SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 42 minutos)

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores da la bienvenida a la señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a su equipo asesor.

                El esquema de trabajo que está llevando a cabo la Comisión consiste, en primer lugar, en una presentación general de la evaluación global sobre el cumplimiento de objetivos y metas, luego abrimos un espacio de preguntas de índole general y, finalmente, pasamos al tratamiento de los artículos y a plantear las interrogantes que se consideren necesarias.

SEÑORA MINISTRA.- Buenos días a los señores Senadores. Para nosotros es un gusto estar en esta Casa. Debo aclarar que falta parte de nuestro equipo, como la señora Directora de la Dinavi y el señor Subsecretario, quienes no pudieron asistir en virtud de que tenían compromisos en el departamento de Cerro Largo. Por lo tanto, seremos nosotros quienes comencemos la presentación de lo actuado durante el Ejercicio pasado.

                Vamos a comenzar por el corazón del Ministerio. El 2010 fue el año en que ingresó este equipo al Ministerio y el principal desafío que se planteó fue la planificación y el control de la gestión. En consecuencia, la Dirección General de Secretaría –una de las áreas centrales del Ministerio– fue el eje de trabajo durante todo ese año para concretar la planificación del quinquenio. Creo que por primera vez logramos elaborar un plan de trabajo operativo de todas las Direcciones del Ministerio, lo que implicó reforzar el papel de la Dirección General de Secretaría como área responsable de la planificación estratégica del Ministerio. Esta tarea abarca también la definición y el acuerdo de los indicadores para el seguimiento de la gestión, el conocimiento e intercambio con cada uno de los directores sobre los problemas de recursos humanos y de los recursos necesarios para llevar adelante la gestión, y un trabajo de “pienso” y de “acuerdo” sobre la construcción de un Ministerio que logre tener otra presencia a nivel del territorio; o sea que hay que proyectar y empezar a construir el Ministerio que necesitamos para ir generando políticas y el impacto que deseamos que estas tengan.

                Por lo tanto, se priorizó el “hacer” de la Dirección General de Secretaría y allí se centró la coordinación, el intercambio de información, la planificación y el control de la gestión de todas las áreas del Ministerio. 

                A su vez, se concretó la creación de un área de relaciones internacionales –que básicamente estaba centrada en la Dinama–  en la Dirección General de Secretaría, dado que el Ministerio tiene múltiples cometidos de representación en distintos organismos internacionales. Evaluamos que, en función de los temas vivienda y ordenamiento territorial, debíamos ir generando lazos de trabajo, fundamentalmente a nivel del Mercosur y de la región de América Latina.

                Todo esto en lo que tiene que ver con las Direcciones de trabajo que ya se concretaron y que se han ido fortaleciendo desde el año 2010, teniendo como centro la Dirección General de Secretaría.

                Luego de la creación y  la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial tenía el desafío de ir concretando a distintas escalas los instrumentos de ordenamiento que preveía la norma. Durante el año 2010 se concretaron convenios de gestión con los diecinueve departamentos para definir los distintos instrumentos de ordenamiento territorial a nivel departamental, se efectivizaron acuerdos de trabajo en la órbita regional –concretamente, se trata de acuerdos de trabajo que continuaron con respecto a la generación de las directrices de ordenamiento territorial en el área metropolitana– y se iniciaron las gestiones para concretar acuerdos de trabajo sobre las directrices regionales en la región este.

                Asimismo, durante el 2010 se encaró un trabajo a nivel ministerial a efectos de dar los primeros pasos de las directrices nacionales de ordenamiento territorial. A partir de junio del año pasado se realizaron reuniones semanales con representantes de los distintos Ministerios y, por último, el Congreso de Intendentes. Allí se fue definiendo la metodología y el alcance de estas directrices nacionales que, precisamente, fueron presentadas a fin de año en el Congreso de Intendentes a efectos de extender la discusión. Hoy, en el 2011, nos encontramos en el proceso de presentación del tema ante el Poder Ejecutivo, a fin de que comience a ser discutido en el Parlamento.

                En cuanto a la Dirección Nacional de Aguas podemos decir lo siguiente. La Ley General de Aguas del año 2009 marcaba objetivos importantes con relación a la gestión de este período. Precisamente, estos objetivos tienen que ver con el acceso universal al agua y al saneamiento y con el control del uso de las aguas superficiales; eso implica comenzar a organizar directamente la gestión de nuestras principales cuencas en base a Comisiones de Cuenca.

                Comenzó a instrumentarse el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos -Plan Agua- y la Dirección Nacional de Aguas empezó a profundizar en políticas de saneamiento alternativo y de acceso al agua potable de poblados y de escuelas rurales, así como también se inició el proceso de creación de las Comisiones de Cuenca Regionales. En noviembre se concretó la primera, es decir la Comisión Nacional de Cuenca de la Laguna del Sauce, y están madurando los intercambios técnicos necesarios para la consolidación de las Comisiones de Cuenca del Santa Lucía y del río Negro. Todo este trabajo es fruto de la madurez en la articulación del trabajo con los distintos actores institucionales en la sociedad civil, que se inició en 2010.

                La Dirección Nacional de Medio Ambiente tenía como uno de sus ejes fundamentales de trabajo, a partir de la concreción del apoyo de un Proyecto BID, el análisis y la propuesta de reestructura de la Dinama, una reingeniería de sus procesos y la elaboración de una propuesta de institucionalización de un Sistema Nacional Ambiental que nos permita coordinar, a nivel nacional, todas las acciones vinculadas a la protección y el cuidado del medioambiente. En ese aspecto, en 2010 se reorganizó ese proyecto y se le dio la dirección de analizar la transversalidad de acciones o la necesaria transversalidad de miradas entre las Direcciones Nacionales de Ordenamiento, de Aguas y de Medio Ambiente. O sea, se redireccionó ese proyecto en procura de lograr una mayor integración de las decisiones de esas tres áreas que afecten el ambiente. A mediados de 2011 esto tuvo como resultado la concreción de una propuesta de reestructura de esas tres áreas. El planteo de 2010 fue tener una mirada y un hacer transversal más fuerte en esas tres Direcciones a nivel del Ministerio.

Se concretó el trabajo del componente dos de este proyecto, que tiene que ver con la reingeniería de procesos en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y se vincula directamente a la eficiencia de diferentes procedimientos llevados adelante en sus distintas divisiones.

                Se siguió trabajando en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, concretamente en los Humedales de Santa Lucía –que próximamente serán integrados-  y en las distintas Comisiones Asesoras que tienen como finalidad la realización de planes de manejo de las áreas de Laureles-Cañas y de Cabo Polonio. Se profundizó el trabajo en el área de protección ambiental Rincón de Franquía, en Isla de Flores y en La Coronilla. Hace poco se concretó el ingreso de esta última como nueva área protegida.

                Se profundizó en el Plan de Manejo de la Quebrada de los Cuervos, contando con la participación del Ministerio de Turismo, y en la concreción de un área de recibimiento.  

A partir del fallo de la Corte de La Haya, se acuerda con Argentina la creación de una Comisión de Monitoreo conjunta. La Dinama acompañó el proceso iniciado en la CARU de establecer los parámetros de monitoreo y control, manteniendo los controles de la producción de la planta y elaborando todo el protocolo de control acordado con la Comisión científica que se instauró en la CARU.  El fallo de La Haya y la forma en que el país acordó con la CARU llevar adelante el control de la planta, implicó para la Dinama  el inicio de un trabajo de férreo control de todos los vertidos que se hacen en el río Uruguay. Esto fue de la mano de la concreción y la puesta en funcionamiento de un Plan de Gestión Empresarial que fue presentado en octubre al Consejo de Ministros y que, básicamente, implica multiplicar por diez la capacidad de gestión de la Dinama. El trabajo se basa no solo en que se haga un autocontrol de las empresas con un monitoreo de un porcentaje de ese universo, sino también en empezar a trabajar, fundamentalmente, en el control de áreas de territorio.

El objetivo planteado es, justamente, el control de todo lo que se vierte en la cuenca del Río Uruguay. El segundo eje objetivo es el control del río Santa Lucía, donde se concentra la toma de agua de toda el área metropolitana, así como las principales industrias frigoríficas. Los niveles de contaminación e incidencia de estas industrias tienen mucho que ver con la necesidad de un control diferente con asiento territorial desde la Dinama.

Asimismo, se trabajó en la definición de indicadores de ambiente con respecto al aire y se concretó una propuesta consensuada de estándares de emisiones fijas. El primer informe anual del estado del ambiente fue elaborado y presentado en la página web de la Dinama y tenemos el compromiso de actualizarlo anualmente. También se definió la primera fase del estudio de calidad del aire en los entornos de Isusa en Ciudad del Plata y no se detectaron infracciones en los estándares de calidad por estas fuentes fijas. Además, se continúa con el monitoreo de la calidad del aire de Montevideo.

                Con respecto a los recursos hídricos, aparte de la gestión de monitoreo del río Uruguay y del río Santa Lucía que ya planteé, se elaboró un informe de monitoreo del río Negro y del río Cuareim, y se sigue trabajando en el monitoreo de la calidad de las playas juntamente con las distintas Intendencias. Desde la Dinama se apoyó el trabajo técnico de control de calidad de la cuenca de la laguna del Sauce.

Por otra parte, se redefinieron los acuerdos con las Intendencias departamentales sobre los contenidos para la disposición final de residuos en el área metropolitana. En ese sentido, se redefinió el proyecto de inversión apoyado por la Fapep, que tiene que ver con la gestión de residuos. Inclusive, se llegó a un acuerdo a nivel metropolitano con respecto a los términos de referencia para el trabajo de esta consultoría.

                A su vez, se fortaleció el apoyo al Programa “Uruguay integra” mediante una evaluación a nivel nacional, iniciada en el 2010, de los sitios de disposición final de todas las Intendencias y se concretó un acuerdo con la Cámara de Industrias con respecto al diseño y construcción de una celda de seguridad para la disposición final de residuos sólidos industriales, que en la actualidad está siendo construida en el predio de la calle Felipe Cardozo.

                En lo que tiene que ver con la disposición final de envases, se trabajó más intensamente en la implantación de circuitos limpios. Hasta ahora solo se estaba trabajando en Canelones y Maldonado y eso se amplía a otros cinco departamentos en el marco de la Ley de Envases.

Estos son los puntos principales del trabajo que se hizo durante el año 2010 por parte de la Dinama.

                Con relación a la vivienda, la actividad del año estuvo básicamente vinculada a los ejes estratégicos del Plan Quinquenal. Una vez que esto se acordó y se presentó, se trabajó en la concreción del marco legal y de la capacidad de gestión para llevar adelante los objetivos del plan. También se puso énfasis en la clara definición de manuales operativos de gestión de cada uno de los programas, de manera de asegurar la transparencia y eficiencia de la gestión de los distintos actores. El año 2010 comenzó con una gira de trabajo a nivel departamental, previo a definir los principales ejes del Plan Quinquenal. Se estuvo en contacto con los equipos técnicos de las Intendencias, la población y los distintos actores que tienen que ver con la política de vivienda. Luego de aprobado el Plan Quinquenal, como primera medida iniciamos una segunda gira de trabajo en la que buscamos fundamentalmente el acuerdo y el apoyo de las distintas intendencias y la concreción de acuerdos marco de trabajo para el quinquenio, con el objetivo de viabilizar su aporte desde dos puntos de vista: uno de ellos tiene que ver con la creación de las carteras de tierras y el otro, con enfocar la gestión del ordenamiento territorial o la planificación de ciudades, pueblos y departamentos con el objetivo de lograr un ordenamiento territorial que nos permita revertir situaciones de segregación en el territorio y garantizar una democratización y un acceso real a tierras bien servidas como apoyo a nuestra política de vivienda. En ese sentido, durante el año 2010 y principios de 2011, concretamos acuerdos de trabajo a largo plazo con diecisiete intendencias y su involucramiento con cada uno de los seis ejes del Plan Quinquenal.

Entrando un poco más en el detalle de los seis ejes de este plan, podemos decir que el primero de ellos tiene que ver con la situación de los asentamientos en zonas contaminadas o inundadas. Hasta ahora dirigíamos el PIAI, Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, solo hacia aquellos asentamientos ubicados en tierras del Estado y cuya regularización no implicaba más que un 15% de relocalizaciones de viviendas. Por lo tanto, teníamos limitaciones serias para actuar sobre situaciones críticas en las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. El Plan de Relocalizaciones está destinado a solucionar los problemas más serios como, por ejemplo, los casos de familias que viven en lugares contaminados con plomo o cromo o en zonas inundables. En el año 2010 se concretó un convenio de gestión con el PIAI, aprovechando su experiencia y conocimiento de los problemas que se han venido acumulando durante más de ocho años. También se concretó el reglamento del programa de relocalización de asentamientos, de manera que en el 2011 las intendencias, que son nuestros coejecutores, tuvieran la documentación necesaria como para ir postulando asentamientos e iniciando los procesos de planificación de los proyectos sociales, físicos y de capacitación que pedimos que tengan estos programas de relocalización.

                En el Plan Quinquenal, usamos la estrategia de incorporar a los actores privados en la producción de viviendas destinadas al crédito hipotecario y al alquiler, dirigidas a las clases media y media baja que tienen la posibilidad de asumir la responsabilidad de un crédito hipotecario. Esto nos permitió concentrar más recursos en la población que, justamente, necesita el apoyo total del Estado o que no tiene condiciones para responder o ser objeto de crédito. Esto implicó la definición o el diseño de dos nuevos programas. Uno de ellos es el de la autoconstrucción en terreno propio, que fue diseñado durante el año 2010 y cuya gestión también fue definida; implica la financiación de hasta 1.100 UR, o sea US$ 24.000, a las familias que se dispongan a construir con su propio esfuerzo, o sea que aporten su trabajo. El programa prevé que el 15% de la financiación pueda ser destinado a la contratación de mano de obra calificada que apoye a la familia en la concreción de aquellos rubros para los cuales sea más difícil tener capacidades, por ejemplo, la eléctrica, las terminaciones o la sanitaria. También prevé fundamentalmente el acompañamiento, de parte del Ministerio, de un equipo técnico conformado por un arquitecto, un asistente social y un capataz, de manera de asegurar la trasmisión de capacidades y el acompañamiento del proceso. Este programa fue diseñado en el 2010, su ejecución comenzó este año  y acordamos con las intendencias su inicio en este primer semestre en cinco localidades del interior del país.

                El otro programa que fue objeto de nuestros desvelos es el programa cooperativo, que apoyamos por ser exitoso  –por decirlo de alguna manera–  en cuanto a la incorporación de nuevas capacidades a la población, a través del proceso de construcción de su vivienda. Básicamente, acordamos con los actores la definición de un nuevo producto cooperativo, que se suma al que ya se venía financiando desde el Ministerio, que también implica una financiación de US$ 24.000  –estoy hablando en términos estándares, de una vivienda de 58 metros cuadrados con dos dormitorios–  y que se apoya fundamentalmente en la búsqueda de la incorporación de tecnologías alternativas en la producción de estas viviendas. Esto implicó que durante el año pasado  se diseñara y aprobara un sistema de certificación de tecnologías alternativas, de manera que el Ministerio está garantizando la calidad de estas viviendas mediante un sistema de certificación en el cual participan la Facultad de Arquitectura, una Comisión Asesora conformada por la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Academia, técnicos del Sistema Público de Vivienda y actores de la producción de vivienda.

                Uno de los temas que consideramos eje para el quinquenio apunta al lento proceso de incorporar otras tecnologías a la producción tradicional, que nos permitiría no solo abaratar costos sino disminuir los tiempos de producción; asimismo, acercar a la población con menos recursos sistemas que impliquen menos trabajo físico y desgaste al asumir el compromiso de construir su vivienda en períodos que a veces se extienden a más de un año. Con esa mirada, durante el 2010 se concretó este sistema, así como el acuerdo de la Comisión Asesora de Vivienda para iniciar el proceso de incorporación de tecnologías a través del programa cooperativo, para que el futuro habitante logre la mejor apropiación. Sabemos que estos programas alternativos implican exigencias de mantenimiento y de adecuación de la vivienda, y que estos aspectos tienen mucho que ver con el propio sistema. Fue así que acordamos empezar la incorporación de estas nuevas formas de hacer, a través del modelo de gestión cooperativo, que es el que nos da más seguridades con respecto a la correcta apropiación por parte del usuario. Esto implicó también un trabajo muy fuerte de ida y vuelta, fundamentalmente con la región norte del país, donde encontramos, tanto de parte de las intendencias como del sector empresarial y social, un gran apoyo para la promoción de la construcción con viviendas de madera. Corresponde señalar que esa búsqueda en el norte del país –me refiero fundamentalmente a los departamentos de Tacuarembó y Rivera–, constituyó un impulsor para la toma de decisiones –no solo técnicas– que debíamos adoptar. Como teníamos que decidir por dónde empezar, en esas zonas encontramos una base de trabajo que nos permitió dar pasos con seguridad, por cuanto existía madurez por parte de los actores para acompañarnos en este proceso.

                Dentro de las líneas estratégicas, voy a referirme a otro de los aspectos vinculado a la actuación sobre el stock de viviendas, donde no solo se trata de construir nuevo. Aclaro que cuando digo “nuevo”, no estoy aludiendo a los programas de pasivos o de Mevir ya existentes, sino que mi idea es tratar de apuntar a lo que se aportó durante el año 2010.

                En el tema de rehabilitación del stock y de mejora de las condiciones de vida más críticas, se puso en ejecución un plan de conexión al saneamiento y, para ello, logramos la alianza con OSE. La idea madre de este programa tiene como base legal la ley relativa a la obligación de acceder a las conexiones de saneamiento. En lo que refiere a la  actuación sobre el stock, se contó con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, no solo en la operación de facilitar la conexión en lo que tiene que ver con la instalación primaria de las viviendas, sino también con adecuar la cocina y el baño a condiciones de calidad estándar. En ese sentido, se iniciaron acciones en Ecilda Paullier, Tranqueras, Colonia, Young, Pan de Azúcar, entre otros, que implicarán que, en el correr de este año, estemos alcanzando a más de tres mil familias. Esta política de contacto directo con las familias, a través de equipos conformados por estudiantes de UTU y de Arquitectura, técnicos de OSE y de  Dinavi, hace posible el acercamiento del subsidio necesario para que puedan concretar la adecuación de su vivienda. En esas idas y vueltas, en esas primeras experiencias, nos dimos cuenta que no bastaba con resolver el tema de las cocinas y baños porque nos encontramos con situaciones de hacinamiento y precariedad extremas. Por ello, durante el año 2010 comenzamos a acompañar esta política de promoción de la conexión con un programa de microcréditos para reformas o mejoras de la vivienda. Este programa en el año 2011 tomó más fuerza y se expandió a nivel nacional. En el año 2010 se diseñó y comenzamos a trabajar acompañando este plan de conexiones. Como lo establecimos en el plan quinquenal, la idea era llegar en el plan de conexiones a 30.000 viviendas en el quinquenio.

                La otra mirada de adecuación del stock tiene que ver con las viviendas construidas por el Estado y no gestionadas desde el punto de vista del seguimiento del crédito, a fin de asegurar la tenencia final de la vivienda; todo ello desde el punto de vista de la situación notarial de muchos complejos y del estado físico, porque en muchos casos se preveían ampliaciones que no fueron gestionadas desde la política pública. Por tanto, se puso en marcha un plan de adecuación de los núcleos básicos, apuntando a esas tres miradas: la notarial, la de ampliación y la de apoyar situaciones que, por lo general, tienen que ver con bienes comunes, como ser saneamiento, accesos o espacios comunes. Como dijimos, se puso en gestión ese programa que tenía por objetivo alcanzar a 4.000 núcleos básicos y se continuó con la gestión de regularización notarial y de créditos de la cartera social del Banco Hipotecario. A partir de 2010 el objetivo fue profundizar el trabajo de regularización en aquellos conjuntos construidos en la década de los noventa entre las intendencias y el Banco Hipotecario y en el año 2011 pretendemos llegar a casi 15.000 viviendas. En el año 2010 profundizamos el trabajo lo que, básicamente, implicó un convenio entre la Agencia Nacional de Vivienda y las intendencias, mediante el cual había que resignarse al no cobro de condiciones crediticias o de los contratos iniciales, pero a cambio la población obtenía una readecuación del crédito que le aseguraba poder finalizar con sus obligaciones. Es más, en muchos casos se aseguraba un inmediato acceso a la propiedad porque  lo devuelto era superior o igual a la reestructura de los créditos.

                La cuarta línea de acción –en ella se trabajó mucho en el diseño– tiene que ver con la política de alquileres. Para el quinquenio definimos la política de alquileres como otra línea de gestión. En el año 2010, fundamentalmente, se trabajó con la Contaduría General de la Nación para tener alcance territorial en el trabajo entre la Agencia Nacional de Vivienda, Dinavi y la Contaduría General de la Nación. Asimismo, se generaron las capacidades a nivel de los recursos informáticos y de capacitación de funcionarios entre los tres organismos mencionados. Todo esto hizo que ahora, en el año 2011, pudiéramos largar el programa con alcance nacional. Fundamentalmente en el año 2010 trabajamos para diseñar una política de alquileres para jóvenes, una política de apoyo a los retornados para que pudieran acceder a una garantía de alquiler y trabajamos con el Mides para atender, principalmente, situaciones críticas, mediante un subsidio de alquiler. Me refiero, por ejemplo, al caso de mujeres con hijos que se atienden en el Ministerio de Salud Pública y no pueden volver a sus casas tal como están, necesitan un cambio en las condiciones de la vivienda para sostener a sus niños, o a las mujeres en situación de violencia doméstica. Siempre actuamos con la condición de que haya un servicio de salud pública o del Mides que garantice el acompañamiento del proceso de la familia involucrada, es decir, un proceso social encaminado y bien evaluado; a eso se le suma el apoyo de una solución en base a la garantía subsidiada del alquiler.

                Asimismo, potenciamos la capacidad de acción de la política de vivienda del Estado en el mercado de alquileres, en lo que fue la definición de la Ley de Promoción de Viviendas de Interés Social. Allí no nos restringimos a que las viviendas que se promuevan, que se exoneran de impuestos, sean destinadas solamente al crédito sino que abrimos las puertas a que se puedan alquilar con la condición de que las familias que acceden a ellas cuenten con la garantía de alquiler del Ministerio, o sea, la garantía de alquiler que expuse someramente, cuya atención ampliamos o calificamos hacia los jóvenes y los repatriados. El Fondo de Garantía de Alquileres, creado en el año 2008 tiene la particularidad que considera los ingresos formales e informales de la familia. No hay una garantía que cubra tanto riesgo y eso nos permite asegurar que familias que tienen desde 15 unidades reajustables de ingresos puedan acceder a ella y, de ser necesario, a un subsidio. Esta garantía funciona tomando en cuenta el 30% de los ingresos del núcleo familiar. Por lo tanto, si atendemos hasta 100 unidades reajustables y hablamos del 30%, estamos diciendo que las viviendas que se construyan para este fin no podrán tener un alquiler mayor a $ 15.000 en promedio. Es decir que indirectamente estamos controlando el precio de los alquileres de estas viviendas que se van a construir a través de la exoneración que promovemos aunque, por otro lado, buscamos incidir en el mercado aumentando el stock de viviendas económicas o viviendas medias. No nos sirve de nada largar garantías de alquiler cuando sabemos que en muchas localidades no hay mercado para ello, no hay oferta. Por lo tanto, si lo hiciéramos sin la gestión del stock que se concreta en la promoción que hacemos a través de la Ley de Vivienda de Interés Social, estaríamos incidiendo negativamente.

                No sé si se entiende el nexo, pero lo que debe quedar claro es que el Ministerio garantiza el acceso a través de la garantía de alquileres, controlando el precio al máximo y, a su vez, promueve la construcción de viviendas para alquiler.

                Hay una cuarta línea de trabajo que refiere a la vivienda rural, donde el principal apoyo que tenemos está en Mevir, en su trayectoria y en su capacidad de construcción. El hecho de haber designado al Director de Desarrollo Rural –tan polémico nombramiento– nos permitió realizar un trabajo mucho más objetivo en lo que hace a la definición de políticas que acompañen a las políticas productivas y de promoción del asentamiento de la población rural a partir del apoyo de este Director, señor Beltrame. Me refiero al trabajo con el Mides fundamentalmente y con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de las Mesas Rurales, a la definición de las directrices nacionales que tienen que ver con el trabajo relacionado con el área rural, muy fuerte desde el punto de vista de nuestro aporte en cuanto a vivienda y promoción de un ordenamiento territorial que dé lugar al afincamiento. Allí hay un tema en el cual también empezamos a trabajar, que es el de la irregularidad de la tenencia de la tierra en las áreas rurales, lo que impide que muchas políticas sociales tengan impacto en nuestra población rural. En este quinquenio tenemos que avanzar no sólo en las políticas que definamos, sino en lograr cambios fuertes en el marco legal para resolver la irregularidad imperante.

                Los puntos quinto y sexto están muy asociados y tienen que ver con la promoción de nuevas urbanizaciones. Nosotros decimos que no solo en el área metropolitana es necesario revertir la extensión y el crecimiento de las ciudades en precariedad, sino que sabemos que en distintas localidades de nuestro país la situación no es la misma que en esa zona, por lo que es necesario crecer, pero con una planificación. El tema de las nuevas urbanizaciones está asociado a la definición de áreas de intervención estratégica en lo urbano. En este sentido, hemos empezado a trabajar en un ida y vuelta –por ejemplo, en Salto y Cerro Largo– en la definición de intervenciones para la gestión de nuevas urbanizaciones que permitan que nosotros no vayamos atrás del crecimiento de las ciudades sino que seamos proactivos en esa línea de gestión del Ministerio que, además, está muy unida a la profundización de la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial en lo que es la planificación urbana, pero también a las posibilidades que nos abre la nueva ley de promoción de la construcción de privados en la medida en que seamos capaces de interactuar y liderar el crecimiento de nuestras ciudades y pueblos. Quiere decir que desde la competencia de las Intendencias será necesario entender la oportunidad que da la ley de promoción de viviendas para gestionar el adecuado crecimiento de las ciudades, promocionando determinadas áreas y quitándole fuerza al interés de ocupar áreas precarizadas o para las cuales la ciudad no tiene voluntad o condiciones de crecer. En este sentido, en las dos giras de intercambio –también se realizó una gira de trabajo– presentamos a los inversores y a las Intendencias los lineamientos generales de la ley –que estaba siendo estudiada en el Parlamento– para madurar en conjunto su reglamento y sus primeros pasos de aplicación. Esto llevó a que existiera una buena comprensión, entre inversores e Intendencias, de la necesidad de flexibilizar las normativas, de acompañar las posibilidades de la ley con la definición de áreas de interés para su aplicación. Se trata de todo un proceso y ahora que está la ley aprobada vamos a ver qué nivel de involucramiento logramos entre estas capacidades de acción de los privados y el direccionamiento que damos desde los distintos niveles de gestión del Estado. Si nosotros dejamos que los privados trabajen solos –ya tenemos tristes experiencias en este tema– primará la ley de la especulación sobre el suelo.  Entonces, debemos saber cómo manejamos esta serie de promociones en exoneraciones con criterios que nos permitan construir adecuadamente nuestras ciudades y lograr una real integración de estas nuevas construcciones.

                Por último, quiero resaltar que en 2010 se inició la efectiva creación de una cartera de tierras del Estado. Pero no solo impulsamos esto, sino que también se dictó un decreto que reglamenta la afectación, a la cartera de tierras del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de aquellas que no tienen uso en distintas áreas de la Administración Central. A partir de ese momento comenzamos el lento proceso de levantar las trabas burocráticas y de priorizar la política de vivienda para traernos tierra. Eso implicó, en muchos casos, un trabajo técnico fuerte como regularización de títulos, división de padrones, trabajo de agrimensura y demás.

En concreto, hoy, en el año 2011, estamos realizando el primer sorteo de tierras públicas para adjudicarlas, en principio, a cooperativas. Esta es una línea de trabajo que venía siendo reclamada por todos –porque hay necesidades muy grandes de tierra y recursos que no están siendo utilizados– para que los programas tuvieran el mejor resultado. Para ello, no solo tuvimos que definir el decreto mencionado sino también laudar, con todos los actores involucrados en la vivienda, el reglamento del sorteo, que debía ser transparente y abarcar la presentación de los terrenos a adjudicar, los plazos para que las distintas cooperativas elaboraran su propuesta de uso y mecanismos transparentes de asignación de los terrenos, tomando en cuenta la situación socioeconómica de la cooperativa, el aprovechamiento de la tierra por cada uno de los proyectos presentados y la inserción urbana que implican. El reglamento fue aprobado por todos los involucrados y este año veremos qué nivel de aceptación y de comprensión de las exigencias vamos a tener por parte del programa cooperativo.

En el tema de la vivienda hay otras miradas que tienen que ver con el relacionamiento bilateral, fundamentalmente con Argentina y Brasil. A partir de esta apertura y profundización de las relaciones que se promovió desde la Presidencia, hemos podido trabajar y aprender mucho de la experiencia de los países vecinos, en particular de Brasil, por medio del conocimiento del Programa  “Minha Casa-Minha Vida”  y de sus instrumentos de financiación y de relacionamiento con la producción empresarial. También hemos tenido muy buenos contactos de trabajo con Argentina; concretamente, el fallido Programa de Madres de Plaza de Mayo nos enseñó muchísimo acerca de la gestión de una salida de vivienda para sectores sociales muy críticos. Considero que desde el Ministerio tenemos la madurez suficiente como para poder plantear    –sobre todo ahora, que tenemos la Presidencia pro témpore del Mercosur– un camino común a nivel de la región, compartiendo las experiencias exitosas de cada país y apoyándonos no solo en el traslado de experiencias sino también en capacidades técnicas de los distintos Ministerios. En este punto se ha dado una sinergia muy positiva respecto de lo que era la gestión de un Ministerio bastante aislado y embrollado en resolver su institucionalidad y sus capacidades. También hay una mirada importante y se ha despertado un interés por parte de los países del Mercosur en la valorización de nuestra experiencia concreta en materia de política de alquileres y gestión de la vivienda rural.

A su vez, tenemos la mirada de estos grandes países con déficit que implican inversiones como la de Brasil, donde ahora se están planteando entre uno y dos millones de viviendas por año.

                Asimismo, debemos tener en cuenta la oportunidad que tenemos, como país, de no trabajar con una gestión empresarial de producción de vivienda; me refiero a la posibilidad que nos da nuestro déficit y nuestra situación para trabajar desde una gestión social de la política de vivienda, comprendiendo que tenemos la chance de reaccionar y de revertirlo con condiciones mucho menos difíciles que las que tienen, por ejemplo, estos países donde el déficit implica una escala que solo existe a nivel de la producción empresarial. En las políticas de escala empresarial se impone el problema del desarraigo: se soluciona el tema de la vivienda pero no el de un cambio en la integración social. A partir de estas políticas que se han establecido como prioritarias, tenemos la oportunidad de profundizar en estos programas que articulan con otras políticas sociales y que realmente pueden resolver el tema de la inserción social y no solo el de la vivienda.  Durante 2010 pudimos profundizar en esa confianza con respecto a estos cambios que estábamos imponiendo con estos nuevos diseños que se implementaron.

                En concreto, durante el año 2010 el Ministerio llegó al 93,7% de ejecución y al 98,2% de inversión en los proyectos de inversión. Eso muestra que pudimos tomar las riendas y concretar estos programas que venían siendo ejecutados, pues casi el cien por ciento del Presupuesto estaba comprometido en obras que se habían laudado en el quinquenio anterior.

                Este fue un panorama de cada Dirección y a continuación quedamos abiertos a las preguntas o dudas que puedan surgir. De no ser así, pasaríamos a la consideración del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Muchísimas gracias, señora Ministra.

                Antes que nada, vamos a abrir una ronda de preguntas.

SEÑOR PENADÉS.-  Señor Presidente: el informe de la señora Ministra ha sido muy profuso y nos permitió aclarar muchas de las dudas que teníamos con relación a la gestión del año 2010.

                Nos gustaría insistir sobre algunos datos que vamos a solicitar a la señora Ministra, que tal vez esté en condiciones de brindarlos ahora o de lo contrario nos los podrá hacer llegar oportunamente al seno de la Comisión.

                Frente a un total de 7747 soluciones habitacionales gestionadas por la Dinavi y la ANV y a un total de 2861 correspondientes al PIAI, ¿cuántas son efectivamente viviendas nuevas y cuántas se refieren a otro tipo de intervención?

                La segunda interrogante está relacionada con el informe económico financiero remitido por el Poder Ejecutivo, que indica que en el Banco Hipotecario del Uruguay se tramitaron 1.400 créditos hipotecarios individuales. Pediría a la señora Ministra que nos brindara información acerca de cuántos créditos fueron finalmente aprobados o concedidos en el año 2010, como así también del monto al que ascienden esos préstamos. 

                La tercera pregunta tiene que ver con qué disponibilidad de tierra existe en el área metropolitana para la autoconstrucción familiar y no para el sistema de cooperativas.

                Por otro lado, quisiéramos saber cuál es el procedimiento por el que una mujer con problemas de violencia doméstica o con hijos que padecen alguna enfermedad puede acceder a una solución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Cuántas soluciones se han otorgado bajo este sistema? ¿Cuántos subsidios de alquiler ha otorgado el Ministerio durante el año 2010?

                Por otra parte, no nos quedó del todo claro cómo piensa intervenir el Ministerio en el mercado de alquileres –de acuerdo con lo que señaló la señora Ministra– a efectos de lograr una rebaja en los precios en la construcción de viviendas. En virtud de que el tema no nos quedó claro, le pediríamos que nuevamente nos lo comente, aunque solo sea en forma somera, a fin de despejar algunas dudas que nos generó su intervención. 

Con relación a la Dinama, nos gustaría conocer cuántos técnicos están abocados al control de  calidad en lo que hace a la contaminación por agrotóxicos en el área del arroz y la soja, así como cuántas personas están asignadas a la tarea de estudio de los proyectos que requieren análisis de impacto ambiental.

                También nos interesa conocer cuánto se ha avanzado en la implementación de un sistema nacional de gestión integral de recolección y disposición de residuos altamente contaminantes, tales como pilas, baterías y materiales electrónicos en general.

                Quisiera saber cuál es la situación al día de hoy de la deuda de Fucvam a la luz del convenio que esta Federación celebrara en 2008 con el Ministerio, si los pagos están al día y si existe alguna diferencia entre ambos en cuanto al monto de lo adeudado con el cálculo de los intereses respectivos.

                Nos interesa saber cuántas viviendas para pasivos se habilitaron en 2010 y cuántas personas atiende el Programa de Hogar de Medio Camino, cuántos son y cómo se gestionan.

SEÑOR BORDABERRY.- Agradecemos las explicaciones y las informaciones brindadas, pero haré preguntas concretas que se suman a las hechas por el señor Senador Penadés.

                Sé que el primer año de ejecución presupuestal siempre es el más complicado porque en él se elabora el Presupuesto y asumen las nuevas autoridades, por lo que es bastante  difícil completar todos los programas, pero vemos economías –es decir, falta de ejecución– que se generan a partir de Programas de Promoción de Microcréditos, de Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda, así como de Formulación, Ejecución, Supervisión y Evaluación de los Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento, de Protección del Medio Ambiente y de Saneamiento Ambiental. Quisiéramos entonces escuchar una explicación al respecto, si es posible hoy o, en su defecto, que se nos envíe la información correspondiente.

                La segunda pregunta refiere a algo que mencionó la señora Ministra: me gustaría que profundizara con respecto a los instrumentos de ordenamiento territorial y a las directrices, en especial las departamentales. Quisiéramos saber si podría brindar algún tipo de avance sobre la situación en que se encuentra cada departamento porque sabemos que son realidades distintas. Fundamentalmente nos preocupan las que atañen a los departamentos de Canelones y de Rocha, porque a nivel público se ha dicho que se comenzarán a vender tierras, que se harán desarrollos urbanos en parques, y las Intendencias avanzan sin las directrices correspondientes ni instrumentos de ordenamiento territorial, incluso sin considerar las normas ambientales correspondientes. Por ejemplo, se ha dicho que se harían en el Parque Roosevelt, en Canelones, y en las zonas de Valizas, Aguas Dulces y Cabo Polonio, en Rocha. Me gustaría que se profundizara en la situación de todo el país, pero especialmente en la de esos departamentos que acabo de mencionar.

                Me gustaría conocer, también, la opinión del Ministerio sobre estas disposiciones que se están popularizando a nivel municipal, por las que se establecen directrices, normas urbanísticas,  la posibilidad de que si se paga se acepta la excepción –que, creo, es algo preocupante–  limitaciones de altura, factor de ocupación, etcétera.  Repito que me preocupa eso de que si se paga y la inversión es grande, se deja sin efecto. Quizás habría que estudiar mejor el tema porque es bueno o malo tanto si se paga como si no se paga. Me parece que de este modo en el fomento de la inversión se termina pasando por arriba de las normas establecidas.

                Con respecto a las expresiones de la señora Ministra sobre la violencia doméstica, quisiera saber cuál es el respaldo legal que tiene la Cartera para adjudicar estas viviendas. Tengo entendido que en el Parlamento hay un proyecto de ley que prevé la posibilidad de adjudicar viviendas a quienes son víctimas de violencia doméstica. Pero la ley sobre violencia doméstica no establece fallos definitivos sino que prevé  medidas cautelares de alejamiento. Obviamente que lo otro corre por otro carril jurídico procesal Aquí se plantea una situación muy particular para la mujer que sufre esta situación, en el sentido de que  muchas veces le resulta difícil volver a su hogar, sobre todo, cuando el arrendatario es su marido. Como ya dije, hay un proyecto de ley sobre este tema; por lo tanto, pienso que sería el momento de impulsarlo, si es que ya no hay un respaldo legal, hecho  que desconozco.

SEÑOR PENADÉS.- Voy a realizar varias preguntas con respecto a los proyectos de inversión. Pido disculpas porque  no las hice en su momento pero ocurre que creí que sobre este tema íbamos a hablar más tarde.

                En el Proyecto 702, Equipamiento de Oficina de la Dirección General de Secretaría, se gastaron $ 823.125 en escritorios y sillas. Quisiéramos saber si esta información es correcta y si ese monto fue gastado para equipar 40 oficinas.

                En la Unidad Ejecutora Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial se gastaron $ 277.855 para el equipamiento de 10 oficinas. Nos gustaría saber si ese gasto era necesario y en qué se hizo.

                El Proyecto 712 de la Unidad Ejecutora Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, referido a la  promoción del ordenamiento territorial en todos los niveles de la organización del territorio, tiene una ejecución del 95%. El proyecto habla de $ 6:080.000, de los cuales $ 5:620.000 se destinaron al pago de consultorías individuales. Me gustaría que la señora Ministra nos explicara a qué se refiere la expresión  “consultorías individuales” y si esta tarea es necesaria, así como la contratación de personal o esto se podría haber llevado adelante  con funcionarios de la Cartera.

                En el Proyecto 739 de la Dinama se ejecutaron más de $ 6:500.000 y casi la totalidad del gasto corresponde también a consultorías individuales. La pregunta es si se trata de proyectos técnicos contratados para controlar a las 140 empresas a que se  hace referencia o los controles que el Ministerio  lleva a cabo con personal contratado.

                En el Proyecto 760 de la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento se ejecutaron $ 10:000.000 en el marco de un convenio con la  Corporación Nacional para el Desarrollo,  para la gestión integrada de recursos hídricos. Quisiera que se nos explicara un poco a qué refiere este proyecto, porque lo considero interesante y me gustaría conocer sus pormenores.

                Para el Proyecto 729 sobre Asesoría de Relaciones Públicas, Prensa y Difusión, cuyo objetivo es contar con una estructura profesional de comunicaciones con otras instituciones, con los funcionarios, los beneficiarios y la  población en general, se compraron cámaras de fotos por un valor de          $ 148.976 y quisiera saber cuántas unidades se adquirieron con esta cifra tan abultada.

                Sobre el Proyecto 708 relativo a los subsidios y permanencia de viviendas, con el objetivo de permanencia de la vivienda en la cartera social y  de cooperativas de vivienda para asistir a 6.000 hogares cuyos beneficiarios se estiman en 21.000 personas, si bien se destinó un total de $ 118:935.000, no hubo ejecución presupuestal. Por lo tanto,  me gustaría saber el motivo por el cual la ejecución fue cero.

                En cuanto al Proyecto 709 referido a la promoción de microcréditos para la refacción de viviendas –el conocido Credimat–  se registró una ejecución del 24% y quisiéramos saber por qué hubo tan poca ejecución.

                También quisiéramos saber cuántas personas ingresaron al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente durante el 2010 por cualquier concepto o relación funcional y si la Cartera tomó la precaución de que algunas de estas vacantes fueran ocupadas por personas con discapacidad, tal como lo prevé la ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Obviamente, se ha hecho un pedido de información muy voluminoso por lo que consideramos que buena parte de ella tendrá que ser enviada posteriormente y anexada a la versión taquigráfica. Quiero informar que, en general, venimos bastante bien con los pedidos de información complementaria que hemos realizado, puesto que  los señores Senadores han estado recibiendo bastante información. Naturalmente que luego haremos un relevamiento de los compromisos de los distintos Incisos para hacer los reclamos pertinentes en el caso de que no se haya cumplido.  Salvo que la Comisión entienda que corresponde aplicar otro criterio –a lo que estamos abiertos–  procederíamos de esta forma porque a la hora 11 tenemos previsto recibir a la delegación del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, sería interesante que no se dedique demasiado tiempo a toda la información que pueda ser enviada posteriormente y que solamente se respondan las preguntas de carácter más conceptual. Si bien este Inciso no tiene muchos artículos, recuerdo que luego debemos pasar al análisis de cada uno de ellos.

SEÑORA MINISTRA.- Intentaré contestar las preguntas en base a los datos que en este momento tengo en mi poder.

                Tal como decía el señor Senador Penadés, en  2010 se concedieron 7.747 soluciones habitacionales pero creo que sería bueno desglosar esta cifra.  Con relación a las nuevas soluciones debo decir que se construyeron 3.259 viviendas, que se dividen en: 669 por medio de autoconstrucción asistida, 1071 por cooperativas, 213 por conjuntos habitacionales del BPS y 1.306 por PPT, SIAV y convenios con Intendencias. En cuanto a las acciones sobre el stock, la cifra alcanzada es  de 2.717, lo que a su vez puede dividirse en mejoras y ampliaciones a través de Credimat en un número de 1.626 y 1.091 en acciones sobre el stock público construido.

En lo relacionado con la acción integral en situaciones críticas, que básicamente tiene que ver con mujeres en situación de violencia doméstica o derivadas del Ministerio de Salud Pública, se ha alcanzado un número de 84. En el Piai se brindaron alrededor de 2.861 soluciones que se desglosan de la siguiente manera: 598 realojos –o sea viviendas nuevas–  783 soluciones de mejora y ampliación –cuando se instala el colector se dan créditos para la conexión y la adecuación de la instalación interna de cocina y baño– y en regularización e infraestructura urbana 1.467 viviendas. También hay 723 soluciones habitacionales que fueron producidas por Mevir entre vivienda nueva y actuación en unidades productivas, y 1.055 en política de alquileres. Estos son los números que, grosso modo, corresponden a la ejecución del 2010.

                El Banco Hipotecario concedió 1.400 créditos efectivos que implican US$ 63:000.000 durante el 2010. Si hablamos de que abrió sus puertas a fines del 2008, podemos ver el músculo que estamos creando. En cuanto a los créditos que ofrece, vemos que no opera como venía haciéndolo con los subsidios directos del Fonavi, sino que estos son créditos dados a familias que cumplen con el criterio del riesgo del Banco Central del Uruguay. Se empezó a operar con créditos subsidiados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero esos 1.400 créditos que señalé son a partir de la operación del Banco como una institución financiera más. El promedio del monto de los créditos que se otorgan para la compra de viviendas –si los señores Senadores lo desean se los puedo alcanzar con mayor precisión– oscila en los US$ 50.000.

                En cuanto al tema de la tierra para la construcción propia, el planteo del programa establece que la familia debe ser poseedora de la tierra –es decir, tener los títulos de propiedad– o contar con el permiso de un familiar hasta segundo grado de relación. Sabemos que hay lugares donde el acceso a la tierra es muy difícil –estoy hablando de Montevideo, Canelones y Maldonado– para sectores entre 0 y 60 UR que son a los que está dirigido el programa, pero en otros lugares del país hay  más facilidad para el ingreso; ahí vemos las realidades dispares que encontramos en la concreción del programa.

                Hemos trabajado con las Intendencias para asociar el programa a tierras municipales y en este caso se encuentra en Montevideo el “Plan Lotes”, en el que se promueven urbanizaciones a partir de tierras públicas con la financiación de este programa para la construcción.

                Respecto al procedimiento a seguir para la atención de mujeres en situación de violencia doméstica con el subsidio total de la garantía de alquileres, partimos de la base de que la vivienda no es el primer apoyo que les debemos acercar. Entendemos que deben transitar por una revaloración afectiva, por un hacerse cargo de determinadas decisiones que les permita afrontar la vida independiente. O sea que, necesariamente, hay un tiempo de acompañamiento con políticas sociales hasta que la mujer esté en condiciones de hacerse cargo de su nueva situación y recién después de que estén dadas estas condicionantes, aparece la política de vivienda.  En ese sentido, en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes discutimos la propuesta que plantea asegurar el acceso a una vivienda. Estamos trabajando en ese sentido pero pensamos que debe haber un acompañamiento social que nos garantice la capacidad de la mujer para afrontar esta situación y no volver a vivirla. Entonces, básicamente, estamos trabajando con el Mides en la construcción o en la potenciación de los hogares de medio camino. En el transcurso de esta semana, concretaremos con los representantes del Ministerio de Defensa Nacional la afectación de un nuevo inmueble en la Ciudad Vieja para abrir uno de estos hogares de medio camino. Vuelvo a decir que el hogar será conducido por el Mides y que nos permitirá acercarnos a la realidad de la mujer, como una forma de insertarla o encaminarla hacia la política de vivienda más adecuada a su situación. Cabe aclarar que para llevar a cabo este emprendimiento, hoy contamos con el Servicio de Garantía de Alquileres. El 10% de los PPT que sorteamos –en los cuales se apoya la familia con el subsidio que necesite para sostener la cuota– está destinado a estos casos en los que hay un seguimiento social que garantiza el sostenimiento en la nueva solución habitacional.

                El Programa de Atención Primaria a la Emergencia Habitacional fue definido en el año 2009 y en el 2010 se generaron las bases para su maduración. El principal reto no pasa ya por la solución de vivienda, sino por poder articular la política de vivienda con la política social. Con los representantes del Mides hemos venido trabajando en esta materia para generar los protocolos de evaluación y de seguimiento necesarios que lleven a que la solución de vivienda constituya una salida. En lo que refiere a los alquileres, por ejemplo, quiero señalar que el Ministerio garantiza un año con opción a dos, pero la idea es que existan posibilidades ciertas de que las personas se hagan cargo de la vivienda. De todas formas, pensamos que debemos continuar madurando estrategias de trabajo y creando capacidades de gestión desde el Estado.

                En lo que tiene que ver con la deuda de Fucvam, corresponde señalar que en el año 2008 se laudó un convenio de salida de la situación de morosidad. En este sentido, quiero decir que la situación de morosidad tiene dos culpables: la no gestión de los créditos por parte del Estado y  la situación económica.  Todo esto hizo muy difícil que muchas familias incluidas, no solo dentro del programa cooperativo sino dentro de los PPT -entre otros programas sociales-  pudieran hacerse cargo de sus obligaciones. Ese acuerdo, que fue laudado en el 2008, hasta el 2010 no tuvo gestión y, por tal razón, nos fijamos su concreción. Además de este acuerdo con Fucvam -con quien no se llegó a la instrumentación-  se arribó a otro con Fecovi y con Covipro que sí están regularizados y pagando sus créditos. Recién en este trimestre acordamos los términos para que a fin de año podamos tener esta cartera bajo gestión.

                Todo lo expuesto tiene mucho que ver con el involucramiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con los actores sociales que participan en la producción de vivienda. Aclaro que no se trata de un tema fácil, porque lo que se procura a través de él es lograr la madurez en el relacionamiento para involucrarnos con más profundidad y capacidad de gestión. Este camino de negociación no es fácil de transitar. De todas formas, vuelvo a decir que el 2008 quedó laudado y que el compromiso que hemos asumido es que, a diciembre de 2011, cerca de cien cooperativas estén pagando.

                En otro orden de cosas, quiero decir que hemos incursionado en la negociación sobre el Fideicomiso 1, que corresponde a una cartera de deuda que fue comprada por el Ministerio de Economía y Finanzas y que en el 2008 pasó a gestionarse por la Agencia Nacional de Vivienda. En el 2010, el Ministerio se inmiscuyó en las negociaciones y, en este momento, estamos muy cerca de encontrar una vía para encaminar el pago de esta cartera. Esta cartera está morosa desde el año 1998 y los cooperativistas han depositado en cuentas paralelas a las del Banco Hipotecario del Uruguay. Si hoy fuéramos a trabajar con esa deuda, desde un punto de vista financiero  podríamos decir que la cartera es incobrable. Ahora estamos abordando el trabajo teniendo el mismo punto de vista que aplicamos a la cartera social del Fideicomiso 5 del Banco Hipotecario: estableciendo criterios de reorganización de las deudas para que sean pagaderos y asignando una cuota justa. Estamos intentando terminar el año con este problema saldado.

SEÑOR PENADÉS.- Me gustaría saber a cuánto asciende la deuda.

SEÑORA MINISTRA.-  La deuda financiera de Fucvam con intereses y mora por el Fideicomiso 1, asciende a US$ 418:000.000. Me refiero a la deuda impagable con más de doce años de morosidad.

SEÑOR PENADÉS.- Con respecto a las otras deudas de Fucvam –no la del Fideicomiso 1  sobre las que la señora Ministra informó que se comenzaban a pagar a partir de 2010, las que están pagando Covipro y Fecovi, ¿a cuánto ascienden?

SEÑORA MINISTRA.- No tengo aquí la información, pero se la puedo hacer llegar al señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Quisiera hacer una pregunta complementaria. He leído declaraciones realizadas en la prensa por gente que representa a Fucvam, en las que se sostiene que los números que maneja el Ministerio son disparatados, que ellos no deben lo que el Ministerio dice que deben, sino muchísimo menos y que, según sus asesores -en su momento, uno de ellos fue el actual Ministro Olesker-  se les pretende cobrar sumas que, en realidad, no deben. Por tanto, apreciaría algún comentario de la señora Ministra al respecto y, además, me gustaría conocer los criterios que maneja el Ministerio y si ha habido alguna instancia de conciliación con Fucvam para conocer realmente cuánto deben.

                Por otra parte, también quisiera saber si en la situación actual de morosidad y actitud de no pago de Fucvam -en definitiva, como entiende que le pretenden cobrar más de lo que debe, no paga- se le conceden nuevos créditos o se considera la posibilidad de concedérselos, mientras no se encamina debidamente la situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sin ánimo de coartar a nadie, voy a pedir brevedad en las respuestas, dado que el Ministro de Desarrollo Social ya llegó.

SEÑORA MINISTRA.- Cuando hablo de deuda financiera, me refiero a la que tiene en cuenta intereses, morosidad y colgamentos de una gestión financiera que, en su momento, no tuvo una mirada social. Entonces, esa gestión financiera de la deuda, no tenía otra salida para el deudor que trasladar su incapacidad de pago al fin de la deuda mediante colgamentos. Además, podemos decir que los casos son distintos porque cada vez que se hacía un convenio, no se seguían criterios uniformes y, por tanto, los intereses saltaban del 2% al 8%. Hablo de deuda financiera, que es lo mismo que nos encontramos en el Fideicomiso 5, el de construcción de categoría II del Banco Hipotecario en su historia como gestor del Fonavi. Son deudas incobrables, entonces, no se puede encarar la negociación desde un punto de vista financiero. Lo que dice Fucvam es mirando la deuda, no desde el punto de vista del compromiso financiero asumido, sino desde el punto de vista de lo que devolvió con relación a lo que invirtió en ladrillos. Si el compromiso no fuera financiero, podría decirse que, por ejemplo, devolvió el 60% de la deuda, pero desde el punto de vista de un análisis financiero, devolvió el 10%; eso es lo que tenemos que resolver y pretendemos hacerlo utilizando el mismo criterio que se usó en el endeudamiento del resto de la cartera social, donde las quitas con respecto al monto integral de la cartera, llegaron a más del 50% de la deuda financiera. El tema era volver a cobrar y dar seguridad a la familia, que invirtió mientras pudo, de que habría una devolución; de lo contrario, iríamos a una crisis social. ¿Qué otra salida teníamos frente a condiciones de endeudamiento de toda la cartera social del Banco Hipotecario, que llegaban casi al 80% y a más de 100.000 familias?

Lo que en un momento fue un valor, es decir la organización de Fucvam para defender su programa y obtener respuestas desde el punto de vista de la financiación de la vivienda, ahora implica dificultades en la negociación cuando el deudor está agrupado, agremiado, porque se afianza. Esto se hace todavía más difícil cuando no recibimos historias de gestión del Banco Hipotecario, la información a nivel informático no existe y la reconstrucción de la historia de pago es casi imposible. Reitero que esto hace muy dificultoso llegar a un acuerdo y por eso en el año 2010 dijimos que íbamos a intervenir porque no se trata de una negociación financiera, sino que debe quedar claro que el Estado exige una devolución y la realidad no es como se dice a veces: “Entrá a Fucvam que no pagás”. Lo cierto es que logramos una vía racional de devolución y  hacemos las cosas con la misma justicia que aplicamos en los otros fideicomisos; me refiero a justicia con respecto a la obligación que imponemos.

Por otro lado, existe confianza en que esto se va a solucionar y como Ministra defiendo el programa cooperativo porque es un programa muy válido de construcción y de salida de nuestro déficit. No podemos empantanarnos en esta negociación; esto es difícil, pero decidimos seguir financiando y negociando.

Cabe aclarar que ahora hay otros actores que intervienen, como la organización del movimiento sindical en el Plan de Vivienda Sindical y eso también facilita la negociación. Este programa se implantó más en la capacidad de inserción social de la gente que no tiene otra forma de acceder a la vivienda y, a su vez, al haber otros actores se facilita el diálogo y la búsqueda de soluciones.

SEÑOR PASQUET.- Si entendí bien, se va a seguir financiando y negociando. ¿Eso quiere decir que aunque no se llegue a un acuerdo -aparentemente, al día de hoy no lo hay con Fucvam acerca de qué tiene que pagar y cómo lo hará- igualmente se le conceden nuevos créditos?

SEÑORA MINISTRA.- Sí, señor Senador, porque nosotros no le concedemos créditos a Fucvam sino a las cooperativas y no les preguntamos si están o no afiliadas. Lo que  tenemos ahora y antes no teníamos son las posibilidades de gestión del crédito; acá no hay un programa cooperativo para Fucvam o la vivienda sindical, sino que cualquier cooperativa puede ingresar y ser sorteada. En lo que respecta a la asignación de recursos, somos transparentes y neutros, y las nuevas cooperativas cuentan con una gestión adecuada. El problema es la cartera de las cooperativas que vienen con problemas de gestión. Al día de hoy existen 10.000 viviendas cooperativas en distintos niveles de gestión: en obra, postulando sus proyectos e iniciando el proceso de financiamiento; no hemos detenido la financiación.

SEÑOR PASQUET.- ¿Ni siquiera con relación a aquellas cooperativas que al día de hoy están endeudadas? ¿A esas también se les pueden conceder nuevos créditos?

SEÑORA MINISTRA.- Esas cooperativas ya tienen sus viviendas y no solicitan nuevos créditos. Las nuevas cooperativas tienen que ver con nuevos grupos de ciudadanos que optan por organizarse para obtener su solución a través del programa cooperativo.

SEÑOR PASQUET.-  Cuando se les presta a las nuevas cooperativas, ¿se hace un acuerdo con ellas en cuanto a los criterios en función de los cuales deberán reintegrar el crédito?

SEÑORA MINISTRA.- Sí, hay acuerdo y, además, contamos con el instrumento de subsidio a la cuota, que permite que la cooperativa que en su asamblea identifique problemas en determinada familia para la devolución, se presente ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para pedir un subsidio por dos años –revisable- a fin de sostenerla.. Ahora tenemos una cantidad de instrumentos para garantizar la devolución, con los que no se contaba en las gestiones anteriores y, básicamente, las capacidades de la Agencia Nacional de Vivienda están concentradas en este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Consulto a la señora Ministra si finalizó la exposición general.

SEÑORA MINISTRA.- No sé si hay tiempo para continuar exponiendo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Todavía falta considerar el articulado. En cuanto a la información numérica que fue solicitada, quedan comprometidos a enviarla y nosotros se la vamos a reclamar. Con respecto a las preguntas de orden conceptual que fueron formuladas, deben ser respondidas ahora para después pasar a considerar el articulado.

                Otra de las preguntas  tenía que ver con el mercado de alquileres y la incidencia en su costo. No hay ninguna política directa que pretenda incidir en el costo de los alquileres. La ley de exoneración de promoción de la construcción establece la creación de una Comisión -que es la que lauda el porcentaje de exoneración- integrada por los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En el caso del alquiler, los porcentajes máximos de exoneración de tributos impactan hasta en un 38% del valor de venta de la vivienda. En este caso, de acuerdo con el proyecto y la posibilidad de valor del alquiler, nosotros vamos a dar el 100% de la exoneración o menos; si el alquiler está asociado al Fondo de Garantía de Alquileres, otorgamos el 100% de exoneración. Esta es una forma indirecta de regular que el acceso a estas viviendas construidas para alquiler sea a través de nuestro Fondo de garantía. De todos modos, el propietario puede optar por cualquier otro tipo de garantía y nosotros decidiremos si le damos o no el 100% de las exoneraciones. Esta política es la que se aplica durante los diez primeros años de construido el bien y nos permite regular mejor el correcto destino de esa exoneración.

                Pediría que la pregunta sobre los agrotóxicos y los residuos contaminados sea abordada por el doctor Jorge Rucks.

SEÑOR RUCKS.- En cuanto al tema de los agrotóxicos en la agricultura           -básicamente, en los cultivos más extendidos como la soja y el arroz-, su aplicación, como en todos los cultivos, está bajo la responsabilidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Quiere decir que todo el proceso de importación, comercialización y aplicación de los agrotóxicos es controlado por esa Cartera. De manera que, ¿cómo actuamos nosotros desde el Ministerio y la Dinama?

A través de la Ley de envases hacemos el control de los envases de agrotóxicos. En ese sentido, nosotros estamos preparando y elaborando una ley, y vamos a proponerla porque permitirá regular lo que concierne al manejo de los envases -por ejemplo, el triple lavado-, es decir, definir las técnicas, los procedimientos y las responsabilidades para tener una mayor seguridad en el manejo de los envases.

                Por otra parte, actuamos a través de denuncias, es decir, cuando se reciben denuncias de contaminación y efectos sobre la población, evidentemente, intervenimos. En ese caso, analizamos las causas, los procedimientos y las responsabilidades y actuamos junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o lo derivamos a dicha Cartera cuando corresponde. En ese sentido, tenemos una buena coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se han mejorado los procedimientos y los criterios para la aplicación de los agrotóxicos, tanto aéreos como terrestres. De todas maneras, este tema es responsabilidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

                Con respecto a las capacidades de personal, control e impacto ambiental de la Dinama, hoy en día el personal permanente, el staff de esa Dirección en el área de desempeño de control ambiental, está compuesto por dieciocho personas y en el área de evaluación de impacto, por ocho personas. Esto no significa que toda la capacidad de la Dinama se restrinja a esas personas, porque los controles se coordinan con otras áreas; por ejemplo, cuando hay un problema de contaminación, el área de biodiversidad atiende los aspectos técnicos. De alguna manera, este es el corazón de las capacidades de control, pero muchas veces se maneja en forma ampliada, utilizando capacidades de otras Divisiones de la propia institución. Más allá de eso, por ejemplo en el caso de la Evaluación de Impacto Ambiental, para las actividades con impactos importantes -o sea, grandes emprendimientos-, por decisión de la propia Ministra en esta Administración se han creado grupos conformados por las tres o las cuatro Direcciones Nacionales a los efectos de fortalecer las capacidades de análisis de impacto, es decir, integrar las visiones de ordenamiento territorial, agua y vivienda a las capacidades de la Dinama.

                Por otra parte, con relación al uso de los seis millones y medio, debo señalar que se cuenta con una cooperación financiera del BID -tal como informó la señora Ministra- que fortalece las capacidades de las distintas áreas de la Dinama, aunque no las sustituye; en todos los casos, la persona que está a cargo de una operación de control pertenece a la -institución. Sin perjuicio de ello, en lo que tiene que ver con apoyos técnicos especializados, muchas veces se ha contado con la asistencia de consultorías contratadas a través del proyecto de fortalecimiento del BID. Esto ha resultado particularmente importante en la reingeniería que se ha generado, ya que los nuevos procedimientos de control parten de sistemas de autocontrol de las empresas, con una ampliación: según la dimensión de los efluentes de las empresas o los niveles de presión contaminante que estas tienen, se han diferenciado diversas categorías y las pequeñas y medianas empresas se han incorporado a sistemas de control que anteriormente no existían. Esto se hace, justamente, mediante un sistema de autocontrol, de presentación metódica de informes de las empresas sobre su propia situación de efluentes, tanto al agua como al aire, y permite un control mucho más eficiente puesto que mediante este mecanismo se va detectando el funcionamiento de las empresas, y las capacidades propias de la institución se orientan, fundamentalmente, a un sistema de monitoreo y control del propio control que hacen las empresas. De esta manera, desde la Institución se tiene una visión mucho más amplia de la situación de contaminación que plantea, básicamente, el sector industrial y de servicios.

SEÑORA MINISTRA.- Para referirse al tema de las directrices departamentales, solicito que se dé la palabra al Director Nacional de Ordenamiento Territorial, ingeniero agrónomo Manuel Chabalgoity.

SEÑOR CHABALGOITY.- Con relación al tema de las directrices departamentales, voy a brindar una información general, sin perjuicio de que luego podremos enviarles el detalle de la situación en todos los departamentos.

Efectivamente, debo señalar que en todos los departamentos se está trabajando en la elaboración de directrices departamentales, con diferente nivel de resultados. Según recuerdo en este momento, en los departamentos de Maldonado y Durazno ya fueron aprobadas y están en vigencia. Por su parte, Paysandú, Canelones y algún otro departamento que ahora no recuerdo, las tienen a consideración en las Juntas Departamentales, lo que quiere decir que ya fueron elaboradas por el Ejecutivo departamental y cuentan con los informes de aprobación de evaluación ambiental estratégica y de correspondencia que están previstos en la ley, por lo cual solo resta que el Legislativo departamental las sancione para que entren en vigencia.

                Por otra parte, en otros departamentos como Montevideo, Salto, San José y algún otro que ahora no recuerdo…

SEÑOR MICHELINI.-  ¿Rocha?

SEÑOR CHABALGOITY.- No, señor Senador, en Rocha se encuentran en elaboración. Primero voy a hacer un paneo general y luego otro particular.

                En Montevideo, Salto y San José ya han sido puestas de manifiesto, pues este es uno de los requisitos que tienen los procesos de elaboración. Ya se ha avanzado en los contenidos de categorización de suelo, que es uno de los resultados fundamentales de estas directrices departamentales.

                En otros departamentos como Rocha, Florida, Treinta y Tres y Cerro Largo, están en proceso de elaboración y está previsto que antes de fin de año sean puestas de manifiesto. Quiere decir que ya se ha comunicado el inicio de todas, y esto responde a que ha sido política del Ministerio, con relación a todos los convenios que celebra con las Intendencias, plantear la elaboración de las directrices departamentales como un objetivo central porque esa es la primera mirada, estructural y de proyección, del modelo de organización territorial del departamento. Además, en cada una de ellas se ha llegado a una concreción primaria que corresponde a la categorización estructural de los suelos del departamento, en tanto esta categorización es competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales.  Quiere decir que la estructura primaria va quedando definida en estas directrices departamentales. 

                Sin perjuicio de lo expuesto, luego podremos enviar a los señores Senadores una información más detallada sobre las Intendencias que no hayamos comentado. 

                A continuación, vamos a realizar comentarios sobre Canelones y Rocha.  La situación de Canelones es la siguiente. Todas las Intendencias tienen un conjunto de instrumentos previos a la ley, que mantuvieron vigentes en tanto no contradecían las ordenanzas edilicias ni el funcionamiento de las áreas urbanas; en algunos casos referidos a las excepciones por altura, que son previas a la aprobación de la norma, tal como lo planteaba el señor Senador Bordaberry y como ocurre en Montevideo. No obstante ello, Canelones ya ha aprobado  –luego de la entrada en vigencia de la ley y, por lo tanto, en el marco de sus disposiciones–  el Costaplan, que comprende el área costera desde el arroyo Pando hasta el Carrasco, y que al norte llega prácticamente hasta la Ruta 101. Cabe destacar que las directrices de ordenamiento territorial del departamento ya se encuentran a consideración de la Junta Departamental; a su vez, el Plan del Eje Ruta 5 –que comprende La Paz, Las Piedras y Progreso–  ya se ha puesto de manifiesto y está pronto para ser enviado a la Junta. Asimismo, se ha hecho un avance significativo en lo que tiene que ver con las directrices generales de la Costa de Oro, o sea desde el arroyo Pando hasta el Solís Grande. A su vez, se han logrado definiciones a nivel de lo que representa el Canelones rural.

                En concreto, se ha aprobado el Costaplan y en este momento las directrices departamentales de ordenamiento territorial están a estudio de la Junta; según se nos ha informado, serán aprobadas a la brevedad. 

                Reitero que brindamos toda esta información, sin perjuicio de los datos que luego les podremos hacer llegar por escrito. 

                En el caso concreto de Rocha podemos señalar que este departamento ha tenido una atención privilegiada en cuanto a los temas de ordenamiento territorial en la faja costera sobre la que se venía trabajando.

                En 1999 se comenzó a elaborar la Ordenanza Costera, que fue aprobada en 2003 e instrumentada a partir de ese momento y hoy sigue vigente. Esto marca una continuidad de las políticas públicas con relación a la gestión territorial de la costa, porque comenzó en 1999 –es decir, hace unos cuantos años– y las mismas orientaciones continúan hasta 2011. Según la Intendencia de Rocha, esto constituye una política de estado departamental, si se la pudiera llamar de esa forma.

                La Ordenanza Costera ha tenido desarrollos concretos. El primero de ellos, que está vigente y fue aprobado en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, refiere al plan local entre las lagunas Garzón y de Rocha, la ruta 9 y el Río de la Plata.

En el convenio existente con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se puso en marcha el plan local del segundo tramo que preveía la Ordenanza Costera, aprobada en 2003. Toda la costa de Rocha se divide en cuatro tramos, de los cuales reitero que uno ya ha sido aprobado en el marco de la ley, y estamos en la elaboración conjunta -esto es, en cuanto a apoyo del Ministerio, porque eso es de competencia departamental- del tramo dos. Según se nos ha informado, las directrices departamentales han sido elaboradas y estarían prontas.

Quiero agregar otro elemento con respecto a la pregunta formulada por el señor Senador Bordaberry, sin perjuicio del detalle que enviemos después. Tanto Canelones como Rocha están ubicados en contextos territoriales en los que se está desarrollando, desde el Poder Ejecutivo, en convenio con los Gobiernos Departamentales, el instrumento novedoso que introduce la ley sobre Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Esto corresponde a la elaboración concertada de instrumentos que, sin duda, deben estar acordados por los Gobiernos Departamentales y el Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y otros. En el caso del Este, el convenio fue firmado el 12 de junio próximo pasado en la Posta del Chuy e involucró a cinco departamentos: Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado. Está en proceso de elaboración un cronograma detallado –que podemos hacer llegar a los señores Senadores– en el que participan los cinco Gobiernos Departamentales antes mencionados y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio, de la OPP, y de los Ministerios de Industria, Energía y Minería, y de Ganadería, Agricultura y Pesca.  Esto obedece a una definición que adoptó el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial, que integran el Ministro y el Presidente del Congreso de Intendentes, a los efectos de lograr una prevención –a través de la planificación, ordenación y desarrollo territorial–  en el Este frente a eventuales desarrollos previstos para esa zona, que son de público conocimiento.

                Termino con el caso de Canelones, que se inserta en el Área Metropolitana, donde ya contamos con la aprobación del instrumento de estrategias regionales metropolitanas, que insumió más de un año y medio      –diría casi dos años– de trabajo conjunto de los tres Gobiernos Departamentales. El mismo texto fue aprobado por las tres Juntas Departamentales y, recientemente, por el Poder Ejecutivo. Eso da un contexto de planificación a un espacio nacional de enorme significación, como es el Área Metropolitana.

                No quiero seguir abundando en detalles, pero reitero que podemos hacerles llegar una información más amplia.

                Antes de finalizar, me permito hacer un agregado sobre el Proyecto 712 que mencionaba el señor Senador Penadés. Está destinado estrictamente a la cooperación con los Gobiernos Departamentales, por lo que está detallado claramente en el CIF cuánto corresponde a cada Intendencia. El mayor presupuesto de la Dinot se utiliza en cooperación con los Gobiernos Departamentales, de acuerdo con un mandato de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Pido disculpas por ingresar en estos detalles, pero me parecía importante aclararlo porque no corresponde a contratos individuales de la Dinot.

SEÑOR PENADÉS.- Agradecería que la delegación revisara la versión taquigráfica y si ve preguntas que no hayan sido contestadas, pedimos que envíe la información correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Fue lo que planteé hace un momento; dije que también lo haríamos nosotros y la Secretaría lo tomaría en cuenta para exigir esa información en caso de que no se hiciera llegar, como ya hemos hecho con todas las deudas que han quedado pendientes.  

SEÑOR PENADÉS.- Excelente, porque son muchas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor Senador; por suerte, han venido unas cuantas, por lo que concluimos que los Incisos han respondido muy bien.

                Pasamos a considerar el articulado.

SEÑORA MINISTRA.- Si me permite, señor Presidente, le voy a ceder la palabra al Subsecretario para que haga la argumentación correspondiente al artículo 213.

SEÑOR CHABALGOITY.- El artículo 213 dice: “A partir del 1º de enero de 2013, la realización de los proyectos o programas a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Mevir-Dr. Alberto Gallinal Heber, financiados por el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, estará supeditada a la aprobación por parte de los Gobiernos Departamentales, de los instrumentos de ordenamiento territorial que correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, modificativas y concordantes". Esto corresponde a una modificación del artículo 606 de la Ley de Presupuesto Nº 18.719, donde se extiende a un año el plazo a los efectos de dar más tiempo a los Gobiernos Departamentales para la aprobación de los planes locales que, fundamentalmente, es donde se ubican estas realizaciones del Fondo Nacional de Vivienda. Ello no implica que durante todo el período no se esté observando la ley, porque se hace en todas sus disposiciones, así como la categorización de suelos que se lleva a cabo desde el día que la ley entró en vigencia. Esto implica el incentivo, la promoción, para que exista un proceso planificado que supere la elaboración previa a la ley. Esa es la justificación central, visto que ha habido una respuesta muy importante de los Gobiernos Departamentales.

                Insisto, esto no significa que el Fondo vaya a invertir en contravención a ningún artículo de la Ley de Ordenamiento Territorial.

SEÑORA MINISTRA.- El Director General de Secretaría, doctor Siri, argumentará el artículo 216.  

SEÑOR SIRI.- El artículo 216 subsana una limitación que se había consagrado en la Ley de Presupuesto Nº 18.719, en la medida en que se autorizaba al Ministerio una partida anual de $ 36:000.000  para financiar la modificación de la estructura de puestos y de esa cantidad solo se destinó, para la contratación de personal imprescindible, $ 12:000.000, o sea un tercio de la cantidad inicial. En la práctica esto ocasionó severas dificultades para la contratación de dicho personal y a instancias del Inciso se solicitó que se ampliara al monto total de la partida a los efectos de dicha contratación.  Durante el Presupuesto, se autorizó a los demás Incisos a usar el total de la partida para financiar las reestructuras, pero en nuestro caso –no sabemos por qué–  quedó limitado a un tercio, por eso, por medio de este artículo se subsana la situación.

SEÑOR BORDABERRY.- Me gustaría conocer cuál fue la evaluación del personal. Estos son los funcionarios imprescindibles que surgieron en la Ley de Presupuesto y supongo que se hará una evaluación de sus necesidades.

SEÑORA MINISTRA.- El artículo 217 también será argumentado por el Director General de Secretaría, doctor Siri.

SEÑOR SIRI.- El artículo 217 corrige una omisión, padecida en el artículo 55 de la Ley de Presupuesto que suprimió una cantidad de modalidades de contratación por parte del Estado y se omitió la derogación de una especie de contratos eventuales que tenía el Ministerio que, inclusive, pasó inadvertida probablemente por la cantidad de las distintas modalidades de contratación. Por este artículo se limita o se coarta definitivamente la posibilidad del Ministerio de contratar personal eventual, sin perjuicio de que los contratos vigentes –a título informativo aclaro que son alrededor de 8 o 10–  continúen siéndolo hasta la finalización del actual período de  Gobierno. Por tanto, de esta forma simplemente se subsana otra omisión padecida en la Ley              Nº 18.719.

SEÑOR TRAVERSA.- En lo que tiene que ver con el artículo 218 debo recordar que en el marco de la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay se transfirieron a la Agencia Nacional de Vivienda una serie de bienes inmuebles y créditos. Conjuntamente se trasladó una herramienta con la que contaba el Banco para la gestión de los créditos, que es la posibilidad de fijar retenciones sobre sueldos y prestaciones de seguridad social. Esa herramienta que se transfiere a la Agencia Nacional de Vivienda por medio del artículo 34 de la Ley Nº 18.125, de creación de la misma, estaba acotada solo para la gestión de los créditos transferidos del Banco Hipotecario del Uruguay. El espíritu de este artículo 218 es ampliar esa potestad o facultad a todos los créditos que otorgue la Agencia Nacional de Vivienda en forma originaria, con el objetivo de fijar las retenciones que veníamos mencionando. En dichos casos, esta Agencia va a contar con el mismo orden de prioridad que tiene hoy el Banco Hipotecario en cuanto a las retenciones que realiza, siendo prioritarios los créditos más antiguos.

SEÑOR CHABAIGOITY.- El artículo 219 busca plantear excepciones a la prohibición que establece la Ley de Centros Poblados en la redacción dada por la Ley de Ordenamiento Territorial y modificativas. Lo que sucede es que desde el año 1946 se estableció en 300 metros el lote mínimo de predio a nivel urbano, aunque en la Ley de Centros Poblados se incluían algunas excepciones que luego la Ley Nº 18.308 eliminó.  Previo a la vigencia de la Ley de Ordenamiento Territorial, es decir, a junio de 2008, existía un conjunto de programas de vivienda, de fraccionamiento y de regularización de asentamientos, muy anteriores a ella, que no habían culminado en el momento que empezó a regir y que tampoco habían logrado inscribir legalmente su fraccionamiento. Sin embargo, a nadie le queda duda de que los proyectos territoriales de fraccionamiento fueron definidos antes de su entrada en vigencia. Entonces, con este artículo logramos aclarar, de manera legal y expresa, que todos los fraccionamientos y las viviendas construidas previamente a la vigencia de la Ley de Ordenamiento Territorial quedan exceptuadas de esa disposición. A partir de la aprobación de esta Ley, la excepción que también establece el artículo 2º de la ley modificativa, de octubre de 2008, está dada por los instrumentos de ordenamiento territorial. Quiere decir que cada uno de los planes locales que elaboren las Intendencias podrá disponer de superficies menores a los 300 metros para las viviendas o las intervenciones de interés social en el territorio.

SEÑOR BELTRAME.- Concretamente, el artículo 220 permite a los Gobiernos Departamentales categorizar tierras que fueron compradas y que están en posesión de Mevir para el desarrollo de programas de vivienda. Como se informaba anteriormente, los Gobiernos Departamentales están avanzando en lo que tiene que ver con los instrumentos a nivel departamental, algunos de ellos con directrices que van a llegar a la categorización y otros por medio del desarrollo de instrumentos de ordenamiento, como son los planes locales dirigidos fundamentalmente a aquellas zonas donde hay concentración de personas, postergando el ámbito natural de trabajo de Mevir en el ámbito rural.  En ese sentido, este artículo habilita a las Intendencias que a solicitud expresa puedan categorizarlo, no teniendo el resto de los instrumentos.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Hemos terminado con el estudio del articulado.

                Agradecemos muchísimo la presencia de la señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del equipo asesor que la acompaña, como así también el informe que nos han brindado.

(Se retira de Sala la señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y asesores).

 

(Ingresa a Sala el señor Ministro de Desarrollo Social y asesora.)

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida al señor Ministro de Desarrollo Social y a su asesora, y pide excusas porque la delegación que los precedió realizó una presentación muy completa y extensa que insumió más tiempo del previsto.

                El régimen de trabajo que hemos venido siguiendo consta de una presentación general de rendición de cuentas, en base a indicadores o elementos de evaluación que se puedan generar, y de un análisis concreto del articulado. Por supuesto que si el señor Ministro tenía previsto realizar su presentación bajo otra modalidad, no existiría inconveniente alguno de nuestra parte. De todas maneras, como los artículos referidos al Ministerio de Desarrollo Social no son muchos, quizá sería conveniente hacer una evaluación general que permita reflejar el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y de las metas, así como también sobre el uso de los recursos –que, en esta instancia, es fundamental–  para luego pasar a una ronda de preguntas y al análisis del articulado.

SEÑOR MINISTRO.- Buenos días.

                Antes que nada quiero excusar al Subsecretario, Lauro Meléndez, quien sufrió un percance de salud y debió concurrir al médico a la hora 11. De todas formas, he venido acompañado por la Directora General de Secretaría, economista Graciela Mazzuchi.

                En el proyecto de Rendición de Cuentas hemos informado acerca del crédito asignado al Ministerio de Desarrollo Social, en el que el gasto de funcionamiento estuvo orientado, básicamente, a los programas directos de atención social. Así, pues, el 73% del gasto de funcionamiento del crédito Mides se asignó directamente a las personas beneficiarias de programas Mides. Lo más importante allí es la tarjeta Uruguay Social, que representa el 40%, aproximadamente, del presupuesto general, entre otros programas como el de Uruguay Trabaja, Asistencia a la Vejez, etcétera, que tienen vínculo directo con las personas.

                El 22% del gasto de funcionamiento se asignó a organizaciones de la sociedad civil que gestionan políticas públicas del Mides y que fueron licitadas entre ellas. Básicamente, me refiero a refugios, a capacitación de cooperativas sociales, a los Socat, a las oficinas territoriales, etcétera, que también tienen como destino directo a la población Mides.

                Por último, un 5% del gasto de funcionamiento correspondió a la estructura misma del Ministerio.

                Como se advertirá, hay una muy alta participación del gasto directo. Recordemos que el gasto de funcionamiento equivale al 80% del gasto total, por lo cual estos porcentajes de asignación directa son muy relevantes.

                En el año 2010 se ejecutó el 96% del gasto de funcionamiento y el 60% del gasto de inversiones. El problema central estuvo dado por el hecho de que una parte de las inversiones se destinaron a compras de inmuebles y, al registrarse dificultades en la gestión de los papeles de los mismos, se postergó para este año. De cualquier manera, el gasto de funcionamiento es el eje central de la política del Mides y se ejecutó el 96%. Los principales programas a los que se destinó dinero fueron los siguientes. En primer lugar,  tenemos la tarjeta Uruguay Social. Al día de hoy hay 81.000 tarjetas otorgadas, de las cuales 15.000 tienen valor duplicado –como sabrán, el valor monetario de la tarjeta varía según la cantidad de hijos–  que son para hogares que están incluidos  en el Índice de Carencias Críticas –el algoritmo utilizado para definir el techo de otorgamiento de las tarjetas–  más bajo. Se trata de  familias que, a su vez, tienen otra serie de precariedades  en materia habitacional y social.

                El otro gasto importante tiene que ver con el programa Uruguay Trabaja, aprobado por ley. El Programa prevé 3.000 cupos anuales que usualmente se llenan; es más, las personas que se presentan superan ese cupo.  Es por ello que  se realiza un sorteo una vez al año. Por ejemplo, en el año 2010 se presentaron 16.000 personas para llenar los 3.000 cupos.  Este Programa brinda una asignación monetaria por nueve meses y cobertura de la seguridad social, aunque no de Fonasa  en virtud de que se ha celebrado un convenio con Asse para brindar  atención durante ese tiempo. Podemos decir que un ochenta por ciento del horario está destinado a trabajo directo y el veinte por ciento restante a jornadas de capacitación y formación en habilidades para el trabajo.  Una vez finalizado el Programa se realiza una actividad de carácter cultural y turístico social.

                Aprovecho la oportunidad para informar –mañana lo anunciaremos en conferencia de prensa– que ayer recibimos de las Naciones Unidas la comunicación de que Uruguay Trabaja  fue premiado por ese organismo  por el aporte al desarrollo económico y mejora de la calidad de vida para la población, y el 6 de octubre iremos a Santo Domingo a recibirlo. Entendemos que este premio es algo muy importante porque consideramos que es un Programa apoyado en tres patas: el ingreso monetario para salir de la exclusión social, la calificación en habilidades y la integración posterior a un programa futuro.

                Básicamente, los programas Uruguay Trabaja y tarjeta Uruguay Social son los principales.

Tenemos también  el Programa de Asistencia a la Vejez, que es de transferencia monetaria para sectores mayores de 65 años. Antes lo administraba el Banco de Previsión Social, pero en el año 2008 pasó al Mides.

Están además los programas que no se administran directamente, sino de forma indirecta y que, fundamentalmente, están orientados a la inclusión educativa. El Mides tiene diez programas de inclusión educativa coejecutados con Anep, entre los que se encuentran: Aulas Comunitarias, Maestros Comunitarios, Puente, Ínterin, Interfase, Tránsito Educativo y Trabajar y Estudiar. Asimismo,  se ejecutan programas laborales como emprendimientos productivos y cooperativas sociales que coejecuta con otros organismos, básicamente, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e Inefop, con relación a la formación profesional de los trabajadores. Podríamos decir que el grueso del gasto que ejecuta directamente el Mides se centraría en las transferencias, en los programas educativos y en los programas socio-laborales. Como saben, el Mides además realiza tareas de coordinación de políticas sociales con otros Ministerios. Pero en términos de la rendición de cuentas del gasto, debemos hablar de los programas que se ejecutan de forma directa y que básicamente están orientados a la población más crítica: a los 30.000 hogares que se encuentran en situación de indigencia o pobreza vulnerable a la indigencia.

                Con respecto a los artículos que se incorporan en esta Rendición de Cuentas, debemos decir que en ningún caso hay incremento de gastos. Luego los podremos analizar uno a uno pero debo decir que básicamente se regularizan algunas situaciones del Ministerio, por ejemplo, en materia de informática o la creación del cargo de Dirección del Instituto Nacional del Adulto Mayor. Reitero que luego se hará el análisis particular de los artículos pero se trata, sobre todo, de ajustes de situaciones y no existe un incremento neto del gasto, dado que el Presupuesto quinquenal ya lo había asignado.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Vamos a comenzar con las preguntas de carácter general.

SEÑOR PENADÉS.- Ante todo, quisiera dar la bienvenida al señor Ministro y a la Directora General del Ministerio de Desarrollo Social.

                Desearía hacer una pregunta relativa al presupuesto. Quisiéramos saber qué se está haciendo respecto al Proyecto 972 “Informática”, con destino al financiamiento de la contrapartida local de la cooperación internacional para el fortalecimiento institucional del Ministerio de Desarrollo Social.

                Asimismo, nos interesa conocer si ya se ha hecho uso de  la facultad de realizar contratos laborales que otorgó el artículo 626 de la Ley de Presupuesto, por casi $ 5:000.000 para contratar y, a su vez, para permitir la acumulación con cualquier otro contrato o función pública.

                ¿Cuántas personas ingresaron a trabajar o tuvieron cualquier vínculo laboral con el Mides durante el año 2010? ¿Se cumplió con la cuota parte para personas discapacitadas a la que obliga la ley?

SEÑORA MAZZUCHI.- Con relación a los artículos donde se preveían ingresos de personal debo decir que no se han verificado incorporaciones. En este momento estamos trabajando con Uruguay Concursa a los efectos de llenar algunas vacantes, pero aún no ha ingresado nadie.

                Tampoco se ha usado el crédito a que refiere el artículo 626, que estaba previsto para contratos puntuales o consultorías. Hemos armado bases para permitir algunas vacantes; en principio nos hemos planteado cuarenta ingresos pero recién estamos en los trámites.

                Con respecto a la pregunta sobre las personas con discapacidad cabe acotar que durante el año 2010 no hubo llamados en el Mides, pero sí hemos realizado llamados especiales y en el caso de nuestra Cartera la cuota supera lo que establece la ley.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero dejar una pequeña constancia porque en uno de los libros que nos repartieron justamente se alude al cumplimiento de la Ley de Discapacidad.  Es un material que se refiere expresamente a ese  tema y que nunca había visto en ningún Presupuesto ni Rendición de Cuentas.

SEÑOR PENADÉS.-  Es verdad, señora Senadora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a analizar artículo por artículo y a plantear las correspondientes preguntas.

SEÑORA MAZZUCHI.- Dado que hace más tiempo que estoy en el Ministerio, voy a comenzar por el artículo 221, que modifica el artículo 625 –al que se hizo referencia en la pregunta del señor Senador Penadés–  que creaba cargos para Infomática y para el Sistema Integrado de Información del Área Social. El artículo original establecía  una partida especial para compensaciones que en su momento explicamos,  ya que estamos hablando de sueldos de Informática que van de $ 40.000 a $ 50.000 nominales por mes;  el  que corresponde al cargo de Director es de $ 65.000.  Por eso pedíamos una excepción para los topes y aspirábamos a llenar nuestros cargos cuando convocáramos al llamado de vacantes, dada la situación del mercado en el área de la informática.  El artículo original se refería a “los cargos creados y sus respectivas compensaciones” pero, en realidad, el Ministerio de Desarrollo Social ya contaba con algunos cargos. Entonces, lo modificamos haciendo un pequeño agregado: “y los existentes”. En realidad, lo que nos planteamos es que como necesitamos reforzar nuestros programas y los desarrollos informáticos para focalizar la Tarjeta, etcétera, no era justo que los funcionarios del área Informática que trabajan actualmente en el Mides, no se equilibraran con estos sueldos que mencioné que van desde $ 40.000 a               $ 65.000 –en este último caso sería un solo cargo– con los que íbamos a compensar a este sector. Por eso agregamos la expresión  “y los existentes”, pero siempre y cuando los profesionales que estén trabajando en el Mides cuenten con los perfiles adecuados para las tareas que estamos pensando, porque no se trata de compensaciones indiscriminadas sino vinculadas al desarrollo informático. Reitero que en este artículo solo agregamos la expresión: “y los existentes”.

                El artículo 222 simplemente modifica la denominación del cargo “Director del Programa de Atención a Colectivos y Población Vulnerable”, pues no es que no se vaya a atender a esta población o se suprima algún Programa, sino que se trata de una reorientación interna del Ministerio. Quiere decir que estas tareas se van a seguir realizando y lo que ocurre es que hay Jefes de Programas o cargos más técnicos pero el cargo de confianza es el de Director de Área. En concreto, se transforma este cargo de confianza –que hoy mencionaba el señor  Ministro–  y se crea un cargo de confianza como Director del Instituto del Adulto Mayor.  Simplemente es un cambio de denominación y no significa que en ningún momento el Mides deje de hacer alguna tarea que tenía prevista antes.

                En el artículo 223 hacemos un reordenamiento de créditos: quitamos algunos créditos de gastos y reforzamos el crédito de compensaciones y becarios. Se trata de un tema que hemos planteado numerosas veces en esta Sala: el Mides está reordenando sus recursos humanos y en el mes de setiembre comenzamos a trabajar en el tema de la reestructura.  Reitero que es un reordenamiento interno porque como nuestra estructura está muy desfasada con la realidad, hay muchas personas que teniendo un cargo de grado 10 están realizando tareas mucho más técnicas o de mayor responsabilidad, y hasta tanto no se cree el cargo de Jefe de Programa o de Área –cuando terminemos de armar la reestructura–  se le paga al profesional una compensación por estar ejecutando tareas por encima de la remuneración que percibe.  Siempre estamos hablando de que en la estructura de sueldos    y cargos del Mides el tope para un profesional es un grado 16, que percibe       $ 37.000 nominales.  Quiere decir que estas compensaciones nunca exceden este monto de sueldo para un profesional en el Ministerio.

                En el artículo 224 nuevamente reordenamos créditos. Esto es así porque cuando discutimos la Ley de Presupuesto quinquenal, en el marco del compromiso educativo, el Mides planteó un programa, el de centros educativos abiertos, que consiste en abrir los liceos los fines de semana para integrar a los liceales, al barrio, etcétera. Sin embargo, como todavía no habíamos desarrollado y pensado bien el destino de los $ 10:000.000 que se otorgaron a este programa, quedaron en el rubro Gastos, pero buena parte del uso de los recursos es para contratar animadores o profesores de Educación Física para que realicen estas actividades los fines de semana.  En definitiva, lo que se pretende con este artículo es reordenar créditos, dejando una parte en el rubro Gastos –que seguramente se vaya a utilizar para comprar artículos deportivos o materiales para los talleres de animación– y pasando otra al rubro Sueldos, dentro del presupuesto que teníamos asignado, para contratar a los técnicos.

                El artículo 225 autoriza al Ministerio a prestar dinero para emprendimientos productivos, creando un fondo rotatorio. ¿Qué sucede? El artículo 617 de la Ley de Presupuesto había otorgado al Mides $ 40:000.000 para el 2011 y $ 86:000.000 para los años siguientes con destino al Programa Iniciativas  Sociolaborales,  que implica trabajar con cooperativas sociales y con recicladores, y una parte, que varía entre el 60% y el 70%, se vierte al Programa Emprendimientos Productivos, que ya existía en el quinquenio anterior pero funcionaba con una donación de Venezuela y los fondos se ejecutaban por medio del PNUD.  Lo que se plantea aquí es continuar con el Programa Emprendimientos Productivos con dinero de Rentas Generales, pero el Mides no estaba habilitado a recibir partidas.  Entonces, se crea un fondo rotatorio a partir de los créditos que devuelven los emprendimientos  –nuestra experiencia indica que son alrededor del 60%–  exclusivamente para prestar dinero a nuevos emprendimientos productivos. En resumen, este artículo establece que lo que antes hacía el PNUD ahora se va a hacer a través del Mides.

                Finalmente, el último artículo también reordena créditos –en el marco de la estructura anterior– y autoriza al Mides a tener $ 40:000.000 en el rubro Gastos –el Mides ya los tiene, no es un crédito extra–  para contrataciones temporales o que considere importantes, hasta tanto se resuelva el tema de la reestructura final.

SEÑOR MINISTRO.- Quisiera hacer un comentario que describe buena parte de los artículos.

                La estructura del Mides en cuanto a recursos humanos, al haberse gestado en el Período pasado, siempre estuvo vinculada a pases en comisión   –que fueron postergándose por encima de los cupos que tenían los demás organismos– y con contrataciones bajo modalidades que se aprobaban de manera exclusiva.  Tal como mencionó la Directora General de Secretaría, a un mes de haber asumido quien habla, se comenzó, junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con la Oficina Nacional del Servicio Civil, un proceso de reordenamiento del funcionariado, de forma de darle categoría, laudo y carrera funcional e integrarlo a la institución, ya que estaba disperso bajo distintas modalidades, pases en comisión y demás. Este trabajo que comenzamos en setiembre con ambas Oficinas va a llegar a una primera evaluación de la estructura de recursos humanos a fin de año, por lo cual seguramente en la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2011 vamos a poder anunciar algunos resultados.  La intención es tratar de dar al funcionamiento del Mides una estructura tradicional, puesto que su nacimiento trajo institutos de otros Ministerios –como Inmujeres, proveniente del Ministerio de Educación y Cultura, y el INJU, del Ministerio de Turismo y Deporte–  o sea que se formó a partir de una conjunción de muchas estructuras. En esta segunda etapa estamos en un proceso de reordenamiento, y –como dije– buena parte de estos artículos ayudan a esa perspectiva, reordenando gastos, sin incremento neto alguno.

SEÑOR PASQUET.-  Señor Presidente: en primer lugar, agradecería un comentario adicional a propósito del artículo 225, que refiere al otorgamiento de préstamos y alude a “reembolsos totales o parciales”. Quiere decir que, por un lado, estamos hablando de préstamos y, por otro, de donación, pues si el compromiso de reintegro o reembolso es parcial, la otra parte es una donación.  Quisiera saber según qué criterios se hacen estas donaciones.

                En segundo término, la operación de otorgar préstamos en general está densamente regulada por el Banco Central. ¿Cómo se relaciona esta disposición con la normativa bancocentralista en materia de préstamos? ¿Se aplica o no es aplicable? En ese caso, ¿cuál sería la disposición o el criterio jurídico en virtud del cual  eso no se aplicaría? Deseo saber cómo se articulan estos préstamos con una normativa bancocentralista que, reitero, es muy densa.

                Finalmente, quisiera saber si es correcta la lectura que hago de las disposiciones citadas en función de la cual este programa sería el Programa 500 previsto en el artículo 617 de la Ley Nº 18.719 de Presupuesto Nacional y los montos en cuestión serían los que allí se establecen: $ 40:000.000 para el 2011 y $ 86:000.000 para cada uno de los años sucesivos.

SEÑOR MINISTRO.-  Efectivamente, se trata de un 70% del Programa 500, porque hay una parte que se destina al Programa Uruguay Clasifica y a Cooperativas Sociales. Reitero que los emprendimientos productivos representan el 70%. Ese es el fondo inicial del fondo rotatorio y los montos adicionales son los que de alguna manera se van a ir devolviendo. La devolución es total o parcial, porque no siempre se realiza en dinero; algunos de los emprendimientos devuelven con trabajo o productos y, por lo tanto, estos no están incorporados en la devolución. No se trata de préstamos con tasa de interés, regulados por el sistema financiero, sino más bien apoyos a emprendimientos productivos como los que, por ejemplo, hace República Microfinanzas del BROU. Quiere decir que se trata de apoyos de carácter especial que se realizan a emprendimientos, sin intereses y con reembolsos mixtos entre dinero y especie.

SEÑOR PRESIDENTE.-  En virtud de que no han surgido más preguntas, la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Senadores agradece la presencia del señor Ministro de Desarrollo Social y sus asesores.

 

(Se retira de Sala la delegación del Ministerio de Desarrollo Social.)

                En la tarde de hoy recibiremos a los representantes de los Incisos 05 y 08, por lo que debemos comenzar a discutir acerca del tiempo que requieren los distintos partidos políticos para afinar sus posiciones y luego pasar a votar en Comisión.

                Algunos señores Senadores estuvimos analizando la posibilidad de empezar a votar el articulado el viernes en horas de la tarde, respetar los lunes -de acuerdo con una solicitud de los partidos políticos- y terminar la votación el martes y miércoles de la semana próxima, a los efectos de tener dos días y medio para esa instancia. De esa forma, el jueves y viernes, más el fin de semana y el lunes próximos quedarían libres para el trabajo de la Secretaría, y el 4, 5 y 6 de octubre el proyecto de ley sería considerado en el Pleno.

SEÑOR PENADÉS.- Creo que debemos ir de atrás para adelante.

SEÑOR PRESIDENTE.- El esquema de trabajo es el planteado.

                Sería importante saber si hay posibilidades de empezar a votar el articulado en Comisión el viernes a las 15 y 30 horas. De pronto, comenzamos por aprobar los artículos en los que hay menos problemas y desglosamos los conflictivos.

(Apoyados)

                Por lo tanto, el vienes a las 15 y 30 la Comisión comenzará a votar el articulado y el 4, 5 y 6 de octubre comenzará su consideración en el Plenario.

SEÑOR PENADÉS.-  Me parece poco destinar solo dos días –el 27 y el 28– de la semana próxima a la votación. Me gustaría que la Bancada del Frente Amplio nos informara qué piensa hacer sobre los temas más conflictivos para enterarnos de antemano y, entonces, ver si puede haber una instancia de negociación, salvo que lo tenga claro y nos lo haga llegar por escrito.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Adelanto que nuestra Bancada trabajará todo el día jueves. En la medida en que vayamos resolviendo, podemos intercambiar opiniones. El viernes de mañana culminaríamos con esa instancia; de todos modos, en horas de la tarde de ese día podemos hacer “un primer peinado” del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- De pronto, si el viernes vemos que la situación está complicada, consideraríamos la posibilidad de reunirnos el lunes de tarde.

                El punto de partida sería ese esquema de trabajo.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Qué se haría el lunes?

SEÑOR PRESIDENTE.- En principio está libre, salvo que el viernes veamos que un tema se complica demasiado y, entonces, necesitemos reunirnos el lunes de tarde. Planteamos empezar el viernes de tarde porque tratamos de respetar el lunes, de acuerdo con el pedido hecho por los partidos políticos.

(Apoyados)

                Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 12 y 23 minutos)