando de campos de 300 o 400 hectáreas pero ahora los hay de 3.000 o 4.000 hectáreas; obviamente los de 7.000 no valían US$ 300, pero simplemente estoy pensando en voz alta.

                ¿Qué pasaría si este impuesto, de los primeros once o doce artículos, se descontara al concretarse una venta? Digo esto más allá del destino de los artículos 13 y 14, que habría que modificarlos. Si una persona tiene un campo que se valoriza, esto sucede porque alguien se interesa en pagar. Ahora no existe eso de “te compro por un monto y te doy plata por el costado” porque el que compra pierde esa diferencia cuando va a vender, es decir que los campos ahora están al precio que corresponde, eso es bien transparente. En definitiva, cuando compro un campo estoy pagando por él pero hay una parte -que ya estaba- que corresponde a la diferencia de la renta entre la compra y la venta sobre la cual no se va a aplicar un ficto, sino que se intentará ser lo más ajustado a la realidad.

                Nuestros invitados nos han dicho -y el señor Senador Amorín también lo afirmó- que eso está dentro de la filosofía del Impuesto a la Renta que a nadie le gusta pagar. No me refiero a la gente que ahora está esperando para vender porque esto siempre pasa cuando se da un cambio tributario; estoy tratando de ver si podemos conjugar ambas cosas.

                Reitero que estoy pensando en voz alta para ver si podemos encontrar un giro que consiga, incluso, más apoyo. Por ejemplo, que el impuesto fuera solo respecto de  los primeros artículos, es decir,  para las grandes extensiones; en las pequeñas, se cobra cuando se venden. Por supuesto que más adelante, dentro de tres o cuatro años, podría estudiarse la situación para ver si no estamos cometiendo alguna injusticia porque la letra es fría y la realidad es otra cosa.

                A su vez, a los grandes se les empieza a cobrar ahora y si nunca venden el campo se logra una especie de espada contra la concentración. Por lo menos probamos si en el correr de los años esto opera como una especie de desestímulo a la concentración y que cuando los campos se vendan -si así sucede- aunque sea en veinte años, se genere una situación de pago a cuenta. Entonces, sigo con el Impuesto a la Renta pero empiezo a probar un instrumento contra la concentración. Si este instrumento sirve, fantástico; si no sirviera o generara distorsiones, tal vez cuando el campo se venda podríamos determinar que lo que se pagó por impuestos pudiera quedar a cuenta, por ejemplo. En este sentido, me parece que para las grandes extensiones podría existir un giro.

No pretendo que se me conteste ahora, salvo que se tenga opinión formada al respecto.

SEÑOR BONICA.- Quiero recordar lo que acabamos de mencionar.

                Concretamente, hice referencia a un proyecto de ley, dos impuestos y tres efectos tributarios; el tercer efecto es la conjunción de los dos primeros. Esta sugerencia solucionaría el tercer inconveniente. Si bien reconocemos esa intención, habría que estudiarla; se tiene que tener claro cómo se llevará el registro de todos estos elementos. Hemos analizado entre nosotros este asunto y podemos afirmar que llevar bien esta cuenta corriente tiene sus inconvenientes.

SEÑOR MICHELINI.- Es más fácil llevarlo hoy que en los años sesenta.

SEÑOR BONICA.- Sin duda.

                Quiero expresar que entendí muy bien los ejemplos utilizados por el señor Senador Michelini. Me referiré al tema de las carreteras, que hoy no son lo que queremos ni lo que necesitamos. Esto lo hemos dicho públicamente y hoy lo reiteramos aquí. La lógica es que las carreteras se hagan con lo recaudado por el Estado a través del Impuesto a la Renta, pero si hay que buscar otra solución estamos dispuestos a hacerlo. Si la solución pasa por “el que usa, paga”, la analizaremos con mucho gusto. Pero necesitamos carreteras.

                Por último, quiero expresar que si bien es cierto que hay varias causas que explican por qué la tierra vale, muchas de ellas no provienen del propietario de la tierra, sino del resto de la sociedad. Si realizamos esa afirmación, no podemos olvidar que muchas de las cosas buenas que les sucede a los no propietarios de tierras, provienen de los productores agropecuarios. Entonces, tenemos que hacer un trade off; debemos cambiar los figurines porque hay muchas cosas que le están pasando a la sociedad, que realmente proceden del campo. Hay trabajos técnicos -me refiero a los realizados por la economista Inés Terra- que demuestran cómo una demanda extra en el campo genera puestos de trabajo y aumento en el ingreso familiar en los sectores no rurales. Entonces, sí es cierto que un campo en cualquier lugar del país vale por la imagen país -que queremos defender y que citamos al comienzo de nuestra intervención- que se genera con varios aspectos, pero también hay factores que van en el otro sentido: desde el campo le llegan muchas noticias buenas al resto de la sociedad. Tampoco debemos olvidar eso.

SEÑOR MICHELINI.- Lo reconocemos.

SEÑOR BONICA.- Pienso que si vamos a hacer cuentas, debemos hacer referencia a las cifras.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su visita y las expresiones vertidas, que la Comisión tendrá en cuenta.

(Se retira de sala la delegación de la Asociación Rural del Uruguay.)

               

(Ingresa a Sala la delegación de la Federación Rural del Uruguay.)

 

-La Comisión de Hacienda da la bienvenida a la delegación de la Federación Rural del Uruguay integrada por su Presidente, señor Miguel Sanguinetti, y su Vicepresidente, ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte.

                El interés de la Comisión radica en conocer su opinión sobre un proyecto de ley relativo al impuesto a la concentración de la tierra que se está estudiando.

SEÑOR SANGUINETTI.- Antes de comenzar nuestra exposición queremos agradecer su recibimiento y mencionar que ya hemos concurrido la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

                La Federación Rural es una asociación integrada por 52 federadas desparramadas por todo el país, por lo tanto creemos que representamos a un universo muy grande y diverso de productores. En varias oportunidades se nos ha dicho que este impuesto no afecta a la Federación Rural, y no estamos de acuerdo con esa opinión ya que sí afecta a algunos productores; inclusive, la segunda parte del impuesto engloba a todos los productores rurales. Consideramos que este último aspecto es el más grave porque creemos que constituye un elemento más para excluir a los productores del medio. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día la gran mayoría de los productores rurales uruguayos son productores familiares; la mayoría de los predios están integrados por familias que trabajan en conjunto para poder subsistir. Por lo tanto, en caso de tener que realizar una sucesión o una venta, la segunda parte del impuesto les afectará considerablemente quedando, probablemente, fuera del sistema.

                Desde un principio, la Federación Rural se ha negado rotundamente este impuesto porque considera que la carga impositiva al agro ya es alta. En reiteradas ocasiones hemos escuchado que el agro paga poco; nosotros creemos que no es así. De los informes de la DGI se desprende que el agro paga igual que otros sectores, sin incluir muchas veces la Contribución Inmobiliaria Rural y lo que se paga al BPS por hectárea.

                Desde ese punto de vista, creemos que ya estamos pagando demasiados impuestos y que los costos para producir en Uruguay son muy altos, mucho más que en cualquier país de la región. Ante esto, querríamos decir “no más impuestos” pero debemos afrontar la realidad de un Gobierno que diagnostica concentración de tierras -por supuesto que nosotros pensamos que no la hay- que va a utilizar un instrumento que no es útil para desconcentrar -reitero, en caso de que la hubiera- y que va a atacar, más que nada, a los productores uruguayos y a la ganadería de cría. Consideramos que esto es muy grave porque a nuestro país le está faltando materia prima desde hace un tiempo y hay muchos obreros en Seguro de Paro; entonces, es bastante contraproducente atacar  la máquina de producir.

                A esta altura y teniendo en cuenta la situación mundial, en lugar en pensar en cobrar más impuestos, sería más conveniente ver de qué forma se puede ayudar para que la producción siga creciendo. Hasta ahora hemos demostrado que cuando se nos dan las condiciones, respondemos. Sin embargo, el Gobierno está pensando en ayudar a la industria y en dar facilidades para que esta siga en marcha, mientras castiga al agro. Eso es lo que pensamos en líneas generales.

SEÑOR URIARTE.- Quiero destacar que hemos concurrido con la intención de manifestar lo que nos encomendó la última Asamblea de Presidentes de las federadas: su oposición a esta iniciativa, básicamente por dos razones. En primer lugar, pensamos que todos los uruguayos -y no solo el agro- estamos pagando muchos impuestos; en este momento tenemos el presupuesto más grande de la historia. Además, en lugar de tener en cuenta la inestabilidad mundial -estamos en una situación en que podríamos pensar en aprovechar el momento y tener mayor seguridad para el futuro- estamos sumando la inestabilidad interna al pensar solamente en recaudar impuestos. Quizás el enfoque debería ir en otra dirección. En segundo término, esta oposición se fundamenta a partir de la forma en que esto se está concibiendo, que nos alarma y nos preocupa muchísimo. Se trata de una forma forzada e inconsulta, tal como señaló el señor Sanguinetti.

                Esta es la segunda oportunidad que tenemos de manifestarnos; honestamente,  sentimos que la primera vez que lo hicimos fue para cumplir con una formalidad -ojalá que en esta instancia no ocurra lo mismo- y no discutimos argumentos. En realidad, hasta ahora no teníamos ningún fundamento en contra, pero no tuvimos la oportunidad de discutir sobre la situación. Esa forma forzada e inconsulta que mencioné, en contra de la cual se manifestaron algunos Ministros y autoridades de Gobierno- pese a lo cual igual se aprueba, porque a veces el tramite parlamentario es “votarlo como viene” sin introducirle modificaciones- nos preocupa muchísimo. Hemos observado que dentro del propio Partido de Gobierno hay gente que no está de acuerdo con esta iniciativa -obviamente, es una minoría la que está a favor- pero a pesar de ello, de todas maneras se vota. Como no estamos peleando por ningún espacio político ni gremial y solo estamos pensando en el país que queremos para nosotros y para nuestros hijos, no tenemos oportunidad de discutir los argumentos. Por eso queremos recalcar la forma en que esto se está concibiendo; si en este momento se hace de esta manera, estamos seguros de que en el futuro se va a proceder igual. Más allá de gravar al sector con otro impuesto, lo que más nos preocupa es la forma en la que se lo está haciendo. Esta no es la democracia que queremos para nosotros ni para nuestros hijos.

                Por las razones que he expuesto, la Federación Rural del Uruguay se ha negado a la aplicación de este impuesto desde el principio. Como ya dije, consideramos que todos los uruguayos estamos pagando cifras muy altas por concepto de impuestos, cuando aún queda mucho por hacer en materia de eficiencia y de utilización de los recursos en todos los ámbitos. De manera que no nos parece conveniente esa preocupación por continuar recabando impuestos para distribuir lo recaudado. Reitero que la segunda razón por la cual estamos en contra de este proyecto de ley es la forma en que se lo pretende implementar.

                Desde el comienzo tuvimos una posición proactiva. Nuestra intención fue tomar la propuesta tal como venía, analizarla y compartirla con nuestras federadas, que son cincuenta y dos -tal como dijo el señor Sanguinetti- más los granjeros, los mineros, los cañeros de Bella Unión, los forestales y los apicultores, que a pesar de no integrar la Federación están involucrados en la familia rural. Entre todos comenzamos a trabajar, por un lado, analizando el proyecto de ley y, por otro, haciendo un diagnóstico de situación del sector. Al principio se dijo que los precios eran los más altos de la historia y que, por ende, el sector estaba recaudando mucho dinero y lo debía compartir. Sin embargo, la realidad de algunos subsectores estaba muy lejos de esa situación. Por lo tanto, nos enfocamos en ver en qué condiciones estaba cada rubro del sector agropecuario. Para ello, desde mayo hasta noviembre fuimos invitando a los referentes de cada rubro para que nos mostraran sus resultados y nos dijeran cuál era su proyección a corto y mediano plazo. Esto serviría de insumo para quienes debían tomar decisiones a los efectos de que estas no se basaran en los precios altos. Esta fue la conclusión que sacamos en una reunión que tuvo lugar en el LATU el pasado 18 de noviembre, a la que invitamos a todos los integrantes del Parlamento. Desgraciadamente, la concurrencia de los parlamentarios fue muy escasa, pero asumimos el compromiso de desgrabar lo que allí se manifestó y hacérselos llegar para que lo puedan manejar como sustrato.

                Me gustaría describir la situación por la que está pasando cada rubro para que la tuvieran presente. Existen denominadores comunes a todos los rubros; es cierto que en los principales de ellos los precios, en dólares corrientes, están llegando a cifras históricas. Pero si se hace un análisis evolutivo, se podrá observar que no solo los precios han aumentado, sino que los costos lo han hecho en la misma medida o más aún. Esto ocurre en casi todos los rubros, y el costo que más incremento ha tenido, por lejos, es la mano de obra, lo que redunda en un aumento de los costos de producción. Si pasamos los resultados a moneda constante o a relaciones de intercambio, lo que parecía ser algo bueno deja de serlo; para muchos de los rubros ya no es el mejor año de los últimos diez.

                Por ejemplo, los datos de la ganadería están basados en la información brindada por el Plan Agropecuario y por FUCREA. Se trata de una muestra sesgada, ya que son productores que supuestamente disponen de más recursos, ya sea personales, técnicos o de capital. Aquí debemos aclarar que, en el rubro ganadería, recién el año pasado se han recuperado los precios como para ser competitivos, porque hasta ese momento se perdía competitividad interna frente a otros rubros. Entonces, a partir del año pasado se comienza a ver un resultado positivo que, en términos corrientes, es el más alto de los últimos diez años. En cuanto a los dos años anteriores, uno de ellos había tenido resultados negativos y el otro había sido exiguo. Cabe señalar que estamos hablando de US$ 50 por hectárea para una muestra que técnicamente tiene más ventajas y dispone de mayores recursos. Hoy a US$ 50 por hectárea no se consigue nada para arrendar; hay que pensar como mínimo en US$ 70 por el peor campo y más bien en US$ 80 para poder pagar. En este marco hay que ubicar la rentabilidad, que viene a ser la máxima, en dólares corrientes, de los últimos diez años. Y reitero: si esto se traslada a diferentes rubros, los resultados son distintos. La cría es la que mejor se ha recuperado porque el ternero ha tenido una recuperación, pero la invernada se ve muy comprometida en la medida en que, por los costos de los granos y por el hecho de que perdió las praderas en base a la agricultura, no tiene mayor competitividad. En definitiva, entonces, la invernada está comprometida y no se están instalando más criadores en zonas que son marginales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no entiendo mal, esa es una rentabilidad promedio del subsector de ganadería, pero generalmente se dice que el impuesto afecta a todo el sector, cuando en realidad está afectando, en términos de superficie, a poco más de un tercio, y, en términos de propietarios, a muchísimos menos. Entonces, no sé si existen análisis o investigaciones que tengan en consideración el tamaño y la productividad de los predios, dado que el punto de partida de este impuesto no es solamente el tamaño, sino que está relacionado con una determinada productividad, que estaría dada por el Índice Coneat. A este respecto, también hemos recogido opiniones en el sentido de que, en términos de la ganadería y sobre todo la de cría, para un Coneat 100 el punto de partida del impuesto es bastante más que 2.000 hectáreas. En definitiva, quisiera saber si nuestros invitados están manejando rentabilidades y situaciones promedio del subsector o si podemos diferenciar los casos de una manera que sea más útil para el tratamiento de este impuesto.

SEÑOR URIARTE.- No es un promedio; es, como dije al principio, una muestra sesgada de los mejores productores. Obviamente, el resultado de los ganaderos del país es bastante menor. Por eso destaqué que es una muestra sesgada de gente que tiene recursos técnicos y capitales muy diferentes a los de los ganaderos en general.

Por otra parte, sabemos que quienes aportarían la primera parte del impuesto son un 2% de los productores, pero no por eso nos deja de importar, porque creemos que, a través de los efectos indirectos, nos va a afectar a todos.

Además, no quiero decir nada contra las empresas agrícolas forestales, pero muchas de ellas tienen áreas arrendadas y son, por economía de escala y por asimetría, quienes desplazan a los criadores ganaderos, que no pueden pagar esos precios. Ofrecen el doble de lo que un criador puede pagar.

SEÑOR SANGUINETTI.- He contado varias veces que en una entrevista que me realizaron, un periodista me decía que este impuesto está enfocado a las grandes empresas forestales, y mi respuesta fue que en principio es así, pero no debemos olvidar que debajo de los árboles, en el espacio que es posible, se crían vacas, y los que crían esas vacas son pequeños productores que no tienen propiedades. Entonces, quien va a pagar es el pequeño productor, porque la empresa forestal, sabiendo que es muy difícil tener lugar para colocar vacas en Uruguay -ya no hay lugar por la cantidad de rubros que existe en el campo- se lo va a pasar. De manera que el que va a pagar el impuesto es el pequeño productor, como siempre.

SEÑOR URIARTE.- Por eso me refería al sector ganadero; quería explicar, tomando el comentario del señor Presidente, cómo afecta el impuesto en una forma directa al sector criador, sobre todo. Se va a generar una competencia, sobre todo de compañías que no van a estar afectadas y que son muy competitivas por una asimetría que no va ligada a su eficiencia de producción. A veces, son economías de escala financieras que, por su tamaño, ocupan áreas que el pequeño productor no puede abarcar.

Quiero destacar, además, que en el sector criador ganadero, el 30% son arrendatarios y que la mayoría de los productores de la Federación Rural no pagan este impuesto. Siempre lo menciono porque yo soy arrendatario, hoy me levanté a las tres de la mañana para llegar acá y no lo pago, pero me preocupa todo lo que dije anteriormente y me identifico en cada una de las palabras.

El sector ganadero está pasando por un muy buen momento de precios históricamente, tiene una capacidad muy importante de colocar su producción y va a haber una demanda de carne en los años que vienen, pero internamente está comprometido por la competitividad que ejercen otros subsectores del sector agropecuario, y evidentemente cualquier elemento que le sume inestabilidad lo va a complicar y le va a poner piedras en el camino como para poder aprovechar este momento, que entendemos que puede extenderse dos o tres años hacia adelante. Además, hay que hacer la salvedad de que a los diferentes rubros del sector se los va a tratar de una manera distinta.

El sector de la lechería también está pasando históricamente por un momento de precios altos; estamos hablando de 40 centavos contra                15 centavos. La competitividad que está logrando el sector es por la productividad, porque a estos niveles de precios es posible aplicar una tecnología que antes era inaccesible. Sobre todo, se puede recurrir a un mayor uso de suplementos que, a pesar de que están caros, han logrado incrementar en un 20% la producción en un año, lo que es asombroso. Pero el sector también está afectado por la competencia que mencioné anteriormente, en especial de la agricultura, y es importante tener en cuenta que dentro del sector lechero el 50% de los productores son arrendatarios. Además, si lo miramos con perspectiva histórica, vienen de dos años de palos, porque en el año 2008, después de la caída de las Bolsas, el mercado se terminó y estos productores tuvieron dos años de resultados negativos. Es decir que, de alguna manera, están rehaciendo la casa para tirar para adelante. Pero es un sector que también ofrece mucho potencial.

Dentro de las amenazas que quería mencionar con respecto a la asimetría, tenemos el ejemplo de una forestal en Colonia. En ese caso, los productores lecheros están amenazados de perder tierra frente a la forestal, cuando es una producción muy familiar. Son temas que nos preocupan.

(Intervención del señor Senador Michelini que no se escucha.)

-Sí, pasó también con la soja, pero en ese caso se defienden mejor; incluso, los tamberos están guardando ese grano. En Santa Fe,  Argentina, es muy común usar soja. Pero no quiero distraerme mucho en cada rubro porque tenemos poco tiempo.

El otro sector que está pasando por un buen momento -es, quizás, el que está mejor- es el de agricultura de secano, concretamente la soja. Es un sector que se expande año a año, pero ya ha sentido un freno porque los costos de producción han aumentado al igual que en todos los rubros. Esto hace que suelos que fueron plantados dejen de ser rentables, por lo que las compañías grandes están retrayéndose a las zonas agrícolas y están dejando suelos. En este caso, la preocupación más grande es cómo se está haciendo esto, cómo se están usando los recursos naturales y humanos, porque abarcan extensiones grandes -donde hay familias de los patrones y de todos los empleados establecidos- que se abandonan. Se arriendan los campos, el dueño y las familias del capataz y los peones se van, las escuelas cierran, etcétera.

La situación en el sector arrocero es diferente. Los costos de producción han llegado a tal nivel, que a pesar de que el año pasado hubo un récord histórico de producción, el 30% de los productores cerraron con números rojos. Esta situación se dio, principalmente, porque los costos de producción pasaron de US$ 900 o US$ 1.000 la hectárea -eran los precios históricos- a US$ 1.800, y este año van a superar los US$ 2.000. Sin embargo, los precios del arroz no han evolucionado como lo han hecho los de otros productos. Tampoco  han tenido incrementos  como ocurrió en el caso de  la soja, la carne y la leche, porque la comercialización del grano en el mundo con respecto a su producción es mínima. Es un sector complicado, que con este impuesto, puede llegar a estarlo aún más.

                Quería hacer mención al trigo, que es un claro ejemplo de lo que pasa con la agricultura de secano. Tenemos precios históricamente altos, pero todo el esquema está sostenido en eso y, por tanto, si el precio llega a caer, no sé cómo nos vamos a arreglar con esos costos de producción. Además, como el impuesto a la tierra es un costo fijo y se va a pagar haya o no rentabilidad, agrega una gran inestabilidad al esquema de producción. Estos son algunos de los argumentos que vamos a comentar después. El trigo es un claro ejemplo de lo que pasa en la agricultura porque en agosto estaba a US$ 300 la tonelada y hoy está en US$ 180 o US$ 190. Entonces, para llegar al punto de equilibrio hoy se tiene que estar produciendo por encima de 3.000 kilos la hectárea, lo que está muy por encima del promedio.

SEÑOR SANGUINETTI.- Se habla de 4.500 kilos.

SEÑOR URIARTE.-  El promedio nacional debe rondar los 3.000 kilos de producción. Durante muchos meses estuvo a US$ 300, pero ¿qué pasa con el trigo? Uno se podría preguntar por qué los productores no vendieron cuando estaba a US$ 300. Lo que pasa es que en el trigo es muy importante la calidad del grano. Si,  como ocurrió hace un par de años, hay una primavera lluviosa o llueve inmediatamente antes de cosechar, crecen hongos -el más conocido es el fusarium- entonces, ese trigo no sirve para consumo humano y pasa a ser comida para ganado. Esto hace que el valor baje a la quinta parte o llegue a no tener valor, como ocurrió en aquel momento, cuando no había mercado. Después, en otra cosecha, se embolsó y guardó y al otro año se vendió a casi el mismo precio que el trigo bueno. Esos vaivenes son normales en los mercados de las commodities, sobre todo de la soja, del trigo, del oro o del petróleo, porque entran agentes que recuperan  y sacan ganancias pero que no tienen nada que ver con la producción. Por tanto, son los productores reales los que están expuestos a lo que pase y,  normalmente, los problemas surgen al momento de la cosecha. Hoy el trigo es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo,  porque está a US$ 190 la tonelada y hay que producir más de     4.000 kilos por hectárea, pero la mayoría de los productores no lo hace y están tratando de embolsarlo para venderlo en el futuro.

                Pasando al sector forestal, puedo decir que es el que está más preocupado, básicamente, por algunas cosas que obedecen a la realidad internacional y otras, al cambio en las reglas de juego. La crisis que hubo en Estados Unidos hizo que la demanda en madera tratada se desplomara. En Uruguay tenemos dos grandes compañías instaladas: Urupan y Weyerhaeuser; una se vendió y la otra está parada. En consecuencia, la importante apuesta que habían realizado esas empresas para producir madera de calidad -que implica un cuidado del árbol mucho mayor que para la pulpa- hoy está seriamente comprometida. Actualmente, es la pulpa la que está “salvando la petisa” dentro del sector forestal. Como decía, el sector forestal está muy preocupado porque apostó a algo e invirtió con una proyección de 10 o 20 años, pero a la mitad de la carrera le cambian las reglas de juego y, entonces, la cosa se le complica. En ese sentido apunta la mayor parte de la preocupación.

                También debo hacer mención -se nos pidió que lo planteáramos- a que hay una propuesta de derogación del artículo 43 de la Ley Forestal, que exoneraba a los productores del pago de ciertos impuestos, lo que dejaría de estar vigente. Entonces, ¿en qué situación quedan los que apostaron a eso y contaban con esa exoneración? Está bien que de aquí en más se decida eliminarla, pero a los que la tenían, les preocupa mucho lo que va a pasar. Por otra parte, cuando se habla de ese 2% de productores con más de 2.000 hectáreas, se debe tener en cuenta que muchos son forestales. Ello tiene una explicación netamente comercial -ya habrán escuchado el argumento-  porque para determinados volúmenes de inversión se necesita cierta cantidad de árboles, ya que nadie se quiere arriesgar a tener que salir a comprar en su momento. Muchas de las empresas son de gran porte y son las que van a pagar el impuesto, aunque hay que hacer una salvedad porque en determinados contratos se exime a las empresas o se les hace pagar por un lado y se les devuelve por otro a través de la ley de fomento de las inversiones, pero ese es otro tema.

                Ahora voy a seguir con el sector apícola. En ese sector hay unos cuantos productores y, a veces, ellos mismos dicen que es difícil definirlos como rurales, pero lo cierto es que lo son.  En estos momentos, el sector apícola tiene un problema de mercado porque, como sabrán, está acusado de manejar  insumos transgénicos, sobre todo, a través de la soja. Eso ha hecho que perdieran mercados como el europeo, que es lo que más les preocupa. Este sector está atravesando un momento difícil debido a ese problema. Quizás  no sea al que más le afecte esto, pero está incluido y es importante porque llegó a producir más que el sector de la oveja, teniendo en cuenta la carne y la lana. Por tanto, es un sector que hay que considerar.

Por otro lado, están los granjeros que tienen, diría, un problema existencial: de estructura y de atención, básicamente. Necesitan saber qué van a producir, dónde y cómo van a vender. Hablamos de 4.000 productores, aunque en el último año 1.500 dejaron de serlo. Quizás no los ataque este impuesto, pero voy a poner un ejemplo. Hay gente que para no pagar este impuesto está vendiendo parte de sus campos y ¿dónde los compran? En Canelones que es donde están más baratos y nadie los quiere. Eso está desplazando a productores lecheros y granjeros chicos. Los Senadores sabrán que existen diversas formas de evadir el impuesto -no vamos a ser innovadores en esto- y, ante las perspectivas, la gente lo está haciendo.

                Resumiendo y muy a vuelo de pájaro,  ese fue el resultado de los principales rubros que presentamos y nuestro compromiso es hacerles llegar toda la información en detalle.

SEÑOR SANGUINETTI.- Quisiera dejar sentado que este sería el cuarto impuesto a la tierra porque están además la Contribución Inmobiliaria Rural,  los aportes patronales al Banco de Previsión Social por hectárea y el Impuesto al Patrimonio a las Sociedades Anónimas con acciones al portador.

                También decimos que se trata de una injusticia tributaria porque  no es lo mismo una hectárea Índice Coneat 100 con aptitud agrícola que otra con Índice Coneat 100 que solo tiene aptitud ganadera. A su vez, queremos remarcar la forma arbitraria del impuesto porque un productor con               1.999 hectáreas Coneat 100 no pagaría, pero un productor de 2.001 hectáreas Coneat 100, sí y eso nos parece una locura desde todo punto de vista.

                Por otra parte, vemos que se quiere desconcentrar pero por la segunda parte del impuesto va a ser inviable vender un campo en Uruguay. Entonces, entendemos que presenta contradicciones. Además, creemos que hay algo que no se toma en cuenta. Hay establecimientos  de más de 2.000 hectáreas que son de familias que trabajan en conjunto porque, de lo contrario, tendrían que vender el campo porque en campos ganaderos sería imposible trabajar por separado cada fracción. A la larga, esto alentaría la concentración de la tierra porque frente a este panorama y ante la incertidumbre, los productores uruguayos terminarían vendiendo sus campos a grandes empresas  extranjeras. Un error conceptual muy grande es pensar que los productores viven de la venta de sus tierras o de la venta de parcelas todos los años cuando, en realidad, viven de lo que sus tierras producen.

SEÑOR ABREU.-  Quiero aclarar que el mecanismo que utilizamos en la Comisión es el de escuchar la opinión de los invitados, sin ingresar en coincidencias o discrepancias, pero puedo adelantar que coincido en forma importante con todo lo que se analizó acá, no sólo desde el punto de vista conceptual, sino con lo que se dijo sobre el impacto tributario en cada uno de los diferentes sectores, así como también con la diferencia que se hizo con respecto a la ganadería de cría, que es absolutamente excepcional pero muy importante porque está vinculada a productores que generalmente no tienen la facilidad de ingresar en el ciclo completo.

                Ahora bien, la pregunta que quiero formular tiene que ver con otra parte del proyecto de ley, referida a la aplicación del ficto por la venta de tierras. Me gustaría saber cómo ve la Federación Rural el hecho de que la tendencia a la transferencia de tierras se vea perjudicada por el aumento sustancial que existiría desde el punto de vista tributario.

SEÑOR URIARTE.-  Este tema nos preocupa tanto como lo anterior y es un problema que tiene varias puntas. Se pretende cambiar la forma en que actualmente se grava, aumentando el Índice Coneat -para decirlo de alguna manera- para obtener una mayor ganancia de la capitalización que tiene el bien tierra.

En primer lugar, parecería haber una inequidad tributaria porque éste no es el único bien que se capitaliza en la economía del país. En términos absurdos, tenemos el caso de los jugadores de fútbol que se compran en     US$ 1.000 y los venden en millones de dólares. Entonces, ¿por qué no cambiar la forma en que ellos tributan? Consideramos que es un poco injusto tratar al sector agropecuario de una manera y al resto de otra. Esta modificación al impuesto anterior pretende atacar al que no es productor agropecuario, pero termina afectando a todos. Se debería diferenciar entre una persona que no tiene una identidad agropecuaria y  entra al negocio para buscar una ganancia determinada y después sale, y el productor que no tiene pensado vender sus campos y que su orgullo sería que su familia continuara en el rubro. Si esta persona necesita hacer una transferencia se le complica, y en el caso de los productores más chicos esto  puede significar que  tengan que abandonar el rubro, al menos como propietarios.  Por lo tanto, nos preocupa muchísimo este aspecto porque abarca a todos los productores -grandes y chicos- y es injusto con respecto al resto de la sociedad.

SEÑOR GALLINAL.-  ¿Acaso,  los inmuebles urbanos no tienen el mismo gravamen que el que se pretende imponer a los rurales?

SEÑOR URIARTE.-  Como señaló el señor Sanguinetti, este es el cuarto gravamen que se le pone a la tierra por lo que es un bien que está gravado varias veces. Quiero aclarar que en el sistema tributario, que fue recientemente considerado, ya se establecieron formas de gravarlo e, inclusive, de modificarlo y, además, después de esto va a venir el aforo, el ajuste de la tasa del IRAE y otros impuestos. Nosotros pensamos que esto no va a parar aquí y eso es lo que más nos preocupa.

                Por otro lado, quiero señalar que no compartimos la idea de ir contra la propiedad y no es ese el verdadero problema que tenemos los productores. La preocupación debería estar centrada en el acceso al trabajo,  y no en el hecho de saber de quién es el campo. Creemos que es muy complicado ir contra la propiedad y conceptualmente no estamos de acuerdo. Sí apoyamos el hecho de que el que quiera trabajar y esté capacitado, tenga la posibilidad de acceder a la tierra, lo que actualmente es un enorme problema para los uruguayos.  No me refiero a ser dueño de la tierra, pero sí a saber que si planta un árbol, lo va a ver crecer. Hay países, como Nueva Zelanda, que crearon herramientas que  vienen funcionando bien desde hace muchísimo tiempo, como es el caso de las corporaciones. A través de ese sistema los productores pueden tomar una partida del Estado para comprar un campo o este se los  puede  vender. De esta manera, los productores jóvenes recién preparados se instalan en los campos y luego devuelven el dinero con su producción, de forma que en el futuro otros puedan hacer lo mismo.  Es algo similar a lo que propuso el señor Ministro para el rubro lechero con las AFAP, y consideramos que este sí es un tema que debe atenderse. Se debe estudiar la forma para que los que quieran trabajar puedan hacerlo y cuenten con las herramientas necesarias.

                Por lo que nos expresó el señor Senador Agazzi,  esta iniciativa  fue creada pensando en el Instituto de Colonización y nosotros nos preguntamos si esa es la herramienta que se debe fomentar. ¿Es tan eficiente en el logro de sus objetivos como para tenerla en cuenta hoy? Como productores conocemos colonias, sabemos cómo trabajan y las ponemos muy en duda. ¿No se estará dedicando tiempo a una herramienta que no demostró ser eficiente y, por diversas razones -no pretendo echarle la culpa a nadie- nunca cumplió con el objetivo para el que fue creada? Esa es una realidad; quien recorre el país y visita las colonias puede ver que están más cerca de ser un minifundio que otra cosa.

SEÑOR SANGUINETTI.-  Les volvemos a agradecer por habernos recibido. Apelamos a la conciencia de cada Senador y les pedimos que, por el bien de la agropecuaria y el país,  piensen bien lo que van a votar.

                Por último, les quiero obsequiar unas reflexiones de la Federación Rural sobre este impuesto.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Repartiremos ese documento a todos los miembros de la Comisión.

                Les agradecemos los aportes realizados.

(Se retira de Sala la delegación de la Federación Rural.)

 

(Ingresan a Sala los representantes de la Comisión Nacional de Fomento Rural.)

                -La Comisión de Hacienda tiene mucho gusto en recibir a los representantes de la Comisión Nacional de Fomento Rural para tratar el proyecto de ley relativo al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Hemos considerado importante escucharlos para conocer la opinión que el mismo ofrece. En el día de hoy han concurrido el señor Ermes Peyronel, Presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural; el señor Fernando López, Secretario General; el señor Mario Buzzalino, Tesorero; el ingeniero Gustavo Pardo, Coordinador Ejecutivo, y el señor Mario Colom, Protesorero.

SEÑOR PEYRONEL.- Antes que nada, queremos agradecer la oportunidad que se nos ha dado de podernos expresar ante ustedes sobre un tema de real trascendencia.

                Si se me permite, voy a dar lectura a un memorando que resume la posición institucional con respecto al proyecto de ley relativo al ICIR. En él se dice que la Comisión Nacional de Fomento Rural, desde hace años, viene planteando su preocupación por el proceso de concentración y extranjerización de la tierra y su impacto en la agricultura familiar. Dicho proceso, que se ha acelerado en los últimos años, no es exclusivo de nuestro país ya que se trata de una tendencia generalizada que tiene un fuerte impacto en la región, tal cual surge del estudio recientemente publicado, “Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina”, llevado a cabo por la FAO.

                En este contexto, el precio de la tierra en Uruguay se multiplicó por seis en los últimos tiempos, impulsado por el aumento de precios de las commodities agrícolas, y también utilizado como resguardo de capitales y especulación inmobiliaria. En razón de ello, el precio de la tierra aumentó bastante más que el de los productos. A partir de esta situación de concentración, muchos países han tomado medidas legislativas para enfrentarla.

 Desde que esta iniciativa fue anunciada, y nosotros comparecimos ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes en octubre pasado, la Comisión Nacional de Fomento Rural, sin entrar a valorar el proyecto del ICIR en sí mismo, se ha manifestado favorablemente, en el sentido de que ha permitido poner sobre la mesa de debate nacional el tema de la concentración de la tierra.

                La tierra es un recurso natural de toda la sociedad y debe cumplir una función social. No se puede analizar como un activo más o un factor de producción, como una herramienta o cualquier otro insumo. La tierra, además de producir y de formar parte del territorio nacional, constituye un modo de vida. Es un ecosistema que cumple otras funciones y un recurso natural que debemos cuidar y preservar.

                A pesar de que aún no se cuenta con los datos definitivos, una muestra del Censo Agropecuario -que está en ejecución- señala que, ya censado el 20% de la superficie y el 30% de los productores, se confirmaría que existen menos productores y una tendencia a una mayor concentración de la tierra. Como elemento adicional, creemos del caso reafirmar que organismos internacionales como la FAO y el propio Banco Mundial alertan sobre la gravedad de este proceso de concentración. A partir de esta información, resulta incomprensible que existan manifestaciones de algunos integrantes del sistema político y del propio sector agropecuario que pretenden sembrar dudas sobre el evidente proceso de concentración y extranjerización que se ha venido agudizando en los últimos años en nuestro país. El 2,5% de las empresas -que son las que tendrían que pagar el ICIR- explotan el 35% de la tierra, mientras que la franja inferior, que abarca el 40% de los productores, tan solo el 2% de la misma. ¿Eso no constituye un claro síntoma de concentración?

                Con respecto a la relación de la concentración con la soberanía, podemos consignar a modo de ejemplo que hoy, en Uruguay, hay seis empresas que explotan 450.000 hectáreas de agricultura. También hay un millón de hectáreas forestadas  -gran parte de las cuales lo han sido gracias al aporte de todos los uruguayos bajo la forma de subsidios- de las que solo dos empresas extranjeras son dueñas de la mitad. Semanas atrás, el país fue testigo de las excepcionalidades que una de estas empresas le exige a nuestra nación para llevar adelante un emprendimiento. ¿Eso no constituye una limitación a la soberanía? Actualmente, el país no dispone de legislación alguna que limite la adquisición de tierras por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras. ¿Qué pasaría si a algún poderoso empresario privado, a  los fondos de inversión o fondos previsionales se les ocurriera comprar toda o gran parte de nuestra tierra?

 Debe quedar claro que cuando hablamos de soberanía, no nos referimos exclusivamente a la bandera ni al Himno Nacional, sino a la capacidad de decidir tanto sobre el destino de nuestro territorio como sobre  la renta que genera el recurso natural más importante que tenemos.

                En la investigación llevada adelante por la FAO, se cita al Director del Centro Peruano de Estudios Sociales, señor Fernando Eguren, quien señala: “la concentración de la tierra no es solo un fenómeno económico, es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo. Tiene que ver también con restricciones en la democracia”. Luego, continúa: “Eso está creando una serie de problemas e inequidades, de influencia muy grande sobre la orientación de la modernización de la agricultura, que deja al margen las preocupaciones por la seguridad alimentaria, así como por el desarrollo de la agricultura familiar”.

                Los defensores de los grandes emprendimientos agrícolas hacen referencia al crecimiento de la producción, a las toneladas exportadas y a la generación de empleo. Consideramos que falta analizar la otra cara de la moneda, que constituye el sensible deterioro de los suelos, reconocido así por la propia Renare y por un especialista en la materia, como el Decano de la Facultad de Agronomía. Este deterioro es absolutamente irreversible y, en razón de ello, es necesario tenerlo en cuenta a la hora de efectuar las valoraciones.

También se debe tener presente el daño en la infraestructura vial que provocan  estos grandes emprendimientos cuyos titulares son, precisamente, quienes hoy reclaman fuertes inversiones del Estado y de la sociedad para su recuperación.

                En lo que tiene que ver con la generación de empleo, algunas investigaciones demuestran que la lechería genera diez veces más empleo por hectárea que la agricultura. Precisamente, es la lechería uno de los sectores más afectados en la competencia por la tierra con la agricultura. Hay datos que señalan que doscientas mil hectáreas -un 20% de la superficie destinada a la lechería- pasaron a la agricultura, al no poder competir los productores lecheros con el agronegocio, debido al elevado precio de los arrendamientos. Como consecuencia de esto, más de mil productores lecheros quedaron excluidos de la cadena agroindustrial.

Por todo lo expuesto, insistimos en que hay que “mirar las dos caras de la moneda” y reafirmamos que el tema de la tenencia de la tierra tiene connotaciones económicas, sociales y culturales.

En lo que respecta al proyecto del ICIR en sí mismo, no queremos abundar en aspectos técnicos tributarios, pero apoyamos eventuales modificaciones al mismo para evitar una posible afectación a la ganadería de cría. Es más, consideramos que este tipo de excepciones podrían instrumentarse en la reglamentación de la ley.

Tampoco visualizamos que la implementación del ICIR se pueda considerar como “un cambio en las reglas de juego” por la incidencia que el mismo pueda tener en la rentabilidad del segmento que abarca. Se trata de cifras simbólicas en comparación con la renta que estos negocios están obteniendo y que queda evidenciada en los elevados precios que  están ofreciendo para el arrendamiento de tierras.

Con referencia al destino que se le daría a la recaudación generada, concordamos con que se atienda a la caminería rural, así como también apoyamos que el destino de los recursos obtenidos por la aplicación de los artículos 13 y 14 del proyecto,  referidos a la enajenación de inmuebles rurales, sea el Instituto Nacional de Colonización.

En razón de ello y por encima de los efectos que el ICIR podrá tener o no para limitar la concentración de la tierra -en este sentido coincidimos con el señor Ministro de Economía y Finanzas, quien en las últimas horas manifestó ante esta misma Comisión que “no se puede hablar de los efectos de un impuesto, antes de que se empiece a instrumentar”- insistimos con que el problema de la concentración de la tierra debe atenderse con la premura necesaria y que a nuestro entender solo se soluciona con una legislación específica que limite la superficie de tenencia por parte de personas físicas o jurídicas, tal cual ya existe en otros países.

Legislar sobre el uso y tenencia de la tierra no es meramente un tema económico o tributario; es fundamentalmente un tema político y social. En ese sentido creemos pertinente citar al Oficial de Políticas de FAO, señor Fernando Soto Baquero, que recomienda: “Los gobiernos de la región deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras, no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar”.

En otro orden de cosas, pero muy relacionado con este tema, creemos del caso reafirmar en este ámbito nuestra reivindicación institucional sobre la necesidad impostergable de proceder a una revisión de la política de promoción de inversiones y exoneraciones tributarias, con las que se benefician estos grandes emprendimientos. Entendemos que en muchos casos ya no se justifica el importante sacrificio fiscal que hace toda la sociedad en beneficio de los mismos. Hay estudios y opiniones de expertos que señalan que un alto porcentaje de esos emprendimientos igual seguirán adelante sin las exoneraciones tributarias.

Reafirmamos el uso y la tenencia de la tierra, porque al subir tanto su valor, tanto de  arrendamiento como de adquisición, al productor familiar le es muy difícil  poder adquirirla con su propia producción porque no tiene rentabilidad. Estos fondos vienen de otros capitales, de otras economías que transgreden  la producción familiar.

SEÑOR LÓPEZ.- Voy a realizar algún comentario para ampliar el documento que entregamos.

                Cuando nos referimos a la concentración de la tierra -concretamente, en este caso  el proyecto habla de la propiedad de la tierra- es necesario dejar claro que este fenómeno o su problemática debe visualizarse como la tenencia a cualquier título. Este es un concepto más amplio y por eso incluimos aspectos tributarios que es necesario revisar. El hecho de que una gran compañía o un gran capital tenga a cualquier título el 90% de la tierra o que la tierra sea explotada por una sola empresa -veámoslo por el lado del absurdo- tendrá casi  el mismo impacto sobre la economía y la sociedad uruguaya; pero podremos correr el riesgo de perder soberanía con respecto al territorio. Por eso, entendemos que para solucionar el problema de la concentración debe aplicarse un conjunto de instrumentos, puesto que es muy difícil revertir esta situación con una sola normativa. A la hora del diagnóstico -sobre todo para ver cómo está la situación, siendo que el termómetro lo puede tener cualquiera- se pone en duda si hay concentración de la tierra porque se carece de datos oficiales. El informe que acaba de publicar la  FAO -con el cual podemos tener algún matiz, pero reconocemos la importancia de un organismo internacional como este- refleja  una visión regional y un enfoque por país que es bueno porque de alguna manera enmarca la situación regional -que siempre es recomendable comparar-  las distintas realidades de otras regiones de América Latina donde la concentración de la tierra por parte de las grandes compañías es mucho más fuerte  y o hay un cruzamiento, un encadenamiento de estas empresas que acaparan tierra, producción, logística, distribución y riqueza. Esto no lo decimos nosotros sino que es el fruto de un estudio de  técnicos independientes de un organismo que financian los gobiernos,  y por eso creemos que una visión de otro ángulo es una buena base.

Por otro lado, hace pocos días, en una reunión de la FAO llevada a cabo en Roma -luego de un proceso de evaluación, de más de un año, de las directrices voluntarias sobre reforma agraria y desarrollo rural de la Conferencia Internacional de Desarrollo Rural que se desarrolló en Porto Alegre hace un tiempo- este organismo arribó a conclusiones preocupantes que muestran  la necesidad de que los gobiernos tomen medidas a este respecto y emitan  señales en el mismo sentido. Hay gobiernos -algunos de la región, como Brasil o Argentina y también lo está haciendo Nueva Zelanda- que están tratando de ajustar su legislación, que reafirman la  necesidad de los Estados de regular en materia de afectación de los  recursos naturales, como es el caso de la tierra.

También queremos reafirmar -aunque lo diga el documento- que esto no es un cambio en las reglas de juego. Por ejemplo, la sequía que hubo entre  2008 y  2009 le provocó al sector ganadero, según datos de la OPYPA, una pérdida de US$ 400:000.000. Esto le ocurrió en un año al sector primario, que no es toda la agropecuaria. Quiere decir que un fenómeno climático a favor o en contra puede producir cambios en forma sistemática. Por el volumen de la recaudación, es claro que este es un gravamen más; pero reiteramos que no compartimos que se diga que se cambian las reglas de juego porque, además, no se ha dicho que se  cambian las reglas de juego cuando el Estado estimula con políticas fiscales de beneficio en otro sentido y no gravando.

                Decimos que se debe aplicar un conjunto de instrumentos, que tiene que haber regulación en materia de ordenamiento territorial y también en materia tributaria. Hay otro fenómeno más grave aún -que quizá todavía no afecte al  Uruguay, pero las piedras están pegando cerca-: la irrupción en el mercado de adquisición de tierras de  Estados o de empresas estatales de países árabes,  de Japón y de China,  que si bien empezaron por zonas pobres de África, ya están comprando en América Latina, incursionando en la región. En este sentido, queremos dejar claramente establecido que no sabemos si este será el instrumento para encontrar una solución al problema, pero sí hay que enfocarse en él  porque el tema de la tierra atañe a la soberanía nacional.

                Por último, en lo relativo a la concentración de tierras,  estamos convencidos de que Uruguay debe tener una legislación que establezca  el tope máximo de tenencia -por supuesto que habrá que estudiar cuál será ese tope, tanto para personas físicas como jurídicas- porque los tiempos cambian y pensamos que ese sería otro instrumento legislativo que podría dar solución al problema. Compartimos el enfoque que se ha dado a este tema.          

                En cuanto a lo que se expresa en la exposición de motivos con respecto a cómo abordar la problemática, estamos de acuerdo, no obstante lo cual  entendemos que debe complementarse con otros instrumentos legales.

SEÑOR PEYRONEL.- Quisiera agregar algo sobre el tema.

Uno de los puntos que siempre priorizamos es el uso de la tierra; fundamentalmente hacemos hincapié en que se utilice exclusivamente para producir alimentos porque vivimos en un mundo que los demandará cada vez más y va a llegar un momento en que pasarán a ser algo  lujoso.

                En cuanto al tema de los impuestos sería importante que el dinero que se recaude se volcara al sector en caminería, en infraestructura, en electrificación, en agua para riego, etcétera; consideramos que eso es elemental.  A nuestro juicio, si el producido de los tributos -no solo de este, sino también de la Contribución Inmobiliaria y los demás impuestos- no se vuelca a infraestructura, es caro;  pero si se le da ese destino, los tributos se vuelven baratos y necesarios.

                Con respecto a lo expresado en cuanto a  que hay una incidencia en los costos, debemos tener en cuenta que la aplicación de glifosato en una hectárea de tierra cuesta entre US$ 20 y US$ 30, mientras que 100 kilos de fertilizante ronda los  US$ 80 dólares por hectárea.  Los tamberos aplican mucho más que eso; gastan, por lo tanto, más, por lo que US$ 10 en estos casos  realmente inciden.

                Se nos ha dicho que se están cambiando las reglas de juego, pero  queremos expresar que en el sector incide mucho más el clima y también a veces la variación del dólar. Por esa razón, cuando baja el precio de la leche o del trigo, eso repercute en el valor del  producto.

                Nos parece que es muy importante que se tome conciencia en cuanto a reglamentar el uso de la tierra  porque su mal uso hace que se vaya degradando o se vuelva  improductiva y eso no contribuye al bien del país.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Quiero señalar que estamos escasos de tiempo porque la Comisión debe recibir también al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero como ustedes mencionaron que Brasil, Argentina y Nueva Zelanda estarían tomando medidas con relación a la regulación del fenómeno de la concentración de tierras, quisiera saber si podrían agregar algo más sobre ese tema o, por lo menos,  facilitarnos la fuente de información para poder analizarla.

SEÑOR LÓPEZ.- En realidad, hicimos un comentario -que sería bueno  que se analizara, quizás ya lo hicieron- sobre un documento de la FAO que rescata las normativas de los países. A nuestro juicio, este instrumento es una buena base de respaldo técnico. En uno de sus apartados, además de la fotografía por país,  menciona qué es lo que  algunas naciones de la región están haciendo para enfrentar este fenómeno.

                Vengo de participar de la Reunión Especializada  de Agricultura Familiar, que en estos días se está desarrollando en Minas; justamente allí se formó un grupo técnico que ha venido trabajando en este tema y se manejó mucha información sobre los países de la región. Pensamos que este puede ser otro insumo.

                En cuanto a Brasil, sabemos que ha retomado lo establecido por un decreto-ley de la década del setenta. Por este instrumento se controla la regulación de la compra de tierras por parte de extranjeros y cada municipio fija un porcentaje que no puede exceder en el territorio. Sería como un doble control. Una sola empresa, persona jurídica o física, en este caso cada municipio, no debe sobrepasar más de un tanto por ciento del territorio y  los extranjeros no pueden tener más de determinada cantidad de tierra.

                Por otro lado, el gobierno argentino envió  al Congreso una ley que menciona estos dos casos.  En Argentina, la potestad sobre la tierra la tienen los gobiernos provinciales y no el gobierno nacional. Por esta razón, en el Congreso se está discutiendo una ley que restringe el uso de la tierra que puede ser comprada por personas físicas o jurídicas extranjeras a un 20% en cada territorio. También establece un límite máximo a cada establecimiento que, si no me equivoco es de 1.000 hectáreas. Esas son las dos fuentes que tenemos en la región.

                Con respecto a lo que ocurre en Nueva Zelanda, sabemos que están alarmados porque en los últimos años se han vendido 600.000 hectáreas. Si lo comparamos con lo que se vendió en Uruguay, podremos ver qué sensible es Nueva Zelanda con respecto a este tema. Sabemos que a partir de diciembre de 2010 se han puesto más restricciones. Por ejemplo, sabemos que han aparecido grupos económicos extranjeros con interés en la compra de tierra  y  tienen que pasar por una oficina que estudia  en cada caso si las operaciones son viables -en cuyo caso las habilita- o no. Además, existe una regulación muy fuerte en cuanto al uso de la tierra en cada región productiva. No solamente se controla  qué cantidad de tierra se vende, sino qué tipo de capital viene y cuál es su destino. En síntesis, se ha restringido más el desembarco de  capitales en Nueva Zelanda. Esos son los datos que tenemos de este país.

SEÑOR ABREU.- Tengo dos preguntas muy concretas. De la comparecencia de las distintas gremiales surgió una visión muy antagónica respecto del análisis conceptual e incluso tributario.

La primera pregunta tiene que ver con la parte del proyecto de ley relativa al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. En la audiencia anterior, la Federación Rural del Uruguay -que representa a 52 instituciones federadas- dio a conocer una conclusión que quisiera saber si  es compartida o no. Sus representantes dijeron que el ICIR tendrá una repercusión contraria a la finalidad tributaria  perseguida y que, en consecuencia, la concentración de la tierra aumentaría aún más. Seguramente, ya habrán escuchado esa explicación, pero quisiera conocer su visión en cuanto a si existe o no ese efecto distinto al que realmente anima a este proyecto de ley.

La segunda pregunta que deseo realizar es sobre la otra parte del proyecto de ley por la que se elimina la posibilidad de optar por el ficto que se aplica a la venta de tierras antes del año 2007, porque ese tema ha generado gran preocupación en cuanto a la comercialización de tierras que estén, por ejemplo, en trámite de sucesión.

                Concretamente, quisiera escuchar su opinión sobre esta segunda parte del impuesto.

SEÑOR AMORÍN.- Las expresiones que hemos escuchado de parte de la delegación nos demuestran que existe preocupación por temas que consideramos muy importantes. Uno de ellos es que la tierra debe ser utilizada básicamente para producir alimentos, por lo que no resultaría aceptado todo aquello que no tuviera esa finalidad. En ese sentido, nos imaginamos enseguida dos temas que están en muy boga, como son la forestación y la minería. Cuando el Presidente hizo una pregunta sobre la concentración de la tierra, me dio la impresión que la preocupación mayor se plantea por la extranjerización. Todos los ejemplos que nos dieron son de países que tratan de evitar que ello suceda, aunque en Uruguay ese fenómeno ya se produjo. De todas maneras, pensando hacia adelante, me gustaría saber si tienen una opinión negativa sobre las gigantescas empresas forestales que están instaladas en nuestro país, pero que son de propiedad extranjera.

SEÑOR PEYRONEL.- Cuando hablamos de la extranjerización de la tierra realmente nos estamos refiriendo a los extranjeros que vienen de otras economías, con dinero proveniente de otras fuentes e invierten en nuestro país. Muchos dicen: “No se van a llevar la tierra”, pero  también sabemos que el dinero colocado en un banco, no siempre puede ser recuperado, ya que los bancos no son tan seguros. De ahí, pues, que se realicen esas inversiones.

                No objetamos que un extranjero se radique en el Uruguay y se dedique a producir como antes lo hicieron nuestros antepasados, pero discrepamos con el hecho de que las tierras se concentren en manos de extranjeros porque muchas veces arriendan los campos que compran y ellos permanecen viviendo fuera del país, siendo su actitud meramente especulativa y no de inversión. Cuando hablamos de la agricultura familiar nos referimos a quien produce y vive de ella, pero hay quienes se dedican a otra actividad y al campo le dan otro uso. En nuestro caso, queremos que se dé prioridad a quien trabaja y vive en el campo.

                Hace unos años, junto con el ingeniero Pardo, tuve la suerte de visitar Holanda y mantener una entrevista con organizaciones del campo, por quienes nos enteramos de que en ese país  son los productores o sus hijos quienes están autorizados a vender la tierra; el uso y lo que pueden producir está reglamentado. También tuve oportunidad de visitar los grandes tambos que se encuentran en las cercanías del Lago Michigan, en Estados Unidos, donde se habían instalado holandeses que habían vendido sus tierras en Holanda  porque podían comprar más superficie. Nos dijeron que para comprar tierras habían tenido que presentar un proyecto y que, para poder seguir adelante, eran monitoreados constantemente.

                En cuanto a si el impuesto puede ser contraproducente, las opiniones son muy controvertidas porque, por un lado, se dice que al haber tantos gravámenes, esos US$ 10 o US$ 15 que se apliquen por hectárea caerán muy pesados y, por otro, que favorecerá una mayor concentración de la tierra. También advertimos que quienes más se quejan son los que no tienen       2.000 hectáreas, por lo que no sabemos qué es lo que apoyan, si están enganchados en un agronegocio o qué es lo que sucede. Nosotros vivimos muy bien con 200 o 300 hectáreas y pensamos que no se necesita una superficie mayor. Si quien tiene 2.000 hectáreas las hace producir, pensamos que no se verá afectado por esos US$ 10 o US$ 15 que se le cobrarán.

Con respecto a la segunda parte del impuesto, todavía no tengo claro el tema del ficto.

SEÑOR LÓPEZ.- Para complementar la exposición anterior, quiero aclarar al señor Senador Abreu que es lógico que en algunos casos las  gremiales del mismo sector agropecuario tengan posiciones antagónicas. Nuestros colegas de la Federación Rural del Uruguay les habrán mencionado que tienen cincuenta instituciones afiliadas, pero nosotros nos no quedamos atrás y decimos que en todo el país tenemos cien gremiales afiliadas, que representan a sectores de la producción familiar.

                Con respecto a la pregunta concreta, debemos decir que estamos convencidos de que este impuesto no va a gravar la concentración de la tierra, porque eso ya ocurrió. Entendemos que la extranjerización es algo adicional, porque aquí el problema central no solo tiene que ver con la concentración de la tierra,  sino también con el conjunto de los recursos naturales y de la cadena agroalimentaria. Este es un fenómeno mundial, que es muy grave para un país como el nuestro. Ahí radica nuestra preocupación. Estamos convencidos de que esta iniciativa no aumentará la concentración de la tierra, porque en el Uruguay el 2.5 de las empresas agropecuarias que estarían abarcadas por el impuesto, tienen el 35% del territorio. Quiere decir que, por la vía de los hechos, la concentración se ha dado por la globalización y por medidas de estímulo, etcétera.

                Debo reafirmar que si bien nuestra principal preocupación se complementa con el tema de la extranjerización -que es doblemente preocupante- el impacto más grande sobre la producción familiar tiene que ver con la concentración de la tierra. En Uruguay, la agricultura familiar ocupa el 24%  del territorio agrícola, pero en Argentina el impacto de la concentración es muchísimo mayor, ya que solo el 13% de su superficie está en manos de la producción familiar. En toda la región del Cono Sur, entre un 65% y un 75% de las empresas agropecuarias son de carácter familiar, lo que da la pauta de la cruda realidad de la concentración.

                Con relación al ficto, quiero decir que los productores familiares en general no estarían abarcados por el impuesto, porque estamos hablando de 2.000 hectáreas  Índice Coneat 100, aunque puede haber una excepción.

                También debemos reconocer que cada empresa que estaría abarcada por el impuesto, hoy tiene un valor patrimonial de por lo menos US$ 8:000.000 o US$ 10:000.000.

(Intervención del señor Senador Amorín que no se escucha.)

                -Estoy hablando del valor de la tierra de quienes estarían abarcados por el impuesto.

En cuanto al tema del ficto, entendemos que quien pagará más será el que tenga un patrimonio mayor. Puede resultar discutible que haya habido un aumento patrimonial, pero no nos parece bien -y así lo hemos establecido- el destino de la recaudación.

                Con respecto a la inquietud planteada por el señor Senador Amorín, cabe aclarar que nos preocupan mucho los monocultivos extensivos o los megaemprendimientos. Muchas veces se ha hablado de la soja; en realidad, no es mala ni buena -simplemente es una planta- pero es claro que si en la mitad del territorio hubiera monocultivos de soja, se generaría un impacto que debería ser considerado.

                En lo que refiere a la disputa por los recursos naturales -incluidos los que se encuentran a nivel subterráneo-  es importante discutir el ordenamiento del territorio. Pensamos que una medida muy importante a adoptar en esa materia es hacer cumplir la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y generar instancias de debate en el territorio, de acuerdo con la potestad que los Legisladores dieron a los ámbitos locales de discusión. Teniendo en cuenta lo que ha sucedido con el emprendimiento de Montes del Plata -lo cito para hablar con nombre y apellido- o el la megaminería, nos preocupa que las oficinas que hacen el contralor y la observación del ordenamiento puedan trabajar libremente desde el punto de vista técnico. Reconocemos que es muy difícil decir si algo está bien o no desde el punto de vista del ordenamiento cuando hay señales que indican que se trata de emprendimientos que deben realizarse.

Creemos que el Uruguay es un país que debe tener complementariedad en su producción y en su industria, pero también pensamos que hay que hacer un uso racional de los recursos naturales y que es importante que la sociedad discuta sobre estos temas.

Consideramos que todo lo que exceda y concentre, no distribuye rentas. Es por ese motivo que nos preocupa la expansión de los grandes emprendimientos. Si la minería es un recurso natural necesario, debe usarse, pero hacerlo en forma racional.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión tendrá en cuenta las expresiones vertidas sobre el proyecto de ley y les agradece su presencia.

SEÑOR LÓPEZ.- Los agradecidos somos nosotros.

(Se retiran de Sala los representantes de la Comisión Nacional de Fomento Rural.)