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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 14 y 34 minutos.)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de los gremios integrantes del Plenario del Ministerio de Economía y Finanzas, que nos visita en la tarde de hoy.

Con mucho gusto les ofrecemos la palabra y les recordamos que disponen de quince minutos para realizar su exposición.

SEÑORA RIVERO.- Ante todo, queremos agradecer a la Subcomisión por habernos recibido.

En esta oportunidad queremos solicitar la inclusión de dos artículos en el proyecto de Rendición de Cuentas.

El primero de ellos está vinculado a la contratación de personal. Como los señores Senadores saben, hay dos leyes de la década de 1990 que habilitan al Ministerio de Economía y Finanzas a contratar empresas unipersonales bajo arrendamiento de servicios para la cantina y el Jardín del Inciso. En concreto, estas leyes habilitan a tres unidades ejecutoras: Catastro, Secretaría y Contaduría General. Desde que se aprobaron estas leyes, los servicios han funcionado con estas empresas unipersonales y nosotros entendemos que se ha desvirtuado la relación contractual. Hay gente que tiene veinte años de trabajo bajo esta figura, con lo cual han sido retaceados sus derechos en cuanto a aguinaldos y aportes reales al BPS, lo que influye, obviamente, en su futura jubilación. Sabemos que, por ejemplo, algunos se están jubilando con $ 4.000, porque el cálculo se hace en base a los fictos. No tenemos la menor duda de que esta relación se desvirtuó porque el empleador siempre ha sido el mismo, la facturación es prácticamente exclusiva con el Estado, usan uniforme del Estado y tienen todas las características de un trabajador.

Entendemos que, si bien hubo un marco general de modalidades de contratación en la ley de presupuesto, muchas situaciones escaparon a esa previsión, y un ejemplo de ello es el caso de estas cuarenta personas. Por lo tanto, venimos a pedir que se las incorpore bajo la figura de contrato de derecho temporal, con la característica de ser prorrogable, pero sin el límite de las reestructuras porque desde el Poder Ejecutivo siempre se nos ha dicho que como se entiende que no son parte de la estructura de cargos, no van a estar amparadas en la próxima reestructura. Si el Poder Ejecutivo lo entiende así, obviamente,  en la próxima reestructura no van a estar amparados.

Nuestra propuesta es que los contratos sean prorrogables siempre y cuando se mantenga la satisfacción de ambos contratantes. Esta sería una forma de regularizar a los que están, mientras que las futuras contrataciones se realizarán por el sistema de reclutamiento actualmente vigente.

Entre esas cuarenta personas hay diez que están contratadas a través de una asociación civil que, si bien se creó por un lapso de seis meses en el año 2005, siguió funcionando hasta el día de hoy. Esa asociación está integrada por padres que somos funcionarios. Cuando el señor Jorge Brovetto cerró el Jardín del Ministerio de Educación y Cultura, se nos solicitó que se creara esta asociación para poder transferir dinero. El Ministerio de Educación y Cultura y luego el de Deporte -en ese momento la Comisión Nacional de Educación Física dependía del Ministerio de Educación y Cultura -hoy tenemos convenio con ambos- no tenían forma legal de transferir dinero al Ministerio de Economía y Finanzas. Por ello, se nos pidió a algunos padres que creáramos esta asociación por seis meses; el Ministerio de Educación y Cultura transfiere el dinero a esta asociación y erróneamente se contrata a diez personas bajo la modalidad de unipersonales, en lugar de que figuraran en planilla.

En definitiva, se trata de una triangulación, ya que los padres ni siquiera ven el dinero; el dinero figura en una cuenta que se traspasa de esta forma porque el Estado no cuenta con una norma habilitante.

A nuestro juicio, es muy importante regularizar esta situación, sobre todo para dar transparencia a los fondos públicos. Además, no es correcto que estas personas que trabajan dentro del Estado no tengan jubilación, licencia ni ninguno de los derechos que tiene cualquier trabajador.

Por otro lado, consideramos que esto no requiere de mayores costos porque los sueldos se están pagando. Cabe señalar que no son sueldos grandes; en la mayoría de los casos oscilan entre $14.000 o $ 15.000 que, luego de los descuentos, quedan en $ 7.000 u $ 8.000. Tal vez el incremento de caja consista en el pago del aguinaldo y los aportes correspondientes. Sin embargo, consideramos que este incremento es insignificante si lo comparamos con los gastos que actualmente se están haciendo. A modo de ejemplo, en el Inciso 5 proliferan los llamados a consultorías de toda clase; consideramos que si se recortaran un poco esos gastos se podrían pagar los aguinaldos de estas personas.

Uno de los temas que nos preocupa bastante es el caso de una consultoría que se acaba de expedir en abril de 2005, lo que probablemente esté muy vinculado al Capítulo de Compras que los señores Senadores tratarán en su momento, ya que allí figuran cambios en la modalidad del contralor por parte del Estado. Estimamos que sería bueno que en algún momento los jerarcas aportaran este material   a los señores Senadores.

                Como funcionarios de la Contaduría General de la Nación nos preocupa mucho la baja del contralor y algunos cambios, e insistimos en que el Organismo tiene un cometido  legal de elaboración de la parte operativa -no política- del Presupuesto. En este informe los cometidos también los estaría llevando la UPN, a pesar de que ya se demostró que su capacidad técnica para realizar el pasado Presupuesto no fue buena; hubo diferencias bastante grandes entre los presupuestos habituales y el último. Por lo tanto, además de dejar constancia de estas situaciones que se aproximan, también queremos pedir por esta regularización. Se trata de cuarenta personas que son importantes para la estructura del funcionamiento de los servicios, porque se ha comprobado que las ausencias de las madres se reducen muchísimo cuando existe este tipo de jardines y el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social lo reconoció en la prensa. A ese respecto adjuntamos algunos artículos.

                Por otro lado, queremos decir que como estamos dentro de la Confederación vamos a avalar todos los planteamientos de COFE.

                Si el señor Presidente lo permite, quisiera ceder el uso de la palabra al Presidente de la Dirección Nacional de Catastro para que se refiera al otro artículo.

SEÑOR BERRUTTI.- El artículo 186 de la Ley Nº 18.362 autorizó a la Dirección Nacional de Catastro a pagar un incentivo por cumplimiento de metas y en esa oportunidad se habilitó un crédito de $ 6:000.000, que era suficiente para abonar el diez por ciento por ese concepto. Actualmente, nos encontramos con que una partida ha sido salarizada porque el Ministerio usó la facultad otorgada por el artículo 279 de la Ley de Presupuesto Nº 18.719 y categorizó esa partida como compensación al cargo.

                A su vez, en esta Rendición de Cuentas que se está analizando se va a habilitar a la Dirección Nacional de Catastro y a la Dirección General Impositiva para que las partidas de metas también sean cobradas por los funcionarios temporales. Por lo tanto, el monto actual no alcanzaría para poder pagar el diez por ciento que se abonó durante los años 2009 y 2010, cuando se creó el principio de motivar a los funcionarios para que cumplan mejor su tarea, ya que la plantilla de la unidad ejecutora se había visto muy disminuida debido a ceses por límite de edad.

                En definitiva, estamos pidiendo que se refuerce esa partida en $ 3:000.000 para que se pueda cubrir la diferencia entre lo que se pagó el año pasado y lo que se debería abonar a fines de 2011 pero, fundamentalmente, hacia el año 2012.

                Este es, en definitiva, el contenido del artículo que queremos ingresar.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Agradecemos mucho su presencia.

(Se retiran de Sala los Gremios integrantes del Plenario del Ministerio de Economía y Finanzas)

Material adjuntado por el Plenario del Ministerio de Economía y Finanzas

(Ingresa a Sala la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria. FUM-TEP)

SEÑOR PRESIDENTE.-  La Subcomisión de Audiencias da la bienvenida a la delegación.

SEÑOR MACEDO.- Queremos agradecer la deferencia por habernos recibido antes de que culmine el trámite de la Rendición de Cuentas. Para nosotros es fundamental poder trasmitir a los señores Senadores algunas inquietudes sobre lo que está ocurriendo en nuestro sector de actividad.

Quiero señalar que algunos de los materiales que tratamos de proporcionar dan cuenta de lo que se votó en la Cámara de Representantes, en donde existen diferencias importantes entre las necesidades que plantea la ANEP y lo que efectivamente el Poder Ejecutivo está enviando como Mensaje de Rendición de Cuentas. En este sentido, hacemos hincapié en que estas necesidades son las planteadas por los integrantes de la Administración Nacional de Educación Pública y no por los sindicatos. Cabe aclarar que la ANEP está integrada, entre otros,  por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo, que contaron con la venia de la Cámara de Senadores, y dos integrantes electos por los trabajadores. Por lo tanto, hay una integración mayoritaria del sector político que envía un Mensaje de Rendición de Cuentas que refleja necesidades, mientras que el Poder Ejecutivo remite otro que tiene una diferencia de aproximadamente $ 2.000:000.000 o $ 3.000:000.000.

                Para la Federación Uruguaya de Magisterio  es fundamental generar un espacio de discusión, pero sobre todo de análisis, en tanto las necesidades de la ANEP son fundamentales a los efectos de seguir un proceso. Como Federación que somos, debemos reconocer  -así lo hicimos saber- que en el año 2005 el incremento para la educación, aunque insuficiente, fue importante. Creemos que generar un espacio de crecimiento en lo que hace al presupuesto educativo permitiría seguir desarrollando políticas educativas que reafirmen la mejor educación pública para todos los ciudadanos del Uruguay. En ese sentido, apoyamos lo que es el Mensaje de la ANEP.  Consideramos que en la Cámara de Senadores se deben revertir algunas de las situaciones que se dieron.  Nosotros tenemos firmado un convenio con la ANEP que tiene que ver con la carrera docente que permitirá, a partir del concurso de los docentes, pasar de grado sin que esto involucre la antigüedad. Actualmente, un maestro para poder pasar de grado tiene que permanecer cuatro años en el mismo. La innovación que presentamos durante la discusión del convenio colectivo permite que un grupo de maestros pueda concursar sin necesidad de esperar esos cuatro años. Por supuesto, para ello deberá tener la formación necesaria y cumplir con algunos aspectos significativos relacionados con la carrera docente. Por lo tanto, es necesario incrementar los rubros a nivel del Rubro 0, pero también de la formación docente, pues para nosotros es uno de los ejes más importantes.

En síntesis, pensamos que se debe revisar lo votado en la Cámara de Representantes y asignar más recursos al artículo 6º del mensaje de la ANEP. En este marco, para nosotros es fundamental la carrera docente.

                Con respecto al tema salarial, nos parece que es importante continuar con el trabajo que se ha venido haciendo en la negociación colectiva pero hay que incrementar los rubros a los efectos de mejorar el salario docente así como también ciertas inequidades que existen, de modo que se pueda equiparar todo el sistema. Por ejemplo, hoy los maestros suplentes no cobran la antigüedad. Nosotros entendemos que sí deberían cobrarla, al igual que sucede en los otros subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública. Creemos que esa es una inequidad que debe tomarse en cuenta y respecto al incremento salarial tiene mucho que ver  el tema de los rubros. Quizás esto puede parecer insignificante, pero se debe tener en cuenta que actualmente faltan maestros y uno con veinte años de trabajo que elige una suplencia cobra  lo mismo que otro que recién se recibió. Esto desestimula a los que tienen más experiencia a elegir cargos de suplencia. Por lo tanto, entendemos que se debería asignar una partida que ayude a mejorar esta inequidad en el ámbito de Primaria. Reitero que en los otros subsistemas se paga la antigüedad a los maestros suplentes.

                Otro tema al que queremos hacer referencia tiene que ver con los Maestros Directores. La Federación entiende que es fundamental el trabajo que estos realizan como responsables de sus centros educativos, no sólo con respecto a la difusión y la integración, sino también en cuanto al desarrollo de los saberes y de los aprendizajes. En ese sentido, a partir de la negociación anterior se generaron algunos conflictos relacionados con el salario que percibe un Director y el que percibe un Maestro. Nos parece que, de alguna forma, hay que compensar lo que hace el escalafón de Directores y generar un mecanismo que les permita tener una mejor remuneración. En este tema hay que tener en cuenta la responsabilidad que implica estar a cargo de la Dirección; es más,  hay un gasto que tiene que ver con la gestión educativa, que el Estado se ahorra y  no paga porque de eso se hace cargo el Director. En cualquier escuela que tiene comedor, el Director es el que se hace cargo  de las finanzas, de pagar las cuentas, de comprar la verdura y la leche, y de supervisar la comida. Sin embargo, no recibe ningún pago extra. Es decir que toda la gestión  que tiene que ver con el manejo de los comedores es de responsabilidad de la Dirección. Por tanto, creemos que se los debería compensar por cumplir estas tareas, generando un espacio en el escalafón de Directores que permita la jerarquización de su profesión  y el estímulo a los Maestros a seguir una carrera docente. Poco estímulo puede tener un maestro para seguir una carrera docente cuando, en algunos casos, el salario de Maestro es mayor que el de Director. Nos parece que es importante seguir avanzando en ese camino.

                Por último -pero no menos importante- queremos referirnos al tema de la infraestructura. Para nosotros es importante reforzarla y así lo denunciamos en mayo de 2010, oportunidad en la que planteamos en el ámbito de Primaria la necesidad del mantenimiento de los locales escolares, ya que por lo menos quinientos de ellos estaban en una situación que no permitían el ejercicio de la docencia. En el día de ayer el Vicepresidente de la República planteó la necesidad de contar con locales en condiciones aptas para el desarrollo educativo. Esto nos parece bueno, pero creemos que tal vez el Vicepresidente de la República se está olvidando que pertenece a la fuerza de Gobierno y que, por lo tanto, tiene la posibilidad de asignar los recursos correspondientes para que estas cosas no ocurran. Además, en el caso de que esos recursos estén, tiene los mecanismos necesarios para que se ejecuten en tiempo y forma.

En ese sentido, vamos a denunciar claramente en este ámbito situaciones que se dan -no sé si por impericia, incompetencia u otro motivo- en la conducción de la ANEP respecto a la ejecución de los recursos que fueron asignados en la Ley de Presupuesto. Al día de hoy,  2 de setiembre, todavía no se ha firmado un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo que permitiría la refacción y el acondicionamiento de locales, así como la construcción de otros nuevos. Para nosotros eso es inadmisible y, al respecto, recién conversábamos con un compañero que está en el interior del país, quien nos comentaba una situación que se está dando en el liceo de Young. En teoría, estaba todo pronto desde hace una semana, pero como el Presidente no había firmado la resolución, las obras no comenzaban y el liceo seguía en un estado de caos. Recién hoy de mañana se pudo firmar, lo que otorga luz verde para seguir avanzando en el tema.

                A nuestro juicio, el problema radica en la forma de dirigir; para nosotros, existe responsabilidad directa de los integrantes de la ANEP. 

                En lo que respecta a los Auxiliares, creo que el compañero que representa a ese sector lo puede explicar mejor.

SEÑOR PEREIRA.- Brevemente, quiero señalar que en el año 2002 ingresaron más de dos mil funcionarias, pero contratadas por la Comisión de Fomento -o sea, la Comisión que administra la Escuela- porque no se habían creado cargos. Era una situación rarísima, dado que una organización, que no es una empresa sino una Comisión de Fomento, terminó contratando trabajadores a los que afilió al Banco de Previsión Social y a quienes pagó el salario que pudo. Ese año comenzó un proceso de regularización de estos más de dos mil funcionarios -que terminó en los contratos establecidos en la Ley Nº 17.556- de los cuales hoy quedan mil seiscientos. Pero ocurre que el Parlamento derogó esa Ley -que es, claramente, perversa tanto para el trabajador público como para el privado- salvo para el caso de la ANEP. Y ¿por qué no puede imponer la derogación para la ANEP? Hemos conversado con la Oficina Nacional del Servicio Civil, con el CODICEN y con el Consejo de Educación Primaria a los efectos de buscar una solución para esos trabajadores que cumplen una tarea idéntica a la del Auxiliar que tienen a su lado, e incluso trabajan una hora más, y sin embargo, cobran un 35% menos. Esta situación es inadmisible, dado que son trabajadores de la misma escuela.

                Por otra parte, estamos convencidos de que la discusión sobre la educación no se circunscribe solamente a un porcentaje del Producto Bruto Interno, puesto que un modelo de desarrollo de educación a nivel nacional requiere de mayores recursos, que en esta Rendición de Cuentas no están contemplados. Decimos que no están contemplados porque creemos que se interpreta mal -o, por lo menos, no como se debe- un artículo de la Ley Presupuestal que trata de acompasar el Presupuesto Nacional con el 4,5% del Producto Bruto Interno. Creemos que la interpretación de proyección que se hace -como señalé- no es la más indicada, y que en este caso se debería utilizar la que dé mayores recursos a la educación, máxime cuando todos los líderes políticos del país coinciden en que la educación uruguaya está atravesando por un gran problema, que no es solo de recursos, aunque sí está relacionado con ello.

Nos parece que esta instancia del Senado es bien importante, entre otros motivos, porque en la Cámara de Representantes no tuvimos oportunidad -no sabemos si por desinteligencias o por qué razón- de plantear la necesidad de que el Parlamento analice nuevamente ese artículo y verifique si el cálculo que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas  condice con la voluntad que tuvo el Legislador. Si, efectivamente, no fuera así, sería conveniente que el propio Legislador modificara esa forma de cálculo para dar la posibilidad a la educación de tener un crecimiento presupuestal del entorno de  $ 1.000:000.000. Esto supondría contribuir a alguno de los planteamientos que hicieron el Maestro Macedo, algunos Maestros suplentes, Maestros Directores y Auxiliares de Servicio, sobre una cantidad de temas que no tienen que ver con el aumento del salario en general, sino con algunas inequidades.

Al mismo tiempo, todos somos conscientes de que el término “diezmilpesistas” se aplica a pocos, pero en realidad estamos hablando de casi todos los funcionarios no docentes de Primaria y de buena parte de los Maestros Grado I y Grado II. Esto implica que no nos estamos refiriendo a un sector de actividad en que los salarios son superlativos sino que, por el contrario, si bien hubo ajustes salariales importantes en el período 2005-2010, sigue teniendo salarios bajos que oscilan entre los $ 12.000 y $ 13.000 para el Grado I, montos a los que deben aplicarse los descuentos, con lo cual quedan en mucho menos.

Pensamos que estamos haciendo un planteo razonable y, al mismo tiempo, firme en el sentido de que es necesario contemplar a la educación, en este caso a la ANEP, para permitirle atender algunas de las carencias que hoy está teniendo.

                Por último, quiero reforzar la idea que mencionó mi compañero. Muchas veces planteamos la situación de las escuelas y hay lugares, en los que se está trabajando, que no presentan las condiciones mínimas como para ejercer bien su labor. En consecuencia, creemos que en eso se debería ser mucho más presuroso.

                Muchas gracias, señor Presidente, y amigo además.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la delegación por su exposición.

(Se retiran de Sala representantes de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria, FUM-TEP)

Material adjuntado por la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria

(Ingresan a Sala representantes de la Cámara Uruguaya del Disco -CUD- Sociedad Uruguaya de Intérpretes -Sudei- y Asociación General de Autores del Uruguay, Agadu)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los representantes de la Cámara Uruguaya del Disco, a la Sociedad Uruguaya de Intérpretes y a la Asociación General de Autores del Uruguay, a quienes cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR UBAL.- Hoy dejé la guitarra afuera al igual que mi compañero, Mario Carrero, porque vengo en representación de la Cámara Uruguaya del Disco, pero también hago causa común con la Sociedad Uruguaya de Intérpretes y la Asociación General de Autores del Uruguay. Estamos en los tres sombreros, por decirlo de alguna manera.

                En el día de hoy nos convoca un artículo de la Rendición de Cuentas que sentimos que viola nuestros derechos que fueron sólidamente reconocidos por nuestra legislación y que además fueron ratificados a nivel internacional por diversos Convenios como, por ejemplo, el de Berna y el Acuerdo Adpic. Hemos dejado un memorándum que expresa en detalle nuestra preocupación.

                Este tema está relacionado con el propósito que existe de reforzar el Canal 5. Como artistas, tenemos una vieja relación y un particular cariño porque es el canal uruguayo que, de alguna manera, siempre fue el pobre frente a los demás, pero también el que recogía las expresiones más importantes de los uruguayos. Recordemos que hay programas históricos que estuvieron en Canal 5.

                Por otra parte, tenemos un viejo problema relacionado con el tema de los derechos de autor ya que dicho Canal y la emisora de radio estatal nunca pagaron un solo peso por ese concepto. Esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pese a distintas Administraciones y más allá de que se ha tratado de encarar el problema ante el medio y los demás usuarios. Entonces, ahora con este artículo -respecto al cual venimos a plantear nuestra preocupación- se ratifica en el papel una situación que se venía dando en los hechos y que nuestras instituciones siempre intentaron que no llevara a un conflicto. Para nosotros esto es algo absolutamente injusto porque no tiene sentido que el canal del Estado, que tendría que ser una referencia, no pague los derechos simplemente porque aduce que no tiene dinero. Reitero que ahora con la redacción de este artículo, la situación queda impuesta formalmente en los papeles.

                A nosotros nos parece formidable que se fortalezca al Canal 5 y para ello se han previsto dos artículos. Uno de ellos, el 193, otorga una serie de recursos y contratos de todo tipo para periodistas, cameraman, directores y para una cantidad de gente que va a contar con un presupuesto. Evidentemente, eso fortalece el trabajo del canal y nosotros creemos que eso está muy bien. El otro artículo es el 195 -según se nos dice estos son artículos de justificación- por el cual se autoriza al Canal 5 a efectuar canjes publicitarios, es decir, a realizar una actividad comercial directa. Entonces, eso también nos parece bien por cuanto posibilita que el canal crezca y compita, pero en ningún lado aparece una aplicación para el pago de los derechos, cosa que ha sido instaurada legalmente desde hace muchos años y que todo el mundo paga, menos el Canal 5 y la radio del Estado. En consecuencia, es muy linda la canción que dice “Santa Marta era una villa” y también “A redoblar” pero no recibimos un solo peso por ellas. Nos parece que eso es muy injusto, pero igual lo hemos venido soportando porque siempre se ha dado el viejo discurso de que no hay dinero. Sin embargo, en este momento se está otorgando un presupuesto específico para estas cosas. Por otro lado, venimos a llamar la atención sobre la redacción de este artículo porque se ha hecho de tal manera, que  se violan todos los acuerdos internacionales que el país ha asumido respecto a este tema. Específicamente, se viola el Convenio de Berna y el Acuerdo Adpic y, además, se sustancia en papel el no reconocimiento del pago de los derechos. Por nuestra parte, entendemos que de ninguna manera se puede invocar un interés cultural para no pagar derechos de autor. Creemos que esto es una contradicción inmensamente injusta para los que generamos contenidos. Parece que esto hubiera sido escrito especialmente como diciendo: “Tú que generaste contenidos, que a nosotros nos interesa que se difundan, serás el único que no recibirás un derecho”. Téngase en cuenta que ya ni siquiera estamos hablando de un impuesto. Esta situación nos parece realmente injusta; además pagamos al Estado todos los impuestos como lo hace cualquier persona.

                Por otra parte, esto traerá aparejada una situación problemática a nivel internacional porque la invocación del interés cultural es muy difusa. ¿Qué se entiende por cultural? ¿Quién puede definir lo que es o no cultural? El Canal 5 va a adoptar el criterio que entienda que corresponde para difundir sin pagar los derechos, las licencias, es decir, todo aquello que tiene que pagar normalmente. Es el único país que no paga; a nivel internacional no hay otros ejemplos. Al contrario, los canales y las radios estatales son muchas veces fundamentales en otros países para asentar un marco de referencia. Esta situación viene de tiempo atrás. El motivo principal de nuestra concurrencia no es decir que no nos pagan los derechos, sino que queremos referirnos a un artículo que está incluido en la Rendición de Cuentas -además, no nos parece bien que en una ley de esta naturaleza se afecte una Ley como la de Derechos de Autor- y que  estampa en papel una injusticia que se está dando, de hecho, desde la década del sesenta.

                En el memorándum que les dejamos se detalla específicamente el tema y se incluye una referencia a un artículo que aclara el planteo que acabo de realizar. Allí se dice que si bien el texto vigente puede merecer objeciones en cuanto a que la finalidad cultural, de por sí, no justifica una excepción al Derecho de Autor -que tienda a evitar, no solo la autorización de los autores, sino también una justa compensación por la difusión de las obras- la modificación proyectada, al eliminar el aspecto comercial, claramente afecta la explotación normal de la obra pues se está habilitando que la gestión de los organismos de radiodifusión estatales -más precisamente la televisión, por lo señalado en el resumen de justificaciones- quede al margen del cumplimiento del sistema legal de Derechos de Autor. No tenemos presente casos de excepción a las televisoras de origen estatal en el extranjero aunque tengan únicamente una finalidad cultural; si a ello agregamos la libertad para comercializar la publicidad, menos aún. Esto es importante porque siempre alegamos que el Canal 5 no tenía recursos y ahora no solo se le están dando recursos a nivel oficial, estatal, sino que además se le autoriza a generar convenios de publicidad. En ese marco es aún más evidente la injusticia de omitir el pago de los Derechos de Autor. Nos parece fundamental manifestar nuestra preocupación enorme ante esta injusticia y solicitarles encarecidamente -ese es el plan en que venimos; no hacemos barullo, no hay cámaras de televisión, no hay nada de eso- que se modifique. Ojalá que también se pueda incorporar el pago básico de los derechos de autor  a las justificaciones y a toda esa larga lista  de gente a la cual el Estado le va a posibilitar que el Canal 5 la contrate. No puede ser que los que estamos haciendo la música que pasa el Canal 5 no tengamos el derecho de cobrar lo que todo el mundo paga. No es justo; es algo que cae por su naturaleza. Me parece que este no es el espíritu del Legislador, sino que obedece a un problema de desconocimiento de la situación. Esta fue la razón que nos llevó a presentarnos ante esta Subcomisión a plantear la situación que estamos viviendo. No creemos que esto haya sido a propósito, sino una omisión; por eso, pedimos a los señores Senadores que, por favor, contemplen nuestro requerimiento en el proyecto de Rendición de Cuentas. A tal efecto, hemos traído un texto alternativo y, desde ya, estamos abiertos a generar una instancia de diálogo a fin de lograr algo que sea justo para nosotros.

                Les agradezco el tiempo que nos han concedido para realizar nuestro planteamiento.

SEÑOR BUENSEÑOR.- Soy Presidente de AGADU y Presidente del Comité Latinoamericano y del Caribe de la Cisac.

                Atento al tiempo que nos han otorgado, les solicitamos examinen la exposición de motivos y, en particular, el artículo 191 relativo a la habilitación para canjes publicitarios en el SODRE y en Televisión Nacional. Desconocemos quién redactó esta norma y nos gustaría que la revisaran, porque queremos intercambiar algunas palabras. Además, les pedimos que procedan de la misma forma con el artículo 197, que estaría modificando el numeral 10) del artículo 45 de la Ley Nº 9.739. Esto formaría parte de la exposición de motivos que después llevó al proyecto de Rendición de Cuentas.

                En lo personal, me gusta decir las cosas como las enunció Mauricio Ubal, pero  atento al tiempo de que disponemos, voy a leer un material que hemos traído.

                Como ciudadano y Presidente de AGADU, estoy de acuerdo -al igual que todos los socios de AGADU; me atrevo a decirlo- con que el Canal 5, hoy Televisión Nacional, Tveo, se convierta en un canal exitoso, con índices importantes de audiencia. Esto lo deseamos todos. Ahora bien; en el proyecto distingo dos conceptos muy claros. Por un lado, se invierte en medios técnicos, personal idóneo y todo lo necesario para reconvertir el canal hasta llegar a un primer nivel; me refiero a los artículos 195, 196 y 197 del proyecto de Rendición de Cuentas. Sin embargo, en cuanto a los contenidos -a mi entender, lo más importante que un canal emite- es decir, sus obras, interpretaciones, conciertos, películas y /o cualquier tipo de contenido, el proyecto propone como solución no invertir. Concretamente, se propone no pagar los contenidos ni los derechos de autor. Aquí nos referimos al artículo 201, que estaría modificando el numeral 10) del artículo 45 de la Ley Nº 9.739. En la exposición de motivos se especifica que desde el año 1937 esto no ha sido modificado y se admite que en el 2003 la Ley fue modificada, pero que el numeral 10) del artículo 45 quedó incambiado.

                Lamentablemente para todos los uruguayos, desde su creación en la década del sesenta, el Canal 5 nunca fue competitivo. AGADU y los titulares de derechos de autor  nunca le han cobrado por ellos, lo que habría sido de justicia. Entonces, si mañana Canal 5, Televisión Nacional, se convierte en una empresa exitosa que vende publicidad, hace canjes importantes y arrienda espacios a particulares, no podemos admitir que la ley establezca que nosotros, los dueños de los contenidos, no participemos de la justa remuneración de ese éxito tan esperado.

                Hace pocos días llegué de Perú,  adonde fui convocado como Presidente del Comité Latinoamericano y del Caribe por la CISAC. Por orden del Presidente Correa, en Ecuador, fuimos recibidos por el Ministro de Educación. Al modificar y traer los canales a la órbita pública, lo primero que se hace es llamar a la sociedad de autores y a los titulares de derechos y reconocerles el pago de los derechos. Los representantes de la CISAC fueron a agradecer al Presidente Correa pero, en su lugar, fueron recibidos por los señores Ministros de Educación y de Comunicaciones. Quería aportar esto como un dato a agregar a lo que expuso el señor Mauricio Ubal.

SEÑOR CARRERO.- Simplemente, quiero aclarar que no vengo en representación de ninguna organización; soy autor e intérprete. Creo que, además, este es un derecho de estricta soberanía.

Para quitar corporativismo al tema, imaginen que el maestro Rubén Lena no hubiera cobrado por el tema “A Don José”; él no cantaba ni trabajaba de ninguna otra forma que no fuera con su autoría. Estamos hablando -y por eso traigo el ejemplo- de un símbolo de nuestra identidad y de nuestra nacionalidad. Entonces, insisto en que esto sería como negarle a la familia y a los descendientes del maestro Rubén Lena el derecho a cobrar por una obra de la que disfrutamos todos los uruguayos. No estamos defendiendo exclusivamente el derecho de quienes, como en mi caso, también cantamos, además de ser autores, porque tenemos otra defensa.

Quería hacer esta aclaración porque a veces se confunden estos planteos con la defensa de un corporativismo y de una especie de impuesto, cuando estamos hablando de algo totalmente distinto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a los integrantes de la delegación que representa a la Cámara Uruguaya del Disco (CUD), a  la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sude) y a la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), su presencia en la tarde de hoy.

(Se retira de Sala la delegación de la Cámara Uruguaya del Disco, Sociedad Uruguaya de Intérpretes y Asociación General de Autores del Uruguay)

Material adjuntado por la Cámara del Disco, Sociedad Uruguaya de Intérpretes y la Asociación Uruguaya de Autores

(Ingresa a Sala una delegación del Programa de Cooperación Científica entre Instituciones Académicas de Países de América del Sur y el Instituto Pasteur de París)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a una delegación del Programa de Cooperación Científica entre Instituciones Académicas de Países de América del Sur y el Instituto Pasteur de París (AMSUD-Pasteur).

Con mucho gusto les ofrecemos la palabra.

SEÑORA ALGORTA.- Mi nombre es Gabriela Algorta y soy miembro de la Fundación AMSUD-Pasteur. Me acompañan en esta presentación el doctor Carlos Carmona, que es el Coordinador General del Programa AMSUD-Pasteur, y la Secretaría de nuestro Programa.

Concretamente, venimos a plantear que pretendemos que se incluya nuestro Programa, con nuestra Fundación, entre las instituciones beneficiarias del artículo 79 del Capítulo XIII del Título 4, “Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)”, incluido en la ley de la reforma tributaria del año 2007. Esta disposición establece taxativamente quiénes se encuentran comprendidos en el beneficio de recibir donaciones especiales.

Nuestra Fundación da apoyo al Programa AMSUD-Pasteur, que constituye una experiencia muy exitosa en la cooperación entre instituciones de América del Sur y el Instituto Pasteur de París. Esta red de cooperación científica y tecnológica agrupa a 64 instituciones académico científicas de la región, en particular de Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil y Chile.

El Programa tiene una historia que viene desde el año 2001, cuando se constituyó en Uruguay el Convenio con el Instituto Pasteur de París, pero la vinculación se firmó  ese año con la Presidencia del Uruguay en el Mercosur y el Instituto Pasteur de París. En el año 2002 comenzó a actuar oficialmente y en el 2006 se creó la Fundación que gestiona los fondos.

                El Programa de Cooperación Científica entre Instituciones Académicas de Países de América del Sur y el Instituto Pasteur de París tiene una estructura constituida por una Asamblea General, un Comité de Coordinaciones Internacionales y un Comité de Coordinación Nacional integrado por científicos de diferentes áreas de nuestro país.

                La misión de nuestro Programa y de la Fundación es desarrollar un polo biológico, biomédico y biotecnológico para impulsar la integración de instituciones a nivel regional y con el Instituto Pasteur de París. Favorece la capacitación de recursos humanos científicos y es capaz de abordar problemáticas vinculadas a la biomedicina. Asimismo, se promueven programas regionales de investigación, vigilancia microbiológica y desarrollo biotecnológico.

                Entre las acciones que se han desarrollado desde esa época hasta ahora, encontramos la creación de una red integrada por 64 instituciones de la región, un programa de formación que financia cursos regionales -hasta ahora se han financiado 51 cursos- becas para posgrados en el Instituto Pasteur de París -ya tenemos otorgadas 94 becas- becas para pasantías regionales -123 becarios fueron favorecidos en estos años- pasantías de corta duración y la visita a Uruguay de investigadores franceses. También se cuenta con diversos apoyos a nivel de la biotecnología, como así también se ha apoyado a diferentes investigaciones científicas.

                De los 64 miembros que integran este Programa -los señores Senadores lo pueden apreciar en el cuadro que se entregó- la mayoría son argentinos, pero la cantidad de científicos uruguayos que lo integran no es nada despreciable, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene nuestro país.

                El Programa no cuenta con una fuente de financiación propia; por lo tanto, el apoyo ha provenido del Instituto Pasteur de París -debido a los últimos acontecimientos europeos, se ha dificultado enormemente- como así también de la Cooperación Regional Francesa -si bien nos continúa apoyando, últimamente también ha habido ciertas dificultades- y de las Embajadas de Francia en Argentina y Uruguay. Asimismo,  desde hace tres años contamos con apoyos nacionales para los estudiantes, no ya regionales, sino para los uruguayos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). A su vez, en varias etapas hemos contado con financiación del BID -actualmente tenemos un programa en desarrollo apoyado por esta Institución- del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- de UNESCO y también de nuestro Ministerio de Salud Pública; precisamente, quien habla es representante de esta Cartera ante la Fundación.

                Continuando con los aportes recibidos, a nivel nacional contamos con el Programa de Bienes Públicos Regionales del BID, que contribuye a disminuir la mortalidad y morbilidad asociadas a las enfermedades infecciosas, respiratorias y entéricas infantiles en la región. En este Programa participan Argentina, Paraguay y Uruguay, y su gestión se realiza a través de los Ministerios de Salud Pública de los tres países, conjuntamente con la Fundación.

                Lo que hoy planteamos es, claramente, la necesidad de continuar financiando este Programa. Es fundamental para nosotros la posibilidad de recibir donaciones de empresas nacionales para continuar otorgando becas, apoyar cursos y brindar el desarrollo científico necesario. Desde la aprobación de la ley de 2007, hemos quedado fuera de la posibilidad de que las empresas exoneren parcialmente sus contribuciones impositivas. Es por ello que realizamos este planteo ante la Comisión, a efectos de ver la forma de incluir nuestro Programa y la Fundación en particular -ya que es donde se gestionan los bienes- dentro de la exoneración prevista. 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Agradecemos mucho su presencia.

(Se retiran de Sala los representantes del Programa de Cooperación Científica entre Instituciones Académicas de Países de América del Sur y el Instituto Pasteur de París. AMSUD-Pasteur)

Material adjuntado por el Programa de Cooperación Científica entre Instituciones Académicas de Países de América del Sur y el Instituto Pasteur de París

(Ingresa a Sala la delegación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública)

SEÑOR CABRERA.- Mi nombre es Pablo Cabrera y soy Secretario General de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

                En este corto tiempo queremos mencionar grandes temas que ya estaban en debate porque lo que hace a la salud pública, y en particular a la Administración de los Servicios de Salud del Estado es algo recurrente en estos tiempos. Se ha hablado mucho y lo que buscamos en este momento es que se puedan tomar acciones concretas en lo que hace al fortalecimiento de un organismo que nace en 2007, con una propuesta diferente ante el abordaje del Sistema Nacional Integrado de Salud. Para poder lograrlo son necesarios recursos genuinos, lo que se puede visualizar ya sea a través del Presupuesto Quinquenal o en esta Rendición de Cuentas.

                Cuando analizamos lo que fue la construcción del proyecto del Poder Ejecutivo en su conjunto encontramos que había faltas importantes, por lo que seguimos discutiendo con las autoridades del organismo. Fue así que las autoridades de aquel momento enviaron un Mensaje complementario, que compartimos en un cien por ciento. Creo que es muy importante destacar este aspecto porque habla de un proceso de negociación y de discusión con las autoridades, lo que para nosotros también fue relevante porque, dentro de lo que es el contexto general de negociación colectiva, podemos rescatar que en este organismo esta sí existió y llegamos a un punto donde acordamos las necesidades y la iniciativa de salir a buscar respuestas desde un lugar común.

                Sin embargo, hay un aspecto fundamental y por eso hacía referencia al nacimiento de ASSE como un organismo descentralizado. La propia ley de descentralización marca tiempos importantes para la construcción de la estructura del organismo. Actualmente, en este año 2011, todavía seguimos trabajando con una estructura prestada, la del Ministerio de Salud Pública, y no se han concretado una estructura ni un Estatuto propios de ASSE. Esto hace que también tengamos carencias fundamentales a la hora de visualizar la construcción interna y la prestación de los servicios. En esta Rendición de Cuentas, a pedido del Organismo, se solicitan recursos para empezar a abordar esta situación y posibilitar que exista un esqueleto y un sustento que le permitan empezar a caminar. Sabemos que la problemática de un organismo de la importancia que tiene este, dada la cantidad de funcionarios, no se puede resolver en uno ni en dos días. Pensamos que un año es muy poco tiempo para una institución de este tipo pero sí podemos comenzar, al menos, con uno de los escalafones que consideramos fundamental para el sustento, como es el de Auxiliares y, en particular, de Enfermería ya que mucho se ha planteado en los medios. En este aspecto también estamos tratando de encontrar una salida, pero lo conseguiremos exclusivamente a través de los recursos. Por eso, en este caso, el planteo de los trabajadores es apoyar ese Mensaje que envió el organismo y lograr que desde el Parlamento se pueda laudar. Esto no sucedió en la Cámara de Representantes y por eso recurrimos nuevamente a esta etapa en la Cámara de Senadores para ver si logramos en este espacio, a través de esta discusión, que se comprenda nuestra visión que también tiene que ver con ese respaldo jurídico. Hoy tenemos esta ley de por medio que, obviamente, hay que cumplirla, pero ha pasado un tiempo más que considerable y todavía no se ha laudado un hecho fundamental.

                Esta es la primera parte de la presentación de la Federación a la Comisión.

SEÑOR LANER.-  El compañero Cabrera ha planteado la gravedad de la situación que atraviesa ASSE. Hablo de gravedad porque un organismo que pretende posicionarse dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, fortalecerse y llegar a todos los rincones del país, evidentemente necesita de recursos humanos. Quizás, por este motivo llame la atención la cantidad de recursos humanos, pero muchos de ellos están fundamentados. En este sentido, entendemos que hay casos que tienen que ser prioritarios como, por ejemplo, cumplir con una ordenanza y con un decreto establecidos para los CTI y los centros intermedios en el sentido de que debe haber determinada cantidad de personal por cama, aspecto que hoy no se cumple. En ASSE hoy ocurre que en las áreas cerradas, que son fundamentales -me refiero a los laboratorios, blocks quirúrgicos, los propios CTI y centros intermedios- se trabaja con personal de Auxiliar de Servicio que pertenece a empresas tercerizadas. Esto no significa que esas personas sean malos funcionarios porque poseen los títulos correspondientes de Auxiliares de Servicio, pero surge el problema de que, como son manejados por las empresas, permanentemente están entrando y saliendo de esas áreas que, justamente, requieren una capacitación especial por todos los cuidados que insumen. En este sentido, nosotros habíamos acordado con ASSE la posibilidad de que este personal pasara a tener la calidad de funcionarios públicos. Además, hay algunos planteos que si bien no refieren a incremento salarial directo, son viejos reclamos de la Federación de Salud Pública como, por ejemplo, que se pague el salario nocturno, la compensación por nocturnidad, tal como lo marca la ley, que es el 30% del salario nominal. También queremos, tal como lo hizo el MSP en el Período anterior, simplificar nuestros renglones en el recibo de sueldo -son verdaderas sábanas, pues contienen más de veinticinco o treinta renglones-  en cinco o seis. Para ello está el artículo 26 que -si no recuerdo mal, es una ley del año 1987-  establece una compensación máxima al grado, que necesitamos actualizar. A tales efectos, proponemos y dejamos a consideración de esta Comisión dos aspectos.

 El primero de ellos es que hoy ASSE  tiene 2.200 trabajadores tercerizados que le cuestan $ 510:000.000. Si esta cantidad de trabajadores fuesen presupuestados, la suma se reduciría a $ 200:000.000; es decir, que sobrarían $ 300:000.000. Con esta cifra sobrante perfectamente se puede financiar la partida por nocturnidad y lo relativo al artículo 26.

El segundo aspecto que queremos señalar es que nos gustaría tener  alguna instancia en donde con más tiempo pudiéramos desarrollar cada uno de los artículos del segundo proyecto que presenta ASSE, que no es el que viene con el Ministerio de Economía y Finanzas, que ya está laudado, sino el que contiene una suma muy importante de artículos. Entonces, solicitamos a las diferentes bancadas la posibilidad de discutir cada uno de los artículos para ver si podemos encontrar una solución que nos encamine en este tema. Podemos comenzar a analizar este año una parte de este proyecto y dejar laudado algo para la próxima Rendición de Cuentas, sin perder de vista que nosotros como trabajadores de ASSE, que todos los días estamos peleando por la salud y luchando cara a cara con la muerte, necesitamos contar con los recursos humanos necesarios para poder brindar la atención que el usuario merece.

SEÑOR SPÓSITO.-  Con relación al capítulo de recursos humanos, que para nosotros es el más sentido, queremos decir que uno de los planes del nuevo quinquenio dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud es el programa de salud rural, que impulsa la asistencia mediante un puesto asistencial a no más de 13 kilómetros de donde existan los usuarios del prestador, sea público o privado. Como ustedes comprenderán -los señores Senadores conocen muy bien el territorio nacional- el único prestador que tiene usuarios a lo largo y ancho del país es ASSE, sea por Fonasa o por usuarios del Sistema. En ese sentido, como decían los compañeros, el organismo proyectó en su mensaje complementario una solicitud de más de 900 cargos nuevos. Para  que ustedes tengan una idea, solo el programa de salud rural se lleva más de 500 cargos en el primer año -más de 200 Licenciados en Enfermería y más de 300 Auxiliares- por lo que el resto de los cargos nuevos que se solicitan tendrían que distribuirse entre el primer nivel de atención, el segundo y el tercero. Es por eso que en la carpeta que les entregamos hacemos mención a dos modificaciones específicas a ese Mensaje. Si bien coincidimos en lo general con el organismo, consideramos que se necesita aumentar la dotación de recursos. Lo mismo sucede con los tercerizados, ya que hay una previsión de 497 cargos y nosotros aspiramos que se dejen habilitados los 2.000 para que esos trabajadores se puedan ir incorporando en las futuras Rendiciones de Cuentas. De esta manera, nos aseguramos que integren los equipos de trabajo asistenciales -como corresponde, porque una persona que trabaja en cocina o limpia un área cerrada es parte del equipo de salud- y, a su vez, el organismo podría redistribuir el presupuesto quinquenal otorgado de modo de financiar otras cosas que necesitamos.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si ningún señor Senador desea hacer alguna pregunta, agradecemos a la delegación las propuestas que han realizado, que serán valoradas.

(Se retira de Sala la delegación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública)

Material adjuntado por la Federación de Funcionarios de la Salud

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios Judiciales)

SEÑOR  PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores da la bienvenida a los representantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales.

SEÑOR NÚÑEZ.- Buenas tardes a todos los señores Senadores.

                Ante todo, aclaro que hemos entregado a la Secretaría de la Comisión un borrador del documento que contiene la propuesta que vamos a exponer.

                En principio, voy a informar sobre la situación actual del Poder Judicial. Como ya saben -esta información fue manejada por la prensa- los trabajadores judiciales estamos próximos a iniciar un juicio contra la Suprema Corte de Justicia, como consecuencia de su desconocimiento del “enganche porcentual” que viene regulando nuestros salarios desde el Presupuesto pasado. Según interpretación de la Suprema Corte de Justicia, ese enganche no está vigente, por lo cual reclamamos la aplicación del artículo 64 de la Ley de Presupuesto, que determinó un incremento salarial a la Magistratura por los meses de enero a marzo y quince días de abril. Al haber aumentado el salario del Subdirector General -al cual estamos enganchados porcentualmente- se debía hacer lo propio con nuestros haberes, por eso estamos reclamando ese incremento. Sin embargo,  la Suprema Corte de Justicia, por medio de la DINATRA, nos contestó que no estaba vigente, y según su interpretación, en la reestructura pasada tampoco estaba vigente. Por lo tanto, en los próximos diez días estaremos presentando una demanda en un Juzgado Civil a los efectos de que un Juez se pronuncie, primero, sobre la vigencia de este porcentaje y, luego, sobre la reclamación salarial correspondiente por aplicación de ese porcentaje.

                Obviamente, el hecho de que nuestra estructura salarial esté vinculada con un salario de enganche, que es lo que habilita el aumento porcentual, es una vieja reivindicación de los trabajadores judiciales, que se alcanzó mediante la aprobación del artículo 389 de la última Ley de Presupuesto. Después de un acuerdo, de un Mensaje presupuestal que fue acompañado por todas las gremiales de los funcionarios judiciales -Magistrados,  Defensores, Actuarios, Peritos en aquel momento, y trabajadores en general- se logró que el Parlamento aprobara una partida de un 33% y un 7% adicional para llevar adelante esa reestructura de enganche porcentual. Sin embargo -y lamentablemente- la Suprema Corte de Justicia hoy dice que eso no está vigente, lo que nos lleva a que tengamos que plantear un juicio para poder reivindicar y hacer valer ese derecho legislativo, que además es un derecho que tenemos todos los trabajadores desde que se aprobó esa Ley de Presupuesto.

                En otro orden de cosas, el año pasado, después de una ardua negociación con Senadores integrantes de la Comisión de Presupuesto, llegamos a una propuesta salarial que trataba de contemplar mínimamente a los trabajadores judiciales. Como ustedes saben, el aumento que se nos otorgaba en el Presupuesto anterior era de $ 500 por trabajador para cinco años. Luego de determinados planteos que hicimos los trabajadores y de tomar ciertas medidas, que nos costó mucho llevar adelante -como por ejemplo, la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, hecho que además tuvo mucha repercusión pública- logramos una comisión que permitiera llevar adelante todas nuestras reivindicaciones, aunque fuera mínimamente. No logramos todo lo que pretendíamos, entre otras cosas, seguir profundizando la reestructura del período anterior pero, de todas maneras, acordamos algunos criterios que, por lo menos,  mejoraron en forma mínima el salario de los trabajadores. Hoy, nuestra propuesta está vinculada a los criterios que se alcanzaron en ese momento y al artículo 647 que determinó una mecánica de aumentos salariales por partida fija y por porcentaje. Se trató de una fórmula mixta entre una partida fija establecida en el literal B del artículo 647 del Presupuesto vigente y el literal C que planteaba un aumento porcentual vinculado al salario base sin incidencia porcentual adicional. Esta era una de las inequidades que reclamábamos que se corrigiera porque era la que generaba  grandes diferencias y perturbaciones en la estructura salarial del Poder Judicial. En el Presupuesto se aprueban $ 21:000.000 para el próximo Ejercicio 2012 y lo que no estaba planteado era cómo se iba a distribuir esa cifra.

                Cuando fuimos a la negociación colectiva de la Dinatra  planteamos que lo que más favorecía a los trabajadores, sobre todo a los de menos salarios, era que se aplicara el literal B del artículo 647 porque establecía una partida fija que aumentaba el viático de alimentación y la Suprema Corte de Justicia no lo aceptó. La respuesta fue que para ellos el criterio había terminado con la aplicación del artículo 647 y que se debería hacer de manera porcentual.

                Hoy, luego de las gestiones realizadas por los señores Senadores Martínez, Rubio y Gamou llegamos a la instancia de la negociación colectiva. Luego de un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, esta accedió a negociar colectivamente con los trabajadores el salario y el Presupuesto. Como recordarán los señores Senadores ya vinimos al Parlamento a negociar esa situación, porque durante la consideración del Presupuesto el año pasado la Suprema Corte de Justicia se negó a discutir de igual a igual con los trabajadores y a escuchar nuestras reivindicaciones para lograr un acuerdo mínimo. No pudimos hacerlo; sin embargo, en esta oportunidad, por lo menos tenemos un marco de negociación con el organismo y aunque no hayamos llegado a algún acuerdo, de todas formas, para nosotros es positivo tener un marco de negociación porque esto permitirá ir aceitando y mejorando el mecanismo. Algunos acuerdos se lograron, por lo tanto, es una herramienta válida para corregir y resolver los problemas que tenemos los trabajadores con nuestro empleador, la Suprema Corte de Justicia.

                Volviendo al tema de la distribución, nosotros planteamos que esos $ 21:000.000 que están aprobados en el artículo 647 para el Ejercicio 2012 sean distribuidos a través de una partida fija. Aclaro que no estamos hablando de mucha plata por trabajador, son $ 430 -no es un dineral- pero creemos que es el criterio más equitativo: el funcionario que gana menos salario tendrá un aumento un poquito mejor. Si se aplicara porcentualmente estaríamos hablando de $ 270, por lo tanto, la diferencia no nos quita el sueño ni mucho menos pero, dado que es tan menguado lo que tenemos aprobado para el Ejercicio 2012, creemos que esa alternativa del viático de alimentación, es la que más favorece a la mayor masa de trabajadores.

                El segundo planteo tiene que ver con una reivindicación de un aumento adicional. Sabemos que según el criterio del Poder Ejecutivo no va a haber gastos adicionales, por lo tanto, estamos planteando la posibilidad de hacer una redistribución, con los créditos asignados para el Poder Judicial, que nos permita tener un aumento adicional que, en este caso, sería de un 5%, es decir, $ 35:000.000. ¿Cómo financiamos esto? En el Presupuesto de 2011 se aprobó el artículo 629 para el escalafón R, Informática, y se aprobó $ 31:000.000 para el quinquenio, $ 16:000.000 para el 2011, que se repiten en el 2012 y se agregan $ 4:500.000 más. En aquel momento, cuando estábamos discutiendo con los Parlamentarios cómo podíamos mejorar el volumen de dinero para los trabajadores judiciales, nosotros explicábamos que esos $ 31:000.000 que el organismo estaba pidiendo, en realidad, no los precisaba porque los contratos de los funcionarios del escalafón R, Informática, ya existían y el organismo no tenía proyectado tomar más funcionarios. En aquel momento se planteó que, dado lo importante que era la informatización en el área judicial, era sustancial obtener esos créditos. Hoy, con el diario del lunes podemos afirmar que no se tomó a ningún funcionario más en el escalafón R y que de esos $ 16:000.000 no se usó un solo peso para la contratación de funcionarios. De todos modos, pido a los señores Senadores que no se queden simplemente con mis palabras, sino que pidan la información al organismo, donde podrán comprobar que entre el padrón de funcionarios del escalafón R del año pasado y el de este hay una diferencia de un cargo. Por lo tanto, lo que dijimos el año pasado respecto a que esos $ 31:000.000 no iban a ser destinados a contratos nuevos sino para sostener los ya existentes -el Poder Judicial los estaba pagando, lo que demuestra que ya tenía ese dinero- se comprueba hoy, ya que con ese dinero solamente se tomó a un funcionario. Nosotros pensamos que el organismo no va a utilizar los créditos adicionales que se vayan aprobando año a año para el escalafón R porque no tiene proyectado aumentar su informatización, sino solo mantenerla. En la actualidad continuamos con los planes piloto, lo que demuestra que no está proyectado un aumento sustantivo de la informatización. Además, el contrato con la empresa chilena Sonda que sería la encargada de llevar a cabo la informatización del Poder Judicial cayó, la mitad del proyecto no se cumplió, se hizo una rescisión del contrato e, incluso, sabemos que hubo complicaciones para conseguir los códigos madre del sistema. Actualmente esa tarea  pasó a la Dirección de Informática pero no se sabe cómo se va a llevar adelante. En consecuencia, estamos planteando que esos $ 16:000.000 que ya tiene aprobado el Poder Judicial para el escalafón R, más los $ 4:400.000 que se aprobarán para el Ejercicio 2012, sean redistribuidos y amorticen este aumento adicional que estamos solicitando. Es obvio que esto da una suma aproximada a los $ 20:000.000 y nosotros estamos reclamando $ 34:000.000. La otra amortización de estos $ 34:000.000 tiene que ver con la creación de cargos. En la actualidad en el Poder Judicial existen vacantes que no se  han llenado porque se gastó todo el dinero que se tenía para pagar el aumento a los Magistrados. Por lo tanto, hoy no ingresan funcionarios y no se cubren las vacantes. Incluso, esos $ 16:000.000 que mencionaba del escalafón R son parte de lo que amortizaron los $ 60:000.000 que implicó el aumento que recibieron los Magistrados, la defensa pública y el escalafón de particular confianza, por la aplicación del artículo 64.

                En consecuencia, pensamos que no se necesitan más cargos porque lo primero que hay que hacer es proveer las vacantes existentes. Lo cierto es que para el año 2012 está prevista la creación de una dotación de cargos y nosotros entendemos que eso podría ser parte del aumento adicional de $ 34:000.000. Como podrán advertir, lo que reclamamos vinculado a la creación de cargos alcanza los $ 14:000.000. Esto implica cargos de Actuarios, funcionarios administrativos, Alguaciles, Jefes de Sección, por eso creemos que para optimizar los recursos existentes, antes de pedir más cargos el organismo debería proveer las vacantes que ya tiene pues, en definitiva, cada cargo adicional que se otorga al organismo pasa a ser una vacante más.

                Concretamente, venimos a plantear dos propuestas. Una de ellas es la mejor distribución posible de los $ 21:000.000 que ya se han aprobado y la otra tiene que ver con una mejor redistribución de los créditos que también han sido aprobados para el 2012 y que se componen por lo dispuesto en el artículo 629, relativo a los créditos adicionales de contratos para el escalafón R y por parte de los $ 34:000.000 para creación de cargos establecidos también para el próximo año. Proponemos esto sobre la base de lo que ya mencionamos en cuanto a que nos parece que primero habría que llenar las vacantes, antes de generar más cargos y que el organismo debería optimizar los recursos antes de reclamar otros.

Un último dato adicional es que aquí aparecen cuatro cargos de Jueces para el interior del país pero todavía no se sabe a dónde serán destinados. Además, respecto a esto el Poder Judicial tiene una política muy perversa  porque hoy, por ejemplo, en el área de violencia doméstica sucede que se crea un cargo de Juez al que se le asigna un escritorio y una computadora pero junto a él siguen trabajando los mismos funcionarios que lo hacían antes. Entonces, un Alguacil que tenía dos turnos pasa a tener tres; un Jefe de Sección que daba giro a dos turnos tendrá tres, y un funcionario administrativo que antes atendía los decretos, las resoluciones y diligenciaba pruebas de dos turnos, ahora deberá hacerlo para tres. Lo que sucede es que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia piensan que el servicio de justicia se mejora designando más Jueces; esa es su teoría: la Justicia son los jueces y lo demás no importa. Sin embargo, nosotros pensamos que el esqueleto y lo que da sustento y validez a la actividad del Poder Judicial también son sus funcionarios, porque brindan el soporte para que luego el Juez pueda dictar una sentencia y cumplir con su misión, que es hacer justicia.

SEÑOR ROMASANTA.- También sabemos que el Parlamento Nacional tiene a estudio, para su aprobación, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. En esa instancia vamos a tener que rediscutir la dotación de los trabajadores del Poder Judicial en todos los escalafones, porque todavía no sabemos en cuánto va a incidir. O sea que se sigue creando una cantidad de cargos previstos el año pasado, cuando en el corto plazo existe la posibilidad de que se rediscuta la dotación de funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias. Hemos recibido los dos planteos que han realizado y también la documentación que nos han aportado.

(Se retira de Sala la Asociación de Funcionarios Judiciales)

Material adjuntado por la Asociación de Funcionarios Judiciales

(Ingresa a Sala la Junta Directiva del Parque Científico Tecnológico de Pando)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias da la bienvenida a la delegación.

SEÑOR NIETO.- En primer lugar, quiero señalar que soy asesor del Directorio del Parque Científico Tecnológico de Pando. A continuación voy a realizar una presentación de power point virtual que fue impresa y que los señores Senadores tienen a su disposición, a los efectos de tener una guía práctica simple que les permita seguir nuestra exposición.

                La primera de esas  transparencias -por llamarla de alguna manera- se refiere al punto básico que es definir lo que es el Parque Científico Tecnológico de Pando. Es un instrumento de política pública de innovación. Básicamente, la Ley de Rendición de Cuentas del 2008 nos mandató a poner en marcha este instrumento, pero no nos asignó recursos. La misión de este Parque, que fue creado por ley, es aumentar la competitividad de las empresas, de los sectores alimentario y farmacéutico, incluyendo en este último la salud humana y animal.

                ¿Qué es y para qué sirve el Parque? Es un lugar donde se alojan en el mismo espacio dos tipos de organismos: por un lado, empresas de base tecnológica, ya sean públicas o privadas, y, por otro, centros de investigación y desarrollo, también, tanto públicos como privados.

                Como es un instrumento de política pública y de innovación no tiene fines de lucro y ese es un punto importante a los efectos de analizar el tema presupuestal. ¿Por qué? Porque los beneficios no son para el propio Parque, sino para la sociedad. Este Parque es una adaptación, a la situación del Uruguay, de este tipo de parques que existen en todo el mundo y su rol es generar derrames hacia la sociedad. ¿Cuáles son esos derrames? Generar empresas que, a su vez, generan riquezas que incluyen salarios de calidad y pago de impuestos porque no es una zona franca, no tiene exención impositiva más que la que da la ley de inversiones. Además, a través de esas empresas se derrama un flujo de aumento de competitividad.

                Quiero aclarar que la ley por la que se creó el Parque Científico Tecnológico de Pando fue votada, por unanimidad,  por los Legisladores de todos los Partidos que en el momento tenían representación parlamentaria.

                Este instrumento permitirá cambiar la matriz productiva del país por una más intensiva en innovación. De esta forma podremos lograr que el país alcance un crecimiento sustentable y lo derrame hacia la sociedad. Por esa razón, se ha propuesto como tarea aumentar la competitividad de las empresas a través de la innovación. Esto hará que el país, ante el cese del crecimiento por la ventaja comparativa en la venta de commodities, tenga una salida a más largo plazo y genere mejores condiciones salariales.

                En la siguiente imagen podrán ver cuál es la ubicación del Parque Científico Tecnológico de Pando. Se lo puede encontrar en el predio que pertenecía al Laboratorio de Desarrollo de ANCAP, concretamente, sobre una nueva ruta que está en construcción, que constituiría un baipás que conectaría la Ruta 8 con la Ruta 101. De esta forma se estaría evitando el pasaje de la Ruta 8 por dentro de Pando. En la foto se puede apreciar la urbanización y, en color blanco junto a la ruta principal, el Edificio Ceibo -que está en construcción- que ha sido diseñado para alojar empresas, independientemente de que en otras partes del predio ellas puedan construir sus propias plantas. La idea es que, en lugar de construir, alquilen espacios en el Parque.

                A continuación, me voy a referir a la institucionalidad y funciones.

                El Parque Científico Tecnológico de Pando fue creado por la Ley Nº 18.362, de 2008, y reglamentada por el Decreto 4449/09, del 30 de noviembre de 2009. Se trata de una persona pública no estatal que cuenta con participación público privada. En ella intervienen el Ministerio de Industria, Energía y Minería -que, por ley, es el organismo a través del cual el Parque se relaciona con el Poder Ejecutivo- la Intendencia Municipal de Canelones, la Cámara de Industrias del Uruguay y el Polo Tecnológico de Pando, como representante de la Universidad , que tendría un 25% de participación en el Directorio.

                Quiero aclarar que si bien el Parque constituye un instrumento de política pública de innovación, no forma parte de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, sino que, como persona pública no estatal que es, se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

                Se distinguen dos líneas de negocios principales. Por un lado, la inmobiliaria, a través de la cual intentamos que en el Parque se instalen empresas y centros de investigación públicos y privados que puedan hacer sinergias para valorizar sus producciones. Y, la otra línea de negocio es la de comercialización y transferencia de tecnología. Podríamos decir que, en el Uruguay, esta es una línea novedosa porque no existe una fuerte experiencia de transferencia de tecnología de manera profesional; normalmente, esto se hace en la Universidad de la República y en otras instituciones públicas de forma artesanal. El Parque se propone alcanzar una estructura profesional de gestión de la tecnología, tanto en lo que tiene que ver con la identificación de los clientes como con la transferencia a ellos de la tecnología que generan los centros de investigación que están dentro de él. Precisamente, esta segunda línea de negocio implica un rol de articulación tecnológica.  

Entonces, ¿por qué le conviene a una empresa entrar al Parque? En primer lugar, abarata sus inversiones, dado que, en lugar de comprar equipamiento caro que va a usar poco tiempo, lo “arrienda” -entre comillas- al polo tecnológico por el tiempo que necesita. Esto es algo que ya estamos haciendo.

                Luego viene la síntesis histórica, a la que me voy a referir muy brevemente; los señores Senadores tienen el resto en la documentación que les dejamos. En el año 1999 se hizo la cesión, en comodato, por Ancap por diez años, que luego, en el 2005 fue extendida a 99 años. Esto hace que tengamos un valor catastral de US$ 1:800.000 disponibles en la parte inmobiliaria. A partir de ese momento se fue llevando adelante un proceso de construcción, en primer término del polo tecnológico, que es el lugar donde se genera tecnología, y ahora del parque, que es el lugar donde se combina a quienes usan y a quienes generan la tecnología. Con este fin siempre se utilizaron fondos de donación por cooperación internacional; nunca solicitamos fondos al Estado. De manera que cuando se creó por ley esta persona pública, nunca se le asignaron fondos.

Ahora bien -y esta es la parte final de la historia- a raíz de la crisis en Europa, que los señores Senadores conocen, la segunda parte del proyecto de la Comisión Europea, que iba a comenzar el 1º de enero de 2011, se postergó. Entonces, este año estuvimos permanentemente desfinanciados, pero, con los ahorros de lo que se cobra a las empresas por los servicios brindados, más un fuerte apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Minería y un apoyo parcial de la ANII -en ambos casos solo circunstanciales- logramos sobrevivir hasta fin de año. Lo grave es que, por no tener recursos disponibles, podemos perder a partir del 1º de enero de 2012 toda la inversión que se hizo, que se aproxima a unos US$ 10:500.000 en esta década, más la gente que se formó en investigación, no en el aire, sino comandada por necesidades del sector productivo. Esto está claro en la siguiente diapositiva.

Además, hay un punto muy importante: este es el primer parque de ese estilo en el Uruguay, pero si recurrimos a la experiencia internacional se ve que estos parques generan a la sociedad un retorno varias veces superior a la inversión que en ellos se hace. En uno de los documentos que hemos entregado a los señores Senadores hay, por ejemplo, un estudio de una consultoría sobre el impacto que tuvieron en la sociedad los parques científico-tecnológicos españoles. Es un impacto bastante grande en su región y también en todo el país.

Terminamos con una solicitud de asignación de fondos de $ 22:172.357, que están distribuidos en un desagregado que consta en la penúltima diapositiva. Sobre este punto, salvo que los señores Senadores deseen plantear alguna pregunta, no voy a explayarme.

Sí voy a referirme a la última diapositiva, antes de la foto del edificio, porque estamos pidiendo recursos con un compromiso de resultados de gestión contra la asignación solicitada. Es decir que no estamos pidiendo recursos contra nada para ver lo que hacemos, sino que nos comprometemos cada año a determinados resultados, que están en la tabla de la última diapositiva.

Quiero finalizar señalando que la regla de oro de estos parques en todo el mundo es que la distribución presupuestal de la cual se nutren normalmente es de tres partes iguales. Un tercio corresponde a subsidios estatales porque es un instrumento de política pública e innovación. El segundo tercio deriva de su facturación porque, tanto por razones inmobiliarias como por transferencia tecnológica, genera recursos. Y el otro tercio son recursos concursables porque estos parques pueden aspirar a conseguir, en concursos de fondos nacionales e internacionales, recursos con los cuales funcionar. Nuestra situación actual es que nos hemos ido manteniendo en parte por esos recursos que logramos vender previamente pero que, como recién empezamos, son escasos; en este momento la facturación está en el orden de los US$ 330.000 por año, que es menos de la tercera parte de lo que hace falta como presupuesto base.

Nuestra solicitud es que estos fondos se incluyan en la Rendición de Cuentas para que a partir del 1º de enero podamos contar con ellos y no tengamos que echar a nadie. Esa es la realidad. Hasta ahora se han ido disminuyendo las retribuciones para mantener en funcionamiento el sistema, pero si a partir del 1º de enero no contamos con un ingreso de fondos, no podremos seguir adelante.

                Además, es muy importante que se abra esta línea en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el que nos ha estado ayudando, porque nos va a permitir manejar -desde el punto de vista del Estado, ya que esta Cartera cuenta con un delegado en su Directorio- no solo el monitoreo contable por parte del Tribunal de Cuentas, sino también la ejecución mientras se haga directamente a través de este.

SEÑOR PENADÉS.- Quisiera saber cuántos son los funcionarios que desempeñan tareas en el Parque Científico Tecnológico de Pando.

SEÑOR MOMBRÚ.- Son 50 funcionarios, aproximadamente.

SEÑOR PENADÉS.- ¿Se nos podrá hacer llegar una descripción detallada de la función que realiza cada uno de ellos?

SEÑOR MOMBRÚ.- Con muchísimo gusto, señor Senador.

SEÑOR NIETO.- Quienes ocupamos cargos docentes en la Universidad de la República -y, por lo tanto, el salario que percibimos depende de ella- representamos alrededor del 50% del total. Es decir que de la masa salarial total del Parque, cerca del 50%  de los docentes designados por la Universidad para trabajar allí, está asegurado.  Lo que estamos solicitando es para cubrir los recursos humanos que no paga la Universidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su visita.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 16 y 18 minutos)

Material adjuntado por la Junta Directiva del Parque Científico Tecnológico de Pando

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.