SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 40 minutos.)

                La Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda recibe con mucho gusto al señor Presidente del INAU y sus asesores.

SEÑOR SALSAMENDI.-  Muchas gracias, señor Presidente.

                Consideramos que un elemento extremadamente importante en la gestión que venimos llevando adelante es la unidad de acción que hemos logrado entre quienes en su momento fuimos propuestos por la mayoría parlamentaria y quienes fueron propuestos por los partidos de la oposición.  En función de ello y de hacer palpable ese planteo, vamos a solicitar al Director Dardo Rodríguez que realice la exposición en nombre de todo el Instituto.

SEÑOR RODRÍGUEZ.-  Voy a empezar con un planteo general del contenido del Mensaje que envió el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay a esta Comisión. Quiero hacer referencia al cumplimiento o no de los objetivos que se habían planteado para el primer año, pero antes de ello deseo dejar constancia  de que la ejecución presupuestal del año 2010 prácticamente alcanzó un 99% del crédito que el Inciso tenía autorizado y que la cantidad de funcionarios fue similar a la que tuvo en el año anterior -con una diferencia muy pequeña-, llegando a un total de 4.496.

En líneas generales, vamos a presentar el cumplimiento de los objetivos programáticos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas.  En el área programática I “Protección y Seguridad Social”, el primer objetivo  fue contribuir a garantizar los derechos de los niños, adoptando diferentes estrategias y abordajes en los que el entorno sociofamiliar y comunitario sea el ámbito privilegiado.

                En 2010 y por convenio se crearon dos clubes de niños, que se suman a los que ya estaban funcionando. Su número se está incrementando significativamente, pero obviamente esto corresponde al presente año. Hay diez convenios que se fortalecieron en la mejora de las partidas que el INAU les transfiere a las instituciones que las gestionan.

                Se ha avanzado parcialmente en la meta prevista para el quinquenio 2011-2014, que era aumentar un 10% los convenios existentes y mejorar las retribuciones del cien por ciento. A su vez, se han incorporado nuevas becas para adolescentes; esto significa un aumento del 32% respecto de las que venía gestionando la Institución el año anterior.

                En cuanto al segundo objetivo que teníamos previsto para esta área, que era brindar protección integral a todos los niños que se ven afectados en su derecho a vivir en familia, puedo decir que siete niños se incorporaron al nuevo sistema de cuidados parentales. Esta todavía es una cifra poco significativa en términos cualitativos; ya venía funcionando el programa de cuidadoras y recién este año se está incorporando el diseño final de acogimiento familiar, que precisamente teníamos previsto desarrollar este año y no el anterior.

                Otro logro vinculado al período es la apertura de dos nuevos centros oficiales de 24 horas de amparo, que fueron creados  el año anterior.

                Respecto al tercer objetivo, que apunta a garantizar protección de niños, niñas y adolescentes especialmente vulnerados, señalo como logro del año 2010 la atención mensual promedio de 115 adolescentes en centros de tratamiento de adicciones.

En el marco del Programa SIPIAV -que atiende situaciones de violencia de niños, niñas y adolescentes-, se han fortalecido diversas estrategias en la gestión de los centros de atención a la violencia; se consolidaron dispositivos territoriales de abordaje y se crearon comités de recepción y coordinación a nivel local, concretándose un propósito en el que la Institución ya venía trabajando en años anteriores, que es un funcionamiento interinstitucional que involucra a varios organismos del Estado. Además, se concretó la elaboración de protocolos y su publicación para la enseñanza media.

Asimismo, se ejecutó el componente uno del proyecto de la estrategia regional contra la violencia doméstica que vincula a niños, niñas y adolescentes en las zonas de frontera.

En relación al cuarto objetivo, que apunta al fortalecimiento de las estrategias del Centro de Estudio y Derivación -que, para decirlo de alguna manera, es la puerta de entrada al Organismo-, se amplió el horario de atención de lunes a sábado de 8 a 20 horas, porque teníamos un horario más restringido; esto permite una mayor comodidad para la llegada y atención de las derivaciones. También se agregó un número celular para tener disponibilidad de 24 horas. Se mejoraron los espacios donde se recibe a las familias y se implementó una línea telefónica ciudadana para que funcione las 24 horas de los 365 días del año.

En cuanto al objetivo de prevenir y controlar la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades laborales que resulten perjudiciales para su bienestar y desarrollo, se logró una cobertura de 80% en los departamentos. No se concretó en diciembre -y sí este año- el ingreso de nuevos inspectores para poder atender las situaciones que así lo ameriten en todo el territorio nacional.

En el área de la educación, se apunta a favorecer la estimulación temprana y la socialización de niños y niñas de 0 a 3 años fortaleciendo, a su vez, a las familias en sus funciones de protección y cuidado. En el período anterior se abrieron quince nuevos  CAIF y como meta para el quinquenio está prevista la apertura de 144 centros de educación para la primera infancia. 

En el área de la salud pública, estamos hablando de un nuevo centro de ingreso para adolescentes de 13 a 17 años dentro del Hogar “Desafío”, de la ampliación de la seguridad pública del Hogar “Puertas” y de la elaboración y aprobación de un plan de seguridad y protocolo de gestión interna de los centros.

Como meta para el año 2014 en este ámbito teníamos previsto elaborar un proyecto de sistema de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley; como los señores Senadores saben, ya ha sido aprobada por el propio Parlamento la creación del SIRPA y más adelante brindaremos mayores detalles sobre el tema.

                Me gustaría nombrar ahora algunos logros relevantes obtenidos en el año que no estaban previstos inicialmente en la planificación del  2010. En el marco del Plan CAIF se crearon cinco nuevos centros, además de los diez previstos; es decir que en todo el año se logró crear 15 centros. Asimismo, se realizaron ocho acuerdos o convenios para fortalecer la gestión del Plan -que era uno de los propósitos fijados-, además  de la ampliación de la cobertura. Como se expandían las oportunidades para nuevos niños y familias, se entendió conveniente poder acompañar ese proceso con la mejora de la calidad, para lo que  se  realizaron convenios con varios organismos del Estado: ASSE, Mides, Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa, Universidad de la República,  Portal Amarillo, cooperación internacional, organismos multilaterales, etcétera.

                En el marco de la División de Protección Integral en Contexto Familiar y Comunitario -servicios que la Institución realiza a tiempo parcial, a nivel de distintos ámbitos territoriales del país-, se ha incorporado la evaluación de los usuarios, es decir de las familias, a la medición del funcionamiento de los servicios. Cabe resaltar que en el plan de mejora de gestión ya teníamos el propósito de  incorporar la opinión no solo de los niños, niñas y adolescentes,  sino también de las familias.

                Se concretaron treinta convenios o acuerdos con diferentes actores institucionales en Montevideo para que los propios niños puedan beneficiarse de ellos. Muchos se realizaron con clubes deportivos e instituciones del Estado, lo que les permite a los niños y adolescentes participar de un conjunto de actividades.

                En cuanto a los resultados no previstos pero finalmente alcanzados en el período anterior, la División de  Protección Integrada a la Familia y la Adolescencia -servicios que  la Institución brinda las 24 horas de los 365 días del año- vio fortalecida su gestión por acuerdos y convenios alcanzados con la Ucudal, la Udelar, la ACJ, Ompli y un conjunto de ONG.

                Por otra parte, se realizó un total de cinco obras de reciclaje en los centros, otros 26 fueron reacondicionados y se realizaron tareas de mantenimiento en 30 servicios más.

                En el marco del Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes Infractores -hasta hace poco Semeji-, en el período pasado ingresaron 127 funcionarios nuevos;   se creó el Hogar “Desafío”, que es un nuevo servicio independiente que funciona como centro de ingreso para adolescentes de 13 a 17 años; y se instalaron nuevas plazas en el Hogar “Puertas”, donde además, a partir de Convenios con Nexo y Procul -dos instituciones que trabajan aspectos laborales y socioculturales, respectivamente-, se agregó la realización de talleres recreativos, música y teatro para los adolescentes que cumplen medidas de privación de libertad en este Centro.

                En el marco de Promesec -Programa de Medidas Socioeducativas- en sus diversas modalidades, se realizaron acuerdos institucionales con la Intendencia de Montevideo, la Universidad de la República, el Codicén, ANEP, etcétera.

                En cuanto a la División Estudio y Derivación, se incorporaron nuevas tecnologías para la mejora de la gestión, se concretó un acuerdo con la Udelar para la obtención de voluntarios, se incorporaron nuevos recursos humanos y se concretaron mejoras edilicias para la atención de la familia.

                Con relación a los aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes, vamos a identificar sintéticamente las razones. En el marco del plan estratégico del anterior período presupuestal, se estableció como uno de los objetivos priorizar la atención de la primera infancia a través de los Centros de Primera Infancia de INAU y el Plan CAIF, habiéndose obtenido los siguientes resultados. En cuanto al aumento de cobertura, hubo un incremento del 80% de la atención en la franja de 0 a 5 años, se superó la atención de  45.000 niños y niñas, así como también la meta establecida en el Plan de equidad para la franja de 0 a 3 años.

                En el marco de la mejora en la calidad de la atención, se hizo una reconversión de la modalidad semanal del Plan CAIF, se estableció la integración de equipos interdisciplinarios en todos los CAIF, se desarrollaron programas de  formación en primera infancia, se inició el trabajo con madres desde la etapa de embarazo y  se produjo el ingreso de funcionarios en los centros de primera infancia de INAU. Para el presente período presupuestal, se estableció como un aspecto pendiente la apertura de al menos 100 centros  nuevos de atención de la primera infancia -hasta un máximo de 144, como está previsto en la Ley de Presupuesto-, para lo que se cuenta con los recursos necesarios a fin de destinar inversión en ello. Se prevé que se pueda visualizar una mejora de las transferencias, realizadas mediante la modalidad de convenio, a las asociaciones civiles y fundaciones que llevan adelante la gestión de los CAIF.

                Otro de los objetivos establecidos para el período anterior fue el de mejorar la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal, para lo cual se inició un proceso de mejora de las condiciones socioeducativas y edilicias de internación de los adolescentes privados de libertad. A su vez, se fortaleció el desarrollo de proyectos de atención para la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad, se  concretó el funcionamiento de dispositivos de atención de medidas alternativas en diez departamentos, etcétera.

                Para finalizar esta descripción general, quiero hacer una evaluación global en función de los puntos anteriores. En relación a los resultados obtenidos en 2010, este año fue de transición institucional en la medida en que recién el 30 de junio del año pasado se concretó la designación del nuevo directorio. Se siguieron los lineamientos que venían pautados, a la vez que se dio un período de rápidas definiciones para el próximo quinquenio. Hay que recordar que en el momento en que nosotros asumimos en el directorio el año pasado, prácticamente estábamos en la presentación de nuestro mensaje al Parlamento en el marco del Presupuesto quinquenal. Como ya he señalado, a octubre de 2010 el INAU alcanzó una cobertura de 68.880 niños, niñas y adolescentes atendidos mensualmente en todo el país a través de las diversas modalidades que tiene la Institución. La cobertura registrada no tiene mayores  variaciones con respecto a la de 2009; sin embargo cabe destacar que se van desarrollando propuestas con mayor participación de niños, niñas y adolescentes que no quedan registradas en el sistema de información. Si sumamos estas propuestas a las otras que sí quedan registradas, se superan ampliamente los 70.000 niños, niñas y adolescentes a lo largo del país.

                En una primera lectura, se podría suponer que no se advirtieron cambios en términos de aumentos. Ahora bien, hay dos aspectos que aunque están directamente asociados a la relación de recursos disponibles con la población atendida, no se desprenden de la cantidad de población. Este año el INAU, por un lado, continuó haciendo esfuerzos por profesionalizar las prácticas que realiza, y por otro amplió la llegada a niños, niñas y adolescentes desde diversas prestaciones de servicios y actividades, con intencionalidad educativa, sin que sean registrados en el sistema de información por el carácter de la vinculación con el Organismo, como ya se señaló. En este sentido, hay un conjunto de actividades que la Institución realiza a través de acuerdos y vínculos con otras instituciones, que por no ingresar al sistema de información, no quedan registradas, pero en definitiva se trata de actividades que se llevan adelante con este sector de la población.

                Con referencia a la modalidad de atención, el 13% de la población es atendida a través de los servicios oficiales, mientras que el 87% -esto ya se ha dicho varias veces en este Parlamento- lo es a través de centros y proyectos en convenio con INAU. Lo que hace INAU es transferir los recursos  y hacer el monitoreo, seguimiento, evaluación y control de la ejecución de esa transferencia. Dentro de estos convenios, el 70% corresponde a CAIF y el 30% restante a otros perfiles de atención que la Institución tiene con niños y adolescentes. Continúa persistiendo una suerte de estructura de edades invertida según modalidad de atención. Si bien el INAU concentra definitivamente su atención en la primera infancia, al observarlo según modalidad varía sustancialmente. Por ejemplo, en los centros de protección integral las veinticuatro horas predominan los niños de seis años y más edad, mientras que en los de protección integral de tiempo parcial ocurre lo inverso. En esta modalidad los niños y niñas de cero a tres años representan el 71% de la totalidad de la población atendida, en tanto el 14% corresponde a los niños y niñas de igual grupo de edad atendido en la modalidad de tiempo completo.

                Finalmente, se ha desarrollado una enorme cantidad de instancias de coordinación de la Institución, tales como  participación en el Consejo Coordinador de las Políticas Sociales, en el Consejo Consultivo Honorario de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y en el Comité de Coordinación Estratégica. A su vez, hemos llevado adelante el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia; hemos trabajado en el Comité contra la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes; se ha trabajado en el Proyecto Bilateral de la Estrategia contra la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en las zonas de frontera; se ha participado en las Cumbres Iberoamericanas de Autoridad, Infancia y Adolescencia, etcétera.

                Uno de los principales desafíos para este 2011 -que es lo que se está encarando en este momento- es continuar contribuyendo con la mejora y expansión de la respuesta a la primera infancia, proyectándose al menos la apertura de unos cien centros -de los 144 que teníamos planteados como meta-, incorporando el rol del coordinador para fortalecer la labor de cada centro, además de una mejora generalizada del pago de dicho convenio y la capacitación permanente de los recursos humanos que trabajan en esto.

Otro desafío para el 2011 es fortalecer la oferta socioeducativa que realizan los socios en convenio, mejorando el pago al 100% y aumentando la transferencia a aquellos de atención las veinticuatro horas. Se pretende aunar los criterios metodológicos con los centros oficiales y mejorar las supervisiones.

                También se propone como desafío aumentar la cobertura de atención a través de la apertura de treinta y un centros en convenio, seis hogares de tiempo completo, cuatro hogares para niños, niñas y adolescentes especialmente vulnerados y la creación de al menos dieciséis  dispositivos especializados en la atención del maltrato, el abuso sexual y la violencia doméstica.

                Señor Presidente: ahora resta referirnos al articulado propuesto.

SEÑOR RUBIO.- Solicito que se haga alguna referencia a la situación actual y al objetivo de la cobertura

¿De qué orden es la cobertura por tramos que tiene el INAU sobre la población total? Consulto porque, mirando, por ejemplo, la cobertura de CAIF, surge una cifra de 42.000; ahora no recuerdo exactamente el número por año, pero en una época eran 50.000, lo que implicaría una cobertura enorme.

SEÑOR FERRANDO.- En lo que va del año, estamos con una  cobertura  total cercana a los 73.000 niños, niñas y adolescentes. Con respecto a la primera infancia, se está en el entorno de los  47.000, que abarca a niños de hasta los cinco años, más allá de que en los CAIF se prioriza a los de dos y tres años. La meta de crecimiento proyectada para el quinquenio es que pueda haber centros CAIF disponibles para  todas las familias del quintil de menores ingresos. Concretamente, cuando se hizo la estimación estaríamos hablando de entre 70.000 a 72.000 niños y niñas. Ese es el objetivo principal que podríamos cuantificar  en los términos de la pregunta realizada.

                Asimismo, estamos priorizando la atención en la adolescencia. Actualmente, en los programas de INAU se está cubriendo a entre 9.000 y 10.000 adolescentes. Varios de ellos no estudian ni trabajan, pero participan en centros juveniles, o en algunos casos están vinculados a los Proyectos Calle o a los Centros de Atención Diurna por problemas de adicciones.  Se está trabajando fuertemente en una articulación con la Universidad del Trabajo del Uruguay a los efectos de buscar la forma de potenciar mutuamente las redes de la UTU y estos Centros Juveniles para poder seguir acercando el sistema de enseñanza formal a toda esta red de centros en los que los adolescentes encuentran un espacio donde pueden participar y hacer actividades. Nos parece que este instrumento brinda un respaldo importante para ayudar a que puedan seguir estudiando y desarrollándose, ya sea en oficios o en otras capacidades.

                En lo que tiene que ver con la franja de infancia en edad escolar, no nos estamos proponiendo crecer en cobertura, pero sí proyectamos ampliar el acuerdo y la coordinación con Enseñanza Primaria, de modo de ver cómo se complementan los clubes de niños con el diseño de crecimiento de las escuelas de tiempo completo. Estas escuelas se van a implementar, se ajustará nuestra presencia en ellas y, eventualmente, podrá haber nuevos convenios de Clubes de Niños en zonas donde no está previsto el aumento de las escuelas. Tenemos un equipo de trabajo que ya se ha reunido con Inspectores de Primaria y con el Director General,  señor Óscar Gómez. Se está trabajando en líneas de innovación bastante interesantes, tanto en la utilización de locales escolares para Clubes de Niños o actividades complementarias, como en el fomento de mayor presencia y relacionamiento entre las maestras comunitarias y los Clubes de Niños. Nos hemos propuesto como prioridad que nuestro crecimiento esté directamente articulado con las propuestas del  sistema educativo y, sobre todo, con la llegada y el fortalecimiento de programas dirigidos a aquellos adolescentes que no estudian ni trabajan, así como también a aquellos que trabajan en condiciones más o menos informales y que necesitan otro tipo de respuestas y capacitación.

SEÑOR SALSAMENDI.- En el 2010, especialmente en los meses de mayo y julio, donde se da el pico máximo de ingresos -no sabemos por qué, pero en esos meses las cifras se mantienen constantes-, se llegó a los 69.800 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 66% eran niños de 0 a 5 años, el 19% de 6 a 12 años, el 13%  entre  13 y 17 años, y el 2% restante de 18 o más años de edad. Sin embargo, si se subdivide  la franja de 0 a 5 años, el 39%  está entre  0 y 2 años y, por ende, los que tienen entre  3 y 5 años representan un 27%. Esta es exactamente la distribución que tuvimos el año pasado que, en términos porcentuales, no ha tenido variaciones excesivas aunque, obviamente, la tendencia presenta un incremento importante, tanto en números como porcentualmente de quienes tienen entre 0 y 3 años, obviamente, por la expansión en el sistema de primera infancia.

En ese sentido, estamos analizando una serie de cambios muy importantes, particularmente, para adecuarlos al debate respecto al sistema nacional de cuidados en esa área. También va a haber un incremento importante de cobertura a partir de un mayor trabajo con familias, pero este es un elemento que estamos analizando porque tenemos pensado crear un organismo, una dirección única para todo el Estado, que sea la que defina el abordaje con familias en situación de especial vulnerabilidad. Esta fue una propuesta que hicimos en su momento al Consejo Nacional de Políticas Sociales. También se trabajó con otros organismos y hoy tenemos sobre la mesa un proyecto bastante acabado que se está analizando y sobre el que tendrá que tomar una posición el Poder Ejecutivo. Esto permitirá abordar de manera casi individual, con mayor precisión y elasticidad, las situaciones de las familias más complicadas,  a las que les cuesta llegar a los beneficios que el Estado brinda; también al Estado le cuesta llegarles con sus beneficios. En este caso también va a haber un incremento de la cobertura que no se va a deber exclusivamente al INAU, pero debe ser contabilizado a los efectos planteados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicito al Doctor Salsamendi que nos deje una copia sobre la información numérica que detalló.

SEÑOR SALSAMENDI.- La información figura en la página 12 del mensaje que enviamos.

SEÑOR GANDINI.- Quiero realizar dos preguntas de carácter general.

                Por un lado, me gustaría saber qué evaluación hacen las autoridades del INAU sobre la actual legislación, que fue modificada,  respecto al régimen vigente de adopción y si están pensando en hacer algún cambio, pues es un tema importante.

SEÑOR PENADÉS.- Aprovecho la pregunta formulada por el señor Senador Gandini para solicitar  al Directorio del INAU que nos haga llegar una lista con el número de adopciones que se realizaron en los últimos cinco años. Concretamente, me gustaría que se hiciera un comparativo entre las adopciones que se efectuaron antes de la aplicación  de la ley y las que se llevaron a cabo con posterioridad a ella, año por año.

SEÑOR GANDINI.- La otra pregunta que quería formular está vinculada a un tema que nos puede llevar al análisis del articulado. Me refiero a los menores infractores que están privados de libertad y a la situación que conocemos hoy en este inicio de transición hacia el SIRPA y  su infraestructura programada.

Sabemos que hay una situación compleja en materia de lugares, de espacios para la reclusión, que surge afortunadamente como resultado de una mayor eficiencia en la contención. En estos tiempos tenemos noticias de menores fugas -incluso en algunos meses fueron nulas y en otros muy menores con relación a los números que conocimos en los últimos años-, lo que ha generado un incremento de menores privados de libertad y, por lo tanto, un problema edilicio importante, es decir, de lugares para recluirlos. A esto hay que agregar algo que conocimos por la prensa: me refiero a la intervención de la Justicia negando la posibilidad de utilizar contenedores para la reclusión. Entonces, queremos saber cómo está ese tema, que es muy sensible y delicado, y qué se está disponiendo al respecto. A su vez, en algún momento tuvimos una conversación con el Directorio del INAU y se nos dijo que se tenía pensado desafectar alguna unidad militar para darle este destino. Simplemente queremos abrir este tema para conocer el estado de situación actual.

SEÑOR SALSAMENDI.- Con respecto a la primera pregunta, el Director Ferrando va a referirse a los datos numéricos.

                En materia de adopciones, luego de un muy complejo arranque en la aplicación de la ley promulgada en octubre de 2009, se concretaron muy pocas el año pasado. Sin embargo, luego de un trabajo largo y complejo con el Poder Judicial a los efectos de definir la interpretación de la ley, podemos decir que en estos últimos dos meses “se abrió la canilla” -por decirlo de alguna manera- y, si seguimos con esta tendencia, vamos a terminar con un número de adopciones bastante mayor que la media histórica en el Uruguay.

A continuación, el Director Ferrando va a brindar los números y, obviamente, vamos a enviar a la Comisión la información solicitada.

                No obstante ello, hemos estado trabajando con la Suprema Corte de Justicia a fin de lograr, por la vía de una acordada, la clarificación de algunos términos, procedimientos, etcétera, existentes en la ley de adopciones. En la última reunión que tuvimos con todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia el 22 de agosto, llegamos a la conclusión de que era necesario analizar a fondo la posibilidad de una modificación de la ley de adopciones en algunos puntos que, si bien no son demasiados, son particularmente importantes. En ese sentido, hemos elaborado una especie de articulado en función de lo que veníamos trabajando, para la redacción de una acordada. Sin embargo, el Parlamento nos hizo llegar su inquietud, por lo que vamos a hacer algo así como una tripartita entre la Suprema Corte de Justicia, el INAU y los delegados de los partidos políticos con representación en el Parlamento a los efectos de analizar cuáles serían los aspectos de esta  ley de adopciones que se tendrían que modificar. Por lo que hemos visto, se ponen plazos para una serie de elementos, pero no para las actuaciones judiciales. A su vez, queremos ver la posibilidad de analizar la efectiva tenencia preadoptiva. Para decirlo en otros términos, en ningún caso podemos entregar en tenencia preadoptiva hasta que el Juez no resuelva la separación del niño o de la niña de la familia biológica. Entonces, hay que entregar la tenencia a una familia de acogida que solo fue seleccionada para eso, y luego proceder a la integración del niño en una familia de las que figura en el registro. Como sabrán, esta situación nos ha generado problemas de muy difícil solución. Nosotros tenemos que aplicar la legislación, independientemente de lo que podamos entender que se pueda hacer en los casos concretos. 

Para los casos en que hubo  tenencia durante un largo tiempo, la ley establece que se presenten en un plazo determinado para regularizar esta situación, a los efectos de  proceder a la adopción. Obviamente, como a esto no se le dio la difusión necesaria, muchas personas no se enteraron y no se presentaron. Creemos que este es otro elemento que necesariamente debe ser analizado. Por supuesto que puedo seguir dando referencias, pero preferimos no seguir porque sabemos que va a haber otros aportes en esta materia. Nuestra intención es hacer un análisis a fondo y con la mayor celeridad posible. Acordamos que, al menos en esta etapa, no se genere ningún debate sobre el tema a través de la prensa.

Si el señor Presidente lo permite, el Director Ferrando puede agregar elementos de carácter cuantitativo, más allá de cumplir luego con la solicitud que nos hiciera el señor Senador Penadés.

SEÑOR FERRANDO.- Posteriormente podemos enviar la nómina, pero a grandes rasgos digo que hasta el 2008 el promedio anual de adopciones estaba en el entorno de los 45 a 55 niños. En ese mismo año se firma una acordada por parte de la Suprema Corte de Justicia que permite agilizar los trámites -logrando un avance en el punto al que recién se refirió el Presidente Salsamendi-, y se autorizó a que se diera la tenencia preadoptiva mientras seguía el procedimiento judicial. Cuando a fines de 2009 entra en vigencia la nueva ley, varios Jueces entienden que cae la acordada. Por lo tanto, como había criterios disímiles, los representantes del INAU corrían riesgo de ser citados ante un Juez por dar  tenencias preadoptivas. De modo que dejamos de hacerlo y, en el 2010 -primer año de aplicación plena de la ley-, los resultados fueron desastrosos, llegando a tan solo 19 adopciones. A partir del trabajo realizado con un equipo del Poder Judicial logramos revertir esta situación.

Hasta el 31 de agosto llevamos 40 adopciones realizadas; hay 12 más en las cuales ya hay fallo judicial que habilita a la adopción -en este momento se está seleccionando la familia que va a adoptar-, y 16 que están en proceso, que según los técnicos van a terminar con un fallo favorable hacia la adopción. Esto no quita que se siga pensando en algunos ajustes a la ley y, sobre todo, en un diálogo continuo con el Poder Judicial que ayude a agilizar los procedimientos. En ese aspecto, la posibilidad de que exista un ámbito tripartito es algo importante.

SEÑOR PASQUET.- Me gustaría saber -si existe esta información- cuántas familias están registradas como aspirantes a adoptar.

SEÑOR PENADÉS.- Con relación a la cifra de 49 adopciones -como promedio anual antes de 2008- brindada por parte del señor Director, quisiera saber si corresponden solamente al INAU o refiere a todas las que se hacían en el país. Planto  esto  porque, si  no recuerdo mal, había también una institución -vinculada al sector católico, según creo- que otorgaba la posibilidad de adopción. Por eso quisiera saber si luego de aprobada la Ley, el INAU pasó a ser el único que tenía esa posibilidad, y si esa cifra de 49 adopciones engloba a todas las realizadas en el país o solamente refiere a las que hacía el INAU antes de la aprobación de la ley.

SEÑOR FERRANDO.- Con respecto a la pregunta del registro, vamos a enviar también ese dato porque en este momento no lo tenemos presente. Generalmente hay un desfase porque siempre es mayor la cantidad de personas que se presentan para querer adoptar, que los niños en adopción. Entonces, preferimos no arriesgar una cifra porque no estamos seguros.

                En cuanto al promedio de años anteriores, los datos proporcionados son los del INAU.

A su vez, el Movimiento Familiar Cristiano era la otra organización que estaba dando niños en adopción; sin embargo, según recuerdo, desde el año 2007 en adelante prácticamente no estuvo resolviendo situaciones de adopción. Creo que en el último año de actuación hubo tres casos y, en otros, cinco, de modo que no se trata de cifras relevantes. Estamos hablando de los acuerdos realizados directamente ante el Juez porque, obviamente, las cifras más difíciles de cuantificar refieren a los acuerdos hechos por fuera de todo marco legal. Por tanto, en la medida en que haya un ajuste progresivo en la materia -tema sobre el que ASSE viene trabajando fuertemente en los hospitales y salas de maternidad, tratando de evitar ese tipo de acuerdos que se dan apenas ocurre un nacimiento-, pensamos que el número de niños en adopción podrá seguir creciendo.

SEÑOR SALSAMENDI.- Se hizo también una consulta sobre la infraestructura en el caso del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Precisamente, poco antes de ingresar a esta reunión estuvimos analizando con el Comandante Rosales el traspaso en comodato del Batallón Nº 9 -ubicado en Belloni y Aparicio Saravia-, a los efectos de comenzar allí la construcción del establecimiento. El problema que hay que resolver rápidamente -y es algo que estamos negociando- refiere a encontrar un lugar donde colocar los blindados que hay allí. Asimismo, se debe hacer alguna construcción para los soldados que permanecen en esa unidad que, en términos generales, es muy poco operativa. Por otro lado, justo cuando estaba entrando a esta Sala me llamó el Ministro Bonomi para señalarme que tenía una propuesta concreta para formularme. Entonces, todos los días estamos analizando cómo resolvemos este tema. que para nosotros -como imaginarán los señores Senadores- es tremendamente angustiante.  

Estamos a la espera de la emisión de un decreto por parte del Poder Ejecutivo, que permita la liberación de los fondos que fueron definidos en función del artículo 464 de la Ley Nº 15.903 -ya aprobados por el Tribunal de Cuentas-, de forma tal de comenzar a hacer los llamados correspondientes e iniciar la construcción de un establecimiento -salvo que surja otra cosa del Ministerio del Interior- con 120 lugares. De esta manera nos estaríamos aproximando a la meta de 328 lugares, que es lo planificado. Estamos abocados al análisis del mejor terreno, porque para llevar adelante nuestra idea necesitamos contar con una estructura de 25 hectáreas. Queremos que este procedimiento, que es muy breve, se concrete rápidamente, de forma tal de poder liquidar la licitación no más allá del inicio del próximo año. Luego de esta etapa estaremos en condiciones de hacer la adjudicación correspondiente y comenzar la construcción de la obra. Quiero aclarar que en todos los casos puntuaremos especialmente la velocidad en la construcción -aparte del sistema constructivo-, porque para nosotros es un elemento esencial.

                Tal como lo hicimos en ocasión de la invitación cursada a las autoridades partidarias, señalamos en este ámbito que nuestra idea es poder llegar a la desafectación de la Colonia Berro antes del fin de este Período de Gobierno, pues consideramos que no es el lugar más adecuado. Con los representantes de la Armada Nacional estamos analizando la posibilidad  de adquirir un predio en Camino del Labrador porque, como cuenta con cámara frigorífica, nos permitiría desarrollar allí un tercer proyecto, de carácter productivo, vinculado al tema agrario. Este tercer espacio estaría más abierto a las condiciones de vida, etcétera.

                A nivel de infraestructura, estamos haciendo una apuesta muy grande en lo que a inserción laboral y capacitación educativa refiere, y nos encontramos realizando una selección para la Escuela de Especialidades de la Armada.

                Dentro de unos días -la fecha concreta dependerá de los plazos, de los escribanos, etcétera- estaremos firmando un convenio marco con el PIT-CNT, mediante el cual se compromete, a través de los sindicatos, a ser tutor de los chiquilines en las experiencias laborales que eventualmente inicien. En realidad, se trataría de un servicio de doble tutoría: lo haría el sindicato y también nosotros, con un nivel de acompañamiento tal que permita la mediación frente a conflictos que se produzcan en el lugar de trabajo. Esto nos posibilitará desarrollar más rápidamente varios de los proyectos que tenemos en curso, que van en la línea de lograr que los chicos adquieran realmente un trillo determinado por la vía de la educación y de la capacitación para el trabajo.

                Esto es cuanto tengo para decir con relación a la infraestructura.

Además -como es bien sabido-, por ley se determinó que la Comisión Bicameral de Seguridad realice un seguimiento de absolutamente todas las acciones que se lleven adelante.

Aprovecho la oportunidad para reiterar un planteo que hemos realizado a las autoridades partidarias. Me refiero a la necesidad de designar a una persona para poder completar la integración de la Comisión Delegada y dar funcionamiento efectivo al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Como se sabe, en la ley se prevé que esa designación sea similar a la de los servicios descentralizados, en el sentido de que dos de sus integrantes sean propuestos por la mayoría parlamentaria; a su vez, existe el compromiso de incorporar a un tercer integrante a propuesta de los partidos políticos de la oposición. En este sentido, requeriríamos que tal designación se produjera con cierta celeridad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más preguntas para formular, pasamos a considerar el articulado.

SEÑOR SALSAMENDI.- En el primer artículo se solicita la financiación de $ 262:500.000 para solventar el ingreso de funcionarios al Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes Infractores, que en ese momento ya será el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

                Como podrán ver los señores Senadores, en la página 20 figura toda la estructura y para qué se piden estos recursos humanos. En principio parece mucho, pero hay que pensar que se trata de la creación de una nueva institución. Además, es bastante difícil esta tarea de cambiar la rueda con el auto en marcha, es decir, crear una nueva institución mientras, en los hechos, la anterior sigue funcionando.

                A su vez, hay que entender que este es un sistema que se desarrolla en todo el Uruguay y hoy tiene dependencias múltiples. Las medidas alternativas a la privación de libertad en el interior del país se desarrollan en la órbita de las Direcciones Departamentales del INAU; quiere decir que orgánicamente no dependen del sistema centralizado del SEMEJI, en Montevideo. Por ende, de acuerdo al mandato de la ley, tenemos que ir dejando las cosas listas para que se produzca la separación y se cree una nueva institucionalidad. Obviamente, todo debe depender de la misma institucionalidad en todo el país, incluyendo lo vinculado a los llamados Centros de Ingreso Transitorios que deben existir en cualquier punto del territorio nacional. ¿Por qué? Porque cuando la policía detiene a alguien, tiene un máximo de dos horas para comunicar el hecho  y otro de doce horas para mantenerlo en sus propias dependencias; luego debe necesariamente y bajo su más absoluta responsabilidad, conducirlo a un lugar adecuado para tales fines, que hoy funciona bajo la órbita del INAU. En una interpretación contextualizada entendemos que eso estaría dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente o, eventualmente, del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente cuando se cree como un servicio descentralizado. Por ende, estamos hablando de una estructura muy compleja, que implica una transformación total. Pero, además -y para decirlo claramente-, la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente no puede implicar el vaciamiento del INAU en el interior del país, porque la gente que se dedica a esta tarea también cumple otras. Si únicamente hiciéramos un pasaje de los funcionarias y funcionarios que hoy cumplen esas tareas en el interior del país al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el inmediato problema que tendríamos sería, precisamente, un vaciamiento casi completo de la estructura del INAU en el interior del país. 

En consecuencia, la contratación de todos estos recursos humanos que estamos planteando tiene que ver con las estructuras centrales y con ir cubriendo progresivamente este tipo de carencias en estos lugares, permitiendo el ordenamiento y eventual pasaje del personal hasta que se concrete la creación del servicio descentralizado que se denominará Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

Por otra parte, hemos constituido un equipo que trabajará en términos de asesoría en virtud de un acuerdo que hemos celebrado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y UNICEF a efectos de realizar todo el análisis de los procesos de gestión -informatización, gestión del cambio, etcétera-, lo que nos permitirá contar con los elementos necesarios como para ir ajustando toda esta nueva estructura. El compromiso que asumimos con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil consiste en volver a realizar un análisis a partir de los datos que se nos brinden, lo que nos permitirá ir haciendo los ajustes necesarios, fundamentalmente en lo que implica la provisión de recursos humanos. Como podrán entender los señores Senadores, el tema es delicado: la creación de una nueva institucionalidad en un área tan compleja como esta acarrea complicaciones importantes, por lo que es conveniente tener flexibilidad para ir adecuándonos en función de los elementos que vayan surgiendo de esos estudios.

Esta es la fundamentación de nuestra propuesta. Los señores Senadores pueden analizar los números correspondientes, que se presentan detallados y desarrollados. Intentamos ser lo más exhaustivos que nos fue posible en cuanto a la determinación y explicación de para qué se solicitan estos recursos humanos.

Esta es, en esencia, la explicación de la solicitud planteada.

SEÑOR GANDINI.- La solicitud que figura en el artículo 248 implica un monto para contratar en forma permanente más de seiscientos nuevos funcionarios, en un diseño en etapas que, en una parte ya ha sido establecido en la ley, en otra comprometido políticamente y, en algún caso, programáticamente, para una etapa futura.  Estamos hablando de que en una etapa intermedia estaría funcionando el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente como un órgano desconcentrado del INAU y, en una etapa más definitiva dentro de esta Administración, como un  ente autónomo o servicio descentralizado al que se le asignaría parte de los cometidos actuales del INAU. 

                La pregunta apunta a saber si estos seiscientos y tantos funcionarios que se podrían contratar con esta partida -que, supongo,  se van a seleccionar de manera cuidadosa para el diseño de cargos y, por ende, para el diseño institucional en que se está pensando- irían a formar parte del órgano desconcentrado y, luego, de esa futura institución, además de otros funcionarios que hoy pertenecen al INAU, quienes también pasarían a formar parte de esa nueva institución, la cual tendría un establecimiento de privación de libertad y, eventualmente, de rehabilitación para alrededor de trescientos jóvenes.

SEÑOR SALSAMENDI.- En realidad, estamos planificando esto para atender a más de quinientos jóvenes, pero en este momento tenemos aproximadamente cuatrocientos cuarenta.

SEÑOR GANDINI.- Quizás estoy confundiendo la infraestructura que se planifica construir en breve -en un predio que se está tratando de localizar- con toda la tarea que ya está ubicada en varios edificios.

                En definitiva, esa institución tendría estos seiscientos y tantos funcionarios,  probablemente sumados a algunos más que pasarían, por su especialidad y experiencia, a esta nueva institución que atendería a quinientos muchachos. Quiere decir que estamos en un diseño de dos funcionarios por cada muchacho en esta condición. Hemos conocido otras experiencias cercanas que tienen un promedio de funcionarios quizás un poco mayor todavía; por tanto, no es un número exagerado cuando se trata de atender a este tipo de jóvenes.

SEÑOR SALSAMENDI.- Quisiera hacer una primera aclaración.

                En realidad, el sistema no se compone solo de los jóvenes privados de libertad, sino que incluye a los no privados de libertad, y los recursos humanos solicitados incluyen ambos casos. Diría que estamos hablando de un potencial de atención de 1.000 adolescentes y los números que se prevén  toman en cuenta los que existen hoy, más el incremento. Además, no todos son de atención directa. Como se puede observar, en el planteo que se realiza fuimos muy cautos en la provisión de recursos humanos; por eso señalaba que queremos hacer los chequeos necesarios en el marco del acuerdo que realizamos con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la OPP.  Para decirlo claramente: no dejamos cerrada la posibilidad de nuevas incorporaciones. Planteamos esto para poder ir evaluando en la práctica concreta las necesidades que se presenten. ¿Por qué? Porque, aunque el número de jóvenes se ha mantenido dentro de los parámetros tradicionales, el tema no es sencillo. Dicho de otra manera, pero claramente: queremos abrir el paraguas para saber cuál será la evolución efectiva de la cantidad de adolescentes vinculados al sistema. Por eso venimos manejando estos números, pensando en la posibilidad de continuar analizando la pertinencia de los recursos humanos. Si la totalidad de los actuales recursos humanos pasa o no a la eventual nueva institucionalidad -la norma dice que se creará como servicio descentralizado en este Período de Gobierno-, en realidad es consecuencia de la ley de creación del propio Instituto. Francamente, en este momento no me atrevo a adelantar cuál sería la mejor de las opciones. La gente que ingrese lo hará para este sistema y los concursos serán realizados atendiendo a las características propias de quien vaya a trabajar en él. En nuestra opinión, la proyección futura debería estar incluida en la propia ley de creación y, eventualmente, del nuevo Instituto.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quería realizar dos preguntas.

                En el artículo 2º del  Mensaje del INAU figura una autorización para la creación de una Fundación y, más allá de que haya una fundamentación escrita, me gustaría que se desarrollara un poco ese punto.

Por otra  parte, si bien  la  posibilidad  de  lograr  un contrato con MEVIR -que figura  en el artículo 3º del Mensaje- está recogida en el artículo 249, el INAU planteó que también se contratara con el PIAI.

SEÑOR SALSAMENDI.- Si se me permite,  quisiera referirme primero al artículo 3º, que es muy breve y fácil de explicar. Existe un fideicomiso constituido por el fondo para infraestructura educativa en primera infancia, eventualmente para los CAIF y los centros diurnos del INAU. Por diversas razones, la firma del fideicomiso se fue demorando a lo largo de este año, la negociación con la CND tuvo sus idas y vueltas y, a su vez, se hizo una interpretación por parte de la CND -que compartimos- en cuanto a que no estaba prevista  la contratación directa con organismos del Estado -el ejemplo más claro es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas-, el PIAI o MEVIR. Cabe aclarar que, en particular, el trabajo con MEVIR es invalorable, ya que en algunos lugares, para construir,  solo se puede contar con su servicio. Por eso queremos que se incorpore esta posibilidad a texto expreso, como modificación del artículo de la Ley de Presupuesto. Concretamente, proponemos que,  si es posible, se  establezca que esta norma será aplicada en forma inmediata a la aprobación de la Rendición de Cuentas. De lo contrario, deberíamos esperar al 1º de enero del año que viene, lo que determinaría el retraso del inicio de las construcciones en aquellos lugares en los que ya se podría comenzar. En algunos casos, sucede que MEVIR culmina las obras y se retira de ese lugar y, por tanto, perderíamos la posibilidad de solucionar esto en forma inmediata.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Aclaro que la disposición que establece que entre en vigencia enseguida ya fue agregada en la Cámara de Representantes.

                Quisiera saber si ustedes consideran que, además de MEVIR, se debe incluir también al PIAI. Digo esto porque en el diseño del Mensaje que envía el INAU se nombra a los dos organismos, pero en  el artículo 249 que quedó aprobado en la Cámara de Representantes se menciona solo a MEVIR.

SEÑOR SALSAMENDI.- En realidad, no teníamos conocimiento de lo que se aprobó finalmente en la Cámara de Representantes. El texto de la solicitud que nosotros hicimos decía: “Agrégase al inciso segundo del artículo 693 de la Ley Nº 18.719, de fecha 27 de diciembre de 2010, lo siguiente: ‘Por directiva de INAU, podrá contratarse directamente con organismos del Estado, el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) y/o MEVIR’.” Eso era lo que planteábamos en el artículo, mencionando a los organismos del Estado y pensando particularmente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aunque en algunos casos también se recibe apoyo del Ministerio de Defensa Nacional. En esos casos no tiene sentido hacer una licitación ni un llamado a precios. Obviamente, incluíamos el PIAI, pues trabajamos mucho con dicho Programa; además, los lugares en los que están ubicados  o podrían estar ubicados este tipo de centros coincide enormemente con las zonas en las que el PIAI desarrolla sus tareas. Se nos hizo saber que al decir  “organismos del Estado”, podía entenderse que genéricamente el PIAI y MEVIR ya estaban incluidos, pero dada su particular naturaleza, nos parecía que debían establecerse a texto expreso. Si en la Cámara de Representantes se hubiera modificado esto, no incluyendo al PIAI u otros organismos del Estado, francamente solicitaríamos que se retornara a la redacción original en esa materia.

SEÑOR GANDINI.- Creo que lo que se aprobó en la Cámara de Representantes fue el texto que remitió el Poder Ejecutivo, que refería al mismo punto, pero que tenía una redacción diferente a la que venía en el Mensaje del Organismo. A este se le agregó, a solicitud de las autoridades de INAU, la entrada en vigencia a partir de la promulgación. Me queda alguna duda respecto de si el PIAI tiene posibilidades de contratar o contrata el organismo al que pertenece. Si fuera así, está previsto, porque lo que dice la redacción del artículo 249 es: “Autorízase al Fondo de Infraestructura Educativa Pública -INAU-, a contratar directamente con organismos del Estado” -entre los que estaría incluido el PIAI- “y la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Insalubre (MEVIR - Doctor Alberto Gallinal Heber)”, que es una persona pública no estatal y, por eso, requiere una mención expresa. Me parece que dentro de la formulación “organismos del Estado” se incluye tanto al PIAI como a otros que pudieran contratar directamente según autorización del INAU. Por eso el Poder Ejecutivo lo envió así y de esta manera lo aprobó la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estudiaremos el tema, pero de acuerdo al planteo del señor Senador Gandini, estaría incluido.

SEÑOR SALSAMENDI.- Como el señor Senador Gandini tiene la ventaja de “jugar en todas las canchas”, fue parte de la discusión que hubo en la Cámara de Representantes, donde se adelantaron planteos en ese sentido ya que no tenía sentido hacer mención especial al PIAI, pero sí a MEVIR dado que no estaba comprendido dentro de la mención genérica a “organismos del Estado”.

                Respecto del artículo 2º, debo decir que fue el único punto en el que no llegamos a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Si bien compartían el objetivo, entendían que el medio que pretendíamos utilizar no era el mejor.

                En la Cámara de Representantes manifestamos que no nos atábamos en absoluto a ninguna idea, sobre todo a una que no tuviera apoyo del Poder Ejecutivo y que disminuyera las posibilidades de ser aprobada. Lo que estamos planteando por esta vía es la posibilidad de desarrollar proyectos para los niños, niñas y, particularmente adolescentes, con el fin de fortalecer su inserción educativa, pero fundamentalmente laboral, incluso con la posibilidad de realizar proyectos asociativos. Hace un tiempo que venimos trabajando con el INIA, la Facultad de Agronomía, el Instituto Nacional de Colonización, el Ministerio de Educación y Cultura y otros, en la búsqueda del establecimiento de una serie de proyectos vinculados con la producción de carácter agrario o agrícola. Obviamente, no solo estamos pensando en esos casos, porque también tenemos contacto con muchos gurises urbanos que no se enganchan con este tipo de cosas. En ese sentido, los acuerdos con UTU y demás  nos permitirían ir avanzando en este tipo de ideas. Sucede lo mismo con emprendimientos de carácter deportivo y cultural, y para que se comprendan mejor las dificultades, voy a citar un ejemplo.

Se proyecta una norma que permite a los chicos comprar objetos personales. De esta manera no usarían, por ejemplo, el mismo desodorante, con lo que se estaría contribuyendo a reafirmar su individualidad. Aún no se ha aprobado la norma, pero  en el INAU se ha dado una discusión interna acerca de cómo se van a registrar esos gastos, qué tipo de boleta hay que expedir, si el chico antes de comprar tiene que consultar si la empresa efectivamente es o no proveedora del Estado, etcétera. Es muy complicado; el Derecho Público, objetivamente, desde esta perspectiva, no está pensado para adolescentes y no permite un desarrollo real de alguna de las posibilidades que se tienen.

 Me voy a adelantar -porque además está presente el señor Senador Gandini, que lo planteó en Cámara de Representantes- a mencionar algunas objeciones que se pueden presentar y que, por otra parte, fueron planteadas por integrantes de todas las Bancadas en la oportunidad en que se estudió el tema. Esencialmente se planteó que la  figura de la fundación que  se adoptaría podría  permitir que se hicieran algunas cosas que no son consistentes con los fines para los cuales fue creada, como por ejemplo,  contratación encubierta de personal, o eventualmente tercerización. De esa forma se estaría desvirtuando la finalidad que se pretende. Por esa razón -ya lo hemos señalado-, no nos importa si la figura jurídica o el medio es este. Si hay una figura que a este Parlamento le parece que cumple con este objetivo y que, además, da garantías desde el punto de vista de la transparencia, del control y del manejo de los fondos sin perder agilidad, obviamente no tenemos ningún inconveniente. Esto es algo verdaderamente necesario.

                No nos dio el tiempo -y somos sinceros- para conversar un poco más con otros organismos que también trabajan con niños y adolescentes, como ANEP, pero en estas áreas sí venimos trabajando con la UTU en forma muy coordinada.   Nuestro objetivo es lograr lo que planteamos anteriormente. Entendemos que los chicos tienen una potencialidad enorme y creemos que la educación muchas veces no es flexible, no se adapta a situaciones disímiles, con personas que vienen de contextos más deprimidos. Sin embargo, hemos visto en la mayoría de los casos que no existe una imposibilidad real de que esos chicos se inclinen por el trabajo  y el estudio.  Adelanto que en estos días vamos a plantear a los canales de televisión y a las radios la posibilidad de proyectar una campaña  de bien público, llevando el mensaje de que el que trabaja y estudia no es un bobo y el bandido no es un vivo. Puede parecer  una tontería, que es romántico o que no produce  ningún efecto, pero para nosotros es un mensaje absolutamente imprescindible y estamos cada vez más convencidos de ello. Hemos charlado sobre este tema alguna vez con el Presidente de la República, y me consta su preocupación y aquiescencia con este planteo. En este sentido, estamos buscando formulaciones que nos permitan desarrollar este tipo de propuesta y, sobre todo, lograr que la conjunción de trabajadores y empresarios pueda tener una incidencia real en la institución y que no se trate simplemente de “manguear” y pedir cosas. Se trata de aprovechar el ámbito tripartito para que los actores del mundo del trabajo nos digan, por ejemplo, qué es lo que tenemos que hacer, que nos sugieran lo que piensan, etcétera aunque después enseñen lo que quieran, pero por lo menos que exista un ámbito, un espacio en donde se puedan discutir esos temas entre aquellos institutos que tengan que ver con los niños, niñas y adolescentes -en nuestro caso, no con la educación formal- y la gente vinculada al mundo real de la economía. Por estas razones precisamos un instrumento, pero si no puede ser este -por las razones que señaló el señor Senador Gandini-, que sea otra figura jurídica; es imprescindible contar con una herramienta parecida a esta para poder desarrollar algunos de estos objetivos. Incluso, cabe  la posibilidad de poder utilizar mejor los recursos que el propio Estado tiene, centralizándolos, en este caso, exclusivamente en lo vinculado a los niños, niñas y adolescentes.

SEÑOR GANDINI.-  Quiero recordar que si bien el Poder Ejecutivo no incluyó este tema en el proyecto que envió a la Cámara de Representantes, fue considerado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y el espíritu general fue no acompañarlo. De todos modos, en la Comisión estábamos de acuerdo con la intención de la propuesta y acordamos trabajar en la materia, pero consideramos que el tema todavía no estaba maduro, y que si bien la intención era buena, lo que estaba más a mano para encontrar algún camino rápido fue la solución de la fundación, aunque ni siquiera es el mecanismo más apropiado para obtener el resultado que se busca, pues tiene algunos antecedentes complicados. Por lo tanto, quiero reiterar la voluntad de encontrar alguna fórmula para una futura etapa legislativa que pueda dar cumplimiento a este tema.

                Por otro lado, quiero solicitar al INAU información sobre la aplicación de un tema que se modifica en esta Rendición de Cuentas, pero que no lo afecta. Concretamente, me refiero a la modificación del artículo 260, que está dentro de las normas tributarias y que refiere a la posibilidad que tiene el INAU  de recibir donaciones especiales -tal como lo establece el artículo 79 del Texto Ordenado-, pues es una de las instituciones que puede recibirlas, con beneficios para el donante, en tanto puede descontar parte de sus impuestos.

 Al mismo tiempo, quiero sugerir a las autoridades del INAU -por lo que estaba diciendo su Presidente- que pongan especial atención en una propuesta denominada “Fomento del Deporte” que remitió el Poder Ejecutivo y que está a punto de aprobarse con algunas modificaciones en la Cámara de Representantes. Este es un mecanismo que, obviamente, debe contar con la iniciativa del Poder Ejecutivo porque implica una renuncia fiscal, pero es una manera muy interesante de canalizar la responsabilidad social y empresarial con beneficios para aquellas empresas que destinen parte de sus impuestos a un objetivo que la ley establece. En el caso de de este proyecto, se prevé el estímulo de las actividades deportivas de los clubes en sus divisiones formativas y en las federaciones en general, pero esa misma solución perfectamente podría ser adaptable a aquellas empresas que, en calidad de patrocinadores o de mecenas, abran espacios y generen puestos de trabajo a los jóvenes luego de su permanencia en el INAU.  Es cierto que a veces esas empresas tienen que dedicar un esfuerzo extra al tomar personas que no tienen hábito de trabajo o idoneidad en un oficio, pero podrían destinar recursos a su formación -junto con el empleo- si tuvieran una compensación en su Impuesto a la Renta o al Patrimonio. Creo que esa es una muy buena idea que puede  potenciar la posibilidad que tiene el INAU a través del artículo 79 del Texto Ordenado. Se puede buscar una solución por ese lado, porque me parece que, por lo menos, va a encontrar sensibilidad en el Parlamento para ser estudiada.

                De todas maneras, la pregunta concreta que formulo es qué resultado está dando esa norma que les permite acceder a las donaciones especiales.

SEÑOR SALSAMENDI.- En el año 2009 recibimos $ 2:500.000 por concepto de donaciones y en 2010  la cifra bajó considerablemente, a $ 432.892.  Este año ha habido aportes importantes, pero todavía no los tenemos contabilizados, aunque podemos enviarles la información.

Hay que recordar que, en el caso del INAU, la donación puede ser directamente al Instituto o a una organización que tenga convenio con nosotros. Formalmente, la donación debe ser al INAU, pero puede ser con destino a una organización con la que se tenga convenio.

                En realidad, no hemos analizado la norma que menciona el señor Senador, pero vamos a poner especial atención en ello.

                El otro elemento que hay que tener en cuenta es que existe el llamado Inefop -no recuerdo exactamente su formato jurídico, si es persona pública no estatal o algo por el estilo-, que es un organismo que tiene dinero -no sé cuánto, pero eso se dice en los corrillos; en estos asuntos todos nos volvemos expertos en saber quién la tiene y quién no- y que da respuesta a la capacitación, pero no necesariamente a otros aspectos en lo que tiene que ver con el funcionamiento específico de la institución. Menciono esto porque fue algo que analizamos; como ya existe en el Uruguay un organismo de ese tipo, en un principio pensamos que se podían canalizar determinados planteos a través de él, pero luego vimos que no daba total cuenta de los objetivos que perseguíamos. 

SEÑOR GANDINI.­- El artículo 260 de este proyecto modifica muchos aspectos del artículo 79 del Texto Ordenado. Concretamente, modifica la redacción vigente para el INAU, ya que se elimina la expresión que dice que las donaciones las recibirá directamente el Instituto.

                         El artículo 261 establece modificaciones a las formalidades en general y, entre otras cosas, dice que todas las donaciones se depositan en una cuenta del Banco República a cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas, el que va a establecer la autorización de retiro, además de una serie de formalidades en tanto las donaciones pueden ser aportadas solamente a proyectos. La interpretación que hago corre para todas las instituciones beneficiarias, como las universidades, los centros educativos, las ONG, y, en este caso, el INAU. Este es un tema que se modifica. Pero para ser claro, estas donaciones serán captadas por ONG o por instituciones públicas o privadas que destinan recursos humanos especializados a interesar a las empresas en proyectos para que los conozcan, se asocien a ellos y hasta saquen resultados. Por ejemplo, las universidades se asocian con empresas con interés en que se desarrolle investigación en determinadas áreas, que luego les será de utilidad, y por eso se ven motivadas a hacer este tipo de donaciones. Tal vez sería una buena inversión que el INAU dedicara recursos humanos a este tipo de tarea, fundamentalmente porque en la disposición aparece un tope global y un tope por sector. El INAU está dentro de las instituciones de asistencia a la infancia que tendrá un tope del 10%; es decir, el sector tiene un tope de $ 10:000.000, además del tope sectorial del INAU, que por reglamentación fijará el Ministerio de Economía y Finanzas: podrá ser mucho o poco, pero lo más interesante será cubrirlo totalmente. Según los montos, en el 2010 estuvieron bastante lejos del tope. Quizá, tal como se hace con los medios de comunicación, habría que desarrollar la gestión de interesar a algunas empresas a que colaboren, brindando en efectivo o en especie apoyo presupuestal para la Institución.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Seguramente el artículo 260 sea motivo de discusión en la Comisión. Inclusive, hay varias delegaciones que ya han hecho planteos en relación con este artículo que vino en la Rendición de Cuentas por un planteo de la Bancada oficialista en oportunidad del Presupuesto. En la Cámara de Senadores un aluvión de organizaciones sociales quiso acogerse a esta, que es una de las posibilidades de responsabilidad social empresarial. Las empresas se enganchan porque existe un retorno, pero la responsabilidad social empresarial, en realidad, podría ser otra cosa. El aluvión fue tal que corrimos el riesgo de dejar una canilla abierta y no saber qué renuncia fiscal implicaba, o arbitrariamente talar y decir esta sí o esta no, porque ocurrió en la mitad de la discusión del Presupuesto, cuando no podíamos profundizar porque no había tiempo. El Ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a enviar una propuesta, que es la que tenemos ahora, y es la que está a estudio. A pedido de la Bancada oficialista la propuesta tenía límites, pero debía tener criterios. Acá vinieron algunas instituciones a formular planteos que no estaba claro en qué criterio cabían. Esto nos hizo prender la luz roja de que esto no podía ser al barrer.

                         Quiero dejar esta constancia porque este artículo se va a discutir, y me parece bien que se haga y se realicen algunos ajustes, porque hay aportes que lo pueden mejorar y mucho. Evidentemente, debe quedar claro, porque si la única colaboración que van a dar las empresas es cuando hay retorno, desde el punto de vista de la responsabilidad social, Uruguay está bastante mal.

SEÑOR SALSAMENDI.- En este momento no tenemos los números de ejecución final, pero podemos decir que hemos tenido un incremento importante con respecto al monto de donaciones del año pasado. En esa bolsa también ingresan los proyectos de cooperación internacional y nacional, por lo que la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional en este período se ha portado especialmente bien con el Instituto.

                El Psicólogo Ferrando quiere hacer uso de la palabra para referirse al tema de los niños en adopción.

SEÑOR FERRANDO.- Ya tengo la información solicitada con respecto al registro de adopciones. En este momento hay 50 familias en el registro; 45 familias más están terminando el proceso de valoración y, por otra parte, hay anotadas 150 familias que están en la etapa de los talleres, que es la primera fase en donde se les da información y se plantean los requerimientos. Concretamente, estaríamos hablando de 250 personas o familias que están en este proceso.

SEÑOR GANDINI.- Sé que se está trabajando en el tema, pero hay que encontrar una solución a lo relativo a las cuidadoras. Este tema fue conversado en la Cámara de Representantes, como así también con el sindicato del Organismo y con las delegaciones. Reitero, este asunto está pendiente y está en la órbita judicial, lo cual dificulta llegar a una solución.

                Quisiera conocer la opinión sobre la posibilidad de trabajar en el ámbito de una Comisión para encontrar alguna solución que no interfiera con el trámite judicial que se está llevando adelante, es decir, que no vaya en contra de la defensa que el Organismo está realizando en esta instancia, en donde está en juego una importante cantidad de recursos.

                Repito: ¿qué posibilidades existen para generar alguna instancia de diálogo en donde se encuentre una solución a un tema que involucra a más de 300 personas que cumplen una tarea muy importante para el Instituto?

SEÑOR SALSAMENDI.- Con respecto a este tema nos hemos mantenido en silencio y con una prudente cautela, aunque nos gustaría contestar la pregunta que formula el señor Senador Gandini. Queremos realizar algunas aclaraciones sobre cuál es la situación legal actual en la que nos encontramos y qué es lo que la justicia ha venido resolviendo. Si el señor Presidente lo considera pertinente, solicitaríamos al doctor Montedeocar que se ocupara del tema. 

SEÑOR MONTEDEOCAR.- Muchos de los juicios iniciados por las cuidadoras, tal como decía el señor Senador Gandini, están en curso. A su vez, algunos de estos juicios tienen sentencia de primera y de segunda instancia, y varios de ellos han llegado a casación.

                De un total de aproximadamente 20 juicios, al momento hay 9 sentencias de primera instancia -de las cuales 7 fueron favorables al INAU- y 5 de segunda instancia que, hasta el momento, han resultado favorables al Instituto. Por lo tanto, la tendencia judicial es claramente favorable a la posición  sostenida por el Instituto, es decir, la inexistencia de un vínculo de naturaleza laboral o de un contrato de trabajo.

                Frente a todas las demandas que han surgido, fundamentalmente desde el año 2010, con un antecedente en el 2009 y otro en el 2006, el INAU se ha encargado de mostrar ante los estrados judiciales la inexistencia de esos elementos y, en concreto, la falta del requisito de actividad personal. No creo que este sea el momento ni el lugar adecuado para entrar en detalles jurídicos, pero entendemos que el elemento “actividad personal” no es de aplicación en este caso porque, básicamente, el cuidado del niño es confiado a una familia y no a una persona; y no existe subordinación, porque el Instituto no imparte órdenes sobre cómo debe ser cuidado cada niño, sino que se respeta la forma que adopta cada familia. Un elemento que ha sido tenido en cuenta por la Justicia -y fue manejado por la Suprema Corte de Justicia, entre otros órganos judiciales, en el caso de los guardahilos- tiene que ver con la falta de reclamaciones anteriores como un indicio de que las personas que llevaban adelante estos juicios sabían que su situación no era de vinculación laboral. 

Por lo tanto, la situación del organismo frente a estos juicios es de una expectativa positiva y confiamos que la Suprema Corte de Justicia siga la misma línea de la jurisprudencia de primera y segunda instancia; esto es, que descarte la existencia de una relación laboral y rechace, en definitiva, la pretensión de las actoras.

                Tenemos en nuestro poder un informe en el que se detalla el estado actual de los juicios así como un esquema de los argumentos que se esgrimieron en cada uno de ellos, que fueron recogidos por la Justicia. No sé si este material puede resultar de interés para los señores Senadores -en caso afirmativo, podría entregarlo a la Secretaría-, pero en él encontrarán una síntesis de la posición que adoptó el INAU en los distintos procesos que fueron iniciados por las cuidadoras de alternativa o de acogimiento familiar.

SEÑOR PRESIDENTE.- El material será repartido. Muchas gracias.

SEÑOR SALSAMENDI.- Tal como lo hemos señalado, y en la medida en que la representación esté clara, no tenemos inconveniente alguno en realizar los análisis correspondientes, aunque no tenemos forma de discutir las adecuaciones a cada departamento. Ahora bien, no podemos poner arriba de la mesa los temas que son objeto de tratamiento en el ámbito judicial; esa ha  sido una dificultad que hemos tenido hasta el momento.

                El doctor Montedeocar omitió decir que los dos casos que nos resultaron desfavorables en primera instancia fueron revocados a favor del organismo en la apelación. O sea que podría decirse que, en cuanto a la posición que el organismo ha adoptado, la jurisprudencia no ha sido mayoritaria, sino unánime, incluso con Tribunales de Apelaciones distintos.

Por ende, no nos parece de buena administración discutir sobre juicios que el Organismo está ganando. No nos parece sensato que en estos casos se nos pida y se nos reclame que demos nuestra opinión, a veces muy agresivamente y con una falta de respeto impresionante. A pesar de ello, hemos mantenido un silencio prudencial por la importancia que le asignamos al tema.

Hemos leído y sabemos de la presentación que se hizo en el Parlamento, pero en realidad se insiste en los argumentos que la Justicia desechó. Más allá de compartir o no sus fallos, los acatamos cuando no nos son favorables. En ese sentido, pedimos que se respeten, más allá de que se puedan compartir o no; no se puede pretender  que volvamos a negociar sobre la base de algo que la Justicia ya resolvió que no era de recibo. Obviamente, si el Parlamento entiende que es necesario legislar para modificar la figura, ese sería otro panorama.

Además, estamos trabajando fuertemente en la línea de desarrollar alguna vertiente distinta de acogimiento familiar. En estos días se va a lanzar una campaña porque el sistema de acogimiento familiar por la vía de las cuidadoras ha tenido algunos problemas -donde claramente hubo responsabilidad de la Institución-, y además hubo un aumento muy importante en el número de menores para ser atendidos.

Reiteramos que estamos dispuestos a revisar la regulación. Francamente, no tenemos ningún inconveniente, pero  no podemos o no debemos avanzar en ningún planteo que implique la reedición en otro ámbito que no elegimos. La Institución no eligió la vía judicial, pero en la medida en que así está planteado, con respeto pero firmemente decimos que no nos parece prudente que se discuta en ningún otro ámbito que no sea el judicial, que es el que se escogió para debatir esos temas. Esa es nuestra posición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia del señor Presidente del INAU y de sus asesores.

                Se levanta la sesión.

(Es la hora 17 y 34 minutos.)