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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 46  minutos.)

                -La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida al señor Ministro de Educación y Cultura y a la delegación que lo acompaña. Si bien el Ministro hará una presentación sobre el articulado, quisiera comentarle que la metodología utilizada en la Comisión consiste en realizar una presentación general, luego de la cual se abre una ronda de preguntas, y posteriormente se ingresa en la consideración del articulado. Le comento al señor Ministro el sistema de trabajo que hemos venido utilizando pero, en definitiva, estamos abiertos a que realice su presentación tal como lo entienda pertinente.

SEÑOR MINISTRO.- Buenos días señor Presidente, señoras Senadoras y señores Senadores: tenemos un articulado relativamente corto que, en esta etapa, se centra en una serie de modificaciones que apuntan hacia varias direcciones. A nivel de la educación, algunas tienen que ver con el fortalecimiento de ciertas líneas y, para ello, se viene realizando un esfuerzo importante, en particular en lo que tiene que ver  con la inclusión educativa. En relación con otros temas, hay una serie de artículos vinculados a las responsabilidades que en materia de Justicia tiene el Ministerio de Educación y Cultura y que tienden al fortalecimiento del Ministerio Público. Cabe citar en ese sentido que algunos de los artículos refieren al desarrollo de nuevas propuestas, es decir, fiscalías en forma simétrica a lo ya desarrollado según lo establecido en determinadas disposiciones de la Ley de Presupuesto relacionadas con la Suprema Corte de Justicia y la creación de nuevos juzgados. Otra serie de normas tienen que ver con la posibilidad de mejorar el funcionamiento del Registro Civil -las  detallaremos rápidamente- y otras refieren al mejoramiento de las condiciones de trabajo y funcionamiento de los servicios públicos de comunicación, o sea, las radios del Sodre y Televisión Nacional.

                Finalmente, vamos a plantear algunos temas vinculados con el fortalecimiento del Sodre como institución y expondremos los pasos que estamos dando para la creación de una nueva institucionalidad, lo que nos llevará a la presentación en Sala de una nueva propuesta.

                Luego de realizada esta pequeña introducción y si el Presidente lo entiende pertinente, propondría pasar a considerar el articulado, habilitando el debate en relación con los distintos temas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasaría a considerar el articulado para luego dar paso a la ronda de preguntas.

SEÑOR MINISTRO.- Los artículos 186 y 187 refieren a la creación de dos nuevas fiscalías en forma simétrica a los juzgados creados en este período en Artigas y Toledo. El primer artículo tiene que ver con la creación de dos fiscalías y, el segundo,  con los cargos para ellas. El artículo siguiente, el 188, tiene que ver con una modificación a la llamada Ley de Mecenazgo, que refiere a los fondos de incentivo cultural, tema que ha sido legislado en otra oportunidad y que fue definido como un espacio fiscal que tiene unos $13:800.000 por semestre. En todo el año 2010 se recaudó un 27% del espacio fiscal total posible. En consultas, tanto con los actores del medio cultural como con los empresarios y los posibles donantes para este fondo, se acordó una propuesta de modificación de dicha norma tendiente a suprimir uno de los componentes, denominado Fondo Sectorial. La Ley Nº 17.930, en su artículo 239 mencionaba que la contribución para un fondo de incentivo cultural permitía hasta un 75% de exoneración del monto donado de determinados tributos y otro 25% podría ser imputado a todos los efectos fiscales como gasto de las empresas. Asimismo, la ley incluía distintas alternativas: un Fondo Común para el Financiamiento de Proyectos Artísticos Culturales, fondos sectoriales donde el donante definía a qué sector pensaba orientar su aporte y fondos para propuestas individualizadas, ya sea en la capital o en el interior, con montos diferenciales.

Estamos proponiendo una modificación de esta norma que lleva a suprimir el llamado fondo sectorial, que en los hechos no tuvo un desarrollo real, y mantener el fondo común, pero aumentando los topes de descuentos para lo que llamamos aportes individualizados, subiéndolos de 55% a 60% y hasta 65% en el caso de que los fondos sean destinados a apoyos en la capital del país.

Con respecto a los artículos 189 a 192 proponemos modificaciones vinculadas al Registro Civil.

El artículo 189 es el que habilita a la Dirección General del Registro de Estado Civil a reglamentar la investidura transitoria de Oficiales de Estado Civil en funcionarios de su dependencia y  agrega que esto es posible con funcionarios públicos que se desempeñen en el organismo en régimen de comisión de servicios o de prestación de funciones.

El artículo 190 faculta a la Dirección General del Registro de Estado Civil a subrogar a los oficiales de estado civil de la capital en distintas circunstancias.

El artículo 191 faculta al Ministerio de Educación y Cultura a realizar convenios referentes a la aplicación de políticas de prestación de servicios de Registro de Estado Civil con los gobiernos departamentales y municipales.

Estos son los artículos que refieren, entonces, al Registro Civil.

El artículo siguiente, el 193, introduce una modificación vinculada al contrato con distintos profesionales de radios del Sodre y de Televisión Nacional. En esta disposición se detalla una serie de profesiones y actividades que hacen a la labor de estas dos instituciones y se establece que, bajo la forma de “contratos temporales de derecho público” -según las normas vigentes- se puedan exceptuar de los procedimientos de reclutamiento y selección que actualmente realiza la oficina Nacional del Servicio Civil; a esos efectos, concretamente se propone un mecanismo directo, más allá del control correspondiente que realiza esta Oficina. Al mismo tiempo, se plantea una excepción y se señala que serían de aplicación las disposiciones de una ley de diciembre de 1983, que refieren a la posibilidad del trabajo de personas jubiladas y docentes en relación a la acumulación de horas; en otras palabras, se propone que para Televisión Nacional y las radios del Sodre no se apliquen las restricciones para jubilados y docentes, ya que serían aplicables las disposiciones de la ley mencionada de 1983. 

El artículo 194 refiere al Sodre y propone la modificación del artículo 169 de la Ley Nº 16.736, del Presupuesto Nacional de 1996, que asignaba un porcentaje de la recaudación del casino Victoria Plaza al Sodre. Allí se hablaba de un 20% de las utilidades líquidas y en esta norma se plantea que esta suma sea reemplazada por una transferencia directa de Rentas Generales. 

                El artículo 195 refiere a canjes publicitarios en las radios del Sodre y en el Servicio de Televisión Nacional. Allí se proponen canjes a partir del 50% del régimen tarifario y que el conjunto de canjes tenga un tope del 30% del tiempo estimado como disponible para publicidad en cualquiera de estos medios.

                El artículo 196 autoriza al Servicio de Televisión Nacional a solventar gastos vinculados al funcionamiento de este Servicio fuera de sede, tales como pasajes, alimentación, alojamiento y otros que deriven “de acuerdos de coproducción con canales y productoras extranjeras”.  Es así que se propone que se agregue un nuevo objeto de gasto -traslado- para apoyar estas actividades de manera que no siga siendo un gasto extraordinario, como figura  hasta el presente en el clasificador general común.  Esto facilitaría de manera importante el cumplimiento de las tareas del Servicio de Televisión Nacional. 

                El artículo 197 también refiere al Servicio de Televisión Nacional; en particular, hace referencia a la prestación de los distintos servicios que puede brindar el canal nacional, que tienen que ver con arrendamiento de móviles y distintos equipamientos y con la comercialización de sus producciones, y señala el mecanismo de fijación de tarifas.

                El artículo 198 sigue aludiendo al Servicio de Televisión Nacional y propone una reasignación de recursos de acuerdo con la normativa vigente. Esto se realiza a los efectos de asegurar el pasaje de los antiguos contratos caché a los nuevos contratos temporales de Derecho Público.

                El artículo 199 tiene que ver con el fondo de becas “Carlos Quijano”, creadas en la Rendición de Cuentas del año 2006, e introduce una modificación en la normativa, por cuanto propone ampliar de manera general las posibilidades de apoyo para los posgrados, pues las becas estaban limitadas a los posgrados en el exterior. Este artículo autoriza al Fondo de Solidaridad a reforzar la partida destinada al Fondo de Becas “Carlos Quijano” y al fondo de becas establecido en la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986. Este tipo de apoyo se realizaría con los excedentes del Fondo de Solidaridad. A través de este artículo se podrán concretar los programas de becas previstos para el año 2012.

                El artículo 200 establece transferencias internas dentro del Ministerio para fortalecer el Programa Nacional de Educación y Trabajo. Al inicio de mi presentación me referí a este punto, que tiene que ver con un esfuerzo conjunto realizado entre los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Desarrollo Social y de Educación y Cultura, en articulación con la Anep, el Inau y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para implementar un programa de inclusión educativa, por y en el trabajo, que será presentado próximamente. También se ha contemplado el fortalecimiento del Programa Cecap en el que se prevé llegar a los veinte centros en este período y abarcar a unos dos mil o dos mil quinientos jóvenes. Como los señores Senadores saben, este programa está dirigido a jóvenes de entre quince y veinte años excluidos del sistema educativo formal, que no están incluidos en la sociedad, tienen diversos problemas y se encuentran en contextos de alta vulnerabilidad. Este es un Programa muy exitoso y está vinculado a la educación formal incipiente, tanto en la educación técnica como en la educación secundaria. El planteo es multiplicar estas acciones en coordinación con el sistema de educación pública, buscando la inclusión y la continuidad educativa. Si es de interés de los señores Senadores, con mucho gusto podré ampliar el punto.

                Por último, el artículo 201 modifica el numeral 10) del artículo 45 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, sobre  propiedad literaria y artística, que refiere a las trasmisiones de sonidos o figuras por radiodifusoras del Estado. Ahora adquiere la siguiente redacción: “10) Las transmisiones de obras musicales -con o sin palabras- obras coreográficas y/o figuras humanas, por los medios de radiodifusión del Estado o por cualquier otro procedimiento conocido, cuando estén destinadas exclusivamente a fines culturales". Esto quiere decir que no se consideran una reproducción ilícita. El artículo de la ley de 1937 señalaba una serie de condiciones en las cuales era posible la reproducción de distintas producciones artísticas por los medios de comunicación y esta modificación refiere claramente al desarrollo de obras coreográficas y otras actividades.

En síntesis, este es el articulado presentado por el Ministerio de Educación y Cultura para esta Rendición de Cuentas.

                Quisiera agregar que tenemos algunas preocupaciones que pueden ser objeto de modificaciones adicionales. En particular, el Sodre está en un proceso de reestructura y seguramente se avance en forma gradual hacia etapas crecientes de desconcentración. Entendemos que para asegurar esta transición y el funcionamiento adecuado de la  institución en el nuevo contexto    -del que ya ha dado pruebas en el año y medio transcurrido- la constitución de un fideicomiso sería una herramienta muy adecuada para apoyar estos objetivos. En este sentido, tenemos una propuesta adicional para incorporar.

                Al mismo tiempo, me gustaría plantear a los integrantes de la Comisión nuestra preocupación en relación con el fortalecimiento del Ministerio Público y Fiscal a  través de recursos humanos, ya que hoy está restringido por la normativa vigente, que limita el uso de vacantes para la creación de nuevos cargos de acuerdo con el desarrollo de la propuesta del Ministerio. Seguramente este tema requiera una consideración particular.

                Por lo tanto, este sería el conjunto de temas que plantea el Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑOR PENADÉS.- Por mi parte, voy a formular una serie de preguntas al señor Ministro, pero lamentablemente, debido a otros compromisos, después tendré que retirarme. De todos modos, luego leeré en la versión taquigráfica las respuestas que se brinden.

                En el artículo 186 se plantea la creación de dos fiscalías letradas departamentales. Si bien el artículo no lo explicita, entiendo que una de ellas estaría ubicada en Toledo y la otra en Artigas. Quisiera saber por qué no se establece en el articulado el lugar donde se radicarán dichas fiscalías; creo que debería hacerse. Si la Administración no lo entiende de esa manera, quisiéramos que el Ministro nos confirme dónde se radicarán esas dos fiscalías.

                En cuanto al artículo 188, que refiere a la Ley de Mecenazgo, quisiéramos saber lo siguiente. El monto máximo de aportes previstos es de    $ 27:000.000 anuales; entonces, ¿cuántos aportes se consiguieron en el año 2010?

                Por otra parte, desearíamos que el señor Ministro nos explicara el artículo 191, que habla de la habilitación al Ministerio de Educación y Cultura a realizar convenios con los gobiernos departamentales en materia de Registro de Estado Civil. Al respecto, quisiéramos saber si esto se va a extender también a las alcaldías y si se está pensando en que, en un futuro, estos convenios habiliten a que desde las alcaldías y los municipios se puedan celebrar casamientos. En definitiva, me gustaría saber si ese es el objetivo o, de lo contrario, qué es lo que realmente se busca mediante la autorización que otorga el artículo. Además, pediría al señor Ministro que pusiera algunos ejemplos al respecto.

                Sobre el artículo 193 quisiéramos conocer más profundamente qué cargos se estaría pensando contratar sin concurso previo. Entendemos que algunos sí podrían ser necesarios sin un concurso, pero en otros casos no creemos que sea una buena idea abandonar el concurso. En ese sentido, nos gustaría que el Ministro se explayara un poco más sobre el tema.

                En lo que tiene que ver con el artículo 194, entendemos la propuesta de que sea Rentas Generales la que sustituya la partida que el Sodre cobra, de acuerdo con lo establecido, de la recaudación del casino del Hotel Victoria Plaza. Quisiéramos saber a cuánto asciende esa partida para que quede constancia en el Parlamento de cuánto será lo que Rentas Generales estará obligado a darle en el futuro. A su vez, nos gustaría saber si la ley establece la actualización, ya sea por IPC o alguna otra forma de reajuste, para que no pierda valor, porque esta partida es muy importante para el Sodre.

                En cuanto al artículo 195, que trata de los canjes, queremos saber por qué se elimina la obligación de llevar registro de ellos y cuál es el fundamento de los cambios propuestos. Hago este planteo porque este artículo va a otorgar al jerarca de la unidad ejecutora una serie de libertades y quisiéramos conocer los motivos de esta propuesta.

                Por el artículo 197 se autoriza a Canal 5 a cobrar por el alquiler de equipos y producciones. Nos gustaría que se nos explicara pormenorizadamente este tema. Entendemos que se cobre por las producciones, pero con respecto al alquiler de equipos,  nos parece que Canal 5 entrará en competencia con otras empresas privadas que realizan el mismo servicio. En consecuencia, nos preguntamos hasta qué punto esto no llegará a interferir y provocar una competencia desleal, producto de que las tarifas se establecerán entre el Ministerio de Educación y Cultura y Canal 5. Digo esto porque puede suceder que ofrezca al mercado tarifas más baratas de las que fijan las productoras privadas, como consecuencia de que Canal 5 está incluido en el Presupuesto Nacional. Por esa razón, queremos saber qué política se pretende desarrollar en ese sentido.

Con respecto al artículo 198, nos gustaría saber si se trata de financiar la  transformación de contratos caché en contratos temporales de Derecho Público. Quisiéramos saber cuántos hay actualmente y en qué etapa se encuentra -esta es una pregunta relacionada con el Presupuesto vigente- el proceso de regularización que operó a partir del 1º de enero del presente año.

                En cuanto al artículo 199, quisiéramos saber a cuánto asciende el fondo de becas por año, porque tenemos entendido que su monto es de alrededor de $ 4:000.000. Nos gustaría saber cuántas becas se han dado desde su creación y cuáles son los montos promedio por estudiante.

                En cuanto al artículo 200, quisiéramos saber a cuántos docentes se pretende contratar. Asimismo, nos gustaría conocer los detalles de los programas del Cecap, para tener una idea de cuál es el objetivo que busca el Ministerio de Educación y Cultura en este tema.

                En cuanto al artículo 201, quiero señalar que la semana pasada recibimos a una delegación de Agadu que se manifestó en contra de esta disposición. Es de destacar que esgrimió argumentos, a mi juicio bastante sólidos, con relación a que se establezca la intención de no pagar derechos de autor en las radios y los canales del Estado. Es sabido que el Estado nunca ha pagado derechos de autor, pero Agadu manifestó su preocupación en el sentido de que esto estuviera establecido en la ley. Esta asociación entiende que sería bueno que en algún momento -más teniendo en cuenta que el país está atravesando una etapa de bondades económicas- el Estado atienda los requerimientos de cumplir la ley y pagar derechos de autor por la trasmisión de programas en las radios y canales del Estado.

                Me gustaría hacer algunas preguntas relacionadas con la ejecución del Inciso, pero plantearé otras inquietudes.

                El señor Ministro anunció que se enviaría un nuevo articulado a incluir en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas con relación a la reestructura del Sodre. De ser así, nos gustaría que nos explicara cuál es el objetivo que se persigue, porque no queremos que cuando llegue el articulado no sepamos a qué obedecen esos nuevos artículos. Si bien cuando el señor Ministro y la Directiva del Sodre fueron convocados por la Comisión de Educación y Cultura -que también integramos, junto con otros Senadores presentes en esta Sala- se planteó el tema, quisiéramos conocer pormenorizadamente los artículos que serían incluidos en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

                Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Complementando lo dicho por el señor Senador Penadés sobre los derechos de autor, las delegaciones vinculadas eran de Agadu, CUD y Sudei.

                A los efectos metodológicos, es conveniente que los señores Senadores formulen las preguntas para que luego el señor Ministro, o quien él delegue, dé las respuestas del caso.

SEÑORA MOREIRA.- Antes que nada, quiero sumarme a las palabras de bienvenida a esta delegación.               

                Una de las tres preguntas que haré tiene que ver con la creación de una Fiscalía de Violencia Doméstica aprobada en el período pasado mediante un “Facúltase” en un artículo, pero que no aparece en este Inciso, por lo que pensamos que no se procedió en ese sentido. Quisiéramos saber en qué quedó esa iniciativa.

                La segunda pregunta va dirigida a la Directora de TNU, señora Virginia Martínez, sobre los contratos de Derecho Público, ya que tienen un plazo máximo de tres años, prorrogables por otros tres, y luego caen indefectiblemente. Dado que esa disposición afectaría la situación de periodistas y productores, me gustaría saber si el articulado recoge soluciones a esa dificultad que ya fue planteada por la misma Directora en la instancia del Presupuesto.

                La tercera interrogante va en la dirección de lo manifestado por el señor Senador Penadés, por cuanto en la Comisión de Educación y Cultura trabajamos sobre la posibilidad de crear un Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural del Sodre. Aprovechando que se encuentra presente su Director, quisiéramos saber si el Ministerio de Educación y Cultura tiene una iniciativa concreta en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas con respecto a ese tema, atendiendo a que ha estado presente en los medios y es motivo de preocupación importante.

                Estas son mis tres inquietudes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más preguntas, pasamos a una primera ronda de respuestas.

SEÑOR MINISTRO.- La primera pregunta refería al lugar de instalación de las dos nuevas fiscalías solicitadas. Como dije al inicio, esta propuesta contempla la creación de dos nuevos Juzgados -es la propuesta simétrica en la creación de nuevas fiscalías- en Artigas y en Toledo. La redacción inicial presentada atendía la creación ambas fiscalías en esas dos localidades, pero luego las referencias geográficas fueron retiradas. La respuesta es que las fiscalías van a corresponder a los dos Juzgados creados en Artigas y en Toledo. El Ministerio Público prefería dejar abierta esa opción -es decir, concretamente la mención a Toledo- en la medida en que había posibilidad de concentrar las fiscalías en la localidad de Pando, pero repito que la instauración de estas dos nuevas fiscalías responde a la creación de los Juzgados en Artigas y en Toledo.

SEÑOR PASQUET.- Le quería preguntar al señor Ministro cómo se solventan los gastos generados por la creación de estas fiscalías y los cargos correspondientes, porque aquí no veo la asignación de una partida. ¿O se supone que el Ministerio Público y Fiscal también debe hacerse cargo de la creación de estas dos fiscalías y de los gastos correspondientes con las partidas que ya le fueron asignadas en el Presupuesto?

SEÑOR AMORÍN.- Mi inquietud también refiere al mismo artículo. Es claro que el señor Ministro dice que las fiscalías van a estar en Artigas y Toledo. En un principio, no sé si debido a la redacción interna del Ministerio o por la que vino de la Cámara de Representantes, se decía que iban a estar ubicadas en estas ciudades, pero después suprimieron la referencia geográfica, porque la de Toledo podía ir a Pando. Como hoy se sabe que van a estar en Artigas y Toledo, mi pregunta es si no habría inconveniente en que se hiciera referencia a ellas.

SEÑOR MINISTRO.- En relación a la localización geográfica, la propuesta era Artigas y Toledo. El Ministerio Público en este momento está contemplando la creación de un nuevo Juzgado en Toledo y de un nuevo Turno en Pando. La alternativa a esto sería la creación de una Fiscalía en Toledo. En todo caso, la propuesta es tener una Fiscalía en Artigas y una segunda Fiscalía para atender las necesidades originadas por la creación del nuevo Juzgado en Toledo.

                Los cargos correspondientes están en el sistema, pero no aparecen en la redacción particular y están detallados en el artículo 187.

                A continuación, voy a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con los Fondos de Incentivos Culturales y la llamada Ley de Mecenazgo. La pregunta que me formularon refería al monto recaudado en  2010 y al espacio fiscal disponible -que mencionaba el señor Senador Penadés- que es de                    $ 27:600.000 anuales. Creo haber señalado que el pasado año se recaudó el 27,4% de esa suma, un poco más de $ 7:500.000. La evaluación del primer impacto de esta  ley fue la que nos llevó a realizar las modificaciones que están presentes en este articulado. El impacto ha sido importante y entendemos que es una herramienta de gran significación. Lo que estamos buscando es poder llegar a la utilización plena del espacio fiscal que ha sido autorizado.

                El artículo siguiente refiere a los convenios del Registro Civil con las Intendencias y Gobiernos locales. Antes de dar la palabra al Director del Registro Civil para que responda en profundidad las preguntas presentadas, quiero decir que el señor Senador Penadés planteó distintas alternativas y distintos extremos que pueden ser interesantes para considerar, aunque algunos de ellos requieren normas específicas. Los acuerdos que se espera habilitar con este artículo van a ser comentados por el escribano Adolfo Orellano, Director del Registro Civil.

 SEÑOR ORELLANO.- Con respecto a la consulta realizada, quiero señalar que el artículo 191 faculta al Ministerio de Educación y Cultura a realizar convenios referentes a la aplicación de políticas de prestación de servicios de Registro de Estado Civil con los Gobiernos Departamentales y demás niveles de gobierno local.  Se alude a los convenios de una forma macro -por decirlo de alguna manera- ya que tanto el Registro Civil como las Intendencias están entrando en una etapa de cambios sustantivos, básicamente a partir de la modernización tecnológica. La base de datos de la inmensa mayoría de las Intendencias está en soporte papel, por lo que la búsqueda de actas de estado civil se produce por fichas y en forma manual. Salvo honrosas excepciones, como Montevideo, o los casos en ciernes de Durazno y Salto -si mal no recuerdo- las demás Intendencias están en la era de la escritura y no de la informática. La intención de muchas de las Intendencias con las que hemos tomado contacto es tender a la informatización de sus bases de datos de forma tal de poderse interconectar y tener una búsqueda informática que flexibilice y optimice la gestión que prestan. Voy a citar el ejemplo en particular de la Intendencia de Rivera, que le ha pedido a la Dirección General del Registro Civil colaboración para poder llevar adelante esa tarea.

                Si vinculamos lo que acabo de señalar  con el hecho de que estamos ante la inminencia de la implementación del nuevo sistema de gestión del Registro de Estado Civil -que implicará la utilización de actas digitales  en sustitución de las actas en formato libro foliado y de escritura manual- podemos deducir que, en cierta medida, va a cambiar la actividad que las Intendencias van a tener que desplegar. Por ejemplo, se van a tener que realizar convenios con las Intendencias a los efectos de que puedan expedir partidas como usuarios del sistema digital que planteará el Registro de Estado Civil.

Otra situación que se podría dar es que se realicen convenios con el Registro de Estado Civil para colaborar en la informatización de las bases de datos. Podría  darse el caso de que esos convenios incluyeran la utilización de locales de las Intendencias a los efectos de la prestación de los servicios del Registro de Estado Civil, por ejemplo, para la celebración de matrimonios. Esto podría sonar como una suerte de descentralización de las funciones del Registro de Estado Civil, pero no es a eso a lo que se apunta porque para ello se requiere una autorización legislativa expresa. Lo que se plantea es la posibilidad de realizar convenios con las Intendencias para utilizar locales, como los de las Alcaldías, pero los matrimonios serían celebrados por los Oficiales de Estado Civil y no por los Alcaldes, porque la ley  no habilita esa posibilidad.

                Por el momento, es cuanto tenía para manifestar.

SEÑOR MINISTRO.- Se plantearon una serie de preguntas relacionadas con el Servicio de Televisión Nacional. Una de ellas refiere al artículo 193, esto es, a los mecanismos de contratación previstos para distintos técnicos y profesionales, y otra tiene que ver con el artículo 195, relacionado con los canjes publicitarios. Por su parte, el artículo 196 detalla el pago de traslados como nuevo objeto de gasto, y el artículo 197 refiere a la venta de servicios. 

Para referirse a estos temas y a la modificación de una muy vieja  ley de 1937, por la que se incorporan la danza y  las figuras coreográficas a las excepciones, solicitaría que se diera la palabra a la Directora de Televisión Nacional, señora Martínez.

SEÑORA MARTÍNEZ.- Voy a contestar una a una las dudas e inquietudes planteadas.

                Con respecto a los canjes, fueron planteados tanto para Televisión Nacional como para el SODRE, entendiendo que los minutos que tenemos de publicidad en el canal y que no vendemos, son minutos perdidos que podríamos usar de manera  productiva para nuestra actividad, por ejemplo, para una cantidad de aspectos de la producción que no es rentable comprar en forma directa, a través del sistema de licitación o de pedido de precio, como  el vestuario, el maquillaje y la  utilería. Hay empresas que están interesadas en asociar su imagen a la de un programa y daría estos elementos para la escenografía, o productos cosméticos para el maquillaje, con lo que perfectamente podríamos resolver esto a través del canje. Sin embargo, hoy nos encontramos en una situación bastante difícil, puesto que el minuto de publicidad es caro, pero si hubiera más flexibilidad, de acuerdo al interés que el canal tenga en el servicio o producto, podríamos resolver estos temas abaratando, además, una cantidad de costos. No hay una propuesta de ausencia de control o de escapar al control, en tanto se plantea el pedido de tres precios y que sea la Contaduría General de la Nación la que establezca la razonable equivalencia que pide el canal. Quiere decir que estamos combinando -por lo menos, intentándolo- flexibilidad con control. Para ello solicitamos la posibilidad de hacer hasta un 50% de descuento en la tarifa publicitaria cuando el servicio nos interese y no tengamos rubros para comprar en forma directa. Entendemos claramente que el canje es una modalidad de compra que tiene una forma de pago distinta, pero también está sujeta a estos controles. Lo único que hacemos es explicitar  la necesidad de ser flexibles y, repito, de poder ir al 50% en la tarifa habitual.

                En cuanto a la venta de servicios, está claramente establecido que el equipamiento que tenemos en el canal tiene un fin primordial: la producción de nuestros programas. Por otro lado, no tenemos un equipamiento competitivo como el que usa el mercado  publicitario -preocupación manifestada por el señor Senador Penadés- puesto que este es el que tiene más desarrollo profesional y exigencias técnicas. Por lo tanto, estamos muy lejos siquiera de competir en ese aspecto. Además, como manifesté al comienzo, tenemos como fin la producción de programas, pero puede darse la situación de que venga la televisión extranjera a hacer una cobertura por uno o varios días en el canal,  pero no tenemos la posibilidad de alquilarle o darle un servicio de producción que incluya cámaras,  islas de edición o, incluso, el móvil, tal como fue solicitado en alguna oportunidad. Entonces, se trata de que  eventual o secundariamente tengamos la posibilidad de acceder a esas solicitudes que nos llegan al canal.

                Otro aspecto que estamos planteando en la Rendición de Cuentas es la posibilidad de exportar y vender productivos televisivos. Es la primera vez que se da esto y, de hecho, hay una serie que está al aire denominada “En busca de Artigas”, financiada mayoritariamente por la Comisión del Bicentenario en coproducción con Televisión Nacional, que el canal argentino “Encuentro” está interesado en comprar. En realidad, siempre hemos tenido una corriente inversa, porque somos nosotros quienes incorporamos programación argentina -sea o no de calidad- pero en este caso estamos  ante la posibilidad de hacer una exportación de un  producto audiovisual. Este pedido está planteado en ese sentido y no estamos pensando en transformarnos en una alquiladora de equipos; no es nuestro cometido ni estamos en condiciones técnicas de competir, no por las tarifas, sino por el tipo de equipamiento que tenemos.

                Respecto a los contratos, quiero decir que la última Ley de Presupuesto ha sido una buena oportunidad para ponernos de frente a la situación que hoy viven Televisión Nacional y el Sodre. Creo que lo fundamental en este tema es que deberíamos realizar en los próximos tiempos una discusión sobre el lugar y el estatuto de los medios de comunicación y de la televisión pública. El tema de los contratos es solo un aspecto -aunque no menor- de ese debate que se debe la sociedad uruguaya.

                Nosotros estamos planteando que haya una serie de cargos que no sean concursables ni tampoco presupuestados. Entendemos que es natural y que está bien que todos los cargos que están en la plantilla habitual de un canal -me refiero a puestos técnicos, como pueden ser los de editores, camarógrafos, funcionarios de emisión, de informática, etcétera- sean concursables. Tenemos algunos problemas con los mecanismos del concurso, que tienen que ver con la duración del proceso correspondiente, que no baja de cinco o seis meses. Esto complica la dinámica si tenemos en cuenta que la programación de un canal y la producción televisiva requieren de otros tiempos. No obstante, en principio entendemos que es correcto que así sea.

                Nuestro reclamo refiere a funciones periodísticas de producción, a algunas que tienen que ver con la realización audiovisual -y, eventualmente,  las realizaciones  integrales- y a todos los oficios que esto involucra, tales como la dirección de arte,  ya que estos cargos no pueden ser contratados directamente. Naturalmente, el proceso de concursos que se realiza a través de “Uruguay Concursa” no garantiza en algunos casos, por ejemplo, la necesaria reserva que debería tener una contratación.  Si mañana quisiéramos incorporar, por ejemplo, a un conductor estrella de otro canal para el informativo, deberíamos llevar a cabo determinadas negociaciones con cierta reserva,  pero de acuerdo con la normativa vigente, esos conductores deberían presentarse a concursos que, por su esencia, son públicos.  Entonces, esto está en contradicción con la necesaria reserva en la contratación.

Estos temas están vinculados, a veces, con elementos que son intangibles. Si el más talentoso de los directores uruguayos quisiera dirigir una serie de televisión en el canal no podría hacerlo directamente y debería acogerse al sistema de “Uruguay Concursa”.

                Creo que dentro de las potestades de cada director está la planificación de una programación, y para ello necesita una inmediatez en las decisiones y una opción ejecutiva que no es viable con el sistema de concursos para todos los cargos, tal como está propuesto.

                Por otro lado -aquí engancho este tema de los concursos con el de los plazos- hoy tenemos una realidad en la cual se plantean tres años para las contrataciones, que pueden extenderse por tres  años más, y luego el funcionario -trabajador, productor, informativista, etcétera- queda fuera del canal. Esto genera un gran problema porque en ese esquema no podemos ofrecer a alguien que haga carrera en la televisión pública en virtud de que ya  sabe de antemano que tiene una puerta de salida; es difícil conseguir gente talentosa cuando ya le estamos diciendo que su labor tendrá un término.

Entonces, en tanto el cargo no sea presupuestado entendemos que debería haber una renovación -por supuesto que a satisfacción de la Dirección y con todas las garantías para el trabajador- para que el proceso no implique una salida preestablecida.

SEÑOR MICHELINI.- El artículo 193 nos había llamado la atención. En principio, parece lógico que reporteros, periodistas, asesores de programación, es decir, el personal relacionado con el arte y  con un desempeño individual, no puedan ser presupuestados. Por otro lado, si un periodista es la cara del canal o una de las caras del canal, no es lógico que a los seis años se tenga que ir o que necesitemos una ley para que se quede.

Entiendo que es difícil incluir estas situaciones en las diferentes formas de contratación existentes. En ese sentido,  tenemos dos opciones: o  bien encontramos una solución para estas contrataciones de aquí a los días que restan para el tratamiento de la Rendición de Cuentas, o  bien  pensamos en algo diferente para el año que viene. No deberíamos hacer algo que tengamos que corregir luego, pues con ello se generarían situaciones que, incluso, podrían terminar en demandas y reclamos por parte de los trabajadores involucrados. Me parece que habría que pensar un poco más el tema. Además, sería de la idea que a este personal se lo evaluara cada uno o dos años y que la contratación no tuviera una fecha final. Entonces, en función de las evaluaciones, el personal podría permanecer  o no trabajando.

SEÑOR AMORÍN.- El viernes pasado recibimos a una delegación de APU que nos explicó el tema y nos comentó alguna de sus preocupaciones, que son absolutamente compartibles.  Los argumentos básicos eran que, muchas veces, el canal oficial preparaba gente para el informativo, que luego se iba a trabajar a otros canales. Uno de los integrantes de la delegación era un camarógrafo que había trabajado en el canal oficial y que hoy está en Canal 12. Creo que no tiene mucho sentido que Canal 5 prepare gente para que luego se vaya a otros canales, ni que la ley prácticamente los obligue a irse.

                Pienso que todos estamos de acuerdo en que el canal oficial debe tener la posibilidad de contratar  personas  para mejorar la programación. Si tiene un informativo y el informativista es bueno, que esté el tiempo necesario, sin límites y que el canal tenga facilidad para contratarlo.  Si eso se puede plasmar en el proyecto de ley de esta Rendición de Cuentas, entiendo que sería positivo.  En este tema estamos para ayudar porque todos queremos que el canal oficial siga mejorando y que realice las contrataciones de la forma más transparente posible, pero como se explicaba, hay algunos contratos que deben realizarse de forma especial.

SEÑORA MARTÍNEZ.- Sobre el otro aspecto debo decir que, francamente, no conocía el planteo que hizo Agadu. Lo propuesto simplemente era una ampliación del artículo de la Ley de 1937. Por lo tanto, pediría leer el planteo porque no sé cuál es la discrepancia, y en todo caso, intervendré dentro de un rato.

SEÑOR MINISTRO.- Quedó pendiente un punto con relación a Televisión Nacional. Creo que se hizo una pregunta sobre el número de contratos temporales de Televisión Nacional, así como una referencia general al avance del proceso de regularización de los contratos caché del Ministerio de Educación y Cultura a contratos temporales. Para responder esa pregunta pediría al Director General que hiciera uso de la palabra.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Como respuesta general a la pregunta realizada sobre la regularización de las modalidades contractuales que existían en el Ministerio, señalamos lo siguiente.

Antes de la aprobación de la Ley de Presupuesto existían 17 modalidades contractuales, pero luego desaparece la modalidad de contratos caché, entre otras. Lo cierto es que durante este año tuvimos bastantes dolores de cabeza, fundamentalmente por llegar a tiempo para los pagos y firma de contratos con los trabajadores de la Dirección de Cultura, del Canal y del Sodre, a los que aún al día de hoy adeudamos la formalización contractual. Actualmente tenemos unos cuatrocientos contratos ex caché en el Ministerio. En realidad, se dieron cuatro transacciones diferentes. Por un lado, los funcionarios que estaban contratados por caché pasaron a tener un contrato temporal de Derecho Público en una modalidad de transición hasta el 31 de marzo del año que viene; en este período el Ministerio debe realizar los llamados correspondientes para ocupar los cargos que hoy están siendo desempeñados bajo esa modalidad contractual. Evidentemente, quienes están contratados y hoy se encuentran trabajando podrán presentarse también, pero los llamados serán abiertos. A su vez, tampoco se está reconociendo automáticamente que permanecerán quienes están desempeñando funciones, porque ingresaron por la modalidad de caché, aunque evidentemente se reconocerá la labor realizada.

                La segunda modalidad corresponde a quienes tenían contratos a término, que ingresaron por concurso. A ellos se les mantiene vigente el contrato hasta su finalización, bajo la modalidad de contrato temporal de Derecho Público.

La tercera modalidad acaba de ser definida -por suerte-  en un nuevo decreto del Poder Ejecutivo que traspasa a los Ministros correspondientes la posibilidad de ser los últimos en realizar la contratación. Me refiero al contrato laboral de Derecho Privado. 

Por último, la cuarta modalidad que existe al día de hoy es la de personal contratado bajo la Corporación Nacional para el Desarrollo. Todos los funcionarios vinculados con espectáculos y con el Auditorio Adela Reta están contratados bajo la modalidad de la CND; esperamos poder ampliar esto para facilitar el funcionamiento del Sodre. Cabe agregar que lo que no correspondía en su momento a las actividades propias de lo artístico y del Auditorio pasó a regirse por el contrato temporal de Derecho Público, para ordenar un poco la situación.

                Por nuestra parte, consideramos positivo que se tienda a reducir la cantidad de modalidades contractuales a fin de que exista un cierto orden. Esto hace que de alguna forma se puedan ir ajustando en el tiempo las inequidades salariales existentes entre personas que realizan las mismas tareas y que, por estar contratadas bajo distintas modalidades, perciben diferentes salarios. Por ejemplo, quienes antes estaban contratados bajo la modalidad caché, percibían mil pesos menos que sus compañeros; sin embargo, al estar ahora contratados bajo la modalidad temporal de Derecho Público, perciben mil pesos más que aquellos. Evidentemente, dentro del Ministerio se han generado situaciones de inequidad que, a lo largo del tiempo, se han tornado prácticamente estructurales. En ese sentido, a fin de intentar mitigar parte de las inequidades relacionadas con los trabajadores presupuestados, estamos trabajando a partir del artículo 501 de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, también estamos tratando de equilibrar los salarios relacionados con los contratos. Como recién explicaba la Directora del Canal, el Ministerio funciona mucho en base a esa modalidad; es decir, tenemos actividades que son básicas y necesarias para nuestros cometidos, pero entendemos  que no deben llevarse a cabo mediante la modalidad del contrato presupuestado, sino mediante una dinámica distinta.

                Esta sería una breve síntesis de la situación en lo que respecta a las nuevas modalidades contractuales votadas en el Presupuesto.

SEÑOR RUBIO.- Comprendo el propósito y el camino seguido que, según creo, estaba vinculado a la reestructura del organismo, al uso de estas nuevas formas y a la reducción de una ecuación un poco compleja para ser entendida, dada la diversidad y multiplicidad de formas de vínculo. Ahora bien, si se advierte que alguna de ellas se adapta pero, a su vez, tiene rigideces que no corresponden ni encajan con la especificidad de la función que se desarrolla aquí, nos encontraríamos ante un problema de adaptación de una norma general para un caso específico. Entonces, si los representantes del Ministerio tuvieran alguna iniciativa o disposición que nos sirviera para considerar este punto, sería muy bueno, porque creo que el espíritu de la Comisión es encontrar caminos para resolver este tipo de situaciones, algunas de las cuales tal vez estén amparadas por otras normas; por ejemplo, según recuerdo, la posibilidad de contratar en forma directa a alguien que desempeñe una función muy destacada en otro lugar o en el ámbito profesional ya existe en el Derecho Público y se aplica para determinada clase de situaciones.

                En fin, en este caso no solo nos encontraríamos con el mencionado problema, sino también con algunos otros. Claro está que estoy haciendo una sugerencia que me parece interpreta la preocupación de los miembros de la Comisión. 

SEÑOR ÁLVAREZ.-  Aceptamos la sugerencia.

Desde que se llevó adelante la discusión del Presupuesto Nacional, hemos estado señalando esta situación del Ministerio en el ámbito de las diferentes Comisiones de las Cámaras de Senadores y de Diputados. Entendemos que la especificidad de las actividades que realiza esta Cartera demanda una modalidad contractual que reconozca la naturaleza propia de la función que se cumple, como así también los tiempos de contratación y las diferentes inhibiciones que podría haber por tratarse de una contratación bajo una modalidad distinta en la órbita del Estado. 

Hemos trabajado sobre este tema y hoy nos encontramos en esta situación. El sector que tiene mayor necesidad de ser reconocido por la naturaleza y especificidad de la función es el de los medios públicos: la radio y la televisión. En ese sentido, llegamos al artículo que se presenta, que estaba redactado en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Sin embargo, tal como señalaba la señora Directora, si en estos 22 días que restan de tratamiento de la iniciativa en el Senado -o, en su defecto,  a futuro- se pudiera trabajar para avanzar en el sentido mencionado, evidentemente se reconocería la necesidad de las radios y del canal de llevar esto adelante. Me parece que podemos trabajar por intermedio de la Dirección del Canal, junto con la Dirección de las radios, a través del Sodre, y con la Dirección General, para avanzar en este tema.

En definitiva, creemos que tal como está redactado, el artículo facilita parte de los cometidos que existen hoy; sin embargo, pensando en la discusión que planteaba la señora Directora con respecto a cuál es el papel que entendemos deben tener los medios públicos, pensamos que a futuro se necesita una revisión más profunda de las modalidades contractuales para las funciones que estaban detalladas en esa nómina. 

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: independientemente de la actitud que asuma cada uno de los Senadores, sería bueno recibir sugerencias  de quienes van a cuidar todos estos aspectos a efectos de que el texto relativo a esos contratos sea mejor que el aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR RUBIO.- De la misma forma hemos actuado con respecto a otros Ministerios.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Adelantamos desde ya que les haremos llegar propuestas en este sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Con mucho gusto las esperamos.

SEÑOR MINISTRO.-  En relación con el artículo 193, tomamos como base este texto, como mínimo; luego veremos la posibilidad de avanzar, con la participación de los Directores del Servicio de Televisión Nacional  y de las radios del Sodre, como así también del Director General y de los miembros de la Comisión.

                Se ha formulado una pregunta relativa a las becas del Fondo de Becas Carlos Quijano, Programa Cecap, y a las becas en general. Antes de responder en detalle sobre este tema, para lo cual voy a ceder el uso de la palabra al Licenciado Jorge Camors, quisiera recordar a los señores Senadores las grandes direcciones de trabajo que existen en este momento con respecto a la educación y al sistema educativo.

Sin duda, tenemos varias emergencias. Una de ellas es de carácter locativo y ha tomado estado público, por lo que los señores Senadores ya habrán advertido las distintas iniciativas que se han dado como respuesta. Me refiero, por ejemplo, al acuerdo firmado entre la Anep y la Corporación Nacional para el Desarrollo, que habilita una dirección de trabajo en obra nueva y en reparaciones, con el establecimiento de una lista de prioridades de modo de intervenir de forma contundente en los plazos más cortos. Asimismo, motivados en principio por el desarrollo de propuestas de educación terciaria, recientemente llegamos a un  acuerdo con las seis Intendencias de la zona centro-sur-oeste, que se centró en convenios sobre intervenciones edilicias y  distintos temas de emergencia educativa, a los cuales me voy a referir. Sin duda, el tema de los locales realmente configura una emergencia.

                A su vez, otro tema que también reviste urgencia es el de la profundización de los cambios en materia educativa. A ese respecto se está trabajando, tanto en cambios estructurales, como en la creación de nuevas instituciones y programas. Las autoridades de la Anep han detallado una serie de líneas de trabajo a llevar adelante para implementar esos cambios estructurales. Y en cuanto a las nuevas instituciones -varias de ellas ya conocidas- mencionamos al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, los Institutos Terciario y Superior y el Instituto Universitario de Educación. Vale destacar  también la expansión de la oferta de formación terciaria en todo el territorio nacional, con una concepción regional y con distintos componentes. No me voy a extender en esto, que seguramente será objeto de otros encuentros y debates.

Como dije, además de la emergencia edilicia y de la profundización de los cambios en la educación, existe otra emergencia de carácter educativo y social, que tiene que ver con el importante número de adolescentes que se desvinculan del sistema educativo. Esto se relaciona con el rezago y la repetición, que aparecen muy tempranamente. Los señores Senadores conocen el esfuerzo que se está haciendo a nivel de Primaria, donde se ha logrado bajar las cifras a un nivel histórico; actualmente nos encontramos con un promedio de 6,5% de repetición que, sin embargo, oculta el 3% que se constata en sexto año y el 13,5% que se observa en primer año. Estas cifras son muy claras y muestran la dirección en la que debemos trabajar.

Concretamente, uno de los caminos de trabajo es asegurar la continuidad educativa a través de distintos programas, como por ejemplo el de Compromiso Educativo, que se puso en marcha después de la aprobación de la Ley de Presupuesto. Pero hay muchos otros programas que tienen que ver con distintos componentes del sistema de educación pública y tienen  como objetivo asegurar la continuidad educativa. El objetivo mayor que tenemos en esta etapa es lograr que la totalidad de los jóvenes termine el primer ciclo de enseñanza media, acercándonos a la terminación del segundo ciclo. La continuidad educativa es nuestro gran desafío.

Al mismo tiempo, tenemos el problema de la desvinculación y el desgranamiento de nuestros adolescentes y jóvenes, en las distintas etapas del sistema educativo. Hay un porcentaje importante de jóvenes y adolescentes que están desvinculados de la educación. Recordemos también que un poco más de un tercio de los jóvenes de entre 13 y 17 años continúa bajo el nivel de pobreza; recién en los últimos años salió una fracción del 10%; esta es una cifra que hay que asociar a estos problemas. En esta dirección, la revinculación con el sistema educativo a través de distintos programas que logren una real reinserción en la vida, en particular en la educación pero también en el mundo del trabajo, constituye una de las grandes emergencias.

A través de programas de la Administración Nacional de Educación Pública, tanto UTU como Secundaria atienden a una población muy importante. A los programas de formación profesional básica de UTU llegan más de 6.000 jóvenes que logran evitar la deserción; los programas de aulas comunitarias y áreas pedagógicas de secundaria, por su parte, llegan a una cifra similar. Sin embargo, el balance neto año a año es que se desvinculan de la educación alrededor de 4.000 a 5.000 jóvenes que están en condiciones aún más duras que aquellos que logran incorporarse a los mencionados programas.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera plantear una preocupación que, en realidad, pensaba mencionar cuando compareciera el Codicen, pero nadie mejor que el señor Ministro para contestar al respecto. Me gustaría saber si las tasas de desvinculación, de retención y de culminación de estudios tienen un comportamiento similar al del nivel medio en el caso de UTU y de Enseñanza Secundaria. Planteo esta inquietud porque en los anuarios he podido observar números sobre Enseñanza Secundaria, pero no he encontrado los equivalentes de UTU, por ejemplo, por lo que no he podido correlacionarlos. No sé si en realidad existe un comportamiento diferencial, o estamos más o menos igual desde este punto de vista.

SEÑOR MINISTRO.- Los números que tenemos nosotros son los que maneja el Senador, que figuran en el anuario estadístico del Ministerio de Educación y Cultura, y refieren al conjunto de Educación Media, aunque son más ajustadas en lo que tiene que ver con Enseñanza Secundaria. Los números recientes que tengo en mi poder en lo que respecta a los programas del Consejo de Educación Técnico-Profesional, están particularmente referidos al programa de formación profesional básica, que logra evitar la desvinculación de jóvenes -en particular, a partir de 15 años- que se han rezagado, que están en riesgo de desvinculación o que directamente ya se han desvinculado del sistema educativo. Los resultados que comunica UTU son de un porcentaje de retención realmente importante. En este sentido, según recuerdo, la cifra está en el entorno del 80% de jóvenes que llegan a la culminación, entre una población que actualmente es de unos 6.000 adolescentes.

Seguramente los señores Senadores estén al tanto de las distintas ideas en las que se está trabajando, pero señalo estos antecedentes porque, en coordinación con los distintos componentes del sistema educativo -Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e Inau- estamos preparando un programa que permita fortalecer la reinserción en la educación, en la vida y en el trabajo. En esa dirección, el Ministerio asume un esfuerzo particular, multiplicando el trabajo de los centros Cecap -que ahora pasaremos a detallar- que estarán incluidos en un programa mucho más vasto, pensando en ese número de adolescentes y jóvenes que están en un contexto de alta vulnerabilidad, que se han desvinculado del sistema educativo y que no logran una inserción en la vida y en el trabajo, así como tampoco en los programas actuales de Enseñanza Media. Estos programas, que están en elaboración, reitero, requieren una coordinación muy firme de los esfuerzos que se hacen desde las políticas públicas de los Ministerios mencionados y desde el sistema educativo.

No quiero dar más detalles al respecto, a menos que a los señores Senadores les interese particularmente profundizar en este tema.

En definitiva, es en este contexto que debemos considerar los programas de becas de Compromiso Educativo, tendientes a la continuidad educativa, así como los del Ministerio de Educación y Cultura, que ya tienen larga data y son independientes del primero. A su vez, se debe fortalecer el programa Cecap.

En este contexto, la pregunta que se formuló refería, por un lado, a las Becas Quijano -números y otros datos- y, por otro, a datos generales sobre las becas que otorga el Ministerio de Educación y Cultura; también se consultó acerca del programa Cecap.

Para responder a estos puntos pediría que se le diera la palabra al licenciado Camors, que es el responsable del área de educación no formal del Ministerio.

SEÑOR CAMORS.- En el año 2010 las Becas Quijano tuvieron una asignación presupuestal de $ 1:588.071 y fueron cinco las entregadas para la realización total de posgrados. Cabe aclarar que las becas son diferentes de acuerdo con la especificidad de cada uno de los posgrados. Una de las becas fue de                 $ 663.000, otra de $ 480.000, otra de $ 250.596, otra de $ 160.000 y la última de $ 34.400. Subrayo que se ejecutó en su totalidad el monto previsto para el año 2010, y que para el 2011 se pretende establecer un monto máximo para estas becas. Cabe reiterar -lo dije al principio- que la diferencia entre una y otra tiene que ver con el tipo de posgrado, la duración y los costos respectivos.

                En la Ley de Presupuesto se incrementó sensiblemente la partida relativa a las becas, tanto de apoyo económico -que son las que brinda el Ministerio de Educación y Cultura para que estudiantes de bajos recursos puedan acceder a la educación media básica y media superior- como las correspondientes a uno de los cuatro componentes del Programa Compromiso Educativo, que este año se está desarrollando en forma experimental en 39 centros educativos -30 de educación secundaria y 9 de educación técnico profesional- distribuidos en 8 departamentos del noroeste del país, más alguno de Canelones y de Montevideo.

El señor Senador Penadés preguntó por los montos de las becas. Debo señalar que en el año 2005 las becas que venían de Presupuestos anteriores no llegaban a los $ 400; en el año 2010 se llevó esta cifra a ocho pagos al año de $600. Esto permitió ir montando -tal como lo prevé la Ley General de Educación- un sistema nacional de becas en el marco de una política educativa, en lugar de una política asistencial, llegando a ocho pagos anuales de $ 800 para la educación media básica y de ocho pagos anuales de $ 1.000 para la educación media superior.

El Programa Compromiso Educativo se focalizó en el 4º año de Secundaria o primer año de Educación Media Superior de UTU, porque es a esa altura de la educación formal que se nota una sensible desvinculación; casi la mitad de las desvinculaciones de la enseñanza media superior se producen en el primer año. Por lo tanto, Compromiso Educativo -junto con otros componentes- se direccionó a tratar de sostener a esos estudiantes para que continúen y culminen la educación media superior. En total, en el año 2011 se han adjudicado 1.408 becas de apoyo económico -que era la cifra histórica lograda hasta el 2010- a las que se sumaron las 1.669 adjudicadas por el Programa Compromiso Educativo. Las previsiones presupuestales de la Ley de Presupuesto nos permitirán mejorar la cobertura de ambos tipos de beca para el año 2012.

                Por último, me voy a referir al Programa Nacional de Educación y Trabajo, que fue una iniciativa presentada por el Ministerio de Educación y Cultura, y quedó incorporada en el artículo 232 de la Ley de Presupuesto              Nº 17.930, del año 2005. Tomando a centros de capacitación y producción que existían en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura en Montevideo y Rivera, se diseñó un Programa Nacional de Educación y Trabajo orientado a jóvenes de entre 15 y 20 años que no estudian ni trabajan, y se modificaron varios aspectos del currículo. Esto se llevó a cabo en el marco de una política de educación no formal, pues los chicos que no están en la educación formal tienen derecho a recibir una propuesta educativa y seguir aprendiendo. El Programa apunta a brindar educación a jóvenes que están fuera del sistema, con la finalidad de colaborar en la reinserción educativa, porque en la medida en que reciben apoyo, muchos chicos que están por fuera de la educación hacen un proceso de mejora de sus perspectivas y proyectos de vida y quieren seguir estudiando; subsanan algunas heridas que han tenido con la educación, reciben apoyatura ellos y sus familias y se animan a reingresar. Tenemos convenios con UTU y Secundaria; incluso, dentro de Cecap Montevideo y de Cecap Rivera están trabajando docentes de Secundaria, apoyando a los chicos, que cuando se sienten en condiciones de dar un examen, lo dan. Por ejemplo, en julio -dado que hemos “semestralizado” la propuesta- se anotaron 120 jóvenes para culminar el Ciclo Básico. Los niveles de aprobación de exámenes -tomados por el sistema de Enseñanza Secundaria en sus liceos y con sus tribunales- son de un 95%.

                En el caso de UTU, en Young y en La Paz existen convenios con el Programa “Redescubrir”, por los que se combinan y articulan los currículos del Cecap y de la Universidad del Trabajo; los educadores de una institución trabajan con jóvenes del otro centro de estudios y viceversa. Tanto de mañana como de tarde se ofrecen propuestas combinadas de ambos programas. Reitero que esto ya se ejecutó en La Paz y en Young y se está estudiando con UTU la ampliación del Programa “Redescubrir” a seis experiencias más.

                El Programa Nacional de Educación y Trabajo desde Centros Educativos de Capacitación, que comenzó en Montevideo y luego se implementó en Rivera, en el período pasado se expandió a La Paz, Colonia, Paysandú, Salto, Treinta y Tres, San Carlos y Young y, de acuerdo con las previsiones presupuestales, este año se extendió a Artigas y Florida. En el mismo sentido, se acaban de firmar convenios con las Intendencias de Durazno y de Rocha, en la medida en que el Programa implica una alianza estratégica con los Gobiernos municipales -con los que la relación es muy buena y fluida- y constituye una articulación de política nacional y municipal. La idea prevista en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas es cubrir las necesidades de todo el país, siempre y cuando se reciban las correspondientes demandas de los Gobiernos Departamentales de la apertura de dependencias de Cecap. Por ejemplo, la Alcaldía de Toledo ha manifestado su interés a ese respecto, pero también estamos analizando otras demandas que hemos recibido.

El artículo 200 prevé una movida interna de los recursos del presupuesto para apoyar las horas docentes, a los efectos de potenciar la ampliación de los Cecap en el Programa Nacional de Educación y Trabajo, lo que se conjuga con la línea de política educativa planteada por el señor Ministro sobre la nueva oferta que hará el Poder Ejecutivo con varios Ministerios y la Anep para el año 2012.

En el período pasado se hizo una evaluación externa de este Programa por parte de la Unidad de Monitoreo y Evaluación del Mides y ahora se están culminando los términos de referencia para la realización de una segunda evaluación externa. Nosotros estamos muy conformes en la medida en que sentimos que la mayoría de los chicos provienen de sectores muy carenciados. Diríamos que el Cecap es el puente entre el asentamiento y la UTU o el liceo. Más allá de que tenemos aspectos a mejorar, con estos recursos se podrá ampliar el Programa y garantizar educación para los que están afuera, que es una alternativa para la reinserción y una preparación para vincularse con el mundo del trabajo a partir de la propuesta curricular que ahí se desarrolla.

                Quedo a las órdenes para hacer cualquier ampliación que se estime necesaria.

SEÑOR MINISTRO.- Con el detalle hecho por el licenciado Camors se puede ver en qué marco se sitúa la propuesta que se efectúa en el articulado y, en el contexto general, el esfuerzo que se viene realizando.

                Con respecto al Programa Compromiso Educativo, que forma parte del conjunto de becas que administra el Ministerio de Educación y Cultura, quiero recordar que en el proyecto de ley se plantea llegar, simultáneamente, a las diez mil becas al final del período.

                De las preguntas formuladas, quedarían por contestar la que se formuló con respecto al Sodre y la vinculada a la Fiscalía de Violencia Doméstica.

                Pasando a la primera de ellas, me permito solicitar que se dé la palabra al Presidente del Consejo Directivo del Sodre, a fin de que haga un resumen del estado actual de la Institución y de las propuestas para su desarrollo. Se proyecta incorporar la creación de un fideicomiso, para lo que, luego de haber hecho las consultas del caso con las instituciones correspondientes, propondremos un texto a la Comisión.

                Me permito ceder la palabra al señor Fernando Butazzoni, Presidente del Consejo Directivo del Sodre.   

SEÑOR BUTAZZONI.- Tengo un par de preguntas concretas para responder: una del señor Senador Penadés, referida a los dineros que se obtenían a través del impuesto específico a las ganancias del Casino Victoria Plaza, del Hotel Radisson. No lo recuerdo exactamente, pero creo que por ley era algo así como el 20% de las ganancias netas. De todas maneras y en honor a la verdad hay que decir que la disponibilidad  que teníamos al 31 de julio era de               $ 17:000.000 y Rentas Generales nos volcó extraordinariamente un monto muy superior de $ 105:000.000 -casi cinco veces más- para la culminación de los trabajos de las obras del Auditorio Nacional Adela Reta, que como ustedes saben, están en pleno desarrollo.

                Por otro lado, quería señalar que el organismo desde hace varios meses ha estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, la Oficina Nacional del Servicio Civil y otros sectores de la Administración, y con  distintos ámbitos parlamentarios, como la Comisión de Educación y Cultura del Senado, analizando  algunos de los problemas estructurales que tiene la Institución. El Sodre  es un organismo muy peculiar. Es una unidad ejecutora de un Ministerio pero, a su vez, es un organismo colegiado -o sea, de Dirección colectiva- que además trabaja en el ámbito del arte y la cultura. Cuando finalmente se reinauguró el Auditorio Nacional, en noviembre de 2009, en realidad se abría una extraordinaria fuente de posibilidades culturales, sociales y artísticas, pero también se desencadenaba una crisis en el crecimiento de una organización que desde el punto de vista de su cultura administrativa, de su estructura y de su funcionamiento era totalmente obsoleta para cumplir con los fines que se planteaban en esos nuevos tiempos.

                Hemos propuesto distintas soluciones, e incluso distintos paliativos. Es más, por primera vez al Tribunal de Cuentas -me lo comentaron algunos de sus miembros- le llegó una carta de una Comisión parlamentaria en la que le solicitaban que tuviera una actitud positiva hacia un pedido de una unidad ejecutora como el Sodre. Concretamente, se pretende disponer de la asistencia de un contador delegado en el propio Sodre, a efectos de ahorrar por lo menos una parte de tiempo en ese complejo circuito administrativo que llevan los expedientes; circuito administrativo que, además de ser complejo, parece que hubiera sido diseñado para ver en qué momento alguien puede cometer un error.

                En síntesis, queremos señalar que existe una genuina preocupación desde el Consejo Directivo del Sodre, de su sindicato -que ha trabajado junto a nosotros durante meses en la búsqueda de formatos, soluciones o, como decía, paliativos- del Ministerio de Educación y Cultura, además de otros organismos. Es así que hace unos meses surgió la posibilidad de crear un fideicomiso destinado básicamente al crecimiento artístico y cultural del Sodre. Brevemente quiero recordar que ese crecimiento pasa por el desarrollo de una orquesta sinfónica, una orquesta sinfónica juvenil, un coro, un ballet, dos escuelas -una de arte lírico y otra de danza- cuatro radios y un conjunto de repetidoras que están finalizando el anillo en todas las fronteras del país. A este respecto cabe agregar que por primera vez Uruguay va a tener repetidoras de las radios públicas en toda su área fronteriza terrestre.

El Sodre también cuenta con el Archivo Nacional de la Imagen, que es uno de los archivos más importantes en su tipo en el Uruguay.

                Sé que disponemos de poco tiempo, pero quiero agregar que gestionar todas estas tareas, con las actuales estructuras y mecanismos que rigen a las unidades ejecutoras de un Ministerio como el de Educación y Cultura, genera grandes dificultades, sobre todo en lo que tiene que ver con los tiempos del arte y la cultura. Tal como están planteadas las cosas, desde el punto de vista formal y estricto, si se enferma un cantante el día previo a una función de ópera, no se puede contratar un sustituto, lo que significa que no se puede realizar la función. En general se logra resolver esos temas, pero por la buena voluntad de los distintos actores públicos o  privados, como puede ser el propio cantante o su representante. A modo de ejemplo, puedo decirles que no hace mucho tiempo, un funcionario de una dependencia pública me pidió un recibo de luz para comprobar de manera fehaciente el domicilio fuera del territorio nacional de un cantante ruso,  quien llegaba para interpretar “Eugenio Onegin”. Aclaro que no digo esto en demérito de la capacidad intelectual del funcionario que hizo esta solicitud, sino para mostrar que hay determinados mecanismos que no funcionan. Hace cuarenta, cincuenta o sesenta años, los cantantes de ópera llegaban en barco, se les hacía un homenaje, se instalaban en un hotel 15 días antes, cantaban y se quedaban otros 15 días recibiendo más homenajes y cenas; todos hemos visto las fotos que grafican esto. Pero actualmente no ocurre lo mismo. Los cantantes tienen sus representantes, se les debe abonar una parte antes -de lo contrario, ni siquiera hacen la valija- vienen para cantar y se van al otro día. Toda esta complejidad nos ha llevado a pensar en la idea de un fideicomiso para comenzar a construir un nuevo circuito de gestión administrativa y de trabajo para estas realidades tan distintas, como son la del Auditorio y  los distintos cuerpos estables que van de gira al interior del país, a Europa, etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Antes de continuar, quiero recordar que estamos 22 minutos atrasados en el  horario previsto para recibir a la siguiente delegación.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera saber si este fideicomiso aparece en este articulado.

SEÑOR BUTAZZONI.- No; la idea es enviar un proyecto de ley con esta propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE.-  El señor Ministro anunció que se iba a elevar una iniciativa.

SEÑOR MICHELINI.- Puede ser que algunos aspectos se solucionen a través de la creación del fideicomiso, pero pienso que quizás se deba incorporar algún artículo -ya sea en ese fideicomiso o ahora- que autorice a contratar cantantes suplentes con los que toda obra debe contar. Creo que lo peor es estar al borde de la raya con respecto a este tipo de cosas que suceden comúnmente, como es el hecho de que una persona se enferme. Por ello sugiero que en el caso de que se envíen algunos artículos relacionados con estas situaciones, los estudiemos.

SEÑOR MINISTRO.-  Quiero agregar dos o tres comentarios breves ya que sé que disponemos de poco tiempo.

El Sodre es una institución muy vieja que acumuló un enorme prestigio a lo largo de décadas, pero durante cuarenta años sufrió un proceso que llevó a un deterioro de la institucionalidad. Por un prolongado período, muchísima gente -tanto autoridades de las distintas etapas, como diferentes artistas vinculados a la institución- hizo un enorme esfuerzo para que el espacio siguiera vivo y eso debe ser reconocido, como creo que lo es regularmente, incluso desde el momento en que se inició una nueva etapa con la culminación del Auditorio Nacional Adela Reta.

                En definitiva, pienso que en este año y medio transcurrido por esta Administración, el Sodre, los artistas y su Dirección mostraron que se puede llegar a propuestas de muy alta calidad, integrar nuevos públicos, así como llenar ese Auditorio con una asistencia  renovada y joven.

                Por otra parte, en lo que respecta al ballet, se ensayó una nueva modalidad de gestión que ha sido exitosa y ha permitido resolver, con mucho esfuerzo, complejidades como las mencionadas.

En este momento se trata de fortalecer la Institución  y de darle una nueva estructura a los distintos cuerpos estables o grupos de artistas mencionados, así como a las escuelas y a las otras dependencias del Sodre. 

                Luego de un análisis profundo y de múltiples consultas, entendemos que el proceso de fortalecimiento institucional de creación de una nueva institución será necesariamente gradual -dado el Estado de la Institución- pues pensamos transitar un camino de desconcentración progresiva. Oportunamente veremos cómo se define una nueva institucionalidad. En ese proceso de desconcentración y de fortalecimiento progresivo, podría ser beneficiosa la creación de un fideicomiso que permitiera resolver las distintas complejidades              -como las mencionadas, además de otras- para permitir que una Institución con la vocación y potencialidad del Sodre, sobre todo con los niveles artísticos que puede alcanzar, según ha demostrado, cumpla con los desafíos, objetivos y responsabilidades que tiene por delante. Este primer paso de constituir un fideicomiso acompañaría el proceso de transición que se inicia a partir de este momento.

                Solicito al señor Presidente que le otorgue el uso de la palabra al Director General para que realice algunos comentarios en relación a la iniciativa que dejaremos en manos de la  Comisión, que ha sido oportunamente consultada con las distintas instituciones vinculadas al tema, particularmente con el Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Adelanto que haremos llegar dicha iniciativa a la Presidencia de la Comisión en el correr del día de hoy, a los efectos de que la puedan distribuir y considerarla en el marco de la propia Rendición de Cuentas.

                Me gustaría hacer simplemente una puntualización que tiene que ver con lo discutido anteriormente: no solamente debemos mejorar la modalidad de las formas contractuales, sino también la institucionalidad que tiene el Ministerio  en sus diferentes áreas para poder desarrollar las tareas. Si resolvemos una sola cosa, no resolvemos todo, y el paso de avanzar a través de un fideicomiso solucionaría  parte de las dos, pero no todo; por eso el señor Ministro hablaba de un proceso gradual. De esta manera, entonces, se resuelve parte de la gestión, parte de las modalidades contractuales, pero no el funcionamiento global de la Institución, como señalaba recién el señor Butazzoni.

SEÑOR MINISTRO.- El último punto corresponde a la creación de dos fiscalías  con competencia en violencia doméstica. Trajimos este  tema a la Comisión en nuestra última comparecencia y fue introducido por el Parlamento en la Ley de Presupuesto, pero no se crearon los cargos correspondientes para poder implementarlo. El Ministerio Público no pudo hacer lo propio, por cuanto es un tema cuya resolución está pendiente.

SEÑOR AMORÍN.- Con respecto a este tema, entiendo que hubiera sido mucho mejor que estuviera presente el señor Fiscal de Corte; me parece que es importante que cuando el señor Ministro concurra, se haga acompañar por él porque hay algunas preguntas que son de su especificidad, que tienen que ver con temas que él conoce más, como el que abordamos. Por ejemplo, con respecto a los dos primeros artículos del Inciso, me gustaría saber dónde se van a crear las dos fiscalías que se plantean; tampoco sabemos bien de dónde provendrán los recursos para ello, cómo se va a hacer ni si están funcionando bien o mal.

Reitero que, francamente, me hubiera gustado que el Fiscal de Corte acompañara al señor Ministro en esta nutrida y destacadísima delegación que ha concurrido; me parece que hubiera sido muy positivo. Además, hubiera aprovechado para decirle al Fiscal de Corte que lo apoyamos absolutamente en cuanto a la independencia técnica de los Fiscales; me parece que ese es un tema central de nuestra institucionalidad.

En definitiva, a título personal señalo que me gustaría que la próxima vez que concurra el señor Ministro lo haga acompañado por el Fiscal de Corte, porque creo que nos ayudaría muchísimo a desentrañar una cantidad de temas de la Rendición de Cuentas.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más preguntas para formular, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la visita de los representantes del Ministerio de Educación y Cultura.

 

(Se retira de Sala la delegación del Ministerio de Educación y Cultura.)

(Ingresan a Sala los representantes de ANEP.)

-En nombre de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda damos la bienvenida al Presidente de ANEP y a toda la delegación que lo acompaña y le cedemos el uso de la palabra para que realice su presentación.

SEÑOR SEOANE.- Agradezco al señor Presidente y demás señores Senadores integrantes de la Comisión por recibirnos.

Como siempre decimos, para nosotros esta es una oportunidad muy valiosa, pues sustancialmente nos importa trasmitir lo que estamos haciendo y, sobre todo, lo que queremos hacer. Nos interesa contar con estas instancias para intercambiar ideas y trasmitir la perspectiva de futuro que impulsamos desde la Administración Nacional de Educación Pública.

                La exposición que vamos a desarrollar esencialmente consistirá en tres capítulos. Nos referiremos al Balance de Ejecución Presupuestal 2010, a la Rendición de Cuentas y al articulado. Abriremos esta exposición con una breve mención al Balance de Ejecución Presupuestal, que realizará el Director de la Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto, doctor Bouzón.

SEÑOR BOUZÓN.- Vamos a presentar un breve resumen del Balance de Ejecución Presupuestal de la ANEP del año 2010. En pantalla se pueden observar los principales conceptos del gasto que son tres: retribuciones personales, gastos corrientes y suministros e inversión. En la tabla se da cuenta del nivel de ejecución alcanzado en el año 2010.

En Retribuciones Personales tenemos 97,3%; en Gastos Corrientes y Suministros, 98,3%; y en Inversión, 87,1%. Debemos informar que este porcentaje alcanzaría el 91,1% y eso obedece a que en el año 2010 teníamos un crédito que no contaba con financiamiento, básicamente porque debía firmarse un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo durante el año 2010, que quedó finalmente operativo en  2011.

                En la siguiente diapositiva se da cuenta a nivel gráfico del cuadro anterior con los porcentajes del crédito final y lo ulteriormente ejecutado.

                Ahora presentamos la descomposición a nivel de Programas de la ANEP, por los Consejos de Educación y el Codicen, dando cuenta de los niveles de ejecución. Como se puede observar, ronda el 74,7% en el Codicen   -teniendo en cuenta la salvedad anterior del crédito sin financiamiento- y supera el 97% en todos los casos, llegando al 99,7% en el Consejo de Educación Inicial y Primaria; al 99,5% en el Consejo de Educación Secundaria; al 97,8% en el Consejo de Educación Técnico Profesional  y 97,8% en el Consejo de Formación en Educación.

                En la siguiente diapositiva damos cuenta de la participación en el financiamiento. La ANEP se financia en un 94,1% con fondos provenientes de Rentas Generales; un 4,9% con Fondos de Libre Disponibilidad -básica y principalmente provenientes del Impuesto de Enseñanza Primaria- y, finalmente, un 1% de endeudamiento externo.

                En esta otra diapositiva damos cuenta de los destinos de la principal fuente de libre disponibilidad, que es el Impuesto de Enseñanza Primaria. El cuadro que aparece a la izquierda no se ve muy bien, pero muestra que la alimentación escolar alcanza al 58% del total; se obtuvo un total de $ 1.113:000.000 por concepto de recaudación del Impuesto de Enseñanza Primaria en el Ejercicio 2010.

                Esta es la síntesis del Balance de Ejecución Presupuestal de la ANEP y ahora vamos a dar paso a la Rendición de Cuentas, que va a ser comentada por el doctor Seoane.

SEÑOR SEOANE.-  Señor Presidente: los señores Senadores cuentan con un informe pormenorizado y circunstanciado en la documentación que oportunamente se les ha entregado, por lo que específicamente quisiera señalar dos aspectos que nos permitirán concentrar la atención sobre lo que se hizo en materia de infraestructura edilicia. 

                Como se advierte en la diapositiva, desde hace ya un buen lapso el volumen que corresponde a las retribuciones personales supera el 80%. Este volumen tiene una justificación plena en el trabajo que desarrolla la ANEP, en especial en el marco de incrementos presupuestales significativos; es muy importante y se ha destinado sustancialmente a responder la enorme avidez educativa que se ha generado en el país y en cuya construcción la ANEP es parte comprometida e importante.

                Muy rápidamente señalamos que estos fondos han permitido el incremento en el número de grupos: 400 nuevos grupos en Educación Secundaria diurna respecto del año 2005 y más de 70 grupos en Educación Primaria respecto del mismo año. En general, se ha logrado una disminución del número de alumnos  por grupo a nivel de la ANEP. En algunos subsistemas es más notorio y en otros es apenas perceptible. En particular, se observa en el caso de Educación Secundaria, en virtud de un crecimiento importante de la matrícula.  Este crecimiento comenzó en el año 2007 y seguramente va a continuar ascendiendo en razón de las políticas de inclusión educativa con las que estamos fuertemente comprometidos y que creemos son esenciales para lograr la meta de universalizar la Educación Secundaria.  Naturalmente, este incremento en el número de grupos y este descenso en el número de alumnos por grupo significan un aumento en el número de horas  docentes y un aporte muy importante a la mejora de la calidad educativa.

                En segundo término, queremos hacer referencia a la aparición de nuevos referentes en los centros educativos, política que se ha iniciado con mucho énfasis. No hemos alcanzado el número que quisiéramos en materia de referentes adultos en los centros educativos, pero sí hemos hecho avances significativos.

Asimismo, un importante volumen presupuestal se ha destinado a la extensión del tiempo pedagógico, orientación educativa ampliamente consensuada en todo el país. Se trata del crecimiento de diversas modalidades de extensión pedagógica, pero en particular del incremento en relación con la modalidad de escuelas de tiempo completo.

                Finalmente, la diversificación en todo el territorio nacional de las propuestas educativas, en especial las técnicas y tecnológicas,  ha permitido abrir posibilidades en un terreno tan importante para el desarrollo de los jóvenes y para la contribución de la educación pública y el desarrollo integral del país. En este sentido, hay una larga lista de nuevas tecnicaturas ofrecidas por el Consejo de Educación Técnico Profesional, que conforma la otra dimensión que queríamos rescatar.

                Con respecto a la infraestructura, hay números muy significativos  en materia de obra nueva, con  un total de 188 procedimientos de reparaciones y refacciones en centros educativos. Aunque desde el punto de vista numérico es elocuente el enorme despliegue que desde el trabajo de infraestructura hay que hacer, en términos cualitativos, si bien ha habido un incremento presupuestal muy importante, para el próximo quinquenio tendremos un notable aumento en materia presupuestal destinado a infraestructura edilicia, pero no ha habido un reforzamiento presupuestal para los recursos humanos asociado a la ejecución de este incremento presupuestal. Consecuentemente, estamos impulsando una política de diversificación en la forma de ejecución de este importante volumen presupuestal destinado a infraestructura edilicia. Es así que se hizo el reciente fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo, un esfuerzo por trabajar en forma mancomunada con las intendencias departamentales, por combinar el trabajo de infraestructura con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entre otras alternativas que estamos estudiando para atender una situación que a todas luces es crítica y sobre la cual estamos profundamente comprometidos en intentar avanzar lo más posible.

Quisimos llamar la atención sobre estos dos aspectos para dar una mirada cualitativa y conceptual sobre el esfuerzo que se ha hecho en  2010 en materia presupuestal, cuya detallada descripción se encuentra en los documentos que fueron entregados a los señores Senadores.

A continuación, expondremos de forma sucinta el articulado.

                Los artículos 1º, 2º y 3º suponen gastos por obligaciones estatutarias y legales, como los generados por antigüedad y pasaje de grado, los correspondientes a la variación en el concepto de inversión -un volumen importante de retribuciones personales  era financiado desde el concepto de inversión anterior, por lo que el cambio en ese sentido ha supuesto la necesidad de recursos adicionales que hemos expresado en  la solicitud presupuestal- y los generados por compromisos asumidos debido a la demanda educativa que se da esencialmente por aumento del alumnado, y a la que debemos responder, tal cual es nuestra obligación y vocación.

                Estos artículos han sido parcialmente financiados en la votación de la Cámara de Representantes y expresan la necesidad de la ANEP en la materia. En realidad, solventar estos gastos no es opcional, pues nosotros debemos responder sí o sí, por las razones que ya señalé. En cierta forma, se trata de adecuar el presente a un pasado de obligaciones -que hemos asumido y seguiremos cumpliendo- que se proyecta hacia el futuro. Cabe mencionar que, entre lo que aprobó la Cámara de Representantes y lo solicitado por la ANEP existe una diferencia de $ 148:000.000. Ahora bien, en el artículo 241 se otorgan fondos a la ANEP por el valor de  $ 120:200.000, destinados a gastos de funcionamiento; por nuestra parte, entendemos que si pudiese modificar y,  en lugar de destinar estos montos a gastos de funcionamiento, se hiciera a remuneraciones personales, ello permitiría responder con mayor plasticidad a las necesidades de ejecución de este año. Esta línea de trabajo ha sido entendida y compartida por el Ministerio de Economía y Finanzas y pensamos que puede ser un camino que permita mejorar la situación que emerge de la votación en la Cámara de Representantes.

                Como ya dije, mediante estos tres artículos lo que se hace es contemplar lo que ya se ha hecho y lo que obligatoriamente debemos seguir haciendo. Pero naturalmente, la propuesta de ANEP tiene vocación a futuro; queremos hacer cambios profundos en materia educativa y, para ello, necesitamos el incremento presupuestal que aparece en los artículos siguientes. Por  mi parte, explicaré algunos de ellos y luego le pediré a los compañeros del Consejo Directivo Central  que me ayuden en la tarea de exponer esa propuesta.

                Antes que nada, quiero llamar la atención sobre el artículo 5º, que refiere a la implementación de la figura de profesor cargo. Tanto en la ley de educación como en los compromisos asumidos con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, surge la  convergencia en la necesidad de sustituir la elección de horas por elección de cargos en las instituciones de educación media. Entendemos que esta modificación es de la mayor enjundia y que concita amplios consensos en la opinión pública del país.       La figura del profesor cargo es una estrategia que está orientada  a responder a cuatro desafíos fundamentales. En primer lugar, se trata de evitar la rotación docente año a año entre diversas instituciones. En segundo término, se intenta fomentar la concentración horaria en una institución, permitiendo  la permanencia de los docentes en ella, generando equipos, permitiendo proyectarse de forma consistente, conformando otro tipo de vínculo con los estudiantes y de concentración en los proyectos de los centros.  En tercer lugar, dado que el profesor cargo tendrá horas de docencia directa, pero también horas de permanencia en el centro, va a  poder atender un conjunto de necesidades que se plantean en la vida educativa de los centros y, en particular, cuando los docentes faltan, podrá asistir a aquellos estudiantes que quedan sin la atención educativa correspondiente. En cualquier sistema educativo del mundo ocurre esto. Tenemos diversas políticas que están dando buenos resultados para disminuir el ausentismo docente, pero la falta de un profesor es algo que siempre puede ocurrir. Por eso creemos que la presencia del profesor cargo en el instituto puede contribuir a que la atención educativa sea posible cuando ocurren este tipo de situaciones.

                Finalmente, voy a referirme a la forma de implementación de esta política. En este sentido, cabe aclarar que estos cargos se van a concentrar en aquellos centros educativos que enfrentan contextos más difíciles, más exigentes, más vulnerables desde el punto de vista educativo, lo que contribuirá de una manera importante a la mejora de la calidad educativa de esos centros en particular.

                Si los señores Senadores observan el artículo, es claro cuál es la política en cuanto al incremento de los profesores cargo a lo largo del quinquenio, la que estará complementada con la medida de evitar la elección anual de horas  docentes. Por lo tanto, tenemos dos políticas orientadas a la concentración horaria: la política de profesor cargo y la elección bianual de horas.

Ahora bien; un esfuerzo de esta naturaleza debe complementarse  con un proceso de renovación profunda de la educación media. Esta renovación supone cambios institucionales, organizacionales y curriculares. En cuanto a la renovación institucional, queremos llamar especialmente la atención de los señores Senadores sobre el artículo 26, en el que está prevista la creación de lo que hemos dado en llamar “Instituciones de Educación Media”. Estas instituciones permitirán, en primer término, que en estos centros educativos exista una variedad de posibilidades de transitar la educación media. En particular, allí estarán presentes propuestas del Consejo de Educación Secundaria y propuestas formativas provenientes del Consejo de Educación Técnico-Profesional. Pero, naturalmente,  esta diversidad no es exclusivamente el objetivo, sino que también lo es tratar de avanzar en la conjugación de dos ricas tradiciones en la vida educativa del país: la tradición de la educación secundaria generalista, y la tradición de la educación tecnológica representada en la Universidad del Trabajo del Uruguay. Esta conjugación de tradiciones educativas permitirá la apertura de trayectorias múltiples para los jóvenes, los que tendrán posibilidad de acceder a rutas formativas variadas que se adecuen de la mejor forma a los proyectos individuales y a las distintas etapas de la vida por la cual transitan. Como es sabido por los señores Senadores, es muy distinto emprender  la educación media cuando se tiene 11 o 12 años, que cuando se tiene 17 o 18. No parecería sensato que todos recorrieran la misma ruta formativa. Por lo tanto, nos parece muy importante que existan instituciones de educación media que habiliten  y estimulen la posibilidad de tránsitos. Esta conjugación de las tradiciones puede abrir, además, posibilidades innovadoras de articulación socialmente valiosa entre la educación media y el mundo del trabajo. Esta combinación de educación y trabajo, entre otros beneficios tiene la enorme virtud de estimular el tránsito por la educación media de jóvenes que hoy no lo están haciendo.

En esta primera instancia la administración será compartida por ambos Consejos de origen, pero en el  horizonte naturalmente está construir las bases para la creación de  los Consejos de Educación Media Básica y los Consejos de Educación Media Superior previstos en la Ley General de Educación. En idéntica dirección -quisiera llamar la atención de los señores  Senadores-  va  la propuesta  que figura en el artículo 27, que apunta a modificar la estructura del funcionamiento del Consejo de Educación Secundaria, que hoy es extremadamente centralizado, en una clave mucho más regional y descentralizada. Lo que aparece en este artículo 27 como propuesta es la construcción de dos Direcciones: una Dirección de Educación Media Básica y una Dirección de Educación Media Superior. Creemos que, junto con el impulso de las instituciones de educación media, la propuesta que figura en el artículo 27 puede ayudar a construir las bases para la creación de los Consejos de Educación Media Básica y Educación Media Superior.

                En fin, queremos acentuar que la orientación de la construcción de instituciones de educación media supone un cambio profundo en la arquitectura institucional del sistema educativo, pero al mismo tiempo es un aliciente poderoso en materia de innovación en el terreno organizacional y en el curricular. En 2012 tenemos pensado avanzar, recogiendo valiosas experiencias que hoy se llevan a cabo y profundizándolas.

                Naturalmente, la transformación institucional con la creación de instituciones de educación media se apoya fuertemente en las capacidades cooperativas del Consejo de Educación Secundaria y del Consejo de Educación Técnico-Profesional. Pensamos que los grandes desafíos que tiene el país en materia educativa -tales como la universalización de la educación media o la generalización de la educación terciaria y superior- no pueden ser afrontados con acciones insulares o encapsuladas exclusivamente en determinados niveles. Creemos que la cooperación entre instituciones educativas es una clave fundamental para avanzar en las metas que tiene trazadas el país desde hace largo tiempo.

                La formulación institucional de la cooperación se traduce en la propuesta del artículo 24, que hemos denominado “espacios de cooperación educativa”. Dicho de una forma sintética, son agrupamientos o asociaciones de instituciones que se encuentran próximas desde el punto de vista geográfico y que cooperan en pos de proyectos educativos comunes. Pueden encontrarse emplazados en un mismo territorio -al estilo de los campus universitarios o, como proponemos, de campos regionales terciarios- en un barrio o en barrios aledaños. Dependiendo de las diversas regiones o zonas, esos espacios pueden variar en su composición y alcance. Por ejemplo, el espacio de cooperación educativa podría estar constituido por cinco escuelas primarias, dos liceos, una institución de educación media, una institución terciaria universitaria, un club deportivo y un centro de investigación. En fin, serían diversos actores institucionales en pos de programas educativos conjuntos para afrontar los desafíos mayores que tiene la educación pública del país.

                En línea con esa orientación general, en el artículo 28 se propone la constitución de Campos Regionales de Educación Terciaria. Seguramente serán componentes esenciales de futuros espacios de cooperación educativa y tendrán un papel de primera magnitud en la generalización de la educación terciaria. Formarán parte de ese gran objetivo nacional de generalizar la educación terciaria y superior en todo el territorio y de combatir la inequidad geográfica en el acceso a ese nivel educativo. El interior ha sido largamente postergado desde ese punto de vista y es necesario avanzar dando  posibilidades a todo el país de acceder a ese nivel educativo. En ese sentido, deberán ser sensibles a las necesidades y peculiaridades regionales y estar articulados con las diversas cadenas productivas.

Quiero llamar brevemente la atención sobre el Sistema Nacional de Educación Terciaria y Superior Agraria porque vincula el sistema educativo con esa cadena productiva, desde los niveles más básicos de formación profesional hasta los de doctorado. Creemos que es una construcción extremadamente valiosa en sí misma y que constituye una fuente de inspiración para la cimentación de cadenas productivas en otros terrenos. Como señalé anteriormente, el artículo 28 hace referencia a ese respecto.

                En síntesis, en esos espacios de cooperación educativa se procurará impulsar el trabajo cooperativo entre las diversas instituciones a través de una estructura extremadamente liviana y flexible. No queremos multiplicar estructuras burocráticas en el país; por el contrario, de lo aprendido en la experiencia de cooperación que se ha intensificado en los últimos años, se trata de simplificar la estructura institucional de la cooperación entre diversas instituciones a nivel territorial. Apuntamos a enriquecer esa agenda con dos vectores fundamentales: el combate a la desvinculación estudiantil y la mejora en la calidad de aprendizajes. Estos dos vectores fundamentales guiarán el trabajo de los espacios de cooperación educativa.

A continuación, la Consejera Teresita Capurro se referirá a un programa de tránsito entre niveles educativos que, precisamente, tiene  como objetivo el combate a la desvinculación estudiantil y que será tomado por los espacios de cooperación educativa como una tarea fundamental.

SEÑORA CAPURRO.- Señoras y señores Senadores: el Presidente Seoane ha expresado cuáles son las líneas generales y algunas acciones concretas que estamos tratando de desarrollar para lo que queda del quinquenio. Ello está relacionado con el poder de convencimiento que tengamos los uruguayos para defender la educación pública y para definir qué educación queremos. Desde este Poder Legislativo también se debe definir, a partir de lo que podamos expresar, la aprobación de la Rendición de Cuentas y de las propuestas que hemos venido a plantear.

                En todos los ámbitos se ha dicho que a la educación se le ha dado un presupuesto como nunca antes. En términos relativos y comparativos podemos decir  que es verdad, aunque he sido protagonista de la lucha por mayor presupuesto para la educación desde otro ámbito.

 El doctor Seoane expresó que más del 80 % del presupuesto de la enseñanza se gasta en salarios, y es verdad. En el quinquenio anterior los docentes y trabajadores de toda la enseñanza pública comenzaron a recuperar su poder adquisitivo, porque  sus salarios no estaban en el piso sino en el subsuelo. Entonces, ese presupuesto fue mayor porque en forma muy justa se aumentaron los salarios; tampoco es para “tirar manteca al techo”, porque hoy en día un docente de primer grado, en los primeros cuatro años de su carrera gana $ 10.000 en la mano.

                En el año 1949 el maestro Julio Castro habló de los motivos del fracaso de los programas y planes de estudio en el tránsito de Primaria a Secundaria. Él hacía mención a Secundaria, porque todos sabemos  que la educación técnica pasó por varias etapas, ya que primero fue la Escuela de Artes y Oficios, luego la Escuela Industrial y hoy es la UTU, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional. Hago esta aclaración porque el interés de este organismo es trabajar, definir y potenciar la educación media. Los motivos del fracaso de los programas y planes de estudio en el tránsito de Primaria a Secundaria tienen su raíz en el hecho de que a estas enseñanzas se les ha considerado como si fueran dos, pero en la realidad del educando -que es la única que cuenta- no son dos, sino una sola. Por lo tanto, hemos venido trabajando con empeño en conceptos que son casi sinónimos y que vamos a mencionar a lo largo de nuestra exposición: interfase  y culminación de ciclos o tránsito educativo. Si bien parecen conceptos distintos, estamos hablando de lo mismo. Hago esta aclaración porque en una exposición, que tiene que ser acotada, puede llegar a no entenderse cuando usemos estos términos.

                ¿Qué es lo que estamos haciendo y a qué estamos apelando en este Cuerpo? El 17 de noviembre de 2010, por resolución del Comité de Coordinación Estratégica, se crea la Comisión Técnica de Tránsito Educativo, integrada por el Consejo de Educación Primaria, el Consejo de Educación Secundaria, la UTU, el Ministerio de Educación y Cultura, ASSE, el Ministerio de Salud Pública, el INAU e Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social. Por su parte, el 9 de febrero de 2011, en el seno del Codicen se crea la Comisión Interfase de la ANEP, integrada por representantes de todos los organismos desconcentrados. El 21 de junio de 2011 ambas Comisiones comienzan a trabajar en conjunto, respondiendo a una política de coordinación interinstitucional.

                Como sucede en cualquier situación, ante todo se detecta el problema. ¿Qué detectaron estas Comisiones? ¿Cuál es el problema que tiene el sistema? Primero, que no logra retener a todos los alumnos y, segundo, que no logra niveles aceptables de aprendizaje en todos los alumnos, y pongo el énfasis en “todos los alumnos”. ¿Qué trae esto como consecuencia?  De lo que se dice, ¿qué es verdad? ¿Qué es lo que está escrito y se propaga? La repetición, la extraedad, la acumulación del rezago, que muchas veces se  arrastra desde la educación inicial -esto es, la fase de desarrollo infantil temprano- y elevados índices de desvinculación de los educandos. Esto genera tasas de egreso muy bajas y discontinuidad de las trayectorias educativas.

                Desde una perspectiva universalista, esta Comisión creada en el ámbito de la ANEP propone un sistema de respuestas al tránsito entre ciclos educativos. Esto se haría  a partir de los antecedentes que ya tienen la cultura de educación media y primaria, que luego diremos cuáles son.  Vamos camino a la institucionalización de la coordinación entre los niveles primarios y medios. Esta coordinación es de carácter intrainstitucional e interinstitucional o intersectorial. Como antecedente, en el Consejo de Educación Inicial y Primaria hay instaladas desde 1997 lo que llamamos áreas integradas. Por las dudas, aclaro que esto nada tiene que ver con otro plan que se implementó en Educación Secundaria.

                Debo mencionar el nuevo programa escolar, con la participación de profesores disciplinares de Secundaria, de formación docente de la Universidad de la República. Por su parte, tenemos el Programa de Maestros Comunitarios, cuyo éxito todos conocemos y que significó que se cambiara la mirada y el docente concurriera a la familia en lugar de lo habitual, que es que el niño concurra a la escuela. Este es un dato sustancial, porque sabemos que el problema no tiene que ver solamente con el aprendizaje, sino que incluye otras variables que se relacionan con la cultura en general.

                En el verano de 2011, Educación Inicial y Educación Primaria comenzaron con la implementación de un programa de adolescentes en tránsito, que es lo que estamos proponiendo. Se trata del trabajo con niños de sexto año, a fin de prepararlos y potenciarlos para el pasaje a la educación media.

                Por otra parte, tenemos las escuelas de horario extendido, que no deben confundirse con las escuelas de tiempo completo y las nuevas escuelas “Aprender” que, para tener una referencia histórica, tienen que ver con lo que se denominaba contexto sociocultural crítico. 

                Dentro de los antecedentes en Educación Secundaria,  están los liceos con tutorías, el Programa de Aulas Comunitarias -que ha sido exitoso- y  los liceos abiertos. Esta última experiencia comenzó en febrero de 2011, a raíz de una preocupación neta y clara del Consejo de Educación Secundaria por hacer un trabajo de potenciamiento a estos chicos que pueden ser futuros repitientes o quedarse en la desvinculación total. Cabe acotar que también Educación Secundaria lleva adelante el Programa de Áreas Pedagógicas. 

Por otra parte, en la UTU tenemos la Formación Profesional Básica y la Formación Profesional Comunitaria, así como el Programa Redescubrir. Todos estos son antecedentes para los cuales pedimos financiamiento.

Desde el Codicen tenemos los campamentos educativos y el Programa Puente de la Dirección de Adultos. Esto nos lleva a una articulación territorial de los subsistemas -hecho que me parece importante resaltar, porque es histórico- es decir:  a trabajar pensando que el educando es uno -como decía Julio Castro- que no se divide cuando termina sexto y comienza la educación media; es la misma persona. Por eso, sobre ese tránsito tenemos que trabajar.

                ¿Cuáles son las coordinaciones intrainstitucionales? Los proyectos innovadores de la ANEP, entre ellos, Pro-Lee, Pro-Razona, Pro-Arte y           Pro-Ciencia, que los señores Senadores pueden ver en el Presupuesto quinquenal. A su vez, el Proyecto de Evaluación en Línea, implementado en una primera instancia por el Consejo de Educación Primaria,  se extenderá a la Educación Media. En este momento están siendo evaluados los chicos desde tercero de escuela hasta tercero de liceo.  Si bien podemos tener datos cuantitativos, la evaluación en línea nos permite conocer rostros y nombres, así como todo el trayecto y el circuito de nuestros chiquilines en todo el país.

                Por otra parte, tenemos los Espacios de Cooperación Educativa, con la utilización de espacios educativos ociosos -el señor Presidente, en este caso, aludió al artículo 24 de la Rendición de Cuentas- y la formación en áreas para docentes del tercer nivel de primaria. En este caso, desde la ANEP debemos trabajar con un énfasis en el Consejo de Formación en Educación, a fin de preparar en este tema de tránsito a nuestros futuros docentes y sensibilizar a los que ya están trabajando en nuestras aulas.

                En cuanto a las coordinaciones interinstitucionales, como decía, contamos con la Comisión Técnica de Tránsito Educativo, junto a las  instituciones que hemos enumerado y la Comisión que me toca coordinar. 

En la parte correspondiente a las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales figura nuestra propuesta, que consta de tres fases. Aclaro que la primera debería empezar este año, pero ya perdimos tiempo por no saber con qué dinero contaremos, al desconocer qué es lo que efectivamente se va a votar en el Parlamento. De todas maneras, sí sabemos que Infamilia nos apoyará en el primer tramo de Tránsito Educativo. Durante  esa primera fase, en el segundo semestre de sexto año escolar se tomarán cinco escuelas, no al azar, sino  en base a datos obtenidos de la evaluación y estadística de Codicen. Se detectaron todas las escuelas con un índice de riesgo importante. Aclaramos que estamos hablando de escuelas que, en cuanto al aprendizaje, están en el quintil uno. Todo esto está documentado y los señores Senadores lo pueden solicitar en el momento que lo deseen. Como decía, se tomarán cinco escuelas de acuerdo al índice de riesgo, en las que actuarán los maestros comunitarios, los maestros de sexto año y la Dirección de la Escuela. Esas escuelas deberán tener un relato territorial con educación media, es decir, con edificios y centros educativos cercanos, tanto de UTU como de Educación Secundaria. Coincidentemente, los resultados brindan un correlato en la parte de riesgo. En definitiva, hay todo un trabajo realizado en cuanto al seguimiento. Por lo tanto, este equipo de maestros comunitarios y profesores articuladores de Enseñanza Secundaria y de UTU trabajará con los sextos años de esas cinco escuelas y, a través de una propuesta, determinarán cuáles son los chicos que  aún no están prontos, que no están en condiciones, por distintas causas, o son potenciales desvinculados o posibles repetidores en la Educación Media. En esos casos habrá una propuesta educativa muy específica.

Hecho este trabajo, esta experiencia de las cinco escuelas con los correlatos en UTU y Secundaria en territorio -la novedad de esto es, precisamente, que se trabaja con el equipo en territorio- se pasa a trabajar con aquellos niños que se detecta que están en alto riesgo. En este sentido, hay una propuesta para el mes de febrero en la que va a intervenir el mismo equipo de maestros comunitarios y de profesores articuladores, junto con profesores de  Educación Física, de Lengua y de Matemática.

                Por supuesto, aquí tendrán competencia todas las otras instituciones      -Ministerio de Salud Pública, ASSE, INAU- para resolver las distintas situaciones que puedan afectar a la familia y al propio niño en cuanto al tema del ingreso. No me refiero a resolverlas en sí mismas, in situ, sino a brindar la orientación necesaria para que también la familia vaya haciendo el acompañamiento de los propios hijos o de los familiares.

                La tercera fase sigue luego del mes de febrero. Entendemos que esos chicos van a ingresar en óptimas condiciones -o, por lo menos, en mejores condiciones que las actuales- a ese anclaje en UTU o en Secundaria durante los seis primeros meses. Por eso estamos hablando de que las escuelas tienen que estar territorialmente cerca de UTU o de Secundaria.

El mismo equipo de maestros y  profesores articuladores va a hacer el seguimiento de estos chicos con una propuesta educativa diferente, pero también de muchísimo apoyo. Al terminar ese primer semestre, ya con anclaje en Primaria, en Secundaria o en UTU, comenzaría el segundo período de seis meses para los chiquilines de sexto año, y así sucesivamente.

Algo a resaltar es el trabajo en forma conjunta de maestros y de profesores. No es algo menor porque, volviendo al pensamiento de Julio Castro, estamos hablando de que el educando es el mismo; entonces, tiene que haber un sentido común y una coherencia que nos lleven a resolver este problema de desvinculación y repetición que se nos presenta.

No vamos a profundizar en las acciones concretas, ya que podemos hacer llegar el material correspondiente, si se cree conveniente. No obstante, me parece muy ilustrativo señalar algunos datos que no teníamos cuando concurrimos a la Cámara de Representantes. Me refiero a cómo se configuró la batería de indicadores para establecer el índice de riesgo socioeducativo, que fue lo que nos permitió la localización. Aclaro que esto tiene rigor científico. Estoy hablando del índice de niveles de contexto sociocultural de las escuelas públicas y, más concretamente, del porcentaje de alumnos de sexto año con siete o más años de Educación Primaria al 2010 y del porcentaje de alumnos de sexto año que asistieron menos de 160 días en ese mismo año. La propuesta de UTU y de los liceos sobre escuelas a incluir, como decíamos, tiene en cuenta ese correlato con las cinco escuelas de Primaria.

Ahora llegamos a algo que nos interesa muchísimo -seguramente a los señores Senadores les interese mucho más aún- que tiene que ver con el Presupuesto. Tenemos planteado llevar adelante 25 experiencias -en sus tres fases- en todo el territorio nacional, y cada una de ellas involucra anualmente la cifra de 1:100.000. Estoy hablando de 25 personas.

Las estrategias se han desarrollado en base a una mirada simultánea  de los sujetos que aprenden en este tramo etáreo entre Primaria y Enseñanza Media -esto es también interesante- atendiendo a diferentes elementos: los procesos de aprendizaje como parte del desarrollo humano, los objetos de conocimiento y los espacios y tiempos necesarios para que se produzcan esos procesos de aprendizaje. Hay necesidad de focalizar el tema en que los alumnos deben tener determinados espacios y tiempos para aprender. Cuando hablamos de esto, a veces perdemos de vista que conceptualmente la educación es, en sí misma, un proceso. No podemos estar pensando en aquella película, Tiempos modernos, que todos conocemos; aquí estamos hablando de algo mucho más complejo. No se trata de poner un tornillo; este es un proceso personalizado, del que forma parte no solamente el educando sino, además, su familia, la formación del docente y, por supuesto, también el sistema educativo y todo el país.

Por último, tenemos los procesos de formación de los docentes: de los que se están iniciando y de los que ya están trabajando. A partir de esta propuesta tenemos el desafío político e institucional; estamos experimentando para proyectarnos. Se trata de la construcción de la interinstitucionalidad -que implica la articulación de culturas institucionales diversas- y de la producción a nivel territorial, trabajando los tres subsistemas juntos, articulando con actores externos a la educación.

Esto está vinculado con el artículo 24, al que se refirió el Presidente del Codicen. Debemos provocar el encantamiento -creo que todos deberíamos “encantarnos”- con los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto de los estudiantes como de los docentes.

¿Cómo vamos a comunicar esta innovación? Sin duda, vamos a necesitar el apoyo del poder político -en este caso, de este organismo- para lograr la sistematización de esta apertura de sistemas -esta interfase- y la sustentabilidad y continuidad de la experiencia que, como es lógico, depende de ustedes.

¿Cuáles son las ideas fuerza? Para nosotros este es un hecho histórico: los tres subsistemas trabajando juntos. Tenemos un eje en la evaluación en línea -se está trabajando sobre un espacio hasta ahora invisible, como lo es el pasaje de un ciclo a otro- otro eje en los estudiantes, y una interinstitucionalidad que se adecua a ellos para fomentar trayectorias educativas diversas.

En resumen, hablamos del eje de la evaluación en línea, del protagonismo de los actores territoriales, de docentes que construyen conocimiento en conjunto, de la participación de los adolescentes como clave para elaborar propuestas locales y de la sistematización de las experiencias para recoger aprendizajes.

Muchas gracias.

SEÑOR SEOANE.- Solicitaría que se le diera la palabra a la Consejera Nora Castro.

SEÑORA CASTRO.- Buenos días.

                Concretamente, me voy a centrar en cuatro artículos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas presentado por ANEP.

En primer lugar, me voy a referir a los artículos 7º y 17, que toman dos aspectos centrales: por un lado el aumento -ya registrado- de la matrícula y la cobertura -si bien el Presidente Seoane se refirió al tema, quisiera hacer algunas puntualizaciones- y, por otro, el mandato legal que tenemos -que además es una convicción- de lograr un rediseño institucional.

                Con relación a la matrícula y a la cobertura, debemos tener clara la diferencia entre ambos conceptos. Cuando hablamos de matrícula nos referimos a la cantidad de personas inscriptas en el sistema, en cualquiera de sus modalidades; cuando hablamos de cobertura, en cambio, nos referimos a que debe alcanzar a los diferentes grupos  etarios y a las diferentes poblaciones, en sus distintas modalidades, teniendo en cuenta la diversidad      -que no solo debemos contemplar por mandato legal, sino que lo hacemos por convicción- para procurar mejores estrategias para la integración social y la distribución equitativa de saberes. No voy a reiterar lo que ya explicó el Presidente Seoane en cuanto al aumento que ya hemos tenido en la matrícula, pero sí quisiera hacer algunas precisiones.  

Creo que todos tenemos claro que bajar el número de alumnos por clase mejora las condiciones de aprendizaje. Esto ha sido alcanzado por uno de nuestros subsistemas, Educación Primaria, donde el promedio nacional de 25 alumnos por clase es hoy prácticamente una realidad y favorece el aprendizaje -más allá de que hay que continuar implementando otras mejoras- pero no es lo que sucede en la totalidad de la educación media. En ocasiones esto resulta poco comprensible, porque si nos manejamos solo con el anuario estadístico del Ministerio, que maneja cifras al 2009, es difícil vislumbrar ciertas cosas; pero si operamos solo con los promedios también es complicado, porque la concentración de población y la relación con respecto a los ciclos son diferentes. Además, como todos sabemos, es distinta la situación en el Consejo Técnico Profesional que la que se da en lo que podríamos llamar la educación más generalista o Educación Secundaria.

                En este punto quiero exponer a modo de pregunta algunas situaciones.

                En Educación Media, bajo la modalidad Secundaria, en el área metropolitana  tenemos superpoblación en los grupos -estamos procurando hacer modificaciones en el diseño institucional- fundamentalmente en el ciclo básico. Esto da cuenta de un mayor ingreso de contingentes de población que, además, no es el mismo que teníamos hace quince o veinte años en nuestro subsistema. Estoy hablando de una superpoblación que en ocasiones supera el 60%, lo que representa -promedialmente- más de treinta alumnos por clase. Bajar dos puntos y llegar a 29, cuesta dinero. Lo estamos planteando a efectos de contribuir, porque nuestra demanda también está basada en ese punto de vista.

                Con el propósito de que podamos reflexionar todos juntos -si así lo desean los señores Senadores- cabe mencionar que desde 2007 a 2011 se ha dado un evidente aumento de la matrícula, pero si tomamos los años 2010 y 2011 vemos que solo en Secundaria, entre primer y segundo ciclo, hay como 5.000 muchachos más. Esto tendría que generarnos la duda, por lo menos, de si ello no es consecuencia de la serie de programas y proyectos especiales que han surgido de la propia ANEP -que algunos hemos redimensionado y otros corregido- y del Estado. Además, proporcionalmente no es igual el impacto que se da en Ciclo Básico que en Segundo Ciclo. No sé si queda claro: si en la actualidad hay más pibes en Segundo Ciclo que en Ciclo Básico, es porque algunos pudieron saltar esa barrera. Entonces, parecería que por ahí las cosas se están haciendo acertadamente. Que hay que hacer más... ¡Obviamente! No hay duda; pero algunas cosas comienzan a dar resultado.

                Esto es lo que quería decir con respecto al artículo 7º.

                Por su parte, el artículo 17 alude a la participación como principio, y al fortalecimiento de los centros educativos. No me voy a referir a una ley que todos conocemos, sobre la que hemos debatido en este Parlamento, pero sí voy a señalar que la disposición que plantea concretamente esta necesidad ya se viene implementando. Como habrán visto los señores Senadores, hace pocos días se llevó a cabo en Paso Severino un encuentro de estudiantes de educación secundaria a nivel país. Por convicción, estamos planteando cumplir con el mandato legal que determina la instalación de los Consejos de Participación a nivel de las instituciones. Tengo en mi poder un informe de la profesora Adela Pereyra, de julio de 2011, que establece que en 98 liceos del país ya están instalados estos Consejos y en otros 107 están en proceso, pero que todavía un 25% de estas instituciones educativas no han podido comenzar con el proceso de instalación. 

Además de cumplir con el mandato legal, ¿cuál es el motivo de todo esto? Trabajar por un involucramiento en el tema. Debemos recordar que los Consejos de Participación los integran los docentes, los referentes familiares, los referentes comunitarios, los funcionarios que no son docentes y los estudiantes, y entre sus competencias están la de diseñar y participar en las propuestas educativas a nivel de la institución. Señoras y señores Senadores: esto ya se está haciendo; ya se está procesando. Internamente denominamos “liceos comunitarios” a estas instituciones educativas, de las que ya hay dos a nivel del país: una en San Luis y otra en San Gregorio, ambas de tiempo extendido. Pero debemos comentar que se recibieron sesenta propuestas comunitarias, de las que Educación Secundaria seleccionó las catorce mejores. En San Luis -que es la que más se conoce, quizás porque se encuentra más cerca de nosotros- la inscripción inicial fue de cien estudiantes y hoy hay ciento noventa. Todavía no estamos en condiciones de evaluar la calidad de esos aprendizajes, pero por lo menos podemos afirmar que tanto el alumnado como la comunidad encontraron un ámbito amigable donde enseñar, aprender y crecer. Es probable que este sea uno de los caminos para ir confluyendo hacia ese tipo de diseño que planteaba el Presidente Seoane, a partir de propuestas de las instituciones de educación media.

Ahora bien, nada puede avanzar en materia de cambio educativo si no hay una modificación en lo que hace a la formación de nuestros propios docentes, de nosotros mismos.  Por eso, en forma breve me voy a referir a los artículos 6º y 26 de la propuesta de la ANEP, relativos a la reformulación de la carrera docente y a las nuevas carreras terciaras en formación en educación, respectivamente. 

Todos sabemos que la carrera docente en la ANEP se compone de siete grados. Hasta ahora, se pasa de grado en grado cada cuatro años, solamente tomando en cuenta la antigüedad del docente. La propuesta que fue acordada en la negociación a nivel del Consejo de Salarios, y que además es unánimemente apoyada por el Codicen y la ANEP, propone un avance muy importante que sería implementado este año. Las inscripciones en Enseñanza Primaria comenzarán con diversas modalidades en las que los docentes podrán acreditar su formación, lo que permitirá un pasaje de grado que beneficiará económicamente al docente, pero además favorecerá al servicio de educación, en virtud de la mayor calificación acreditada. Este cambio no solo va a lograr que el docente ascienda desde el punto de vista de su carrera             -pasando de docente de aula a Director o Inspector- sino que va a permitir a todos los uruguayos mantener docentes de mejor calificación a nivel de aula, y esto no es poca cosa. 

                Uno de los temas importantes es el de las nuevas carreras terciarias de formación en educación. Nos encontramos en un proceso de instalación hacia el Instituto Universitario de Educación -IUDE- y hemos formado el Consejo de Formación en Educación. Aprovecho la oportunidad para informar que está en proceso de aprobación -luego lo tratará la Corte Electoral- la forma de elección de los representantes del Consejo, tal como se ha establecido, una vez que el Parlamento apruebe la Ley Orgánica.

                Con respecto a las nuevas carreras, además de atender la formación de grado, debemos ocuparnos de la creciente demanda en las poblaciones de escolares, liceales y de otros niveles donde se presentan serias faltas de docentes, fundamentalmente en áreas de actividad como son Matemática, Física, Química e Inglés, entre otras. Estos problemas  no se presentan en una recóndita localidad del interior del país, sino que la realidad indica que ocurre en lugares cercanos; por eso es necesario reforzar el trabajo y por eso se han pensado y diagramado propuestas para calificar en formación permanente al personal docente a nivel de ANEP. Estamos hablando de 42.000 personas. Cuando el Presidente de la Comisión hizo mención a que somos una delegación muy numerosa, a modo de broma dije que sería más numerosa si hubiéramos traído los 700.000 jóvenes que atiende ANEP o los 42.000 docentes; sin duda, estamos ante una institución grande. Creemos que es importante el trabajo que se tiene que realizar a nivel de la formación docente. A este respecto, en el artículo 26 van a encontrar que se plantea la necesidad de recursos para cuatro carreras concretas. Estamos apostando a la formación de docentes en el área técnica y en la tecnológica, que como los señores Senadores sabrán, estuvo muy abandonada años atrás.

Por otra parte, pretendemos continuar con la formación de los educadores sociales, y este año por primera vez se abrieron los grupos con un gran éxito. Por ejemplo, en Maldonado y en Artigas tenemos uno y dos grupos, respectivamente, que están funcionando muy bien, sin que en ninguno de los casos se haya registrado una sola deserción.

También hay necesidades en el área de Educación Física y en Primera Infancia. En el día de hoy la señora Teresita Capurro habló, con mucha razón, y de eso estamos convencidos, de la importancia que tiene el Proyecto Interinstitucional Interfase, que procura mejorar el tránsito de la educación primaria y media a la universitaria. Aquellas personas que quedan fuera del sistema educativo, ingresan en la adolescencia mucho antes, concretamente en la primera infancia, y  se caracterizan por tener grandes problemas de integración social. Por eso de manera global, coordinando la política de Gobierno con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, le hemos dado una gran importancia a la primera infancia, y seguimos trabajando en la formulación de los programas.

Por último, a nivel del Consejo de Formación en Educación y de la perspectiva del tránsito hacia el  IUDE, junto a la comisión que lo articula en la Universidad de la República se ha trabajado mucho en los posgrados, atendiendo las especializaciones, diplomaturas maestrías y doctorados, a efectos de lograr una mejor calificación de nuestros docentes y una distribución más equitativa de los haberes a nivel país.

SEÑOR PEREIRA.- Voy a referirme a los artículos 13, 18 y 22.

                Antes de comenzar la descripción detallada de los artículos, quiero señalar algunos aspectos.

En primer lugar, Uruguay se encuentra en un contexto histórico de cierta bonanza económica, por lo que debemos utilizar todos los dineros posibles para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

En segundo término, quisiera decir que el objetivo del Codicen es plantearse una perspectiva de la educación a veinte años, no como un objetivo inmediato. Es decir, la idea no es que dentro de cuatro o cinco años estemos discutiendo nuevamente el tema de la educación y los planes y programas que se deben desarrollar.

Un tercer aspecto que quiero señalar tiene que ver con que hoy en la agenda pública el tema educativo está planteado como un problema. Ahora bien,  desde mayo, cuando asumimos esta responsabilidad, todo el Codicen ha tenido esa preocupación. Por tanto, ha planteado una serie de líneas estratégicas, de las que voy a mencionar tres, que están relacionadas con los artículos.

Una de las líneas estratégicas que el Codicen ha considerado fundamental desarrollar tiene que ver con el impulso de la superación de la calidad educativa, para elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. La segunda línea de trabajo está vinculada con el impulso de políticas de integración académica, tendientes a superar las inequidades en la distribución social de los aprendizajes. Por último, la tercera línea refiere al fomento del protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer. Menciono estos aspectos porque, sin duda, actualmente los centros educativos, por su estructura edilicia y por el deterioro que los caracteriza, no son lugares en los que los estudiantes, los profesores y el resto de los funcionarios sientan satisfacción, o sea, no son amigables.

Por esa razón, en el artículo 22 nosotros solicitamos el fortalecimiento del personal técnico para la edificación escolar.

Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos? En primer lugar, solventar los cargos necesarios de personal técnico para la edificación escolar, a fin de cumplir con la infraestructura edilicia necesaria en pos de la mejora educativa. Estos datos figuran en la propuesta de presupuesto presentada por la ANEP.

Un segundo objetivo es fortalecer el funcionamiento y optimizar resultados de la Dirección Sectorial de Infraestructura del Codicen.

Por último, el tercer objetivo es atender especialmente dos problemas acuciantes en este período. Uno de ellos tiene relación con la ejecución de obras urgentes de mantenimiento y, el otro, con la posibilidad de dar cumplimiento al plan de obras presentado en el Presupuesto por parte de ANEP. Cabe preguntarse cuáles son las metas por las que solicitamos un reforzamiento presupuestal para la contratación de personal técnico. Las metas tienen que ver con la realización de obras nuevas, existiendo un compromiso específico y especial de la ANEP de poder llevarlas a cabo. Otra de las metas tiene que ver con el mantenimiento preventivo de los edificios para no caer nuevamente en problemas de emergencia como los que estamos sufriendo en este momento.  La meta siguiente es el mantenimiento correctivo, que consiste en poder actuar a tiempo para que los problemas que puedan surgir en cada uno de los edificios no pasen de ser una cuestión de emergencia a un problema de mantenimiento que, paulatinamente, llevaría a un gasto mayor. Tenemos alrededor de 3.000 edificios, por lo cual fortalecer su mantenimiento es clave para el futuro. Por más que hagamos el esfuerzo de construir nuevos edificios, si los existentes no se logran mantener, es muy probable que tengamos este problema por muchísimos años.

                 El artículo 13, concretamente, está referido a la educación media superior y en especial a la técnica y a la  tecnológica. Dado el desarrollo que va tomando el país vinculado a lo productivo,  al desarrollo tecnológico y a las nuevas posibilidades para los jóvenes, surge, sin duda  alguna, otra serie de objetivos. Uno de ellos es fortalecer la enseñanza media superior y, en especial la  técnica y la tecnológica, pero también generar propuestas educativas que permitan el acceso y la formación en nuevas áreas de conocimiento que se están desarrollando, en las que sin duda la educación  media juega un rol protagónico. No quiero dejar de mencionar  que todo lo referido al artículo 7º, en cuanto al aumento de matrícula y cobertura, a lo que se refirió la Consejera Castro,  es fundamental dentro de nuestros objetivos.

                Asimismo,  nos  planteamos estimular a los jóvenes del interior para que alcancen mayores niveles de capacitación en áreas clave de la producción, tanto nacional como regional. Las metas que nos proponemos en este artículo  son: incrementar  el número de estudiantes que accedan a la educación media -entre ellos, la modalidad de Secundaria y de UTU- pero también incrementar la cantidad de estudiantes que egresen de ella. Para eso es necesario generar nuevas áreas de conocimiento que se puedan desarrollar en educación media, así como también atender la formación de los docentes y profundizar los mecanismos de seguimiento y tutoría. Estos dos aspectos que estoy mencionando al final están vinculados al artículo 14 de la Rendición de Cuentas y tienen que ver con educación y trabajo. La formación en nuevas áreas sin duda tiene que abrir la posibilidad de que tanto Educación Secundaria como UTU puedan desarrollar atinadamente una interinstitucionalidad que permita a sus estudiantes realizar pasantías a efectos de mejorar y aumentar su calificación.  Pero si no desarrollamos  lo que establece el artículo 18, relativo al personal auxiliar de servicio -porteros, conserjes y otros funcionarios necesarios dentro de la institución educativa de educación media- es muy difícil que estos objetivos se puedan conseguir.

En síntesis, nos proponemos como objetivo fortalecer el personal dedicado fundamentalmente a asegurar el carácter de amigable, estimulante y acogedor de las  instituciones educativas. Es necesario contar con una serie de funcionarios para cumplir estas tareas. En ese sentido, luego entregaré una carpeta de Educación Secundaria donde están registradas las necesidades liceo por liceo.

                En el caso de Primaria, la necesidad de contratar nuevo personal de servicio -es decir, porteros y conserjes, entre otros- está relacionada con la estructuración del Departamento de Formación en Servicio para realizar planes y lograr objetivos que permitan alcanzar lo que señalé anteriormente, es decir, instituciones amigables o, por lo pronto, atractivas en las cuales trabajar y vincularse con los estudiantes.

                Mientras tanto, en Secundaria el objetivo fundamental es atender la realidad de los estudiantes y de la institución en dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el personal de servicio, administrativo y técnico, porque de los 204 estudiantes que hoy son atendidos por un funcionario se pretende llegar a 141 para mejorar la calidad. El otro se vincula con los porteros, tema que ha llamado mucho la atención pública. Es necesario, no solamente por razones de seguridad, sino también de vínculos y de ingreso a la institución, pero en estos momentos en Secundaria hay ocho liceos que cuentan con porteros en el marco de un convenio con el Mides, que son los Nos. 6, 18, 19, 40, 41, 50, 51 y 59.

Estos son los aspectos que quería señalar, porque es indudable que si hay posibilidades de desarrollar planes o programas que permitan mejorar la condición edilicia y, al mismo tiempo, los vínculos dentro de las instituciones educativas, mejorarán los niveles de educación y se superarán los problemas que se reconoce que hoy existen en el sistema.

SEÑOR SEOANE.- A continuación, pediría que le cedieran el uso de la palabra al Consejero Corbo.

SEÑOR CORBO.- Me voy a referir al artículo que tiene que ver con los Proyectos Transversales de Innovación Educativa, pero antes quisiera efectuar una serie de consideraciones generales sobre el proceso presupuestal, en las que intentaré reflejar mi opinión sin comprometer la de mis colegas del órgano.

                Sabido es que cuando la realidad se mira desde la oposición, hay cierta tendencia a recoger o a poner de manifiesto aquellas necesidades que efectivamente existen y que, muchas veces, son infinitas en la administración de un servicio público. Pocas veces se pone el peso en la financiación del mismo modo porque, en definitiva, son recursos que debe asignar el Gobierno. Eso lleva a observar los hechos con una mirada un poco hemipléjica, pero he tratado de no caer en ella. En definitiva, cuando uno ocupa un lugar como el nuestro de Consejeros, tiene inmensas responsabilidades públicas y una actuación que demanda una conciencia ciudadana. En ese sentido, quiero manifestar que en esta oportunidad no he podido acompañar a mis colegas del Consejo en la aprobación de los montos solicitados de tres mil ochocientos millones -en números redondos- en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.  Quisiera señalar la autocrítica que me he hecho sobre esta situación del organismo. Me pareció fundamental partir de una conexión con la realidad del país y cuáles eran las posibilidades efectivas de financiar un presupuesto mirado desde el ángulo de las necesidades. ¿Cómo escapar a la ocurrencia de que muchas veces una iniciativa presupuestal sea el resultado de una sumatoria de necesidades muy legítimas y seguramente justificadas? ¿Cómo evitar que eso desdibuje hacia dónde vamos? ¿Cómo impedir que esa acumulación de demandas provoque, de alguna manera, una imagen delicuescente de la realidad que tenemos en el organismo, de sus problemas centrales y las potentes ideas que existen para llevar adelante un proceso de transformación?

                En ese sentido, pensamos -y por eso en esta instancia no pudimos acompañar al resto de los colegas- que el reclamo para el crecimiento presupuestal estaba fuera de las posibilidades y que había que enfatizar cuáles son aquellas cosas fundamentales para realizar un esfuerzo en común a fin de dar una respuesta positiva. En otras palabras, la oposición no podía quedarse con la bandera de reclamar ciertas cosas, sabiendo que, en definitiva, ellas no se van a obtener. Uno puede identificar cuáles son las cosas fundamentales sin las cuales la educación va a quedar bloqueada y no va a poder llevar a cabo el proceso de transformación que necesita.

 Esto también implica una suerte de autocrítica sobre cómo operamos y la necesidad que existe de introducir algunos cambios, y ese es un aspecto que sí comparto con los colegas del Consejo. Uno tiene la idea de que enfrenta un dilema que sería el de agrandar permanentemente la torta o la bolsa -o como se le quiera llamar- de recursos de que disponemos como única alternativa, o usar mejor la que tenemos, y eso implica iniciar un proceso de racionalización crítica de cómo estamos gastando: si lo estamos haciendo donde debemos o si, aun gastando en lugares donde es necesario hacerlo, hay otros imprescindibles.

Reiteramos que ya hemos conversado en el seno del Codicen y estamos seguros de que contamos con la sensibilidad de nuestros colegas para iniciar el proceso que se requiere.

De alguna manera, si la gente tiene una opinión desfavorable -yo lo leo así- sobre el estado de la educación, ¿qué legitimidad tenemos como organismo para pedir más recursos? ¿Dónde está nuestra legitimidad? No es posible encontrar legitimidad si pedimos recursos y los ponemos en una especie de caja negra donde no se sabe qué impacto van a tener; pero sí se puede si pedimos recursos en casos en que las propuestas se identifican con un claro impacto en los resultados educativos. En ese sentido, he acompañado y apoyado entusiastamente el esfuerzo hecho por el Codicen en su conjunto y mis colegas del Consejo para tratar de presentar un presupuesto por programas, aspecto que no fue mencionado. El presupuesto logra saltar por encima de una situación que se da en un organismo como la ANEP -que a pesar de estar muy centralizado, en definitiva opera en forma fragmentaria y tiene encapsulamientos en sus sistemas y niveles educativos- y se presentan las ideas fundamentales en torno a programas de política. En ese sentido, creo que son muy importantes algunas de las exposiciones que se realizaron que, por ejemplo, subrayan un programa como el que concentra a todos los docentes de la educación media en una sola institución. El Presidente de la ANEP se refirió a este punto, por lo cual no voy a profundizar al respecto, pero quiero destacar que si no se logran estabilidad y permanencia de los docentes en una institución, no se  puede conseguir una comunidad educativa y, sin esta, no hay posibilidades de transformación para lograr calidad educativa en los aprendizajes. Este es un requisito imperioso en el que creo existe un gran consenso. Sin embargo, si observamos la Rendición de Cuentas aprobada en la Cámara de Representantes, vemos que esta iniciativa, que consideramos sustantiva y fundamental, no fue contemplada. Sin este aspecto, no hay comunidad educativa y, sin ella, no hay condiciones para el aprendizaje y tampoco posibilidades de desarrollo profesional de los docentes. Sin comunidad educativa no hay una institución capaz de elaborar una respuesta de calidad y equidad apropiada para la diversidad de necesidades, expectativas y requerimientos de nuestros estudiantes.

Lo mismo sucede con la reformulación de la carrera docente, que es algo fundamental y básico. Es imprescindible salir de una carrera docente centrada en la antigüedad para pasar a una que pone como eje la capacitación, las buenas prácticas y el rendimiento del docente en el aula de la institución. Si queremos tener resultados educativos de calidad, es imprescindible pasar de un sistema basado en una lógica a otro distinto. Precisamente, queremos premiar a aquellos docentes con iniciativa, ganas de perfeccionarse y desarrollarse profesionalmente para mostrar buenas prácticas y resultados en las aulas.

                Considero que las instituciones de educación media pueden resultar una oportunidad para repensar culturalmente nuestras instituciones educativas. El diseño de nuestros liceos tiene un centenar de años y está pensado para otra época, para otra sociedad, para otra cultura y para otro alumno que ya no existe. Por eso creo que esta es una oportunidad para pensar nuevamente la institución educativa, tratando de mancomunar las tradiciones generalistas de la educación secundaria con la educación técnica y la tecnología, de manera de vincular la educación y el trabajo para salir de la dicotomía que se instaló hace un centenar de años en nuestras instituciones educativas, en el sentido de que, por un lado, vaya el pensamiento y, por otro, la acción. Creo que debemos volver al “pensar haciendo y hacer pensando”  que expresaba Figari y que es tan importante. Es una oportunidad para repensar estos aspectos y otros.

Las instituciones de tiempo extendido permiten recrear y, de alguna manera, enriquecer la propuesta educativa. ¿Por qué no idear allí, por ejemplo, un campo de formación que ponga énfasis en la capacidad de emprendimiento de los alumnos y desarrolle en ellos la capacidad de trabajar sobre su propio proyecto personal de vida, ya que en la época del liceo los adolescentes están formando su personalidad? Esta sería una forma de explorar sus aptitudes. Estas posibilidades no las tenemos en el formato de la institución con la que el Uruguay todavía convive, pero que data de hace cien años. Estamos enfrentando una nueva realidad con herramientas obsoletas y envejecidas.

                A través de la política de tránsito entre ciclos -como bien expuso la Consejera Capurro- y de los proyectos transversales de innovación educativa mencionados aquí, entre otros,  se intenta dar una mirada distinta al aprendizaje, desde la transversalidad y no desde el asignaturismo o la especialización que, en definitiva, terminan fragmentando el concepto de la realidad, porque a  los adolescentes les resulta muy difícil hacer una síntesis y comprender cómo funciona el mundo en ese fragmento de tantas asignaturas que ven en el  diseño curricular con el cual deben enfrentarse. Creo que se deben incorporar la territorialidad y la lógica de los contextos, porque estos son distintos, así como los alumnos y la necesidad de dar respuesta. Además, debemos trabajar en  la lógica de la interdisciplinaridad  que nos permita mirar las disciplinas como la posibilidad de una conversación entre ciencias y no como compartimentos estancos.

                En ese sentido, considero que debemos centrarnos fundamentalmente en tres ejes. Uno de ellos debe estar impuesto en el aula y en el aprendizaje, con proyectos como Pro-Lee, Pro-Razona, Pro-Ciencia  y Pro-Arte, que intentan impactar de manera importante en las capacidades de razonamiento, de lenguaje y de expresión de los alumnos.

El segundo eje debe estar ubicado en el fortalecimiento del centro educativo, por aquello de que la nueva educación depende de la buena escuela técnica y del buen liceo. En buena parte es la institución lo que hace a la buena o mala educación, porque es en ese centro, sus espacios y sus tiempos donde se vivencian las cuestiones que formarán  al alumno.

                Es necesario que cada institución sea capaz de capacitarse y aprender, para que pueda transformarse y ser protagonista de su propia transformación. Esto equivale a decir que cada institución debe ser capaz de de diagnosticarse, para autoevaluar dónde está, cuáles son sus dificultades, sus problemas, sus potencialidades y para poder  delinear un plan estratégico de mejoras. De otra manera no habría un propósito compartido en las instituciones y la idea de hacia dónde vamos. Esto nos permitirá conjugar, entre los docentes y los agentes de la institución, un propósito común de por qué hacemos las cosas. Sin ese propósito común, muchas veces les damos a los estudiantes  mensajes disonantes y vivencias fragmentadas.

                Obviamente, el tercer eje es el de la convivencia, es decir, las condiciones en las que los estudiantes interactúan entre sí y con sus docentes, donde se gestan los climas adecuados para que haya o no condiciones educativas. En comunidades conflictivas es muy difícil encontrar condiciones adecuadas para educar. Por eso necesitamos trabajar sobre esas realidades. El conflicto es parte sustancial de la vida y es imposible anularlo  o cancelarlo. Por lo tanto, debemos lograr hacer del conflicto una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, y hacer de las instituciones ámbitos más amigables y, por ejemplo, de escucha para los adolescentes. Debemos, incluso, construir vínculos, porque no solo hay que mover la cabeza, sino las emociones, los afectos y los sentimientos. También se trata de eso la educación, porque estamos formando  integralmente una persona y no solamente una cabeza; de alguna manera estamos formando el corazón y el alma de los chiquilines. Por lo tanto, es fundamental que todo esto esté puesto allí.

                Quiero agregar que así como no he acompañado este reclamo de crecimiento presupuestal, porque me parecía que estaba fuera de las posibilidades, quiero decir también que la propuesta que viene del Poder Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Representantes, me parece insuficiente. Entiendo que mi postura me ha dado algo de autoridad para plantear que con estos recursos que se aprobaron en la Cámara Baja van a quedar por el camino innovaciones fundamentales. De esta manera es imposible llevar adelante o desarrollar una serie de propuestas de innovación, de cambio o de transformación de nuestro sistema educativo.

Les pedimos, por favor, que se planteen una reflexión sobre las propuestas que la ANEP está presentando. Soy consciente de que todas no pueden ser atendidas, pero también sé que existe un conjunto de elementos fundamentales que, si no son tomados en cuenta, se nos empezará a escapar de las manos la oportunidad de alumbrar otro futuro.

Muchas gracias.

SEÑOR SEOANE.- Quisiera solicitar que se le ceda el uso de la palabra a los compañeros que van a intervenir para hablar sobre los artículos que no plantean costos. En particular y para referirse al artículo 31, propondría a la señora Gabriela  Silva.

SEÑORA SILVA.- Con respecto al artículo 31 del proyecto, quiero decir que es muy concreto y práctico y tiene que ver con el monto de asignación presupuestal que se otorgó para gastos de funcionamiento y con los recursos de afectación especial, en particular, el Impuesto de Enseñanza Primaria.

                ¿Cuál es la fundamentación del pedido de aumento de esta asignación presupuestal? Muy simple: los antecedentes de recaudación de los últimos cuatro años del Impuesto de Enseñanza Primaria marcan un incremento sostenido. Si comparamos solamente el año 2010 con el 2009, podemos observar que el aumento en valores corrientes fue de 21% mientras que, en valores constantes, fue de 13%; quiere decir que estamos hablando de cifras bien importantes. Al cierre de la segunda cuota de este año, que fue el 31 de agosto, el monto de lo recaudado fue de $ 55:000.000 más que lo proyectado.

                Como decía, la recaudación viene incrementándose sostenidamente. Además, se pusieron en marcha algunas acciones para la recuperación de deuda anterior y, a pesar de que no podemos estimar qué resultado darán, seguramente incrementarán más el monto de la recaudación al final del año.

                Entonces, si hablamos de lo que fue la asignación presupuestal, podemos decir dos cosas. En primer lugar, que se asignó el mismo monto para cada uno de los años del quinquenio -es decir, para el 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014- sin tener en cuenta que siempre hay un incremento en la recaudación, especialmente, por lo que acabo de decir. En segundo término, la brecha que existe entre las cifras proyectadas para el quinquenio -para cada uno de sus años- y el monto asignado es muy grande; concretamente, en el año 2012 es mayor a $ 200:000.000 y en el 2014 casi llega a los $ 300:000.000.

                Entonces, estamos hablando de una asignación que tiene -y tendrá- financiamiento y que se necesita aumentar.

                Hay que tener en cuenta los destinos de este Impuesto. Aprovecho a repasar lo que se dijo en una intervención que tuvo lugar al comienzo de esta reunión, precisamente sobre el monto asignado a la alimentación. Se hacía referencia, en ese guarismo de 54%, al Programa de Alimentación Escolar        -PAE- que es la alimentación tradicional, pero a eso hay que agregarle la tercerizada -las bandejas- y la leche. La sumatoria de esos tres rubros supera el 76% y, además, hay que tener en cuenta  otros rubros menores que se suman y que están destinados todos ellos a Enseñanza Primaria, por lo que, en conjunto, el 90% de lo recaudado se destina a las necesidades del Consejo de Educación Primaria.

SEÑOR SEOANE.- Le pediría al Presidente que le diera la palabra al doctor Bouzón para referirse al artículo 32.

SEÑOR BOUZÓN.- En esta parte de la presentación vamos a pasar rápidamente por los artículos sin costo.

El primero de ellos se relaciona con el cambio en el concepto de inversión.  Mediante el artículo 671 de la Ley Nº 18.719 se le asignan a la ANEP, para mantener los niveles de ejecución, partidas en retribuciones, gastos e inversión. Dentro de esas partidas de inversión, a la luz del artículo 73 de la referida ley, estamos solicitando realizar esta modificación. ¿Por qué se solicita esto? Porque dentro de los proyectos  de inversión teníamos gastos de funcionamiento que a luz de la nueva ley no son más aplicables; por tanto, estamos solicitando la creación de estos proyectos. El fundamento que damos es que realizamos las trasposiciones año tras año y cada una vence el 31 de diciembre.

SEÑOR SEOANE.- Pediría que la doctora Ongay se refiriera al artículo 33, el  243 del proyecto de la Cámara de Representantes.

SEÑORA ONGAY.- La propuesta de redacción de este artículo tiene que ver con el régimen de arrendamiento de obra establecido en el artículo 47 de la Ley de Presupuesto. Las derogaciones de normas anteriores sobre arrendamiento de obra operadas por el artículo 47 dejarían fuera del ámbito de aplicación subjetivo a la Administración Nacional de Educación Pública, haciendo posible solo la aplicación de una norma -el artículo 37 de la Ley Nº 16.127- que habilitaría únicamente a contratar en régimen de arrendamiento de obras a profesionales y técnicos hasta el monto de la contratación directa. El artículo 47, cuya aplicación se solicita al ámbito de la ANEP, posibilita la contratación de  técnicos y profesionales hasta el triple de la contratación directa y, cuando supere ese monto, se irá a los procedimientos del concurso de oposición y méritos. Esto sería en cuanto al primer inciso propuesto.

 La redacción del segundo inciso propuesto hace referencia a una incompatibilidad que se establece en el inciso quinto de este artículo 47. Dicha incompatibilidad refiere a que no es posible contratar en régimen de arrendamiento de obras a personas que tengan la calidad de funcionarios públicos, con la excepción de los docentes que pertenezcan a la enseñanza superior.  Para la Administración Nacional de Educación Pública eso significa que se dejan fuera ciertos docentes, solo teniéndose en cuenta a los pertenecientes al Consejo de Formación en Educación y a UTU, enseñanza terciaria. Por lo tanto, se propone la aplicación de la excepción a todo el ámbito de los docentes de  ANEP.

SEÑOR SEOANE.- A continuación, solicito que se le conceda la palabra a la doctora Almirati, para que se refiera al artículo 37 de la propuesta de ANEP, que es el artículo 244 de la Cámara de Representantes.

SEÑORA ALMIRATI.- Los artículos cuya modificación se propone refieren a la contratación en términos generales y régimen de becarios y pasantes en el ámbito de ANEP. En el artículo 51 de la Ley Nº 18.719, los créditos asignados para dichas contrataciones no pueden aumentarse por medio de trasposiciones ni refuerzos, no obstante lo cual podrán reasignarse a los efectos de financiar otras modalidades contractuales.

Las asignaciones presupuestales otorgadas en forma global y distribuidas en el artículo 394 de la Ley Nº16.226 tienen un régimen especial en el  inciso séptimo del artículo 51 de la Ley Nº18.719, que establece que una vez asignado el crédito para este objeto del gasto, no puede ser aumentado, por lo cual se quita flexibilidad a la ejecución del presupuesto y se obstaculiza la gestión. Si bien se pueden trasponer para el ejercicio siguiente, en el presente generan una limitación que dificulta la gestión de estos recursos humanos. En el inciso trece del mismo artículo se dispone que el haber sido contratado bajo el régimen de beca y pasantía inhabilita a la persona a ser contratada bajo este régimen en la misma oficina o en cualquier otro órgano u organismo por un lapso de 18 meses. En definitiva, esa disposición hace que esa persona pueda desempeñarse solo en determinado inciso de una unidad ejecutora. Lo que se propone ahora es que los becarios y pasantes puedan desempeñarse durante esos 18 meses de contratación en distintos incisos y/o unidades ejecutoras, a efectos de darles mayor dinamismo y experiencia.

                En tercer lugar y por último, el inciso octavo del artículo 51 dispone que la selección de becarios se realizará mediante concurso a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a cuyos efectos se dictará la reglamentación correspondiente. Lo que se propone es que en el caso de becas o pasantías para la prestación de servicios generales en ANEP, la selección se haga entre los estudiantes de sus centros escolares mediante llamados a aspirantes, de acuerdo a la reglamentación que el propio ente establezca. Se pensó en esta solución porque, en general,  las becas o pasantías de servicios generales son asignadas a estudiantes o egresados sin especialización, para cumplir tareas auxiliares de limpieza, mensajería o portería. En este texto, la Dirección y los cuerpos docentes de los centros educativos, asistidos por los equipos multidisciplinarios correspondientes, son los que  evalúan las necesidades de becas o pasantías dentro de la población estudiantil, ya sea de Enseñanza Secundaria o del CETP, dado que son quienes conocen las necesidades así como los méritos de cada uno de los estudiantes. En definitiva, lo que se propone es que la convocatoria a aspirantes sea reglamentada por y a través del ente.

SEÑOR TOMÉ.- En el artículo 38 la propuesta agrega un literal al numeral 3 del artículo 39 del TOCAF para facilitar la adquisición y reparación de bienes en el marco de los cursos de capacitación laboral. Se fundamenta en que no es posible prever con antelación la totalidad de los cursos a impartir ya que estos surgen de los variantes requerimientos de la propia industria. Esta excepción estaría permitiendo que, aun en los casos en que no pudieron preverse con anterioridad las adquisiciones y reparaciones de bienes, puedan llevarse a cabo los cursos sin inconvenientes.

                En el artículo 39 la propuesta se encuentra fundamentada en que el ente, en la actualidad, supera los 50.000 funcionarios, verificándose una gran dispersión geográfica tanto en el medio urbano como rural. Dicha particularidad no permite cumplir con el plazo de cinco días que se otorga para las altas y bajas al BPS. El artículo 681 de la Ley Nº18.719 apunta a evitar la imposición de multas por parte del BPS a la ANEP y en ese sentido se proponen mejoras al procedimiento para comunicar las altas y bajas en el plazo establecido en el Decreto Nº 40 de 1998.

SEÑORA GUINOVART.-  Queremos realizar alguna consideración en relación con el artículo 9º del proyecto de ley de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo. De aprobarse este artículo, se estaría generando un cambio en lo que tiene que ver con las políticas de contratación de personal y especialmente nos preocupa porque estos cambios estarían afectando a dos  proyectos que están vinculados a la infraestructura edilicia: el de apoyo a la escuela pública    -Programa PAEPU- y el de apoyo a la educación media y a la formación docente. ¿Por qué hacemos esta afirmación? Porque el artículo 9º hace referencia a la imposibilidad de contratar funcionarios públicos en régimen de arrendamiento de obra y de servicio y, a su vez, establece una limitación en relación a la contratación de consultores jubilados. ¿Qué ocurre en estos proyectos? Muchas personas que han participado en concurso público no estarían cumpliendo con esta reglamentación. Quiero destacar que se trata de valiosos especialistas en el campo de la gestión pública, de la formación docente y de los asesores en infraestructura ‑pongo énfasis en esta área- tales como ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, ingenieros estructuralistas, que son contratados por períodos cortos para realizar el proyecto de diseño en la parte sanitaria, eléctrica, etcétera.

Por este motivo presentamos una propuesta de redacción en relación con este artículo 9º que diría lo siguiente: “Exceptúase a la Administración Nacional de Educación Pública de lo dispuesto en los apartados A y C del presente artículo, así como del apartado B”, donde establece que “la persona contratada no podrá trabajar en el mismo inciso del proyecto”.

SEÑOR SEOANE.-  Quisiera expresar unas breves palabras para cerrar la presentación de la ANEP.

                El Consejo Directivo Central de la ANEP ha trabajado en gran armonía. Como saben los señores Senadores, tiene una integración plural y múltiple y recoge diversas sensibilidades y tradiciones de pensamiento; sin embargo, la inmensa mayoría de las resoluciones han sido adoptadas por unanimidad; diría que las resoluciones fundamentales han sido adoptadas por unanimidad.

                Como señalaba el señor Consejero Corbo, hemos tenido algunas diferencias en lo que hace a la Rendición de Cuentas. Permítanme señalar que creo que se trata de diferencias esencialmente circunstanciales y episódicas; el señor Consejero Corbo hacía referencia a la diferencia en relación al monto. La mayoría del Consejo Directivo Central entendió que la Rendición de Cuentas debía -por así decirlo- construirse desde el punto de vista cuantitativo, en línea con la solicitud presupuestal que oportunamente elevamos al Parlamento nacional. El monto que figura en la solicitud presupuestal de esta Rendición de Cuentas está significativamente por debajo del que correspondería pedir si fuéramos perfectamente fieles a la solicitud presentada en el 2010. 

                Ese ha sido el fundamento sólido que la mayoría del Consejo Directivo Central encontró para solicitar el monto que hoy estamos planteando en este ámbito.

En términos sustanciales y del proyecto educativo, el CDC ha construido y labrado sus acuerdos en forma profunda y armónicamente constructiva. Por lo tanto, espero que la próxima Rendición de Cuentas sea apoyada por la unanimidad del Consejo Directivo Central. Esta esperanza no es superficial sino que se apoya en esa coincidencia que se plasma en los hechos y que, a la vez, muestra una coincidencia en la búsqueda de estos acuerdos, porque creemos que solo grandes acuerdos nacionales en materia educativa nos pueden permitir construir la transformación de la enjundia que la educación pública del país reclama.

De la exposición anterior surge el proyecto renovador de la educación pública que expresa esta solicitud presupuestal, pero queremos marcarlo con mayor nitidez y ponerlo sobre la mesa de forma absolutamente inequívoca.

 ¿Cuál es el reto fundamental de la educación pública? ¿Cuál es su desafío fundamental? Si me permiten, lo diré con tres palabras: democratizar el conocimiento. Este es el gran objetivo de la educación pública del país. Democratizar el conocimiento es el compromiso ineludible con el desarrollo integral, objetivo ampliamente compartido a lo largo y ancho del territorio nacional. Pues bien, tarea de tal enjundia requiere, en un contexto como el nuestro, de un proyecto educativo renovador que integre dos velocidades, dos tiempos de acción, dos tipos de programa. Requerimos de un ritmo acorde a las urgencias, esto es, de acciones de impacto rápido pero de efecto local. Es decir, se requiere de acciones específicas que respondan a problemas concretos, a la mayor velocidad posible, porque la realidad no espera,  reclama y es urgente, y pensamos que es necesario actuar con esta velocidad de impacto. También es menester tener un ritmo acorde a las transformaciones profundas, a aquellas de impacto estructural, de impacto global, pero que insumen el largo plazo, una perspectiva de mucho mayor tiempo. Este proyecto de renovación educativa debe conciliar estos dos ritmos, debe conjugar los dos tiempos y muy especialmente debe hacer que las acciones de impacto rápido sean semilla fértil para las transformaciones profundas, que las acciones de carácter local pero de alta velocidad consideren la posibilidad de las transformaciones más hondas, que requieren de tiempos más prolongados. Ejemplos de estas acciones específicas son los programas sobre los que los distintos compañeros del Consejo Directivo Central han llamado la atención. Me refiero a los programas que atacan la desvinculación estudiantil, los que proponen un fortalecimiento académico y los que intentan transformar las instituciones educativas en instituciones amigables.

Las transformaciones que implican cambios estructurales son la creación de instituciones de educación media, la construcción de espacios de cooperación educativa y la concreción del Instituto Universitario de Educación y del Instituto Terciario Superior. Estas cuatro transformaciones  seguramente modificarán el paisaje educativo nacional porque son de naturaleza institucional e implican una transformación mucho más ambiciosa y profunda; no se trata meramente de la transformación de la arquitectura institucional sino que suponen un cambio en la dinámica educativa y en los diseños curriculares y organizacionales. Se podrá discrepar o coincidir, pero un proyecto que involucra cuatro transformaciones de esta dimensión no es un proyecto tímido en relación a los cambios. Una sociedad que se sueñe y se piense igualitaria en el contexto presente, donde el conocimiento es absolutamente central, no puede construirse si no asume como tarea fundamental esta democratización profunda del conocimiento como la que proponemos. Democratizar el conocimiento quiere decir incluir a todos en la vida educativa e incrementar la calidad del aprendizaje. Podemos imaginarnos en forma relativamente nítida y fácil de describir cualquiera de estas dos tareas aisladas, pero el gran desafío de la educación pública es conjugarlas, incluyendo a todos en la vida educativa para que, desde el punto de vista del aprendizaje, esta educación sea lo más poderosa posible. Este es un desafío muy grande que compromete toda la iniciativa, la inventiva y el compromiso educativo del país. Inequívocamente, este debe ser el rumbo de la educación pública.

Me gustaría terminar esta presentación recordando una vieja afirmación de la navegación a vela: “No hay buen viento para quien no sabe a dónde va”. Desde la ANEP estamos convencidos del rumbo y, con toda la pasión y el entusiasmo,  estamos tratando de construir el viento. Las instituciones educativas tienen como tarea primordial la construcción del viento, pero para construir este viento renovador es necesario el compromiso de toda la sociedad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Recuerdo a los señores Senadores que, según lo programado, en 15 minutos deberíamos finalizar esta sesión, pero dado que tenemos un atraso de treinta minutos, igualmente intentaremos que cada uno haga sus comentarios o formule las preguntas que crea pertinentes.

SEÑOR MICHELINI.- Nuestros visitantes han hecho una presentación extensa y profunda, sobre la que deseo hacer un par de comentarios.

                Se nos dice que es notoria la incorporación de recursos; personalmente, creo que a la educación hay que darle recursos, pues sin ellos no se construye una buena educación. A su vez, se menciona que gran parte de ese dinero           -creo que se habló de un 80%- ha sido destinado a salarios; está claro que no hay educación sin docentes bien pagos.  También se ha expresado que  los recursos son insuficientes; al respecto, pienso que siempre hay que poner más dinero y que no debemos ver solo la fotografía de la película. Al menos esta fuerza política se ha comprometido a seguir otorgando fondos con ese destino y, es más, creo que la educación es el único sector que recibe nuevos recursos. No hay que olvidar que el mundo se está cayendo a pedazos, pero en el tema educativo mantenemos el compromiso, a pesar de que muchas veces se reclama que deberíamos tener una política fiscal y presupuestal más austera. Cuando se destinan recursos, peso más o peso menos, se están identificando prioridades, se está diciendo que se va a gastar en tal cosa. Pero, a su vez, cuando se establecen prioridades, se quiere ver resultados. Y creo que esa es la clave, pues luego de siete años aportando recursos la sociedad en su conjunto necesita ver resultados.

Lógicamente, los resultados docentes en cuanto al aprendizaje son más difíciles y complejos de ver; incluso, aunque se esté avanzando, pueden existir evaluaciones que no estén calibrando la dirección certera en la que vamos, pues pueden estar dando la fotografía anterior. En este sentido, las evaluaciones futuras podrán dar resultados que demuestren el sentido en el que estamos yendo. Sinceramente, deseo que esas evaluaciones se sigan haciendo; es más, hay que evaluarse con los mejores y no con los peores o los del medio, porque todos queremos la mejor educación para el Uruguay. Ahora bien; en el tema docente las evaluaciones y los resultados pueden no ser tan detectables en este momento, pero en otros aspectos sí deberían verse resultados a corto plazo. Me refiero, por ejemplo, a que en Secundaria no haya ausentismo; no parece lógico que todos nosotros toleremos eso.  Con esto no estoy diciendo que haya que colocar toda la responsabilidad en los profesores, porque a veces sucede que los docentes tienen cursos de aprendizaje que van en beneficio de todos y, por diferentes causas, no hay suplente. Sin embargo, podría nombrar otras circunstancias en las que se dan ausentismos que no deberían ser tolerados, como tampoco deberíamos tolerar edificios con baños tapados o vidrios rotos.  Podemos tener todos los fundamentos y justificaciones con respecto al aprendizaje, porque eso es difícil, es mucho más complejo. Por más que uno quiera tener resultados, no se trata de algo fácil; esos resultados se miden en un plazo más amplio, en años. Pero debemos ser más exigentes con nosotros mismos respecto del tema edilicio y del ausentismo, entre otros, aunque podríamos citar algunos ejemplos más.

La sociedad vuelca muchos recursos como para que  después le digamos que hay un paro de docentes porque los baños no están en condiciones; esto, independientemente  de que el paro corresponda o no, pues no quiero entrar en ese tema. Reitero que no podemos aceptar más que los edificios no estén en mínimas condiciones. Sé que esto es compartido por todos; entonces, habrá que buscar los mecanismos  para que al iniciarse los cursos no tengamos ni un solo problema más de esta índole.

                Con respecto al artículo 241, si no me equivoco y no escuché mal, se nos pide pasarlo a gastos de rubro cero. Pasarlo al rubro cero significa que lo aumentamos a este rubro y, tal vez, en caso de aceptarlo -quizás se nos convenza de ello- se nos diga que no se dieron los recursos para mantenimiento y funcionamiento de las escuelas y liceos. Se me puede decir que el rubro cero puede pasar de funcionamiento a inversiones, pero no a la inversa; eso lo sé, como también entiendo que una vez que esté en  el rubro cero, pueden tentarse y gastar parte de los recursos en ese rubro, aunque no esté planificado. En definitiva, insisto en que ponerlo en el rubro cero es una tentación, sobre todo cuando lo hacemos como partida anual. Si se me dijera: “Queremos rubro cero este año”, lo discutimos, pero si el tema es pasar todo el  rubro cero para el futuro…

SEÑORA CASTRO.- Es para este año, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Entonces, nos vamos entendiendo.

SEÑORA CASTRO.- En realidad, así lo dijimos en su momento.

SEÑOR MICHELINI.-  Digo que nos vamos entendiendo porque si se pone en el rubro cero en forma permanente, la tentación de pasarlo a salario es muy grande. Si lo ponemos en el rubro cero para este año, desde el momento en que no hay continuidad, la tentación está más acotada y, de alguna forma, les sacamos una posible presión a los Consejeros.

                Así las cosas, vamos a leer las versiones taquigráficas. Por mi parte, no descartaría la posibilidad  de  tener  una  segunda  instancia,  ya  sea  en  esta  Comisión -aunque la delegación no sea tan nutrida- o con los Senadores, para aclarar este tema. Asimismo, incluiríamos el tema de Primaria, pues aunque el objetivo del artículo 31 puede ser bueno, en mi opinión la redacción es insuficiente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Salvo por un breve momento en que debí retirarme por un problema de índole familiar, escuché con atención la exposición de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, a quienes agradecemos muy especialmente por su presencia y la información exhaustiva, importante y trascendente que nos han brindado. 

Por mi parte, no voy a hacer preguntas, sino algunas puntualizaciones de carácter general.

                Creo que la educación es constructora de sociedad. Lamentablemente, en esa construcción de sociedad, de ciudadanía o de gente -como técnicamente se quiera expresar- percibo que estamos asistiendo a la formación de varias sociedades dentro de la de nuestro país, así como a una enorme inequidad y desigualdad en las oportunidades de los hijos de nuestros compatriotas. Hay una educación privada para quienes pueden pagarla y una educación pública que, lamentablemente, es residual. Lo digo de esa forma, no para hacer referencia a un cuerpo docente que califico de estupendo, formado por profesores y maestras que son un orgullo, un material humano realmente excepcional que tiene nuestro país -tengo la obligación de reconocerlo porque mi esposa es maestra, como también lo era mi hermana, ya fallecida- sino  porque percibo que no vamos bien, que hay problemas enormes de infraestructura, de gestión y de evaluación de resultados. Y lo digo antes de que alguien lo anote: no puedo ser tan injusto de expresar que esto comenzó el 1º de marzo de 2005. ¡Por favor! Sería un tonto si así lo expresara.

                Francamente, siento que el país está necesitando de cuestiones más profundas, de un gran acuerdo de toda la institucionalidad educativa -es decir, del Codicen en toda su expresión, el Ministerio de Educación y Cultura y el Poder Ejecutivo- y de un blindaje político de todos los partidos, para la construcción de una política educativa no sectorial o cuasipartidaria, sino nacional, con una perspectiva de quince o veinte años. Como ciudadano uruguayo lo siento así y tengo la necesidad de expresarlo en el ámbito de esta Comisión. El país necesita de un nuevo contrato entre la sociedad y la educación.

Estamos asistiendo a un escenario en el que hay deserción y repetición escolar y liceal con guarismos que son tremendamente preocupantes, a nivel de Enseñanza Primaria y Secundaria, con inequidades muy grandes, tanto si se compara el interior con la capital, como lo que ocurre el seno de esta última, donde hay barrios y barrios, y todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. No necesito ser muy exhaustivo porque estoy frente a profesionales que saben mucho más que yo de todo esto.

                En consecuencia, el país necesita entender claramente cuál es la política educativa que debe tener para incluir a los uruguayos de todos los pagos y de toda condición económica y social. El país necesita un modelo educativo consensuado por todos, aceptado por todos, que cuente con el respaldo de la institucionalidad educativa, con un cuerpo docente jerarquizado y rejerarquizado en todos los niveles en que sea necesario, donde también los padres adviertan contundentemente que sus hijos están aprendiendo. He hablado con muchos padres, de toda condición y de todos los pagos del país, que dicen que sus hijos no están aprendiendo todo lo que necesitan. Entonces, la percepción que tengo es que hay problemas que debemos enfrentar entre todos.

                Quiero terminar estas deshilvanadas palabras manifestando que bajo ningún punto de vista quiero dar callada respuesta a todo lo que aquí se ha dicho, como consintiendo una orientación que no estoy avalando. Con toda franqueza, no me parece que vayamos bien en materia educativa. Cuando hacemos una evaluación vemos que la inversión que el país hace no está en directa consonancia con el producto educativo que alcanzamos.

                Aludiendo a lo expresado por el respetado Presidente del Codicen, no quiero ser el marino que llama a los malos vientos; creo que ningún marino llama a los malos vientos. Disiento con él en cuanto a que los vientos no se construyen; los vientos soplan y hay que adecuar las velas para aprovecharlos. De eso se trata en materia de educación, de buscar que las velas se desplieguen de la mejor manera posible para que los vientos nos hagan avanzar. Y no estamos avanzando; lamentablemente, no estamos avanzando sino retrocediendo.

                Mi intención no es pasar factura ni andar con cuentas chicas, porque me parece que estaríamos jugando un mal papel, ya que esto nos involucra a todos; tampoco estoy buscando levantar una suerte de propuesta para dentro de dos o tres años, cuando haya una campaña electoral. ¡Por favor! Reclamo y propongo que haya un entendimiento nacional en materia educativa, porque el país lo necesita. Me parece que desde la oposición podemos ayudar a construir ese acuerdo nacional que el país necesita, para que la educación sea del más alto nivel y pueda penetrar positivamente en el tejido social de los uruguayos.

                Quería dejar esta constancia en el marco de esta Comisión para mi tranquilidad de conciencia y a cuenta de mayor cantidad de lo que se puede hacer en este ámbito.

                Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.-  Por mi parte, quiero hacer una pregunta puntual.

En primer lugar debo decir que me hago cargo de las dificultades que tiene el proceso de transformación de un sistema educativo muy caído a lo largo de mucho tiempo, en una sociedad con graves problemas, enormes brechas y fragmentaciones que se vuelcan sobre ella misma. Este es un punto que nadie discute en el país porque es así.

                En esta Rendición de Cuentas, aprovechando el artículo ventana vinculado al crecimiento del Producto, se da un incremento que ronda en los US$ 48:000.000 o US$ 50:000.000 -no recuerdo bien la cifra- para la educación media, y el resto -por aquello del ochenta y el veinte- se otorga  a la Universidad. La ANEP estima que esto no es suficiente y su Presidente plantea -lo que me parece muy importante- un programa de transformación que, en una lectura previa de este material, me resulta difícil de entender.  La idea medular de esta transformación incluye la expansión del sistema y deja de lado el tema de la infraestructura, en el que todos hemos asumido que existen importantes problemas de gestión que se ha intentado resolver con los cambios incorporados en la Ley de Presupuesto, o a través de convenios con la Corporación Nacional para el Desarrollo o con instituciones como los Municipios o el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hemos recibido infinidad de veces a trabajadores de ese Ministerio, de la División Arquitectura, que nos preguntan por qué ya no se les asignan las obras de reparación de escuelas y hospitales, como ocurría antes. Sé que esto debí consultarlo al Ministro correspondiente pero no pude asistir el día que concurrió.

                Reitero que los temas relacionados con la infraestructura fueron planteados por el Codicen en la Comisión de Educación y Cultura, pero a pesar de que hay recursos que no se han podido aplicar, la infraestructura se deja de lado. Por eso, me resulta difícil entender cabalmente cuáles son las prioridades, y como uno debe tomar decisiones en base a ellas, quisiera conocer los disparadores para ese cambio.

Todo el mundo ha sostenido que el profesor cargo es una clave, que hace por lo menos cincuenta años que se habla del tema -esto es de conocimiento del señor Corbo- y, particularmente, que la rotación docente entre institutos y en forma interanual no permite que nadie trabaje con gente y en lugares que conoce. Quisiera saber, concretamente, cuál sería el formato y de qué cantidad de horas de docencia directa y de coordinación hablamos al hacer referencia al profesor cargo, que en este Plan costaría unos US$ 10:000.000 el primer año, un poco más el segundo, y el doble el tercero. Este es uno de los planes, que tiene un costo intermedio pero significativo, y que en su máximo abarcaría un porcentaje importante, que llegaría al orden del 40% de todos los profesores del país a lo largo del período. De acuerdo con mis cuentas, el 25% del 75% en una primera etapa, y luego el 25% del resto equivaldría a algo así como el 35% o el 40% total, es decir, por lo menos un tercio de los profesores del país. Estamos aquí ante un tema importante.

                Otro aspecto que me parece fundamental, pero más modesto en cuanto a lo que demanda -aclaro que con esto no quiero decir que se incremente, porque me van a caer otros- es el que dispara el ascenso por concurso y no meramente por antigüedad, promoviendo la carrera docente desde ese ángulo. Esto está dirigido al 10%, o sea a unos 1.550 docentes por año, que no digo que sea muy poco, pero no tiene el alcance y el volumen del punto anterior.

En definitiva, quisiera una descripción del primer punto y que se me explicara a qué se hace referencia con la expresión profesor cargo.

                El segundo aspecto, sobre el que no pude encontrar datos en ningún anuario de los que he mirado -aunque el poco tiempo de que disponemos hace que muchas veces miremos la documentación en diagonal y omitamos algunos detalles- tiene que ver con el diagnóstico. Quisiera saber si en el nivel medio             -que a mi juicio es el más crítico- los clásicos indicadores positivos y negativos de deserción, culminación, etcétera, tienen o no una diferencia importante en lo que se refiere al subsistema de UTU y al de Educación Secundaria. He encontrado los datos de Educación Secundaria, pero me resulta difícil hacer la comparación porque no encuentro suficiente información sobre UTU -quizás sea un problema mío, por no haberlo pedido- por cuanto quisiera saber a qué conclusiones ha llegado la ANEP sobre el tema. 

                Quizás en el orden inverso a como lo planteé, quisiera tener un diagnóstico breve sobre esto último -una posibilidad es que me alcancen luego el material- y que se me diera una descripción de lo que se entiende por profesor cargo.

SEÑOR AMORÍN.- Hemos tenido una larguísima mañana hablando de temas de educación. En definitiva, como todos lo decimos -y quiero suponer que todos los sentimos- este es el tema más importante que tiene el país y vale la pena estar horas conversando al respecto.

                Coincido con algunas de  los conceptos que se han vertido, aunque no con otros, pero como decía el señor Senador Michelini, tenemos un antecedente complicado. Rendiciones de Cuentas hemos tenido muchas. En reiteradas oportunidades hemos escuchado al actual Vicepresidente de la República, ex Ministro de Economía y Finanzas, decir que se aumentaron los recursos para la educación pública en un 70%, al año siguiente en un 80%, luego en un 100% -quizás más- ante lo cual siempre le preguntábamos: “Señor Ministro, aumentaron los recursos La educación pública, ¿está igual, mejor o peor?” Él, muy político, nos contestaba que eso se lo teníamos que preguntar a otros. Pero afuera y públicamente, al igual que la enorme mayoría de los actores sociales del país, decía que la educación pública en el Uruguay no había mejorado a pesar de que contaba con muchos más recursos. Sin lugar a dudas, este es un tema complicado.

Ahora bien, hay algunos aspectos en los que todos coincidimos y me parece que deberíamos empezar a trabajar sobre esas coincidencias porque en esto le va la vida al Uruguay en los próximos veinte años. Según lo que hagamos hoy aquí, este año y el que viene, tendremos una sociedad de una u otra manera dentro de veinte años. Por eso creo que todos deberíamos intentar empujar hacia el mismo lado.

Hace pocas semanas concurrió a la Comisión de Educación y Cultura del Senado una delegación de funcionarios de organismos internacionales entre quienes se encontraba el Licenciado Opertti. Ellos nos hablaron de una cantidad de propuestas que entendían buenas para el país. Los que estuvimos allí al menos asentíamos gestualmente y les hicimos saber nuestra aprobación porque estábamos de acuerdo en varios temas. ¿Podríamos  concretarlas? Pienso  que sí, que muchas de esas cosas se podrían hacer. Sin embargo, en esta sesión hemos visto una diferencia clara -por lo menos en cuanto a la financiación- entre las posturas de la delegación de ANEP y del Poder Ejecutivo. Eso es complicado.

Por ende, sobre estos aspectos se tendría que conversar; en lo que se plantea debe haber puntos absolutamente esenciales y otros que lo son menos. En realidad, si se lleva este choque hasta el final, va a terminar aprobándose el texto que se votó en la Cámara de Representantes y nada más. Pienso que algunos de los puntos que se proponen y que no se votaron en la otra Cámara son muy importantes. Se podrá preguntar cuáles son. Hay muchos aspectos importantes -quizás todos- pero algunos son imprescindibles, y creo que en estos es en los que hay que machacar.

Desde la oposición estoy intentando “poner cabeza” de gobierno para ver cómo se puede sacar esto adelante. Me parece que estos son los temas más importantes del país; puedo discutir y confrontar con el Gobierno en muchísimos temas, pero en este intento no hacerlo sino encontrar caminos de solución.  Reitero: en verdad, este es el tema más importante que tenemos por delante. Lo que no hagamos hoy lo vamos a sentir dentro de quince o veinte años. Es obvio que el sistema educativo está horrible; es obvio que es un desastre; es obvio que un niño que nazca en un hogar desfavorecido no va a tener oportunidades; no estoy hablando de que no tendrá las mismas oportunidades que otro niño,  sino de que no las va a tener. Es evidente que si no rompemos el círculo de la pobreza en la educación va a ser bien difícil cambiar ese panorama; es evidente que de seguir como estamos ahora, las diferencias van a ser cada vez mayores y habrá más excluidos de la sociedad.

Me pregunto si entre ANEP y el Gobierno no se podrá llegar a un acuerdo en algunos aspectos mínimos. ¿No podremos hacer un esfuerzo un poco mayor para que se apruebe algo en lo que todos estemos de acuerdo y podamos votar con tranquilidad y alegría?

 Ese es el centro de la discusión de hoy. No voy a hacer preguntas; simplemente quería, desde la oposición -a veces dura- tratar de hacer algún aporte.

Gracias, señor Presidente.

SEÑORA MOREIRA.- No creo en las predicciones ni en los balances catastróficos sobre la educación ni en que  la valoración que hagamos sobre Uruguay no sea comparable con la de otros países en condiciones sociales y económicas similares a las nuestras. Me parece que antes de tener una mirada catastrofista sobre el tema de la educación, deberíamos tener un diagnóstico objetivo.

Aprovecho para felicitar a quienes elaboran los propios diagnósticos del sistema público, que nos llegan permanentemente y nos permiten determinar dónde están los agujeros de la educación, que todos, más o menos, conocemos. No es tanto un problema de calidad, como de brecha educativa. Eso tiene que ver con que la educación media se ha ido masificando. Los niños pobres ingresan masivamente a los liceos, generando problemas de  masificación, con todo lo que ello implica. Además, tenemos problemas de deserción, aunque el tema principal es el de la brecha educativa.

                Estuve en la Comisión de Presupuesto cuando ANEP presentó su programa y ahora estoy asistiendo a esta presentación en el tratamiento de la Rendición de Cuentas. En mi opinión, hay un intento coherente -aunque quizás discutible- de dar cuenta de los problemas de deserción, de brecha educativa, de separación del sistema educativo del sistema familiar, en fin, creo que se están haciendo un montón de propuestas, muchas más de las que soy capaz de juzgar atinadamente. De todas maneras, me parecía elemental realizar este reconocimiento al esfuerzo que hacen todos los compañeros de ANEP para ofrecer un variado y complejo conjunto de respuestas a los problemas de la educación.

                Quisiera ser coherente y decir que el dinero que se gasta en educación es una inversión, aunque no necesariamente puedo decir lo mismo de lo que se gasta en seguridad, pues a veces funciona como un paliativo. Reitero: la plata gastada en educación es una inversión. Creo también que la plata no es todo, no es suficiente, aunque sí una condición necesaria para mejorar los resultados educativos. Parte de lo que ha pasado en Uruguay desde la dictadura hasta estos días se debe a que la asignación de recursos en educación no ha sido suficiente.

                Nosotros luchamos mucho por el llamado artículo “ventana” en el Presupuesto, que se basaba en la idea de que el 4,5% para la educación no se otorgara según lo proyectado, sino sobre lo que efectivamente el país crecía, pues siempre las proyecciones de crecimiento subestimaban el crecimiento real. En buena medida, el artículo 853  -no recuerdo con qué número quedó- se había hecho para la Universidad, aunque más que nada para ANEP.

                Voy a hacer una pregunta muy general y luego una muy específica.  El Senador Tajam me pasa unas cifras y veo una diferencia enorme,  de uno a tres,  porque son $ 900:000.000 los presupuestados y $ 3.000:000.000 los que se piden. Además, veo que hay unos grandes agujeros en algunas cosas y, por tanto, quiero preguntar si se dan efectivamente en esos rubros. Hay unos          $ 200:000.000 para el profesor cargo, pero no aparece una presupuestación efectiva del otro lado; también hay un gran agujero en el aumento de matrícula y cobertura, continuidad y ampliación de cursos que es de $ 456:000.000; en materia de fortalecimiento del personal docente en todos sus niveles veo $ 390:000.000 y, lo que más me preocupa, porque eso sí tiene que ver con el diagnóstico objetivo de la educación, es la diferencia que tenemos en fortalecimiento de la educación media básica y superior, que afecta directamente los logros del sistema. Por tanto, es uno de los agujeros que observo, por decirlo de esta manera. Me refiero al tema de la educación media básica y la generalización de la educación superior que, además, figuran dentro de los principales logros del Gobierno, que era universalizar la educación media básica y generalizar la superior.

                La pregunta gruesa tiene relación con los $ 3.000:000.000 y los                        $ 900:000.000 aprobados por la Cámara de Representantes. Quisiera saber cuál es la diferencia en relación con el 4,5%. Escuché al Presidente Seoane decir que optó por hacer la presupuestación de la Rendición de Cuentas a partir del pedido presupuestal, lo que me parece que es una decisión política. Además,  cuánto de esa diferencia se debe  a que se están dando fondos sobre lo proyectado y no sobre el artículo “ventana”, o sea, el artículo 853. Hay una diferencia entre el 4,5% y el del 6% del período pasado, y la pregunta concreta es cuánto está impactando entre los $ 900:000.000 y los $ 3.000:000.000.

La otra pregunta  que deseo realizar es muy específica y tiene que ver con el artículo 9º.

                Según entiendo, se solicita que se excluya a ANEP del artículo 9º, es decir, de las contrataciones, arrendamientos de obras y demás. Me llega una fotocopia donde se dice que esto se aprobó en la Cámara de Representantes, pero además tengo la versión original de la Cámara de Representantes. En realidad, la fotocopia dice algo así como. “Propuesta de aditivo para el artículo 9º, aprobado en Cámara de Representantes, agosto 2011, donde se exceptúa la Administración Nacional de Educación Pública de lo dispuesto en los apartados a y c del presente artículo.” Entonces, la pregunta es: ¿esto efectivamente se aprobó en  Cámara de Representantes?

SEÑOR SEONE.- Es  nuestra propuesta.

SEÑORA MOREIRA.- Correcto, es la propuesta para que la aprobemos nosotros.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Procuraré no repetir preguntas y tampoco voy a dar mi opinión -que la tengo- acerca de la exposición en general porque eso será objeto de discusión en la Comisión.

                En primer lugar, al igual que el señor senador Rubio, me interesaría saber todo lo vinculado al tema “profesor cargo” porque me parece que se deriva de un problema que prácticamente  genera un clamor en la sociedad. Lo que no logro entender es por qué supone un costo su generación.

                En segundo término, la otra pregunta que deseo formular tiene que ver con el tema edilicio, por llamarlo de alguna manera. En estos días,  en el marco de lo habilitado por la Ley de Presupuesto, se celebrará un acuerdo con la CND.  Estuve mirando la plantilla de lo que viene a ser  “Arquitectura” de la ANEP y quisiera saber si para aumentarla lo vamos a hacer  por este otro camino. Consulto porque no me cierra la relación entre esas dos cosas.

Por último, he visto muchos liceos y escuelas donde la comunidad educativa funciona y otros en donde no está instalada. Donde sí trabajan he observado que existe en general convencimiento por parte de los Directores para hacerlo, y donde no funcionan existe un tácito desacuerdo silencioso que promueve esa falta de estímulo, y considero que este es un punto clave. Obviamente que un Inciso como el 25 debe tener el grueso de sus gastos invertido en personal y recursos humanos porque sin profesores y maestros no tiene sentido la educación. No se trata de aulas sino de contenidos. El ambiente debe ser amigable -estamos de acuerdo- pero debemos contar con todo.

Acá hay un problema de convencimiento de hacia dónde nos dirigimos.  Todos los Directores de las escuelas, de los liceos, de las escuelas de  UTU, ¿están convencidos de la necesidad de que la comunidad participe y ayude o no?  Estas cosas que pueden parecer secundarias, son importantes, porque desde la sociedad se consiguen una serie de apoyos y recursos que muchas veces suplen o contribuyen al desarrollo de los centros educativos. Y lo he visto plasmado en la realidad en forma muy tangible dado que en el barrio que habito hay un liceo y dos escuelas y cuando se confeccionó el Presupuesto Participativo de la Intendencia se decidió instalar una biblioteca para el liceo. El barrio cruzaba rubros enviando los dineros municipales para abrir una biblioteca del liceo, pero luego el proyecto tuvo otros inconvenientes que no viene al caso comentar. De esta forma se demuestra que, en general, cuando la comunidad está comprometida, saca recursos de debajo de las baldosas. La brecha que tenemos es tan grande que no sé cómo podremos solucionar esto; debemos pensar en ello. 

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más preguntas, pasarán a responder las interrogantes de los miembros de la Comisión. 

SEÑOR SEOANE.- A continuación, voy a hacer algunas observaciones, pues ciertamente el conjunto de preguntas es muy rico. Si alguno de los compañeros del Consejo Directivo Central quisiera responderlas, con muchísimo gusto le cederíamos el uso de la palabra.

                Comenzaré por el final, respondiendo las interrogantes de la señora Senadora Topolansky. La primera pregunta que plantea es extremadamente pertinente. La señora Senadora consulta por qué el profesor cargo supone un costo extra. En realidad, la mayor parte de los fondos destinados a financiar a los profesores cargo no supone ningún recurso extra. Quiere decir que el grueso del financiamiento del profesor cargo no supone, reitero, ningún recurso extra. ¿Por qué supone recursos extra? ¿Cuál es el plus que hay que agregar al financiamiento? El cálculo que hicimos toma el 100% de las horas docente de educación media. Consideramos que una meta razonable es alcanzar el 75% de esa cantidad. ¿Por qué? Porque pensamos que la política de profesor cargo es una herramienta importante para cumplir los objetivos que ya citamos, pero sabemos que existen cierto tipo de vínculos docente-institución educativa -en particular en la educación técnica, pero también en otros contextos- que no se adecua a la figura del profesor cargo. Nos interesa que docentes que están en primera línea en el trabajo, en tecnologías avanzadas, sean nuestros. Por tanto, no queremos el 100% de las horas de educación media en profesor cargo, sino el 75%. De ese 75% avanzamos de a tramos del orden del 25%. Ahora bien, las horas de docencia directa son financiadas con fondos con los que hoy cuenta la ANEP, es decir que suponen cero incremento. Pero ocurre que, tal como hemos definido al profesor cargo, no se trata de que solo realice horas de docencia directa, sino que también tendrá horas de docencia indirecta a través de lo que denominamos horas de permanencia en los centros. Cada Consejo de Educación verá el formato que finalmente va a dar a la relación entre horas de docencia directa y horas de permanencia. La orientación general que habíamos planteado era de un 75% de horas de docencia indirecta y un 25% de horas de permanencia. De este 25% de horas de permanencia, actualmente hay otras que ya financiamos a través de diversos recursos; por ejemplo, podemos mencionar las horas de coordinación. Quiere decir que hay un conjunto de horas que ya financiamos, pero el resto, las que todavía no cubrimos, suman los $ 200:000.000 que figuran en la solicitud presupuestal.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: entiendo por qué se maneja un 75% y luego un 25%; creo que eso se aplicaría, por ejemplo, al caso de un profesor de informática que nos interesa que continúe en varias instituciones. Ahora bien: las horas que no son de docencia directa y que les interesa complementar, ¿están vinculadas al profesor cargo en la medida en que este asume otras funciones?

SEÑOR SEOANE.-  Exactamente, señor Senador.

SEÑOR RUBIO.-  ¿Cuáles son las otras funciones? Me parece que ese punto permitirá esclarecer el tema.

SEÑOR SEOANE.- Las otras funciones van a depender de cada Consejo, pero básicamente habíamos planteado tres perfiles. Uno de ellos tiene que ver con los aspectos vinculares, con el trabajo de la institución educativa en la dimensión en que no se trata meramente de una institución que fomenta los aprendizajes, sino que también debe ser hospitalaria, amigable, estimulante y recibir a los estudiantes en un sentido vincular y afectivo. De esta manera, estamos trabajando el vínculo entre el centro educativo y la comunidad, entre el centro educativo y la familia.

El segundo perfil está relacionado con la gestión del conocimiento, esto es, la colaboración en actividades que tiendan a la mejora de la calidad de los aprendizajes, a la construcción de materiales educativos y a una serie de tareas vinculadas a la coordinación de los docentes y al fomento del desarrollo profesional de los docentes en el interior del centro. La tercera dimensión tiene que ver directamente con el trabajo pedagógico en el interior del centro educativo. Estos son los tres perfiles en los que se volcaría el trabajo de los profesores cargo.

SEÑOR RUBIO.- ¿Cuántas horas se estiman en la enseñanza media para los profesores cargo? En realidad, pienso si estos profesores, de acuerdo con el nivel salarial requerido, se ven obligados a tener actividades en otros lugares.

SEÑOR SEOANE.- Estamos avanzando en la concreción de diversas opciones. Una de las variantes está referida a las peculiaridades de cada subsistema como UTU y Secundaria, y en otros hay diferencias en la carga horaria de las disciplinas en la actual estructura curricular. Acá hemos implementado el profesor cargo en una estructura curricular que no ha sido modificada sustancialmente. En principio habrá tres variantes de veinte, treinta y cuarenta horas con un porcentaje que, entre docencia directa e indirecta, es de 75% de horas de docencia directa y 25% de horas de permanencia, pero puede haber variaciones. Es más, podríamos pensar en la formulación pedagógica dependiendo del Consejo; estamos afinando estos detalles y seguramente en la próxima elección de horas lo resolveremos de una forma más precisa.

Quiero agregar que este esfuerzo de concentración horaria a través de los profesores cargo se va a complementar con la variante de que la elección de horas no va a ser anual. Dicha elección, aún en el caso de que no estemos hablando de los profesores cargo, y si se tratara de la elección de un profesor efectivo, será bianual. Esto de que se haga cada dos años tiene que ver con el ritmo de crecimiento que le estamos dando a la política de profesor cargo. Aquí combinamos la permanencia durante dos años de los docentes efectivos con el ritmo de crecimiento y la posibilidad de elegir cargos en lugar de horas.

Por otra parte, la señora Senadora Topolansky preguntó la razón del crecimiento de la plantilla de arquitectura. Al comienzo hice una observación relevante para entender cómo se ha intentado responder desde la ANEP a las demandas edilicias. Ha habido cierto desfase o, si se quiere, falta de sintonía o de concordancia entre el incremento presupuestal orientado a la inversión edilicia y el orientado al fortalecimiento de los recursos humanos, que son los que hacen viable la inversión edilicia.  En cierta forma, los recursos humanos son los que técnicamente transforman la inversión edilicia en realidad edilicia, es decir, los pesos en ladrillos. Esta disimilitud entre flujos de fondo hacia uno u otro destino ciertamente dificulta las posibilidades de ejecución desde la ANEP con los niveles de celeridad y eficiencia que todos desearíamos. Además, agregaría otro elemento de juicio y es que la estructura de recursos humanos de la ANEP se hace en base a cierto nivel de construcción edilicia. El potentísimo incremento de inversión edilicia exige una estructura de recursos humanos adaptada a un flujo de inversión muchísimo más bajo. Entonces, la primera constatación que haría es que hay una gran disimilitud entre la estructura de recursos humanos y las capacidades de ejecución, con dichos recursos humanos, de volúmenes de inversión tan importantes como los que hoy felizmente tenemos en materia de infraestructura edilicia. Eso estimula a aprovechar la larga experiencia acumulada en la construcción de edificios escolares en la ANEP con la participación de nuevos ejecutores que nos permitan potenciar las capacidades de respuesta a partir de fondos incrementados en esta materia. La valiosa experiencia acumulada supone una especialización en la construcción de edificios escolares; al respecto, no debemos olvidar que ANEP ha ganado más de un premio internacional en esta materia, en virtud de esta capacidad y esta acumulación de pensar la traducción en términos edilicios de las propuestas educativas. Queremos aprovechar esa acumulación de experiencia, asociando otros actores para responder a un desarrollo edilicio, pues solo con nuestras fuerzas no podemos hacerlo. En este sentido, hemos señalado anteriormente el acuerdo con la  Corporación Nacional para el Desarrollo, la intensificación del acuerdo con el Ministerios de Transporte y Obras Públicas, la búsqueda de acuerdos regionales con grupos de Intendentes -hemos comenzado con el suroeste y esperamos poder implementar esta política con todo el territorio nacional- y otras alternativas que estamos pensando.

SEÑORA CASTRO.- En cuanto a esta inquietud que planteaba la Senadora Topolansky sobre la demanda para la contratación de arquitectos, sanitarios y electricistas, al tener el fideicomiso con la Corporación podría plantearse la pregunta de por qué no se hace justamente a través de la Corporación. Al respecto, señalo que no se hace de esa manera porque el dinero de los ladrillos se iría para los técnicos. Además, no estamos hablando de grandes cantidades, sino de $ 39:000.000.

SEÑOR SEOANE.- Finalmente, si entendí bien, la observación de la señora Senadora Topolansky tenía que ver estrictamente con la idea de poner a jugar la comunidad a favor del desarrollo educativo. Pensamos que esa es una idea central que atraviesa todo el proyecto educativo que estamos planteando y, en ese sentido, los espacios de cooperación educativa no son otra cosa que la formulación institucional de poner actores muy diversos, con sensibilidad territorial y capacidad de respuesta territorial en el marco de políticas educativas nacionales, a trabajar juntos en proyectos educativos.

                El señor Senador Michelini planteaba  su preocupación -que es compartida por nosotros-  por el tema del ausentismo docente. Queremos decir que, por lo menos, hay tres dimensiones planteadas en las que queremos avanzar; en algunas lo hemos hecho en mayor medida y en otras la posibilidad de hacerlo depende de la implementación de alguna de las innovaciones que estamos planteando.

                Como los señores Senadores saben,  en el acuerdo que la ANEP alcanzó con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, en diciembre del año pasado, se plantearon algunos cambios, como por ejemplo, el sistema de incentivos a través del presentismo. La primera evaluación fue altamente positiva y estamos en condiciones de enviarles la información que evidencia un aumento significativo del conjunto de docentes cero falta a partir de la implementación de estas políticas de incentivo al presentismo. Por otra parte,  es claro que hay que afinar las políticas de control de la asistencia, y este sería un segundo frente en el que queremos avanzar. Por último, existe un tercer frente que tiene que ver con la atención educativa a los estudiantes cuando los docentes están ausentes. Vamos a mencionar una de las herramientas que queremos instaurar, que es el profesor cargo, pero adelantamos que  no es la única que pensamos instrumentar al respecto.

SEÑORA CASTRO.- Simplemente quiero complementar lo que se expresó sobre el tema del ausentismo, dado que es público.

                Es un tema complejo. Además de estos tres elementos que acaba de señalar el señor Presidente de la ANEP, debemos tener en cuenta que está instalada una Comisión bajo la responsabilidad de los Consejeros Corbo y Capurro para el  análisis y la nueva formulación del Estatuto del Docente que deberá tener en cuenta, entre otros elementos, las nuevas formas de ascender en la carrera docente, pero también estos temas. Ese es un proceso de construcción y revisión.

                El segundo elemento que quiero mencionar para dejar como reflexión es que, sobre todo a nivel de los cuerpos docentes de la ANEP, el 90% del personal en Primaria, así como también en Educación Media y Formación Docente, está integrado por mujeres. Recordemos que en esta sociedad, las tareas de cuidados históricamente son asumidas por las mujeres. Recién ahora tenemos una  política incipiente, a través del Sistema Nacional de Cuidados, y ANEP está integrada al Consejo Nacional de Políticas Sociales. Ahí contribuimos y esperamos que estos temas, en la medida en que se desarrollen e implementen, también puedan contribuir a la solución de este problema.

SEÑOR SEOANE.- Con respecto a  la preocupación general que planteaba el señor Senador Larrañaga  que tiene que ver con el estado actual de la educación pública -así como también otras observaciones que planteó el señor Senador Amorín- quisiera señalar que  para apreciar el progreso en esa materia debemos tener una mirada que atienda a diferentes frentes y que haga justicia a la complejidad que tenemos por delante.

                Solo quiero señalar un dato no menor, porque revela un esfuerzo sostenido y orientado en la buena dirección. Me parece que no se ha tomado debida nota de la evolución de la matrícula en Enseñanza Secundaria, que no tiene que ver con el dato de un año, sino que sospechamos y queremos que sea una tendencia. Si se toma el año 2007, se verá que había algo más de 218.000 estudiantes, mientras que en 2011 esa cifra es de 230.000. Esos datos revelan que entre esos años ha habido un crecimiento sostenido de la matrícula de Enseñanza Secundaria. Esto no es menor y evidencia los esfuerzos que se han hecho desde el sistema educativo en la búsqueda de incorporar cada vez más estudiantes a la educación media.

SEÑOR RUBIO.- Venía cayendo.

SEÑOR SEOANE.- Exactamente, señor Senador; venía en una caída abrupta desde 2005 hasta 2007.

                Esta observación solo intenta trasmitir la idea de que para evaluar el funcionamiento de la educación pública, particularmente a los efectos de observar la situación de la educación media, la mirada no debe estar ceñida a la fotografía sino tener una sensibilidad respecto de la película, así como también hacer justicia con la complejidad de la tarea que, en forma deshilvanada y rudimentaria, señalé al comienzo. En nuestra opinión, el gran desafío de la educación pública es combinar la inclusión educativa y la calidad del aprendizaje. Esa tarea no es simple ni trivial, sino que exige una enorme inventiva educativa, así como herramientas de medida y de evaluación originales.

                Diría que para aprender a medir ese proceso es necesario atender la complejidad de factores involucrados en él. Naturalmente, en esa tarea somos los primeros en decir, con absoluta nitidez, que no estamos conformes y que queremos avanzar a ritmo más acelerado. También queremos señalar que los criterios que permiten evaluar ese proceso deberán contemplar la multiplicidad de dimensiones involucradas en él.

                En fin, hay un conjunto mucho más vasto de preguntas, pero para culminar mi intervención me gustaría trasmitir que en la Administración Nacional de Educación Pública existen una preocupación, una vocación  y una sensibilidad compartidas en la búsqueda de soluciones y de respuestas, así como en la construcción de una mirada de largo plazo. Nuestra participación en este ámbito tiene el fin previsto en la ley, pero también la vocación de trasmitir esa mirada de largo plazo y esa orientación de llevar adelante políticas compartidas y de ayudar a construir el viento ­lamento discrepar acerca de la construcción del viento- entre todos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión agradece la información brindada.

                Se levanta la sesión.

(Es la hora 14 y 54 minutos.)

 

Material adjuntado por la Administración Nacional de Educación Pública.

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.