SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

                (Es la hora 16 y 10 minutos.)

                -La Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda da la bienvenida al señor Ministro del Interior y a sus asesores.

                Informo a los señores miembros de la Comisión que con antelación el señor Ministro me comunicó que a la hora 17 y 30 se tenía que retirar. Por tal razón, trataremos de aprovechar al máximo el tiempo.

                Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar quiero decir que vamos a dividir la exposición: primero haremos un relato sobre lo que hemos venido haciendo, y recién después nos referiremos a la ejecución y al articulado.

                De acuerdo con lo que se aprobó en el Presupuesto del año pasado, comenzamos analizando la información sobre el Servicio 222. Solicitamos datos a las Unidades Ejecutoras sobre la cantidad de horas que se hacían, las listas de clientes y la cantidad de funcionarios que realizaban el servicio por tramos de horas. A partir de esta información se trató de determinar cuál sería la disminución que finalmente se proyectó en el presupuesto. Concretamente, el recorte de horas se efectuó dando prioridad a determinados servicios como, por ejemplo, salud y educación, así como también todo lo relacionado con el sector financiero.

                En el año 2011 se creó la Comisión que planificó la disminución del Servicio 222. Esta Comisión se reunió con los Entes estatales a los efectos de planificar los cambios en el servicio extraordinario. Se mantuvieron reuniones con áreas de la educación, el Banco Hipotecario, UTE, OSE, Antel, Asse y la Intendencia de Montevideo, entre otros. Se acordó el ingreso de funcionarios eventuales con la educación, Asse, Intendencia de Montevideo y, fundamentalmente, con el Banco de la República Oriental del Uruguay. Este personal está efectuando los cursos correspondientes y es de destacar que algunos ya los terminaron. También se llevaron a cabo reuniones con empresas de seguridad, evaluando cómo se incrementaría el mercado que ya no ocupará la policía; se conversó sobre la formación en seguridad privada y Renaemse elaboró una currícula de formación que le fue entregada a cada empresa. Asimismo, se realizaron modificaciones a la normativa del Servicio 222 y se está trabajando en otras normativas eventuales, porque estamos hablando de decretos muy viejos que generan dificultades de gestión.

                En 2010 se hizo el diseño del compromiso con la gestión y se planificó la instalación de relojes biométricos en todo el país. A principios de 2011 se realizaron jornadas en todas las Unidades Ejecutoras sobre los nuevos modelos de gestión, en las que se informó del nuevo sistema de contralor, y se compraron los relojes que fueron instalados en todas las Unidades Ejecutoras. También se capacitó al personal que gestiona el presentismo en dichas Unidades, y actualmente estamos en la etapa de diseño del software que se utilizará para los reportes de control.

                También el año anterior se diseñó el sistema de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación, con nuevas áreas y coordinaciones. Se planificó el ingreso del personal de operadores penitenciarios, Escalafón S; se desarrolló la capacitación y malla curricular para funcionarios penitenciarios, y se comenzó la elaboración de la normativa que apoya su labor. Se creó la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida para supervisar la vida de las personas privadas de libertad que se encuentran en reclusión domiciliaria o realizando tareas comunitarias. Actualmente se está realizando un plan piloto en ese sentido. 

                Durante los años 2010 y 2011 comenzó la disminución del hacinamiento carcelario a través de las cárceles El Molino y Punta de Rieles, establecimiento de media seguridad con capacidad para 920 personas privadas de libertad. Se aumentó la capacidad de los módulos de alta seguridad en el Comcar y Libertad para 300 personas privadas de libertad, y se realizó la ampliación de los establecimientos de Rivera y de Las Rosas, en Maldonado.

                El año pasado se instrumentó la creación de una Unidad Especializada en Crimen Organizado que realizará las tareas que cumple en tal sentido la Jefatura de Policía, centralizando la atención de este fenómeno en una sola unidad policial.  En 2010 y 2011 la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas ha tenido un desempeño altamente satisfactorio.

                En 2010 comenzó a implementarse el programa de educación a distancia que emplea las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para el rediseño de planes de estudio. En junio de 2011 se empezó a trabajar con lo diseñado durante el año anterior. Se han rediseñado los cursos de pasaje de Grado para los subescalafones  de apoyo, así como la reformulación y reinauguración de la biblioteca de la Escuela Policial de Estudios Superiores.

                Mediante un convenio firmado con el Banco de Previsión Social, la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial ha transitado por el diseño e implantación de la reingeniería para la reforma previsional. Se ha fortalecido el área de desarrollo y base de datos, así como la de soporte, usuarios y redes, y se ha creado un nuevo sistema de prestaciones junto con la estandarización de los procesos.

                Además, desde el año pasado contamos con la incorporación de nuevos profesionales de la salud, así como con la formalización de las relaciones laborales. Se crearon unidades especializadas en el tratamiento de trastornos del sueño y en la rehabilitación y tratamiento de patologías cerebrales. Se realizaron mejoras en la planta física y equipamiento, ampliación de emergencia, nuevo block quirúrgico y calefaccionamiento de áreas. Además, se recuperó y puso en funcionamiento el servicio de rehabilitación ecuestre                 - equinoterapia- en la Dirección Nacional de Salud Policial.

                Por otro lado, en esta instancia creemos que es importante hacer, por lo menos, una somera evaluación de los operativos de saturación, ya que se han formulado críticas que no nos parecen adecuadas.

                Desde el primer momento estos operativos se han desarrollado a partir de órdenes de allanamiento libradas por los Jueces en busca de personas que habían cometido delitos y que se ubicaban en zonas en las que a la Policía le resulta difícil entrar con uno, dos o tres patrulleros. Entonces, se juntan 6, 7, 8 o 10 órdenes de allanamiento y se va a los lugares en los que viven las personas buscadas.

                Esto comenzó en el barrio Chacarita de los Padres este año y en ese allanamiento, así como en los dos siguientes, hubo fuertes resistencias y agresiones a la Policía. Por tanto, además de detener a quienes se iba a buscar, se detuvo a quienes agredían a la Policía. Cuando se informaba a los Jueces acerca de las personas detenidas, estos concluían que la gran mayoría de las personas lo estaban por faltas y que no los iban a juzgar por eso. A su vez, solicitaron que se llevara al Juzgado a quienes se había ido a buscar por los delitos cometidos. Esa es la razón por la que en los tres primeros allanamientos hubo una gran diferencia entre los detenidos y los procesados.

                A partir del tercer operativo pasaron dos cosas. Por un lado, Ielsur hizo un instructivo para que la gente que es objeto de un operativo de saturación no se resista, recomendando que solo se limiten a preguntar el nombre del policía que lo detiene y, si no se lo dicen, que luego hagan la denuncia. Por otro lado, la orden con la que se estaban realizando los operativos de saturación fue complementada con el pedido de que, dentro de lo posible, solo se detuviera a quien se iba buscar. Eso trajo como resultado un menor número de detenidos y una mayor relación detenido-procesado.

                De todos modos, nosotros no valoramos el resultado de los operativos por la cantidad de procesados. Pensamos que a partir de estos operativos de saturación ha cambiado la forma de proceder de los delincuentes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las bocas de venta de pasta base. Hasta ese momento -al igual que ahora- las bocas funcionaban de noche, pero eran abastecidas desde el propio asentamiento o barrio en que estaban instaladas. Entonces, en estos procedimientos se producían caídas, no de las bocas, pero sí de los lugares desde donde se las abastecía. A partir de determinado momento, los lugares de abastecimiento fueron sacados del barrio, por lo que cuando se llega, en la mañana, la boca no está funcionado y tampoco está el lugar desde donde se la abastece, que era lo que se podía encontrar. Eso también llevó a un cambio en la forma de proceder porque, en lugar de realizar solo el operativo de saturación, también se llevaba a cabo en horas de la tarde o de la noche, el control de acceso de vehículos a los barrios donde se estaba interviniendo, en el entendido de que esa era la forma como se introducía la droga que se vendía en horas de la noche.

                Pensamos que en la forma de proceder hubo otros cambios que responden a la presión que se estaba realizando y eso, evidentemente, obliga a trabajar de otra manera a los delincuentes y a la Policía. De esa forma se rompió con la impunidad que tenían para robar y esconderse en un asentamiento; dejaban pasar la presión y luego volvían a salir a delinquir. Incluso, hay estudios que muestran que en determinados barrios la forma más habitual de proceder es a pie, ni en moto, ni en auto. De esa manera corren dos o tres cuadras, se esconden en los asentamientos y se establecen en un lugar bastante inaccesible. Para nosotros esto ha cambiado en forma positiva. Luego voy a pedir al Inspector que profundice en este tema.

                En el total del Presupuesto, el promedio de ejecución de la Presidencia y de todos los Ministerios ha sido del 86,8%. El Ministerio del Interior ejecutó el 91,3%; en lo que tiene que ver con el personal, se ejecutó el 90,9%; en gastos de funcionamiento, el 95,3%; y en inversiones el 86,4%. Pero con respecto a las inversiones, en la ejecución se dieron pasos que tienen que ver con organismos de control, lo que hace prever una mayor ejecución para el año que viene.

                A partir de esas cifras, voy a solicitar autorización para que participen el Inspector Principal Guarteche, con respecto al funcionamiento de los operativos de saturación, y el Director General sobre los artículos vinculados al Ministerio.

SEÑOR GUARTECHE.- Los operativos de saturación no solo tienen que ver con hechos que estamos observando en el Uruguay, sino también con la evolución que estos han tenido en otros países. En esos países existen áreas geográficas liberadas para que los delincuentes puedan ejercer lo que se ha denominado un proceso de feudalización, donde el que manda en el área no es el Estado, sino el señor feudal o el delincuente que tiene más poder en ese lugar. En nuestro país estamos viendo un proceso incipiente de feudalización, especialmente en algunos barrios y en departamentos del litoral. En estos últimos se da la asociación de los narcotraficantes con los viejos contrabandistas, y en la zona de Montevideo se da el caso de que en esas áreas específicas están los grandes distribuidores de drogas. Si ese proceso se consolida, los códigos que se aplican a la población que allí vive son otros; no son los del Estado. Para nosotros, romper esa impunidad que se manejaba en esas áreas fue fundamental, razón por la cual se empezaron a aplicar estos operativos de saturación que no tenían un fin en sí mismo, ni tampoco buscaban cantidad de procesamientos, porque eso se logra de otra manera; el propósito era marcar la presencia del Estado, y de la Policía en particular, en esos lugares. Lamentablemente, no contamos con una legislación que nos acompañe respecto a las faltas y al orden público; en los operativos de saturación muchas veces se dan episodios de falta de respeto a la autoridad y otras faltas que están consideradas en nuestro Código Penal, pero como no se castigan con pena de prisión, sino con multas, luego de iniciado el proceso por parte de los Jueces Penales -que están saturados, porque tienen que atender muchísimos delitos- se libera a la persona inmediatamente. De manera que estamos minimizando la cantidad de detenciones que se realizan por cuanto significan solo un problema para nosotros, y nos centramos concretamente en los delincuentes que estamos buscando o aquellos que son identificados a partir de la aplicación del sistema Afis, que nos permite identificar a las personas por la huella digital. Como decía, estos procedimientos no tienen como propósito solamente eso, sino que se procura hacer el avance a fin de lograr la coordinación absolutamente imprescindible para que el Estado se afirme con el resto de sus instituciones en esos lugares, de manera que podamos rechazar el liderazgo negativo que existe en esas zonas y sustituirlo por un liderazgo positivo. Esto es algo que no solamente tenemos que buscar, sino también fomentar, porque seguramente en esos lugares hay líderes positivos que tenemos que ayudar a que se fortalezcan. La idea final es lograr una forma de trabajo distinta, de manera que el Estado esté coordinado realmente en esos lugares a partir de la seguridad que da la Policía y que, entre otras cosas, podamos cortar ese semillero permanente de delincuencia que por varias generaciones se ha desarrollado allí y que termina afectando la seguridad del resto de los ciudadanos.

SEÑOR PENADÉS.- La primera pregunta que quisiera formular tiene que ver con la ley de emergencia carcelaria, que se aprobara al inicio del año pasado. Esa ley contenía medidas fundamentalmente de carácter presupuestal; en aquel momento, por la vía de excepción, entendimos necesario dotar al Ministerio del Interior de una serie de recursos, así como también habilitar la creación y el llenado de vacantes, fundamentalmente para atender los centros de reclusión. Quisiéramos conocer qué cantidad del monto solicitado oportunamente se ejecutó por parte del Ministerio del Interior y cuántas de las vacantes que se crearon han sido llenadas al día de hoy.

El segundo tema que quiero plantear tiene relación con la construcción de los centros de reclusión. El señor Ministro del Interior hablaba de un alto cumplimiento en materia de inversión; concretamente, mencionó que el 86% de los recursos destinados a ese fin han sido ejecutados. Nos gustaría conocer específicamente a cuánto asciende la inversión en centros de reclusión.

                La tercera consulta tiene relación con el llamado a concurso para el llenado de vacantes que se autorizó oportunamente en la Rendición de Cuentas y está vigente al día de hoy. Específicamente, nos gustaría conocer cuántas vacantes se han ocupado y a qué lugar se destinaron esos recursos humanos, esto es, si fueron a fortalecer la presencia en las comisarías o se enviaron a las Direcciones nacionales.

                Asimismo, queremos saber cuántos son los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional que optaron por pasarse al Ministerio del Interior al día de hoy. En este sentido, la pregunta refiere a cuántos traspasos de funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional ya fueron ejecutados y están prestando funciones en la otra Cartera.

                En cuanto al tema de la inversión en vehículos, queremos saber a cuánto asciende y qué cantidad ha sido ejecutada. Esta consulta es producto de que varios jerarcas de la policía nacional han manifestado, en reiteradas oportunidades, que hay un déficit de vehículos en  muchas reparticiones, fundamentalmente en las comisarías. Por esa razón, nos interesa saber cuánto se ejecutó de esa inversión, cuántas licitaciones se llevaron adelante para la compra de nuevos vehículos y a dónde serán destinados una vez que ingresen al Ministerio del Interior.

                Con respecto a los procedimientos de saturación, nos parece oportuno realizar algunas consideraciones y preguntas, dada la estrategia que el Ministerio del Interior está llevado adelante. Las autoridades reconocieron que el objetivo central no estaba relacionado con la captura de delincuentes y, por lo pronto, podemos decir que es así porque no han sido muchos los capturados y posteriormente procesados. Ahora bien, lo que más nos llama la atención es que dentro de estos delincuentes, no hay ninguno de los que comúnmente se conocen como “pesados”. Pido que si no es acertada esta afirmación se nos informe, por ejemplo, qué cantidad de  importantes narcotraficantes   -de esos a los que se hacía referencia hoy, que son los que suministran la droga en las bocas de salida- fueron capturados. Hemos confirmado la sospecha de que muchas veces hay familias enteras comprometidas en la venta de pasta base y drogas en muchos barrios de Montevideo. Entonces, pregunto cuántos grandes responsables del tráfico de drogas han caído en los mencionados operativos.

                Por otra parte, uno de los objetivos de los operativos era reafirmar la presencia del Estado en zonas donde se detectaría su ausencia y la incipiente creación de un Estado delincuencial paralelo. Una vez realizado el operativo de saturación, se procede a su repliegue -para ser utilizado en otra zona- por lo que me gustaría saber si se está coordinando alguna acción para fortalecer la presencia de un Estado que se reconoce ausente. Si no es así, francamente no vemos que la aplicación de la estrategia tenga un resultado positivo, porque se realiza el operativo un día y, al siguiente, las cosas vuelven a estar más o menos igual que antes. En este sentido, nos gustaría conocer si la estrategia llevada adelante por el Ministerio del Interior tiene como eje central, por ejemplo, fortalecer con más personal a las comisarías que corresponden a las zonas donde se realizan estos operativos. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué queda de la presencia del Estado al otro día de realizado el operativo? ¿Hay coordinación con el Ministerio de Salud Pública o con los institutos de educación? ¿La presencia policial se fortalece producto de que también se fortalecen las comisarías de las que dependen estas zonas, o son las Direcciones de las Jefaturas de Policía de los departamentos en los que se han realizado estas operaciones -es decir, Montevideo y Canelones- o algunas de las Direcciones Nacionales, las que después de realizado el operativo llevan adelante una presencia permanente del Estado? A estos temas se refirió un técnico brasileño cuando relató la estrategia que Brasil había utilizado en las “favelas” de Río de Janeiro y era el modelo que el Ministro del Interior en algún momento anunció que se pretendía utilizar en nuestro país, aunque adaptándolo a nuestra realidad y a nuestra sociedad. La idea era aumentar la presencia del Estado en esas zonas y, en ese sentido, queremos saber en qué quedó eso después de estas operaciones.

                Por último, queríamos conocer si ya se reglamentó e implementó la ley que autoriza a que las Fuerzas Armadas se encarguen del ingreso a las cárceles y del control perimetral, y qué costo tendría para el Ministerio del Interior en cuanto al pago de los efectivos que realicen la custodia.

SEÑOR GALLINAL.- Sin duda, cada vez que recibimos al señor Ministro del Interior, el tema que más nos preocupa -y que también preocupa al Ministro y a toda la población- es el de la creciente  inseguridad. Todos los días recibimos una noticia diferente y es una nueva señal de preocupación que se envía a la sociedad, porque la imaginación del delincuente no se ha agotado para llevar a cabo sus propósitos. Quizás la última, la más novedosa y la que más llamó la atención de todos fue una que difundieron los medios de prensa el mismo día en que comenzó el censo nacional. Al respecto, se supo que a varios delincuentes se les ocurrió utilizar la misma identificación que se utiliza en el censo a los efectos de poder ingresar a los hogares y concretar los delitos.

                Hace algunos días leía con atención las normas contenidas en el Inciso 04, Ministerio del Interior, y la pregunta que me surge es si a juicio del Ministerio, del Poder Ejecutivo, es necesario incorporar una nueva legislación de fondo, de contenido, para combatir a la delincuencia. Por supuesto que nosotros ya presentamos el proyecto de ley para la baja de la edad de imputabilidad y la Comisión nos dio la autorización para convocar al Ministerio del Interior a efectos de conocer su opinión y las distintas alternativas al respecto. En la Cámara de Representantes está el proyecto de ley del nuevo Código Penal, pero hasta donde sabemos no ha tenido mayores avances; creo que ni siquiera está en tratamiento de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

                A nivel del Senado hemos presentado un proyecto de ley que modifica el concepto de legítima defensa, porque pensamos que los ejemplos de los últimos tiempos son más que suficientes para darnos cuenta de que ese instituto -que ya había sido modificado a comienzos del siglo pasado- necesita una nueva adaptación. Hoy en día, a nadie se le ocurre que la legítima defensa se pueda ejercer exclusivamente en los hogares, porque ya no hay espacio físico donde no pueda caber este instituto.

                En consecuencia, queremos aprovechar esta oportunidad para preguntar al señor Ministro y a su equipo si desde el punto de vista del contenido están pensando en la necesidad de incorporar legislación que dé nuevos instrumentos a su personal para que este se sienta más protegido, que es a lo que apunta también el proyecto de ley de legítima defensa. Sabemos que el personal policial tiene, al igual que nosotros, miedo y pánico, a veces está en una situación de riesgo, a diferencia de nosotros y, por lo tanto, necesita un amparo especial por parte de la legislación y de la judicatura para poder actuar.

Por otra parte, queremos preguntar si en la mirada del Gobierno está el nuevo Código Penal, donde se introducen algunos cambios importantes, aunque la mayoría de ellos -lo que es muy triste- no refiere a estos temas, cuando los estamos necesitando. Lamentablemente, se elimina un capítulo que a mi juicio nunca debería eliminarse, que es el de las faltas; me parece que ese es un gravísimo error.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Apoyado.

SEÑOR GALLINAL.- Creo que este es un instrumento de gran utilidad, sobre todo a nivel de la Policía, para poder reprimir faltas que aunque no son graves    -en tanto no son calificadas como delito- muchas veces son el comienzo de una secuencia, de una cultura o de una concepción que termina dañando enormemente la tranquilidad de la sociedad.

                Más allá de las normas de carácter presupuestal que contiene la Rendición de Cuentas -la mayoría de ellas, seguramente, muy necesarias, sobre todo desde el punto de vista económico, ya que tanto el Ministerio del Interior como la Policía nunca van a estar suficientemente remunerados en atención a la importantísima labor que desarrollan- queríamos introducir este tema; nos parece que estaríamos omisos con nuestros deberes y responsabilidades si no lo mencionáramos, sabiendo además que si tanto nos preocupa a nosotros, mucho más le debe preocupar al Ministerio del Interior.

                Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Antes que nada, quiero comunicar al señor Ministro que este sistema de razias u operativos de saturación han sido vistos como positivos por la población. En el interior del país todavía no se realizan, pero en Montevideo, donde nos ponemos en contacto con la gente para juntar firmas para lograr la baja de la edad de imputabilidad, sabemos que existe satisfacción por el hecho de haber recuperado el sentido de la autoridad que durante los cinco años anteriores estuvo -lamentablemente- bastante debilitado; creo que este es un hecho. No hay que tener temor de ejercer la autoridad cuando ella es legítima y se ejerce por medios legítimos; por el contrario, es grave omisión no ejercerla, porque la sociedad pone en manos de la Policía su tranquilidad y esta debe responder. Hay una ética de responsabilidad de ejercer la autoridad y nos felicitamos por el hecho de que el señor Ministro haya vuelto sobre los pasos del Gobierno anterior, que tuvo un debilitamiento de la autoridad, cuando no de hostilidad hacia la propia Policía, en el cumplimiento de su deber.

                Asimismo, concordamos con lo que acaba de señalar el señor Senador Gallinal. Creemos que las faltas nunca fueron muy tenidas en cuenta en nuestro país y, además, el Capítulo del Código Penal relativo a las faltas adolece de una gran vetustez, ya que tipifica conductas que hoy día no se compadecen con el mundo moderno. Por lo tanto, sería muy partidario de realizar un estudio sobre el tema y de reinstaurar la sanción por faltas, debido a dos razones concretas.

                En primer lugar, se ha querido caricaturizar llamando “tolerancia cero”      -que ya adquirió caracteres de adjetivo- a un concepto clarísimo, porque no hay un poquito de violación de la ley, se la viola o no. Es mucho mejor detener a quien la infrinja ya en la primera instancia y con una pena pecuniaria -que  a veces duele más- enderezando de a poco la conducta social, que esperar al homicidio o a la rapiña para empezar a ejercer la función tuitiva, que es la que está detrás de las normas penales. Estas no se fijan por el gusto de poner gente presa o de sancionar, sino por un ordenamiento natural de la sociedad respecto al cual el 90% de la población del país, por lo menos, estamos de acuerdo con que se cumpla.

                En segundo lugar -sin querer agregar más trabajo al señor Ministro, pero quizás para que se analice en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración- creo que el capítulo de faltas debe reverse y sanearse de conceptos antiguos de la conducta punible; en todo caso, debe estar presente y ponerse en marcha. Es la mejor manera, en el brote, de tener las conductas calificadas o tipificadas como delictivas o violatorias del Código.

                Por otro lado, queremos plantear las siguientes preguntas. Vista esta nueva actitud de la Cartera, ¿se ha pensado poner nuevamente en vigencia el decreto que habilita a pedir la identificación? Creo que la mejor arma de prevención que ha tenido y tiene la Policía, ha sido el tener la autoridad para pedir la identificación, tema frente al cual nadie puede sentirse molesto. Al contrario, se debe estar gustoso de presentar la identificación porque con ello se siente que se está ejerciendo una forma de contralor. Además -el Inspector General sabe esto mejor que todos nosotros- el guardia civil sabe a quién le pide la identificación y en qué circunstancias; no es al barrer, sino que es una forma de ejercer un contralor que seguramente dará mucho más resultado que los operativos de saturación, porque a través del sistema de solicitar la identificación van a encontrar mucha más gente de la que está requerida. Se trata de un decreto que se derogó al inicio del Período anterior y, quizás en la perspectiva de la experiencia del Gobierno del Frente Amplio,  advirtieron que fue un error haberlo derogado.

                La otra consulta es la siguiente. En el Período anterior se planeó, y creo que se concretó, la adquisición de sistemas informáticos para el Ministerio del Interior, que si no me equivoco se compraron en China. Me gustaría saber cuál ha sido el destino final de esa operación, es decir, si está funcionando o, de lo contrario, qué plazos existen.

                Finalmente -esta interrogante también es de índole técnica o tecnológica, pero coadyuvante al mejor desempeño de la tarea del Ministerio del Interior- quiero saber si se piensa llamar a interesados por las pulseras identificatorias para quienes están en libertad condicional o haciendo visitas. Se trata de un mecanismo muy práctico -que utiliza un GPS- que permite saber si la persona está cumpliendo o no con las obligaciones que le acarrea la condición de estar sometida a vigilancia judicial y que puede aliviar grandemente el tema de las detenciones, sobre todo en cierto tipo de delitos. Incluso, con ese sistema se podría prevenir el acercamiento de quienes, debido a procesos judiciales, no deben aproximarse a determinadas personas. Muchas veces en el tema de la violencia doméstica o en delitos de carácter sexual con menores, este sistema pasa a ser un complemento de la penas, lo cual considero muy importante.

                Por lo tanto, resumiendo, formulo tres preguntas: una referente a si se piensa volver sobre los pasos en el decreto; otra que tiene que ver con el sistema informático y, por último, la referida al sistema de identificación de los ambulatorios que sea necesario.

SEÑOR MINISTRO.- Aclaro que, por mi parte, voy a contestar las preguntas generales; luego el Director hará lo propio con las que tienen que ver con los gastos y los fines.

                En cuanto a lo que expresaba el Senador Gallinal, debo decir que sí estamos preocupados por algunos aspectos de la legislación; incluso, sobre la eliminación del capítulo de faltas fuimos a hablar con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quien le manifestamos esa preocupación, compartida por él. Llegamos a la conclusión de que lo que había que hacer, más que eliminar el capítulo, era eliminar algunas faltas  que hoy están vigentes, destacando otras. A su vez, llevamos el planteo al Consejo de Ministros y pedimos audiencia al Presidente de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, para hablar sobre ese tema. Por tanto, ese asunto está presente.

                Asimismo, creemos que la legislación actual no es suficiente para combatir la pasta base. Generalmente se tilda a esta droga como a otra cualquiera, pero no lo es; en ese sentido habría que avanzar en la legislación, aunque es un problema que va aún más allá porque cuando se decomisa pasta base y se la envía al Instituto Técnico Forense, este informa que hay clorhidrato de cocaína; con ese dato, luego se pena. Ahora bien; nosotros sabemos que, además de clorhidrato de cocaína, puede existir veneno para ratas, fertilizante, azufre y otros productos que de por sí producen daño y que no se tienen en cuenta cuando se pena. Entonces, por ahora estamos planteando que la Policía Técnica haga ese análisis para saber qué otros elementos existen para que cuando se produzca un informe para el juez, sea completo, en lugar de nombrar solamente que tiene clorhidrato de cocaína. Además, habría que legislar con mayor dureza para el tráfico de pasta base.

                Por otra parte, entendemos que tampoco la legislación es suficiente para el control y venta de armas, por lo que tenemos pensado también hablar sobre ello.

                Sobre el tema de la protección a la Policía, pensamos que algo está faltando. Por eso, de acuerdo a la legislación vigente, varias veces hemos ido a hablar con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y de la Asociación de Magistrados.

                Con respecto a la opinión del señor Senador Penadés sobre los operativos de saturación, en cuanto a que en ellos no ha habido caída de grandes delincuentes, entendemos que la Policía no está haciendo únicamente esos operativos. Cuando va contra los jefes del narcotráfico, lo hace mediante operaciones de inteligencia que determinan que no hay que hacer un operativo de ese tipo, sino ir a Pocitos, a Carrasco o a algún otro lugar, donde con un patrullero o dos es suficiente, porque no va a haber nadie actuando a favor del que se va a buscar -ya sea apedreando o baleando a la Policía- y se lo va a detener de otra forma.

                Y sí, ha habido caídas importantes de jefes del narcotráfico en otro tipo de operativo; incluso, en los últimos tiempos cayeron importantes narcotraficantes de los que introducen pasta base. Por lo general, venían cayendo los que utilizaban a nuestro país como forma de tránsito hacia Europa, pero no los que producen cantidades importantes de pasta base; sin embargo, en los últimos meses se ha verificado este hecho. 

                Por otro lado, la efectividad de un operativo no se mide por la cantidad de droga que se incaute, sino por el hecho de si se desarma o no un circuito de ingreso de droga. Cuando cayeron los que producen pasta base, se desarmaron circuitos, lo que representó un golpe muy fuerte dado últimamente.

Otro tema que se plantea es el de la modificación de las comisarías. Cuando planificamos estos operativos, se proyectó dejar una comisaría móvil pero, hasta el presente, solo lo hemos podido hacer en el primero de ellos; en los demás, se dejó la comisaría móvil y luego de un tiempo se sacó. Ahora bien; la experiencia nos ha demostrado que todo es mucho más efectivo allí donde permanece la comisaría móvil. Por supuesto que esta medida continúa estando presente; sin embargo, para llevarla a acabo se necesita que ingrese más personal -el que ha ingresado no es suficiente- por lo que es algo que queda pendiente.

Por otra parte, en la pregunta que se ha realizado hay dos cuestiones: una circunstancial -que acabo de responder- y otra de fondo. Con respecto a la cuestión de fondo, decimos lo siguiente. El actual despliegue de las comisarías fue hecho en la década del cuarenta; ahora estamos en el 2011, y en los barrios donde se han instalado comisarías ha habido cambios de todo tipo. Algunos barrios se han reducido y las comisarías han quedado grandes -por decirlo de algún modo- mientras que en la mayoría de los casos, han resultado chicas para el desarrollo que estos han tenido. No se trata de incorporar gente a esas comisarías porque, por más que se duplique la cantidad de personal, no va a ser suficiente; lo que hay que hacer es cambiar la forma de funcionamiento de las mismas y también de toda la Jefatura, fundamentalmente en Montevideo. Justamente, aquí se prevé modificar lo que existe en la actualidad. Hoy, por debajo de la Jefatura existen tres zonas que son absolutamente burocráticas, administrativas y de control, y por debajo de ellas hay 26 comisarías que representan una parte importante de la operativa.

                Estamos prontos para crear cuatro zonas operativas no administrativas y de control. Queremos que allí esté instalada la investigación, que en ese ámbito trabajen el Cuerpo de Radio Patrulla y el Grupo GEP, y que el Servicio 911 funcione a través de las zonas. Inclusive, debajo de estas, las comisarías van a modificar su funcionamiento y tendrán como eje la investigación, la atención al público y el servicio de policía comunitaria. La operativa que se desarrollará en esas comisarías será llevada adelante por las zonas operativas y contará con el apoyo de las Direcciones Nacionales que, a partir de este cambio, ya no pertenecerán a la Jefatura, sino que responderán al Ministerio.

                Una vez concretada esta modificación, se va a sentir con mucha más fuerza el ingreso de los 2500 efectivos que ocuparán los cargos vacantes creados en el Presupuesto.

                No podemos combinar en forma exacta el crecimiento de las comisarías con el ingreso de las vacantes si no es a través de una modificación estructural que, precisamente, ha sido planificada y ya está en marcha. Cuando dentro de tres o cuatro meses se haga efectiva la mayor parte de los ingresos, las personas formarán parte de una nueva estructura. Todo esto va a estar acompañado por una mayor cantidad de vehículos y una mejor tecnología, como así también por un cambio del sistema de comunicaciones, pues las comisarías datan del año 1940 y el sistema es de 1960. Actualmente está interferido por los periodistas y, además, por cualquier delincuente que posea algo de poder financiero. Esta situación va a cambiar cuando se ponga en marcha todo lo que hemos mencionado, y para ello no falta mucho tiempo. A su vez, esta cuestión se relaciona con la pregunta formulada por el señor Senador Lacalle Herrera acerca de la compra de sistemas informáticos. En el momento en que todo esto se instale, dichos sistemas también estarán funcionando en un centro de comando unificado, que contará con video vigilancia y con las nuevas técnicas de comunicaciones y del Servicio 911. Dicho sea de paso, este último actualmente está interferido y, además, no comunica con todos los equipos que vigilan o patrullan una zona. Tal como decía el señor Senador Lacalle Herrera, cuando un policía dice que en su zona no son suficientes los patrulleros de la comisaría, esa es solo una parte del asunto. En una zona no solo trabajan los patrulleros de la comisaría,  sino también otros cuatro equipos de patrullaje: el de investigaciones, el de la Policía Metropolitana, el del GEP y el de Radio Patrulla. Sin embargo, el sistema de comunicaciones que tenemos trasmite en una frecuencia que no permite que los equipos o grupos que patrullan una zona puedan comunicarse. Por lo tanto, está proyectado que el nuevo sistema trasmita en una frecuencia común para cada zona; de esta forma, todos los equipos de patrullaje de la zona estarán intercomunicados y el envío de información será más efectivo. 

                Con respecto a la nueva actitud ante la posibilidad del pedido de identificación, queremos decir lo siguiente. En primer lugar, la Ley de Procedimiento Policial que anteriormente se aprobó habilita a pedir identificación. En segundo término, estamos trabajando con el sistema Afis, que intentamos generalizar. Aunque la persona no tenga identificación, al colocar el dedo en el aparato, se identifica su cédula, sus antecedentes y una cantidad de información, lo que hace al sistema más efectivo.

                En cuanto a la inquietud acerca de si estamos trabajando con los interesados para llevar a cabo la compra de pulseras, señalamos que a nivel del Ministerio se ha creado una Comisión que ya se ha entrevistado con varias empresas que las proporcionan. Sin embargo, aquí surge otro tema, pues para usarlas correctamente también se necesita que se legisle. Por esa razón, la Comisión está estudiando una propuesta legislativa. Eso es lo que tengo para señalar, o sea que estamos trabajando en el tema.

                Si el señor Presidente lo permite, cedería el uso de la palabra al Inspector Guarteche para que complemente la respuesta general.

SEÑOR GUARTECHE.- Con respecto al tema de los traficantes, para dar una idea, la última organización que fue desbaratada completamente, tenía capacidad para ingresar 600 kilogramos de droga al año y producía alrededor de US$ 8:000.000 de ganancia. Igualmente, queremos reiterar que no nos importa la cantidad de droga que tengan para ingresar, ni el cargamento que se secuestra, sino detener el flujo y desbaratar la organización  completa.

                En cuanto al trabajo de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, nos regimos por un principio de la guerra que es el siguiente: atacar al menor  número de individuos que representen la mayor cantidad de intereses. No todos tienen capacidad para pasar droga por las fronteras y contactos internacionales. La Dirección trabaja específicamente en esa área, así como otras Unidades de la Policía trabajan en las bocas de distribución -es decir, en el menudeo- pero estamos tratando de atacar integralmente este problema, aunque tengamos muchas dificultades para hacerlo.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto a las preguntas vinculadas al  cumplimiento de las metas del Presupuesto, si el señor Presidente lo permite, preferiría que las respondiera el Director General de Secretaría.

SEÑOR CARRERA.- En cuanto a la  primera interrogante del señor Senador Penadés -aunque hizo otras que refieren a la Rendición de Cuentas del año 2010 y a la ejecución presupuestal que estamos trabajando en este momento-  quiero señalar lo siguiente. La Ley de Emergencia Carcelaria nos otorgó un crédito presupuestal de $ 292:000.000. Si los señores Senadores están de acuerdo, voy a leer una lista de obras en las que utilizamos parte del dinero.

SEÑOR PENADÉS.- En todo caso, a efectos de ahorrar tiempo, los detalles de esa información los podrían enviar después.

SEÑOR PRESIDENTE.- Efectivamente, agradeceríamos que los detalles los envíen luego para agregarlos a la versión taquigráfica.

SEÑOR CARRERA.- Ese dinero lo utilizamos para la instalación eléctrica de los centros penitenciarios del interior, pues cuando nosotros comenzamos nuestro trabajo estaban en condiciones precarias; concretamente, no podemos olvidar el caso de Rocha. También se utilizó en la ampliación de la cárcel de Las Rosas que, al principio, se había pensado como  una obra para dar capacidad a 250 personas, pero la ampliamos para 250 más. Asimismo, se adquirió equipamiento para la prevención de incendios de todas las cárceles del interior, frazadas, y se amplió la licitación de Punta Rieles para alojar a 920 reclusos. Parte de ese dinero también se usó para crear un centro penitenciario - que en este momento está en ejecución- en Campanero, Lavalleja, que será un centro modelo en el interior del país. Otra parte del dinero se invirtió en la instalación eléctrica de la Cárcel de Canelones y el saneamiento y la adecuación de otros lugares. En este momento está en ejecución una obra relacionada con la capacidad de la Cárcel de Canelones, para  alojar a 120 reclusos.

                A esto se agrega la creación de un Centro Regional Femenino donde estaba el CNR; la adecuación de la cárcel para que  allí se puedan alojar todas las mujeres, y la instalación de un tejido perimetral; la compra de equipamiento para otros centros penitenciarios; la ampliación de la Cárcel de Rivera que tenía una capacidad, en principio para 343 reclusos y pasó a tener un cuarto piso con mayor capacidad, permitiendo alojar 470 reclusos.

                Lamentablemente, todos los Partidos Políticos tuvieron la intención de crear 1.500 cargos, pero los rubros no estaban. Esto nos sirvió de fundamento para crear 1.580 cargos en la Ley de Presupuesto, compuesto por 1.128 cargos de operadores penitenciarios y 380 cargos de profesionales. En el año 2010, la ejecución total para las cárceles fue de $ 589:000.000.

                En lo que tiene que ver con la adquisición de vehículos, en el año 2010, el crédito de apertura fue de $ 12:000.000, y un crédito de $ 102:000.000 por un sistema de permuta de vehículos.

                Con respecto a la interrogante planteada por el señor Senador Penadés, estamos trabajando con el Ministerio de Defensa Nacional para la implementación y puesta en marcha de las revisorías militares. Ya comenzamos con las visitas a los diferentes establecimientos. El señor Ministro definió que, en principio, se pusiera en marcha en el Penal Libertad y en el Compen. Para este año hemos previsto -actualmente está en proceso- adquirir tecnología para las revisorías de los centros carcelarios por un valor de        US$ 1:000.000.

Con la ejecución presupuestal para la adquisición de vehículos que tuvo una apertura de $ 54:000.000 y un refuerzo de $ 36:000.000, totalizando               $ 90: 000.000, nos propusimos comprar 210 patrulleros y 60 camionetas. Ya hablamos con las empresas que ganaron la licitación para que el 30 de noviembre los vehículos estén en Montevideo. También hemos implementado la licitación de permuta por un valor de $ 74: 000.000. Es decir, en 2011 el total ejecutado para la adquisición de vehículos será por un valor de $ 164:000.000.

Aprovecho la oportunidad para hacer una aclaración. Hace pocos días nos enteramos de que el señor Senador Abreu, en la media hora previa, se refirió a que el Tribunal de Cuentas nos observó la licitación de adquisición por el modo permuta. Nosotros le enviamos una nota al señor Senador -porque, básicamente, la información fue tomada de la prensa- donde le explicamos que solicitamos la reconsideración de las tres observaciones que nos hicieron. Una de ellas fue por no cumplir con la publicación en la página de compras estatales. En el expediente adjuntamos un mail de la Agesic donde decía que no se podía publicar la licitación porque como el objeto era una permuta, no estaba previsto en el software. Habíamos cumplido con todas las otras publicaciones, pero de todas maneras el Tribunal de Cuentas mantuvo la observación. Otro de los cuestionamientos que nos formularon fue el de haber violado el principio de igualdad y transparencia porque hicimos la adjudicación a una empresa que no cumplía con los requisitos del objeto de la licitación. Sobre este aspecto pedimos también la reconsideración porque -lo digo con todo respeto- el expediente fue mal estudiado. Lo que hicimos fue adjudicar a la empresa según los puntos con los que cumplía, desechando aquellos en que no lo hacía. Es así, que el Tribunal de Cuentas analizó el expediente y levantó esta observación tan complicada. También se nos dijo que habíamos violado el artículo 15 del Tocaf por no tener crédito presupuestal para realizar el procedimiento. Cabe aclarar que este es un procedimiento ficticio porque como es una licitación permuta con costo cero, solicitamos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que nos habilitara los créditos mediante un mecanismo de expediente separado. Lamentablemente, esta observación no fue levantada.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a contestar la última pregunta que se me formuló, que refiere a cuántos militares ingresaron al Ministerio del Interior. El otro día se publicó en la prensa que se habían anotado 61, pero eso era hasta el viernes al mediodía. Pedí información a los cuatro organismos en los que está previsto que ingresen militares, es decir, Guardia Republicana, Dirección Nacional de Bomberos y Jefaturas de Policía de Montevideo y de Canelones. A las 11:50 había 460 anotados; a los diez minutos, en la Guardia Republicana se habían anotado 9 más; al día de hoy van 500, pero todavía queda tiempo para que se sigan anotando. Cabe aclarar que el llamado es para 500 efectivos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si ningún señor Senador desea plantear otra pregunta, pasamos a considerar el articulado correspondientes a este Inciso. Quiero recordar a los señores Senadores que el señor Ministro se debe retirar a las 17:30 porque le surgió un compromiso, por lo que, si los señores Senadores están de acuerdo, continuaremos el análisis con el resto del equipo.

SEÑOR CARRERA.- Los dos primeros artículos de nuestro Inciso, 105 y 106, refieren a una serie de supresiones de cargos que estaban vacantes y que no serían ocupados. Como ustedes saben, existía el mandato por parte del Poder Ejecutivo de que esta Rendición de Cuentas fuera de gasto cero. De acuerdo con las definiciones que se habían hecho en la Ley de Presupuesto, había una serie de cargos que estaban vacantes y que no iban a ser ocupados, por lo que se decidió suprimirlos a los efectos de generar crédito y poder desarrollar algunas definiciones que para nosotros son estratégicas.

                El artículo 107 refiere a la creación de algunos cargos de profesionales en la Unidad Ejecutora 001, que es la Secretaría de Estado en la que tenemos asiento las autoridades políticas, cuyo destino será la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Se trata de fortalecer las plantillas de personal técnico, que son fundamentales para desarrollar la tarea que tiene a cargo esta Dirección.

SEÑOR PASQUET.- Si me permite, quisiera hacer una pregunta con respecto a este artículo.

                Entre los cargos cuya creación se prevé figura uno destinado a ser ocupado por un técnico politólogo. ¿Cuál sería la necesidad de incorporar un politólogo en la lucha contra el delito?

SEÑOR CARRERA.- Este año asumió el nuevo Director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Cuando le consultamos acerca de cuáles eran los profesionales que necesitaba para cumplir con su función, nos planteó la necesidad de disponer del asesoramiento de algunos técnicos profesionales a los efectos de realizar el desarrollo de los análisis. Concretamente, nos dijo que necesitaba un Licenciado en Relaciones Internacionales, un Abogado, un Sociólogo, un Politólogo, un Analista en Sistemas y un Semiólogo. 

SEÑOR GUARTECHE.- En este período hemos definido el trabajo de esta Dirección Nacional como el conocimiento que permite a la autoridad administrativa o política la toma de decisiones con el menor grado de incertidumbre posible. En ese sentido, lo que vamos a necesitar es que haya un análisis profundo de las situaciones. Cuando hablamos de un politólogo, nos referimos a escenarios políticos que a veces pueden generar situaciones delictivas. De hecho, los señores Senadores saben que en la calle ocurren determinadas situaciones que terminan en actividades delictivas, y eso es necesario estudiarlo y analizarlo. Es decir, es necesario analizar e investigar todos los extremos. Por tanto, precisamos técnicos para que nos ayuden en el análisis de las situaciones, a fin de que no tengamos solamente el punto de vista policial. Esta propuesta no está dirigida a la actividad política en sí.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 108 se refiere a una situación en particular de la Secretaría del Ministerio. Se trata de la transformación de un cargo de Oficial Principal grado 8 (PT) Procurador en un cargo de Oficial Principal grado 8 (PT) Abogado. Es una situación que nos planteó el gremio del Ministerio con respecto a la Secretaría, que entendemos se puede solucionar; se trata de una persona que tenía su carrera truncada y, de esa forma, se le va a respetar su carrera administrativa.

                El artículo 109 tiene la misma lógica que los artículos 105 y106. Aquí se prevé una metodología que ya se ha utilizado en nuestra Secretaría. Tenemos cargos vacantes en la pirámide funcional. Es decir, tenemos ocupada la primera escala, o sea, la de Agente de Segunda, pero hay cargos vacantes en el grado inmediato superior, que es el del Agente de Primera. Lo que solicitamos aquí es que se habilite promover al grado inmediato superior            -Agente de Primera- a los titulares de hasta 15 cargos de Agente de Segunda Ejecutivo que obtengan los mejores puntajes en su evaluación. Vamos a suprimir de Secretaría los cargos que queden vacantes -que van a ser diez- porque no tenían lógica de estar allí, y de esa manera, podemos utilizar ese crédito para crear cargos de ingreso en la Guardia Republicana.

                En cuanto al artículo 110 debo expresar que había tres funciones contratadas de Oficial Subayudante grado 6 (PE) (CP) que se crearon en el Presupuesto. Estas funciones contratadas tenían como destino el proyecto llamado “Nacido Vivo”. En realidad, son cargos para ser ocupados por Ingenieros y la intención es que se puedan ocupar esas vacantes. Como ustedes saben, esta profesión tiene desempleo cero y la intención es transformar esos cargos al Grado de Comisario, para poder ocuparlos efectivamente.

                El artículo 111 se refiere a una autorización a la Secretaría del Ministerio del Interior para realizar una racionalización administrativa de todos sus cargos y escalafones.

                (Ocupa la Presidencia el señor Senador Pasquet)

-La racionalización de la unidad donde estamos nosotros es central, en el entendido de que la estructura actual repercute negativamente en la gestión. Lo que se proyecta realizar son cambios sustanciales con la colaboración de otras instituciones del Estado, como la Oficina Nacional del Servicio Civil, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Con estos cambios se busca mejorar los Escalafones de apoyo profesional y especializado. Y de lo actuado se dará cuenta a la Asamblea General.

                (Ocupa la Presidencia el señor Senador Martínez)

-El artículo 112 refiere a la creación de cargos de Subdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación. Como los señores Senadores saben, nosotros dimos un paso muy importante con la transformación de la Dirección Nacional de Cárceles y la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación. En la Ley de Presupuesto el único cargo previsto es el de Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero en esta Rendición de Cuentas la intención es crear el Directorio del INR. En este sentido proponemos la creación de un Subdirector Administrativo, que tiene que ver con la gestión administrativa y financiera del Instituto Nacional de Rehabilitación; un Subdirector Técnico, que se va a ocupar de los planes de rehabilitación; y un Subdirector Operativo, cuyas funciones van a estar vinculadas con tareas de seguridad. Además, se crean los Coordinadores de la Zona Metropolitana y de la Zona Interior.

SEÑOR PENADÉS.- Me gustaría conocer por qué se propone que estos cargos sean de particular confianza y no de carrera. Además, quisiera saber si se trata de cargos de particular confianza del jerarca y si van a ser ocupados por funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación o se van a designar personas que vengan de cualquier otro ámbito del Ministerio del Interior o funcionarios de carácter político que no tengan ningún tipo de vinculación o especialización en la materia.

SEÑOR CARRERA.- En el Instituto Nacional de Rehabilitación estamos en un fuerte proceso de lo que se denomina “gestión del cambio”, es decir, hay que establecer nuevos programas de trabajo y todo lo que tiene que ver con la estructura organizativa. Estos son cargos que, por su relevancia y por las políticas que deben ejecutar, tienen que estar en plena sintonía con los planes y las definiciones que se han tomado oportunamente. Todavía no hemos pensado en los nombres de las personas que van a ocuparlos; pueden ser policías en actividad o en retiro, o también personas que estén dentro del INR o que vengan de fuera. Lo importante es que cumplan con ese objetivo. El Subdirector Administrativo debe ser una persona que esté vinculada a las ciencias de la administración, porque tiene que conocer todos los aspectos vinculados a la gestión administrativa y financiera del Estado. En cuanto al Subdirector Operativo, imagino que debe ser una persona que conozca la materia de la seguridad que debe tener un centro de reclusión. Y el Subdirector Técnico tiene que ser una persona con formación en lo que refiere a los planes de rehabilitación.

El artículo 113 refiere a una partida que va a permitir el pago de horas docentes. En el correr de este año ha comenzado a funcionar el curso de formación de los operadores penitenciarios, que van a desarrollar tareas directas con las personas privadas de libertad, con el objetivo de lograr su rehabilitación y concretar importantes transformaciones en el sistema carcelario. Es en este contexto que es imprescindible contar con los fondos suficientes para continuar con este proceso de formación de los operadores penitenciarios y del personal policial que trabaja en los centros de reclusión.

SEÑOR GUARTECHE.- Los artículos 114 y 115 se refieren a la Guardia Republicana y a la necesidad de fortalecer esta unidad, a la que se le ha dado carácter nacional. Para nosotros es fundamental que tenga mayor cantidad de efectivos, porque está cumpliendo una función especial y queremos que sea todavía mucho más especializada.

                El artículo 116 se estableció porque se había creado el cargo de Sub Director de la Policía, pero cobraba muy por debajo de lo que percibe un Jefe de Policía y eso no es lo que corresponde.

                Por su parte, el artículo 117 tiene como propósito premiar “las distintas reparticiones y dependencias, que participen en la realización de actividades u operaciones especiales de prevención y represión del delito,”. Hasta ahora, estaba prevista la premiación individual y no la de equipos, pero a menudo sucede que las unidades especializadas, como la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y la Guardia Republicana, participan en operaciones complejas que requieren de una demostración de valor que está muy por encima de la que normalmente realiza el policía. Entonces, el propósito de esta norma es elevar el compromiso de estas unidades. Cabe aclarar que no se premian las actitudes temerarias, sino las que técnicamente estén bien realizadas y ejecutadas de acuerdo con las órdenes que se den.

SEÑOR PASQUET.- Me gustaría conocer la razón por la cual los artículos 114 y 115 crean, primero, funciones contratadas para Guardia de Segunda en el ámbito de la Guardia Republicana y luego, los cargos.

SEÑOR CARRERA.-  Esto se debe a que cuando un aspirante a Agente de Guardia Republicana comienza el  proceso de formación ya está presupuestado y el  Director de la Guardia Republicana nos planteaba que como se le debe brindar una formación especial, era mejor que ingresaran a través de este sistema por el cual son eventuales por un plazo razonable de 12 meses y, una vez aprobado el curso de capacitación, pasan a ocupar una vacante presupuestal. Nosotros vimos que estos artículos tenían un fundamento serio y accedimos al pedido, porque es más fácil desvincular al funcionario si no cumple con todos los requisitos.

SEÑOR PENADÉS.- Mi consulta tiene que ver con el artículo 117 y la partida de $ 11:000.000 destinada al incentivo del personal de una serie de reparticiones que mencionó el señor Director de la Policía Nacional.  Me gustaría conocer cómo se va a definir el otorgamiento de dicho incentivo              -parecería que la decisión estaría en manos del Ministro, con el asesoramiento del Director de la Policía Nacional- cómo se va a implementar la medida y si está relacionado con los compromisos de gestión, anunciados en el pasado por  esta Administración.  Dicho de otra forma, la pregunta es si el incentivo es una especie de compromiso con la gestión o está más relacionado con operaciones puntuales, y cuántas veces al año se pretende dar a una determinada unidad.  El premio que otorgará el Ministerio, debidamente asesorado por el Director de la Policía Nacional, ¿se podrá dar a una unidad en reiteradas oportunidades o será de carácter anual?

SEÑOR GUARTECHE.- Estos incentivos tienen que ver con los compromisos de gestión. Como dije hoy, estamos tratando de elevar el nivel de compromiso, sobre todo de las unidades especializadas. Quiero aclarar que no se trata de un premio permanente; tiene que haber una operación concreta que cumpla con la premisa de tener un alto riesgo para la integridad física de los funcionarios que participan. Además, el premio no abarca a toda la unidad, sino a los funcionarios que participan concretamente en la operación.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 118 refiere específicamente a una compensación sujeta a los compromisos de gestión, cuyos destinatarios van a ser los directores de los establecimientos penitenciarios. Como ustedes saben, en la interna de nuestro Ministerio y en lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Rehabilitación, se están procesando cambios muy fuertes, donde los principales aliados -es decir, las personas que deben llevar adelante el nuevo proceso- son los directores. Dichos directores deben gestionar un nuevo escalafón penitenciario, tienen que encargarse de lo que tiene que ver con  la privación de libertad de los reclusos, de la alimentación, de la limpieza de ese Centro, del cuidado y del mantenimiento de la obra en sí. Nuestra intención es establecer esta compensación sujeta al compromiso de gestión, que va a tener montos diferenciales según la importancia y la complejidad del establecimiento, y pedimos autorización a través de este artículo 118.

                El artículo 119 refiere a la supresión de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia para dar un nuevo estatus jurídico creando la Dirección General de Información e Inteligencia, cuyos recursos serán transferidos a la órbita de la Secretaría del Ministerio del Interior, junto a la Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas y la Dirección General Contra el Crimen Organizado e Interpol. Cuando se creó la Dirección Nacional de Información e Inteligencia esa unidad ejecutora no tenía funcionarios; tenía presupuesto como para  proyectos de inversión de $ 200.000 y sus gastos de funcionamiento eran de $ 300.000 o $400.000. En realidad, todo lo que tiene que ver con su presupuesto es solventado desde la Secretaría, pero la idea es racionalizar administrativamente y darle un nuevo estatus jurídico.

                Esa era la fundamentación que queríamos hacer.

SEÑOR PENADÉS.- Lamentablemente el señor Ministro, que es el responsable político, no se encuentra presente para responder a la pregunta que voy a formular, pero por lo menos quiero conocer la opinión del Director General y del Director de la Policía Nacional.

                Creemos que está bien que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia pase a ser una Dirección General de la Secretaría del Ministerio del Interior, pero me gustaría conocer la misión que se va a encomendar a esa repartición. ¿Cuando se habla de inteligencia policial, se refieren a la inteligencia de carácter delictivo o es que la Dirección General de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior va a empezar a cumplir otro rol?  Me gustaría conocer cuál es la misión que se le va a encomendar a esta Dirección General a la que se le pretende potenciar elevando su jerarquía y dotándola de un presupuesto acorde.

                Si la respuesta es que se quiere otorgar mayores herramientas a la Policía para combatir el crimen, me adelanto a decir que estamos de acuerdo, pero si va a empezar a cumplir otros roles, evidentemente va a surgir alguna sombra de preocupación, porque dentro de esos roles pueden encontrarse algunos que se encomiendan por ley a la Dinacie,  que depende del Ministerio de Defensa Nacional.

SEÑOR GUARTECHE.- La gran diferencia entre las dos inteligencias es que la Dirección Nacional de Inteligencia actual es auxiliar de la policía y la otra no lo es. Para esta Administración, los objetivos de inteligencia definidos son todos los que hacen a la normalidad de la vida cotidiana de la población, por ejemplo, los recursos naturales. Precisamente, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia ejecutó una operación en Carmelo, donde se detectó una red que traía contrabando a Uruguay y que llevaba muestras de suelo y piedras para Argentina, aunque todavía desconocemos las razones.

                Quiere decir que los objetivos incluyen la protección de los recursos naturales, de la energía, de la producción, del transporte, de las instalaciones críticas, de los edificios públicos, de las Embajadas, en fin, todo esto para que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía actúe como auxiliar de la Justicia.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 120 refiere a la necesidad de incrementar los gastos confidenciales en $ 4:000.000, en virtud de que -como recién decía el Inspector Guarteche- tenemos más unidades ejecutoras que están cumpliendo misiones a nivel nacional. Se trata de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la Guardia Republicana, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, que necesitan ese incremento de los gastos confidenciales a los efectos de poder cumplir con las misiones asignadas.

SEÑOR GUARTECHE.- Según la experiencia de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas -aclaro que me comprenden las generales de la ley- el éxito que se tuvo contra los grupos organizados estuvo directamente relacionado con la cantidad de recursos que se recibieron. Las operaciones que surgen en el interior no se pueden hacer a cara descubierta, por más que trabajemos de particular o vestidos de paisanos; estas requieren que ni siquiera las unidades operativas del lugar, o sea las territoriales -como las Jefaturas u otras instituciones- conozcan la presencia de la Policía allí. Para eso no se utilizan vales de combustibles y se instrumenta un formato diferente   -hasta en lo que refiere al alojamiento- por fuera del procedimiento normal. Esa es la razón por la cual se necesitan estos recursos. Por supuesto que participamos de ello a los Jefes de Policía -quiero dejarlo en claro para que esto no se traduzca como un signo de desconfianza-; ellos sí saben de nuestra presencia y quizás algún funcionario que integra esa Jefatura también trabaje con nosotros en esas operaciones, simplemente para darnos algún apoyo y conseguir información más certera sobre la zona o sobre el área geográfica.

La realidad es que estas operaciones se hacen por fuera del circuito normal; por lo tanto, los gastos de combustible, almuerzos, alojamiento y demás, o sea, todo lo que tiene que ver con la logística de una operación, debe manejarse de esa forma.

SEÑOR SESSER.- El artículo 121 pretende extender al ascenso al Grado de Comisario Inspector o Mayor el mismo sistema establecido desde hace unos cuantos años para los ascensos al Grado de Inspector General, Inspector Principal e Inspector Mayor, es decir, el sistema de tercios para cubrir las vacantes respectivas: un tercio por antigüedad calificada, un tercio por concurso y otro tercio por selección. Se trata simplemente de una extensión de este sistema, a un Grado más abajo del que hoy está, en la medida en que el procedimiento que ha sustituido al tradicional sistema de ascenso por antigüedad calificada para cubrir el 100% de las vacantes no era el más adecuado. La experiencia recogida en estos últimos años -desde que este procedimiento se ha impuesto- indica que este sistema es más justo y logra una evaluación más completa de los Oficiales que van a acceder al Grado inmediato superior.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 122 faculta a Escuela Nacional de Policía a celebrar  convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, básicamente con dos objetivos. En primer lugar, se pretende que la Escuela brinde capacitación en materia de seguridad tanto a la población en general, como específicamente a los empleados de las empresas de seguridad privada -como sucede actualmente- y  que pueda cobrar una contraprestación y, en segundo término, que pueda efectuar inspecciones en instituciones privadas que brindan servicios educativos en seguridad.

                Como saben los señores Senadores, una de las definiciones estratégicas de la Ley de Presupuesto tenía que ver con el Servicio 222. Ello trajo como contrapartida que muchos servicios que se prestaban a través de ese mecanismo, pasaran a las empresas de seguridad privada y, como consecuencia, ahora debemos establecer más controles sobre esas empresas. En este sentido, este año dictamos un reglamento que establece las exigencias que deben cumplir las empresas de seguridad privadas, que prestan seguridad en instituciones de intermediación financiera. A su vez, también estamos trabajando con otro decreto, que tiene que ver con las empresas de seguridad privada en general. Este artículo habilita a dictar los cursos, a las inspecciones y, como contrapartida, a cobrar una tasa especificada en el texto. Esos rubros serán destinados a fortalecer las arcas de la Escuela Nacional de Policía.

SEÑOR PASQUET.- En el inciso segundo del artículo 122, dice: “El precio derivado de la prestación de los servicios al amparo de dicho convenio será presupuestado por la unidad ejecutora y reembolsado por los usuarios que lo hayan requerido”. Da la impresión de que alguien paga antes y luego los usuarios reembolsan, porque reembolsar es pagar a quien ya ha pagado. La consulta es, ¿hay alguien que paga primero y luego es reembolsado, o simplemente se eligió mal el término, por cuanto podría decirse “será pagado por los usuarios que lo hayan requerido”?

SEÑOR CARRERA.- En realidad, la terminología correcta es la sugerida por el señor Senador Pasquet y la redacción debería decir “será pagado por los usuarios que lo hayan requerido”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Que se tome nota por Secretaría para efectuar el cambio.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 123 refiere a la unificación de los escalafones de la Guardia Republicana. Con la Ley de Presupuesto se le dio alcance nacional a la Guardia Republicana. Antes conformaba un Subprograma de la Jefatura de Policía de Montevideo, básicamente compuesto de dos Unidades: la Guardia de Coraceros y la Guardia Metropolitana. Para seguir cumpliendo con esos pasos, debemos unificar los dos escalafones para que tengan una única enumeración, que será Guardias de 1a.  GR o Guardia de 2a. GR, que significa Guardia Republicana.

                Los artículos 124 y 125 serán fundamentados por la doctora Placencia.

SEÑORA PLACENCIA.- Con estos artículos pretendemos comenzar a realizar cambios en una normativa que ya tiene muchos años y que, por lo tanto, en la práctica está perdiendo vigencia. Sin perjuicio de que estamos trabajando en una norma general que modifique  lo relativo al trabajo de las personas privadas de libertad, entendemos que es importante comenzar a realizar algunas modificaciones. En ese sentido, el objetivo es que cada vez más cantidad de reclusos realicen labores, en el entendido de que es parte de su rehabilitación, para luego poder insertarse en la sociedad correctamente.

                Como primer paso,  facilitamos que el Ministerio pueda realizar convenios  con instituciones públicas o privadas para que se utilice mano de obra reclusa. En esos convenios siempre se van a establecer los beneficios sociales y la remuneración que respete los mínimos establecidos en el Derecho Laboral, por ejemplo, los que se fijan en los Consejos de Salarios. A su vez, habilitamos a que el recluso por norma legal pueda salir fuera de los establecimientos a cumplir tareas, con autorización judicial previa.

                Por otro lado, establecemos algo bastante innovador por vía legal y es la posibilidad de hacer talleres por parte de instituciones públicas o privadas -que  no sea el Ministerio del Interior-  dentro de los establecimientos carcelarios.

                Otro tema importante que modificamos es que cuando la persona privada de libertad realiza labores que son comunes a tareas que debe hacer en el establecimiento, como limpiar su celda o espacios comunes, las mismas no sean remuneradas; la normativa anterior habilitaba que esas tareas fueran remuneradas, pero nosotros entendemos que eso es parte de su obligación y de su trabajo de rehabilitación.

                En el artículo 125 se establece que un 10% de la remuneración que perciban las personas privadas de libertad en virtud del trabajo que realicen dentro del marco de los convenios, se destine al centro de atención a las víctimas -que pretendemos fortalecer- de forma de concientizar y de contribuir a reparar, de alguna forma, el daño que causó a la víctima. Según la normativa vigente, un 30% de esa remuneración puede ir destinado a ayudar económicamente a la familia del recluso, por lo que ahora se agregaría un 10% más con el destino que ya he explicado.

SEÑOR PASQUET.- En el artículo 124 se dice que cuando el recluso realice tareas para una institución pública o privada que no sea el Ministerio del Interior, se deberán pagar las prestaciones sociales que correspondan por ese trabajo. Entonces, ¿cuál es el fundamento para que el Ministerio del Interior no deba pagar esas contribuciones sociales, si el recluso hace tareas que no son las propias de su condición de tal, es decir, que no son las previstas en el último inciso del artículo?

SEÑORA PLACENCIA.- En el articulado nosotros mantenemos el régimen de los peculios, es decir, ese monto continúa siendo el 50% del Salario Mínimo Nacional. Si el  Ministerio se hiciera cargo del resto de los aportes, ello implicaría un esfuerzo económico que habría que evaluar y, justamente, queremos empezar  a dar pequeños pasos en ese sentido. A su vez, hay que considerar los recursos que tiene el Estado. Por ejemplo, en esta Rendición de Cuentas tuvimos un gasto cero; por tanto, pensemos el esfuerzo económico que implicaría que el Estado tuviera que comenzar a hacer esos aportes. Eso no lo descartamos y hemos reflexionado sobre ese tema, pero en principio debemos ir dando pequeños pasos para mejorar la legislación y todo el sistema. De todas formas, creemos que establecer las normas o el tema de los convenios con otras instituciones, públicas o privadas, va a reforzar mucho el trabajo de las personas, incrementando sustancialmente la cantidad de ellas que perciban una remuneración, con todos los beneficios sociales incluidos.

SEÑOR PASQUET.- Entiendo el espíritu que se plantea y que esta es la manera de facilitar que los reclusos trabajen. Ahora bien, dejo señalado que aquí hay un problema con el que habrá que lidiar en algún momento. Digo esto porque si se establece el principio de que cuando el recluso trabaja, aun para una institución pública, debe pagar las contribuciones sociales, un día le van a golpear la puerta al Ministerio del Interior para exigirle el mismo principio que se aplica a otras instituciones públicas. Entiendo la coyuntura y la circunstancia, pero dejo constancia de que esto en algún momento habrá que encararlo.

SEÑOR PENADÉS.- Quisiera hacer una consulta sobre el artículo 125. Me gustaría conocer  qué acciones concretas se han hecho hasta la fecha en el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, a cuántas víctimas se ha atendido y dónde se atienden las mismas.

SEÑOR CARRERA.- El Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito es una dirección que fue creada en el período anterior y estaba ubicada en la Secretaría, donde tienen asiento las autoridades políticas del Ministerio del Interior, Unidad Ejecutora 001. Las definiciones que se han tomado es que este Centro pase a la órbita de la Dirección Nacional de Sanidad Policial porque consideramos que allí se cuenta con los recursos humanos y materiales para brindar atención a las víctimas. En ese sentido estamos armando una estrategia para trabajar tanto con el eje público como con el privado, capacitando a nuestros funcionarios para que cuando se enfrenten a una situación en la que tengan que atender a personas que han sido víctimas de un delito, cuenten con la capacitación suficiente, les den la primera atención y luego las destinen al centro asistencial con el que cuenten -ya sea público o privado- para continuar con su tratamiento. Estas son las líneas de acción en las que estamos trabajando.

                Según la información que tenemos han sido atendidas alrededor de dos mil víctimas de rapiña en lo que va desde la creación del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito.

El artículo 126 habilita a la Administración a retener de los haberes del funcionario el costo del equipamiento policial, en caso de extravío. Tal como es de conocimiento de los señores Senadores, el Estado ha realizado una gran inversión para que los policías estén mejor equipados, y como hemos constatado casos de pérdidas de chalecos antibalas, radios o revólveres, aspiramos que con la aprobación de este artículo tengamos la habilitación legal a los efectos de poder proseguir con la retención de los haberes. En el pasado existía un decreto, pero como saben los señores Senadores la vía para autorizar esa retención no puede ser esa sino legal, y eso es lo que estamos solicitando.

Entendemos que los artículos 127 y 129 deben ser estudiados en conjunto. A los efectos de explicarlos solicito que haga uso de la palabra el doctor Martínez.

SEÑOR MARTÍNEZ.-  El artículo 127 lo único que promueve es sustituir el literal B) del artículo 152 de la Ley Nº 16.170, que decía que por tener funcionarios o vehículos no habilitados la multa era de tres a cinco veces el importe impago.

                El importe por cada uno de los funcionarios que no están regularizados es de 1 a 80 UR. Nos señalaban que el importe de tres a cinco veces era nimio y  no permitía que se cumpliera con la normativa y por esa razón  se intenta que tenga un poco más de peso.

                El artículo 129 habilita que quienes contraten servicios de seguridad privados a empresas que no cuenten con la autorización vigente otorgada por el Ministerio del Interior, sean solidariamente responsables del pago de las multas. Esto ocurre especialmente cuando hay eventos que no son permanentes. En esos casos, muchas veces aparecen empresas fantasmas que prevén una cierta organización para la seguridad y que, de haber multas, no las pagan porque, obviamente, sus funcionarios no están regularizados. Entonces la idea es que quienes contratan esas empresas sean solidariamente responsables de esas multas.

SEÑOR PRESIDENTE.-  A continuación, pasamos a comentar el artículo 128.

SEÑOR CARRERA.-  Señor Presidente: el artículo 128 plantea una modificación al artículo 148 de la Ley Nº16.170, que prevé compensaciones especiales para cargos de responsabilidad. Aquí se agregaron los cargos de Director y Subdirector de la Dirección General de Información e Inteligencia, así como el cargo de Subdirector de Asuntos Internos. En síntesis, se agregó el cargo de Subdirector y se dio una nueva redacción al artículo 148.

SEÑOR BARÁIBAR.- Quisiera hacer un planteo a los representantes del Ministerio del Interior. Solicito que se suspenda la toma de la versión taquigráfica.

                (Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa informa a los señores Senadores que para tratar la Sección II, Funcionarios, fueron citados Presidencia, la Oficina Nacional del Servicio Civil, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Contaduría General de la Nación. Sin embargo, dado que el doctor Cánepa debe viajar, esta Comisión no sesionará en el día de mañana. Por lo tanto, este tema será tratado en la mañana del viernes 16 de setiembre.

SEÑOR GALINAL.- Quisiera saber si el artículo 129 ya se consideró, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así es, señor Senador. La doctora Placencia trató  conjuntamente los artículos 127 y 129.

SEÑOR GALLINAL.- Pido disculpas, porque seguramente cuando la doctora expuso yo no estaba en Sala.

Francamente, quisiera saber por qué se planteó este artículo 129. Digo esto porque se está trasladando a los usuarios una responsabilidad que no sé si corresponde. Pero, además, a mi juicio la disposición está mal redactada, porque dice: “serán solidariamente responsables del pago de las multas que se impongan a los prestadores de dicho incumplimiento”, cuando en realidad se debería hablar de los que incumplieron.

SEÑOR CARRERA.- Este artículo se explica teniendo en cuenta la nueva política relacionada con las empresas de seguridad privada.

Tomamos como base una definición que es la reducción del Servicio 222. Como contrapartida, actividades que antes se desarrollaban en la órbita pública, ahora son llevadas a cabo por las empresas de seguridad privada. Lo que se propone  es que  haya una solidaridad, es decir, que la empresa contratante nos ayude a controlar que la empresa prestadora del servicio esté inscripta en Renaemse y cumpla con las obligaciones legales establecidas. Únicamente va a ser solidariamente responsable cuando la empresa que preste servicios esté en negro.

Ni  bien  se apruebe esta norma, nuestra intención es realizar una fuerte campaña de difusión, porque estamos dando una nueva carga a personas que están contratando estos servicios. Esto sigue la lógica de la Ley de Tercerizaciones: tiene que haber responsabilidad. En realidad, la redacción fue propuesta en la Cámara de Representantes y, a pedido de los Legisladores del Partido Nacional, se cambió. Sin embargo, si el señor Senador está de acuerdo, no tenemos ningún inconveniente en modificarla. Antes de venir a esta reunión la leímos y nos pareció que no era correcta. Insisto en que no tenemos ningún inconveniente en cambiarla; simplemente, estamos exponiendo la fundamentación. Los profesionales responsables de Renaemse nos trasmitieron la necesidad de que exista esta norma y estamos de acuerdo con eso porque hoy, lamentablemente, hay varias empresas que están en negro y traen una serie de complejidades. Muchas veces, cuando aplicamos la sanción, no la podemos hacer efectiva. Por esa razón, se quiere trasladar esa responsabilidad a la empresa contratante.

SEÑOR GALLINAL.- Con respecto al error de redacción, pienso que es de carácter tipográfico. En todo caso, se debe imponer a los responsables de dicho incumplimiento. Pero esta es una corrección menor.

Ahora bien; en muchos casos son los vecinos, y no las empresas, quienes contratan los servicios de seguridad privada; esta es una práctica común que se está dando en todo el país. En muchos barrios de Montevideo los vecinos de una cuadra o de una manzana se juntan y, entre todos, contratan una empresa de seguridad.  Es verdad que, de acuerdo con la Ley de Tercerización, quienes contratan una empresa de seguridad serán responsables en segunda instancia si en el día de mañana, por ejemplo, la empresa no cumple con sus responsabilidades salariales; así está establecido en la ley. Sin embargo, me parece injusto que las multas por incumplimiento de parte de estas empresas se trasladen a esos vecinos que se juntan para lograr de manera privada la seguridad que no obtienen de los servicios públicos. A mi juicio, esto no corresponde.

SEÑOR CARRERA.- La intención es que se contraten empresas habilitadas. Esta es una parte o porción de la seguridad pública en la que, por suerte, aún estamos a tiempo de hacer los cambios que sean necesarios.

La redacción que originalmente propusimos en el proyecto enviado al Parlamento, establecía: “Quienes contraten servicios de seguridad privados serán solidariamente responsables del pago de las multas que se impongan a los prestadores por incumplimiento de la reglamentación, siempre que ellos se originen en el servicio que reciben. El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición". Realmente, nos gustaría volver a la redacción original, si existiera esa posibilidad.

SEÑOR GALLINAL.- Aun en ese caso, me parece que no es justo lo que se plantea. Cuando usted va a comprar algo a un supermercado, a una farmacia,  o cuando contrata cualquier tipo de servicios, salvo que sean altamente especializados, jamás pregunta si está habilitado o si tiene el permiso. A mi juicio, que el comprador tenga una responsabilidad en segunda instancia por el incumplimiento del prestador de servicios, choca contra las disposiciones legales más elementales. Quien tiene que hacer la inspección pertinente es el Ministerio del Interior, de la misma forma que al Ministerio de Salud Pública le corresponde determinar qué farmacias están habilitadas.                                                                                         

                Estamos soportando problemas de inseguridad graves y la población está recurriendo a todos los mecanismos posibles para agregar una mayor seguridad a la que brinda el Ministerio del Interior, que está fuera de toda duda. Todos aspiramos a que los ciudadanos tengan mayores garantías y que se reduzca sensiblemente la cantidad de delitos. En este marco, me parece absurdo trasladar a la población una responsabilidad de esas características, pues choca contra la enorme sensibilidad que hoy existe en esta materia. No se puede decir a la gente que si llega a contratar una empresa de seguridad que en realidad no lo sea, será responsable por los incumplimientos que ella tenga, cuando el ideal sería que nadie tuviera que contratar una empresa de seguridad privada. Hace poco, en la Comisión de Constitución y Legislación, el señor Subsecretario del Ministerio aconsejaba no utilizar armas y no defenderse; sin embargo, a veces no hay más remedio que hacerlo.

En fin, no me parece bien que haya que pagar una multa por la inacción, omisión o incumplimiento de otros. La Policía sabe bien quién está prestando servicios de seguridad y está en condiciones óptimas de fiscalizar a aquellos que son de carácter permanente; no es la población la que debe hacer esto. De manera que, si esa es la concepción, no es compartible, mucho menos para tratar de cobrar el importe de una multa.

SEÑOR CARRERA.- Dada la preocupación del señor Senador Gallinal, señalamos que no tenemos inconveniente en que este artículo sea modificado y se agregue que las empresas se harán responsables. Por nuestra parte, creemos que las empresas, dentro de su marco de actuación, deben tener en claro los servicios que están contratando y nuestra preocupación es en torno a ellas. Por tanto, podemos analizar una redacción diferente, a los efectos de abarcar esas situaciones y excluir las que preocupan al señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, esperamos la formulación que se pueda realizar, para poder discutirla en ocasión de considerar el articulado.

                Agradecemos la presencia de las autoridades del Ministerio del Interior y la información brindada.

                Se levanta la sesión.

                (Así se hace. Es la hora 18 y 21 minutos.)