SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

                (Es la hora 9 y 33 minutos)

                La Subcomisión  de Audiencias da la bienvenida a la Asociación de actuarios Judiciales del Uruguay, que ya nos ha visitado en otras oportunidades y conoce el mecanismo. Tenemos el material escrito que nos dejaron y que ya fue repartido.

SEÑOR PARDO.-  Muchas gracias por recibirnos.

                Con motivo del Presupuesto Nacional del año pasado estuvimos dialogando con Legisladores de los distintos partidos políticos sobre lo que pretendíamos. En esa oportunidad ya era tarde y aunque entendían las razones y los argumentos que esgrimíamos, se nos dijo que volviéramos en esta instancia para plantear una solución a nuestro problema. Incluso, en el Senado algunos Legisladores reconocieron -y quedó constancia en la versión taquigráfica- que tenían una deuda con los actuarios porque habíamos quedado rezagados, sobre todo dentro del Poder Judicial.

                Los actuarios somos abogados o escribanos y cumplimos una doble función, porque somos profesionales del Derecho y jefes administrativos de la oficina, con todo lo que ello implica. Es decir que estamos a cargo de todo el personal de la oficina, de la asignación de tareas de todos y cada uno de los funcionarios administrativos, del otorgamiento de las licencias, etcétera. Cuando falta algún funcionario debemos cubrir su ausencia cumpliendo con sus tareas, porque las funciones de los Juzgados deben llevarse a cabo aun cuando falta gente. Entonces, somos los encargados de redistribuir tareas en esos casos.

Frente a la Suprema Corte de Justicia somos, en primer término, los responsables del funcionamiento de nuestras oficinas. Más allá de que los Jueces también tienen su responsabilidad al respecto, todo el funcionamiento de la oficina está a cargo del Actuario. Esta es la primera función que cumplimos, que es administrativa.

Por otro lado, debemos cumplir una segunda función, que es de carácter técnico, por el hecho de que somos peritos en Derecho; reitero que somos abogados o escribanos, por lo cual, además de toda la tarea administrativa, tenemos a nuestro cargo constatar que el trámite de los expedientes siga el cauce natural que corresponde y que se cumplan las distintas instancias procesales. Es decir que cuando el Juez decreta algo dentro del expediente, nosotros debemos encargarnos de que ese decreto luego se cumpla en su totalidad. En caso de que esto no pueda hacerse, debemos dar cuenta e informar por escrito al Juez los motivos por los cuales el decreto no se pudo cumplir. Debemos llevar adelante el control total de todo el expediente en lo que tiene que ver con el libramiento de oficios, control de notificaciones, exhortos, estudios de títulos, órdenes de pago, etcétera. En materia penal hay que llevar estrictamente un libro de presos y es fundamental que no se nos pase una pena. Somos los encargados de  hacer liquidaciones de penas, redenciones, etcétera; es decir que la responsabilidad que tenemos es muy grande, tanto desde el punto de vista administrativo como en cuanto a los aspectos técnicos.

Entendemos que nuestra actividad, nuestra función, está un poco desvalorizada y de ahí que consideramos que nuestra remuneración es absolutamente injusta. Debe quedar claro que cumplimos una doble función y no sé si sucede lo mismo con los abogados y escribanos de otras instituciones públicas. Somos responsables totales del funcionamiento administrativo de la oficina -esto es siempre sin perjuicio de la responsabilidad del Juez- y a su vez, de los expedientes en cuanto a su custodia, su conservación en buen estado, y a todo su trámite, más allá de las obligaciones que también tiene el Juez en este sentido.

Reitero que nosotros debemos cumplir esa doble tarea y sentimos que en los últimos años -sobre todo a partir de la dictadura- se nos ha desvalorizado en ese sentido.

Antiguamente y antes de la dictadura -en el repartido que entregamos a los señores Senadores explicamos este aspecto- los actuarios titulares teníamos una equiparación con los Jueces de Paz de Montevideo, y los Adjuntos con los Jueces de Paz de Primera Sección del interior, a la vez que recibíamos una remuneración más o menos acorde a la función que cumplíamos. Luego viene la dictadura y con ella, obviamente, todo esto se desmantela; por supuesto que la dictadura no nos contempló en nada y tampoco lo pretendíamos, ya que sabíamos que no podíamos esperar mucho.

En el primer Gobierno democrático del doctor Sanguinetti se dictó la Ley Orgánica de la Judicatura, donde se estableció una escala salarial para los magistrados, partiendo de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y contemplando a todos los Jueces de acuerdo a su categoría, es decir, Juez de Paz, Juez Letrado, del interior, de Montevideo, del Tribunal de Apelaciones, etcétera; así se establecieron los sueldos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y de todos los Jueces. Aclaro que esto se fijó sólo para los Jueces.

En la Ley de Presupuesto quinquenal de esa época, esa iniciativa se extendió y aprobó para los profesionales universitarios del Poder Judicial, donde estaban incluidos los actuarios. De esa manera se producía una especie de enganche con ese sueldo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero esa norma fue vetada por el Presidente de la República -veto que no fue levantado- a instancias de la Suprema Corte de Justicia de aquella época. Por lo tanto, otra vez quedamos rezagados.

                Con posterioridad, pero más recientemente, se suscitó un problema que va más allá de las injusticias que se dan en las remuneraciones de distintas instituciones ‑sabemos que hay funcionarios de menor jerarquía que la nuestra en otras oficinas públicas que ganan mucho más, aunque es un  tema para tratar en otro momento-  que consideramos bastante injusto y que nos preocupa. Los Alguaciles, que ocupan un grado en el escalafón administrativo y realizan una tarea muy importante que reconocemos totalmente, en este momento ganan más que los actuarios titulares y los adjuntos part time, aunque no más que los adjuntos full time. Los actuarios somos jefes de los Alguaciles, por lo que se da una situación bastante injusta -por no calificarla de otra forma- en la que el jefe gana menos que el subordinado. Es una situación que se viene dando en este último tiempo y que ya planteamos en la Dirección General de la Suprema Corte para que fuera revisado y superado.  La Suprema Corte contempló algo de este tema en un  artículo -que según tengo entendido, no se votó en la Cámara de Representantes- pero igual quedamos muy atrás, puesto que a pesar de esa iniciativa la diferencia salarial se mantendría. Se trata de una situación que creemos bastante despareja.

                A ello debemos sumar que hace poco tiempo atrás a los Directores de División de las distintas oficinas administrativas del Poder Judicial se les concedió un aumento en la partida de perfeccionamiento académico, que nosotros también recibimos, por un total de $ 900 mensuales. La resolución original decía  que la partida para esos funcionarios -que son unos pocos- sería de $ 3.800, pero cuando se dieron cuenta de que la habían redactado mal, modificaron el texto estableciendo que era una partida adicional a lo que ya cobraban, porque si no quedaba como que de $ 900 pasaban a cobrar              $ 3.800. Quiere decir que los $ 3.800 se suman a los $ 900. Esa partida de        $ 900, que nosotros también tenemos, no se nos aumentó y seguimos cobrando lo mismo. Es una gran injusticia porque se trata de la misma partida, que logramos después de mucho tiempo, que se les aumenta a algunos sí y a otros no.

                Además está el tema del año 2005, cuando teníamos una especie de enganche con el Subdirector General -esto figura en la documentación que entregamos- que para nosotros sigue vigente, aunque la Suprema Corte lo desconoce. Al respecto, hemos realizado consultas a un muy prestigioso abogado,  quien entiende que tenemos la razón y que eso sigue vigente.

                En definitiva, tenemos varios puntos pendientes: la diferencia salarial con subordinados nuestros; el importante monto adicional a la partida de perfeccionamiento académico para algunos funcionarios, pero no para nosotros, y el tema del enganche  salarial, que para nosotros sigue vigente. Como ya lo mencioné, con respecto a este último tema tenemos el aval de un abogado prestigioso.

                En esta instancia pretendemos -porque sabemos que no hay muchas posibilidades- que por lo menos se nos aumente la partida de perfeccionamiento académico,  para que la injusticia que entendemos existe para con nosotros sea saldada relativamente. Los otros temas habría que discutirlos con más tiempo. No aspiramos solamente a eso, pero si a lo que ya cobramos se nos adicionara la suma que establecemos en el memorándum, lograríamos algo muy importante para nuestra labor y nuestra lucha.

SEÑORA SISMONDI.- Desde nuestra Asociación queremos reivindicar la labor de los actuarios, pues es muy difícil -aquí hay profesionales de Derecho y deben saberlo- que una oficina funcione sin ellos. Como bien expresó el escribano Pardo, somos los directores administrativos, pero también jugamos un papel muy importante en lo que es la administración de justicia, ya que somos un apoyo fundamental para el Juez; en realidad, aunque el Juez al momento de dictar sentencia diga que se siente solo -eso es real porque le corresponde sólo a él firmar- nosotros siempre estamos dándole un apoyo. 

                Se ha dado esta situación fáctica en la que a los funcionarios administrativos, de los que formamos parte pero nos diferenciamos pues  tenemos los conocimientos técnicos de la Universidad de la República, se los ha mejorado como corresponde. El Poder Judicial siempre estuvo sumergido, pero en los últimos tiempos esto ha ido cambiando, lo cual hemos apoyado. Pero en este momento se da esta circunstancia algo rara, en la que algunos funcionarios administrativos, sin tener los conocimientos técnicos, perciben más que nosotros. A su vez, los Magistrados también han tenido sus  mejoras salariales, que entendemos que también les corresponde. En definitiva, nosotros hemos quedado como a la mitad de estas dos situaciones y, en ese sentido, pensamos que no tenemos la retribución correspondiente. Se pueden comparar nuestros ingresos con los que se perciben en otros organismos del Estado, o dentro del propio Poder Judicial. Hemos planteado esta situación a la Suprema Corte de Justicia, que entendió que era razonable nuestro reclamo, porque no podemos estar por debajo del mayor grado, que es el Alguacil, dentro de los administrativos. Por eso en el Mensaje se contempló esta situación, si bien se integró a otros técnicos. En definitiva, entendemos que ese aumento en la partida de perfeccionamiento académico sería una forma de salvar, en parte, esta injusticia.

                Nada más, muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la claridad expuesta por los representantes de la Asociación de actuarios Judiciales del Uruguay y, a su vez, que se haya respetado el tiempo asignado.

 

                (Se retira de Sala la delegación de la Asociación de actuarios Judiciales del Uruguay.)

 

Material adjuntado por la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay

                (Ingresa a Sala el representante del Grupo de Cuidadoras del INAU)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda tiene el agrado de recibir al representante del Grupo de Cuidadoras del INAU, a quien cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Buenos días.

                 Queremos agradecer el hecho de que nos hayan recibido e incluido en vuestra agenda. Mi nombre es Sergio Rodríguez y he concurrido en carácter de asesor legal de las madres sustitutas o cuidadoras del INAU.

                Nos consta que desde hace cierto tiempo a esta parte muchos legisladores se han acercado a la problemática de las cuidadoras, nos han recibido en sus despachos de manera muy amable y han escuchado nuestros planteos. Lamentablemente, en el día de hoy cuestiones de coordinación y de tiempo han hecho imposible que algunas cuidadoras pudieran concurrir a esta Comisión ya que suelen estar presentes para plantear personalmente su problemática.

                Es de destacar que recientemente la situación de las madres sustitutas ha cobrado cierta notoriedad ya que existe un planteo judicial que agrupa a más de cien personas como resultado de diez o quince años de reclamaciones y reuniones con las autoridades naturales de la institución empleadora que, en este caso, es el INAU. En definitiva, la judicialización de la reclamación constituye una especie de corolario ante la falta de respuesta de las diversas autoridades que en los últimos quince años, reitero, han pasado por el INAU.

                ¿Qué son las cuidadoras o madres de acogida? Constituyen una forma de cobertura de tiempo completo que presta el INAU a la niñez en situación de abandono. ¿Qué significa esto? En su gran mayoría se trata de mujeres que llevan a los bebés, niños o adolescentes a sus propias casas y los crían durante el tiempo que duran los procesos preadoptivos para que luego el INAU los derive a una vinculación definitiva, es decir, a un matrimonio de adopción.  Esto es en teoría; en los hechos, en gran cantidad de casos los chicos permanecen en la casa de las cuidadoras hasta pasados los 18 años de edad, cuando la institución se desliga de su amparo y de su cuidado.

 Esta figura de la madre sustituta existe, con mayor o menor formalidad, desde la década de los cuarenta, y la inquietud que mueve a las cuidadoras en estos momentos es la falta de formalidad en el vínculo funcional con la Institución. En efecto, las cuidadoras no firman ningún contrato ni documento al comenzar a prestar funciones para el INAU y desarrollan su trabajo a lo largo de los años percibiendo algún subsidio o contraprestación a cambio de esa actividad que realizan. No existe otra formalidad que la de un recibo donde consta el dinero que reciben por cuidar a los chicos en su propia casa.  A la intención y pretensión principal, que consiste en que se regularice de alguna manera la relación con la institución, básicamente se suma el pedido de aumento de los ingresos. Actualmente hay una norma legal que habilita a la Institución a elevar el ingreso por niño que tiene a su cargo cada cuidadora al 150% de una Base de Prestaciones y Contribuciones; aproximadamente se trata de $ 3.300. Hoy por hoy el ingreso -es decir, lo que sería el sueldo de la cuidadora- está fijado en el 120% de una Base de Prestaciones y Contribuciones. Esto significa que cada cuidadora recibe alrededor de $ 2.600 por niño.

                Además de pretender un aumento significativo en el ingreso, piden un amparo para el tiempo de desempleo, o sea, solicitan un instituto similar al del seguro de paro. En esa informalidad en la que se encuentran las cuidadoras, cuando dejan de tener niños a su cargo, ya sea porque son dados en adopción o porque son reintegrados a sus familias biológicas,  inmediatamente dejan de percibir todo ingreso económico. Incluso, en muchos casos se da la injusta situación de que estas personas continúan con cuentas para pagar de objetos comprados para beneficio de los chiquilines. En el marco de esta propuesta que planteamos, entendemos justificado y razonable que se busque alguna forma de protección para ese período. 

                Por otro lado, existe una norma de derecho jubilatorio en este sentido       -por lo que, en este caso, no se necesitaría la iniciativa del Poder Ejecutivo- pero no se aplica. Básicamente, esa disposición predispone u ordena que se computen todos los ingresos que reciben las cuidadoras para la generación de derechos jubilatorios. El legislador del año 1956 fue muy prudente e inteligente y, como una forma de beneficiar y estimular la actividad, sabiendo que las cuidadoras recibirían dineros que no tendrían naturaleza salarial, creó esa disposición. Actualmente esa norma no se aplica y las cuidadoras se jubilan prácticamente percibiendo la mitad de lo que deberían recibir en función de lo que ella dispone, porque no se les computa la partida de víveres de aproximadamente $ 2.000. 

                Si bien la figura existe desde la década de  los cuarenta, todos los que estamos en conocimiento de la normativa del Código de la Niñez y la Adolescencia y su modificación por la Ley Nº 18.590, sabemos que en octubre entra en vigencia una ley que establece plazos al INAU de 45 y 90 días para que los chicos estén en hogares institucionales. Como se advierte, se habla de hogares institucionales y esto no comprende a las cuidadoras. Luego de que entre en vigencia esa norma, las cuidadoras se van a necesitar y se va a tener que recurrir a ellas porque ellas no son un hogar institucional, sino que ofrecen un hogar o un entorno familiar a los chicos, tal como disponen las directrices de las Naciones Unidas en lo que refiere a la atención que debe prestar el Estado a la niñez en situación de abandono.

                ¿Cuáles son las carencias? Además de la falta de formalidad y de un contrato, el sueldo que reciben las cuidadoras es de $ 2.600 por cada niño a su cargo; en promedio, atienden a tres niños. Esto significa que el sueldo por tener a tres niños en su vivienda, en su domicilio, las 24 horas de los 365 días del año, se aproxima a $ 8.000. Entendemos que es bastante insuficiente en atención a que no reciben una compensación por dedicación de tiempo completo, tampoco gozan de licencia -por la naturaleza de la prestación que brindan- ni perciben un beneficio que cobran los funcionarios del INAU correspondiente a la atención directa al menor.  Los funcionarios que trabajan en la institución, que tienen un contacto directo con los menores, reciben un 20% más del sueldo, mientras que los funcionarios que trabajan en las oficinas no perciben este beneficio. Curiosamente, las cuidadoras tampoco lo reciben. La Institución expresa que son voluntarias y, en ese sentido, rechaza cualquier reivindicación y pretensión de las cuidadoras de laboralizar la prestación.

                Después de muchos años de reclamo en vía administrativa, a través de planteos verbales -como expresaba al principio de mi exposición- y de reuniones con diversas autoridades, legisladores y representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la paciencia de este colectivo de mujeres se agotó. Por eso, y como una alternativa ante esa situación, se optó por la judicialización del conflicto. En una especie de defensa de nuestro trabajo como abogados, sugerimos la judicialización como una alternativa. ¿Qué ocurría? Veníamos de quince años de reclamaciones y nunca se había constituido ni instrumentado una mesa de diálogo con una delegación del gremio del INAU que representara a las trabajadoras. Nunca se había tomado en serio -por decirlo de alguna manera- la pretensión de las cuidadoras. Este fue el motivo por el cual el conflicto se judicializó. En la actualidad, el trámite que está más avanzado es el de Fray Bentos, que ganó en primera instancia y está en casación, con el escrito suscrito por el dicente y por el doctor Helios Sarthou.

                Ya llegando al final de mi exposición inicial, las propuestas en este ámbito son las mismas que planteamos el 22 de julio en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes. Básicamente, se espera un aumento de sueldo en base a la norma legal que figura en el memorando que presenté. En cuanto a la consagración de una prima por atención directa, que representa el 20% del sueldo, la norma legal no obliga a darle otra interpretación, ya que claramente establece que comprende al personal del INAU, y las cuidadoras lo son, más allá de la discusión de si son trabajadoras o  funcionarias públicas, cuestión que dilucidará la Justicia. Por último, aspiramos a la aplicación efectiva del artículo 55 de la Ley Nº 12.996, que ordena que se computen todos los ingresos de las cuidadoras a los efectos de la generación de los derechos jubilatorios.

                Finalmente, si ninguna de estas propuestas pudiera ser atendida, como último reclamo las cuidadoras pretenden dejar sentada su inquietud para que se formalice una mesa de diálogo y se encuentre una salida por la vía legal a esta problemática, que tenga carácter definitivo. 

SEÑOR MICHELINI.- Cuando se generó este régimen, ¿la esencia era dar una compensación a la persona que atendía el niño o se destinaría a los gastos que el niño provocaba? ¿Cuál fue la esencia jurídica al inicio?

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Comprendo la inquietud planteada por el señor Senador, a la que daré respuesta. En un principio, el espíritu de la figura fue dar contención a los niños en situación de abandono, sin pensar que esto terminaría siendo un trabajo para las cuidadoras y generando una vinculación de naturaleza laboral. Con el paso de decenas de años se les concedieron derechos jubilatorios, el pago de un sueldo, aguinaldo, prima por antigüedad y hogar constituido; hay una diversidad de rubros de indiscutible naturaleza salarial. La Recomendación Nº 198 de la OIT establece diversos criterios para entender si una figura tiene carácter laboral o no. En este caso, entendemos que, más allá de la laboralidad o no, las cuidadoras necesitan un mayor amparo económico. Quedaría fuera la discusión de si debe hacerse a través de un vínculo de dependencia o de otro tipo, como puede ser un convenio suscrito con la Institución o un reglamento que detalle sus derechos y obligaciones. Concretamente, respondiendo a la pregunta del señor Senador, el espíritu de la figura no fue la existencia de una relación laboral. Esto se generó como consecuencia de las normas dictadas por los Legisladores por su intención de otorgarles beneficios, y por la pelea de las cuidadoras por sus derechos como trabajadoras.

SEÑOR PASQUET.- Quiero felicitar al doctor Rodríguez Heredia por la solidez de la presentación del tema. Además, dejo constancia de que tuve el placer de recibir al doctor y a un nutrido elenco de cuidadoras provenientes de muchos departamentos del país. Descuento que no es fácil para estas personas, la mayoría de condición modesta, asistir un día cualquiera, a tan tempranas horas de la mañana, al Palacio Legislativo. Por lo tanto, en términos procesales está acreditada la comparecencia del doctor en representación del colectivo que invoca, porque hemos sido unos cuantos los Senadores que los hemos recibido y tenemos constancia directa de que representa a este núcleo integrado por un crecido elenco de personas que se encuentran en la situación que él ha descrito y fundado jurídicamente con gran precisión.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Estoy a las órdenes por cualquier consulta, duda o ampliación de información.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su presentación.

 

                (Se retira de Sala el representante del Grupo de cuidadoras del INAU.)

 

Material adjuntado por el Grupo de Cuidadoras del Instituto Niño y Adolescente del Uruguay

                (Ingresan a Sala representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.)

                En nombre de la Subcomisión de Audiencias damos la bienvenida a la delegación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR LOMBARDI.- Agradecemos la bienvenida de esta Subcomisión de Audiencias y desde ya nos comprometemos a ajustarnos al tiempo que se nos ha estipulado.

                Básicamente, en las carpetas que entregamos a la Mesa figuran las copias de los puntos que nos gustaría introducir, pero haremos énfasis solo en tres de ellos. Con el permiso del señor Presidente, cederé la palabra a la economista Benavente para que haga referencia al primer punto.

SEÑORA BENAVENTE.- En realidad, el primer punto que nos ocupa tiene que ver con las proyecciones implícitas en el proyecto de ley con relación al crecimiento de la actividad económica, porque sabido es que se va a resentir debido a los vaivenes internacionales. En ese escenario, países desarrollados como Estados Unidos tienen un crecimiento muy lento y errático, mientras que otros localizados en el bloque  europeo experimentan vulnerabilidades bastante fuertes. Esto es así, a tal punto que ya hay quienes hablan de dos Europas, así como de salidas alternativas que, en muchas economías, pasan por salir del euro.  

Ante esa situación, nos parecen demasiado optimistas las proyecciones de crecimiento de la actividad incluidas en el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas. Cualquier sensibilidad que se aplique a esas proyecciones implica que el déficit fiscal se dispare, habida cuenta de que el crecimiento económico operado en estos años, lejos de alcanzar un superávit fiscal primario importante de todas las cuentas públicas, vemos que es muy exiguo y el déficit fiscal global está entre 1,3 y 1,5 del Producto, dependiendo de cómo se mire lo que suceda con las empresas públicas. Nos preocupa esa situación porque es una película que ya hemos vivido, se ha repetido con cada Gobierno y nos parece que es hora de aplicar una política más sensata -como lo hacen los países más serios en la materia- anticíclica y que incluya un fondo para los tiempos malos.

                Es cuanto quería manifestar sobre el gasto.

SEÑOR LOMBARDI.- Con el permiso del señor Presidente, pido a la economista Fernández que haga referencia al segundo punto.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- El segundo punto está relacionado con el artículo 260 del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, por el que se permite el ingreso de encomiendas postales o de mercadería y se amplía el margen de US$ 50 a US$ 200 sin  pagar tributos. Entendemos que esto da lugar a una competencia para el comercio formal establecido. Según dispone el artículo, más allá de que después se pueda especificar mediante una reglamentación, no solo se amplía el margen, sino que tampoco hay criterios -como los ha habido hasta este momento- sobre las exigencias que deben cumplir esos productos. De la lectura del artículo se desprende que es muy amplio y simplemente se restringe al valor de US$ 200. Esto cambia de forma muy importante lo previsto actualmente y reitero que, a nuestro juicio, impactará en el comercio formal.

SEÑOR MICHELINI.- Me permito aclarar que no es el artículo 260.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- Es el actual artículo 267, pero me refería al proyecto de ley original enviado por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR LOMBARDI.- Cabe agregar que hay un compromiso asumido en el TIFA que subyace en este artículo. De todas maneras, entendemos que el valor de US$ 200 cambia el equilibrio actual y hace muy atractiva la compra por Internet de muchos artículos -por ejemplo, anteojos, trajes, etcétera- por lo que seguramente se genere una competencia muy desleal porque no se pagan impuestos por ese concepto. Sabemos que al estar incluido en un tratado de inversiones se generan restricciones, pero creemos que este punto puede hacerle mucho daño al comercio minorista.

                El tercer punto al que queremos referirnos está vinculado a los artículos 254 a 256 del proyecto original. Tenemos conocimiento de que en la Cámara de Representantes se introdujeron algunos cambios en relación al tope de las donaciones que pueden hacerse por el régimen de exoneraciones tributarias. Se trata de las donaciones, en que el 75% de un aporte se considera a cuenta del Impuesto a la Renta para las empresas y el 25% restante se puede deducir de ese impuesto.

                Aquí se incluye un tope de $100:000.000. Creemos que la herramienta del incentivo fiscal que se viene desarrollando en la actualidad ha tenido un buen uso y, además, no se ha llegado a ese tope. Por lo tanto, la eventual renuncia fiscal no compensa las restricciones que genera este tope y, fundamentalmente, los subtopes para cada uno de los sectores. Siempre debe existir una aprobación previa por parte del Poder Ejecutivo de las donaciones que puedan quedar incluidas dentro de este sistema.

Consideramos que el sistema, tal como está funcionando actualmente, ofrece mejores condiciones que las que tendría con esta modificación. Señalamos que una propuesta como la planteada resultaría muy negativa para el sistema y, fundamentalmente, sería muy difícil de ejecutar porque estas cosas corren por líneas paralelas. Es decir, cuando alguien está gestionando una donación no sabe la cantidad de donaciones que se están tramitando a los costados y, por tanto, no sabe si está más cerca del tope o no. En caso de superar el tope, algunas cosas pueden quedar truncas. En consecuencia, vemos que la implementación de esta propuesta será difícil.

SEÑOR PIACENZA.- Hay que vincular la oferta y la demanda empresarial con la academia, que se aplica mucho a esa realidad. Creemos que es una herramienta moderna y se ha aplicado en forma correcta y, justamente, el objetivo es acercar las dos puntas. Como ha dicho el señor Presidente, hasta el momento esta herramienta se ha aplicado bien y por eso estamos insistiendo en ello. Además, hay varios Directores de diversos organismos que están demandando esa ampliación.

                Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- No queremos polemizar, pero debemos dejar una constancia. Se ha dicho que debíamos apuntar a una política económica sensata, por lo que alguien puede inducir que la que existe actualmente no lo es, lo cual dista mucho del nivel de seriedad y profesionalismo que el equipo económico de Gobierno tiene. El tema de la política económica de los países siempre es opinable, pero eso dista mucho de que el equipo económico sea insensato.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos vuestra presencia.

 

                (Se retiran de Sala los representantes de la Cámara  Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.)

Material adjuntado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay

 

                (Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay, AFUSEU.)

                Les damos la bienvenida y les cedemos el uso de la palabra para que realicen su presentación.

SEÑOR VARELA.-  En la actualidad, soy el Presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, que representa al Escalafón M. Ingresé       al Servicio Exterior hace 32 años por concurso y recuerdo que el día que entré me dijeron que iba a tener problemas con el escalafón A. En ese entonces     no sabía qué era el escalafón A; resultó ser el escalafón Técnico-Profesional.  Más adelante me enteré de que durante la dictadura -período en el que echaron a una cantidad de diplomáticos- cuando el Ministro Blanco se preguntó qué iban a hacer porque no tenían diplomáticos, los señores del escalafón Técnico-Profesional dieron la solución y se ofrecieron para cumplir esa función, pero con dos requisitos: solo salir como Jefes de Misión o Secretarios de Segunda, y estar en condiciones de actuar sin tener que prepararse o formarse con el título habilitante de la Universidad. Ese fenómeno se siguió dando a lo largo de los años y, al tiempo que el escalafón M se iba profesionalizando, se acentuaba el tema de los concursos, aparecían los concursos para las promociones en las distintas categorías, los cursos del Instituto Artigas y una cantidad de requisitos, además del de ser profesional universitario. Esta situación se dio hasta 1986, cuando se aprobó una ley en la que se aclaraban los tantos, por cuanto estableció que los funcionarios que estaban en el escalafón A y se encontraban en la situación de salir al exterior, podían continuar haciéndolo porque ya tenían derechos adquiridos, pero en adelante quien ingresara al escalafón A tendría que cumplir funciones dentro de la Cancillería, ya fuera en la contaduría, en jurídica o en la repartición a la que fuera asignado.  En ese mismo momento se dijo que si había algún funcionario que quería pasar al escalafón M, podía dar concurso y así quedaría habilitado para salir al exterior.  Sin embargo, desde 1986 hasta hoy, en cada Rendición de Cuentas aparecen los funcionarios del escalafón A pidiendo tener el estatus diplomático para poder salir al exterior.  Por ello,  una vez más venimos a solicitar que se haga lo que se hizo en la última Rendición de Cuentas, es decir, que se deseche ese artículo. Entendemos que de aprobarse esa disposición se va a perforar el escalafón M porque, tal como figura en el artículo, los funcionarios del escalafón A van a poder salir durante 18 meses, con el costo que significa movilizar diplomáticos administrativos, o de la calidad que tengan. A modo de información puedo decir que la mudanza de una familia, en promedio, tiene un costo de US$ 20.000, por lo que en año y medio se estaría gastando US$ 40.000 entre llevarlos y traerlos.

Estamos abiertos a que se redacte un nuevo estatuto para el Servicio Exterior del Uruguay si se entiende necesario, pero creemos que lo que se establece en el referido artículo va a significar el quiebre de un sistema que hace más de 40 años estamos edificando y profesionalizando. Como solución, planteamos que si un Ministro necesita a alguno de estos profesionales en el exterior, que lo nombre políticamente. Tenemos el caso de nuestro Embajador en Panamá, que pertenece al escalafón A, pero se entendió que tenía méritos y condiciones para representar a Uruguay en ese país; por eso se lo nombró como cargo político. Es cierto que en un momento tuvimos 5 cargos políticos, luego 10, después 15 y que ahora tenemos 20, a los que se agregan  5 Embajadores Itinerantes y 23 personas que revistan en el Ministerio de Relaciones Exteriores en comisión, como adscriptos o en proyectos del BID. Sin embargo, a eso no se le dice que no.

Entendemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores es un Ministerio político y somos partidarios de la diplomacia presidencial, como lo vimos hace unos días en Salto donde nuestro Presidente actuó de forma excelente frente a la Presidenta Argentina. También somos partidarios de la diplomacia parlamentaria abriendo capítulos enteros en materia de derechos humanos, gobernabilidad, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo con los cargos de confianza porque entendemos que el Gobierno debe tener la potestad de elegir a las personas y enviarlas donde entienda más oportuno para defender los intereses del país, pero al mismo tiempo decimos que el escalafón M, que es la herramienta que el Gobierno utiliza para ejecutar la política exterior, debe tener  una integridad y elementos claros de ingreso, promoción y formación.

Les agradezco la atención dispensada y, si los señores Senadores están de acuerdo, cedería el uso de la palabra a mis colegas para que aporten sus ideas.

SEÑORA BORGES.-  Tengo el cargo de Tercer Secretario e ingresé en el año 2010 al escalafón M. Simplemente me gustaría explicarles cómo es la interna de la Cancillería que quizás desde afuera no se conoce.

Nosotros ingresamos a través de un concurso que es sumamente estricto. En mi caso, por ejemplo, perdí el concurso en el año 2009, luego de prepararlo durante casi ocho meses, y después me volví a presentar. En forma  permanente recibimos formación a través de los cursos de actualización en el Instituto Artigas del Servicio Exterior  del Uruguay y de nuestros superiores, justamente para poder cumplir la función diplomática y representar al país en el exterior.

                Quiero señalar que la aprobación de este artículo perjudicaría directamente nuestras carreras y esta gente ocasionaría un gasto, en realidad, para ir a pasear al exterior, ya que no tienen una función que cumplir; somos nosotros los que nos preparamos para cumplir esa tarea. Por cada una de estas personas que salga al exterior, probablemente dos o tres de nosotros queden en el país y no puedan desempeñar el cargo para el cual fueron preparados en la Cancillería, con todo el gasto que eso implica.

                De más está decir que estamos absolutamente convencidos  de que no hay cabida para estos asesores ya que no tienen una función que cumplir en el exterior y esa es la razón por la cual estamos golpeando todas las puertas. Realmente tenemos un Servicio Exterior cada vez más profesionalizado. En nuestro caso, si bien integramos un escalafón Técnico-Profesional -y quizás ese término engañe un poco- todos somos profesionales y revestimos además la calidad de diplomáticos. Por lo tanto, no vemos el sentido de que se ocupen vacantes con personas de otro escalafón.

                Muchas gracias.

SEÑOR RIVAS.- Me quiero centrar en un aspecto de este artículo. Como muy bien dijo el Embajador Varela, esta situación se viene dando desde hace muchos años, pero esta vez tiene la particularidad de que el artículo golpea a la mitad de la pirámide. Antes, la aspiración de  los funcionarios del escalafón A era poder salir al exterior como Jefes de Misión, esto es, ocupar cargos que lleva años alcanzar -sin realizar concursos de ingreso y ascensos- como el caso del Embajador Varela, que tiene una carrera de 25 años.

                Una diferencia a destacar es que en el caso de los diplomáticos que somos profesionales, tenemos dedicación total y no podemos ejercer nuestras profesiones mientras que los que integran el escalafón A sí lo pueden hacer. Por lo tanto, en el caso de los funcionarios del escalafón M se toma esa opción de vida y hay una renuncia.

                La preocupación que quiero trasmitir de los colegas de los rangos inferiores del escalafón M es la siguiente. Esta norma fue muy bien pensada, con la intención de  pegar en la mitad de la pirámide y, de alguna manera, dividir al escalafón M, pero en realidad lo ha fortalecido.  Los Embajadores, como es el caso del Presidente del gremio, Embajador Varela, se solidarizaron con esta situación aunque directamente no se verían afectados y no sienten que sus puestos estén amenazados; estos Técnicos Profesionales ocuparían los cargos de Consejeros hacía abajo -esto es, los puestos que nosotros desempeñamos- sin presentarse a concurso. En mi caso, soy Primer Secretario, cargo que me llevó diez años alcanzar. El artículo que nos ocupa prevé que estos funcionarios, con diez años de labor, puedan cobrar y salir como Consejeros, lo que sinceramente vemos como una discriminación clara hacia el escalafón M, que está sujeto a una cantidad de requisitos, exigencias y también renuncias personales. Además, no tenemos miedo en decir que se asignan ciertos privilegios en los lugares donde cumplimos destinos, que no se otorgan a los funcionarios, sino a la función. De manera que, reitero, este paquete implica renuncias y beneficios, digamos, a la función, no al funcionario.

                La idea era trasmitirles nuestra preocupación y también el pesar de la mayoría de los colegas de los grados más bajos del escalafón.

SEÑOR PASQUET.- Quiero hacer una pregunta que ayer formuló el señor Senador Rubio, sobre la que no me pareció escuchar una respuesta precisa; tal vez  se deba a que la sesión fue muy larga y yo estaba cansado, pero no la recuerdo. Mi inquietud es la siguiente: mientras no se sancione esta norma que viene propuesta en el proyecto de ley, si mañana el Ministerio necesita enviar durante un par de meses a un funcionario del escalafón A,  un Técnico Profesional, para cumplir una misión puntual, por ejemplo, brindar asesoramiento al representante uruguayo ante las Naciones Unidas en un punto específico de Derecho Internacional, porque se requiere la presencia de un internacionalista que apoye al Embajador en sus funciones,  ¿hoy por hoy hay instrumentos para hacerlo o en ese caso hipotético el Ministerio se vería impedido?

SEÑOR VARELA.-  Esos funcionarios están habilitados y, de hecho, eso ocurre constantemente porque los asesores profesionales de la categoría A van al exterior por temas de contabilidad, inspección de embajadas, sumarios, etcétera. Incluso, algunos de ellos participan en las Naciones Unidas en áreas técnicas, por ejemplo, referidas a la convención de los océanos. El sistema es el siguiente: durante los primeros quince días se les paga con los viáticos normales que establecen las Naciones Unidas y el Ministerio para cualquier misión, y se entiende que el funcionario se va a alojar en un hotel. Si la duración de la misión es superior a quince días, el viático se abate a la mitad, porque  se entiende que al dedicarse más días tendrá que alquilar un apartamentito, comprar la comida en el supermercado y mantenerse de otra manera, pudiendo permanecer en el exterior el tiempo que el Ministerio de Relaciones Exteriores determine necesario.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión agradece mucho su presencia.

 

                (Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay, AFUSEU.)

Material adjuntado por la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay

 

                (Ingresa a Sala el representante del Grupo Oncológico “Vivir Mejor”.)

Le damos la bienvenida al señor Ponce de León, representante del Grupo Oncológico “Vivir Mejor”.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- En primer lugar, quiero agradecer que nos reciban y decir que el memorando que trajimos contiene información completa de todo nuestro trabajo. Somos un grupo de autoayuda que se formó y empezó a funcionar a partir del trabajo de  dos mujeres que comenzaron a organizar las reuniones. Frente a la diferencia tan grande que existía en la parte oncológica entre la mutualista y el Hospital de Salto, nuestro grupo, que no cuenta con socios ni tiene un peso para nada, se ha dedicado -lo decimos con orgullo- a lograr que el Hospital de Salto alcance el nivel de los mejores de Montevideo en esa materia, como ocurre hoy en día. Puedo decir que hasta se ha conseguido para Ginecología un colposcopio, que permite hacer la operación con rayo láser sin que sea necesario que la mujer esté internada, y todo gracias a la bondad de la gente, que nos ha hecho aportes y los sigue haciendo.

                Viendo que se estaba muriendo gente muy cerca de Salto -a siete, diez o doce kilómetros- por no poder pagar el pasaje, o no disponer de dinero para comer o para pagar una pensión por algunos días, el grupo hizo un comodato con la Sociedad Italiana, por el que dispone de un terreno de 1.140 metros cuadrados, de los que hoy en día están edificados 740, para darle cabida a personas del interior de Salto, de Bella Unión, de Artigas y de la parte oeste de Tacuarembó.

                Quiero aclarar que el mapa final que se incluye en el memo que dejaré a los señores Senadores lo orienté de una manera que, a mi juicio, muestra mejor los avances por sectores en la casa que se está construyendo; además, he marcado con birome las partes norte, sur, este y oeste, porque así me resultará más fácil explicar todo lo que se está edificando.

                La obra costará US$ 1:100.000, de los que el Estado lamentablemente sólo ha donado US$ 176.000; el resto lo aporta el Grupo Oncológico “Vivir Mejor”, en base a rifas, ferias, remates, etcétera. En un paraje que está a 162 kilómetros de Salto se vendió la oveja más cara del país. Estamos hablando de una oveja negra que se vendió tantas veces que por ella se recaudaron         US$ 623, más comisión, llegando a los US$ 650, porque el animal se vendía y nuevamente era donado, hasta que se llegó a reunir ese monto.

                Hoy en día nos enfrentamos a dificultades económicas. A la empresa constructora -que aclaro que no nos está apretando-  le estamos debiendo US$ 76.000 y nos faltarían US$ 24.000 para terminar la parte oeste, que constaría de cuatro piezas. Aclaro que estas son cifras aproximadas.

                Como los señores Senadores saben, Salto está luchando por tener un IMAE, lo que ya está encaminado; sin embargo, una vez que una persona es operada del corazón y le dan el alta -tal vez esté presente algún médico y lo que digo le pueda sonar atrevido- precisa varios días de cuidado. Indudablemente, algunas personas no pueden pagar tres, cuatro o cinco días de atención -que son los que se necesitan en estos casos- y, estando libre de pacientes oncológicos, la parte que se estaría terminando -si se consigue el dinero necesario- serviría para el IMAE.

                Hay que señalar que Salto es el departamento que, proporcionalmente, tiene más casos de cáncer en el país; se trata de un lamentable récord, únicamente superado por Bella Unión cuando se hizo la conversión de la producción, pasando de la caña de azúcar a la horticultura y después a los viñedos. Sólo en esa época Bella Unión superó a Salto que, reitero,  proporcionalmente tiene el récord de casos de cáncer.

                Al ver que se nos “quedaba” gente porque no podían pagar esos gastos, el grupo vio la necesidad de implementar el proyecto “Casa Amiga”; desearíamos no tener que hacerlo y menos aún pedir para ello, pero lamentablemente la realidad nos dice que es necesario.

                Estoy a las órdenes para contestar cualquier consulta que pueda surgir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos muy agradecidos por la presentación que se ha realizado y les comunicamos a nuestro visitante que el tema será considerado en la Rendición de Cuentas.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Desde ya les doy las gracias por recibirme.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es nuestra obligación y ha sido un placer.

 

                (Se retira de Sala el señor Gerardo Ponce de León Montes, Vocal del Grupo Oncológico “Vivir Mejor”.)

Material adjuntado por el Grupo Oncológico “Vivir Mejor”- Salto

                (Ingresa a Sala una delegación de Aldeas Infantiles SOS.)

La Subcomisión de Audiencias da la bienvenida a la delegación de Aldeas Infantiles SOS, y comunica que debido a que en la mañana de hoy debemos recibir a varias delegaciones, solo dispondrán de quince minutos para realizar su exposición. Esto se les recordará tres minutos antes de finalizar, no por maleducados, sino porque estamos apremiados por el tiempo y la obligación con la agenda acordada. La misma perentoriedad nos impide saludar personalmente a los invitados, pero la Comisión ha dado la bienvenida en nombre de todos los Senadores presentes.

SEÑOR PRADERIO.- Nuestra preocupación es, fundamentalmente, ser incluidos en el proyecto de Rendición de Cuentas entre las instituciones a las que se les permite hacer deducciones a través de las empresas públicas, como ocurre con organizaciones importantes del país como Teletón o Peluffo Giguens, y alguna más que se agregó recientemente.

                Aldeas Infantiles -resumiendo nuestra intervención- hace 50 años que está en el país y tiene, fundamentalmente, dos programas importantes. Uno de ellos es el Programa de Acogimiento Familiar -que es la actividad más conocida- que recibe niños y jóvenes enviados por el INAU para que sean alojados en la Institución, donde se les brinda una madre sustituta y asistencia social. La idea es tratar de educar y preparar  al niño, para que a los 18 años pueda ser reintegrado a la sociedad con educación y con alguna experiencia laboral, para que pueda insertarse en el mercado de trabajo.

                La otra actividad es el Programa de Fortalecimiento Familiar, que venimos desarrollando desde hace cinco años, que trata de evitar que el niño sea alojado definitivamente en Aldeas Infantiles o en otra institución de esa naturaleza, buscando el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello se ayuda a los  grupos carenciados, con la finalidad de que mantengan la unidad familiar y el niño no quede solo o desamparado, de manera de no tener que llegar a una situación de acogimiento. 

En el Programa de Acogimiento Familiar tenemos 350 niños alojados en forma permanente en las tres aldeas, ubicadas en Florida, Salto y Montevideo. Cada aldea tiene alrededor de doce casas y en cada lugar se recibe a poco más de cien niños. A su vez, el Programa de Fortalecimiento Familiar, que se desarrolla en esos mismos departamentos y también en Paysandú, incluye a 1.600 niños que no están alojados en forma permanente, pero reciben desayuno, almuerzo y merienda. Esos lugares cuentan con cuidadores para que los niños estén alojados mientras sus padres están trabajando, y se les enseñan hábitos de higiene, se les brinda atención de salud y se los ayuda en la educación. Al mismo tiempo, se trata de atender a las familias de forma integral, ayudando a las madres a insertarse en el mercado laboral y tratando de fortalecer lazos, de forma que las familias no se desintegren.

Para llevar a cabo toda esta actividad estamos realizando alianzas con el Ministerio de Salud Pública, con los entes de educación, con el INAU y con el INDA.

Por la trayectoria de 50 años de Aldeas Infantiles en Uruguay, nos parece que merecemos ser incluidos en el programa de exoneraciones, junto con otras muy buenas instituciones, respecto de las cuales sentimos que estamos en una situación desfavorable.

SEÑORA URÍA.- Comparto plenamente todo lo expresado por el contador Praderio. Además, es bueno aclarar que toda esa información figura en el material que hemos traído a los señores Senadores.

                Quiero apelar a todos para que se nos considere como una organización que trabaja con la finalidad de brindar un hogar a niños que, por diferentes situaciones, lo han perdido. También estamos apoyando a la sociedad al amparar a las familias más necesitadas. ¡Ojalá se pueda considerar nuestra solicitud y que en adelante podamos tener el beneficio con que cuentan otras organizaciones, que tanto fortalecen y ayudan a salir adelante a muchas familias!

                Muchas gracias por recibirnos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha sido muy clara la exposición y con mucho gusto consideraremos su petitorio en la evaluación de la Rendición de Cuentas.

                Les agradecemos su presencia.

(Se retira de Sala la delegación de Aldeas Infantiles SOS.)

Material adjuntado por Aldeas Infantiles S.O.S

 

                (Ingresa a sala una delegación de  Técnicos Profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda tiene el agrado de recibir a representantes de Técnicos Profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores a quienes cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA FLORES.- Buenas tardes.

                Mi nombre es Luján Flores y he concurrido acompañada por la doctora Susana Rivero y el contador Enrique Touriño.

                Queremos agradecer a los integrantes de la Subcomisión de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda el recibirnos en esta oportunidad. Para nosotros es muy importante tener la ocasión de expresar nuestra opinión sobre cómo eventualmente podría lesionarnos el actual proyecto de artículo 144 que está incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas a consideración del Senado.

                Somos un grupo de técnicos profesionales que estamos amparados por el artículo 44 del Decreto Ley N° 14.206 con la modificación efectuada por el artículo 123 de la Ley N° 15.903, de noviembre de 1987. Este Decreto data de la década de los sesenta, época en la que se aprobó el artículo 123 de la Ley N° 13.318 que autorizaba a los Asesores Letrados del Ministerio de Relaciones Exteriores a desempeñar funciones en el exterior con rango mínimo de Ministro Consejero, y posteriormente se extendió a otros profesionales con título universitario. Se mantuvo vigente a lo largo de varias décadas y sufrió una modificación en 1987, cuando se cerró la posibilidad de que nuevos profesionales ingresaran en este régimen. Ello se hizo para evitar problemas de tensiones con el escalafón diplomático; funcionó muy bien durante 25 años hasta que se presentó este nuevo proyecto de ley. Cabe destacar que un proyecto de similares características fue presentado hace unos meses, en esta Legislatura, siendo rechazado por la Cámara de Senadores.

El proyecto actual fue previamente analizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que no lo admitió en razón de que generaba gastos a la Administración y el Poder Ejecutivo había dispuesto que la Rendición de Cuentas debía tener gasto cero. No obstante, en la Cámara de Representantes fue incluida esta norma, que lesiona los derechos adquiridos de siete funcionarios técnicos profesionales con más de treinta años en el escalafón, quienes al momento de ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores pasaron a integrar un régimen ya establecido. Quiere decir que ninguno de los siete funcionarios creó una situación especial, sino que todos ingresamos al escalafón con este marco jurídico.

Como saben los señores Senadores, el proyecto ha generado conflictos en otros escalafones, pero nosotros no vamos a analizar los perjuicios que les ocasiona porque creemos que los funcionarios correspondientes podrán emitir sus opiniones.

Las personas incluidas en el citado artículo 44 nos vemos gravemente lesionadas en nuestra carrera administrativa, porque se nos cambia la situación preexistente. Si hacemos una simple comparación con lo que estipula el artículo 144 actual, advertiremos que se nos cercena la carrera prácticamente a poco tiempo de culminarla. Precisamente, todos somos funcionarios que ya hemos pasado bastante más de la mitad de nuestra carrera y estamos a punto de finalizarla. Vemos que se nos cambian las reglas de juego casi al terminar el partido, porque en primer lugar tenemos derecho a salir al exterior con un rango mínimo de Ministro Consejero a desempeñar funciones en la misma situación que el resto de los funcionarios del Servicio Exterior.

En segundo término, mediante esta iniciativa se nos impide ir a desempeñar funciones diplomáticas y la acreditación en el exterior será como Asesor. Nosotros tenemos el mismo régimen que los diplomáticos y ya lo hemos hecho efectivo. En varias oportunidades salimos con un rango mínimo de Ministro Consejero a cumplir esas funciones diplomáticas. En este caso, a partir de esta iniciativa, se habla de funciones de asesoramiento por dieciocho meses, de acuerdo con las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados. 

En tercer lugar, se maneja un sistema de rotación diferente. Nosotros integramos el Servicio Exterior, cumplimos funciones durante cinco años en el exterior y luego dos o más en la Cancillería. En este caso, se trataría de cinco años de permanencia en la Cancillería. 

                Como les expresaba anteriormente, la norma lesiona gravemente la carrera funcional, nuestros derechos adquiridos por décadas y, además, por las razones que mencioné, atenta contra el principio de seguridad jurídica. En este sentido, cabe señalar que hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que son muy claras en cuanto a la no retroactividad, especialmente cuando no existe un interés general que amerite un cambio perjudicial para los funcionarios.

                Por todas estas razones, solicitamos que se tenga en cuenta nuestra situación y que no se apruebe un artículo que lesiona nuestros derechos.

                Muchas gracias.

SEÑOR PASQUET.- ¿Cuántos son los funcionarios que se encuentran en la situación que nos han descrito? Según la información que nos dio el Ministro en el día de ayer, son 17.

SEÑORA FLORES.- Le agradezco la pregunta, que es aclaratoria.

                En el año 1987 éramos 23 funcionarios, y en la actualidad somos siete, de los cuales cuatro estamos en la República y tres se encuentran desempeñando funciones en el exterior; dos de los funcionarios que se encuentran en el exterior en poco tiempo van a ser alcanzados por el régimen jubilatorio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la exposición realizada.

                (Se retira la delegación de  Técnicos Profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.)

Material adjuntado por Técnicos Profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores

 

                (Ingresa la delegación de la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario.)

Damos la bienvenida a la Asociación de Funcionarios del Instituto del Plan Agropecuario y les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR DIEGUEZ.- Les agradezco que nos reciban. Mi nombre es Francisco Dieguez y junto con mi compañero, Pablo Ferreira, somos delegados de la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario. Una vez más queremos plantear la situación que nos concierne. Antes de comenzar quiero aclarar que somos representantes de los funcionarios, no de las autoridades o de la institución en sí misma. Es decir, nuestra voz representa a los asalariados que trabajan en la institución.

                Hace un año planteamos a la Comisión el riesgo que sufría la financiación del instituto. Además, solicitamos la equiparación salarial con respecto a otras instituciones similares. En esta oportunidad, el planteo es parecido, pero la situación es aún más grave. Hace un año  hubo un reajuste en el presupuesto de la institución para cubrir los déficits, tal como establece el artículo 21, pero como los subsidios y las subvenciones no sufren un reajuste anual, previmos que íbamos a tener un déficit por inflación, situación que se revela con algunos cálculos que realizamos. En este sentido, vinimos a expresar nuestra voz de alerta sobre la situación laboral que vivimos, porque según lo que establece el artículo 21, de aquí al cierre del período vamos a tener un déficit igual a la inflación generada. Por eso nos estamos moviendo en todos los ámbitos.

Como el Instituto del Plan Agropecuario fue creado por ley, fue reformado por ley y el presupuesto es por ley, creemos que el Parlamento es el ámbito adecuado para plantear la situación.

                En su momento hasta pensamos en la equiparación salarial, pero hoy día nos preocupa no llegar “al rojo” -hablando mal y pronto- y por lo menos cubrir esa diferencia con la inflación. En alguna instancia se nos dijo que esperáramos a que se presentara el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y a que se conformara la nueva Directiva del Instituto Plan Agropecuario -que cambió hace unos días- pero independientemente de la buena voluntad de las autoridades de turno, entendemos que si hay déficit presupuestal, por más que intentemos negociar, nos dirán que no hay más plata y, por tanto, estaremos “en rojo”, lo que limita nuestras posibilidades.

                También entendemos que ese reclamo no implicaría un gasto. La respuesta que hemos recibido a nivel del Gobierno es que no debe haber incremento del gasto público, pero vemos que todas las otras instituciones del Estado recuperan por inflación y eso es lo mínimo que pretendemos para nosotros y forma parte de nuestro planteo principal.

                En su momento también se habló de la cofinanciación o de la redistribución de impuestos. Tratamos de movernos lo más que pudimos y hemos tenido el apoyo de las autoridades del Instituto Plan Agropecuario, pero también es cierto que la asignación de recursos es parte de su preocupación y, por tanto, debemos negociar en varios frentes.

                Nuestro planteo medular tiene que ver con que la situación es igual o peor. Si bien se nos ha dicho que el ajuste se ha incrementado en un porcentaje interesante, lo cierto es que se hizo para evitar la caída del presupuesto del Plan, que hoy incluso está funcionando con un dinero de reserva. Supuestamente, ese aumento estaba destinado a cubrir el déficit para no “estar en rojo”, pero vemos que el ajuste de inflación anual nos genera una pérdida.

                 Según nuestros cálculos, la pérdida anual era de entre 8% y 10%, por lo que se correspondería con la inflación del período pasado. Si bien el aumento fue de prácticamente un 70%, y puede parecer elevado, se realizó para salir de la pérdida anual que se estaba produciendo y, en lo que hace a las remuneraciones, el porcentaje bajó proporcionalmente. O sea que hubo una reestructuración de escalafones y estamos trabajando para mejorarlos a nivel de la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario. De todas maneras, por más vueltas que demos a los números, seguimos “en rojo”.

                Este era el mensaje que queríamos trasmitir en esta ocasión.

SEÑORA TOPOLANSKY.- A los efectos de clarificar el tema, quisiera saber si la fuente de financiación del Instituto es “Subsidios y subvenciones” y una partida proveniente de los productores, o si hay alguna otra.

SEÑOR DIEGUEZ.- La financiación es por presupuesto: “Subsidios y subvenciones”.

                La función del Plan Agropecuario es de extensión y capacitación en su mayor parte y genera algunos ingresos por los cursos que brinda, pero eso depende de la demanda. Incluso, en nuestras proyecciones contamos con que el dinero que tendremos el año que viene será igual al corriente, pero lo cierto es que si no hay demanda, tampoco hay ingresos y, por ende, dependemos de “Subsidios y subvenciones”.

SEÑOR PRESIDENTE.- De modo que el Instituto no tiene una partida del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sino que recibe recursos por subsidios.

SEÑOR DIEGUEZ.- Tengo entendido que es administrada por el Ministerio, pero está en el Inciso 21, en la parte correspondiente a “Subsidios y subvenciones”.   

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, por esa razón no tienen ajuste automático por IPC.

                Les agradecemos su presencia.

SEÑOR DIEGUEZ.- Los agradecidos somos nosotros.

                (Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario.)

Material adjuntado por la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario (AFIPA)

                (Ingresan a Sala los representantes del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los representantes del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

SEÑOR DAJAS.- Soy Federico Dajas, Vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

                Hemos venido nuevamente a pedir al Parlamento una ayuda, ya que siempre ha sido muy cooperador con las tareas del Instituto. En este momento queremos referirnos a tres artículos de la Rendición de Cuentas que pensamos afectan la operativa del Instituto porque tienen que ver con aspectos que  consideramos son cruciales para el país. Estos artículos se refieren a las donaciones de empresas a organismos públicos y privados. Este beneficio fue concedido en el año 2006 al Instituto por parte del Parlamento. Desde entonces, el Clemente Estable sigue siendo un instituto de investigación fundamental de excelencia. Incluso, Estable mismo llegó a hacer algo en relación con el desarrollo de productos naturales, pero eso luego se fue perdiendo y el Instituto se dedicó a un área muy fundamental. Sin embargo, este beneficio, que para nosotros fue sorpresivo,  permitió al Instituto Clemente Estable relacionarse con la industria, y quisiera dar algunos ejemplos  para que puedan entender nuestra solicitud.

Como sabrán, está creciendo la exportación de la  industria citrícola como rango no tradicional. Esta industria tiene una contaminación denominada cancro, que baja enormemente el valor de la exportación de cítricos, por lo que es fundamental su temprano diagnóstico y su combate. Los empresarios vinculados a la producción de cítricos invirtieron en el Instituto y desde hace años se está trabajando con buenos resultados en ese aspecto.  Asimismo, los productores de miel han realizado reclamos muy claros ya que la contaminación de los apiarios  provocó su despoblación, pero no se conocía la causa. Entonces, algunas empresas relacionadas con la producción de miel se vincularon con el Instituto, hicieron su contribución y se pudo investigar, avanzándose en el diagnóstico y en el control. También se llevan a cabo investigaciones relacionadas con enfermedades del ganado. Por otro lado, comento que se resolvió el genoma de la cepa tannat que, como saben, es emblemática del país. En ese sentido, además, se establecieron criterios químicos de cosecha, poda y producción.

Como verán, el Instituto, que solo se dedicaba a la investigación fundamental, a través de este beneficio comenzó a desarrollar una relación con las industrias que, incluso,  en algunos casos venían al Instituto buscando solucionar sus problemas porque conocían nuestra disponibilidad de técnicas de avanzada.

                Otro ejemplo que quiero poner es el de la marcela. Se ha logrado poner la molécula de marcela en una preparación  -prácticamente se está finalizando la parte preclínica- que serviría para el tratamiento del infarto cerebral. Este hallazgo de la industria farmacéutica uruguaya fue comprado por una multinacional brasileña que continúa con la investigación. En una de las últimas reuniones en que esto se presentó, se decidió patentarlo, pero apareció otra alternativa ya que esa misma preparación  podría también ayudar en los casos de infarto de miocardio. Los señores Senadores se darán cuenta de la potencialidad que esto tiene.

                Con respecto a este tema, se está creando -lo digo sobre todo por lo que sucedió en este último caso- un vínculo de mutuo conocimiento entre el investigador y el industrial, que era necesario porque actualmente no nos conocemos. La industria nacional está demandado investigación, sobre todo la vinculada con la exportación ‑porque sufren la presión del exterior- y esto sirvió para crear un vínculo entre el investigador y la industria, que es muy positivo.

                Ahora bien, solicito a los señores Senadores que vinculen lo que estoy diciendo al esquema de los tres artículos relativos a las fundaciones. La naturaleza de una fundación de carácter social o benéfica es totalmente diferente a la de una científica, como es la fundación que apoya al Clemente Estable y el propio Instituto. Entre las exigencias que impone la nueva reglamentación están la de establecer una única fecha para la presentación de proyectos, una evaluación y también una única cuenta nacional para todas las fundaciones. Sin embargo, ¿qué sucede en nuestro caso?  Por ejemplo, se puede presentar alguien que se dedica a la industria de la miel y tiene una contaminación de la colmena. Si nosotros debemos elaborar un proyecto hoy para presentarlo en el mes de marzo a fin de que se puedan ejecutar los fondos de una cuenta nacional del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Ministerio de Educación y Cultura, seguramente cuando lleguemos a las posibles respuestas, ya no quede una abeja viva en el apiario. Lo mismo puedo decir de la respuesta frente a la posibilidad de una innovación relacionada con el infarto de miocardio en un mundo tan competitivo. Una empresa multinacional no puede esperar un año para comenzar las investigaciones; requiere respuestas rápidas.

                Quiero trasmitir a los señores Senadores nuestra preocupación sobre este punto. Entendemos que el marco que propone la ley es legítimo y amplía los beneficios para que se produzcan donaciones de empresas, lo que significa una ventaja para una multitud de instituciones muy buenas. También entendemos que, desde el punto de vista ministerial, es necesario tener un control. Sin embargo, a nosotros claramente nos perjudica estar en ese mismo grupo. Si bien no nos oponemos a ningún tipo de control, auditoría o lo que se entienda que es necesario, creemos que los plazos estrictos de procedimiento directamente pueden bloquear investigaciones científicas de gran valor sanitario o productivo. Concretamente, ese es el punto.

Dentro de los márgenes de nuestra ingenuidad, hemos tratado de ser como Legisladores corrigiendo el artículo 260 para que se nos excluya. En este artículo se sustituye el artículo 79 en el texto dado en la Ley N° 18.083 de 2006. Nosotros agregaríamos: “con excepción del numeral 2) literal G)” -que en el presente artículo justamente refiere al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y a la Fundación de Apoyo al Instituto Clemente Estable- “en cuyo caso se aplicará el régimen establecido en los artículos anteriores”. Este aspecto es importante porque sabemos que en estos artículos el Poder Ejecutivo ha planteado un tope. Nosotros no pretendemos que no haya tope, sino que queremos limitarnos al que ya tenemos y a los montos establecidos por el Decreto N° 346/005. De todas maneras, estos desarrollos que mencioné son del orden de los US$ 200.000, por lo que no creemos que excluir al Instituto Clemente Estable afecte el panorama fiscal nacional. Si llegamos a tener una preparación que sea útil en infarto al miocardio, sin duda podremos modificar la realidad económica nacional de la investigación. Por ese motivo solicitamos que el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y la Fundación de Apoyo al Instituto Clemente Estable sean excluidos de esa nueva formulación del sistema.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su presentación.

 

                (Se retira de Sala la delegación del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.)

Material adjuntado por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

                (Ingresa a Sala la delegación de la Unión de Trabajadores del Hospital

de Clínicas (UTHC) y de la Intergremial Universitaria (AFFUR - ADUR - FEUU))

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir a los representantes de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas y de la Intergremial Universitaria.

                Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR PEÑA.- Buenos días. He venido como representante de AFFUR, Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República.

                Queremos plantear, en primer lugar, algunos temas que consideramos importante  tener en cuenta a la hora de analizar la Rendición de Cuentas.

 El pedido de la Universidad de la República fue fundamentado extensamente por la institución en ocasión de su presentación en la Comisión correspondiente de la  Cámara de Representantes y la Intergremial Universitaria quiere hacerles saber que comparte esa solicitud y que ella tiene una gran diferencia con lo planteado por el Poder Ejecutivo. Entendemos que hay muchos programas que son fundamentales para la  Universidad que van a quedar sin incremento. Principalmente en lo que tiene que ver con los temas de las carreras de los funcionarios, tanto docentes como no docentes, la asignación no contempla las aspiraciones que teníamos los gremios en cuanto a continuar con las políticas que se habían comenzado en el quinquenio pasado y que, debido a los incrementos presupuestales, habían podido llevarse adelante.

                Evidentemente, una institución educativa como la Universidad de la República tiene una gran necesidad de recursos humanos calificados. Por lo tanto, la estrategia relacionada con las carreras sociales es uno de los elementos fundamentales a la hora de atender la calidad educativa y de llevar adelante las políticas de la Institución. Además, como sabrán los señores Senadores, están en un proceso de reforma, tanto el área académica como la de gestión, y se está buscando ampliar la cobertura hacia la población. En ese sentido, el desarrollo hacia el interior y el acceso de los sectores más postergados a la Universidad tienen que ver con los diferentes programas presupuestales.

En cuanto al tema del Hospital de Clínicas, podemos decir que a través del convenio con ASSE se ha podido contemplar en parte los gastos de funcionamiento, pero no así lo relativo a la carrera de los funcionarios y de nuevas contrataciones, teniendo en cuenta que es muy importante el número de funcionarios que allí se necesitan.

                En cuanto al tema de las carreras, como decíamos, entendemos que hay programas importantes que no podrán seguir adelante o que se verán muy limitados para continuar, como es el caso de los docentes, en cuanto a las dedicaciones totales y a  las políticas de ascenso de grado que se llevaron adelante en el quinquenio anterior. Incluso, en cuanto a los funcionarios técnicos,  tuvimos la posibilidad de realizar muchos concursos, donde se dio oportunidad de ascenso, pero ahora nos encontramos con que no podremos continuar con estas políticas, fundamentalmente porque no tuvimos ocasión de tener una negociación colectiva real.  Lo que está planteado como incremento salarial para el quinquenio es un 8,6%, y el mayor incremento se dio este año  con un 3,1%. En definitiva, consideramos excesivamente escaso el incremento de la masa salarial en los próximos años y que en consecuencia va a impactar en las políticas de la institución.

SEÑORA KAHAN.- Quisiera hacer un particular hincapié en el hecho de que en la carrera docente estamos enmarcados en una nueva ordenanza, que si bien es muy exigente para el ascenso de los docentes, al mismo tiempo va a exigirle a la Universidad que, una vez que los docentes tengan los méritos para ascender, cree los cargos necesarios. Eso implica, por supuesto, una reformulación de toda la carrera docente  y nuevos recursos materiales para ello.

                Por otro lado, queremos recordar que los docentes de la Universidad de la República son movibles y que ellos tienen que rendir en función de las exigencias de cada uno de los cargos. Por tanto, lo que se está pidiendo es absolutamente racional y equiparable a todo lo que tiene que ver con la carrera docente, en el marco de universidades regionales o internacionales.

                Otro punto que quiero destacar tiene que ver con el hecho de que la Universidad de la República está en franco crecimiento en cuanto a las carreras de posgrado, que son exigidas para la formación de sus propios cuadros académicos y como parte de la educación permanente que deben tener nuestros egresados. Al respecto, la Universidad de la República está ideando, junto con la ANEP, posgrados para formar profesionalmente a sus formadores de formadores. Esta es un área nueva, que está en desarrollo, por lo que nos parece muy importante poder  fortalecerla a través del presupuesto.  Cabe señalar que en el mundo se está dando un aumento de las carreras de posgrados y el propio sistema productivo del país, también en crecimiento, las está exigiendo. Por tanto, es de suma importancia para la Universidad que haya, efectivamente, incrementos presupuestales para esos y otros fines.

SEÑOR ALEMÁN.- Represento a la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. En realidad, nuestro interés es que los señores Senadores nos hagan preguntas, más que informar, ya que toda la información está en el material que les hemos dejado.

                Quisiera puntualizar algo que no hemos dicho y que tiene que ver con la opinión diferente que tenemos en cuanto al cálculo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el PBI para calcular los montos asignados a la Universidad este año. Según nuestro criterio, el cálculo debería haberse hecho con el PBI actual, y no con el de 2010, porque se da una diferencia en cuanto  a los precios de los insumos y demás. Concretamente, en el caso de los insumos médicos, no se pueden calcular con el PBI pasado, sino con el presente, dado que semestralmente estos productos van subiendo. Sucede algo similar en el caso de los alimentos, tanto en el hospital universitario, para los pacientes, como en el interior, para los animales, o allí donde hay dedicación total y la gente vive afincada en los lugares de estudio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Según entiendo, ustedes respaldan parte de la negociación ANEP - UDELAR - Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR ALEMÁN.- Así es, señor Senador. En este sentido, en la Cámara de Representantes se contempló un poco más el hecho de que se había llegado a acuerdos internos a través del cogobierno de la Universidad y no de la negociación colectiva dado que es una instancia que nos está faltando. Los trabajadores universitarios no hemos accedido a un convenio colectivo, lo que  nos ha impedido en este quinquenio acceder a mejoras salariales. Si bien en el pasado quinquenio -durante el Gobierno del doctor Tabaré Vázquez- se dio un incremento en términos de salario real de casi un 70%, en este,  lo que propuso el Ministerio de Economía y Finanzas -que no fue consensuado sino impuesto- fue de un 8,6%. Esto, junto a una Rendición de Cuentas que se puede presentar bastante magra, augura un panorama en el cual no se van a poder desarrollar varias actividades. Y no me refiero a hacer cosas nuevas sino a mantener lo hecho y a retener personal calificado como sucede, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas. Hay Tomógrafos y Resonadores nuevos, en los que se invirtió $ 2:000.000  por canje de deuda con la República de Italia, que no se están usando en algunas horas del día por falta de técnicos. De este modo no solo se generan fallas en la atención al usuario sino falta de formación de recursos humanos,  pues  esto permitiría el acceso de los estudiantes al uso de las nuevas tecnologías. Justamente, al adquirir nuevos equipamientos se pensó no solo en la atención al público, sino en la formación de los nuevos técnicos para el manejo de estos equipos que hoy por hoy están en manos de privados. Lo cierto es que la realidad indica que para acceder al manejo de estos insumos o nuevas tecnologías se debe tener un conocimiento personal, ser pariente o amigo de los dueños que tienen a su cargo estas nuevas tecnologías. Se trata más de una selección que de una ampliación y lo que se busca es la universalización y democratización del acceso al conocimiento de las nuevas tecnologías.

SEÑOR PEÑA.- En relación con la pregunta que formulaba el señor Senador, quisiera expresar que la diferencia entre la solicitud institucional, lo que se plantea en esta Rendición de Cuentas y lo que está pidiendo la Universidad es de aproximadamente $ 1.359:000.000. Eso permitiría financiar todo lo que mencionábamos con respecto al incremento salarial y a las carreras, pero también está relacionado con los programas académicos de cada uno de los servicios universitarios y con el desarrollo del Hospital de Clínicas en lo que refiere a las obras. El año pasado, en el transcurso del tratamiento del Presupuesto, se hizo una quita para asignar algunos fondos a estos programas que habían quedado sin financiación durante todo el quinquenio.

                Nosotros consideramos fundamental que esta solicitud sea atendida porque, de lo contrario, solo hay asignación como para realizar obras tendientes al desarrollo de la Universidad en el interior, donde si bien no se hizo el escalonamiento que pidió la Universidad, se planteó un incremento importante para el quinquenio. No obstante, no se hizo lo propio con el desarrollo de los servicios en Montevideo, ni con lo relacionado con las carreras, lo que impacta en la cantidad de estudiantes que pueden acceder a la institución y en la permanencia y desarrollo de las diferentes carreras.

                La Universidad apuesta a incrementar la matrícula, a que exista un acceso más universal a la educación terciaria y a colaborar con la ANEP y con otras instituciones para favorecer esa institucionalización. Todo eso requiere de un esfuerzo presupuestal mayor al asignado.            

                Muchas gracias por recibirnos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias les agradece muchísimo su presentación, así como su presencia en este ámbito.

                Se levanta la sesión.

                (Es la hora 12 y 11 minutos.)

Material adjuntado por la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) y la Intergremial Universitaria (AFFUR-ADUR-FEUU)