SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 14 y 14 minutos)

                La Subcomisión de Audiencias del Senado tiene el gusto de recibir al Consejo de Rectores de Universidades Privadas, a quienes les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR PÉREZ DEL CASTILLO.-   En el ejercicio de la tarea de Secretario Pro Témpore del Consejo de Rectores de Universidades Privadas del Uruguay voy a hablar en primer lugar, sin perjuicio de que luego mis compañeros podrán hacer los aportes que les parezcan oportunos.

                El motivo de la visita es el tema relativo al régimen de donaciones especiales, que fue establecido en el año 2006 por la Ley Nº 18.083, Sistema Tributario, que colocó a nuestro país en la situación en la cual están la mayoría de los países contemporáneos que tienen regímenes maduros de financiación de educación superior.

El régimen de donaciones es una constante en todo el mundo. De la lectura de las versiones taquigráficas y de las conversaciones con el equipo económico advertimos que hay una coincidencia con este mecanismo, por lo que voy a ser breve en la defensa que quiero realizar de  la financiación de universidades públicas o privadas a partir de la filantropía o la responsabilidad social empresarial.

Quiero aclarar que se trata de un mecanismo que todavía es incipiente o embrionario ya que las primeras donaciones comenzaron en el año 2007 y creo que recién el año pasado se comenzó a dar un movimiento un poquito más intenso. Este mecanismo se utilizó, al igual que en otras partes del mundo, básicamente para financiar fondos de becas para alumnos capaces –con buena escolaridad en Secundaria pero con dificultades para el pago de una matrícula– o proyectos de investigación que de otra forma no podrían llevarse a cabo. También nos ha servido mucho para estar cerca de las empresas.

                En general, cuando se habla de un sistema universitario, se piensa en qué medida este está conectado con el resto de la sociedad. Una de las formas de medir esa conexión es estar a tono con las necesidades de la sociedad en la que está inserta, o sea, estar muy cerca de lo que la empresa necesita. Esto se llama, por ejemplo, estar cerca de la investigación y el desarrollo, pero también de la capacitación profesional. En los veinte a veinticinco años que llevan de existencia, las universidades privadas han sabido reaccionar con rapidez y agilidad para ofrecer determinados puestos de trabajo a un mercado que los demanda, y como el país todavía no tiene una oferta suficiente de personas preparadas, estas ofrecen capacitación para ello.

                El Rector Casarotti podría hablar con bastante detalle sobre este tema, ya que la Universidad Católica tiene diversos proyectos de inversión; en cambio, en la Universidad de Montevideo solo tenemos cinco. Básicamente, el 70% de ellos está destinado a fondos de becas estudiantiles –lo que obtenemos por donaciones– y el resto se distribuye entre un observatorio de medios y tendencias, un observatorio de la empresa, un apoyo a viajes al exterior y participación en congresos de alumnos de abogacía y un apoyo a un centro de investigaciones en educación, pobreza y familia. Menciono esto como ejemplo porque es la situación que conozco.

                Hace un rato dije que todavía estábamos dentro de un régimen embrionario. Se puede producir un efecto perverso si prosperan las modificaciones que envió el Poder Ejecutivo y que la Cámara de Representantes de alguna manera corrigió. Esto viene funcionando bien y en ello tenemos depositadas nuestras esperanzas; además, es algo por lo cual el Uruguay ha recibido elogios. Cuando viajamos al exterior advertimos que se elogia con frecuencia el artículo 76 de la Ley Nº 18.083, porque establece un régimen que ha funcionado con mucha fluidez. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Contaduría General de la Nación han establecido mecanismos que hacen que en muy poco tiempo se obtenga una orden de pago para poder hacer efectivo ese 75% del impuesto, que en lugar de ir a Rentas Generales va a donación.

                El 25% restante es un copago que tiene que hacer el donante y que de alguna forma es el costo efectivo. De manera que a la Universidad le llega un 100% a pesar de que el 75% va  a la Dirección General Impositiva. Conozco tanto este tema –aunque los señores Senadores lo deben conocer mejor que yo– que a veces me trabuco un poco al explicarlo y por eso quizás lo pueda hacer mejor el colega, contador Daniel Oliveri, de la ORT.

                Tal como señalé anteriormente, es un régimen embrionario y ese tipo de financiación puede presentar cierta dificultad porque todavía las empresas tienen timidez de entrar en este sistema. En ese sentido, es necesario explicarles el funcionamiento y convencerlas. En el modo en que está funcionando actualmente, tiene una transparencia total. Recién decíamos cuáles eran los proyectos por los cuales se podían hacer donaciones –en el caso de la Universidad a la que represento– y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene las estadísticas y los números perfectamente dispuestos por donante, por proyecto y por entidad beneficiaria. 

Nos preocupa este cambio de reglas de juego en algo que venía funcionando bien, que colocaba al Uruguay en una situación moderna, que hacía que el empresario se acostumbrara a tener una responsabilidad social y una cultura filantrópica, que al principio parecía que iba a costar mucho llevar a cabo, pero que gracias a Dios ha comenzado, aunque tímidamente. Esperábamos que en el futuro fuera mayor el desarrollo y seguimos esperando porque abrigamos la ilusión de que el Parlamento no acepte las propuestas de reforma que vienen de la Cámara de Representantes.

Hay otros elementos positivos. Por ejemplo, se ha señalado la formalización de la economía. A medida  que las empresas donan, necesitan que sus libros estén en regla y eso significa, a nivel corporativo, para todos los observadores de la economía nacional –como sin duda lo son los señores Senadores– un cambio positivo en el país de los últimos años. Digo esto porque no cualquiera tiene los libros de manera tal que pueda donar, en virtud de que al Ministerio de Economía y Finanzas no solamente  hay que rendirle cuentas de los proyectos presentados que han recibido donaciones sino que además hace inspecciones a las entidades beneficiarias para ver efectivamente la manera en que están siendo ejecutadas. En el régimen actual, esta Cartera tiene mecanismos de supervisión –que nos preocupa que se modifiquen– desde el primer momento hasta el último y no se han reportado abusos ni se ha advertido ninguna anomalía en su funcionamiento. También el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el manejo de los montos donados –lo cual es importante y lo ha reivindicado para sí– en base a variables macroeconómicas o de política fiscal.

El artículo 78 dispone que “establecerá los límites aplicables tanto en lo que respecta a los montos globales donados, como a las donaciones efectuadas individualmente”, y el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha hecho dictando un decreto por el cual cada empresa no puede donar más del 5% de la renta fiscal neta del ejercicio anterior de que se trate. Para una empresa, muchas veces ese es un tope considerable y determina que el monto de las donaciones no sea tan  importante como podría llegar a serlo si no existiese ese límite del 5%, que llamamos tope de la fuente.

                El mecanismo que se promueve en esta Rendición de Cuentas tiene tope en el destinatario, no solo en el destinatario individual –que no está  claro cómo va a ser fijado– sino también en el destinatario global, en el grupo que  integra ese destinatario individual.

Creemos –y eso es lo que proponemos– que los topes en las fuentes son mejores. En una conversación que mantuvimos con el señor Ministro de Economía y Finanzas nos dijo que el tema del tope no es esencial –hay otras formas de controlar, como la presentación del proyecto y la rendición de cuentas– y que además “rigidiza” de una manera muy especial, más ahora si se tiene en cuenta cómo fue aprobado en la Cámara de Representantes.

                En el repartido que hemos entregado, que contiene las ideas que estoy manejando ahora, se señala precisamente que si se establecen topes por ley, se le impide al Poder Ejecutivo tener una variabilidad de acuerdo con la política fiscal, con las necesidades macroeconómicas y, eventualmente, con el comportamiento de alguna entidad beneficiaria.

Las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Representantes impactan mucho más negativamente todavía. En un principio habíamos escuchado que no se nos iba a restringir lo otorgado en el Ejercicio anterior, pero el proyecto aprobado  no solo no tiene en cuenta lo ejecutado en ese período sino que, en el caso de la Universidad, se reduce a menos de la mitad. Es decir que de aprobarse esta modificación, el año próximo la Universidad podría obtener –siempre y cuando se conozcan una serie de otras variables que será necesario implementar para que funcione este mecanismo– menos de la mitad de lo que recibió el año pasado.  Esto es así porque los $ 100:000.000 de tope se dividen en cuatro grupos: $ 30:000.000 para la educación no terciaria; $ 30:000.000 para la educación terciaria y la investigación;                  $ 30:000.000 para entidades vinculadas a la salud, y $ 10:000.000 para entidades vinculadas al apoyo a la niñez y la adolescencia. Esos $ 30:000.000 que le corresponden a la educación universitaria deben ser compartidos con la Universidad de la República –se asegura que le corresponde la mitad–  de manera que quedarían $ 15:000.000 para cinco entidades universitarias –las cuatro aquí presentes más el CLAEH– y tres institutos de investigación: el Clemente Estable, el Pasteur y el Instituto Antártico. Por lo tanto, siempre y cuando dividamos solamente entre cinco y no incluyamos otros institutos de investigación, quedarían $ 3:000.000 para cada uno, es decir, un poco más de US$ 100.000, cifra sensiblemente inferior a lo que hasta ahora se ha verificado en la historia de este mecanismo.

                Los señores Senadores comprenderán que a una Universidad que no tiene fondos públicos de otra naturaleza se le hace imposible financiarse solo en base a matrículas; por eso  se han desarrollado tanto los mecanismos o fondos de este tipo, a tal punto que en los propios formularios de la DGI figura a qué entidad filantrópica o sin fines de lucro –como es nuestro caso– se piensa destinar parte del Irae, del Impuesto a la Renta o del Impuesto al Patrimonio. Por este motivo  proponemos eliminar los topes, en línea con lo que el señor Ministro de Economía y Finanzas manifestó en el sentido de que no era lo esencial, y por  el quebradero de cabeza que significa para este Ministerio arbitrar entre los cuatro grupos. Asimismo, proponemos que el tope en la fuente sea del 5%  de la renta fiscal, ahora con rango legal. Esta propuesta surge del memorándum que entregamos y está en poder de los señores Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha sido repartido a todos los miembros de la Comisión.

SEÑOR CASAROTTI.- Debo destacar la importancia que ha tenido esta ley para el desarrollo del acceso a la investigación. Acabo de salir de la Universidad con un material sobre el estudio de la matriz energética del país, de aquí a 20 años, realizado en conjunto con varios actores universitarios, inclusive de la Universidad de la República; concretamente, se trata de pensar en la matriz energética para el futuro del país. Esto surgió  como  fruto de donaciones especiales, básicamente realizadas por empresas eléctricas del país interesadas en mirar hacia el futuro del Uruguay en el tema de la matriz energética. Se recibió una donación pequeña de US$ 30.000, que permitió hacer un trabajo muy serio.

Ahora bien, el proyecto de ley que salió de la Cámara de Representantes genera problemas en los topes para las donaciones pues lo más probable es que desaliente a las personas que quieran hacer su aporte a este tipo de trabajo. Hay empresas que están preocupadas por la producción de energía eléctrica en el país, a las que les ha interesado nuestro trabajo porque, a muy bajo costo,  hemos logrado trabajar en ese análisis fundamental para nosotros y para el país. Realmente estamos preocupados. Inclusive, si el Poder Ejecutivo está preocupado por el gasto público, lo entendemos perfectamente, sobre todo en la actual situación del país y en la coyuntura económica mundial.  De todas maneras, nos preguntamos por qué no topearon las fuentes. El problema de topear a los destinatarios es que genera muchas dificultades a la hora de elaborar proyectos que pueden ser multianuales. En el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes se establece que los proyectos deben ser presentados antes del 31 de marzo. Esto no es real ni con la gestión de la propia institución ni de acuerdo a como van surgiendo los proyectos, ni con la manera de gestionar las empresas. Por eso me importa destacar que es una modificación  que dispone topes pero que, en los hechos, no determina una cifra significativa de ahorro en el gasto; es más, si analizamos el concepto de gasto que se maneja, veremos que es muy complejo.

Lo cierto es que esta norma va a desalentar un mecanismo que es completamente innovador, que permite el acceso a la matrícula universitaria y la vinculación de las universidades con el mundo empresarial que, a nuestro entender –así lo considera también el gabinete productivo del país– es fundamental para el desarrollo del país productivo, por cuanto se pone en juego la vinculación de la Universidad con el mundo empresarial, con el mundo de la industria, en fin,  con el mundo productivo.

En la Legislatura anterior se había logrado una ley muy buena en su funcionamiento; sin embargo, con estas pequeñas modificaciones en el tope, en el intento de seguir los lineamientos del Poder Ejecutivo en el sentido de ahorrar en el gasto, se va a crear un mecanismo que por ser tan rígido no va a funcionar. Creemos que con las fechas y los topes que se establecen se tiende a desalentar que los empresarios inviertan en los temas vinculados al mundo universitario y a la investigación,  fundamentalmente la investigación productiva  e  innovadora.

Puesto que dejaremos en la Comisión nuestra propuesta por escrito, no voy a entrar en  detalles; simplemente quiero llamar la atención de los señores Senadores y decirles que si eliminamos algunos aspectos, y sin cambiar demasiado lo remitido por la Cámara de Representantes, se podría lograr una ley más abierta y flexible que, al mismo tiempo,  cumpla con lo que pretende el Ministerio de Economía y Finanzas.

Pedimos a los señores Senadores que analicen con detalle este tema porque, tal como está presentado, puede ser que la ley sea más rígida y, de alguna manera, termine desmotivando esta vinculación entre el mundo empresarial y la Universidad, que entendemos es importante para el país.

SEÑOR OLIVERI.- La Ley Nº 18.083 habilita, como ya fue señalado, la donación a Universidades privadas. Además, ha funcionado dentro del ordenamiento  jurídico sin abuso, por lo que, a nuestro entender, beneficia a todas las partes: al sistema universitario, al sistema educativo, a la cristalinidad de las contabilidades de las empresas y en definitiva al país. Es una relación que se establece en el paradigma  ganar-ganar para todas las partes. Nos han llegado distintas versiones; por ejemplo, una de ellas refiere a la preocupación por contener el gasto público en el entendido de que eran dineros que no ingresaban al erario, y otra es la inquietud por cuantificarlo. De la conjunción de las dos fuentes surge el mecanismo de los topes y, como ya se dijo, es mucho más interesante un tope en las fuentes que en el destino, porque si el 5% de la renta neta fiscal parece muy claro, puede acotarse al 4% en las fuentes. El proceso ha llevado a fijar un tope, que es el congelamiento de la cifra de 2010, pero durante el pasaje por la Cámara de Representantes se agregaron nuevos beneficiarios, es decir que, con el mismo tope, hay más personas para repartir. Además, en la división que mencionaba el doctor Pérez del Castillo, el sistema universitario quedó en franca desventaja y, como ya fue dicho, las donaciones reales llegarían a un 50% de lo que fueron en el pasado.

                La propuesta la tienen en los documentos que entregamos y básicamente se trata de volver al sistema anterior, de desandar un poco lo que se hizo en la Cámara de Representantes, topear las fuentes y dejar en el Ministerio de Economía y Finanzas la potestad de reglamentar esto como ya estaba previsto.

SEÑOR BARÁIBAR.- Creo que el planteo que han hecho es muy atendible. No lo conozco en detalle, pero la explicación que han realizado ha sido muy clara y entiendo perfectamente la situación. Cuando hagamos el repaso final del proyecto vamos a discutir si podemos prestar atención a las observaciones que han formulado, que realmente son de recibo.

                ¿Tienen idea, sumando las cuatro Universidades, cuántas exoneraciones se han obtenido en el último período? ¿Está relacionado al monto que se fija de aproximadamente de $100:000.000 o US$ 5:000.000? ¿Cómo está esa cifra? La norma vigente tiene una elaboración bastante sofisticada, por lo tanto, me pregunto si pueden traer un texto que, manteniendo lo esencial del espíritu de la ley, contemple los aspectos que entienden sería conveniente corregir del proyecto aprobado en la Cámara de Representantes.

SEÑOR OLIVERI.- La cifra fue, efectivamente, de $ 12:000.000 en el 2010 para todo el sistema de donaciones.

SEÑOR CASAROTTI.- Soy el Rector de la Universidad Católica del Uruguay. Quiero agregar que fue elaborado un documento de cuatro columnas en el que figuran los artículos 78 y 79. También está incluido en dicho material lo que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Representantes, el texto modificado de aquella Cámara y lo que proponemos nosotros.

SEÑOR AMORÍN.- Aclaro que ya conocíamos este tema, ya que ustedes no son los únicos que están involucrados en estos artículos. Esta ley es de dificilísima aplicación y, en realidad, queda todo librado a la reglamentación. Habría que ver quién sale rápidamente a conseguir los fondos para ver cuánto consiguen este año, pues puede suceder que se adelante otro. En este sentido, me parece que se hace imposible planificar con tiempo todo esto. De todas formas, luego de escuchar al Senador Baráibar, me da la impresión de que existe la intención de trabajar seriamente en este tema para ver si logramos avanzar, tal como se hizo en el caso de la ley de reforma tributaria, que fue un adelanto sustancial luego de mucho tiempo de negociar y conversar;  en ese sentido, felicito al Senador Baráibar, pues fue uno de los que votó con entusiasmo dicha iniciativa.

                Me gustaría saber si cada una de las Universidades tiene idea de cuánto recibieron por donaciones, de acuerdo a este artículo, el año pasado.

SEÑOR CASAROTTI.- El Ministerio de Economía y Finanzas dejó en la Cámara de Representantes una información sobre este tema.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se trabajará el tema para encontrar una salida.

Agradecemos la presencia de los representantes del Consejo de Rectores de Universidades Privadas.

(Se retiran de Sala los representantes del Consejo de Rectores de Universidades Privadas)

Consejo Rectores Universidades Privadas

 

(Ingresa a Sala una delegación de funcionarios no docentes de Florida)

En nombre de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, tenemos mucho gusto en recibir a una delegación de funcionarios no docentes de Florida, a quienes damos la bienvenida y les recordamos que disponen de quince minutos para realizar su exposición.

SEÑORA MÉNDEZ.- En primer lugar queremos darles las gracias por la oportunidad que nos brindan, ya que hace muchos años que estamos y nunca hemos llegado a nada.

Nosotras somos auxiliares de servicio de la escuela; yo soy la más veterana –el 7 de marzo voy a cumplir treinta años de trabajo– soy contratada por la Ley Nº 17.556 y gano $ 5.900. No cobro antigüedad, presentismo ni        $ 1.300 más que cobran mis compañeros por tratarse de una escuela de tiempo completo. He dejado toda mi vida en este trabajo; entré con 25 años y voy a cumplir 55.

En definitiva, venimos a pedir que por lo menos nos regularicen, porque ha entrado gente por esta ley y a nosotras no nos presupuestan ni nos contratan.

SEÑORA BARRIOS.- También quiero decir que hace años que venimos trabajando y que no tenemos beneficios como las otras compañeras. La realidad es que sigue entrando gente y nosotras quedamos para atrás ganando menos que el mínimo. Además, todos los años tenemos que esperar que las directoras informen si tenemos buen comportamiento en las escuelas para poder firmar el contrato de nuevo.

En resumen, lo que queremos es algún tipo de seguridad en cuanto a nuestro trabajo, porque  no sabemos si el próximo año  nos van a contratar. Además, no tenemos ningún beneficio.

SEÑORA PINTOS.- Quería agradecer a los señores Senadores por recibirnos y escuchar nuestras inquietudes. Estoy en la misma situación que mis compañeras. Hace 18 años que trabajo en la escuela y no tengo ningún beneficio. Fuimos contratadas por la Ley Nº 17.556; se nos dijo que esa norma no está vigente, pero nosotros seguimos trabajando bajo el mismo régimen. Lamentablemente, los años pasan y no sé cómo nos vamos a jubilar.

                Es cuanto tengo para decir y esperamos que nos puedan ayudar a solucionar nuestra situación.

SEÑORA CORUJO.- Como señalaron mis compañeras, fuimos contratadas bajo el régimen de la Ley Nº  17.556, durante el Gobierno del doctor Vázquez. Nosotras estamos profundamente agradecidas por la oportunidad que se nos brindó, pues en esa ocasión entramos todas, sin preguntarnos de qué partido éramos. Se nos contrató con la promesa de que a los cinco años nuestra situación iba a ser regularizada por parte del Estado, pero lamentablemente esa promesa no se cumplió. Ahora, el personal está entrando por sorteo.  Concretamente, está ingresando un 60% de personal que está en las mismas condiciones que nosotras y un 40% de nuevas funcionarias –cuya edad  está comprendida entre  los 18 y los 25 años– en función de un convenio que hizo  Afuprim. El límite de edad para nosotras es hasta los 55 años; por tal razón, si alguna de nosotras lo pasamos, no podemos  participar del sorteo. Creemos que es muy injusto lo que está pasando, porque nuestro salario no llega ni siquiera  al mínimo nacional. Tengo en mi poder el recibo de cobro y mi salario es de $ 5.938. En cambio, la gente que está entrando va a cobrar el doble, con todos los beneficios. Para que los señores Senadores tengan una idea de nuestra situación, nosotras no podemos faltar un día, porque nos descuentan. Por esa razón nos parece que es una situación muy injusta, porque tenemos las mismas obligaciones que los demás compañeros.

SEÑOR AMORÍN.- Según nos han expresado, hace cierta cantidad de tiempo que están trabajando y comenzaron a contratar a otras personas para hacer la misma tarea. Del 100%, el 60% sale de una bolsa en la que ustedes están comprendidas y el 40%  corresponde a nuevos funcionarios. Dicho personal, hace las mismas tareas que ustedes, pero ganan el doble. ¿Quién los contrata?

SEÑORA CORUJO.- Los contrata ANEP, al igual que a nosotras. Tengo el contrato firmado.

SEÑOR AMORÍN.- Quisiera saber por cuánto tiempo se contrató a este nuevo personal.

SEÑORA CORUJO.-  Son presupuestados, ingresan como funcionarios públicos.

SEÑOR AMORÍN.- ¿Cuántas personas están en la misma situación que ustedes?

SEÑORA CORUJO.-  En todo el país, casi dos mil.

SEÑOR AMORÍN.-   Y de esos dos mil funcionarios fueron sorteados algunos.

SEÑOR BARÁIBAR.-  Quisiera saber por qué vienen de Florida solamente.

SEÑORA CORUJO.- Porque nos movilizamos y conseguimos la entrevista, para tratar de encontrar una solución que beneficie a todos los que estamos en esta situación.

SEÑORA MÉNDEZ.- En la escuela de tiempo completo en la que trabajo, hace tres años una muchacha ingresó, no por contrato, sino por sorteo en calidad de presupuestada y gana $ 12.000 y yo, que estoy desde hace treinta años, cobro $ 5.900. Incluso, en su recibo de sueldo constaba la antigüedad y aumento del año 1982, etcétera.  En ese año la muchacha no era nacida y está cobrando aumento y nosotros ni aumento ni antigüedad. Realmente, no nos explicamos esta situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que ha quedado claro el planteo que han realizado; tomamos debida nota de ello y nos comprometemos a estudiar el tema y a hablar con los representantes de la Anep y del Ministerio de Educación y Cultura para conocer los antecedentes legales en la materia.

                Muchas gracias por  vuestra presencia.

Material aportado por auxiliares de Florida

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

Asociación Funcionarios Aduaneros, artículo presentado

(Es la hora 14 y 56 minutos)