SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y  34 minutos.)

                -En nombre de la Subcomisión de Audiencias, damos la bienvenida a las representantes de la Fundación “Gurí, Solidaridad Judía para todos” y les cedemos el uso de la palabra para que planteen sus inquietudes.

SEÑORA ROZEMBAUM.- Agradecemos a la Comisión por habernos recibido. Soy la Presidenta de la Fundación Gurí y decidimos pedir audiencia porque, justamente, esta fundación se forma a pedido del Proyecto Mochila Viajera de los Centros CAIF. Además, pertenecemos a la institución madre, Wizo Uruguay, que tiene 78 años de existencia en nuestro país.  Hace aproximadamente un año y medio nos enteramos de la existencia de dicho proyecto cuando la Directora de aquel momento de los Centros CAIF se acercó a nuestra Fundación y lo presentó. Nos sentimos absolutamente sensibilizadas y, por su magnitud, nos dimos cuenta de que requería un esfuerzo y  una estrategia mucho mayores que las trabajadas hasta ese momento.

                Mochila Viajera -como los señores Senadores podrán observar en las carpetas que les entregaremos-, es un proyecto que atiende a  una población de niños de 0 a 2 años de los Centros CAIF, brindando asistencia a aproximadamente 42.000 niños en todo el país. Debemos destacar que atiende a todos los Centros CAIF del país que, en este momento, son alrededor de 350 y tenemos la intención de llegar, en tres años más, a 500. Se entrega una mochila por Centro con el material imprescindible para que los especialistas concurran al hogar de la familia que, en muchos casos, no se acerca al Centro CAIF por diferentes razones: no tienen el hábito, están lejos, no les interesa o hacen otro tipo de vida.

En este momento, los especialistas -ya sean psicopedagogos, psicomotricistas o psicólogos- están acudiendo a los centros, pero mantienen una interacción básicamente académica, porque se ocupan de plantear preguntas y llenan una ficha. Hasta ahora esa es la tarea que realizan. ¿Por qué se propone este proyecto? Porque se logrará una interacción, se marcará  una diferencia y no solo se trabajará con el niño o la niña de 0  a 2 años, sino con toda la familia, los hermanos mayores, la mamá, la abuela y todas las personas que vivan en la casa de ese niño. Durante cada una de las visitas se va a interactuar en las áreas que se diagnostique que es necesario trabajar, de manera de crear hábitos. Una vez que se aprecien las dificultades, en cada una de las visitas se llevarán aquellas herramientas que se necesiten específicamente, contenidas en la mochila a la que nos referimos -que, en realidad, es una valija- y de esta manera se multiplicarán las visitas, porque cada uno de los especialistas puede estar en diferentes casas al mismo tiempo de acuerdo a lo que necesite el niño. 

¿Por qué creemos que este proyecto es fundamental? Venimos trabajando en esto desde hace muchos años y pensamos que esta iniciativa marcará una diferencia en la sociedad del futuro. Es fundamental atender a estos a estos niños de 0 a 2 años, porque está demostrado que los que concurren a los Centros CAIF luego siguen con una buena escolaridad -hay una interrelación entre los Centros y las escuelas-, terminan la escuela, en muchos casos acceden al liceo y también lo culminan. Es preocupación de todos que nuestra sociedad mejore.

Elegimos este proyecto, en el que venimos trabajando desde hace años -podrán apreciarlo en las carpetas-, porque entendemos que puede ser un granito de arena que marque una diferencia importante para que los chicos no estén en la calle, vivan bien alimentados, estimulados y no sean excluidos.

Se trata de una iniciativa en la que trabajan los Centros CAIF con Naciones Unidas, que lleva adelante esta propuesta en otros países y ahora la trae al Uruguay.

El escenario familiar es particular, porque en muchos casos la mamá también es una niña, ya que no tiene más de 13, 14  o 15 años, y es necesario trabajar con ella, no solo con el pequeño. Al estar en su casa, se le dice a la mamá qué le puede dar de comer al niño y qué juegos puede hacer con él; en muchos casos, se le muestra por primera vez un espejo al niño. También se pone una alfombra de goma eva, ya que muchas de las casas tienen piso de tierra. La idea es que tanto los niños como las mamás empiecen a ver diferencias y a sentir que no están excluidos de la sociedad.

SEÑORA STEIN.- Ya se ha explicado de manera bastante completa el proyecto; por mi parte, quiero decir que sin las empresas no tendría viabilidad. Nosotros ya contamos con empresas que pueden colaborar con el proyecto, pero necesitamos estar incluidos dentro de la Ley Nº 18.083, a efectos de contar con el beneficio impositivo. Eso nos permitiría, en gran forma, cumplir con nuestro objetivo.

SEÑORA GALPERIN.- Como tesorera de la Fundación, me ha tocado intercambiar  ideas y recibir algunas percepciones de los empresarios o posibles patrocinadores de este proyecto. Con mucho dolor, nos hemos dado cuenta de que ellos sienten que este proyecto no tiene sentido, pues enfrentan una especie de desasosiego frente al público objetivo. De alguna manera, sienten que este sector de la sociedad está marginado y que no tiene camino de vuelta, pues ya lleva decenas y decenas de años viviendo en esas condiciones, y se lo consideran irrecuperable. Por otro lado, la realidad es que debemos salir a competir o encontrar un nuevo nicho dentro de las múltiples ONG que hay y que son maravillosas. Me refiero, por ejemplo, a la Fundación Peluffo Giguens. Realmente, ¿quién no se sensibiliza frente a un niño con cáncer? Sucede algo similar en el caso de la Fundación Teletón. Se trata de proyectos maravillosos y son tan dolorosas las situaciones que se viven en ambos casos que realmente es fácil sensibilizar a la población en general. Ahora bien, nosotros no encontramos esa sensibilidad frente al objetivo de esta mochila viajera. Sentimos que para entrar en un nicho y conseguir un poco de solidaridad de los empresarios y de los uruguayos en general, debemos ofrecer algo atractivo a cambio. Eso estaría dado, justamente, por el incentivo económico o el beneficio fiscal de estar comprendido en la citada ley; eso nos permitiría al menos competir en igualdad de condiciones con las Fundaciones Peluffo Giguens y Teletón. De esa manera, tendríamos ciertas posibilidades de funcionar. Hemos hecho entrevistas y tenemos expresiones de voluntad, con la condición de que estemos comprendidos, como dije, dentro de la Ley             Nº 18.083. Si no es así -y no quiero ser pesimista ni negativa-, creo que el proyecto no va a prosperar.

                Por lo tanto, pedimos a los señores Senadores que consideren nuestra solicitud. Estaríamos abordando a decenas de miles de niños, multiplicados por sus familias, pues se van a detectar los gravísimos problemas sociales que hay en estas casas, que no son meramente de índole académica, curricular o vinculada a la estimulación del niño en sí. Dentro del ámbito del hogar podremos detectar los problemas más graves de los que son víctimas estos niños.

                Nada más, muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presentación de las representantes de la Fundación Gurí. 

Material adjuntado por la Fundación Gurí.

(Se retiran de Sala las representantes de la Fundación Gurí. Solidaridad Judía para todos.)

(Ingresa la delegación de la Cruz Roja Uruguaya.)

                -La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado da la bienvenida a los representantes de la Cruz Roja Uruguaya.

                Sin más trámite, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA GARCÍA.- Antes que nada, quiero presentarme. Soy Nívea García Benítez de Meerhoff y desde el 25 de junio próximo pasado soy la Presidenta de Cruz Roja Uruguaya, en cuyo nombre quiero hacer llegar nuestro agradecimiento por la deferencia que han tenido los señores Senadores al recibirnos y escuchar nuestra solicitud.

                Traemos una carta presentación de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Media Luna Roja y del CICR; además, queremos exponer nuestro servicio.

En concreto, nuestra solicitud apunta a que se nos incluya en la ley de donaciones especiales para la exoneración de los tributos.

                En primer lugar, voy a leer la carta que nos representa por pertenecer a un movimiento internacional. Está dirigida, quizás por error, a la señora Senadora Susana Dalmás y dice lo siguiente: “Informados de la solicitud que Cruz Roja Uruguaya está presentando al Honorable Senado del Uruguay, referente a la inclusión en el régimen de donaciones especiales, dentro del proyecto de ley relacionado con la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, del ejercicio 2010, publicado el 30 de junio de 2011, que introduce cambios en dicho régimen de donaciones, especialmente al impuesto IRAE, venimos, respetuosamente, en nombre de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, a expresar nuestro apoyo a dicha solicitud y solicitamos del Honorable Congreso, preste en sus deliberaciones, especial atención al rol auxiliar de los poderes del Estado, que por ley le corresponde a la Cruz Roja Uruguaya, el cual compromete a la Institución a prestar ayuda humanitaria complementaria en cualquier circunstancia que ello lo amerite. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, representa a las 186 Sociedades Nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja que existen en el mundo. Este rol nos permite estar muy cerca de dichas organizaciones, lo cual nos da la posibilidad de certificar la tarea que ellas realizan en todo el mundo. La red universal de Cruz Roja es única en su mandato. Sus principios han sido aceptados y respetados por todos los Estados firmantes de los Convenios de Ginebra, lo cual compromete a un trabajo mancomunado y de apoyo mutuo en beneficio de las personas que más precisen la atención humanitaria.

Cruz Roja Uruguaya, -fundada el 5 de marzo de 1897- en sus más de 114 años de servicio voluntario a su país, ha demostrado ser fiel a los principales fundamentales de la Institución. En su historia ha trabajado en forma coordinada y sistemática prestando apoyo a los Poderes del Estado Uruguayo para paliar el sufrimiento humano.

Para realizar su trabajo humanitario la Cruz Roja Uruguaya, al igual que todas las Cruces Rojas del mundo, necesita del apoyo y la solidaridad de todos los sectores de la sociedad, especialmente del Estado. Esta praxis es conocida internacionalmente y son muchas las Cruces Rojas del mundo, que gracias a un apoyo fuerte, que respeta la independencia de la Institución, pueden desarrollar una mayor tarea humanitaria.

Son estas las razones, las que nos llevan a apelar a vuestra solidaridad para que a la Cruz Roja Uruguaya se le preste todo el apoyo que se merece en su noble tarea de ayudar a las personas más necesitadas y vulnerables de su país.

Esperando que esta petición tenga una buena acogida, me despido en nombre de la Federación Internacional de Cruz Roja, agradeciendo su apoyo y reiterándole todas nuestras muestras de respeto y alta consideración.

Atentamente, Gustavo Ramírez. Representante Regional”.

También traigo los saludos del Secretario General de la Federación, Bekele Geleta.

A continuación, voy a sintetizar la carta que hicimos llegar a la señora Senadora Dalmás.  Allí se dice que las autoridades de Cruz Roja Uruguaya tienen el agrado de dirigirse a usted para presentar sus saludos a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores y solicitar la inclusión de nuestra Sociedad Nacional en el régimen de Donaciones Especiales.

La  Cruz Roja Uruguaya brinda ayuda humanitaria a los vulnerables y actúa como auxiliar de los Poderes públicos, con personería jurídica otorgada por Decreto del Poder Ejecutivo de 26 de octubre de 1897, constituida de acuerdo con los Convenios de Ginebra. Actúa en situaciones críticas, como las inundaciones, por ejemplo, en ocasión de las producidas en el año 1959 y siguientes.

También cuenta con la aprobación del Convenio de Ginebra del CICR desde el año 1897.

Dentro de las tareas que desarrolla -que vienen resumidas en la carpeta-se destaca la Escuela de Auxiliares de Enfermería Integral, con cuatro cursos y un promedio de cien egresados por año. Sus títulos son habilitados por los Ministerios de Salud Pública y de Educación y Cultura, pasando dichos recursos humanos a integrar el equipo de salud nacional con su trabajo, brindando asistencia a pacientes de la actividad pública y privada, es decir, tanto en sanatorios como en hospitales.

En la Sede Central también funciona la Escuela de Manualidades -que es muy conocida-, que brinda más de treinta cursos orientados, en su mayoría, a personas de la tercera edad, constituyendo una verdadera terapia e inserción laboral.

En nuestras policlínicas ambulatorias se atienden pacientes en forma gratuita y se hace promoción y prevención de la salud. Se realizan cursos de Primeros Auxilios -es la marca que identifica a la Cruz Roja en todo el mundo- a la población en general, a las comunidades vulnerables, a las empresas, etcétera, y se actúa ante situaciones críticas.

                Es digno mencionar que a los estudiantes se les cobra una pequeña cuota y para aquellos que no tengan recursos suficientes, existe la posibilidad de la beca o media beca que es estudiada en cada caso.

                No recibimos ningún financiamiento del exterior. En ocasiones la Federación o el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- nos apoyan para la realización de talleres. Si bien recibimos una pequeña subvención por parte del Estado, de $ 41.000, actualmente nuestros recursos son limitados; la masa social ha disminuido, por lo tanto en el mes de mayo daremos una amnistía y realizaremos una campaña para una reincorporación adecuada de los mismos.

                El costo de los insumos comprometidos en el de pago de los pocos funcionarios que tenemos en la sede central -6 funcionarios, 12 docentes, 2 limpiadoras- ha aumentado notoriamente en estos últimos años, como así también las necesidades de la población. El apoyo que brindamos permanente al MIDES se ha intensificado por lo que nos resulta difícil cumplir con dicho compromiso. Hemos elevado esta inquietud a la Federación que nos aconsejó solicitar esta entrevista.

                La Presidencia actual de la Federación asumió el 25 de mayo y se ha realizado un estudio a corto plazo de nuestras necesidades. Nuestra sede está ubicada en Avenida 8 de Octubre 2990, es una casona muy vieja que necesita refacciones y no tiene capacidad suficiente.

Por estas razones, solicitamos que se nos incluya en el proyecto de ley presupuestal para el régimen de donaciones especiales como entidad beneficiaria, para poder seguir cumpliendo con nuestra misión estatutaria de ayuda humanitaria y social a la población con necesidades insatisfechas. Presentamos una carpeta en la que figuran los dos decretos, especialmente, el del Comité Internacional de la Cruz Roja, de fecha 19 de abril de 1900.

Nuestra capacitación de recursos humanos es llevada a cabo a través de la Escuela de Enfermería, de los Cursos de Primeros Auxilios, de la Escuela de Manualidades y del Servicio de Bienestar Social que funciona en nuestra sede y a través del cual entregamos ropa, víveres y artículos de higiene en general, como así también apoyamos a los damnificados por las inundaciones y viviendas siniestradas.

Asimismo, contamos con la Dirección Nacional de Voluntariado                -la Directora de Voluntarios Juventud me acompaña- cuya mayor fuerza la constituye -como su nombre lo indica- el propio voluntariado que, luego de ingresar y según su vocación de servicio, se distribuye en las áreas que elige. Posteriormente, debe realizar cursos de formación básica institucional.

Existen tres clases de voluntariado: el Voluntariado General, que luego de dos años de actividad ininterrumpida pasa a integrar el padrón de voluntariado activo; el Voluntariado Juventud y el Voluntariado Social integrado por la Comisión de Damas. El voluntariado es la columna vertebral de la labor de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo a través de 186 sociedades nacionales.

Contamos, también, con la Dirección Nacional de Difusión y Comunicación -cuya Directora nos acompaña-, a través de la cual se capacita al voluntariado en Derecho Internacional Humanitario, Principios Fundamentales, Doctrina de su fundador Henry Dunant, Emblemas y Convenios de Ginebra. Se efectúan cursos de difusión a nivel de instituciones militares, misiones de paz, escolares y organismos. Existen diferentes niveles: el curso básico de difusión de Derecho Internacional Humanitario -en el mes de octubre realizaremos un taller que se tratará de difundir ya que se nos dificulta hacerlo por los altos costos de la prensa y televisión-; el curso de instructores de Derecho Internacional Humanitario; el curso de facilitadores de comunicación y la biblioteca de documentación de Derecho Internacional Humanitario que siempre ha sido consultada por estudiantes universitarios, de instituciones militares, escolares y otros organismos. Nuestros recursos financieros provienen de la recaudación de fondos mediante el dictado de cursos de capacitación de las diferentes escuelas y Direcciones Nacionales. Los fondos con que contamos para el apoyo logístico y el pago de viáticos a docentes son limitados. Además, falta equipamiento acorde con las tecnologías modernas, no disponemos de aulas suficientes para realizar los cursos ni contamos con elementos de confort.

                En cuanto a la recaudación de  cuotas sociales, ya mencioné que actualmente hay adeudos. Asimismo, puedo citar lo relativo a donaciones esporádicas, especialmente, en épocas de inundaciones. También se recaudan fondos mediante actividades benéficas. En este momento nuestro balance tiene un resultado negativo por los compromisos de pagos de sueldos, aguinaldos y aportes al Banco de Previsión Social para los seis funcionarios docentes que tenemos. A su vez, por nuestra condición de federados, pagamos anualmente un baremo obligatorio a la Federación Internacional, de            5.550 francos suizos, compromiso que para nosotros es difícil de cumplir, y hemos heredado una pequeña deuda de la administración anterior.

                Como auxiliares de los poderes públicos en estos 114 años,  y en la medida de nuestras posibilidades,  siempre brindamos apoyo con las finanzas de la Cruz Roja a situaciones de emergencia y a personas sufrientes y vulnerables.

                Contamos con una Sede Central y 19 Comités Departamentales, por lo que podemos decir que la Cruz Roja está representada en todos los departamentos del país.

                Queremos aunar esfuerzos y voluntades para seguir trabajando en nuestra visión de futuro. Tenemos para cumplir la Estrategia 2020, que no es fácil -tal como marca la Federación- y recién terminamos de evaluar, con mucha dificultad, la Estrategia 2010. Nuestra solicitud está basada en la larga trayectoria de la Cruz Roja que, a través del tiempo, ha probado su solidaridad con la población sufriente y con organismos con los que hemos trabajado siempre en alianza estratégica.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo preguntas que formular, quedamos agradecidos por la presentación, lamentando las limitaciones de tiempo que tenemos. Por supuesto, luego vamos a analizar la propuesta que han realizado.

 

Material adjuntado por la Cruz Roja Uruguaya

(Se retira de Sala la representación de la Cruz Roja.)

 

(Ingresa a Sala la representación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado -COFE-)

-Como ya sabrán, porque algunos vinieron el pasado viernes, disponen de quince minutos para realizar su exposición. Les agradecemos que hayan venido temprano porque la delegación anterior aún no ha llegado.

SEÑOR CABRERA.- Buenos días y muchas gracias por permitirnos hacer esta presentación de lo que es, según la visión de COFE, la discusión de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

                Como decía el señor Presidente, la semana pasada vinimos específicamente en representación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que también está vinculada al contenido de lo que COFE quiere exponer. Si bien en aquel momento se trató de algo más específico y hoy vamos a realizar una exposición más universal, todo tiene que ver con el tema y apuntamos a un reanálisis del paquete general porque entendemos que se trata de una vieja discusión. Me refiero a la propia negociación colectiva y a cómo llega este proyecto de ley de Rendición de Cuentas al Parlamento, donde nuevamente reclamamos al Poder Ejecutivo la posibilidad de revisar el planteo de gasto cero. Entendemos que en muchos casos no se estaría hablando de un gasto real sino de una inversión, porque todo lo que es servicio social del Estado debe ser medido de esa manera. Además, de acuerdo con los propios planteos del Ministerio de Economía y Finanzas, estamos teniendo un país diferente, donde se puede construir de forma positiva, por lo que nos parece que se podrían volcar recursos hacia la construcción del Estado.

                En cuanto al tema de la negociación colectiva, seguimos a la espera de poder revertir alguna de las situaciones fundamentales porque la llegada de este proyecto de ley no dio cabida a una discusión en profundidad de artículos que entendemos primordiales y que, en cierta medida, tienen que ver con el planteo central de la reforma del Estado. Creemos que esta transformación también debe ser mirada desde el punto de vista de los trabajadores y tiene que contar con su participación. Hay aspectos centrales del proceso inicial de las nuevas reestructuras donde la Ley de Presupuesto Quinquenal dejó cierto margen para poder operar, pero no vemos con mucha claridad cómo se están volcando esos recursos en esta transformación. Obviamente, estamos a la espera de que este proceso sea lo suficientemente ágil como para encontrar a la mayor cantidad de Ministerios en esta transformación, porque el tema de la carrera administrativa es central. Allí se habla de la carrera del funcionario en su lugar de trabajo y de esa identidad que también refiere al propio salario y a su construcción. Asimismo, existe un planteo reiterado por la Confederación en ese sentido, que también tuvo que ver con la gestión anterior y con la forma de ir avanzando en lo que hace a las inequidades salariales dentro del Estado. Todo esto hace que, obviamente, COFE quiera reiterar la posibilidad de contar con partidas específicas que atiendan esas desigualdades, porque si bien manejando los promedios muchas veces se pueden ver valores que no son nada despreciables, en realidad hay cientos de trabajadores que al día de hoy perciben salarios realmente sumergidos. En este proceso de carácter teórico que queda sobre la mesa, y que desde el Poder Ejecutivo se insiste en realizar, se necesitan recursos genuinos que, a nuestro entender, deben ser valorados desde lo que puede ser esta Rendición de Cuentas para empezar a laudar un camino que sea de equidad salarial.

                Por estas razones es que insistíamos tanto en el hecho de sentarnos a discutir y a negociar todo esto. En ocasiones nos tocó vivir la circunstancia, en muchos aspectos de esa discusión, de que quienes compartían la mesa con nosotros no estaban en conocimiento real de la globalidad. A diferencia de los integrantes que comparten la mesa de negociación, el sindicato ve el carácter más general e integral de la situación.

Concluyo mi intervención pues, simplemente, tenía la finalidad de dar inicio al planteo de COFE. A continuación, mis compañeros van a desarrollar puntualmente algunos de los artículos en los que estuvimos trabajando.

SEÑOR LÓPEZ.- Como el tiempo es exiguo, hemos traído un documento en donde figura la plataforma de reivindicaciones que estamos planteando. Me gustaría profundizar, sobre todo, en uno de los temas que mencionó mi compañero Cabrera, porque para nosotros es el meollo del asunto: la falta de negociación colectiva en el sector público. En este sentido, nos parece que una muestra clara de ello es que frente al proyecto de ley de Rendición de Cuentas que ahora está en el Senado y que pasó por la Cámara de Representantes, en ningún momento el Poder Ejecutivo nos llamó para consultarnos acerca de cuáles son las reivindicaciones que tenemos los trabajadores estatales. Quiero señalar que estamos teniendo serias dificultades con el cumplimiento de la Ley de Negociación Colectiva, lo que incluso nos ha llevado a presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo. En lo que va de esta nueva Administración -que nos había generado mucha expectativa porque en la anterior habíamos logrado, después del convenio marco, llegar a concretar la Ley de Negociación Colectiva-, hemos tenido serias dificultades para que se cumpla con esta ley que, si bien, no es la panacea, es un instrumento absolutamente válido para las relaciones laborales entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores del Estado. Como es de conocimiento de los señores Senadores, la Ley de Negociación Colectiva tiene tres niveles: el Consejo Superior de negociación colectiva del sector público, los Consejos de Rama y el tercero es el que de alguna manera establece la participación de la DINATRA o la acción directa en los conflictos que hay entre los Ministerios u organismos del artículo 220 de la Constitución de la República y los propios trabajadores. En este tercer nivel, cada vez que ha habido un conflicto, sí hemos podido tener el ambiente para buscar una solución. Sin embargo, en los dos niveles superiores, tanto en los Consejos de Rama como en el Consejo Superior, hemos tenido dificultades. A tal punto esto es así, que en lo que va de este período de Gobierno en el Consejo Superior nos reunimos solo en tres ocasiones, al principio de la Administración, para discutir algunos temas vinculados al presupuesto. Reitero que tenemos una dificultad muy importante en este tema que ha ido menoscabando todas las cuestiones que están dentro de la etapa anterior como son los contratos precarios y el tema del salario. Según parece, nos tendría que dar vergüenza  hablar de salario en el Estado, pero hay una cantidad de trabajadores -como decía mi compañero Cabrera- que tienen una remuneración absolutamente sumergida y si bien, en algunos casos, con la ley de salarios mínimos que se estableció pudieron tener algún oxígeno, todavía hay quienes perciben $ 14.500 o $ 15.400 por ocho horas de trabajo. Este no es un salario digno para un trabajador del Estado que tiene que cumplir con ocho horas laborales. En este sentido, creemos que desde el Parlamento se pueden hacer algunas cosas que ayudarían a que los ámbitos de negociación colectiva del sector público se pudieran restablecer. De esta manera,  empezaríamos a negociar una cantidad de cosas y esperamos que en la Rendición de Cuentas tengamos alguna contemplación por parte de ustedes para que se atiendan parte de estos reclamos que figuran en la carpeta que les entregamos. Insisto en que lo fundamental es recomponer la negociación colectiva en el sector público, pues está absolutamente menoscabada y no tiene una continuidad en su desarrollo, sobre todo, en los dos niveles superiores que es donde se definen las cuestiones más generales.

                Si bien hemos tenido la posibilidad de buscar algunas soluciones a conflictos puntuales, nos hemos encontrado con serias dificultades.

                No me extenderé más, pero hago hincapié en el tema de la negociación colectiva, que para nosotros es fundamental porque ha generado una serie de inconvenientes Seguramente, si nuestros reclamos no son tenidos en cuenta, también se generarán conflictos y  nuestra Confederación adoptará medidas.

SEÑOR BENTOS.- Sin la menor intención de modificar en nada ninguna de las puntualizaciones hechas por los compañeros, simplemente quiero trasladar la inquietud de que, si bien es verdad que en el tercer nivel de negociación colectiva funcionó mejor el intercambio entre trabajadores y el Gobierno o las autoridades, en este momento hay dificultades para discutir o ponernos de acuerdo en temas de carácter salarial. Incluso, en el tercer nivel -donde deberíamos discutir directamente con las autoridades de cada uno de los Incisos temas de equidad salarial, por ejemplo- hasta que COFE no negocie con el Poder Ejecutivo, los Incisos están atados de pies y manos para hacerlo con nosotros.

                Por otro lado, el Gobierno no negocia los temas salariales con COFE y se genera una especie de círculo vicioso del que no podemos salir ni encontramos puertas donde golpear para negociar. Haciendo extensivo a esta situación el planteo realizado por los compañeros, cabe puntualizar que la situación está siendo un poco más complicada que antes, por lo que la idea es destrabarla.

SEÑOR CABRERA.- Me permito agregar algo que ya expresamos en la instancia de discusión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes.              

                Si bien la Ley de Negociación Colectiva del sector público fue ampliamente discutida a nivel del Poder Legislativo junto con los trabajadores, creemos que sería importante dar una nueva discusión en la que el Parlamento también tuviera que ver en lo que hace a la negociación colectiva sobre todo en el sector público, pues esa instancia se lleva a cabo entre las dos partes: Gobierno y funcionarios. En función del espíritu con que se discutió y conociendo cuál es la realidad, planteamos la posibilidad de incorporar al Parlamento en ese debate porque para nosotros es fundamental tener la otra visión desde la propia construcción de una ley de negociación colectiva.

SEÑOR BAZZANO.- Quiero dar algún datos más sobre el tema salarial tratado por los compañeros.

                En la Administración pasada, a lo largo de cinco años el salario real tuvo una recuperación de 19,5%. Esto fue muy importante, porque nos permitió volver a los niveles existentes en el comienzo de la Administración del entonces Presidente Batlle. Pretendíamos que ese fuera el piso hacia un crecimiento y una recuperación de lo que habíamos perdido en años anteriores. Sin embargo, en lo que va de esta Administración solo se nos aplica el artículo 4º de la Ley de Presupuesto, que contempla la inflación esperada más una cláusula por la que se hacen las correcciones correspondientes. El 1º de enero pasado tuvimos una recuperación del 6,93%. El tema es que el artículo 4º establece que los posibles aumentos a sumar a ese ajuste por IPC tienen que estar contemplados en las leyes presupuestales. Entonces, si no hay fondos en las leyes presupuestales para poder negociar y discutir un aumento salarial al 1º de enero, nosotros estamos atados de manos. El artículo 754 de la Ley de Presupuesto previó $ 100:000.000 para financiar el salario mínimo que, como bien se mencionó, es de $ 15.400 para 40 horas semanales u $ 11.550, para aquellos que trabajamos 30 horas semanales. Eso fue lo único que hubo. Esos $ 100:000.000, prácticamente en su totalidad, fueron absorbidos por cinco Ministerios: de Defensa Nacional, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Turismo y Deporte, de Educación y Cultura y de Transporte y Obras Públicas. Por lo tanto, ese dinero fue absorbido,  no lo tenemos y no podemos pensar en un ajuste. Lo que decimos es que todavía son miles y miles los trabajadores que, si bien cobran algo más que ese salario mínimo establecido por la  Ley de Presupuesto, exigen  y requieren algún  incremento a lo largo de estos cinco años. Por esa razón, estamos planteando que en esta  Rendición de Cuentas se vea la forma de nutrir nuevamente de fondos a ese artículo 754 que ya está agotado.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a los representantes de COFE por la información recibida.

Material adjuntado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado .

(Se retiran de Sala los representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE.)

(Ingresa a Sala la delegación de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay, FENAPES.)

                -La Subcomisión de Audiencias del Senado tiene el agrado de recibir a los representantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Como debemos ceñirnos a determinados tiempos, cedemos el uso de la palabra para que planteen sus inquietudes.

SEÑOR ZUNINO.-  Me llamo Walter Zunino y soy el Presidente de la Federación de Profesores. Nuestro planteo está centrado en cuatro puntos. El primer punto refiere al artículo 867 de la Ley de Presupuesto 2010-2015; el segundo, tiene que ver con el déficit de la ANEP y a su correspondiente abatimiento; el tercero apunta a la creación de cargos docentes y no docentes y, por último, nos referiremos al salario.

                Comenzaremos nuestra exposición con el artículo 867, que consideramos importante leer. Esta disposición fue aprobada en la Ley de Presupuesto en diciembre del año pasado. Dicho artículo establece: “Cuando, como consecuencia del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), los créditos presupuestales con destino a educación representaren un porcentaje inferior al 4,5% (cuatro con cinco por ciento) del PBI, el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Proyecto de Rendición de Cuentas correspondiente a ese ejercicio, una propuesta de asignación complementaria de créditos presupuestales para la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República para alcanzar el mencionado porcentaje, la que podrá ser destinada por los organismos, teniendo especialmente en cuenta las necesidades para atender remuneraciones, gastos de funcionamiento e inversión.”¿Qué pretendemos con este artículo? Que se le dé la interpretación que corresponde. Discrepamos fuertemente con la interpretación dada por el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, que calcula los créditos presupuestales en función de este artículo, basados en las  proyecciones del crecimiento económico del Producto Interno Bruto, del año 2011. De esta forma, se han asignado $ 1.217:000.000, que es lo que se aprobó en la Cámara de Representantes.   

Lo que nosotros estamos diciendo, concretamente, es que el artículo refiere a la Rendición de Cuentas o sea a lo ya ejecutado y, en este caso, al año 2010. En ese año el Presupuesto estuvo elaborado sobre una proyección de un 5,2% del crecimiento del Producto, de la riqueza, mientras que en el crecimiento real, el valor observado fue de 8,5%. Tenemos una diferencia muy importante, de más de tres puntos, por cuanto hasta alcanzar el 4,5% del Producto, esos recursos adicionales estarían situados en $ 2.109:000.000. Entendemos que la Rendición de Cuentas fundamentalmente refiere a lo ya ejecutado, a lo  transcurrido, y de esta forma los recursos adicionales significan una diferencia de unos  $ 1.000:000.000, comparado con lo que ya ha manifestado el Poder Ejecutivo. De esta forma, creemos que a la Educación Pública se le niegan recursos absolutamente necesarios e imprescindibles para ir mejorando una educación que, sin duda, está teniendo dificultades muy importantes que pensamos que el Parlamento debe atender. Por otra parte, este artículo fue votado, precisamente, por el Parlamento y si no se interpreta cabalmente, llegaríamos a la conclusión de que se estaría incumpliendo con lo que él mismo votó. Todo esto es en lo que refiere al artículo 867.

                Con respecto al déficit de la ANEP, debemos decir que hay obligaciones del Organismo que no han sido tenidas en cuenta en el Presupuesto ya votado y se refieren, fundamentalmente, a los pasajes de grado. Para el Escalafón “Docente” tenemos un pasaje de grado de 1º a 7º, para los grados de escalafón abierto. Esto es tanto para docentes efectivos como para docentes interinos. Por otra parte, están las primas para quienes tengan 28 y 32 años de docencia efectiva, que corresponden a un 5% y a un 10% respectivamente sobre las remuneraciones, pero ello no figura en la Ley de Presupuesto, generando déficit. A esto se suma la prima para la actividad no docente, correspondiente a un 10% sobre el salario, a los 25 años de trabajo y a un 5% cuando se llega a los 30 años de labor. Como dije, esto ha generado un déficit que en este momento se sitúa en unos  $ 800:000.000,  debido a que estas obligaciones      -de acuerdo a lo que mencioné-, que corresponden al Rubro 0, no fueron contempladas en el Presupuesto ya votado. De todas maneras, y como corresponde, el Organismo viene pagando desde hace muchos años estas primas y pasajes de grado.

                El tercer punto que queremos plantear tiene que ver con los cargos. Entendemos que para atender adecuadamente las necesidades del sistema educativo, solamente a nivel de secundaria, es absolutamente imprescindible y necesario crear cargos, si lo que queremos es que la educación sea de calidad y el aprendizaje recibido de la mejor manera posible. Por ello, estamos solicitando -como no figura en la Ley de Presupuesto, lo que pretendemos es que se incorpore en esta Rendición de Cuentas- 350 cargos administrativos, 1.000 auxiliares de servicio, 600 porteros y 150 conserjes, así como ampliar y consolidar los servicios o los equipos multidisciplinarios con 125 psicólogos y 66 asistentes sociales. También, en función de que habrá nuevos liceos, pedimos que se incremente en 21 la cantidad de directores y en 35 el cuerpo inspectivo. Además, reclamamos 370 profesores orientadores bibliográficos, 200 ayudantes preparadores y 20 coordinadores de aula de arte.

Esto es lo que entendemos más imprescindible, haciendo hincapié, fundamentalmente, en los cargos técnicos -los de psicólogos y asistentes sociales-, porque de acuerdo con las propias directivas del Gobierno estamos trabajando con un sistema de inclusión -creemos que es muy importante que la educación alcance a todos los niveles y llegue a todos los ciudadanos del país-, pero el Parlamento debe saber que los profesores no hemos sido formados para atender problemáticas sociales y problemáticas emergentes, para lo cual necesitamos el apoyo de los psicólogos y los asistentes sociales.

Por otro lado, queremos poner énfasis en la solicitud de los cargos de portero -lo hemos manifestado públicamente-, porque ello está directamente relacionado con la seguridad. Sin duda, tenemos problemas de seguridad en los centros educativos -estamos hablando concretamente de Secundaria, pero esto es asimilable a los otros subsistemas-, por lo que se hace imprescindible contar con estos cargos. Es sabido que el Ministerio del Interior está desarticulando el Servicio 222, que nos daba la posibilidad de tener vigilancia fuera de los centros educativos; ahora ya no estamos contando con este servicio y, de acuerdo con las propias afirmaciones del Ministro del Interior, es probable que en el año 2014 directamente ya no exista. La falta del Servicio 222 debemos suplirla de alguna forma, puede ser con recorridas por las áreas perimetrales, es decir, los entornos de los centros educativos. Por supuesto que los porteros no resuelven totalmente el tema de la seguridad, pero los necesitamos para tener un control mínimo del ingreso y egreso de personas a los centros educativos, ya sea estudiantes, funcionarios, docentes, padres o proveedores. En ese sentido, los porteros juegan un papel de suma importancia. Nosotros planteamos esto con mucha firmeza, en el entendido de que no podemos esperar a que haya un muerto en un centro educativo para tomar medidas, y las carencias en el tema de la seguridad se están evidenciando con el desmantelamiento del Servicio 222.

                El otro punto que queremos plantear refiere al salario. Si bien en los últimos años ha habido un aumento significativo del salario de los trabajadores de la educación, creemos que todavía es absolutamente insuficiente. El salario para las 20 horas docentes está situado en $ 10.750, que es realmente escaso, lo que deriva inevitablemente en acumulación de horas y en el multiempleo, que le hace mal a la educación, pues no se logran los mejores aprendizajes.

                Queremos insistir en este aspecto, porque el salario de los trabajadores de la educación, el salario docente, no es atractivo en este momento. Sin duda, el país ha avanzado, ha evolucionado; los índices macroeconómicos han aumentado en forma importante; nos alegra que haya crecido el Producto, aumentado el empleo y descendido el desempleo, que se mantenga estable el IPC y que se esté incorporando un mayor número de usuarios al Sistema Nacional Integrado de Salud -todas estas variables son importantes y sumamente dignas para nuestro pueblo-, pero es claro que necesitamos tener un salario competitivo con el resto de la actividad pública y privada porque, de lo contrario, seguiremos perdiendo a los maestros, a los profesores y, fundamentalmente -y esto está resultando dramático en muchas localidades del interior- a los maestros técnicos del Consejo de Educación Técnico Profesional, que se están desplazando hacia la industria. Sin duda que el crecimiento industrial y económico está proporcionando condiciones de trabajo mucho mejores y, por supuesto, también salarios más elevados, pero si perdemos a los maestros, a los profesores y, fundamentalmente, los maestros técnicos, lejos de evolucionar positivamente, nuestra educación irá desmejorando.

Independientemente de que, en lo personal, me encuentre directamente afectado por el aspecto salarial, creo que es imprescindible que en este momento se concrete un incremento que compense nuestros ingresos con los de otras actividades y que haga competitivo al sector de la educación. Apuntamos a no seguir perdiendo, en este caso nuestros recursos humanos, que son absolutamente imprescindibles para llegar a los mejores aprendizajes y a una educación de calidad, que es lo que todos queremos para nuestro país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Nuestros visitantes han hablado de la creación de varios cargos -adscriptos, bibliotecarios, ayudantes de laboratorio, etcétera- y, a los efectos de conocer bien la propuesta, solicitaría que los detallaran, porque en el material que nos entregaron solo se hace una presentación general de ese aspecto.

SEÑOR ZUNINO.- Quiero aclarar que lo que he leído son los cargos que se proponen en el Mensaje de la ANEP.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiere decir que sobre ese planteo, digamos, no hay números.

SEÑOR ZUNINO.- No los mencioné, pero reitero que estos datos figuran en el Mensaje de la ANEP.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Precisamente, quería consultar lo mismo que el señor Presidente, pues cuando se leyó la lista no pude retener los números. En concreto, además, quisiera saber si existe alguna estimación del costo de estos cargos, que serían alrededor de dos mil.

                También consulto sobre la diferencia entre portero y conserje, ya que en mi imaginario personal son más o menos lo mismo.

SEÑOR ZUNINO.- Por supuesto, creemos necesario definir los perfiles para cada uno de los cargos. Entendemos que los porteros deben actuar exclusivamente a nivel de la puerta o áreas de acceso a los centros educativos.  En el perfil del conserje -que no está definido-, se incluirían otras funciones, como por ejemplo atender cualquier otro tipo de emergencia o de solicitud, fundamentalmente en situaciones de mantenimiento menores. Estamos hablando de arreglar enchufes, cerraduras, canillas, etcétera; es decir, pequeñas intervenciones de mantenimiento.

                Estos aspectos no están totalmente definidos. Debemos delinear los perfiles pero, por lo pronto, podemos decirlo de esta forma: pretendemos que el portero esté exclusivamente a cargo del control del ingreso y egreso de personas a los centros educativos, mientras que al conserje le asignaríamos una función un poco más amplia, que puede tener que ver con tareas de mantenimiento.

SEÑOR TERUEL.- Soy el Vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay.

                Luego de las consultas realizadas a los compañeros de la ATES y del sindicato de los no docentes, se hizo una investigación acerca de por qué hoy no se pueden crear cargos de porteros, particularmente dentro de Enseñanza Secundaria. Según ese trabajo, ello se debe a que este cargo no ha sido legalmente presupuestado; por lo tanto, a nivel del Consejo de Educación Secundaria no existe la figura del portero. A diferencia de esto, el cargo de conserje sí existe porque fue creado por una Ley de Presupuesto Nacional, dentro del Escalafón F. En este escalafón, que nuclearía a los conserjes y porteros, el cargo jerárquico mayor sería el de conserje, dada la función que el mismo debe desarrollar. Concretamente, esta persona es la encargada de efectuar el contralor, la administración y la revisión de las tareas del resto del personal de servicio y no docente, fuera del administrativo, que está dentro del Escalafón C. Esta es la diferencia entre portero y conserje.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, les agradece la presentación que han realizado.

Material adjuntado por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay.

(Se retiran de Sala los representantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay.)

(Ingresan a Sala los representantes de Porsaleu. Fundación por la Salud del Paciente Leucémico.)

                -Damos la bienvenida a los representantes de la Fundación Porsaleu.

                Sin más trámite, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA GARCÍA.- Soy la Presidenta de Porsaleu, Fundación por la Salud del Paciente Leucémico, o con leucemia, que apoya al Servicio de Hematología del Hospital Maciel, así como también a los pacientes que allí se atienden. Es importante destacar que, hasta el momento, el mencionado nosocomio es el único de referencia en todo el país en lo que a la salud pública refiere. Por lo tanto, todas las personas que padecen patologías hematooncológicas -que, como todos sabemos, son graves-, vienen a atenderse al Hospital Maciel. La mayoría de ellas son del interior del país y provenientes de hogares carenciados, por lo que tienen problemas sociales y económicos y, además, podríamos decir que se encuentran en inferioridad de condiciones respecto de quienes viven en Montevideo porque los tratamientos son muy largos y es muy importante que tengan un acompañante, pero el problema es que, muchas veces, no cuentan con un lugar donde quedarse. Mientras que el paciente está internado, el acompañante no tiene alojamiento ni comida; pero el problema se traslada al propio paciente cuando es dado de alta. Sabido es que la medicina moderna tiende a que el paciente esté internado el menor tiempo posible, continuando su tratamiento ambulatorio en un ambiente más familiar, al lado de su acompañante, que le puede brindar cariño y, sobre todo, apoyo espiritual, que es fundamental para el resultado de los tratamientos.

                Con todo este precedente nace Porsaleu, incluso, a instancias de los propios médicos que veían a los acompañantes tirados en el piso de los pasillos del hospital. La Fundación fue creada hace nueve años con estatutos y personería jurídica de acuerdo a las normas y siempre bajo el control, como corresponde, del Ministerio de Educación y Cultura. La meta fundamental ha sido tener una residencia digna para albergar a estos pacientes.

                A efectos de no monopolizar el tiempo de que disponemos, quisiera que haga uso de la palabra mi compañera.

SEÑORA CHANS.- A través del apoyo de numerosas empresas, de particulares y de la solidaridad de muchísima gente pudimos hacer una importantísima obra que se encuentra ubicada en las calles Buenos Aires y Misiones -seguramente, quien ha pasado por allí la haya visto- y cumplirá la función de albergar a estos pacientes.

El terreno fue otorgado bajo la modalidad de comodato por la Intendencia de Montevideo. Allí se construyó una residencia, realmente espectacular, que constituyó un gran aporte para la Ciudad Vieja y en la que se pretende alojar a los pacientes con todas las comodidades posibles. La obra fue realizada por la empresa Campiglia, consta de ocho habitaciones con baño privado y aire acondicionado, tiene un patio de recreación para que los pacientes -mientras estén alojados allí- se sientan estimulados, ya que esta enfermedad trae aparejados muchos problemas psicológicos. En esta casa pensamos dar alojamiento definitivo a los pacientes; actualmente, estamos pagando una pensión que no es el lugar ideal para ellos.

Una vez que comience a funcionar esta residencia, tendremos un costo mensual muy elevado y es ahí donde necesitaríamos la colaboración del Estado. Indudablemente, el Hospital Maciel aporta el aspecto científico que ayuda a la recuperación, pero muchas veces los tratamientos fallan por las carencias económicas de la gente, ya que las personas del interior cuyo tratamiento requiere controles, al no tener dónde alojarse en Montevideo, vuelven a su lugar de origen. Afortunadamente, en breve comenzaremos a funcionar en esa casa; si bien ahora estamos con el tema del equipamiento, pensamos que su inauguración podrá ser dentro de un mes.

Por las razones expuestas, solicitamos el apoyo del Estado para esta Fundación.

SEÑORA GARCÍA.- El apoyo que pretendemos por parte del Estado en este momento -y por el cual estamos ocupando parte de su valioso tiempo- es que se nos considere dignos de estar junto a las Fundaciones Teletón, Peluffo Giguens y Caldeyro Barcia, agregando un inciso en el que se incluya a Porsaleu para que empresas que estén relacionadas con la salud o sean voluntarias en general realicen donaciones y se beneficien con la exoneración de impuestos.

                Esto es fundamental para nosotros porque, como muy bien señaló la señora Chans, durante bastante tiempo, pesito a pesito, fuimos logrando esto que ahora es una realidad. Cabe destacar que también tuvimos que solicitar un préstamo al Banco de la República -que ya está concedido- para poder culminar las obras. Ahora comienza una nueva etapa y nos enfrentamos al desafío de mantener el presupuesto mensual de gastos fijos. Debemos contar con un casero, una limpiadora, una secretaria y una persona que controle, cumpliendo con los sueldos, las leyes sociales y demás; es lo mismo que sucede en una casa de familia. Estamos pidiendo o rogando a los señores Senadores que apoyen a la Fundación porque consideran que esto vale la pena; por supuesto, nosotros estamos absolutamente convencidos de ello. Los pacientes del interior y los que viven en las zonas suburbanas de Montevideo, que a veces no pueden ir al Hospital Maciel porque no tienen dinero para pagar el boleto, sin duda, se van a ver muy beneficiados. El hecho de suspender una quimioterapia o una transfusión por no poder ir al hospital, en muchos casos, se transforma en una cuestión de vida o muerte. Si bien no quiero ser demasiado trágica, realmente la puntualidad y exactitud en el cumplimiento de los tratamientos de radioterapia o quimioterapia -lamentablemente, todos tenemos a un amigo o una persona conocida que sufre una enfermedad que los requiera- y los posteriores controles son importantes y esperamos que los señores Senadores también lo crean así.

SEÑOR PENADÉS.- Quisiera saber, aproximadamente, a cuántas personas atiende la Fundación.

SEÑORA GARCÍA.- Por suerte estas graves enfermedades de sangre y ganglios no son masivas, por lo que el número de pacientes no impresiona. Sin embargo, por año se realizan más de 5.000 prestaciones en el Hospital, aunque no tengo en este momento la cifra exacta. Las personas internadas van cambiando; de pronto están una semana,  luego se van a sus casas y después vuelven. Como dijo la señora Chans, la Fundación va a disponer de 16 camas en la residencia nueva, pero ahora tenemos tres habitaciones -seis camas- reservadas para nosotros en la pensión. Aclaro que hay posibilidades de ampliar este número si fuera necesario, aunque ojalá no se necesite.

Por otra parte, me gustaría que supieran que así como mi compañera dijo que transformamos un edificio ruinoso y con intrusos en un muy lindo edificio en la Ciudad Vieja, también quisiéramos devolver algo a la comunidad que nos ha apoyado -y espero que siga haciéndolo-, y, para ello, se previó un hermoso salón ubicado en la planta baja, con una capacidad bastante respetable y que cuenta con una entrada independiente. Ese salón lo vamos a brindar a la sociedad para que se puedan realizar charlas, vernissages, conferencias o cursos. Será un salón multiuso que va a estar adornado por un gran panel realizado por Bellas Artes, que ha donado su trabajo. Pensamos que ese es un modo de estar abierto a todos los que, de una manera u otra, han contribuido con esta realidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos mucho su presentación.

SEÑORA GARCÍA.- Muchísimas gracias por habernos recibido.

Material adjuntado por la Fundación por la Salud del Paciente Leucémico.

(Se retiran de Sala las representantes de la Fundación Porsaleu.)

(Ingresan a Sala los representantes del Centro de Navegación.)

SEÑOR PRESIDENTE.-  Les damos una calurosa bienvenida y les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR BAUBETA.- Buenos días y muchas gracias por recibirnos.

                Mi nombre es Mario Baubeta, soy Presidente del Centro de Navegación y quiero referirme a los artículos 184 y 185 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que está a consideración de esta Comisión. Hay dos aspectos del articulado a los que queremos hacer mención especialmente. El primero de ellos tiene que ver con la responsabilidad solidaria del agente marítimo con el armador con respecto a los servicios y demás obligaciones generadas por el uso de los puertos. Recalco esta última frase: las demás obligaciones generadas por el uso de los puertos.

                Por otro lado, está la disposición de considerar como título ejecutivo a las resoluciones firmes y las facturas conformadas de la Administración Nacional de Puertos, y aplicarles el procedimiento del Código Tributario.

                Con relación al primer punto, quiero informar a la Comisión que los buques de línea regular que ingresan al Puerto de Montevideo tienen la obligación de presentar, a su arribo, cobertura de seguros al Oficial que les da la libre práctica, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 17.121. Allí se establece que: “Las embarcaciones extranjeras que naveguen en aguas de jurisdicción nacional deberán poseer seguros de casco, responsabilidad civil y protección e indemnización, incluyendo remoción de restos”.

                Los buques pesqueros de tercera bandera -como es de público conocimiento, son los que han originado los mayores siniestros en nuestro Puerto- deben presentar los seguros previo al arribo del buque para que se les otorgue sitio de atraque. Además, en el artículo 22 del último Reglamento General de Atraque -resolución de la Administración Nacional de Puertos publicada en el Diario Oficial el 4 de junio de 2010-, para los buques con más de diez días de inactividad en el puerto hay determinadas exigencias. Cinco días antes deben presentar una cobertura adicional al propio seguro internacional que tengan y una póliza de una compañía aseguradora radicada en el Uruguay por un monto de US$ 400.000 por responsabilidad civil y US$ 200.000 por daño ambiental.

                De acuerdo con lo expuesto, la Administración Nacional de Puertos está totalmente cubierta por los hechos extraordinarios que sucedan durante las escalas: siniestros, daños o eventuales multas. Por lo tanto, consideramos que los artículos que se proponen, que hacen responsables a los agentes marítimos por todas las obligaciones ocasionadas en el uso de los puertos, son excesivos e innecesarios. Constituyen un elemento más que va a contribuir a un incremento de costos -porque los agentes deberemos tomar nuestras coberturas- que finalmente pagará el comercio exterior del país. De hecho, ya es suficientemente injusta la situación actual que se impone al agente marítimo al no hacerse efectivo el pago, al vencimiento, de la factura de la Administración Nacional de Puertos, lo que trae aparejado el corte inmediato de los servicios, no pudiendo, por ejemplo, solicitar muelles para un buque, mover un contenedor o una mercadería en los puertos.

                Consideramos que los sucesos producidos, ajenos a la solicitud del servicio, no deben ser responsabilidad del agente marítimo; esa es nuestra principal posición. A modo de ejemplo, la rotura de una defensa, de una grúa o de un muelle, son hechos que, como ya hemos expresado, están cubiertos por los seguros obligatorios correspondientes que se presentan al arribo. En las versiones taquigráficas que recogimos en la Comisión de la Cámara de Representantes se justificaban estos artículos argumentando que los armadores son extranjeros y no era posible notificarlos. En los hechos se da que la notificación al armador se practica en el domicilio de su agente marítimo, práctica que tiene más de 30 años. Esto es lo que quería expresar brevemente con respecto a estos dos artículos.

                A continuación, corresponde que el doctor Ricardo Mezzera analice la parte jurídica de estos dos artículos.

SEÑOR MEZZERA.- Quiero destacar que soy asesor jurídico del Centro de Navegación y su Presidente me solicitó que lo acompañara para resumir de manera muy rápida algunas objeciones desde el punto de vista estrictamente jurídico. Voy a tratar de evitar los aspectos más áridos de la cuestión jurídica y hacer un planteo bien resumido.

                Creo que la lista de objeciones que presentan estos dos artículos es larga, pero fundamentalmente el primer cuestionamiento que podemos hacer es que se parte de la base de un concepto desnaturalizado de lo que es la propia actividad del agente marítimo. El agente marítimo es una empresa totalmente independiente del armador, no es el transportista, no es quien maneja la operativa práctica y concreta del buque, porque eso lo hace el armador a través del Capitán; es un representante de tipo comercial, lo que es pacíficamente aceptado. Por lo tanto, hacerlo responsable de deudas ajenas, que no puede controlar, puede desembocar en situaciones muy injustas. Como decía, es pacíficamente aceptado que el agente marítimo no puede ser responsable con su patrimonio por deudas del armador, pues no puede funcionar como una especie de fiador de deudas que, eventualmente, son ilimitadas.

                Otra objeción que se puede hacer al actual artículo 184 del proyecto es que es confuso, pues no se sabe si la responsabilidad del agente alcanza solo a los servicios que  efectivamente este contrata en nombre del buque, o si se refiere, como decía el Presidente del Centro de Navegación, a otro tipo de obligaciones en las que pudiera incurrir el buque, que son totalmente ajenas al control e, incluso, al propio conocimiento que el agente puede tener de la situación. Además, estoy convencido de que el actual artículo 184 es inconstitucional. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de una afectación genérica e ilimitada del derecho de propiedad del agente marítimo, por cuanto va a responder de manera genérica e ilimitada por deudas que le son ajenas y en las que no ha incurrido, como es el caso de los daños a la infraestructura, daños que no pudo controlar ni evitar porque son causados por un tercero, por una empresa independiente sobre la que no tiene control. ¿Cuál podría ser la válvula de escape para considerar que esta situación de trasladar la responsabilidad al agente es constitucional? Está prevista en el artículo 7 de la Constitución de la República y sería considerar que esa traslación de responsabilidad solidaria está basada en un interés general. En lo personal, entiendo que no existe un interés general en esa traslación de responsabilidad porque de lo que se trataría es de facilitar el cobro de una deuda y, naturalmente, eso va más allá de cualquier concepto de interés general para limitar un derecho irrestricto como son las protecciones que el artículo 7 de la Constitución establece.

                Otro elemento que me parece importante cuando se analiza esta situación es que hay una jurisprudencia constante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ha rechazado o anulado resoluciones de la Administración Nacional de Puertos que buscan responsabilizar al agente por deudas del armador como, por ejemplo, sanciones en las que incurre a través de su Capitán o por daños en la infraestructura, tal como mencionó el Presidente del Centro de Navegación.

                Esa jurisprudencia es constante en los últimos años y se basa en dos aspectos: primero, en que no existe una ley que lo permita; y, segundo, en que caracteriza de manera correcta cuál es la función del agente marítimo, o sea, prestar servicios de distinto tipo -por supuesto, no náuticos- al armador y, por ende, no se justifica esa responsabilidad.

                Como adelanté al principio, en muchos casos el agente marítimo ni siquiera conocerá la fuente ni la extensión del acto o de la conducta que eventualmente genere esa responsabilidad. Son cuestiones que tienen que ver exclusivamente con la operativa de los buques y con posibles violaciones de la normativa portuaria y de su operativa en general en que incurren estos o sus armadores. En la medida en que no la controla ni puede evitar, sancionarlo de esa manera no es razonable y va contra los principios elementales de Derecho.

                Evitaré algunas consideraciones un poco áridas sobre las características de la solidaridad porque me queda poco tiempo y quiero hacer otro planteo.

                El Centro de Navegación ha traído una propuesta de redacción sustitutiva de los artículos mencionados. En grandes líneas, se busca ratificar la responsabilidad de los armadores en aquellas deudas que les son propias.

En segundo lugar, y a pesar de que, a nuestro juicio, se contrarían los principios de independencia de las dos empresas mencionadas anteriormente, proponemos una redacción sustitutiva en lo que hace a la responsabilidad exclusiva por aquellos servicios o suministros en los que el agente, en representación del armador, puede tener control o simplemente conocer.

 En tercer término, proponemos una modificación del procedimiento de cobro de las eventuales facturas conformadas o resoluciones firmes. Esto no supone recurrir a algunas disposiciones del Código Tributario porque implicaría una limitación del derecho de defensa de las agencias marítimas en determinados casos. Además, entendemos que no es lo mismo la reclamación por un eventual daño a la infraestructura portuaria causada por el buque, que una deuda por tributos. Creemos que son situaciones esencialmente distintas y, por tanto, no se justificaría limitar legalmente las posibilidades de defensa de ese responsable solidario que, entre otras cosas, no ha generado el perjuicio o el acto punible.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quisiera entender cuál es la relación entre el agente marítimo y el armador. De la lectura del artículo y de lo que conozco del tema deduzco que hay una cadena productiva -por llamarla de algún modo- entre el propietario del buque, el armador, etcétera, y que eso genera obligaciones solidarias.

                Leí rápidamente las propuestas alternativas, pero reitero que me cuesta discernir ese vínculo entre el agente marítimo y el armador como para entender la propuesta.

SEÑOR MEZZERA.- El concepto de agente marítimo tiene larga data pues ya figura en el Código de Comercio, más allá de que esa redacción es poco clara.

                Cuando el buque arriba a un puerto necesita de determinados servicios, como, por ejemplo, contactar a los destinatarios de la carga para avisarles que llegó. Asimismo, se requiere que el Capitán, en este caso el armador -porque las cosas son más fluidas que en el Siglo XIX-, avise a las autoridades portuarias sobre los ingresos del buque y avise y coordine con los prestadores de servicios, los suministros que el  buque va a necesitar como, por ejemplo, combustible, prácticos,  remolques,  es decir, todo ese tipo de  cuestiones accesorias que la operativa de un buque necesita en un puerto extranjero.

                Anteriormente había mencionado que el agente marítimo no es transportista, no participa del negocio del transporte marítimo en sí, sino que es un prestador más de servicios y lo que puede hacer es representar comercialmente al armador en estas cuestiones prácticas que mencionaba. Para citar un ejemplo, el agente marítimo puede emitir documentos de transporte porque lo autoriza el armador, pero siempre de manera accesoria al objetivo principal de la actividad que es el transporte marítimo propiamente dicho. De manera que yo no diría, como se mencionaba, que se trata de una suerte de cadena productiva, sino de un proveedor de servicios más que tiene el buque cuando está surto en el puerto.

SEÑOR PENADÉS.- Como ayer discutimos con el señor Ministro los artículos propuestos por el Poder Ejecutivo y hoy concurrió el Centro de Navegación  y trajo una propuesta alternativa, propongo que la Presidencia le envíe al Ministro  la versión taquigráfica de lo expresado en Sala, para adelantar la posible negociación  en el sentido de modificar los artículos propuestos por el Centro de Navegación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correcto, señor Senador. Justamente una de las cosas que habían quedado pendientes era rever este tema. La información que el Centro de Navegación nos ha suministrado será de utilidad para buscar soluciones alternativas, por lo tanto, enviaremos la versión taquigráfica al señor Ministro porque, además, la Cartera comunicó que no estaba en conocimiento de la propuesta alternativa aquí presentada.

                Agradecemos a los representantes del Centro de Navegación por la información que nos han brindado.

Material adjuntado por el Centro de Navegación.

(Se retiran de Sala los representantes del Centro de Navegación.)

(Ingresan a Sala representantes de Niños con Alas, Liceo Jubilar y Fundación Impulso.)

 

-La Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a los invitados, a quienes les agradece su presencia y, con mucho gusto, les cede el uso de la palabra.

SEÑOR DE POSADAS.- Estoy aquí en representación de la Fundación Niños con Alas y agradezco a la Comisión por habernos recibido.

                Como sabrán los señores Senadores, el tema que nos ocupa es el régimen de donaciones con beneficios tributarios. No se trata de algo que le vaya a cambiar la situación al Uruguay, pero créannos que afecta directamente la vida de varios miles de uruguayos. En el caso concreto de Niños con Alas, involucra a no menos de 1.700 chicos y sus familias.

                Este régimen viene de la última reforma tributaria realizada por el Gobierno anterior y en sus años de funcionamiento no ha mostrado desvíos ni desbordes. Además, en lo que se ha dado en llamar “sacrificios fiscales”, insume un volumen muy bajo. Creo que en el último Ejercicio -que ha sido el de mayor porte- no llega a los US$ 3:000.000. Me refiero, como dije, al llamado “sacrificio fiscal” que, en todo caso, es lo que hay que computar. Además, se trata de un sistema que funciona dando información al Ministerio de Economía y Finanzas, por cuanto se deben presentar los proyectos y siempre hay rendiciones de cuentas. O sea que tampoco resultan ser actividades que puedan pasar inadvertidas  para la Administración y, reitero, no han dado lugar a ningún tipo de desborde.

                Por otra parte, se trata de un mecanismo que tiene un ingrediente como de autocontrol, en el sentido de que el donante debe poner parte de la donación de su bolsillo y nadie tira la plata. La práctica así lo demuestra y estoy seguro que los aquí presentes tienen la experiencia de recaudar fondos para motivos no económicos -como es el caso de la actividad política, que es perfectamente válido- y saben lo difícil que es.  O sea que no estamos ante una actividad que se desarrolle con facilidad, donde la gente tire bolsas de dinero y, por lo tanto, esto pueda dar lugar a cifras monstruosas. No es así. Es muy difícil conseguir fondos para el propósito que sea.

                La idea de fijar topes nominales -que, por supuesto, tiene su fundamento en una preocupación  genuina de controlar lo que haga el Estado- no tiene asidero práctico y para un número  indeterminado  de instituciones es imposible funcionar con esa limitante. Estas instituciones, de acuerdo con los proyectos que tengan, con sus tiempos y necesidades, salen a buscar con dificultad          -insisto- a quienes puedan apoyarlos y eso es imposible si uno no sabe si el termómetro ya está en el 30%, 40%, 50% o en la nada. Además, no es posible proyectar cosas a largo plazo porque de un año a otro, si pega contra el techo, se puede eliminar. O sea que el mecanismo de los topes, en la práctica, no funciona. Reitero: no parece ser una situación en la que haya riesgo de desbordes.

                Por otro lado, lo que se proyecta con esto de los topes trae algunos inconvenientes adicionales porque competirán instituciones que ya tienen financiación del Estado con otras que dependen de lo que  les puedan dar. De alguna manera, es injusto este mecanismo.

                La versión de este artículo aprobada en la Cámara de Representantes agrava esta situación. En el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo se obligaba a las instituciones con subsidio y subvención a elegir por qué sistema querían optar, pero en la Cámara de Representantes ese punto quedó eliminado. Además, se incorporan nuevas instituciones a la lista de beneficiarios. En todo caso, creo que el problema está ahí, es decir, en ir agrandando la lista, más que en los volúmenes de donaciones que cada uno pueda obtener.

Por último, quiero mencionar que, en sus orígenes, el proyecto -en el caso de Niños con Alas-  tuvo la intervención preceptiva del Ministerio de Educación y Cultura, pues esa actividad no la puede desarrollar la Cartera al no tener posibilidades para ello. En la práctica, hoy en día Niños con Alas se ha presentado al Ministerio de Educación y Cultura, pero no saben qué hacer con la presentación pues no hay antecedentes al respecto y no tiene una finalidad objetiva clara.

SEÑOR AEMILIUS.- Soy el actual Director del Liceo Jubilar, ubicado en la zona de Casavalle, Borro, Marconi y Palomares, donde no hay prácticamente otros centros de Enseñanza Secundaria. Es de destacar que en este centro tenemos cero deserción y cero repetición y que asisten adultos que están cursando el Ciclo Básico, porque en 10 kilómetros a la redonda no hay liceos para adultos. En este momento estamos preinscribiendo y ya hemos alcanzado el número de 300 chicos preinscriptos, para 70 lugares. Haciendo referencia al problema de la marginalidad de la educación, en este caso debemos decir que no competimos con ningún centro de enseñanza pública. Si nosotros no sacamos a los gurises de la calle, ello va a repercutir en desmedro de la sociedad toda. Por lo tanto, es nuestro deseo poder seguir teniendo nuestras puertas abiertas, brindando a los más chicos y a los adolescentes y también a sus familias -que son los grandes damnificados del sistema actual- una posibilidad de estudio. No debemos olvidar que los padres de nuestros alumnos también están estudiando en el Liceo Jubilar cursando Ciclo Básico, que es obligatorio por ley.

                He venido en nombre de las familias y de los chicos a pedir que esa parte de la población considerada zona roja, tenga un lugar real, por medio de la educación, que les permita forjar un futuro mejor.

SEÑOR HERRERA.- Soy Presidente de la Fundación Impulso, que es una institución nueva  creada por un grupo de gente que apoya al Liceo Jubilar y que pretende replicar su ejemplo con liceos laicos. El proyecto que hemos presentado ya fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas bajo este sistema que empezó a regir en enero, porque la norma que crea esta categoría de institutos privados de enseñanza en zonas carenciadas fue aprobada en la Rendición de Cuentas del año pasado. Bajo ese paraguas se presentó la iniciativa, que fue aprobada. La ubicación del Liceo será en San Martín y Aparicio Saravia, en el barrio Marconi, una zona realmente difícil. Es de destacar que estaríamos comenzando a construir antes de fin de año y en este momento estamos buscando director para la institución, habiendo ya publicado el aviso correspondiente en la sección  Clasificados del Diario “El País”. El gran problema de poner un tope es que este tipo de instituciones no cobra cuota ni matrícula. El Liceo Jubilar tiene una inscripción de 300 chicos para 70 lugares y, por nuestra parte, pensamos agregar 75 lugares más, con tres grupos en 1º a partir de 2013. Obviamente, no se puede manejar responsablemente estas instituciones sin tener certeza de que se contará con determinado monto; para dar una idea aproximada, entre US$ 300.000 y      US$ 400.000 al año es lo que le cuesta al Liceo Jubilar estar funcionado actualmente, que sería más o menos lo que necesitaría también este instituto. Si esto es exitoso, la idea es que se construya otro centro, y -si es necesario- otro más. Como decía, la instalación de este Liceo solo puede funcionar  si se tiene la certeza de poder conseguir todos los años  las retribuciones para solventarse; de lo contrario, este tipo de ideas no se pueden llevar a cabo.

Por tanto, lo que proponemos es que el inciso 1) B) del artículo no tenga tope.

SEÑOR AEMILIUS.- Recuerdo que lo que estamos pidiendo es para la población carenciada de nuestro país, para atender exclusivamente a niños y adolescentes.

SEÑOR MICHELINI.- Se trata de un tema bastante complejo; en realidad, entender este tipo de artículos siempre nos ha dado dolores de cabeza, y esto bien lo sabe la  señora Senadora Topolansky, quien se ha encargado en varias oportunidades de estos temas. El propio integrante de la delegación, el doctor Ignacio de Posadas, que ha sido Senador e incluso Ministro, conoce lo que es la Rendición de Cuentas.

                El tema es que quede claro si nuestros visitantes nos están proponiendo algunas modificaciones, incluida la relativa al tope, o si creen que estos artículos no deberían votarse y que corresponde que siga rigiendo la ley vigente. Si se trata de la primera de las hipótesis, destaco que para nosotros sería muy bueno que nos acercaran alguna redacción en ese sentido. Si es un tema de topes, luego veremos cómo lo resolvemos, pero a quienes estamos en el Parlamento siempre nos ayuda contar con algunos insumos o artículos          -independientemente de si después los aceptamos o no- que logren plasmar el planteo objeto de la respectiva visita.

SEÑOR HERRERA.- Nosotros ya hemos hecho nuestro planteo y, obviamente, no vamos a opinar sobre todo el régimen porque no estamos aquí para eso. El doctor de Posadas ha mencionado que cree que este aspecto debería dejarse como estaba, es decir, regulado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y es posible que eso sea algo razonable, en particular, en la situación de estas tres Fundaciones.

Estamos hablando del inciso 1) B) que se diferencia de todos los demás porque no tiene nombres ni apellidos, no es tal o cual fundación -no es Niños con alas, Liceo Jubilar ni Fundación Impulso- sino que se trata de una categoría amplia.  Obviamente, en el futuro podrán nacer o dejar de existir otros proyectos, pero es imposible funcionar con cualquier tope porque si el número de instituciones es indeterminado, no se puede tener la certeza de cuánto le puede tocar cada año.

En concreto, lo que pedimos es que respecto al inciso 1) B) se establezca que no tiene tope y que se rige por el régimen anterior, es decir, que el Poder Ejecutivo pueda establecer los límites y la reglamentación, tal como lo ha hecho hasta ahora. 

SEÑOR DE POSADAS.- Tratando de ir al encuentro de la inquietud del señor Senador Michelini, quiero decir que el proyecto del Poder Ejecutivo tiene otras innovaciones.

                Con respecto al tema del tope, creo que es inoperante en todos los casos pero más aún en la categoría mencionada por el doctor Herrera porque en los demás casos estamos hablando de instituciones. Aquí hay una actividad que engloba un número indeterminado de instituciones, lo que es complicado para la Administración porque le será imposible precisar determinados aspectos y esto, después, va a originar conflictos, discusiones de fechas, etcétera. 

                Por otro lado, el proyecto presenta innovaciones en cuanto a beneficiarios y, en lo que me es personal, pienso que este es el quid del asunto. El problema en estos casos es que cada año aparecen más y más beneficiarios.  Asimismo, se incluyen algunos elementos más, por ejemplo, en el caso de las instituciones de enseñanza se establece que deben estar habilitadas de antemano. Esto “inviabiliza” casos como el planteado por el doctor Herrera, que quiere hacer algo nuevo en una zona de Montevideo que lo necesita.  Entonces, se impide mejorar, se corta la frontera en este sentido.

                Después se contemplan algunos aspectos adicionales, requisitos de presentaciones y demás que, básicamente, se incluían en la reglamentación. Me parece bien que se tengan en cuenta todos los controles y que se rinda cuentas, creo que todo eso es perfecto.

Tratando de redondear nuestra presentación, quiero decir que con mucho gusto podemos enviar sugerencias de redacción para que los señores Senadores resuelvan al respecto, pero considero que el tema principal es el de los topes. Creo que la intervención del Ministerio de Educación y Cultura es secundaria y, en definitiva, no cumple ninguna función importante porque, para constatar si las instituciones están o no en zonas marginadas, basta con mirar un plano de Montevideo; nadie piensa en instalar el Colegio Inglés en el Barrio Borro, por lo que no se necesitaría más control que ese.

Resolver si las nuevas instituciones merecen o no estos beneficios es un tema de los señores Senadores; nosotros no podemos opinar respecto a si reúnen o no las condiciones necesarias.

Creo que estos son, básicamente, los aspectos medulares a tener en cuenta. En definitiva, es cierta la consigna  de que quien habla debe escribir lo que dice.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero plantear una nueva inquietud, a pesar de que soy consciente de que estamos alargando la agenda.

Si no existieran topes o fueran más altos -en definitiva, también sería una forma de que no los hubiera-, tal vez la acción del Ministerio de Educación y Cultura podría no ser preceptiva y el Ministerio de Economía y Finanzas podría hacer las consultas pertinentes cuando algún proyecto le generara dudas y no contara con los servicios especializados para abrir juicio sobre ello. Quizás habría que ir por ese camino.

SEÑOR HERRERA.- Aquí no se trata de subir el tope a una categoría como la 1B; deberíamos tener certeza de que si estamos administrando un liceo, tenemos la responsabilidad de conseguir las donaciones y saber que podemos contar con ellas para mantenerlo, habida cuenta que estos son proyectos de largo plazo. Reitero que, independientemente de cual sea el tope, si conseguimos los fondos necesarios, deberíamos tener la certeza de que los podremos utilizar. En la medida en que el número de proyectos aumente -ojalá que así ocurra porque se supone que por algo el Parlamento creó esta categoría tan beneficiosa y complementaria de otras tantas decisiones políticas para promover una mejor educación-, el tema del tope volvería a plantearse nuevamente.       

                Además, queremos decir que el tope para el 1B es junto con el 1A, para la educación pública. Quiere decir que los fondos que se consigan para la educación pública -que ya está obteniendo por vía de presupuesto- competirían con estas actividades a las que habría que ayudar porque, a nuestro juicio, son complementarias. De esta forma tenemos incertidumbre acerca de si el sector público se toma buena parte del tope.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, les agradece la presencia en este ámbito.

Material adjuntado por Niños con Alas. Liceo Jubilar. Fundación Impulso. Primera Parte.

Material adjuntado por Niños con Alas. Liceo Jubilar. Fundación Impulso. Segunda Parte.

(Se retiran de Sala los representantes de Niños con Alas. Liceo Jubilar y Fundación Impulso.)

(Ingresan a Sala representantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya.)

                -Damos la bienvenida a los representantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya a quienes, sin más trámite cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR LEMA.- Soy el Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya y agradecemos a la Subcomisión de Audiencias que nos haya recibido.

                Estamos preocupados por el artículo 193 del proyecto de Rendición de Cuentas que alcanza a los trabajadores, periodistas y productores de Canal 5. Por un lado, advertimos que a los trabajadores se les podría llegar a registrar una rebaja salarial y, por otro, que se establecen una serie de plazos para la renovación de los contratos con un máximo de seis años. Si bien no estamos pidiendo que los compañeros periodistas queden presupuestados en el canal, queremos que se les brinde una cierta estabilidad en el trabajo que realizan y no que a los seis años se les termine el contrato.

                En el día de hoy nos acompañan el asesor legal de APU -con quien tuvimos la oportunidad de elaborar un artículo sustitutivo que seguramente fue repartido entre los señores Senadores-, y algunos compañeros del canal que serán quienes brinden más información acerca de la situación que están viviendo.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Muy buenas tardes. Represento a los periodistas y productores de la Televisión Nacional. Nuevamente, agradecemos su recibimiento y trataremos de ser breves y concisos en este tema.

                Nuestro planteo -como muy bien señalaba el Presidente de APU- tiene varios puntos. El objetivo fundamental es que se reconozca, entre otras cosas, que desde hace varios años dentro del canal funciona un plantel de periodistas y productores que todos los días llevan adelante la tarea para la que fueron designados. Asimismo, queremos aclarar -como también lo hicimos al momento de comparecer ante la Comisión en la Cámara de Representantes- que nuestro objetivo no es pasar a ser presupuestados o funcionarios públicos. Es más, profunda sorpresa nos llevamos a lo largo de este período de negociación cuando pensamos que estábamos trabajando en base a un contrato laboral de Derecho Privado -que por distintas circunstancias no es el que hoy está encima de la mesa- y nos encontramos con esta nueva figura.

                Nuestro objetivo -como muy bien lo señalaba el señor Lema- es que se comprendan algunas especificidades que tiene la televisión pública dado que su cabal entendimiento permitiría que de a poco pudiéramos tener posibilidades reales de competir con la televisión privada. Hacer televisión dentro del Estado con las limitantes que existen es muy difícil y nosotros, día a día y noche a noche, somos juzgados por nuestro trabajo; seguramente, se desconocen las condiciones en que tenemos que realizarlo, sobre todo a la hora de contratar gente.

                Cuando por cualquier motivo se produce una baja en el personal en áreas fundamentales para poder llevar adelante nuestro trabajo, es imposible suplirla. Hoy estamos viviendo esa situación ante la baja de un técnico fundamental, editor para un informativo, y no tenemos posibilidades de que alguien se haga cargo de su trabajo. Esta noche los señores Senadores podrán ver el informativo de Televisión Nacional y juzgarlo como crean conveniente sin tener idea, quizás, de que estamos trabajando en condiciones muy difíciles.

                Antes que nada, nos gustaría que se tomara en cuenta lo expresado. Necesitamos que se entienda que la televisión pública es algo distinto dentro del Estado y que, necesariamente, en algún momento hay que plantearse esas especificidades.

                Con respecto al tema de las contrataciones, preferiría que nuestro asesor letrado hiciera uso de la palabra. Insisto en que nos interesa mucho dejar en claro que nuestro objetivo no es ser funcionarios públicos y que, más allá de nuestra situación contractual, nuestra intención es llegar, en algún momento, a que la televisión pública tenga otras capacidades que le permitan ser realmente competitiva. 

SEÑOR RAMAURO.- Estamos hablando de trabajadores de los medios vinculados al canal desde hace 5, 6, 7 y hasta 10 años, si bien ha habido nuevas incorporaciones. Entonces, si bien no se han establecido dentro del canal mecanismos de evaluación periódicos, día a día, por el hecho de permanecer en el tiempo entendemos que se trata de gente que ha sido suficientemente evaluada.

                En este sentido es que planteamos nuestra primera propuesta de modificación al artículo 193 que pasó a estudio de esta Comisión en el Senado, y que fuera aprobado por la Cámara de Representantes.

                Transitamos un largo período de negociación -como muy bien señalaba el compañero- con las autoridades del canal y con el Ministerio de Educación y Cultura con la idea de un contrato laboral, figura creada en la Ley de Presupuesto y reglamentada vía decreto en febrero de 2011. Cabe señalar que nos sorprendió que la propuesta del Poder Ejecutivo que llegara a este ámbito fuera otra y bajo la figura de contrato temporal de Derecho Público.

                Trabajando entonces sobre lo que está planteado en la Mesa, es que sugerimos o proponemos la adecuación de este artículo votado en la Cámara de Representantes a la realidad de los trabajadores del canal.

                El artículo 193 establece que los trabajadores que vienen desempeñando estas tareas en los medios -en el artículo se hace una descripción de categorías y tareas- podrán ser recontratados bajo esta figura de contrato temporal de Derecho Público, lo que genera una incertidumbre muy importante. Decir “podrán ser contratados” es lo mismo que decir “podrán no ser contratados” y, por eso, entendemos que el articulado debería establecer que no mediando una evaluación negativa del jerarca -los trabajadores están dispuestos a que se los evalúe-,  los trabajadores van a permanecer realizando sus tareas. No queremos que se llegue al 1º de enero y los trabajadores no sepan si van a continuar o no, tal como viene ocurriendo desde hace muchos años. Además, no queremos que este sea un instrumento que permita  alguna arbitrariedad.

                En segundo lugar, queremos referirnos a algo que hace a las características que se plantearon, de la tarea en los medios en general y, en particular, en un canal oficial. No nos referimos a la permanencia en términos de trabajadores presupuestados, pero sí  a que se prevea un mecanismo que supere esa limitante planteada en los contratos temporales por definición, es decir, que el contrato no pueda ser por más de tres años y renovable hasta por igual período. Entendemos que mediando informe negativo, siempre se puede rescindir un contrato, entonces, esto no debería tener solución de continuidad y, por tanto, las renovaciones podrían ser periódicas y automáticas de no mediar informe negativo, sin establecer períodos máximos de renovación.

                En tercer término, al aplicarle a estos trabajadores la figura del contrato temporal, también hay que aplicarles la escala máxima salarial prevista por el decreto reglamentario de 2011. En esa escala máxima se pasa de la categoría profesional a la categoría técnicos, pero muchos de estos trabajadores no son profesionales porque no son egresados de la Universidad de la República, aunque realizan las tareas de los profesionales, ni tampoco son técnicos, entonces, no habría franja salarial. Lo que nosotros planteamos es que se incluya en lo que es la escala máxima que habla de los trabajadores profesionales, “profesionales e idóneos”. Es decir que aquellos que a juicio de la Administración son idóneos y que hoy por hoy están desarrollando -o puedan llegar a hacerlo-  tareas de profesionales aunque no tengan el título que los habilite como tales, podrían tener hasta ese máximo de escala salarial. Como hay un máximo, si la Administración lo entiende, siempre podrán ganar menos que alguno que tenga título. Esto habilitaría a que no hubiera rebaja salarial porque los trabajadores ya hoy tienen un salario, y si no garantizamos que la Administración tenga la posibilidad de llegar a ese techo, el cambio de contrato laboral podría significar una rebaja salarial. En realidad, esos serían los cambios.

                Como decía el Presidente del Sindicato tratamos de realizar las modificaciones sobre el texto aunque, mientras tanto, se mantendrían los contenidos en cuanto a que los compañeros tengan la seguridad que van a continuar en el canal si no hay un informe negativo, que las contrataciones sean sucesivas sin límite y que se asegure que puedan mantener los salarios actuales; las redacciones finales podrían variar.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que la inquietud es que pasados los tres años y si se vuelve a renovar el contrato -estaríamos hablando de seis años-,  luego no se podría volver a renovar aunque se quisiera.

SEÑOR RAMAURO.- Es así.

SEÑOR MICHELINI.- Entonces, si quedaran exentos de ese régimen                -independientemente de que su aspiración es que año a año haya una evaluación- no existiría esa posibilidad de que cayera la guillotina sin que se pudiera hacer algo, aunque todos lo quisiéramos.

                El segundo aspecto refiere a lo económico porque, de aplicarse, algún integrante del plantel podría quedar con un salario inferior al que tiene.

                Mi pregunta concreta es si esto es para periodistas y reporteros o para todos porque aquí estamos hablando de periodistas, reporteros, productores de programas, productores periodísticos y conductores.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Me gustaría que se ampliara un poco más la propuesta que han traído, sobre todo cuando se dice: “serán contratados en las condiciones previstas si no mediara informe negativo del jerarca”, porque puede haber un informe positivo del jerarca, pero un cambio de programación o de estructuración del producto que brinda el canal que no justifique la recontratación. Pongo este tema sobre la mesa a modo de pregunta, porque me parece que no solo un informe negativo puede derivar en la no renovación.

                Por otro lado, quisiera saber si ustedes aspiraban a que el contrato se hiciera por las normas del Derecho Privado.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Lo que aquí se pretende, básicamente, es abarcar la categoría de periodistas y productores, que son aquellos que tienen una relación de trabajo un tanto distinta a la de quienes desempeñan una función técnica. De cualquier manera, todas las categorías que están incluidas en el artículo 193 son fundamentales para el funcionamiento de un canal; no hay nada que no tenga que ver con el día a día o con el trabajo hora a hora del canal.

                Respecto a lo que preguntaba el señor Senador Michelini acerca de nuestra intención de que no existan plazos, debo afirmar que para que el producto sea competitivo apostamos a que los planteles se mantengan lo máximo posible en el tiempo. No es novedad para nadie que la confianza en el público para con determinadas figuras se genera a través del tiempo.

SEÑOR MICHELINI.-  No solo sucede con los periodistas.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Por supuesto, señor Senador.

                Si ven la televisión privada habrán podido comprobar que las figuras se mantienen en el tiempo, porque con esa permanencia se ganan la confianza que hace que el público las elija. Esto lo detectamos como un enorme problema dentro de la televisión pública en años anteriores, pues la constante renovación de caras hacía que la gente prendiera el televisor y, por no conocer a quien tenía delante con la responsabilidad de informarle, optara por no elegirlo. Pedimos, pues, que se comprenda que para ser competitivos, además de contar con planteles capacitados como los que tenemos, necesitamos esa permanencia en el tiempo y, reitero, esa comprensión de que un canal de televisión, para que no sea simplemente pour la gallerie, debe atender algunas especificidades en lo que hace a su día a día.

                Quiero resaltar que en el día de hoy ustedes podrán juzgar un producto informativo que se hará en condiciones muy complicadas, en virtud de la pérdida de algunos elementos -en algunos casos viajan al exterior para formarse- que no tenemos cómo suplir. Eso nos va a pasar hoy, esta tarde, y por eso insistimos en la necesidad de que se comprenda que hay problemas que necesitan urgente atención.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Les recuerdo que están un poco excedidos en el tiempo.

SEÑOR RAMAURO.- En cuanto a la pregunta formulada por la señora Senadora Topolansky sobre el informe negativo del jerarca, vale aclarar dos aspectos.

En primer lugar, si a mediados de setiembre, después de seis, ocho o diez años de trabajo, no se consideró que fuera necesario un cambio de programación, tal vez dentro de dos meses esto no ocurra. De cualquier forma, cuando hablamos de informe negativo no nos referimos necesariamente a una baja producción o a un mal trabajo realizado, sino a que el perfil de este trabajador no encaje en las tareas que nos proponemos para el futuro. En realidad, la idea del informe negativo refiere a que pretendemos no renovarle el contrato porque el trabajador no va a poder realizar la labor que necesitamos en el canal. Por supuesto, pretendemos que tal resolución sea fundada y no arbitraria, aunque por la observación que hace la señora Senadora, quizás los términos en que se expresa no sean los más felices.

                Con respecto a la pregunta de si aspiramos a un contrato laboral de tipo privado, quiero decir que, en su momento, cuando en este régimen de transición se salió de la precariedad que tenían los contratos de estos trabajadores, se planteó que la figura más idónea era la del contrato laboral, excluyéndonos de la limitación que plantea la última Ley de Presupuesto, reglamentada por el Decreto de febrero de 2011, que establece que el máximo de tiempo es por un año. En realidad, hubiéramos venido a plantear lo mismo en cuanto a la posibilidad de renovaciones sucesivas, pero sin entrar al régimen del Derecho Privado. Precisamente en esto es en lo que habíamos avanzado y, diría, acordado con la Dirección del Canal y con el Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑOR OLIVERA.- En primer lugar, quisiera agradecer que nos hayan recibido.

Me gustaría ampliar la información que mi compañero Carlos Rodríguez brindara sobre el tiempo, la preparación y el profesionalismo de los compañeros. Es conocido por todos que Canal 5 ha sido la gran escuela de muchos de nosotros. Personalmente, me cuento entre quienes aprendimos en Canal 5, pero quizás debemos preguntarnos si realmente queremos que siga siendo una escuela o si ya es momento de que ello cambie. Con este tipo de contrato, limitado a seis años, tendríamos que capacitar nueva gente cada seis años como máximo. ¿Cuánto vale capacitar a la gente?

Reitero que yo fui a la escuela de Canal 5 -ahora estoy trabajando en otro lado- pero me pregunto si queremos que siga siendo una escuela o es tiempo de empezar a armar un proyecto más profesional de televisión.

SEÑOR RAMAURO.- Pregunto: ¿hasta dónde es inteligente que el Estado gaste dinero en formar gente para que cuando logren la plenitud de su capacidad, terminen trabajando en un medio privado que no invirtió ni un solo peso en su formación? Esto es lo que reivindicamos y pretendemos que se entienda. Queremos que la televisión pública pueda competir. En lo que me es personal, viene invirtiendo muchísimo dinero -por lo que estoy muy agradecido- y creo que es momento de devolvérselo.

 

Material adjuntado por la Asociación de la Prensa Uruguaya.

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya.)

 

(Ingresa a Sala un representante de la Asociación Uruguaya de Enfermedades Musculares, AUEM.)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias da la bienvenida al representante de la Asociación Uruguaya de Enfermedades Musculares.

Quiero aclarar que dispone de quince minutos para realizar su exposición, debido a la gran cantidad de audiencias que han sido coordinadas para el día de hoy, por lo que ya lo dejamos en uso de la palabra.

SEÑOR TERRADAS.- Antes que nada, aclaro que soy Presidente de la Asociación Uruguaya de Enfermedades Musculares y que vengo en representación del proyecto para la puesta en funcionamiento de las tres piscinas para hidroterapia de la Escuela Roosevelt, que se encuentran inactivas desde 2009 por falta de recursos. En principio, son seis las instituciones interesadas en que vuelvan a funcionar.

                Fundamentaré los distintos motivos que nos llevan a pedirles ayuda para que nuevamente se preste ese servicio.

                La Ley Nº 18.651, “Protección Integral de Personas con Discapacidad”, declaró de interés nacional la rehabilitación integral de las personas con discapacidad. A nuestro entender, eso implica que se deben proveer los medios físicos y económicos para brindar ese servicio. Actualmente, solo funciona el Centro de Rehabilitación y Recreación para personas con capacidades diferentes “Casa de Gardel”, ubicado en la calle Podestá, que ha pasado a la órbita de ASSE y ha cambiado un poco el estilo con que venía trabajando en los últimos años. La Asociación Uruguaya de Enfermedades Musculares -AUEM- traslada gente a ese Centro para hacer rehabilitación, pero los períodos se han reducido a cuatro meses, luego de lo cual se da el alta al paciente, indicándosele que trate de ubicar algún club o clínica a nivel privado que le provea el servicio de hidroterapia. Debo decir que ello se vuelve muy difícil porque estudios sociológicos ponen de manifiesto que la discapacidad, lamentablemente, va de la mano con escasos recursos económicos, por lo que los afectados quedan a la deriva en la mitad de su tratamiento.

                Teniendo en cuenta que existen piscinas que cubren las necesidades de hidroterapia de esas personas, las instituciones interesadas en llevar adelante este proyecto proveerían los técnicos, por lo que solo faltarían los recursos para ponerlas en funcionamiento ya que están en un adecuado estado de conservación, por lo que es muy triste verlas abandonadas.

                Hay más de 250 instituciones que trabajan en el área de la discapacidad: más de 150 lo hacen en Montevideo, y más de 50 de ellas atienden a personas con discapacidad motriz que, por tanto, necesitan rehabilitación. Un trabajo muy bueno, realizado por la Intendencia de Montevideo, nos indica que existe una necesidad real, que hay instituciones que precisan esos servicios y que, como no disponen de piscinas adecuadas para hidroterapia, terminan trabajando -como nosotros con nuestros pacientes- en piscinas que no son las apropiadas para ello.

                Como dije al comienzo, la Ley Nº 18.651 declara de interés nacional la rehabilitación, por lo que solicitamos se tenga a bien instrumentar el cumplimiento de su mandato.

                Nos parece que el apoyo de esta iniciativa no implica un costo elevado para el Estado, pues serían $ 70.000 mensuales para no menos de 150 personas -entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores- que se verían beneficiadas, lo que supondría un costo mensual de unos $ 460 por persona que el Estado debería destinar para su rehabilitación, y no tienen otra forma de hacerlo, ya que no hay clubes privados que brinden servicio de hidroterapia con técnicos fisioterapeutas, como lo proponemos en nuestro planteo. 

En resumen, pretendemos lograr los medios para poner en funcionamiento esas piscinas; las instituciones proveeríamos tanto el transporte de las personas, como los técnicos encargados de la rehabilitación. De esta forma, en una primera instancia, se estaría beneficiando a no menos de ciento veinte o ciento cincuenta personas. Además, las instituciones que están registradas en el documento que dejaré a los señores Senadores -que no han sido contactadas hasta el momento- seguramente tendrán interés en  apoyarnos en el proyecto.

                Siempre digo que no padezco una discapacidad, pero estoy muy involucrado con el tema porque lo he vivido muy de cerca y lo conozco. Por esa razón, entiendo que va más allá de lo económico, es una cuestión de voluntad. No representa grandes costos económicos, sino que es necesario que se manifieste una voluntad para prestar ayuda. Entiendo que el Estado tiene la tarea inherente de ayudar a los más desprotegidos de la sociedad, que terminan siéndolo las personas con discapacidad. Por lo tanto, insisto, estamos pidiendo los medios necesarios para poner en funcionamiento esas piscinas a fin de que la gente pueda rehabilitarse como corresponde.

SEÑOR MICHELINI.- Pregunto si los artículos 259, 260 y 261 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, más allá de que puedan ser corregidos, no constituirían un mecanismo viable para habilitar fondos públicos que, junto con alguna donación privada, permitan poner en funcionamiento lo que nos plantea nuestro visitante.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador plantea la eventual inclusión de esta institución en las donaciones privadas por las que se deducirá el aporte impositivo de las empresas.

SEÑOR TERRADAS.- La experiencia indica que las donaciones privadas          -como reciben una mínima contrapartida- no son de dinero sino de diversos artículos.

SEÑOR MICHELINI.-  Solicitaría que la Secretaría proporcione al señor Terradas el texto de los artículos 259, 260 y 261. En estas disposiciones se establece que las empresas que pagan el Impuesto a la Renta, exoneran hasta un 75%. Si donaran US$ 10.000, deducirían US$ 7.500 que no le darían al Estado, por lo que con US$ 2.500 más que aporten se podría solucionar este problema. Creemos que luego de estudiar estos artículos, quizás el señor Terradas pueda enviarnos una carta comunicándonos si el mecanismo que proponemos a su juicio puede funcionar; de lo contrario, trataremos de buscar otra solución. Planteo esto porque instituciones de este tipo hay muchas y debemos dar un marco general.

SEÑOR TERRADAS.- Reconozco que no tenía conocimiento de estos artículos. Nuestra institución está haciendo uso de las instalaciones del Club Armenio y  pagamos mensualmente. En ese sentido, podríamos hacer un aporte, pero no el total; pagaríamos a los técnicos y algo más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por este instrumento, se exonera a las empresas hasta un  75%. Esto quiere decir que si donan US$ 10.000, deducen US$ 7.500 de su aporte de IRAE.

SEÑOR TERRADAS.- Pido disculpas, pero no tenía conocimiento de ello.

SEÑOR PENADÉS.- Quisiera saber si no reciben ningún tipo de apoyo de parte del Ministerio de Turismo y Deporte o de alguna institución pública, por ejemplo, para el mantenimiento de las piscinas que es lo que están reclamando en este momento.

SEÑOR TERRADAS.- El Ministerio de Turismo y Deporte era el que estaba a cargo de la Casa Carlos Gardel, que es el primer y único centro de rehabilitación del país, pero ahora  pasó a la órbita de ASSE.

SEÑOR AMORÍN.- Tenemos que ver si podemos encontrar alguna solución.

En primer lugar, ¿a qué institución debería ir este apoyo? Hago la consulta porque hay unas cuantas instituciones vinculadas al tema.

SEÑOR TERRADAS.- Debe destinarse a la Escuela Roosevelt, que es la que tiene las piscinas.

SEÑOR AMORÍN.- En segundo término, el señor Terradas señaló que para hacer funcionar las piscinas se necesitan $ 70.000 por mes y quisiera saber si la Institución puede cubrir parte de ese monto. 

SEÑOR TERRADAS.- En realidad, ya estamos cubriendo el costo de la hora de trabajo del técnico fisioterapeuta, así como el traslado.

SEÑOR AMORÍN.- Quiere decir que necesitarían $ 70.000 de aporte del Estado.

SEÑOR TERRADAS.- Sí, señor Senador. Ese monto es necesario para el combustible,  los químicos correspondientes y el mantenimiento en general.

SEÑOR AMORÍN.- En definitiva, necesitan $ 70.000 por mes a lo largo de todo el año.

SEÑOR TERRADAS.- Exacto, señor Senador. Es un aporte mensual y durante los doce meses del año.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión agradece al señor Terradas por el tiempo y la explicación dispensados.

SEÑOR TERRADAS.- Agradezco a los señores Senadores por haberme recibido y adelanto que voy a estudiar los artículos que me han entregado. Pido disculpas porque no puedo hacerlo en este momento, pero estoy con problemas en la vista debido a mi diabetes. Mi médico dice que es por mirar tanto por los demás y no tanto por mí. Apenas la vista me lo permita, los leeré tranquilamente.

 

Material adjuntado por la Asociación Uruguaya de Enfermos Musculares, Escuela Franklin Delano Roosvelt. Asociación Pro Recuperación del Inválido y Asociación Coordinadora y Reivindicadora del Impedido del Uruguay.

(Se retira de Sala el representante de la Asociación  Uruguaya de Enfermedades Musculares, AUEM. Escuela Franklin D. Roosevelt. Asociación Pro Recuperación del Inválido, APRI. Asociación Coordinadora y Reivindicadora del Impedido del Uruguay, ACRIDU.)

 

(Ingresa a Sala un representante del PIT CNT. Compras públicas.)

 

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias da la bienvenida al señor Iturra, representante del PIT CNT.

SEÑOR ITURRA.- Antes de comenzar, agradezco la posibilidad que me dan de decir dos o tres cosas en este ámbito. Trataré de ser -como dicen los que se extienden más en el tiempo- lo más breve posible.

                Quiero referirme al Capítulo “Compras Estatales” del proyecto de ley de  Rendición de Cuentas, relativo a compras públicas, donde aparece la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y figuran sus cometidos y su estructura. No vamos a abundar sobre los cometidos porque pensamos que la estructura de Dirección es la que refleja los cometidos y donde tenemos que centrar nuestra atención.

                En primer lugar, voy a fundamentar nuestro planteamiento, que figura en la documentación que entregué a los señores Senadores, que normalmente es poco clara, aunque trataré de ser lo más telegráfico posible.

                En el mundo actual las compras públicas constituyen más del 15% del Producto Interno Bruto y, según cómo se manejen, habrá posibilidades o no de apoyar a la industria nacional. Si tomáramos en cuenta que cada compra, pública o privada, significa trabajo concreto, materializado en el producto o en el servicio que se adquiere, podremos ver que las compras públicas, con la dimensión que tienen, pueden servir o no para activar, promover y desarrollar la industria nacional. Aclaro que primero quiero aludir a la industria nacional y, luego, al tamaño de las empresas. 

                En Estados Unidos existe una Patriot Act que establece la preferencia de las compras públicas a industrias estadounidenses, sobre las que no lo son, incluso aunque estén radicadas fuera de su territorio. Por otra parte, existe la Small Act -reseñada en la documentación con que cuenta la Comisión- que establece una preferencia, una promoción y un apoyo a la pequeña y a la mediana empresa. Las compras de esta disposición legislativa de Estados Unidos no están incluidas en los tratados de libre comercio. Quiere decir que aquí se establece una asimetría clara, ya que cuando se suscribe un tratado de libre comercio con Estados Unidos se abre hasta el mercado de las compras públicas; incluso, hay capítulos especiales para ello. Sin embargo, a la inversa no hay reciprocidad.

                En definitiva, lo que quiero plantear es un solo punto preciso. Las compras públicas pueden servir para promover una industria nacional de alta calidad, o sea que pueden dar más y mejor trabajo y favorecer que Uruguay sea más competitivo y más productivo. Eso depende de cómo se administre antes de llegar a la ventanilla. Si  tomamos en cuenta que la Agencia puede ser considerada la ventanilla final, lo que planteamos nosotros es que antes de eso puede haber toda una actividad para que las empresas nacionales pequeñas y medianas -sin excluir a las otras- lleguen en mejores condiciones. Para ilustrar lo que estoy diciendo voy a poner un ejemplo concreto de algo que nos sucedió en la UNTMRA hace unos seis años. En ese momento, existía la posibilidad de adquirir unos dispositivos eléctricos para UTE, que se fabricaban en Uruguay y se importaban. Por la activa participación de los gerentes de UTE -me estoy refiriendo a tres períodos atrás, en el Gobierno de Jorge Batlle-, se estableció que la calidad era igual pero había una mínima diferencia de precio. Cuando se hizo la compra, se impuso -pese a la opinión contraria de los gerentes- la del bien extranjero y al sacar las cuentas, se llegó a la conclusión de que el costo sobre la diferencia de precio era mucho mayor, teniendo en cuenta los seguros de desempleo, las facturas impagas, etcétera. De esa manera, se establece un tema extraordinariamente interesante y que nosotros llamamos la comparación entre contabilidad país y contabilidad empresa. Cuando una empresa trasnacional da un precio bajísimo para un bien con el cual está compitiendo en un Estado cualquiera, lo hace porque compensa en su contabilidad la diferencia entre el precio bajo y el precio real que podría solicitar. Por ejemplo, en el caso de que una empresa trasnacional ofrezca determinado producto        -como un termo- a $ 100 y una nacional, a $ 125, es claro que a la trasnacional no le cuesta esos $ 100, sino que la diferencia para poder ganar la licitación la compensa dentro de su contabilidad. Eso mismo se puede hacer con una contabilidad país, en la que los diferenciales sobre los precios para competir puedan ser compensados, por ejemplo, con el mayor trabajo que se procura, con la innovación que se genera, etcétera.

Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo trasladar una experiencia que ya se ha llevado a cabo en el Uruguay con el Gabinete Productivo de integración tripartita, a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, de manera de utilizar el potencial que esa Agencia generará en cuanto a la demanda del Estado para construir una capacidad industrial de alto nivel en cuanto a cantidad y calidad, o sea que sea competitiva. Esto es lo que hacen los países desarrollados, por lo que no estamos inventando el agujero del mate. Lo único que solicitamos es que se aplique una buena costumbre de política pública; los tres años que llevamos trabajando en el Gabinete Productivo de integración tripartita nos han demostrado -creo que esto también lo ha dicho el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y también lo pueden señalar la Cámara de Industrias o la ANMYPE- que se trata de un interés nacional que hace a la competitividad del Uruguay y que es utilizado en otras partes del mundo. A nosotros nos parece que sería altamente conveniente utilizarlo acá. Para ello, sería necesario modificar el artículo 13 del proyecto de ley -que modifica al artículo 82 de la Ley Nº 18.362- en lo que respecta  a la integración de la Comisión Directiva de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, para que pase a tener una integración tripartita.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sin duda que se  trata de un tema importante. Ha habido decretos del Poder Ejecutivo que reafirman las preferencias en las compras públicas y este planteo es para tenerlo muy en cuenta.

SEÑOR ITURRA.- En este momento estamos llevando a cabo un proyecto piloto con respecto a la vestimenta en el marco del Proyecto Nacional de Compras Públicas para el Desarrollo en la Intendencia Municipal de Montevideo. O sea que lo expuesto está absolutamente demostrado en la práctica, no necesitamos argumentar más en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado agradece la presencia del representante del PIT-CNT.

Material adjuntado por el Plenario Intersindical de Trabajadores- Convención Nacional de Trabajadores.

(Se retira de Sala el representante del PIT-CNT.)

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca.)

                -En nombre de todos los señores Senadores presentes, damos la bienvenida a los representantes de AFGAP, Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca.

                Sin más trámite, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR MATTOS.- Antes que nada, quiero presentarme. Soy Hermes Mattos, Presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

                Voy a hacer una aclaración -que es una disculpa- en el sentido de que en el repartido, por un problema de manejo de las nuevas tecnologías que achaco a la veteranía de quien habla, el encabezado está dirigido a los señores Representantes; lo mismo sucede respecto a la referencia a los artículos, que está vinculada al proyecto original que el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Representantes.

Hecha esta salvedad, quiero decir que nuestro planteo general va de lo reivindicativo a lo programático. Como primera gran aspiración -somos una Directiva que hace relativamente poco tiempo asumió la conducción del gremio- elaboramos un planteo fuertemente reivindicativo en materia salarial. Vale señalar que quisimos incorporar, en la Cámara de Representantes, un artículo al proyecto original, pero no tuvimos suerte. Ese artículo planteaba crear un crédito de $ 90:000.000 para resolver un conjunto de inequidades.

El movimiento sindical y, en especial, COFE, está negociando con el Poder Ejecutivo -a nivel macro- un conjunto de políticas respecto al tema salarial. A este respecto, COFE ha definido una tabla de salarios que planteamos en el documento y nuestra aspiración, a impulso y pedido de COFE, es que los Ministerios, cada uno en su ámbito, traten de llegar a los valores establecidos en esa tabla en las oportunidades en  que las disponibilidades y las negociaciones lo hagan factible. En ese sentido, apuntamos a tener la posibilidad, en esta Administración, de llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo para alcanzar en este Ejercicio los valores establecidos en esa tabla de COFE. Por eso expresamos que el Ministerio está en condiciones de hacerlo y vamos a demostrar por qué. Acoto que adjuntamos un gráfico a los señores Senadores donde mostramos un cruzamiento de datos que hicimos entre el PBI agropecuario, el PBI agroindustrial y los salarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

                El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca funciona exclusivamente en base a proventos, es decir que con lo que genera con su trabajo paga su funcionamiento. Además de ello, el año pasado volcó a Rentas Generales         $ 250:000.000; este dinero fue producto de su trabajo y no fue tenido en cuenta en el Presupuesto.

                Estamos de acuerdo con el Gobierno en el sentido de que la riqueza se está distribuyendo en forma regresiva. Si bien los trabajadores estamos preocupados por ello, la única posibilidad que tenemos de revertir esta situación es a través del salario; no existe otro mecanismo mediante el cual el trabajador participe de la riqueza que se genera en el país. Somos parte de un engranaje vital para la generación de crecimiento en la nación. Vuelvo a decir que la evolución registrada a nivel del Producto Bruto agropecuario e industrial es muy clara y elocuente.

                En la Ley de Presupuesto votada durante el período de Gobierno del doctor Jorge Batlle, en oportunidad de acordarse el pasaje de los proventos a la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se dispuso que los mismos pudieran ser utilizados para el pago de salarios pero, finalmente, el crédito nunca se votó. Esto es lo que estamos buscando en esta ocasión: pretendemos tender de a poco a la tabla de COFE, eliminar inequidades y basarnos en criterios objetivos respecto a cómo llegar al salario que los trabajadores se han planteado como justo en el ámbito de la Administración Central. Este es el objetivo y el planteo que ha llevado adelante la gremial; existe disponibilidad para hacerlo, y con ello no se estaría rozando ilegalidad de tipo alguno.  Es más, en este tema no sería necesario contar con la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo porque estas cuestiones están por fuera de las cifras presupuestales. Cabe aclarar que los proventos son una cifra que no siempre es igual y, como dije, surge como producto del trabajo del Ministerio.

                Cuando se han discutido temas tales como el de la reforma del Estado y el rol que deben cumplir los trabajadores, hemos pensado que obedecen a cuestiones de productividad. Cuanto más trabaja el Ministerio y los trabajadores, más recaudación obtiene y, en la medida en que esta situación continúe, queremos participar de la riqueza generada. Deseamos que este criterio sea el que prime.

                Tenemos en nuestro poder la versión taquigráfica de la sesión de Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a la que concurrió el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. En dicha oportunidad, el señor Senador Heber realizó un planteo -que se hizo público- y el señor Ministro le solicitó una copia. Nosotros nos hacemos cargo de ese planteo porque, cuando decimos que hay inequidades y que una cifra importante de dinero es repartida de manera arbitraria, asumimos las consecuencias de nuestros dichos. Esto es, claramente, así.

                A comienzos de este mes, y retroactivo a enero, los trabajadores cobraron por concepto de partidas por tareas prioritarias y de dedicación especial. Algunos de ellos percibieron $ 150.000, mientras que otros no cobraron nada. Nos gustaría saber cuánta gente cobró. A tal efecto, solicitamos los padrones correspondientes para saber cuál fue el número de funcionarios comprendido en la distribución de las mencionadas partidas. Entendemos         -y el Ministerio nos ha dicho que tenemos razón- que la distribución es absolutamente discrecional y no sigue un criterio definido, salvo en el Programa IV -saludamos la sensibilidad del Director Bertoni-, donde los trabajadores sí participan del reparto de esas partidas.

                El señor Ministro señaló -creemos que de manera acertada- que dentro del Ministerio hay Programas parias, que hay técnicos y funcionarios que ganan muy poco, como es el caso del Programa III, y que la solución a su situación pasaría por esa cifra de $ 250:000.000 que se vuelca a Rentas Generales.  Y cuando hablamos de la eficiencia del Estado, es precisamente allí donde se ve la gestión que lleva adelante.

                A nivel de COFE estamos tratando de participar en lo que es la discusión de la reforma del Estado. Nuestro gremio ha comenzado esa discusión               -aprovecho para anunciar a los señores Senadores que el próximo sábado tendrá lugar una mesa redonda sobre un artículo que más adelante vamos a abordar, relativo al Departamento de Fauna y, desde ya, están invitados- como una forma de darle contenido serio a las propuestas que hacemos.

                La información que hemos manejado aquí es producto del trabajo de compañeros a través de un instituto que se creó y que hoy está en fase de discusión en la interna del sindicato, pero la idea es profesionalizar el planteo, de alguna manera, ideologizar la actuación sindical y plantear las cosas claramente, como entendemos que debe ser.

                Reitero que la forma de solucionar el problema de los sueldos de los profesionales -por ejemplo, el de los ingenieros Agrónomos del Programa III realmente es muy magro- es disponer de los recursos que se tienen para ello. No sé cuál es la discusión -el gremio no participa de ella- que se da en el Poder Ejecutivo a nivel del Gabinete, pero esto lo debe gestionar alguien del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si hay algún sector que no tiene los recursos necesarios para funcionar en forma correcta, entendemos que allí están los recursos para hacerlo. Reitero que desconozco la discusión en la interna del Gobierno respecto al Ministerio de Economía y Finanzas. Acá no se está lesionando ningún recurso de economía, sino que se trata de dinero que genera el propio Ministerio. Hay disposición legal para aplicarlo a los salarios.

                Otro de los temas que nos preocupa seriamente -compartido por el señor Presidente de la República-, que hace poco tiempo fue publicado en la primera página del semanario Búsqueda, es el denominado “Estado paralelo”. En este sentido, decimos que vamos de lo reivindicativo a lo programático. La actuación del Ministerio se da a través de las instituciones que el mismo tiene a su disposición. El señor Ministro, en su comparecencia del día de ayer, habla de que el Ministerio tiene 2.200 funcionarios presupuestados; esa cifra es correcta. Desconozco cuántos funcionarios tiene contratados con cargo a proyectos de endeudamiento externo. Hay áreas vitales del Ministerio que son manejadas por empresas privadas; es el caso del Sistema Nacional de Información Ganadera -SNIG-, organismo que maneja toda la información ganadera del país. Queremos que esto se encauce por los mecanismos correctos. El Ministerio tiene un área informática donde, naturalmente, se debe manejar esta información. Por supuesto que la información es privativa del Poder Ejecutivo y que se debe defender que sea así, pero también creemos que se debe realizar por los canales institucionales. Se trata de un recurso estratégico, absoluto y prioritario del país. Si lo maneja una empresa privada y se vende ese banco de datos, ¿qué sucede? Esto puede ocurrir.

                Entendemos que la acción del Ministerio se debe encauzar por las áreas institucionales correctas, dispuestas por las leyes que lo rigen como forma de volver a la institucionalidad. Se debe tener mucho cuidado en no caer en un “Estado paralelo”. El último recuerdo que tengo del “Estado paralelo” es cuando en Argentina asume el doctor Alfonsín y se refiere a la Aduana paralela que recibió del Gobierno del doctor Menem, que era mucho más grande que la Aduana común. El recuerdo que tengo de ese nefasto gobierno no es nada agradable.

                Otro aspecto que queríamos plantear es el relativo al Departamento de Fauna. Aquí vamos nuevamente a lo reivindicativo. Cedo la palabra al doctor Negro a efectos de que fundamente la importancia de que este departamento quede en la órbita del Ministerio.

SEÑOR NEGRO.- Soy Secretario de la Asociación de Funcionarios de Ganadería.

                Los señores Senadores recibieron, en las carpetas que se repartieron, una fundamentación bastante contundente de lo que ha sido la historia desde que se crea el Departamento de Fauna -no con ese nombre-, de los cometidos que tiene vinculados a la fauna y de los interrelacionados con otros cometidos esenciales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En ese sentido, me voy a detener en un aspecto que considero fundamental y que no figura en esas carpetas. Como sabrán, en el mundo del comercio hay una organización de referencia que es la Organización Mundial del Comercio que se sustenta en tres organizaciones hermanas: la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria para la parte vegetal, el Codex Alimentarius  de la FAO, en lo relativo a los alimentos, y la Organización Internacional de Sanidad Animal, la antigua Organización Internacional de Epizootias, OIE, que se encarga de la sanidad animal.

                Voy a informarles sobre lo que está manejando la OIE desde hace unos cuantos años en cuanto al tema fauna. La OIE, con una preocupación creciente, maneja información sobre la importancia -que cada vez es mayor-, que se asigna a las enfermedades que afectan a los animales salvajes, no solo por los efectos que tiene en esos animales y su incidencia en la conservación, sino por los efectos que puede tener en la sanidad de los animales domésticos, especies productivas y el hombre. Al respecto, se muestran algunos datos bastante llamativos. Un 60% de los patógenos que afectan al hombre son de origen animal, es decir, zoonosis y si vamos a las enfermedades que han aparecido en los últimos años el porcentaje se eleva a un 75%. Muchas tienen directa vinculación con los animales silvestres. Para dar dos ejemplos concretos, tenemos la influenza aviar y la rabia paralítica que afectó a nuestro país hace dos años. Basándose en esto, la OIE creó en 1993 un grupo permanente de trabajo sobre el tema. Voy a leerles algo que me parece importante y que dice: “La OIE ha solicitado a todos los delegados de sus miembros que designen un punto focal nacional bajo su autoridad, encargado de notificar a la OIE las enfermedades de declaración obligatoria que afectan a la fauna silvestre y de presentar sus comentarios sobre las propuestas de nuevas normas de la OIE en el campo de las enfermedades de la fauna salvaje,  previamente a su adopción.” Hoy por hoy, el punto focal para la OIE es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es la autoridad competente en materia de sanidad animal. En el informe, más adelante, la OIE fija objetivos para la política en relación con la fauna y expresa: “Debemos mantener la diversidad biológica, evitar la desaparición de especies en riesgo, conocer mejor la situación sanitaria de todas las poblaciones animales y, al mismo tiempo, proteger a la población humana y a la población de animales domésticos contra la introducción de enfermedades.” Con todo esto voy a lo siguiente. Se establece la transferencia de la División Áreas Protegidas y Fauna hacia el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Medio Ambiente,  es decir que se plantea quitarle una competencia clave al Ministerio,  no solo por la conservación y la faz productiva  que tienen los animales silvestres, que es muy importante, sino por la interrelación que existe con los animales domésticos y con la capacidad de la Cartera para presentar y defender ante la OIE determinadas posiciones tendientes a fundamentar su situación sanitaria. Entendemos que es necesaria una muy fuerte articulación -cada vez es mayor-, entre el sector que maneja la fauna y el vinculado a las enfermedades que afectan a los animales domésticos. Básicamente esa es nuestra preocupación.

                Aprovecho para reiterar la invitación para el jueves 15, a las 18 horas, en el local sindical, dado que vamos a hacer una mesa redonda a fin de discutir este tema con los directamente involucrados, es decir, el Departamento de Fauna, la Academia Nacional de Veterinaria, queremos que participen representantes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de la Unidad de Epidemiología, que es el punto focal que hace las notificaciones a la OIE.

                Insisto en que hay bastante preocupación acerca de este tema porque le quitaría una pata al punto central ante la OIE, que es muy importante.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Si han leído las versiones taquigráficas verán que ese tema fue mencionado en el debate y, sin duda, será considerado.

                 Agradecemos muchísimo su tiempo, sus explicaciones y planteos.

Material adjuntado por la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 12 y 35.)