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Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

                (Es la hora 15 y 17 minutos)

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el gusto de recibir a la delegación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, encabezada por la señora Ministra Muslera.

                En primer lugar, se hará una presentación general y, posteriormente, se pasará al detalle del articulado. Pedimos a la señora Ministra, a quien agradecemos su presencia, que cuando considere que alguna pregunta debe ser contestada por otra persona, así lo indique para que le demos la palabra.

                Tiene la palabra la señora Ministra Muslera.

SEÑORA MINISTRA.- En primer término, agradecemos a la Comisión por habernos recibido.

En segundo lugar, queremos aclarar que, en principio, vamos a presentar nuestras líneas generales de trabajo. Para tratar los temas ambientales, voy a pedir al arquitecto Patrone, Subsecretario de la Cartera, que haga uso de la palabra, y luego me haré cargo de la presentación de los temas que tienen que ver con lo relativo a la vivienda. En ambos casos, utilizaremos como apoyo la presentación de power point que hemos preparado a esos efectos.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Con relación a los temas ambientales, quiero decir que desde el Ministerio estamos incorporando una visión transversal. Durante el período pasado se trabajó mucho con ese tipo de visión a nivel del Estado, buscando la coordinación de los distintos actores para que la acción ministerial no fuera exclusivamente sectorial, sino que fuera parte de una integración. Esta concepción, a su vez, en el caso particular de nuestro Ministerio, ha sido un leitmotiv, en la medida en que para los temas ambientales tenemos tres unidades ejecutoras que son: la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, sobre la cual se está promoviendo, en uno de los artículos que vamos a presentar, un cambio de denominación para pasar a llamarse Dirección Nacional de Aguas o DINAGUA.

                En el marco de esa concepción de integración y transversalidad estamos planteando ocho ejes estratégicos, de los cuales el primero se refiere a la conformación del Sistema Nacional Ambiental -que los señores Senadores pueden ver en la diapositiva- y tiene que ver, fundamentalmente, con el hecho de que cada una de las unidades ejecutoras tiene un papel a desempeñar en este concepto, porque el Sistema Nacional Ambiental, además, trasciende lo que sería la exclusiva acción del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En el caso de la DINOT existe la necesidad del fortalecimiento institucional en el marco de las competencias que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible le asigna.

En el caso de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial es necesario realizar un fortalecimiento institucional dentro de las competencias que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible le asigna, a su vez, con una necesaria e imprescindible profundización en la gestión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, para implementar un modelo de gestión integrado en el país a través de este sistema.

Con relación a la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, cabe destacar una gestión que desarrolle los instrumentos para integrarnos al sistema nacional ambiental, para integrarlos y que, a su vez, comprenda otra serie de acciones.

Desde el punto de vista de la gestión ambiental tenemos, como segunda línea estratégica, la prevención, evaluación y control de los impactos sobre el ambiente y los recursos naturales.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente se dedicaría a determinar aquellos patrones sustentables en el desempeño de los sectores productivos, del consumo y de los servicios. Este concepto tiene que ver con el hecho de que la naturaleza -no hablemos de recursos naturales sino de naturaleza, que tiene la doble función de ser el sostén de nuestro modo de vida- debe tener un carácter sostenible en el tiempo o sustentable. No queremos entrar en la discusión de sustentable o sostenible, que se usan de manera alternada, y que son producto de una discusión casi bizantina a nivel latinoamericano.

En cuanto a la protección de la biodiversidad, debemos decir que es uno de los conceptos que ya estaban incluidos en la ley de protección del ambiente; cabe aclarar que se trata de protección y no de conservación. Además, vamos a tener un aspecto de importancia en el concepto de gestión integral de residuos sólidos, que la Comisión interpartidaria que realizó el análisis de los temas ambientales y de cambio climático, llegó a otorgarle un valor singular. Este fue uno de los puntos del acuerdo que la Comisión interpartidaria entendió que era de prioridad para la gestión en este período.

Debemos decir que en ese mismo concepto está incluido el tema de la recolección, del tratamiento y disposición final de los residuos, o sea, que no tenía que ser un concepto desde el punto de vista ambiental circunscripto exclusivamente a lo que hoy en día establece la Ley Orgánica M unicipal de 1935, según la cual la competencia de estas actividades corresponde a las Intendencias, pero es claro que tienen un relacionamiento muy fuerte con su consideración ambiental.

En cuanto a la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, que es el organismo que maneja un tema vital hoy en día, como los recursos hídricos, debemos citar el tema de la asignación de aguas, contemplando la descentralización en el territorio a través de las regionales de administración de agua; esto tiene que ver, también, con la relación agua-producción. Como bien sabemos, el 70% del recurso agua es destinado a actividades productivas y no a actividades que tengan que ver con la satisfacción de la necesidad humana: beber agua.

El tercer eje de acción está vinculado a otro concepto muy relacionado con lo que anteriormente hablábamos de la transversalidad, y es la descentralización en las acciones y en la mejora de los ámbitos de participación.

                En la DINOT se destaca la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial que, como luego podrán advertir en el articulado, son necesarios para la ejecución de las políticas centrales. O sea que para la relación entre el Gobierno Central y las Intendencias, estamos proponiendo impulsar una planificación sustentada en la acción del Gobierno Departamental.

                En lo que a la DINAMA refiere, se habla de la implementación integrada de la política ambiental porque, obviamente, el ambiente es todo y, actualmente, los principales elementos en esta interrelación están diseminados por el país.

                A su vez, la promoción de la educación, la concientización y la participación de la población en el desarrollo sustentable y sostenible, constituyen parte de lo que son los enunciados de la propia Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible; también tenemos los conceptos que tutelan la Ley de Protección del Ambiente y está nuestra intención de conseguir que la población tenga, en la dimensión ambiental, un elemento de referencia y de objetivo. El desarrollo y la mejora de esta gestión no puede pasar simplemente por la voluntad de acción del Estado, sino que ello debe llevar a que el conjunto de la población asuma que la responsabilidad y la acción sobre el ambiente es una tarea y un objetivo de todos.

                El cuarto eje tiene que ver con la construcción de un sistema de información ambiental que esté disponible para la población, no solo con el objetivo de democratizar el acceso a la información ambiental, sino como una herramienta muy potente para la toma de decisiones en muchos ámbitos. Esto tiene un vínculo muy fuerte con el sistema de información ganadero y con los sistemas que se generan, por ejemplo, desde el punto de vista climatológico e hidrometeorológico que, precisamente, hacen a la cuestión no solo productiva, sino también de la calidad de vida humana, animal y vegetal. Este sistema de información ambiental cuenta con el aporte y la articulación interinstitucional que esta posición reclama desde el punto de vista de lo enunciado precedentemente.

                El quinto eje de acción refiere a la planificación ambiental y a la ordenación del territorio con ocupación sustentable. El aspecto relevante aquí tiene que ver con la elaboración de las directrices nacionales y de los programas nacionales y regionales. La Ley Nº 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, establece que la directriz nacional debe tener aprobación parlamentaria, porque entiende a la misma como una política de Estado. Por lo tanto, es fundamental el concepto de que el instrumento vital para el pensamiento del país del futuro no pasa solamente por tener una directriz nacional o un compendio de normas vigentes -que hoy en día el Uruguay tiene en cantidad y calidad- sino por un objetivo que apunte al desarrollo sostenible.

                En la DINAMA entendemos de suma importancia mejorar la eficacia de los instrumentos de gestión ambiental, incluyendo la planificación ambiental estratégica para la ocupación sostenible del territorio.               

Este concepto tiene mucho que ver con la superación de la simple noción de evaluación de impacto ambiental, pues involucra la evaluación del impacto ambiental con el efecto puntual que provoca cualquier emprendimiento, pero  no toma en cuenta la evaluación ambiental estratégica       -la sinergia- que es resultado de la sumatoria de las diversas acciones que se emprenden sobre un mismo territorio. Basándonos en que cualquier ambiente tiene un aspecto en el que toda acción  provoca una reacción,  ese ida y vuelta en la conformación de una situación tienen relación con la imprescindible necesidad de abordarla científicamente a través de los mecanismos de   evaluación y  planificación ambiental estratégica.

                La gestión integrada de los recursos hídricos se basa en la Ley sobre Política Nacional de Aguas, aprobada en este Parlamento durante el Período anterior, que promueve la gestión de cuencas -haciendo hincapié en la necesidad del acceso universal al servicio de agua potable y saneamiento en los asentamientos humanos- y  la vincula con el relacionamiento de todo el sistema productivo. Esto se debe, como decíamos antes,  a la necesidad que tiene la producción nacional, que destina el 70% de los recursos hídricos a la producción agropecuaria.

                El sexto y séptimo eje tienen que ver con la protección y el uso sostenible de los recursos naturales transfronterizos y con el fortalecimiento de los mecanismos de implementación de los acuerdos internacionales. Obviamente, Uruguay es un país naturalmente transfronterizo en cuanto a los recursos hídricos, porque todas sus cuencas están vinculadas a los países vecinos; por lo tanto, para atender este aspecto necesariamente debemos recurrir a una acción concertada, donde le demos una fuerte importancia al cumplimiento de los compromisos internacionales. Por supuesto, todo esto conlleva al fortalecimiento de la participación de nuestro país en los organismos regionales. En este sentido, hoy en día  ha adquirido relevancia la consideración de la gestión de la Cuenca del Plata, ya que se trata de un espacio mucho más comprensivo que la Cuenca del Río Uruguay, pues incluye a Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; por tanto, desde el punto de vista geopolítico tiene una gran importancia.

El último de los ejes estratégicos planteados en esta línea de gestión ambiental, tiene relación con el planteo que en este Presupuesto estamos haciendo desde el punto de vista de la gestión en el quinquenio. Concretamente, tiene que ver con la elaboración y promoción de políticas que den respuesta a la variabilidad y al cambio climático. Para ello, en el período pasado el Gobierno instauró  el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que generó el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, por el que se promueve la aplicación de medidas integrales de adaptación y mitigación. En este caso, debemos aclarar que Uruguay prioriza fundamentalmente la adaptación; respecto a la mitigación hemos asumido la responsabilidad de compromisos voluntarios, y un ejemplo de ello es la modificación de la matriz energética. Esto significa que en el corto plazo las energías renovables van a superar el 15% de nuestra producción energética        -aunque  quizás ese porcentaje podría ser superior, de acuerdo a la licitación del parque eólico realizada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería durante el último período- en cuyo caso alcanzaríamos cerca de 500 megavatios en producciones de energía renovable, a través de la producción de energía eólica.

Obviamente, en este concepto se incluye, fuertemente, el apoyo de la gestión del riesgo por eventos climáticos extremos, como todos conocemos, a través de medidas de prevención y previsión; por cierto, estos eventos están ocurriendo con mayor frecuencia. El Uruguay no desconocía los eventos extremos, tanto de sequías como de inundaciones. A veces, simbólicamente, recuerdo a Marquitos Velázquez que en los años sesenta decía en sus canciones  que la crisis en el Uruguay tenía dos explicaciones: en  verano  la   sequía y   en  invierno inundaciones. Las canciones de Marcos Velázquez, se caracterizaban por su ironía,  de alguna manera reflejaban una realidad.

                En nuestro país tuvimos sequías muy fuertes en las décadas del diez, del veinte y del cuarenta. Esos eventos se manifestaban aproximadamente cada veinte años, pero ese período se ha acortado  y,  en los  últimos diez años, las sequías  se han acelerado, aparecen con una frecuencia muchísimo mayor, lo que muchas veces redunda en que las previsiones son insuficientes y los daños que provocan son muy grandes, a tal punto que se  distorsiona el normal desempeño de la acción productiva.

                En consecuencia,  es de vital importancia que se siga trabajando en estas áreas. A partir de este momento pasaremos a la segunda etapa que tiene que ver con el fortalecimiento institucional que, de alguna manera, tiene que reflejar la búsqueda de estos objetivos o elementos que pretendemos llevar adelante.

                Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA.- En lo que tiene que ver con la situación del Ministerio y sus capacidades de control y actuación en todo el territorio nacional, proponemos el fortalecimiento de una regionalización, que permita tener incidencia y posibilidades de apoyo a la población involucrada o a los problemas y competencias que les atañe a cada una de las Direcciones de esta Cartera.  A este respecto, debo señalar que tenemos 511 cargos presupuestados -110 de ellos vacantes- y 21 oficinas del Ministerio, distribuidas en el interior de la República, con 75 funcionarios, concentrados fundamentalmente en la Dirección Nacional de Vivienda. Esta situación es el punto de partida de un trabajo que se va a continuar en el marco de la reforma del Estado, pues nuestro Ministerio es uno de los tres considerados piloto.

Uno de los objetivos principales es lograr una mayor capacidad de trabajo a nivel nacional que permita, a su vez,  revertir la situación actual por la que, básicamente, concentramos nuestras respuestas en el área metropolitana. Por eso, proponemos la instrumentación de lo que denominamos regionalización y fortalecer la presencia del Ministerio en base a cuatro regiones: litoral, centro-norte, este y sur. A esos efectos, planteamos la implementación de una estructura organizativa mínima, con cuatro Directores Regionales, quienes tendrán a su cargo un responsable del tema ambiente, otro sobre vivienda, y uno relativo al agua, así como también un pequeño aparato administrativo.

El fortalecimiento institucional es un tema anexo entre la presentación de estrategias-vivienda y estrategias-ambiente. Ese es uno de los puntos claves para resolver el salto que estamos planteando en el quinquenio, en cuanto a capacidad de respuesta del Ministerio a los problemas de su competencia.  

                Con respecto al Plan de Vivienda, denominado “Mi lugar entre todos”, nos encontramos en medio de una reestructura del sistema público de vivienda -concretada durante el Período anterior- que delimita claramente las competencias: el Ministerio, como organismo que define  las políticas de vivienda y que tiene contacto directo con el beneficiario; el Banco Hipotecario del Uruguay, como organismo financiador; y la Agencia Nacional de Vivienda, como organismo ejecutor de estas políticas. En este Plan vamos a priorizar las acciones que apoyen a quienes tienen más dificultades para alcanzar una solución habitacional. Debemos reconocer que partimos de fortalezas creadas en el quinquenio anterior tendientes a potenciar el manejo del crédito hipotecario, como forma de acceso a la vivienda, pero somos conscientes de que el crédito hipotecario no da respuesta a amplios sectores de la población. Por tanto, en este período será fundamental que profundicemos los cambios y que generemos las capacidades institucionales como para atender la situación de vivienda de los sectores más críticos.

                En lo que tiene que ver con el aspecto financiero, la recaudación del Fondo Nacional de Vivienda y Obras no se vertía en su totalidad a las políticas de vivienda, situación que se ha revertido en este quinquenio, pues se está volcando el 100% de ese Fondo y, además, se está otorgando un plus a la política de vivienda que nos permitirá tener una capacidad real de respuesta de un 30% más con respecto al período anterior. Sobre estas bases hemos diseñado una política de vivienda que busca, por un lado, concentrar los fondos públicos del FONAVI en la atención de los sectores más débiles y, por otro, integrar a la banca y a la inversión privadas al sistema público de vivienda. De esta manera, ellos atenderán las franjas de población que tienen mayores posibilidades de acceder a la vivienda a través de un crédito hipotecario y nosotros podemos concentrar los fondos del FONAVI en la atención de los sectores más necesitados.

                Asimismo, se da una situación propia de la ejecución de las viviendas, cuya concreción se da en un plazo no inferior a los 15 a 18 meses. Un determinado porcentaje del crédito presupuestal de los años 2011 y 2012 está comprometido con obras que se arrastran del Presupuesto anterior. Durante 2011 tendremos libre un 23% del crédito presupuestal para canalizar las políticas, y en el año 2012, un 48%.

                Este Plan de Vivienda tiene seis líneas de acción, algunos de cuyos componentes son comunes y transversales a cada una de ellas. La primera línea es la defensa de la inclusión socio-territorial, o sea que todo lo que hagamos deberá tender a revertir la situación de segregación de los pobres. La segunda línea es el ajuste de la oferta de vivienda a la demanda real. Este plan pretende tener respuesta para los distintos tipos de demanda: la de los pasivos, la de los jóvenes, la de los exiliados que pretenden retornar al país y la de los trabajadores, entre otras. Quiere decir que, básicamente, presenta una canasta de respuestas y no una política única según el tipo de ingreso, que es otra forma de operar con las políticas de vivienda. La tercera línea pasa por considerar que la política de vivienda no está aislada del hábitat, de los servicios y de las redes sociales que debemos fortalecer para lograr una mejor integración de las familias.

No consideramos la política de vivienda en sí misma, sino integrada a otras políticas sociales para que afirme realmente el camino de integración social.

                Un cuarto punto, también transversal a todos los planes que presentaré a continuación, tiene que ver con la necesidad de orientar el ahorro privado en un sentido convergente a la política de vivienda. No debemos olvidar que en 2002 hubo un quiebre no sólo financiero, sino también en las capacidades de respuesta del sistema público de vivienda. Uno de los puntos fundamentales a considerar es que la política de vivienda debe dar respuesta a un derecho y trabajar en la obligación de devolver de acuerdo con las capacidades de cada uno de los beneficiarios, a los efectos de que la solidaridad permita la continuidad de cada una de las políticas. Estamos intentando avanzar en las políticas y en la consolidación de un sistema público de vivienda con actores privados. Uno de los grandes inconvenientes, o de las grandes fortalezas que debemos generar, es la confianza en el sistema público, en la gestión de la devolución y en la obligación de devolver, en total coincidencia y continuidad con la política definida en el Gobierno anterior, de integrar el subsidio directamente a las familias que lo necesiten y no de un modo encubierto, otorgándolo al Banco Hipotecario o a los intereses del crédito. Reafirmamos que la política del subsidio al crédito es justa, porque adecua la cuota a la capacidad del grupo familiar pero, una vez establecido el acuerdo, debemos exigir la devolución y tener capacidades institucionales para que el sistema no se enferme. En ese caso, el tema del monitoreo y del seguimiento de los subsidios es clave en la gestión del sistema.

                El otro punto tiene que ver con el fomento del ahorro previo en vivienda. Continuaremos llevando adelante una política económica que nos garantice determinado desarrollo y mejora de los ingresos. Es necesario que el Plan Quinquenal de Vivienda y el Sistema Público de Vivienda lleven adelante una política de fomento del ahorro previo, de canalizar las mejores posibilidades de ingreso hacia la solución de la política de vivienda generando más capacidades de gestión del sistema público.

                También es transversal la innovación tecnológica. Si quisiéramos revertir en un quinquenio el déficit actual de viviendas al promedio de lo que hoy cuesta al Estado la construcción tradicional, necesitaríamos cinco veces más recursos de los que disponemos. La única forma de enfrentar el déficit y de vernos en el 2030 o en un largo plazo sin la situación de segregación y de malas condiciones de vivienda, es trabajar en las políticas de innovación tecnológica que disminuyan el costo, utilizando tecnologías fácilmente apropiables por el autoconstructor o el constructor y que nos garanticen menores tiempos de obra. Esta es una línea de trabajo en la que se necesitan acuerdos de Estado para darle una continuidad de largo plazo, pero en este quinquenio pretendemos dar los primeros pasos. Cuando hablamos de innovación tecnológica nos estamos refiriendo a cambios culturales y a la aceptación cultural de nuevos materiales o de otras formas de generar vivienda. Sin duda, esto no se resuelve en cinco años pero es el único camino que nos permite salir de la situación de déficit que tenemos hoy.

                Por último, cuando hablamos de profundizar el sistema público de vivienda con nuevos actores se busca articular con privados y con organizaciones sociales la participación en la política pública de vivienda. Al respecto sostenemos que este Plan Quinquenal va acompañado de una ley, que próximamente va a ingresar al Parlamento, y que plantea una serie de exoneraciones tributarias destinadas a las viviendas de interés social. Estamos trabajando con las organizaciones cooperativas y con el movimiento sindical para generar o articular las políticas más adecuadas a la situación de cada uno de esos sectores que son fundamentales en la producción de viviendas de interés social. Estos lineamientos cuentan con definiciones concretas en cada uno de los seis planes que constituyen las líneas estratégicas de las políticas de viviendas.

El primer plan consiste en la relocalización de asentamientos en zonas inundables o contaminadas; es a escala nacional y mediante un mapa de vulnerabilidad tenemos identificadas las situaciones críticas en materia de inundaciones. Estamos hablando de un universo de 4.000 familias que viven en territorios no apropiados para vivienda, pero también en situación económica y social crítica. Nos encontramos desplegando políticas para esos sectores y pretendemos atender el cien por ciento. ¿Cómo lo vamos a hacer? No con la política simple de trasladar pobres de un lugar para otro procurando romper con las redes de sobrevivencia, sino mediante una batería de programas que, de acuerdo a la situación o realidad de cada familia, planteen la solución más adecuada. Esa batería de programas pasa por la compra de vivienda usada, el acercar programas de autoconstrucción, de vivienda cooperativa, hasta políticas de acceso al alquiler mediante garantía de alquileres. Insisto, se trata de una serie de programas a desplegar de acuerdo a las realidades y posibilidades de cada población.

El segundo plan consiste en rehabilitar y consolidar la trama existente de las ciudades, es decir, frenar el crecimiento indiscriminado y, en base a la informalidad de nuestras ciudades, implantar o reforzar políticas que ya se vienen desarrollando. Me refiero a la rehabilitación y al pleno aprovechamiento de la trama construida que cuenta con infraestructura, servicios y áreas vacantes. Cuando hablamos de áreas vacantes no nos referimos sólo a los predios sin construcciones, sino a la posibilidad de densificarlos mediante construcción o un mejor aprovechamiento de las posibilidades. En cuanto a la rehabilitación, si bien estamos pensando en un crecimiento cuantitativo, también pretendemos atacar el problema  de la  calidad de las viviendas. Existe un déficit cualitativo que abarca cerca de 800.000 viviendas de un parque de 1:200.000 y que, por tanto, requiere de políticas que reviertan esta situación.

                Entonces, entre las políticas que tienden a la rehabilitación y consolidación urbana están las de mejora del stock, básicamente público -es decir, lo construido por las políticas públicas- y privado. En este sentido, hemos definido una batería de políticas que se apoyan más que nada en el microcrédito, en sostener la operación de mejora o ampliación de las viviendas, con financiación de materiales y con el acercamiento de asistencia técnica, para que sean más adecuadas y eficientes. Así como hablamos de que hay que rehabilitar en la ciudad y aprovechar lo existente, en lugar de extendernos cuando es innecesario, sabemos que en muchas localidades de nuestro país es imperioso hacerle frente al crecimiento. Estamos hablando de localidades como Tacuarembó o Nueva Palmira, que van a ser impactadas por nuevas inversiones -que, a su vez, originarán afluencia de mano de obra de otros lugares- y que requerirán nuevas urbanizaciones, y respecto de las cuales debemos pensar en cómo crecemos. En todos estos casos, para estos tres programas establecimos un artículo en el Presupuesto mediante el cual se exige que a partir de enero de 2012  esté laudado el instrumento de ordenamiento territorial adecuado para que ese crecimiento, esa relocalización o esa política de rehabilitación tome en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con infraestructura, servicios, capacidad de inserción de la población en el territorio, de manera que no hagamos inversiones en vano, como nos ha sucedido en otras ocasiones. Muchas veces nos ha pasado que, al proceder a una relocalización, inmediatamente el lugar abandonado es ocupado nuevamente. Entonces, es vital que el programa de nuevas urbanizaciones esté inserto en un plan de ordenamiento que garantice la infraestructura, los servicios y la inserción adecuada de la población.

                El quinto punto -me voy a saltear el cuarto- tiene que ver con la vivienda rural. En este tema, estamos planteando llevar adelante con más firmeza la política hacia la población rural, para lo cual proponemos la creación de un cargo de Director de Políticas hacia la Vivienda Rural, dentro de la DINAVI cuyo trabajo -debemos destacarlo- está dirigido muy hacia lo urbano. Si hablamos de un país que pretende invertir  la situación de vaciamiento demográfico de nuestras zonas rurales y quiere dirigir políticas que levanten la producción y que lleven la inversión al centro despoblado, la política de vivienda debe darle un lugar privilegiado dentro de la estrategia del plan quinquenal. Por eso, la idea es generar políticas integradas que tengan su correlato en la ejecución de viviendas, donde damos toda la derecha a MEVIR, que seguirá siendo el organismo ejecutor de las políticas de vivienda rural. A su vez, estamos planteando que MEVIR pueda actuar en localidades de más de 5.000 habitantes, respaldando en un 100%  su planteo presupuestal.

                Cabe destacar que nuestra ley  de vivienda, propietarista, es de 1968 y en ella se define el acceso a la vivienda, básicamente, en base al crédito hipotecario. Eso no da respuesta al déficit actual y al crecimiento de la informalidad, por lo que estamos introduciendo el tema de la política de alquileres como una respuesta concreta a la situación en que nos encontramos, de falta de oferta de viviendas -tanto en alquiler como a la venta- adecuadas a la demanda existente. 

                Entonces, no estamos hablando de invertir en viviendas para alquiler. Lo que prevé el plan quinquenal es que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente implemente acciones para facilitar el acceso al alquiler mediante el Fondo de Garantía de Alquileres -creado en nuestra Cartera- de forma que dicho Fondo tenga presencia y dé respuestas a nivel nacional. La idea es que sea un instrumento más que ayude a la permanencia de la población en la vivienda formal y que posea capacidad de respuesta a nivel de todo el territorio nacional, ya que hoy sólo tiene presencia en el área metropolitana.

                Por otro lado, estamos impulsando la construcción de viviendas para la renta, lo que tampoco implica una inversión. En ese sentido, tenemos fuertes expectativas en cuanto a que el proyecto de ley que plantea exoneraciones tributarias, y que próximamente será considerado en el Parlamento, permita por primera vez desde la década del setenta, volver a construir viviendas para la renta. De esta forma,  intervenimos de manera indirecta en el mercado de alquileres.

                Entonces, la política de vivienda no invierte en viviendas para alquileres, sino que invierte en el Fondo de Garantía de Alquileres, para permitir que los sectores que carecen de un respaldo, de una vivienda o de un trabajo formal, puedan acceder a una renta. En realidad, aunque no estuviéramos en esta situación de déficit, igualmente creo que la política de alquileres da respuesta a los jóvenes y a los sectores de jubilados o pasivos, por lo que es una línea válida para integrar a la política de vivienda.

                El último plan tiene que ver con la inversión privada, aspecto que, en parte, ya he venido adelantando. Estamos elaborando un proyecto de ley -que dentro de pocos días será presentado al Parlamento- a través del cual, básicamente, se busca consolidar o atraer al inversor privado a la política de vivienda de interés social. La iniciativa apunta a la construcción de viviendas económicas y medias, tal como se define en la Ley de Vivienda. En concreto, en uno de sus Capítulos se plantea exoneraciones tributarias. En el Capítulo II, por ejemplo, se propone favorecer el acceso al crédito de familias que hoy no lo tienen, a través de un Fondo de Crédito Hipotecario que disminuiría la exigencia de ahorro previo. De esta forma, núcleos familiares que hoy no tienen posibilidad de ahorrar, porque el dinero apenas les alcanza para pagar el alquiler, verían facilitado su acceso al crédito hipotecario. El Capítulo III del proyecto de ley se relaciona con una nueva forma de constitución de la propiedad horizontal que, en este caso, nacería en cuanto una unidad tuviera accesibilidad y condiciones de habitabilidad. Con esto, acortaríamos los tiempos muertos entre el momento en que termina la obra y aquel en que se puede dar el primer crédito hipotecario. El Capítulo IV de la propuesta plantea una serie de medidas para facilitar a los sectores más débiles el acceso a la política de vivienda. Por ejemplo, se plantea la no exigencia del Certificado Único Especial para las viviendas económicas y la posibilidad de que el Banco Hipotecario del Uruguay otorgue créditos no hipotecarios. En suma, con ese paquete de normas se busca, básicamente, la inversión privada y una actuación más ágil del sistema financiero público y privado en la generación de instrumentos hipotecarios.

                Por último, cabe mencionar al Plan “Juntos”, programa que  si bien no depende del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sí está dirigido y acompañado por nuestra Cartera y por el MIDES. Dicho Plan atenderá a los sectores más desfavorecidos, fundamentalmente a los que están en situación de indigencia. En ese sentido, debemos considerar este planteo de política de vivienda con el FONAVI, tomando en cuenta lo que se pueda llegar a desarrollar en el Plan “Juntos” y lo que se logre concretar a través de la inversión privada.

En total, con los seis planes, contando las construcciones nuevas, las del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares -PIAI- y también con las que tienen que ver con mejoras y con acceso al subsidio y garantía de alquileres, llegaríamos a las 60.889 soluciones habitacionales. Si a eso le sumamos las  acciones de la Agencia Nacional de Vivienda en materia de reestructura de deudas, las propias del Banco Hipotecario en lo relativo a préstamos para refacción o créditos hipotecarios y, finalmente, las de OSE con relación a un plan -que próximamente comunicaremos- de adecuación de las instalaciones internas de las viviendas para hacer posible la conexión a las redes de saneamiento frentistas, estaríamos teniendo un impacto sobre 147.489 familias. Y, claro está, esto no significa que  sean soluciones habitacionales nuevas.

A su vez, a lo anterior habría que sumar el efecto de las exoneraciones que atraigan inversión privada y el resultado del accionar del Plan “Juntos”. Con esta estrategia de concentrar recursos en los más débiles y atraer mayor cantidad de actores a la política de construcción de vivienda de interés social, podríamos lograr un impacto más fuerte, a fin de revertir la situación de déficit que se ha venido consolidando.

                Dejaría por aquí mi intervención y, si la señora Presidenta y los señores Senadores están de acuerdo, pasaríamos a trabajar sobre el articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Hay varios Senadores que han pedido la palabra a fin de hacer planteos antes de entrar a considerar el articulado.

SEÑOR ABREU.- Gracias, señora Presidenta, y gracias también a la señora Ministra por su comparecencia y su exposición.

                Por mi parte, no voy a realizar un comentario general, pues ya se ha explicado la visión quinquenal del Ministerio. Simplemente, formularé varias preguntas puntuales.

                Concretamente, quisiera saber cuántos bienes del sector público están inventariados o a disposición; es decir, si existen bienes del Estado productivos, me gustaría saber cuántos son y de qué forma se está encarando su canalización. 

Por otra parte, quisiera conocer a cuánto ascienden los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, a efectos de percibir de qué forma se van a canalizar.

En materia socioterritorial, ¿qué relación existe entre la vivienda rural y MEVIR? ¿Está previsto el MEVIR disperso o se va a seguir trabajando sobre el MEVIR concentrado, por decirlo de alguna manera?  Este es un tema importante y creo que en el articulado existe algún condicionamiento respecto de las respuestas de los Gobiernos Departamentales a la eventual distribución de los temas de vivienda.

Quería referirme también a la Ley de Vivienda y, sobre todo, a la cuestión vinculada con la visión propietarista. Ante todo, creo que se mantiene la visión propietarista, porque toda la base  apunta a la inversión privada. Se trata de otra visión del propietarismo pero, en definitiva, es al inversor al que se está incentivando para que pueda tener una renta adecuada; a su vez, mediante exoneraciones, se busca que haya una conexión entre su inversión y el resultado social de la misma.

La cuestión del rol que tiene el Fondo de Garantía de Alquileres data ya de muchísimo tiempo. Quizás este sea uno de los elementos importantes para poder dar credibilidad al funcionamiento del sistema del arrendamiento, más allá de las unidades habitacionales y de las familias en cuanto a satisfacción de las necesidades.

Otra pregunta que quiero formular tiene que ver con el tema ambiental, específicamente con la Cuenca del Plata y la visión que el Ministerio tiene a la hora de participar en los distintos organismos. Quisiera saber si esta Cartera tiene alguna idea o iniciativa ambiental concreta a nivel regional, para que nuestro país plantee como estrategia en cuanto a la protección de los recursos hídricos o de la Cuenca del Plata, quizás extendiendo estándares de exigencia a las fábricas de celulosa de toda la región. En síntesis, me gustaría conocer la visión que tienen las autoridades sobre la cuestión ambiental y cuál será su expresión en los organismos regionales.

Estas son las interrogantes que planteo por el momento, reiterando nuevamente al Ministerio el agradecimiento por su comparecencia en la tarde de hoy.

SEÑOR PENADÉS.- Por mi parte, también quisiera realizar algunas preguntas de carácter general, para luego ingresar en las relativas al articulado.

                Todos sabemos que, en relación al medio ambiente, el Uruguay está enfrentando desafíos muy interesantes, importantes y, en algunas situaciones, hasta dramáticos si tenemos en cuenta las medidas que deberán adoptarse como consecuencia de la forestación y de la agricultura con alto uso de productos químicos. Entonces, me gustaría saber cómo se prepara la Dirección Nacional de Medio Ambiente para enfrentar estas situaciones. Por nuestra parte, hemos recibido muchas denuncias de varios lugares del país en donde, fruto del crecimiento económico -que todos saludamos y del que nos alegramos- se están produciendo varios daños colaterales sobre el medio ambiente. Por ejemplo, se me ha hecho llegar denuncias de uso de productos tóxicos o químicos en la producción agrícola, lo que ha causado la muerte de muchas especies de aves en algunas zonas del territorio nacional. En ese sentido, quisiera saber qué medidas está preparando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, cómo piensa coordinar su acción con otras dependencias del Estado, cuántas personas tiene trabajando en estos temas y cuántas piensa agregar en el quinquenio.

                Algo similar sucede con la actividad de la minería, ya que luego de la prospección que realizara la Minera Aratirí en la zona noreste del país, algunos vecinos han manifestado su preocupación por la contaminación del agua, esto es, por el cambio de composición y concentración de elementos, derivado de la mezcla con materiales extraídos del subsuelo. Respecto a este tema también quisiera saber qué se está pensando hacer de parte del Gobierno con el fin de llevar adelante una política eficiente en relación al medio ambiente.

                Por otro lado, ¿qué se está haciendo con relación a la problemática del uso del plástico y del nylon como envase y envoltorio, respectivamente?  En ese sentido, hasta el año pasado hubo una publicidad, cofinanciada con el Gobierno del Reino Unido, pero quisiera saber qué medidas concretas piensan tomar las actuales autoridades.

                En cuanto al tema de la vivienda, hemos escuchado a la señora Ministra hablar de materiales alternativos para su construcción. Realmente, nos parece que esto es bueno y creemos que sería importante que en el Uruguay se empezara a explorar esa área; ahora bien; me gustaría saber con detalle cómo se pretende implementar esto por parte del Ministerio.

                A su vez, nos gustaría saber qué medidas se van a adoptar, junto con los Gobiernos Departamentales, con el propósito de intentar reurbanizar algunas zonas de varios departamentos. En particular aquí, en Montevideo, se han ubicado una serie de complejos habitacionales en los que viven personas con necesidades básicas insatisfechas, lo que ha cambiado la lógica de muchos barrios. Concretamente, me refiero a los corredores de las avenidas, como por ejemplo, el de la Avenida San Martín, en el que se encuentran los barrios Cuarenta Semanas y Marconi. Esto fue llevado a cabo por los Gobiernos Nacionales y Departamentales anteriores y, verdaderamente, ha generado serios problemas. Entonces, quisiéramos saber si se está pensando en alguna medida para reubicar estos barrios y, además, si se están elaborando otras políticas al respecto. 

                Además, nos gustaría que la señora Ministra nos comentara  algo sobre el CREDIMAT en cuanto a si se utilizará ese sistema -interesante y de fundamental importancia- en la actual gestión y qué medidas se van a adoptar al respecto.

Por otro lado, quisiéramos que la señora Ministra nos hiciera llegar información sobre la morosidad que registran las carteras deudoras que administra el Ministerio, y los distintos organismos que dependen de él, como la Agencia  Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay. En particular, queremos saber a cuánto asciende la deuda que FUCVAM mantiene con el Estado y qué medidas se piensan adoptar. Creemos que se da una situación bastante egoísta, porque el Estado otorgó el dinero para que se construyeran algunas viviendas o complejos habitaciones, pero como ahora no se devuelve, no puede seguir reinvirtiendo en la construcción de nuevas viviendas o de planes destinados a la construcción para la gente que hoy las necesita.

En este tema de la vivienda, la señora Ministra habló del sector privado y me pareció muy bien que se focalizara en ese tema. Mi duda es cómo va a hacer el Ministerio para direccionar la inversión en vivienda de clase media y media baja. En el Uruguay se está viviendo un boom de la construcción pero para los sectores altos. El precio del metro cuadrado de construcción en el Uruguay está llegando a niveles hasta inalcanzables para gran parte de la población que hoy quiere comprar. Es evidente que hay una fortísima inversión en construcción, por lo menos en la costa del departamento de Montevideo y de los departamentos vecinos, pero hay un abandono de la construcción y de la inversión en viviendas de la clase media a la que puedan acceder vastos sectores de la población. Creo que se viene dando un efecto bastante particular, producto del costo de la adquisición de viviendas nuevas. Me parece que con el paso del tiempo se va a ir fomentando el alquiler, porque la gente no puede comprar un apartamento de 50 metros cuadrados a un costo de          US$ 150.000, como se está viendo en muchos puntos del departamento de Montevideo. Por lo tanto, cabe preguntarse  de qué forma el Gobierno va a dirigir o estimular  la inversión en nuevas viviendas para grandes sectores de la población como la clase media, para aquellos sectores que dejan los niveles de necesidades básicas insatisfechas y se incorporan a esa clase media, o para los jóvenes. Francamente creo que esto es muy preocupante y una responsabilidad compartida por los Gobiernos Departamentales. Montevideo viene experimentando un proceso de vaciamiento -desde hace varias décadas- desde el corazón hacia la costa y también hacia los departamentos limítrofes de la costa. En ese sentido, sería bueno que la señora Ministra pudiera -ya nos dio un adelanto- comentar algo al respecto.

Por último -y disculpen la extensión de las interrogantes- quisiéramos saber algo sobre la política de asentamientos. ¿Qué medidas se pretenden llevar adelante para tratar de regularizar o legalizar muchísimos asentamientos que en Montevideo y en el Uruguay todavía no llegaron a esa instancia? Sé que han existido esfuerzos por parte del PIAI y otros proyectos, pero no han marchado con la eficiencia y la eficacia con la que debieron funcionar. ¿Cómo vamos a ir logrando una paulatina regularización y qué criterio se va a utilizar? ¿El Ministerio, piensa llevar adelante el proyecto de otorgar predios -es decir, un lote de tierra, urbanizado con todos los servicios- como en algún momento se había pensado, para el caso de personas que no puedan acceder a la vivienda? ¿Cómo se pretende encarar el plan de regularización con UTE y OSE?

Quienes conocemos los asentamientos sabemos que hay un porcentaje muy importante de estas zonas en donde no todas las construcciones son de chapa y cartón y vive gente con necesidades básicas insatisfechas, sino que los hay donde podemos ver un vehículo en la puerta de las viviendas y, sin embargo, están enganchados a la luz o roban el agua.

 Entonces, nos gustaría conocer también ese plan de regularización y si existe algún tipo de mecanismo pensado por la actual Administración para ir llevándolo adelante.

                Por ahora, era cuanto quería manifestar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si los señores Senadores no tienen inconvenientes, le daría la palabra a la señora Ministra para que comience a contestar las consultas.

SEÑOR HEBER.- No obstante, es bueno que la señora Ministra sepa que hay otros Legisladores que queremos plantear nuestras inquietudes de carácter general.

SEÑORA MINISTRA.- Intentaremos responder todas las consultas, aunque creo que algunas de ellas van más allá del objetivo de esta convocatoria.

                El señor Senador Abreu hacía referencia al inventario de bienes públicos; ante esto quiero decir que desde el año 2008 contamos con un inventario de todos los bienes que no están afectados directamente al uso de Ministerios o Entes Autónomos. A partir de ese inventario, en mayo presentamos el decreto de formación de la cartera de viviendas de interés social, donde se establece claramente que, si bien esas tierras o inmuebles pertenecen a los Ministerios, la afectación a las políticas de vivienda será a costo cero, habilitándose la negociación en caso de que provengan de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. 

                Además, en la Agencia Nacional de Vivienda contamos con una cartera de tierras -que integran el Fideicomiso 8- provenientes del Banco Hipotecario del Uruguay, que pretendemos que también esté al servicio de la política del Plan Quinquenal.

                Por último, quiero decir que se nos presenta una problemática marcada con la cartera de tierras que maneja MEVIR para este quinquenio, ya que en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible se plantea como exigencia que se trate de tierra urbanizable -al menos potencialmente- lo que crea una serie de dificultades para lograr el cambio del uso de la tierra y poder acceder con MEVIR. Estos tres niveles de bienes, articulados en estas tres carteras, son los que estamos manejando.

                Para informar acerca de cuántos son los padrones pediría que se cediera la palabra al arquitecto Rocco, que es quien está directamente involucrado en la gestión de la cartera de tierras, que consideramos como el motor del Plan. La idea que tenemos es contar con estas tierras a valor cero o mínimo, para que sea más potente la capacidad de resolución, al tiempo que estamos trabajando fuertemente para definir qué bienes dan respuesta al plan de nuevas urbanizaciones y cuáles al plan de relocalizaciones. Este es el espíritu con el que estamos trabajando el tema de cartera de tierras.

SEÑOR ROCCO.- Según los informes disponibles, contamos con una cifra cercana a los cien padrones que tienen que ver con la persona pública mayor; esta sería la primera tanda de afectaciones a realizar. Esos padrones implican un número menor de predios, porque algunos contienen varios padrones y otros están ocupados parcialmente, lo que, además, implica alguna medida complementaria para su desafectación.

A lo largo de las investigaciones que se vienen realizando, y cotejando nuestros documentos básicos con nuevos relevamientos e informaciones, se han descartado algunos y hay otras posibilidades adicionales que no estaban en el primer inventario y que han ido surgiendo del diálogo con nuestros interlocutores de los otros Ministerios. Además, aparecen algunos predios de mucho interés para nosotros, que no son de persona pública mayor sino de otros organismos del Estado con los cuales podemos tener algún acuerdo, ya no a título gratuito -como marca este Decreto- sino a título oneroso, pero con la posibilidad de canje u otra alternativa más accesible, sobre lo cual también se está trabajando.

                Este sería el panorama con respecto a la cartera de tierras en este momento, amén de lo que planteaba la señora Ministra con respecto a otras carteras de este tipo con las que podemos trabajar en conjunto; por ejemplo, está el caso de las Intendencias, de MEVIR o de la Agencia Nacional de Vivienda, con quienes se podrían coordinar esfuerzos en algún caso.

                Con relación al tema de MEVIR, que planteaba el señor Senador Abreu, debo decir que ya en la actualidad tiene dos líneas diferentes de trabajo: una vivienda nucleada y otra llamada Unidad Productiva. Esto tiene que ver con intervenciones en la vivienda o en la infraestructura predial de vivienda aislada, tendientes a aportar mejoras en el aparato productivo familiar y con ello intentar consolidar la permanencia de los productores familiares en el campo. En este quinquenio se continuará con esas dos alternativas e, incluso, se van a aumentar.

Un ejemplo de actuación en un núcleo poblado pequeño también ofrece otra variante en las soluciones que se están adoptando en este momento. A ese respecto, puedo mencionar que en el poblado de Capilla del Sauce, departamento de Florida, cercano a Durazno, se construyó un grupo importante de viviendas en una zona que está bien integrada a la trama urbana, pero en un espacio nuevamente urbanizado, y además, se construyeron viviendas aisladas en predios disponibles en el resto del pueblo. Es decir que en un núcleo poblado se construyó un barrio y, al mismo tiempo, se edificaron viviendas aisladas en el resto de la trama urbana. Se trata de una modalidad muy interesante por lo que significa desde el punto de vista de la consolidación del núcleo urbano que, en la medida en que surjan posibilidades, perfectamente puede repetirse.

                En lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Vivienda, cabe acotar que un valor indicativo es la recaudación del año 2009, que ascendió a $ 2.420:820.407, aunque el crédito disponible fue algo menor. Las cifras planteadas para los próximos años suponen un aumento interesante con respecto a la del año 2009 y, dada la evolución normal de la recaudación del Fondo, habrá un aumento progresivo durante el quinquenio mismo. Para el año 2011 se espera que esa cantidad llegue a $ 3.127:300.000; para 2012, a           $ 3.378:400.000; para 2013, a $ 3.652:600.000; y para el año 2014, se prevé una cifra de $ 3.941:100.000.

SEÑORA MINISTRA.- Con respecto a la pregunta acerca de a cuánto ascienden los recursos del Fondo, debo decir que el monto tiene que ver con los números que expuso mi compañero de delegación, pero quiero agregar que creo que el crédito presupuestal dispuesto para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 es sensiblemente mayor al establecido por recaudación.

                Otra pregunta que se formuló tenía que ver con el papel del Fondo de Garantía de Alquileres. Hoy ese Fondo tiene 1.000 garantías extendidas, que atienden a familias con ingresos que se ubican entre 0 y 100 Unidades Reajustables. Existe un sistema de evaluación de la capacidad de pago de las familias, por el que se toman en cuenta los ingresos formales e informales, así como los gastos de acuerdo con la composición del núcleo familiar. El nivel de morosidad es mínimo, justamente en la franja donde es más difícil acceder a una garantía, que es la que va de 0 a 15 ó 30 Unidades Reajustables. En esa franja el nivel de morosidad no alcanza al 1%. Esto nos da la pauta de que si la familia es bien evaluada, se convierte en un instrumento fuerte. Con los fondos hoy disponibles tenemos posibilidades de multiplicar por ocho la capacidad de respuesta, es decir, llegar a 8.000 garantías. El tema es si el mercado puede responder a esas 8.000 garantías, cuando sabemos que es muy difícil encontrar una vivienda por $ 5.000 o menos. De ahí que digamos que es fundamental la capacidad de impacto de la ley de exoneraciones con respecto a modificar el mercado de alquileres. Quiero explicar que la ley de exoneraciones tiene tres niveles de impacto: uno que tiene que ver con la refacción de viviendas a nivel individual; un segundo nivel relativo al reciclaje de viviendas, o sea, cuando de una se obtenga más de una; y en tercer lugar tenemos que considerar los nuevos complejos de urbanización. Esas viviendas que obtendrían la exoneración podrían entrar al mercado, tanto como viviendas para la venta como para alquilar. Por esa razón, decimos que acompañaríamos este instrumento, que es el Fondo de Garantía de Alquileres, dándole más fuerza.

                Voy a terminar con las preguntas que tienen que ver con vivienda y con el hecho de cómo introducir tecnologías alternativas. Estamos trabajando en el tema de las tecnologías con base en el desarrollo de la producción forestal, o sea de la madera. Necesitamos laudar las directrices de construcción de viviendas de madera, y eso debe ser acompañado por cada una de las Intendencias y del esquema de normas que permitan autorizar esas viviendas a nivel de la habilitación Municipal, de acuerdo con lo que entienda cada departamento. Y, además, necesitamos avanzar en formar obreros y profesionales capacitados en la producción de estas viviendas y en el uso del nuevo material. Por eso digo que estamos hablando de una política de largo aliento, donde hay que crear capacidades de producción, de capacitación de la mano de obra y de los profesionales que intervienen, así como de capacidades del Estado para laudar la calidad de esa producción. En esos tres niveles hay que avanzar, pero empezaremos de a poco, con experiencias piloto en Tacuarembó y Rivera. Este último departamento tiene hoy, a nivel de normas municipales, los instrumentos necesarios para aprobar permisos de construcción con madera. En ese sentido, hay varias cooperativas formadas a la espera de líneas de financiación.

En cuanto a las políticas de reurbanización o de reubicación de asentamientos, debemos decir que nosotros tendemos a la política de actuar esponjando la masa informal. Vamos a continuar con la política del PIAI y también impulsando esta política de relocalizaciones.

                Básicamente, lo que decimos es que a cada lugar hay que llegar con una canasta de vías de salida.

                Con respecto a CREDIMAT, debemos decir que es parte de ese nuevo diseño de impulsar políticas de financiación -en este caso de financiación de materiales- así como el acercamiento de técnicos que apoyen o mejoren la capacidad de respuesta del autoconstructor.

                En cuanto a la morosidad de carteras deudoras del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, debemos decir que es alta. Sin embargo, se logró tener capacidades en la Agencia Nacional de Vivienda para gerenciar los nuevos créditos, que básicamente tienen que ver con créditos para vivienda usada y también nueva -que son las que estamos inaugurando- donde la morosidad es casi inexistente, es cero. La política tiene una muy buena respuesta; creo que el subsidio a la cuota demuestra sus bonanzas.

Estamos trabajando fuertemente en la recategorización de los créditos morosos del Banco Hipotecario del Uruguay y esperamos tener un fuerte impacto en esa Cartera a través del trabajo de la Agencia Nacional de Vivienda y la puesta en práctica -a fondo- del convenio firmado con FUCVAM para reliquidar las deudas de las cooperativas hechas por el Ministerio. No tenemos laudada la situación de las cooperativas de FUCVAM hechas por el Banco Hipotecario del Uruguay, que integran el Fideicomiso 1. Con respecto a ese tema, debemos decir que continuamos trabajando y buscando el acuerdo.

Para nosotros es fundamental lograr sanear esta situación; si decimos que el cooperativismo es una respuesta, tiene que haber un relacionamiento sano entre el derecho y la obligación. Considero que están dadas las condiciones de diálogo como para llegar a un acuerdo. A este aspecto tenemos que agregar las capacidades de gestión de la Agencia Nacional de Vivienda y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que somos quienes estamos construyendo. Aclaramos que todavía queda una parte de la gestión de devolución en el Banco Hipotecario del Uruguay. Es un proceso que registró un fuerte avance cuando sacamos las carteras morosas, pero todavía queda trabajo por hacer en ese sentido. Eso significa una “movida” de transferencia de cometidos, de generar capacidad informática de respuesta clara, en lo que debemos continuar trabajando.

¿Cómo dar respuesta a las clases media y media baja?

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señora Ministra, el señor Senador Penadés solicita una interrupción.

SEÑOR PENADÉS.- Es, simplemente, para solicitarle a la señora Ministra que nos haga llegar la cifra de la categorización que ha hecho de la deuda. Nos interesaría mucho conocer esa información.

SEÑORA PRESIDENTA.- Serán enviadas a posteriori.

SEÑOR PENADÉS.- Sí, por supuesto. No hay apuro.

SEÑORA MINISTRA.- Con respecto a las formas de acceso o a viabilizar el acceso de las clases media y media baja, queremos decir que es el primer objetivo observado al analizar cómo vamos a diseñar esas políticas de exoneraciones.

                Estamos trabajando en el reglamento de la ley, buscando dirigir esas exoneraciones a un producto que permita el acceso a un crédito hipotecario con una cuota válida para el trabajador. Actualmente, la política de crédito hipotecario permite el acceso a familias con un decil de ingresos de 8 a 10. Nuestra intención es bajar esas barreras de acceso al crédito y poder dar respuestas hasta el decil 5.

                Sin embargo, debemos aclarar que siempre quedan familias por fuera de las capacidades de acceso al Banco Hipotecario del Uruguay. La idea es que, por el simple hecho de dirigir estas exoneraciones a las viviendas de tipo económico y medio, el producto va a tener que ser adecuado a la capacidad de pago de esas familias.

                Para conceder la exoneración tenemos pensado efectuar tres niveles de análisis. El primero de ellos, tiene que ver con el valor de la vivienda final, es decir, con el crédito o la posibilidad de acceso de estas familias, que son objeto de nuestros desvelos. El segundo nivel, está relacionado con la coherencia en cuanto a la propuesta urbanística. Con estas propuestas no pretendemos generar más segregación ni dar rienda suelta a la especulación con tierras alejadas de los servicios; de lo que se trata es de controlar estos factores, buscando mejores rendimientos de la inversión y actuando en tierras baratas de la periferia. Y, el tercer nivel de análisis refiere a la calidad de la vivienda, es decir, seguir exigiendo de acuerdo con lo que establece la Ley de Vivienda y, con estas políticas, no generar malas viviendas para pobres.

                Para hablar sobre los temas ambientales y los proyectos hacia la Cuenca del Plata, le cedo la palabra al señor Subsecretario.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- El Uruguay, como parte de América Latina, tiene una abundante legislación en materia ambiental. Ahora bien, en nuestra región, los temas ambientales tienen distinta jerarquía o rango: algunos son producto de Constituciones nacionales, otros de decretos y otros de reglamentaciones de índole local, y todo ello se refleja en la institucionalidad. En algunos países, el ambiente tiene rango ministerial, mientras que en otros, es abordado a nivel de Comisiones que trabajan dependiendo de otras áreas, lo que nos da como resultado una gran variedad de situaciones. A esto debemos sumar el problema que a nivel regional tenemos con la aplicación y el cumplimiento de esa abundante legislación que existe en América Latina y el Caribe con relación a estos temas. Este panorama nos lleva a que, como país, tengamos sumo interés en el desarrollo de la Comisión Intergubernamental de la Cuenca del Plata -cuya Presidencia estará a cargo de Uruguay en el próximo año- que nos permitirá, además de participar, impulsar algunas iniciativas regionales que coadyuven a la formulación, por lo menos en esta área, de normas que tengan alcances mayores a las nacionales. Por ejemplo, a nivel del Convenio de Aarhus o del Convenio de Espoo, de la Unión Europea, los temas ambientales y transfronterizos son la esencia de esa formulación. En América Central, lo transfronterizo constituye algo diario y cotidiano y los países cuentan con normas de atención de los temas ambientales en ese aspecto.

                Por lo tanto, nosotros le damos muchísima importancia a la vigencia de esta Cuenca del Plata, como a la posibilidad que ella nos brinda de poder presentar las iniciativas que ayuden, no solo a la protección de los recursos hídricos, sino a su gestión. Esto tiene un aspecto muy importante en la producción y en la navegabilidad, pues como parte de esta concepción está el tema de la hidrovía que, históricamente, ha sido nuestro signo de identidad.

En cuanto a las consultas realizadas acerca de la capacidad de respuesta que tiene la Dirección Nacional de Medio Ambiente con relación a estos temas, señora Presidenta, quisiera que le cediera el uso de la palabra al Director Nacional de Medio Ambiente, arquitecto Jorge Rucks.

SEÑOR RUCKS.- La preocupación del señor Senador Penadés con relación a los dramáticos desafíos ambientales que plantean hoy la forestación y el desarrollo agrícola, -sobre todo por la diseminación de productos químicos que esto ha implicado- se une a la propuesta que se hace en el Presupuesto de estructurar un Sistema Nacional Ambiental, donde los distintos actores que tienen responsabilidades en los procesos de desarrollo puedan desenvolver las capacidades en la gestión ambiental en forma complementaria y coordinada con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

                Evidentemente, la presencia en el territorio y a nivel predial muchas veces está en otras instituciones -en este caso, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o en instituciones departamentales como los propios Gobiernos Departamentales- que, de alguna forma, requieren ser coordinados en una política que trate los temas ambientales en el proceso productivo. Entendemos que la DINAMA, por su propia historia y estructuración, no ha tenido la capacidad suficiente, en términos de actitud proactiva, en la gestión ambiental en el pasado. Justamente, lo que planteamos en el Presupuesto es la creación de esta capacidad y el reconocimiento de la necesidad de formalizar en un Sistema Nacional Ambiental, acciones de trabajo conjunto con aquellas instituciones que tienen una responsabilidad en el tema específico. No obstante planteamos la estructuración del Sistema Nacional Ambiental como política de trabajo a ser fortalecida a través del Presupuesto, en lo concreto y lo cotidiano, frente a las situaciones que vivimos. También proponemos la conformación de Comisiones de trabajo en las distintas instancias que hacen al desarrollo productivo, en particular, con la Dirección General de Recursos Naturales Renovables -RENARE- del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dado que todo el proceso productivo y de contaminación se da a través del manejo de los suelos y que los contaminantes son arrastrados a los recursos hídricos y diseminados, hay una política de trabajo integrada en el tema para la protección de los sistemas productivos y de los suelos.

                Por otra parte, se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Relaciones Exteriores en la política de ingreso al país de los agroquímicos. Para aquellos casos en que se han identificado situaciones de contaminantes no digeribles, es decir, no asimilables por el ambiente, se plantean prohibiciones. Concretamente, el endosulfán ha sido uno de los agroquímicos que ha generado los procesos de contaminación. Al no ser biodegradable,  se mantiene en el ambiente y, en muchos casos, se ha constatado en la biota, es decir, en la población silvestre, tanto de aves como de mamíferos, la presencia de este tipo de contaminante. Evidentemente, se requiere una acción de tipo prohibitiva para su ingreso y se está trabajando para sustituir ese tipo de agroquímicos por otros que sean biodegradables y más tolerables por el ambiente.

Este tema también se está analizando a nivel de las comisiones de trabajo. Evidentemente, este asunto está presente y cada vez tiene mayor intensidad por el incremento, sobre todo, de las áreas agrícolas. Se está trabajando, a través de los acuerdos interministeriales utilizando las capacidades y las mejores condiciones de cada uno, para resolver estos temas.

                En cuanto a la capacidad que tiene la DINAMA para el manejo del control ambiental en términos de contaminación, básicamente, lo hace a través de dos unidades: la Unidad de Control Ambiental y la Unidad de Calidad Ambiental. La Unidad de Control Ambiental es aquella que tiene la responsabilidad de efectuar los monitoreos y los controles de las plantas industriales y de aquellas que generan elementos contaminantes para el ambiente. Además, mantiene un sistema de seguimiento a través de controles permanentes a los distintos establecimientos generadores de impactos de este tipo. En este sentido, entre las dos Unidades hay aproximadamente sesenta personas trabajando con cobertura nacional, es decir, en todo el país. Evidentemente, nosotros hemos planteado el fortalecimiento de estas áreas a través del proyecto de ley de Presupuesto, sobre todo, porque tenemos el problema de la capacitación continua que es necesaria por el proceso de salida de personal, ya que muchas veces nos es difícil competir con el sector privado y, además, en este momento hay un trascendente desarrollo en el país, por lo que se producen salidas importantes de personal y se requiere su sustitución.

                En la DINAMA hay una gran cantidad de vacantes y, por ello, estamos solicitando, justamente, el fortalecimiento de esas áreas. Incluso, hemos estado planteando esto a partir de la situación actual con algunos cargos que se están llenando, de manera de dar satisfacción a las situaciones más agudas que se presentan en la actualidad, como ser, básicamente, el monitoreo de la calidad del agua y del aire, lo que  debe desarrollarse en todo el país.

SEÑOR ABREU.- Aprovecho esta oportunidad para referirme a un tema sobre el cual desde hace tiempo vengo insistiendo. Quizás este sea el momento para buscarle una conexión institucional. Con respecto a las 300 escuelas rurales sin agua potable, es decir con agua contaminada, hemos tenido algunas respuestas de OSE y de Enseñanza Primaria en forma aislada, pero cada chacra tiene su respuesta. El monitoreo y el control de la contaminación de las 300 escuelas rurales sin agua potable, ¿quién lo hace? ¿Dicho control lo hace en algún lugar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente? ¿Simplemente realiza el control o hace lo que se le solicita en función de requerimientos institucionales laterales?

SEÑOR RUCKS.- Básicamente, nosotros no hacemos el control de calidad de agua de las escuelas, sino de establecimientos industriales o de servicios. Reitero, no lo hacemos en las escuelas. Sí lo realizamos en los cuerpos receptores de agua, es decir, los cursos de los ríos o algunas cuencas particularmente importantes, pero no a nivel de lo que ha preguntado el señor Senador.

SEÑOR GENTA.- El tema del agua potable para las escuelas o los centros o grupos de viviendas aisladas a nivel rural se está analizando. Desde hace un año y medio la OSE viene desarrollando un importante proyecto en esta dirección, fundamentalmente, con apoyo del Fondo Español de Agua. A su vez, la OSE tiene un convenio con el sector Uruguay Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Diría que son los bolsones o las pequeñas instancias donde debe estar asegurada la forma cómo se tiene que coordinar la universalidad en el acceso al agua potable.

Creo que el hecho de que la OSE lo haya asumido, a pesar de que no va a brindar un servicio, es un paso institucional importante, dado que hasta hace dos años la responsabilidad recaía en las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública o en las de los Gobiernos Departamentales, que eran los encargados de hacer los controles de la calidad del agua de esos pozos. Nos parece que ha habido un cambio de rumbo que va a llevar a que, en el corto plazo -pensamos que quizás hasta en este Período- haya una cobertura total.

SEÑOR RUCKS.- En términos de capacidades para el análisis del impacto de actividades nuevas -llamémoslo así por la dimensión que tienen en una escala- como es el caso de la explotación de hierro propuesta por la empresa Aratirí, evidentemente, la DINAMA ha desarrollado una experiencia y un entendimiento en esta área específica que no han estado dimensionados para el nivel de análisis planteado. De cualquier manera, hemos estado tratando el tema en forma integrada a nivel del Ministerio con la  Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, en lo que son los mecanismos e instrumentos de ordenamiento, y con la propia División Servicios de Agua Potable y Saneamiento en lo que tiene que ver con el impacto sobre los recursos de agua. Con relación a la DINAMA, hemos aprovechado nuestras capacidades para el análisis de los impactos integrados. Asimismo, hemos participado en las reuniones de los grupos de trabajo que han hecho los análisis iniciales para el establecimiento de un memorando de entendimiento con la empresa. En ese sentido, planteamos las pautas generales que, en esta escala de aproximación, se refieren a los criterios ambientales que deberían ser tenidos en cuenta durante el desarrollo de este proceso. 

                Desde el punto de vista formal, la DINAMA ha recibido por parte de la empresa solamente las solicitudes de autorización para la prospección del mineral en el territorio y están siendo consideradas, en virtud de que el proyecto todavía no ha sido presentado formalmente para su análisis de impacto. Lo que sí se ha conformado es un grupo de trabajo con el Ministerio de Industria, Energía y Minería para fortalecer las capacidades de análisis que tenemos en este sector. Básicamente, este ha sido el enfoque.

                Como decía, esto va unido a la búsqueda del fortalecimiento del sistema ambiental en el que podamos trabajar en forma integrada con los distintos actores institucionales que hacen a las políticas productivas del país.

                En cuanto al manejo de los residuos plásticos, evidentemente, en la DINAMA este tema ha tenido un escaso desarrollo. Dado que los residuos sólidos, por la propia legislación, son responsabilidad de las Intendencias Municipales, hemos entendido -a partir del acuerdo interpartidario- la importancia de atender el tema, tanto en el ámbito nacional como regional. En ese sentido, en el Presupuesto se ha planteado un fortalecimiento del área de residuos, para tener la capacidad de brindar servicios a las Intendencias Municipales e, incluso, de desarrollar una política proactiva de gestión para resolver aquellos temas que trascienden los límites departamentales y llegan a lo nacional. Esto se planteó en el Presupuesto que tienen en consideración; la idea es crear dentro de la DINAMA un área específica, que hoy no existe, con la finalidad de fortalecer la capacidad de la institución para dar respuesta al tema.

                En términos de lo dispuesto por la Ley de Envases, se han conformado grupos de trabajo con la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, con las cuales se ha desarrollado una política de manejo de los residuos urbanos para algunos departamentos en el marco de planes pilotos solventados por un fondo que financian ambas entidades. Son administrados por algunas ONG en acuerdo con los Gobiernos Departamentales y se llevan a cabo en circuitos limpios, proceso que en este momento abarca cinco o seis departamentos del país. Al menos en la práctica,  ha resultado una experiencia importante en lo que hace a circuitos limpios, a la organización de todo el proceso de recolección y clasificación de residuos, así como al manejo de los envases por parte de los organismos responsables de su producción y comercialización.

SEÑORA MINISTRA.- Creo que sería oportuno pasar a la consideración del articulado correspondiente a nuestro Inciso, siempre y cuando no haya más preguntas que los señores Senadores deseen realizar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señora Ministra, están anotados los señores Senadores Heber y Rubio.

SEÑOR HEBER.- Pido disculpas a la señora Ministra, porque estoy anotado desde hace un rato para hacer algunos comentarios sobre su exposición inicial, a modo de reflexión o de advertencia, pero también para realizar algunas preguntas concretas.

                El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tiene tres áreas fundamentales, dos de ellas muy bien delimitadas, como por ejemplo el cuidado del medioambiente, que es una tarea esencialmente del Estado. Al respecto creo que no puede haber dos opiniones y por eso tenemos un entendimiento a nivel multipartidario para que funcione el cuidado del medioambiente. Esa es una tarea  esencial del Estado y por eso sólo a él se la confiamos.

                Como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, aprovecho a recordar que varias veces hemos recibido al Director Nacional de Medio Ambiente y que estamos a la espera del informe sobre el proyecto de ley presentado en el período pasado por Legisladores del Frente Amplio sobre los envases, pero también  respecto a las bolsas de nailon. Simplemente, estoy recordando al señor Director que estamos pendientes de esa respuesta porque, al igual que el señor Senador Penadés, nos preocupa la situación, sin perjuicio de que los avances en materia de envases plásticos son muy buenos.

                En el seno de la Comisión hablamos sobre la necesidad de la contratación. Este es el único caso en el que levanto las dos manos -tienen ese privilegio, porque he cuestionado todas las contrataciones del Estado- para aprobar las contrataciones que realice la Dirección Naci onal de Medio Ambiente. Como saben los miembros de la Comisión, no me gusta que se utilice la palabra “imprescindible” en el artículo 588, cuando se habla de la contratación de personal  para este Ministerio. Preferiríamos que las contrataciones a que alude ese artículo se realicen en el área de medioambiente, porque es donde realmente se necesita personal, y que no sólo sea para pagar mejor al que ya está porque, de no ser así, se perdería, como dijo el señor Director. De modo que deberíamos establecer excepciones en ese sentido para  que ese jerarca contara con personal bien remunerado porque, reitero, el cuidado y la fiscalización del medioambiente es una tarea esencial del Estado.  

Pensamos que debe tener además la posibilidad de contratar  para proyectos concretos sobre requerimientos que, incluso, llevan -no por responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente, sino por la organización del Estado- a que esta Administración, que no da abasto como para poder brindar todas las respuestas, se convierta en un tapón de muchas de las inversiones existentes. Entonces, desde el punto de vista presupuestal -sin perjuicio de que vamos a seguir insistiendo en la materia medioambiental para obtener las respuestas que están pendientes- nos importa que esta Dirección funcione. Y si tenemos que mejorar la dotación para que el Director de Medio Ambiente -que cumple un rol importante; tanto, que en otros países esta tarea corresponde al rango de un Ministro- pueda desarrollar mejor su labor,  le daremos todo nuestro apoyo. Sabemos que en el Ministerio se  hacen esfuerzos muy grandes,  pero no dan abasto. Como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, me consta que si no hay dinero para cumplir con todos los proyectos, con todos los impulsos,  va a ser muy difícil lograrlos y solo quedarán en simples anhelos.

En definitiva, me gustaría que lo que establece el artículo 588 fuera para esta Dirección, que es la que esencialmente lo necesita.

                En la otra área del Ministerio -que es tan importante como la primera- se incluye todo el plan quinquenal de viviendas que, sin dudas, será motivo de un pormenorizado estudio. La señora Ministra nos hace saber de tres o cuatro lineamientos de la acción a desarrollarse y la verdad es que coincidimos. No obstante hay que decir  -no como reproche político ni para cobrar cuentas- que algunos integrantes del Gobierno han hecho una confesión de parte que, como dicen los abogados, no necesita prueba: dijeron públicamente que la gran asignatura pendiente es la vivienda. Entonces, deben confesar que esto se debe a que en los últimos cinco años no se cumplió con lo que todo el mundo esperaba que se hiciera. Pues bien, haber manejado US$ 500:000.000 en el período pasado es mucho dinero como para no haber dado  respuesta al problema. Y uno de los principales cuestionamientos que teníamos respecto de los créditos internacionales -lo hacíamos desde el Gobierno del Partido Colorado- era que muchos de los Programas del PIAI se quedaban en la mitad, en consultorías, en análisis, en gastos de profesionales y poco o nada llegaba al final.

 Ahora bien, el PIAI pasa al Ministerio a ser coordinado con la DINAVI, ¿no?

SEÑORA MINISTRA.- No, señor Senador, con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR HEBER.- Entonces, el Ministerio en coordinación con el PIAI se convierten en ejecutores y coejecutores. ¿Cuál es la preocupación que queremos  advertir sobre todo a quienes hoy nos visitan? Que no nos ocurra lo mismo cuando pasemos, por ejemplo, de la Presidencia al Ministerio. Naturalmente que necesitamos estudios diagnósticos pero una vez que se lleven adelante, no se pueden reiterar. Creo que este país tiene muchos diagnósticos -en realidad estamos llenos- pero ahora precisamos ejecución.

Entonces, sin perjuicio de que la señora Ministra nos plantea dos o tres ideas que nos resultan interesantes, no nos gustaría reeditar el debate acerca de qué es solución habitacional, punto en el que comenzamos a discutir políticamente, sobre todo en tiempos electorales, donde  pasamos raya y decidimos qué es y qué no lo es. En el pasado, por ejemplo, se ha considerado solución habitacional al arreglo de una calle; evidentemente, en esos casos nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y precisamente  uno aspira a que cuando comienza una Administración podamos ponernos de acuerdo, porque hay temas que debemos resolver en conjunto.

En este sentido, me parece relevante la pregunta del señor Senador Penadés en cuanto a saber cuál es el nivel de endeudamiento e incumplimiento, sobre todo de los sistemas cooperativos a los cuales se les ha dado apoyo político, para que en esta Casa se nos diga  si vienen pagando y no que la asociación de usuarios sea una forma de encubrir a los que no lo hacen.

Digo esto como comentario, pues es importante saber si es que el sistema funciona para dar una mejor solución habitacional o para encubrir deudas. En el régimen de propietarios, se lo ejecuta a este,  pero todos sabemos que  no se puede ejecutar a todo un sistema cooperativo, en primer lugar,  porque sería muy difícil y, además, porque  se generaría un gran problema y un enfrentamiento social que nadie busca ni desea. En realidad, lo que todo el mundo quiere es que sea una buena herramienta de solución.

En función de eso, nosotros planteamos estas preocupaciones sobre el funcionamiento de un plan de viviendas. Es claro que la Ministra siente la responsabilidad de que en estos próximos cinco años se dé una respuesta real. En ese sentido, creo que el sistema de alquileres es una buena solución, sobre todo para el jubilado; nosotros hemos insistido en este tema con el Banco de Previsión Social ya que, lamentablemente, la expectativa de vida de una persona, luego de haberse jubilado, no es de muchos años más como para poder pagar una vivienda. Además, quizás no tenga sentido la construcción de nuevas viviendas para jubilados, por otra razón más: la de no hacer guetos dado que, con la inseguridad que estamos viviendo, la defensa propia pueda ser mucho menor, producto de la edad. También hay que tener en cuenta el deterioro de las edificaciones, por lo que si más adelante es necesario arreglarlas, es el Estado el que deberá hacerlo.

En definitiva, pienso que es muy importante que el Estado dé una garantía al que alquila a un jubilado; en ese caso, es el Estado el que paga. Creo que esta opción de alquilar es mucho más apropiada que la de construir viviendas para los jubilados. Sí puedo entender que se construya una vivienda para un matrimonio joven, que tiene tiempo y vida para pagarla, aunque sea a 20 ó 30 años. Pero en el caso de los jubilados si el Estado está detrás como garantía, es el propietario el que debe ocuparse de que la vivienda esté en buenas condiciones, es decir que si el día de mañana hay alguna humedad o algún otro desperfecto, deberá repararla. No lo hará el Estado. Ahora bien, si  también es dueño de la vivienda, naturalmente que el costo será muy elevado. Aclaro que esta idea no es de mi Partido; tuvo su origen en una asociación de jubilados en la que algunas personas decían, por ejemplo, que querían vivir cerca de sus hijos y nietos y que no deseaban trasladarse a otra ciudad. Además, hay que tener en cuenta que en el interior hay viviendas                       -naturalmente que en Montevideo también- que no ingresan al mercado y que no se alquilan, pero si el Estado garantiza un alquiler y lo paga, en el caso que al jubilado le corresponda, podría acceder a ella, cumpliendo de esta manera con un rol social muy importante de integración de estas personas. 

                En definitiva, queríamos hacer estos comentarios a la señora Ministra para que los tenga en cuenta, ya que este punto no está incluido en el articulado.

En general, nos preocupan los temas medioambientales y, a su vez, no nos interesa tener siempre las mismas discusiones sobre soluciones habitacionales y cuál es la respuesta más eficaz ya que, como es muy notorio, en el pasado reciente no se ha sido eficiente en la construcción de viviendas.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera hacer unos comentarios antes de ingresar a la consideración del articulado.

                Creo que no deberíamos tener amnesia y sí recordar que el Banco Hipotecario del Uruguay perdió US$ 2.000:000.000 en cinco años, que estaba fundido, era un centro de ineficacia y de burocracia, y que otorgó un importante número de créditos inexplicables, en los que muchas empresas privadas hicieron su agosto. Así, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tuvo comprometidos tres años de su presupuesto y de sus fondos y hubo que hacer una reestructura que llevó bastante tiempo.

                Hecha esta aclaración preliminar, quiero decir que mi preocupación estaba centrada en torno al lineamiento estratégico número 2.

En ese sentido, me gustaría recibir algún comentario sobre lo que aparece como el Programa de “Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional”, en  base a nuevas soluciones -según lo que se establece en el documento- a acciones sobre el stock habitacional existente y a la atención integral de situaciones específicas. Cuando observo la propuesta y las acciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de la Agencia Nacional de la Vivienda -obviamente, no en lo que tiene que ver con el Banco Hipotecario ni con lo que pueda hacer OSE- creo interpretar     -no sé si estoy equivocado- que el corazón de la misma, por lo menos, en números y en montos de recursos, está en este Programa. En realidad, entre la línea básica de inversión  que viene del período anterior y lo que está en el articulado, hay alrededor de US$ 540:000.000 dedicados a este gran  Programa,  de un total de US$ 871:000.000. Entonces, sería interesante recibir un poco más de información acerca de cómo se piensa ejecutar y qué participación específicamente tiene la Agencia en este Programa de soluciones habitacionales.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sugiero a la señora Ministra que después de sus comentarios, comience directamente con el articulado que vamos a analizar.

SEÑORA MINISTRA.- Respecto a la situación de la DINAMA y su necesario refuerzo en cuanto al número de funcionarios, quiero señalar que es un tema que venimos discutiendo en el Gabinete de Ministros. En ese sentido, se está promoviendo un programa de emergencia para integrar funcionarios que haga posible sostener la situación que se está dando. La posibilidad de hacer contratos con salarios mayores o competitivos con el mercado laboral es muy pequeña; de cualquier forma, vamos a tratar de dar a la DINAMA todos los recursos posibles. En algunas áreas del Estado hay una escasez notoria de recursos humanos, sobre todo, en los perfiles vinculados al área informática, de ingeniería hidráulica o en especializaciones en el manejo del medio ambiente. De modo que en esas áreas, la DINAMA tiene  una gran dificultad para consolidar equipos. Son parte de los problemas con que debemos afrontar la gestión, pero están sobre la mesa algunas posibilidades para sobrellevar esta situación.

                En relación con la pregunta que refería al Plan II, quiero decir que en este caso  se concentran los mayores recursos porque aquí está el stock de viviendas nuevas a construir por el Estado, únicamente con fondos estatales, sin financiación privada. Tenemos presupuestadas cerca de 6.000 viviendas que vamos a construir en base al apoyo a la autoconstrucción. Al respecto, estamos fomentando dos líneas de trabajo: una, hacia aquellas familias que tienen el terreno y no cuentan con posibilidades de acceder a los materiales o a la ayuda para poder concretar la vivienda, y que tienen capacidad de trabajo; y otra, hacia aquellas familias que no tienen terreno y necesitan el apoyo de un crédito hipotecario. Ahí estaríamos concretando 6.000 soluciones en el período. Por otro lado, mantendríamos el compromiso de apoyo al cooperativismo con el sorteo de 1.000 soluciones por año. En esos casos, intentaríamos que las cooperativas de ahorro y préstamo volvieran a ser financiadas por el Banco Hipotecario o por la banca privada. Nosotros seguiríamos acompañando al beneficiario mediante un subsidio, en el caso de que no pudiera afrontar el 100% de la cuota.

                La tercera línea de trabajo iría dirigida a las viviendas nuevas para pasivos. Las políticas para pasivos necesitan de acuerdos y se debe acompañar a la masa de beneficiarios -se ha discutido mucho con ellos- a la cual va dirigida la política. A comienzos de este año se realizó un seminario y se logró avanzar y acordar otras políticas. Asimismo, hemos modificado la canasta de soluciones y se está hablando de continuar con la construcción. Estamos comprometiendo 970 soluciones nuevas para este período,  así como integrar la posibilidad de un subsidio del 100% para el alquiler y apoyar a residencias para la construcción de más plazas para aquellos pasivos que no son autoválidos. También trataremos de buscar la integración de los pasivos en la construcción de complejos de viviendas de activos. Concretamente, estamos negociando con el Banco de Previsión Social  para utilizar su cartera de tierras y la idea es pagarle con un número de unidades destinadas a su cartera de beneficiarios, y ahí tendríamos la integración de pasivos y activos. En total, estaríamos promoviendo la construcción de 10.068 viviendas nuevas mediante estos cuatro programas, pero a eso habría que agregar las viviendas que se construyan por realojos PIAI, que rondan en el 25% de la población atendida, lo que significaría 7.000 viviendas más. Esas serían las viviendas a construir con fondos del FONAVI. Por fuera, quedarían las que pudiera financiar el Banco Hipotecario, por ejemplo, los grupos de cooperativa de ahorro y préstamo o  los fondos sociales y las que vengan del aporte de privados.

Dentro del Plan II tenemos acción sobre el stock, pero sólo tenemos presupuestadas las soluciones que se concretarían con fondos FONAVI. A modo de ejemplo, cabe mencionar que vamos a ir a un plan de conexiones con OSE, donde el organismo va a participar con fondos propios en la concreción de la conexión y de la regularización de las instalaciones internas. A su vez, estamos pensando en un rediseño de CREDIMAT, a fin de poder asociarnos con otros organismos para promover la regularización de la instalación eléctrica y sanitaria, actuando en los aspectos cualitativos de las viviendas construidas. La intervención con fondos del FONAVI alcanzaría a 16.350 unidades, pero no estaríamos contando lo que se lograría con el aporte de esos otros socios. Estamos hablando de los programas de conexión al saneamiento, de regularización de instalaciones internas, de mejora y ampliación de viviendas      -como el que hoy inauguramos en el Banco Hipotecario- de refacción de viviendas destinadas a alquiler, de programas de apoyo  a la mejora de los espacios comunes de los complejos sociales que hoy están en la órbita de  la Agencia Nacional de Vivienda, de programa de mejoras de los núcleos básicos -sabemos que muchos tienen problemas estructurales o de infraestructura interna anteriores a su inauguración- y también de programas de recuperación de viviendas de pasivos, pues muchas precisan mejoras una vez que las dejan sus ocupantes. Todo esto hace que en este Plan II sean 37.000 soluciones las que se viabilizarían con fondos del FONAVI.

                Creo que con esto quedarían contestadas las preguntas o dudas.

SEÑORA PRESIDENTA.- A continuación pasamos a considerar el articulado correspondiente a este Inciso, comenzando por el artículo 582.

SEÑORA MINISTRA.- Para el análisis del articulado, de acuerdo con cada una de las disposiciones, si los señores Senadores están de acuerdo, voy a ir cediendo el uso de la palabra a los integrantes de mi equipo.

                En cuanto al artículo 582, voy a ceder el uso de la palabra al Director de Secretaría, doctor Gerardo Siri.

SEÑOR SIRI.- El artículo 582 simplemente incorpora al elenco de exoneraciones previstas en el artículo 381 de la Ley Nº 18.362, a las inscripciones de los certificados de transferencia  de dominio de inmuebles y/o créditos hipotecarios a favor de la Agencia Nacional de Vivienda, cuando ésta actúe en calidad de fiduciaria de fideicomisos financieros o de otra naturaleza. El motivo de esta iniciativa son algunas diferencias que ha habido con los registros y por eso ahora se trata de explicitar y aclarar de la forma más detallada posible, a los efectos de evitar ciertos inconvenientes y distintas interpretaciones que se venían haciendo.

                (Ocupa la Presidencia el señor Senador Penadés)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con el análisis del articulado, pasamos a considerar el artículo 583.

SEÑOR SIRI.- Este artículo modifica el régimen general en lo que tiene que ver con  MEVIR, “Doctor Alberto Gallinal Heber”, y establece para los inmuebles construidos por esta persona pública no estatal y para los inmuebles en los que se construyó una solución habitacional a través de MEVIR, que no pueden ser gravados, arrendados, hipotecados o constituidos sobre ellos ningún tipo de derecho real menor, salvo con autorización expresa y previa de MEVIR, hasta tanto se cancele la totalidad del precio pactado y se descuente la totalidad del subsidio eventualmente otorgado. A la vez, se prevé como sanción al eventual incumplimiento a esta norma, la nulidad de los actos realizados en contravención a la norma proyectada. Por otro lado, se establece que durante el período de duración de las inhibiciones a que refería, el MEVIR - Doctor Alberto Gallinal Heber”, tendrá derecho de preferencia para que, en caso de existir alguna oferta para la adquisición de una unidad en cuestión por parte de un tercero, igualar al menos esa oferta. Luego de concedida la autorización se establece que se otorga un plazo máximo de sesenta días a la persona autorizada a los efectos de concretar ese negocio, bajo apercibimiento de tener por cancelada la autorización que fuera oportunamente concedida.

                Para terminar, destaco que por esta norma se establece la inembargabilidad de todos los bienes y patrimonios administrados por la Comisión Honoraria, hasta tanto se cancele la totalidad del precio y el descuento total de los subsidios que correspondieren.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores no desean formular preguntas pasamos a considerar el artículo 584.

SEÑOR SIRI.- En concreto, esta disposición refiere a una norma anterior, la Ley Nº 18.362, que dio nueva redacción a la Ley Nº 16.298 y establece la posibilidad de prescindir de los certificados especiales del Banco de Previsión Social en el régimen de la construcción, no sólo para las enajenaciones, cesiones y adjudicaciones que realicen el Ministerio, el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, sino también para los inmuebles o viviendas que tuvieran permiso de construcción que se hubiera otorgado con anterioridad a la vigencia de esta Ley de Presupuesto o que la transferencia material del inmueble se hubiera realizado con anterioridad a la promulgación de la misma. Este es el alcance de la norma propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el artículo 585.

SEÑOR SIRI.- El artículo 585 interpreta el artículo 21 de la Ley Nº 16.858, que establece la sanción para el eventual incumplimiento de la normativa respecto de la construcción de obras hidráulicas. Esta norma, por los informes que recabamos en el Ministerio, había ocasionado algún contencioso a nivel judicial, en relación con el alcance del término “demolición”. Por ello, simplemente se hace la aclaración correspondiente, a los efectos de que los operadores  judiciales sepan cuál es el ámbito de aplicación de la sanción establecida.

SEÑOR AMORÍN.- Quisiera saber si se dictaron sentencias judiciales en estos temas.

SEÑOR SIRI.- Sé que había algún tipo de proceso judicial, pero al día de la fecha no sé si se emitió la sentencia.  En realidad, como medida cautelar se pedía la autorización judicial para proceder a la demolición, y se generó un debate contradictorio con respecto al alcance del término “demolición”. Lo que se busca es, reitero, aclarar el alcance de este término. No estoy en condiciones de decir si hubo un pronunciamiento judicial definitivo.

SEÑOR AMORÍN.- Es posible que se me explicara brevemente cuál era el contencioso, quién era el autor y qué se pedía.

SEÑOR SIRI.- De acuerdo a la información que se suministró -obviamente, es una iniciativa del departamento jurídico del  Ministerio- se trata de procesos bastante anteriores en el tiempo, de uno, dos o tres años hacia atrás, creo que del año 2007. Antes de continuar, aclaro que estoy hablando  de memoria y discúlpeseme si no soy lo detallado y concreto que se merece el señor Senador. Se trataba de una persona física o jurídica a la cual se le pedía la “demolición” -entre comillas- de la obra hidráulica y que se presentaba en estrados judiciales argumentando que la demolición que se pretendía efectuar por parte de las autoridades no tenía el alcance que el Ministerio planteaba, y trataban de restringir o limitar  el término “demolición” a los efectos  de eventualmente preservar o, en líneas generales,  resguardar algo de la obra realizada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el artículo 586.

SEÑORA MINISTRA.- Solicito al señor Presidente, se otorgue la palabra a la señora asesora Ingrid Siri, de la Dirección de Secretaría.

SEÑORA SIRI.- Muchas gracias y buenas tardes a todos.

                El artículo 586 refiere al presupuesto que se solicita para los proyectos de funcionamiento de las distintas unidades ejecutoras. Los proyectos de funcionamiento, anteriormente estaban incluidos en los proyectos de inversión y de alguna forma se fueron discriminando, de acuerdo a los lineamientos que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue dando a los distintos Incisos. Mediante esta disposición se permite, de alguna forma, generar proyectos de funcionamiento relacionados con nuevas  iniciativas.

                Estos proyectos de funcionamiento corresponden al artículo 586, particularmente a la Dirección General de Secretaría relacionados, sobre todo,  con el mantenimiento de los sistemas de gestión que se fueron incorporando durante el período pasado, los que tienen relación con una gestión integral de la parte contable y de los sistemas de información, así como también con las Oficinas regionales, que fue presentado por la señora Ministra donde hay una propuesta de cuatro regiones, una sede por cada región y dos Oficinas más, alcanzando un total de 12.

                Luego, en el artículo, están los proyectos de funcionamiento que hacen a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, que corresponden a convenios con Intendencias Municipales para el diseño de los planes de ordenamiento territorial  y que implican, justamente, una capacitación de los técnicos de dichas Intendencias.

Por otro lado, también tenemos los proyectos de funcionamiento de la DINAMA que, básicamente, están relacionados con la educación ambiental y el sistema de control en ese sentido al que se refería su Director, el Arquitecto Jorge Rucks, que tiene que ver con inspecciones, viáticos y combustible que hacen al control de la gestión ambiental.

Por último, se detallan los créditos presupuestales para la Dirección  Nacional de Aguas y Saneamiento,  vinculada al plan de actividades de hidrometeorología que tienen que ver, justamente, con todo lo que refiere al panel de cambio climático y su funcionamiento.

                (Ocupa la Presidencia la señora Senadora Susana Dalmás)

                En cuanto al artículo 587, quiero decir que refiere al presupuesto de los proyectos de inversión de las distintas unidades ejecutoras.

Los proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Secretaría vinculados con la regionalización tienen que ver, justamente, con los sistemas informáticos que habilitan a la instalación de estas oficinas en el territorio nacional y con mejoras edilicias en los inmuebles. Estoy hablando de                 $ 2:000.000 en los dos primeros años y de $ 6:000.000 en los dos siguientes.

También se relacionan con el fortalecimiento y mejora de la gestión de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y, en cuanto a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, tienen que ver con el monitoreo del Río Uruguay y de las distintas cuencas, en la parte de gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos a los que hacía mención, justamente, el señor Subsecretario. Asimismo, están dirigidos al Plan Nacional de  Respuesta a la  Variabilidad y al Cambio Climático y, en este caso, tienen que ver con estudios, convenios y equipamiento informático para ello.

Por otra parte, la finalidad de los proyectos de inversión del Sistema Nacional Ambiental, en lo que tiene que ver con recursos hídricos es, justamente, fortalecer los aspectos a los que se habían referido tanto el señor Subsecretario como el señor  Director Nacional de Medio Ambiente.

En cuanto al Proyecto 775, puedo decir que se refiere a la planificación y evaluación de los recursos hídricos y tiene que ver, precisamente, con el monitoreo; sobre este punto tal vez quieran extenderse los señores Directores.

SEÑOR HEBER.- Quisiera formular una consulta sobre este artículo 587.

                Allí se habla de habilitar los créditos presupuestales “en los programas, unidades ejecutoras y proyectos de inversión” pero, realmente, no me parece que estemos hablando de inversiones si nos referimos al tema de la gestión. El artículo menciona, más adelante, una “gestión coordinada de aguas” ¿de qué inversión estaríamos hablando? Pienso que esto sería más propio de un gasto de funcionamiento. También se menciona el “fortalecimiento y mejora de la gestión” y la “planificación e inversión de recursos hídricos”, y tampoco me parece que se trate de inversiones.

Aclaro que no estoy cuestionando el gasto, que quizás sea necesario, pero me parece claro que no está encuadrado en la inversión edilicia o cualquier otra. Creo que sí es pertinente hablar de inversión cuando, en cuanto a la regionalización, se dice que se precisan oficinas regionales para funcionar, ya que el caso de los inmuebles me parece muy claro, pero después hay una serie de cosas que considero que son gastos de funcionamiento; no sé si se puede comentar algo al respecto.

SEÑORA SIRI.- Justamente estamos hablando, básicamente, de inversiones en software y hardware para el funcionamiento de los sistemas de información y también, para el caso del monitoreo y control, de inversiones en instrumentos y equipamientos para que se facilite ese análisis. No sé si esto responde la pregunta del señor Senador.

                A través del artículo 588 se solicitan fondos para la creación de nuevos cargos presupuestales -creo que también se hizo una pregunta al respecto- que ascienden a $ 36:000.000 para todas las unidades ejecutoras. De esa partida se destinaría una tercera parte para la contratación del personal imprescindible, hasta la aprobación de las reestructuras; ese dinero estará disponible a partir de la aprobación del Presupuesto a fin de realizar las contrataciones pertinentes, hasta que se puedan crear y proveer dichos cargos. Como se mencionaba, este artículo tiene que ver con cargos que hacen a nuevos cometidos, por ejemplo, dentro de la DINOT, la DINASA y en la Unidad Ejecutora 001, en la DGS, que es donde se encuentra el proyecto de creación de regionales.

SEÑOR HEBER.- Ya realicé un comentario sobre este artículo durante la exposición general. Allí se prevén $ 12:000.000 para la creación de los famosos cargos “imprescindibles”, que son una novedad; parecería que se trata de nuevos funcionarios de la Administración.

                Supongo que la señora Siri es Directora…

SEÑORA PRESIDENTA.- Es Asesora en Recursos Humanos y Fortalecimiento, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- La asesora Siri nos dice que este monto es para todo el Ministerio y no sé si los otros sectores, como la DINOT, necesitan de tantos contratos; pero sí estoy seguro -como dije antes- de que se requieren en la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

                Quería hacer este comentario, agrego que no me gusta la idea de los “imprescindibles”, pero sí soy consciente de que se necesita el dinero para realizar contrataciones, sobre todo en la Dirección que mencioné.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 589.

SEÑORA SIRI.- Por medio de ese artículo se asigna la financiación externa para el Proyecto 730, que corresponde al PIAI y está en la órbita de la Dirección General de Secretaría. Esta es una parte de su presupuesto, ya que la contraparte que corresponde al Fondo Quinquenal de Vivienda se encuentra en el artículo sobre todo el Fondo Nacional de Vivienda y Obras; es la parte referida al endeudamiento externo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el artículo 590.

SEÑORA SIRI.- Aquí se establece la creación de un cargo de particular confianza, denominado Director de Vivienda Rural; a su vez, se establece que quien lo ejerza será el Presidente de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, es decir, MEVIR - Doctor Alberto Gallinal Heber.”

                Como es de estilo en otros Presupuestos, el artículo 591 aprueba el Plan Quinquenal de Vivienda para el Período 2010-2014, propuesto por este Ministerio.

                El artículo 592 refiere a los Institutos de Asistencia Técnica. Es una norma bastante extensa que se modifica a raíz de problemas interpretativos suscitados con los Registros. En realidad, había una aparente contradicción en la medida en que establecía que el Ministerio podía solicitar ante los organismos competentes, por ejemplo, la suspensión o retiro de la personería jurídica de los mencionados Institutos.

Luego -varios incisos más adelante- se establecía que el Ministerio indicado tenía las más amplias facultades de investigación y podía poner una suspensión como si fuera un atributo o potestad de la propia Cartera, cuando al principio parecía entenderse que debía hacerse la solicitud ante los registros correspondientes. Con la norma proyectada se busca, pues, clarificar la situación, ordenarla y evitar las dificultades que se han generado en el régimen de suspensión, sanción y eventual inhabilitación respecto de los institutos de asistencia técnica o, eventualmente, de sus responsables.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el artículo 593.

SEÑORA SIRI.- El artículo 593 refiere al incremento de los proyectos de inversión que conforman el Plan Quinquenal de Vivienda.  Entonces, allí figura el PIAI -la contraparte que mencionaba anteriormente- y el incremento de los créditos para cinco de los seis planes  dentro de ese Plan: el de realojos, el de rehabilitación y consolidación urbana habitacional, el de nuevas urbanizaciones, el de vivienda rural y la política de incentivo a la inversión privada.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el artículo 594.

SEÑOR SIRI.- El artículo 594 supedita la realización de proyectos o programas a cargo del Ministerio y de MEVIR a la previa aprobación por parte de los Gobiernos Departamentales de los instrumentos de ordenamiento territorial que correspondan, de acuerdo con la Ley Nº 18.308.

                Sobre este punto, voy a ceder el uso de la palabra al Director Nacional de Ordenamiento Territorial, a fin de que fundamente o nos ilustre un poco más con respecto a la iniciativa.

SEÑOR CHABALGOITY.- Básicamente, la propia Ley, en su artículo 27, dispone que las inversiones en vivienda de nuestro Ministerio y de MEVIR en aquellos lugares donde existan planes de ordenamiento vigente, deben estar de acuerdo con lo que los Gobiernos Departamentales dispongan, debiéndose solicitar previamente la autorización del Gobierno Departamental correspondiente. Este artículo refuerza eso y, adicionalmente, plantea que no basta con que coexistan ordenanzas previas a la Ley, sino que en el marco de la norma deben aprobarse instrumentos concretos que indiquen cuál es el pensamiento en cuanto a las áreas de expansión de la ciudad, las áreas a privilegiar, etcétera. El objetivo es que la inversión pública en vivienda, en el caso urbano, se dirija hacia esos lugares y, en el ámbito rural -donde es necesaria la generación de instrumentos que habiliten la transformación de suelos a los efectos del complejo habitacional de MEVIR- se cuente a partir de 2008 con la aprobación de los correspondientes legislativos comunales, que es lo que establece la Ley de Ordenamiento Territorial.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el artículo 595.

SEÑOR RUCKS.- El artículo 595 alude a las autorizaciones y actos administrativos relacionados con el régimen de evaluación de impacto ambiental. Esto se debe a que, durante ciertos períodos, no se dieron plazos a los instrumentos de autorizaciones ambientales, lo que ha generado situaciones en que se toman como válidas viejas propuestas de estudios. Entonces, se fija un plazo, el 31 de diciembre del presente año, para aquellos que no tienen definición de fecha límite, estableciéndose también que tendrán validez, en términos de las nuevas aprobaciones, por un término de dos años.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 596.

SEÑOR RUCKS.- Este artículo refiere a la situación de los usuarios y administradores de zonas francas y a su responsabilidad ambiental relacionada con el  manejo adecuado de las sustancias y residuos recibidos de terceros.  La responsabilidad de la zona franca no estaba claramente definida, lo que se busca realizar mediante este artículo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 597.

SEÑOR RUCKS.- En este caso, a través de la vía interpretativa, se busca aclarar situaciones de duda que surgieron como consecuencia de las prohibiciones en el uso del suelo rural. 

                En el artículo 39 de la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, se plantea claramente que no se incluyan construcciones tales como sitios o plantas de tratamiento y disposición de residuos, parques de generadores eólicos, cementerios parques o aquellas obras que sean complementarias o vinculadas a actividades agropecuarias y extractivas como, por ejemplo, los depósitos de silos. Como en la definición de suelo rural de la Ley no está clarificado -a nivel interpretativo- este tipo de emprendimientos, queremos dejar en claro estos aspectos, a fin de evitar dudas en el futuro.

SEÑOR AMORÍN.- Quisiera saber si existe algún motivo concreto, especial o práctico respecto a esta norma.

SEÑOR RUCKS.- En términos concretos, debo decir que esto se resuelve trabajando en forma conjunta entre la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y la Dirección Nacional de Medio Ambiente, cuando se realizan los análisis de evaluación de impacto.

Sin embargo, muchas veces surgen situaciones que presentan incertidumbre, básicamente, en lo que refiere a la disposición final de residuos. Tratándose de una actividad típicamente urbana, esa disposición final es incompatible con el suelo urbano, por lo que debería realizarse en suelos rurales. Reitero que, en esos casos, se nos plantearon incertidumbres y las hemos ido resolviendo. Pensamos que al establecerlo de esta forma en el artículo, el aspecto queda claro y se adelantan los criterios a los inversores o a los tomadores de decisión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 598.

SEÑOR RUCKS.- Este artículo refiere a la denominación o la categoría de áreas naturales protegidas, según lo establecido por la Ley Nº 17.234 -Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas- en el sentido de que sólo puedan ser utilizadas en el marco de esa norma, quedando prohibido el uso en otras situaciones diferentes. Esto se realiza para no generar incertidumbres en relación a las categorías de manejo de protección de las distintas áreas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 599.

SEÑORA SIRI.- Este artículo tiene relación con los créditos presupuestales para la Dirección Nacional de Medio Ambiente, correspondientes al programa de Gestión Ambiental y Ordenación del Territorio. Se trata de todos los proyectos de inversión que hacen al área.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 600.

SEÑORA MINISTRA.- Solicitaría que el Director Nacional de Aguas, señor Genta, realice la explicación correspondiente a la disposición.

SEÑOR GENTA.- A través de los artículos 600 y 601 se propone sustituir el nombre de “Aguas y Saneamiento” por “Aguas”, en el entendido de que si bien originariamente la Dirección tenía como cometido atender lo relativo al agua potable y saneamiento, en realidad adquirió todo lo relacionado con aguas y recursos hídricos. Por esa razón, era conveniente mantener sólo una de las acciones dentro del nombre de las actividades de los recursos hídricos. Es por eso que cambia el nombre de la Dirección y, en consecuencia, también el del cargo de Director Nacional. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 602.

SEÑOR GENTA.- Los artículos 602 y 603 buscan incorporar a aspectos de la planificación las multas y las servidumbres forzosas. La idea de esto apunta a ocupar los fondos de las multas o facilitar las servidumbres forzosas, con el objetivo de incorporarlos a los planes de interés general, como son las obras multiprediales o multipropósito que, en definitiva, están condicionadas a dos elementos planteados, tanto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible como en la Ley de Política Nacional de Aguas. Concretamente, me refiero a los planes nacionales, regionales y de cuencas. Esto no debe ser visto en función de un interés local o de algunos actores, sino de la globalidad de una gestión integrada.

SEÑORA MINISTRA.- Queremos solicitar la inclusión, en este proyecto de ley de Presupuesto, de una modificación al artículo 19 de la Ley Nº 18.308, relativa al Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. En tal sentido, cedería la palabra al señor Chabalgoity para que explique los motivos.

SEÑOR CHABALGOITY.- Los más de dos años de implementación que lleva la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, han generado algunas situaciones que hacen que debamos aclarar posibles interpretaciones en cuanto a su aplicación, siempre en pos de que se cumplan los objetivos centrales establecidos en los artículos 3º, 4º y 5º de la mencionada norma. En ese sentido, la modificación que estamos proponiendo en el artículo 19, refiere a un cambio de vocablo: en lugar de “supletorios”, debería decir “derivados”. Esto debería ser así en función de que el alcance de los instrumentos de ordenamiento territorial especiales -competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales- derivan o complementan los instrumentos estructurales            -como las directrices u ordenanzas departamentales- que allí se indican, tales como los Planes Sectoriales, los Inventarios y los Catálogos. Por lo tanto, creemos que para una correcta interpretación de la norma, debería procederse a cambiar el vocablo “supletorios” por “derivados”. Básicamente, ese es el motivo de la modificación que estamos proponiendo, porque nuestra idea es que no se generen, en las instancias de participación y consulta en todos los procedimientos, interpretaciones disímiles que puedan hacer desviar el espíritu central de la ley.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Presidencia quiere señalar que lo manifestado aquí por nuestros visitantes será integrado a la discusión a la hora de votar los artículos.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, les agradece mucho la presentación del Plan de Viviendas así como también el análisis que han hecho del articulado.

(Se retiran de Sala la señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y asesores)

                (Ingresa a Sala la delegación de la Corte Electoral)

Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la delegación de la Corte Electoral, que nos visita en oportunidad del estudio que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, está realizando sobre el Inciso 18 en el marco del Presupuesto Nacional Quinquenal.

                Cedemos, entonces, el uso de la palabra al señor Presidente de la Corte Electoral, señor Ronald Herbert, para formular consideraciones generales. Luego, si no hay observaciones, pasaremos al articulado.

SEÑOR HERBERT.- Señora Presidenta: la Corte Electoral había propuesto un proyecto de presupuesto que no llegó a ser aceptado, en su espíritu, en la Cámara de Representantes.  Hemos tratado de ser muy realistas y de concentrarnos para evitar que la Corte Electoral baje su nivel de suficiencia y siga proporcionando datos seguros y confiables. Y, en este sentido, hemos rescatado dos elementos básicos. Uno de ellos es que todos los registros de la Corte Electoral deben estar digitalizados. No se puede mantener más el soporte papel; digamos que esto es el abecé. La primera función que se tiene es mantener los registros digitalizados y, como se sabe, la Corte Electoral no tiene digitalizadas las hojas electorales, que es lo que hace que cada vez que hay una elección, se lleve un gastadísimo manojo o cuaderno de estas hojas para cada votación.

Obviamente, estos cuadernos ya tienen un deterioro importante, además del que van a seguir sufriendo, por lo que va a llegar un momento en que realmente no van a servir para nada. Pero ese no es el tema; lo fundamental es que esos datos deben estar digitalizados para poder ser utilizados en una forma racional, tal como lo exige el mundo moderno.

                Esta es nuestra primera gran función, la esencia de la existencia de la Corte Electoral. Por lo tanto, necesitamos llegar a la digitalización de las hojas electorales.

                El segundo gran tema que permite que la Corte Electoral sea un instituto verdaderamente útil es el de la capacitación. Como se sabe, los funcionarios de la Corte Electoral ya tienen varios años de actividad, y muchísimos de ellos se han jubilado, sobre todo después de los últimos actos eleccionarios porque les proporcionaron alguna mejora del promedio salarial para retirarse. Además, hay una importante cantidad de funcionarios -diría que más de la cuarta parte- que en este momento está en condiciones de jubilarse; por todo esto, nos vamos a quedar sin funcionarios capacitados y con experiencia. Por lo tanto, estamos obligados a establecer de inmediato un sistema de capacitación de funcionarios, que además les permita acceder a concursar. Increíblemente, muchos de estos concursos son declarados desiertos por falta de capacitación.

                De manera que estos dos temas: la digitalización de todas las hojas electorales -aún restan entre 1:700.000 y 1:800.000- y la capacitación de funcionarios, constituyen objetivos que la Corte Electoral no puede dejar de cumplir. Hemos sido lo suficientemente realistas para considerar que esto es lo mínimo que podemos mantener de nuestra actividad, sobre todo porque debemos llevar a cabo varias tareas, entre otras, trasmitir en forma rápida y segura la información sobre los escrutinios, pero eso dependerá de lo que se pueda hacer con el Plan Ceibal, por lo que queda fuera de nuestras posibilidades. Otra de las tareas que nos compete es preservar los valores de cristalinidad y credibilidad, que están directamente vinculadas con el tema de la digitalización y con el de la capacitación.

                De manera que estas son las metas mínimas que podemos plantearnos. La Corte Electoral decidió que una menor exigencia no sería aceptable para un gobierno democrático, en el que el organismo electoral debe ser realmente importante, ya que en virtud de las facultades que tiene, es un poder.

Esos fueron los únicos objetivos que hemos tratado de contemplar en esta nueva situación de presentación realista de un proyecto de ley de Presupuesto.

                Por lo tanto, solicito a la Mesa autorización para que haga uso de la palabra el doctor Wilfredo Penco, Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Corte Electoral, a fin de que suministre una información más acabada sobre cómo pensamos llegar a esos dos objetivos.

SEÑOR PENCO.- Como explicaba el señor Presidente de la Corte Electoral, doctor Ronald Herbert, tenemos una gran preocupación sobre dos temas centrales, como son la capacitación de los funcionarios electorales y la incorporación de tecnología en los procedimientos electorales.

                En materia de capacitación, es necesario incrementar la profesionalización de los funcionarios electorales en forma permanente. Daremos algunas cifras ilustrativas que, a nuestro juicio, son muy interesantes.

                En 1985, la Corte Electoral contaba con 1.592 funcionarios; en 2000, esa cifra se redujo a 1.120 y en 2010, a 915. Es verdad que hace años el Organismo ha iniciado un proceso de informatización, de digitalización, que ha hecho posible la reducción de los funcionarios, pero los que tiene deben estar capacitados y ser efectivamente profesionales electorales. Como bien explicaba el doctor Herbert, hay un número importante de funcionarios -suman 267, lo que representa un 29,18%, o sea, casi un 30%- los más experimentados, que tienen causal jubilatoria. Por lo tanto, quienes queden, así como los que ingresen y sustituyan a los que se acojan al beneficio de la jubilación, deberán ser capacitados adecuadamente desde ya para afrontar el desafío de todos los retos electorales.

                En lo que refiere a la digitalización del Registro Electoral, que es el central, planteamos la posibilidad de informatizar el Registro de Inhabilitados, que es mucho más pequeño pero también debe quedar en esas condiciones. La Corte Electoral necesita un incremento en el monto que el Poder Ejecutivo estableció en el párrafo final del artículo 643 del proyecto de ley de Presupuesto. A los efectos de la digitalización del Registro Electoral y del Registro de Inhabilitados, se asigna un crédito que en el período de 2011 a 2014 suma $ 68:000.000. Hemos hecho los ajustes correspondientes para tratar de disminuir los costos todo lo posible, pero para llevar a cabo esos proyectos de digitalización es necesario contar con un crédito adicional de           $ 20:671.200 en los cuatro años mencionados. Hay un plan establecido para 2011, en el que se prevé un crédito de $ 25:000.000, que se puede ver incrementado en $ 10:000.000 -es decir, llevarlo a $ 35:000.000- en 2012 ocurriría otro tanto, en 2013 igual cantidad, y en 2014 la cifra quedaría en los mismos términos que la prevista en el artículo 643. Quiere decir que pedimos un incremento mínimo de aproximadamente $ 30:000.000, que abarcaría los cuatro años que quedan del período de Gobierno, porque es la cifra necesaria para llevar adelante la informatización del Registro Electoral y del Registro de Inhabilitados. En esa cantidad está contenido el monto que destinará la Corte Electoral a la capacitación de los funcionarios.

 Por lo tanto, en esta cifra están englobadas las acciones básicas que la Corte Electoral  tiene por delante en sus proyectos. Esto es fundamental. De esta manera, estaríamos abandonando el proyecto original, ya que más que digitalizar el Registro Electoral escaneando las hojas electorales -como explicaba el señor Presidente- nos proponíamos incrementar la política de renovación y traslado de las credenciales de tal manera que ahora, con el actual sistema, no solo quedara informatizada la hoja electoral sino también el documento.

En este sentido y tal como les consta a los señores Senadores, hay miles de uruguayos que aún tienen la vieja credencial cívica que hoy, en esos términos,  no es un documento aceptado en los estándares internacionales. Esta es la realidad; debemos tomar conciencia de este hecho y apostar a una renovación necesaria. Incluso, en muchos casos, ese viejo documento contiene fotos de gente muy joven que ya no lo es, lo que dificulta el proceso de identificación y, por lo tanto, se puede poner en duda, certeramente, la seriedad del procedimiento.

Por otra parte, los señores Senadores saben que en las últimas elecciones departamentales y municipales hubo cientos de miles de votos en blanco y eso, en parte, es consecuencia de que mucha gente reside en municipios distintos a aquellos donde tiene su inscripción cívica y  no estuvo dispuesta a votar donde no vivía y a autoridades que no correspondían a la jurisdicción de su residencia.

Por estas razones, la idea original de la Corte Electoral era promover la renovación de las credenciales y asegurar los traslados correspondientes para que en las próximas elecciones municipales no nos encontremos con un fenómeno de esta naturaleza. Muy bien; hemos renunciado a este propósito porque con los montos disponibles es imposible promover una campaña de renovación de credenciales y traslados y optamos por la digitalización de la hoja electoral que, si bien no es todo, es un paso muy importante. Queda todo este otro tramo por recorrer, que se hará en años futuros, pero lo básico es que digitalicemos el registro de hojas electorales, tal como se expresaba hoy aquí.

Por otra parte, existen dos textos que, si bien no tienen costo, tampoco fueron incluidos en el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes, y para la Corte Electoral son muy importantes.

El primero refiere a la necesidad de facultar a la Corte Electoral para que disponga de la extensión horaria de sus oficinas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley Nº 15.903 y a retribuir esa mayor carga horaria de sus funcionarios sin detrimento de la compensación prevista en el artículo 504 de la Ley Nº 16.170. En primer lugar, sin esta disposición, por más que la Ley autorice a realizar horas extraordinarias, estas no se podrían llevar a cabo sin esta facultad que la Corte Electoral legalmente requiere.

SEÑOR PASQUET.- Quería saber a qué articulo está haciendo referencia.

SEÑOR PENCO.- Estoy aludiendo al segundo párrafo del artículo 4º del Mensaje original de la Corte Electoral.

                El segundo artículo, que no tiene costo, pero que para nosotros también es importantísimo es el que refiere a que los cargos ocupados por quienes se acogieron al régimen de retiro incentivado previsto en el artículo 268 de la Ley Nº 18.172, podrán ser provistos en forma permanente aún sin que sea necesario que haya finalizado el período de pago del beneficio o acaecida alguna de las causales del cese del mismo, siempre que el organismo establezca las trasposiciones de crédito necesarias para disponer del cien por ciento del crédito correspondiente al cargo.

Amparados en este retiro incentivado, se han alejado de la institución personas que ocupaban cargos de jerarquía, con gran experiencia,  y se llevaron esos cargos. Entonces, si no se autoriza a la Corte Electoral a recuperarlos antes de los plazos previstos inicialmente, será muy difícil contar con los funcionarios capacitados que se necesitan para asumir las responsabilidades que esas tareas  implican.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera saber a qué artículo se está haciendo referencia en el proyecto original de la Corte Electoral.

SEÑOR PENCO.- Esto no figuraba en el proyecto original, sino que fue entregado directamente en la Cámara de Representantes. De todos modos, ya hemos acercado el texto a la Mesa para que sea repartido a los señores Senadores.

                Estas eran las consideraciones que queríamos hacer.

SEÑOR AMORÍN.- Debo decir que hemos visto pasar por acá una enorme cantidad de delegaciones, todas con pedidos muy importantes. Francamente, estoy sorprendido, diría  gratamente sorprendido por la actitud de la Corte Electoral. Si no entendí mal, para cumplir bien con los objetivos mínimos, es decir, para seguir teniendo una Corte Electoral transparente y confiable, se están solicitando para todo el período $ 30:000.000 de aumento sobre lo que se les daría, es decir, US$ 1:500.000 más.

SEÑOR PENCO.- Sí, señor Senador. Eso es lo básico, es decir, lo mínimo que se necesitaría.

SEÑOR AMORÍN.- Es decir que con esto se cumple.

                Era lo que quería que me dijeran.

SEÑOR SALVO.- Quisiera formular la siguiente aclaración. El presupuesto original de la Corte Electoral suponía $ 1.255:000.000; en el planteado por el Poder Ejecutivo se redujo a $ 289:000.000; en la Cámara de Representantes se aumentó  a $ 329:000.000, y los últimos números que la Corte Electoral  ha manejado a los efectos de presentarse hoy ante esta Comisión, son                   $ 359:000.000. Por consiguiente, la diferencia, como bien se ha dicho, entre lo aprobado por la Cámara de Representantes y lo que ahora la Corte Electoral propone, es para todo el quinquenio de $ 30:000.000.

SEÑORA MOREIRA.- Saludo o los miembros de la Corte Electoral, y me congratulo con su nueva integración.

                Efectivamente, podemos ver que en los tres Presupuestos anteriores la Corte Electoral no ha sido para nada beneficiada, y aclaro que con esto me estoy refiriendo a su itinerario presupuestal desde el 2000 en adelante. A su vez, enfrenta una demanda creciente, especialmente después de la separación de la materia municipal de la nacional.

Entonces, me parece que hay que considerar el pedido de la Corte Electoral también en el contexto de un aumento en el número de comicios que van a tener que enfrentar. En este marco, todo lo que es informatización del registro de inscripción o de las hojas de votación resulta indispensable para su buen funcionamiento. De modo que esa parte del pedido está más que fundamentada; si bien seguimos siendo la misma cantidad de habitantes, la informatización de la Corte Electoral es una prioridad esencial en este momento  para el buen funcionamiento de la democracia.

Por otro lado, hago mías las palabras del señor Senador Amorín en el sentido de que este es un pedido presupuestal muy modesto.

Hace alrededor de cinco años hubo una oferta de la Universidad de la República para colaborar con la Corte Electoral en la digitalización de las hojas de votación. En ese sentido, a la Universidad le interesaba la digitalización de las antiguas hojas de votación porque los politólogos trabajan con esos materiales. Entonces, simplemente, deseo recordar que está esa disposición de la Universidad de la República, que se quiso plasmar  en un convenio. Lamentablemente,  ese convenio no pudo celebrarse  en su momento y ahora hago un exhorto para que puedan renovarse los votos en el vínculo con la Universidad de la República, que también tiene interés en esto.

Creo que es absolutamente prioritario el tema de la renovación y los traslados de credencial. Además de que yo soy una de las que tiene una credencial vieja con una foto  totalmente desactualizada, me parece que el tema del traslado termina afectando  la legitimidad del sistema en su conjunto. En ese sentido, también haría un exhorto a que dentro del plan de la Corte Electoral pudiera contemplarse  algún sistema de traslado de credencial vía correo, en la forma más simple posible, tomando en cuenta que, sobre todo, a los jóvenes les cuesta mucho inscribirse. Entonces, tendríamos que favorecer algún tipo de registro cívico más amigable.

Respecto a las horas extra veo que en el Presupuesto está planteada una reestructura para la Corte Electoral, y con esta nueva integración, uno miraría ese proceso muy auspiciosamente. En esta Legislatura creo que yo llegué a votar un pedido de horas extra. Entonces, si se procede a la reestructura, ¿igualmente las  necesitaría  o quedarían absorbidas en ese proceso? Tengo entendido que podría haber alguna forma de reestructura que elimine al mínimo la votación de horas extra para cada comicio, aunque también tengo claro que, de cualquier manera, siempre puede aparecer alguno más.

SEÑOR MICHELINI.- Me quiero referir a la metodología de trabajo.

En la Cámara de Representantes se enviaron cinco artículos que corresponden a la Corte Electoral, pero aquí tenemos doce. Entonces, nos gustaría saber cuáles de estos doce han sido recogidos; luego nos concentraríamos en las dos disposiciones en las que está insistiendo la Corte Electoral y en los dos artículos que no tienen costo.

SEÑOR ABREU.- Quiero hacer algunas preguntas que responden a mi desconocimiento técnico de los temas. Una cosa es la informatización del registro electoral y otra es la digitalización de las hojas de votación, ¿no es así? ¿Es lo mismo o se trata de algo distinto? Si hablamos de informatización del registro electoral, nos referimos a las credenciales. ¿Cómo vamos a proceder a la digitalización? ¿Vamos a llamar a todos los ciudadanos habilitados o escaneamos el sistema que, aunque no tenga mayor precisión, puede ser mucho más barato?

Concretamente, ¿cuál es el procedimiento que entienden más adecuado para la digitalización?

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quisiera hacer una pregunta puntual. De estos 915 funcionarios ¿cuál es el promedio de edad? Además, una vez jubilados los 267 funcionarios que tienen causal, ¿cómo quedaría el promedio de edad?

SEÑOR HEBER.- Se nos acaban de entregar unos cuadros muy interesantes que muestran la evolución de la cantidad de funcionarios en la Corte Electoral: en 1985, había 1.592; en el año 2000, 1.120 y ahora 915, de los cuales 267        -casi el 30%- tienen causal jubilatoria. Después de la dictadura -período en el que no había elecciones- había más funcionarios que ahora que tenemos elecciones internas, elecciones en octubre, balotaje y elecciones en mayo. Tenemos cuatro elecciones y no hemos votado, por culpa del sistema político, la informatización. Se podría decir que se necesitan menos funcionarios, pero ello sería posible si tuviéramos un sistema informatizado. Ahora estaríamos votando la informatización -lo que nos podría llevar a ahorrarnos algún funcionario- pero este proceso llevará un tiempo que no puedo estimar. 

También es cierto que precisan realizar una reestructura, pues si no disponen de las vacantes que se fueron generando, difícilmente se podrán realizar los ascensos para que luego puedan ingresar más funcionarios. No  estoy hablando de llegar  a  1.500  funcionarios -nadie está planteando eso, ni siquiera los integrantes de la Corte Electoral- pero, de pronto, se podría hablar de 1.000 ó 1.100, que son los que había en el año 2000. Creo que la Corte Electoral debería funcionar con esa cantidad de personal, a la espera de una informatización o digitalización. Recuerdo que se hablaba de la posibilidad de tener documentos comunes con Identificación Civil, pero eso sería más complicado. Entiendo que es necesaria la modernización, sobre todo, porque hubo intentos plebiscitarios -que no triunfaron- para que pudieran votar los ciudadanos que viven en el exterior, pero me pregunto ¿qué hubiera pasado si hubieran triunfado?

                En el sistema político estamos estudiando la posibilidad de formar una Comisión  -como ha planteado el Senador Gallinal- para acortar los plazos, aunque todavía no sabemos cómo hacerlo. Creo que hay consenso en todos los partidos políticos en cuanto a lo extenso que es el proceso electoral, pero si se acortan los plazos vamos a exigir a la Corte Electoral más rapidez. En el Senado trabajaremos en una reforma electoral

-espero que se puedan lograr consensos y acuerdos- y es importante que tomemos conciencia, porque con la reforma le estaríamos pidiendo a la Corte Electoral que, por ejemplo, en el plazo de un mes tuviera los resultados y que en quince días se pudiera ir al balotaje.

Lo cierto es que le vamos a pedir a la Corte Electoral más eficiencia, pero no podemos hacerlo si, al menos, no le damos los funcionarios que necesita y el dinero para poder informatizarse. Simplemente quería hacer esta reflexión, aunque no sé si algún Ministro de la Corte Electoral no está de acuerdo con ella.

SEÑOR GALLINAL.- Quisiera hacer una pregunta complementando lo planteado por el señor Senador Heber, aunque sea para quitarme la duda. Me pregunto si la Corte Electoral ha considerado la posibilidad de incorporar el sistema del voto electrónico. Si lo ha hecho, obviamente habrá analizado los pro y los contra de este sistema -que imagino los debe tener- no sólo desde el punto de vista de su financiación, sino también -y este debe ser el tema que más nos preocupa y que debe preocupar a la Corte Electoral- de las garantías que otorga. Digo esto porque si algún día lográramos contar con el sistema de voto electrónico, seguramente no tendría sentido discutir muchos temas que ahora estamos considerando.

SEÑOR HERBERT.- Para ordenar las respuestas, sugiero que se ceda la palabra, en primer lugar, al Ministro Penco y luego al Ministro Silveira y a la Ministra Etcheverry.

SEÑOR PENCO.- En primer lugar, con relación a los dos planteos que realizó la señora Senadora Moreira, quiero decir que las hojas de votación ya están escaneadas, digitalizadas e incorporadas a la página web de la Corte Electoral. Además, quiero enfatizar que nuestro Organismo está abierto a realizar convenios con la Universidad de la República, con la Administración Nacional de Educación Pública y con distintos institutos de formación docente. Por nuestra parte, estamos abiertos a trabajar en forma conjunta con la sociedad y con las instituciones que la representan.

                En segundo término, en lo que tiene que ver con la reestructura, quiero mencionar que la Corte Electoral va a trabajar en esto pero partiendo, obviamente, de las disponibilidades que la ley establezca. Obviamente, la intención es reducir al mínimo las horas de trabajo extraordinarias, porque cada vez que las solicita es para llevar a cabo tareas extraordinarias que no pueden superponerse al horario en que se hacen las tareas normales. Por ejemplo, la digitalización del registro electoral es una tarea extraordinaria que tiene inicio y fin y lo mismo sucede con el registro de inhabilitados. Respecto a este último, quiero mencionar que si contamos con la disponibilidad necesaria, en dos años estará digitalizado y, por tanto, la necesidad de disponibilidad horaria cesará en el momento en que termine el trabajo.

                En cuanto al planteo del señor Senador Abreu, como expliqué anteriormente, en el proyecto de ley original apostamos a la renovación del documento electoral, es decir, de la Credencial Cívica, con la modernización correspondiente y eso tenía como consecuencia la digitalización de la hoja electoral, ya que el mismo procedimiento permitía la modernización de ambos documentos, porque uno es copia del otro. Como todos saben, la hoja electoral es la copia de la Credencial Cívica que está depositada en las Comisiones Receptoras de votos. Lo que el miembro de la Mesa hace es justamente cotejar la Credencial Cívica que se presenta con la hoja electoral disponible y cuando el elector se presenta sin la Credencial, el único documento existente para verificar la identidad es justamente la hoja electoral. Por tanto, el objetivo inicial de la Corte Electoral era renovar la Credencial y, como consecuencia de ello, digitalizar la hoja electoral y promover los traslados para regularizar todas las situaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para desarrollar esa tarea habíamos pedido un monto determinado del que hoy no disponemos. Entonces, como en esta instancia la Cámara de Representantes aprobó un monto diferente, nosotros nos vemos obligados a renunciar a una gran campaña de renovación de credenciales, dado que no estamos en condiciones de hacerlo con la disponibilidad actual. De todos modos, al menos vamos a digitalizar la hoja electoral y si bien sabemos que eso no es suficiente, para nosotros es un paso hacia la modernización.

Como explicaba el señor Ministro Herbert, la hoja electoral es un documento que se viene deteriorando periódicamente, porque la convocatoria a los actos electorales es prácticamente permanente. Por lo tanto, necesitamos que ese documento sea digitalizado. Por supuesto, esto no quiere decir que, en la medida de nuestras posibilidades, no tratemos de promover todos los traslados posibles, incentivar la inscripción cívica y la renovación de las credenciales. Precisamente, a esos efectos, las Juntas Electorales proponen el plan de las llamadas mesas móviles que nos permiten llegar, incluso, a los pueblos más apartados en cada departamento y a los sectores  más alejados de Montevideo. La Corte Electoral ya ha implementado procedimientos de ese tipo y lo seguirá haciendo, pero está acotada por las disponibilidades que tiene.

SEÑORA MOREIRA.- Quisiera saber si el costo de la campaña del Registro Electoral para el total del quinquenio  asciende a  $ 81:000.000. ¿Este sería el costo de una campaña?

SEÑORA  REYES.- Ese monto no corresponde a una campaña, sino solo al escaneo.

SEÑORA MOREIRA.- Según entendí de lo expresado por el señor Ministro Penco, tienen previsto hacer una campaña para el traslado de credenciales con mesas móviles. ¿Cuál es el costo de esa campaña?

SEÑOR PENCO.- Mientras buscamos la información solicitada por la señora Senadora Moreira, si me permite, voy a seguir contestando la preguntas planteadas por los señores Senadores.

                La señora Senadora Topolansky consultó sobre el porcentaje del 30% y le puedo responder que ese porcentaje corresponde a la gente que tiene causal jubilatoria, cuyo promedio de edad corresponde a los nacidos entre 1944 y 1954. Quiere decir que ese 30% del total de funcionarios disponibles,  ha generado causal jubilatoria o la generará en los próximos años.

SEÑORA TOPOLANSKY.- O sea que se rejuvenece la plantilla.

SEÑOR PENCO.- Exactamente, señora Senadora. Esa es la idea.

                En cuanto a lo que planteaba el señor Senador Heber, digo que por supuesto no pretendemos volver a la cifra de 1985 de 1.100 funcionarios, que es la disponibilidad completa que hoy tiene la Corte Electora l, aunque hay cargos sin cubrir porque no hemos podido hacer una reestructura y, por lo tanto, tampoco las promociones correspondientes. Como el ingreso del personal debe ser por el último grado del escalafón, mientras no podamos reestructurar, no podremos promover ese ingreso. De todas maneras, la aspiración de la Corte es que con esos 1.100 funcionarios y con los servicios digitalizados y modernizados podamos prestar con eficiencia los servicios correspondientes, en el marco de las competencias de la Corte Electoral.

                Con respecto al planteo realizado por el señor Senador Gallinal, puedo decir que la Corte Electoral no tiene una posición oficial en relación con el voto electrónico. Diría que en principio, no estamos ni en contra ni a favor. No es una prioridad para nuestro país y naturalmente supone una inversión muy grande.

                Estamos sí apostando -y veremos si es posible  instrumentarlo para la próxima elección- a la modernización y digitalización del acta de escrutinio y la trasmisión de esos resultados, porque ya existe un proceso de totalización del escrutinio preliminar que se hace la noche de la elección  y en las primeras  horas del día siguiente, pero hay una demora para empezar con ese trabajo, porque  el procedimiento establece que el Presidente de la Mesa acompañado con el Secretario deben llevar, fuera de la urna, la copia del Acta de Escrutinio, entregarla en la Junta Electoral o en el lugar que esta determine, y esos trayectos físicos, generan una demora muy importante. En los hechos, recién a media noche  se puede empezar con ese trabajo. Si lográramos que en cada Comisión Receptora de Votos el Acta de Escrutinio estuviera digitalizada y fuera  transmitida informáticamente, por supuesto, con las garantías del caso, y que cada delegado de Partido se llevara una copia -elemento fundamental, porque que es la verdadera garantía a la hora del escrutinio- disminuiríamos  los plazos con los que hoy es necesario contar. A eso apostamos, es decir, a modernizar ese aspecto que consideramos central.

                Con respecto al método que proponía el señor Senador Michelini, puedo decir que estamos de acuerdo en concentrarnos, fundamentalmente, en las disposiciones que estamos planteando.

                Por último, señalo que el costo total del artículo 4º es de $ 169:156.000.

SEÑORA PRESIDENTA.- No sé si este es el momento adecuado, pero se me ha solicitado que ceda el uso de la palabra al doctor  Gustavo Silveira.

SEÑOR SILVEIRA.- Señores Senadores: la comparecencia de la Corte Electoral en esta instancia es muy importante para quienes la integramos porque se acaba de renovar, democráticamente, en el marco de los 25 años de la recuperación de la democracia. Estamos asistiendo a la presentación de un Presupuesto de la Corte Electoral votado por la unanimidad de sus miembros.

                Nuestro Mensaje original al Parlamento pretendió asumir el desafío que teníamos por delante, en cuanto a mantener los estándares de calidad y seguridad que el proceso electoral uruguayo ha marcado en este cuarto de siglo y en su historia pero, además, reconocer con sinceridad  que  nuestro   sistema de procedimiento de contralor -con el cual fuimos campeones del mundo en el siglo pasado- está dando señales de fatiga, porque está basado en el papel. Estamos hablando del control llevado adelante por funcionarios acostumbrados en un cuarto de siglo a examinar  montañas de papel  por largas horas de trabajo. Esas hojas de papel hoy presentan  un desgaste importante y representan   más   de   dos millones de documentos que se distribuyen por todo el país -entre 6.500 circuitos- que son la constancia del documento electoral de cada uno y que  representan el único documento que corrobora el derecho del ciudadano a votar. 

                Ese desafío nos llevó a pensar, cuando mandamos el proyecto original, en una gran campaña de renovación y de traslado que permitiera que, a través de ese procedimiento, se pudiera lograr la informatización de los registros electorales por sí misma, por la vía natural. Hoy la  Corte Electoral cuenta con un sistema -proyecto “Proteo”- por el cual las nuevas credenciales -las que se renuevan y las que se trasladan- dejan su huella informática y sustituyen la anterior que figuraba en el papel. Esto determinó que elaboráramos un Presupuesto pensando en el camino natural a abordar para lograr la informatización de la información y de los documentos electorales del Uruguay. No obstante, no logramos los recursos suficientes;  quizás, no nos explicamos adecuadamente y, en definitiva, se consiguió lo que se consiguió.

En estos días, la Corte Electoral ha sesionado de forma permanente, a distancia, vía Internet, buscando consensos y preguntándonos qué vamos a hacer. Esta  Corte Electoral  debe afrontar el desafío que siempre asumió el país; de aquí todos se tienen que ir con la certeza y la seguridad de que en Uruguay los resultados de los escrutinios seguirán teniendo la confiabilidad de siempre. El camino que encontramos fue abandonar esa idea original de informatizar todos los documentos electorales y pasar al escaneo de la hoja electoral de cada uno, de la copia de la Credencial, a fin de tener el registro electrónico de la información de quién vota en cada circuito, quién está inhabilitado para hacerlo a pesar de integrar el Padrón, etcétera. Esto nos permitirá pensar en prestaciones que hoy no se brindan al ciudadano, en seguridades que actualmente no tenemos y en velocidades que no podemos alcanzar.

                Como decía, se trató de renunciar a un objetivo mayor en aras de tener la certeza de que, a pesar de la fatiga que implica el sistema del papel, dentro de unos años la Corte Electoral pueda ofrecer la seguridad de que el resultado del escrutinio sea controlado adecuadamente, su información sea tan segura como siempre y soñamos con que sea la más rápida de la historia.

                Estamos hablando de un procedimiento a la uruguaya, que no es el voto electrónico. Todos quienes están aquí conocen y han visto la espera de los delegados partidarios que van al escrutinio con una sábana; me refiero a la hoja larga, que pensamos sustituir por una planilla electrónica donde se cargue la información in situ. Es decir que el escrutinio se irá cargando en una planilla electrónica. Si logramos esto, asociado a los demás aspectos, lograremos trasmitir los resultados, ya sea desde el mismo circuito, una vez finalizado el escrutinio, o desde el punto más cercano de conexión a Internet. De ser así, notoriamente, los resultados van a estar prontos con una velocidad desconocida en el Uruguay. Es más, a mi criterio este aspecto alejaría, para nuestro país, la necesidad de un voto electrónico y aclaro que soy de los que creen en él. Estimo que con la implementación del sistema que mencioné, que es rápido y absolutamente seguro -tanto como los mejores sistemas de voto electrónico que se conocen- dejaría de ser necesario el voto electrónico en el Uruguay porque, además, es bastante más barato.

                Para finalizar, y agradeciendo la atención y consideración de los señores Senadores, quisiera decir que también debemos reconocer la jerarquización, el tratamiento y el respeto que, a lo largo de estos veinticinco años, han tenido tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento Nacional para con la Corte Electoral. Si bien la Institución que conducimos ha llegado a cumplir con las metas que todos ustedes esperan, es decir, que el resultado no ofrezca dudas y sea certero, también lo hemos conseguido por el esfuerzo que han hecho, desde la restauración de la democracia, el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Por lo tanto, también queríamos venir a agradecer ese aspecto y a explicar, de alguna manera -tal como decía el señor Senador Amorín- lo poco que estamos pidiendo. Creo que ello se debe al respeto que se han ganado en las consideraciones presupuestales que se han llevado a cabo, por la ecuanimidad y el respeto con que se han manejado, tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento, en estos veinticinco años. Por estas razones no podíamos venir a pedir cualquier cantidad de plata; venimos a solicitar lo justo; con eso cumplimos.

                Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Creo que, para orgullo del país, nosotros tenemos un sistema electoral garantista y hemos tenido una integración de la Corte Electoral, por lo menos desde 1984 hasta hoy, que también nos ha dado garantías muy importantes, a tal punto que no han existido serios cuestionamientos, ni de forma ni de fondo, para lo que ha sido la actuación del Organismo. Eso lo hemos puesto de manifiesto en varias oportunidades, especialmente en las discusiones presupuestales, cuando en las Administraciones anteriores, a nuestro juicio, había una cierta discriminación porque no se había producido la renovación en el Instituto. En ese sentido, si quienes integraban la Corte Electoral hasta hace poco tiempo gozaban de nuestra confianza, quienes la integran hoy por supuesto que también, y mucho más en esa nueva expresión más representativa de los resultados electorales.

En ese sentido, lo que aquí se pueda plantear de parte de la Corte Electoral y de la nuestra, apunta a perfeccionar el sistema, que tiene que ir adecuándose a los desafíos de los nuevos tiempos. Por eso hacía el planteamiento con respecto al voto electrónico. No soy nadie para hacer recomendaciones a la Corte Electoral, pero creo que alguien en el país debería definir claramente, como primera línea de trabajo, si el sistema de voto electrónico o los sistemas que existen en el mundo ofrecen garantías suficientes como para que en el día de mañana se pueda incorporar un sistema de esas características o si hay que descartarlo definitivamente, hasta que aparezca algo nuevo. Entiendo las argumentaciones que han dado los Ministros, y en particular en este último caso, pero hay distintos puntos de vista desde los cuales se mira la necesidad del voto electrónico. Uno de ellos, es lo que aquí se ha dicho en cuanto a las garantías. Por supuesto, ni la Corte Electoral ni ninguno de los Poderes del Estado estarán de acuerdo en incorporar un sistema que debilite las garantías que tenemos. Hay otro punto de vista, que me parece muy importante, que es el económico. Para mí, si mañana existe un sistema con esas garantías, más que un gasto es una inversión, pero también es un ahorro, porque uno de los grandes problemas que tenemos los partidos políticos en el Uruguay son los recursos económicos para financiar las campañas electorales. Yo puedo asegurar, y muchos de los que integran hoy la Corte Electoral conocen tanto como yo este tema, que en el rubro gastos de la campaña electoral, uno de los más importantes -diría, el segundo después de la publicidad en los medios televisivos- es el gasto en las listas y en el reparto de las mismas, sobre todo esto último, porque es mucho más caro que la impresión. Los quiosquitos que se instalan en la campaña electoral, que son absolutamente imprescindibles -porque cuantas más bocas de salida haya, más son las posibilidades- son carísimos. Y eso, en gran medida, se reduciría si tuviéramos un sistema de voto electrónico.

Entonces, es por eso que planteo que sería bueno -y creo que la Corte Electoral, así como la Comisión a que aludía el señor Senador Heber podrían trabajar en eso- que tuviéramos una opinión sobre qué tipos de sistemas existen en el mundo, qué costo tienen y qué garantías nos dan, de modo que pudiéramos empezar a considerar la posibilidad de incorporarlo en algún Presupuesto, en el día de mañana, obviamente, contando con el aval de la Corte Electoral. Repito que de ningún modo podríamos hacerlo sin contar con el acuerdo de la Corte Electoral, mucho más teniendo en cuenta que esta Corte goza del respeto y el respaldo de todo el sistema que está representado en ella.

Por eso quería acercar este punto de vista, aunque seguramente ya lo conocen, porque a nosotros cada vez nos pesa más el gasto que mencioné. Repito que si el primer gasto de la campaña electoral es la publicidad en los medios de televisión, probablemente el segundo sea el de las listas y su reparto.

SEÑOR SALVO.- En alguna medida, quiero referirme al planteo que acaba de hacer el señor Senador Gallinal. La Corte Electoral, a la fecha, no tiene planteada la posibilidad de abordar un emprendimiento de la magnitud del voto electrónico.

En lo que nos es personal, consideramos que la ausencia de ese planteo -o la falta de incentivo para realizarlo- se relaciona con la total confianza que la opinión pública nacional e internacional tiene de nuestro sistema electoral.

Debemos decir que no habíamos tomado en cuenta el tema de los costos; sin embargo, es un asunto relevante, que amerita ser considerado. No obstante ello, cuando la Corte Electoral estimó el incremento de crédito para inversiones, pensó en la posibilidad de contar con una infraestructura que agilizara la transmisión de los resultados. Naturalmente que eso no puede plasmarse; pero el Poder Ejecutivo sí tomó en cuenta esa iniciativa en un artículo que, según creo, no está reflejado en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Dicho artículo autorizaba al Poder Ejecutivo a solicitar al Plan Ceibal su colaboración con equipamiento informático y apoyo técnico en eventos extraordinarios, haciéndose una referencia concreta a la Corte Electoral. Reitero que, según creo, esto no aparece en el proyecto votado por la Cámara de Representantes. Tanto es así que, en el seguimiento que la Corte Electoral ha venido realizando de los avatares de este Presupuesto, se estimó que dicha norma no era adecuada a la naturaleza y jerarquía institucional de la Corte Electoral. ¿Por qué? Porque no es el Poder Ejecutivo quien debe hacer tal solicitud; nuestro Organismo tiene el arbitrio expedito como para solicitar al Plan Ceibal la infraestructura que, por otro lado, sabemos está dispuesto a otorgarnos. 

Es cuanto quería manifestar, señora Presidenta.

SEÑORA ETCHEVERRIA.- Por mi parte, mencionaré dos o tres asuntos y trataré de ser breve, puesto que sé que todos están muy cansados.

                En primer lugar, tengo la sensación de que algunos señores Senadores consideran que hemos venido a pedir poca cosa. La realidad es que en la Cámara de Representantes solicitamos mucho y salimos un tanto frustrados por lo que allí se nos planteó.

                Por nuestra parte, consideramos que nos encontramos con una Corte Electoral en una situación bastante difícil, tanto en lo que refiere a la capacitación de los funcionarios, como a nivel edilicio.

                Luego de cinco meses, y después de haber trabajado mucho en la Comisión de Presupuesto -con la que hemos colaborado, y a la que felicitamos por su trabajo- sentimos que debíamos enfocarnos en dos o tres aspectos, para saber realmente lo que podíamos conseguir. Nos dimos cuenta de que era fundamental ver y poner al día el registro electoral. No es por subestimar a los señores Senadores, pero deseamos mostrarles lo que realmente queremos hacer en el registro electoral, para lo cual trajimos una fotocopia del material que pretendemos escanear.

Cuando ustedes concurren a la mesa electoral, ven un mamotreto de hojas que contiene la foto, la huella y la firma de cada uno de los habilitados para votar; justamente eso es lo que queremos escanear. La idea es que, en algún momento, ese mamotreto ya no exista más, que todo esté informatizado y la Comisión Receptora de Votos trabaje con una computadora. Entonces, hay 1:800.000 casos que debemos introducir en el padrón, registrar y digitar, a lo que hay que agregar el registro de inhabilitados. Por supuesto que todo esto significará un gran trabajo, pero realmente constituye uno de nuestros objetivos.

La semana pasada hicimos la cuenta y advertimos que poner al día todo el registro nos llevaría, aproximadamente, dos años y medio de trabajo. Pensábamos que con el traslado y renovación de las credenciales cívicas y con el dinero solicitado -que lamentablemente luego no se nos concedió- para la próxima elección podíamos tener este sistema en cada mesa receptora de votos y contar con una Corte Electoral del Siglo XXI; pero en fin, tal vez podamos lograrlo para la siguiente.

                Corresponde aclarar que estos objetivos fueron proyectados por la unanimidad de miembros de la Corte Electoral.

                Al llegar esta instancia presupuestal, nos preguntábamos: ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿Todo? ¿Algo? ¿Qué es lo que podría resultar aprobado? En tal sentido, redondeamos números, es decir, los Contadores sumaron y llegaron a determinados resultados. Sin embargo, algunas cosas quedaron por el camino, como es el caso del ticket alimentación para los funcionarios. Verdaderamente, para nosotros, eso es frustrante. ¿Saben por qué? Porque mientras los funcionarios de otros organismos cobran por ese concepto $ 6.000 mensuales, los de la Corte Electoral perciben $ 4.530 anuales; por eso pedíamos $ 3.000 mensuales.  En el día de hoy estábamos dispuestos a pedir $ 1.000 y resignarnos. Sin embargo, ya no vamos a resignarnos. Los pedimos.

                Recuerdo que cuando concurrimos a la Cámara de Representantes con una planilla de sueldos, un señor Representante nacional dijo -como consta en la versión taquigráfica correspondiente-: “¡Qué importa, si igual la Corte Electoral a último momento saca las elecciones!” Claro que saca las elecciones, pero ¿cómo lo hace? Trabajando de lunes a domingo durante doce horas diarias, dejando de lado a la familia e, incluso, afectando la salud. ¡Claro que sacan las elecciones! En mi caso, primero fui funcionaria de la Corte Electoral, luego Diputada y hoy me desempeño como Ministra del Organismo. Entonces, puedo decirlo: ¡claro que se sacan las elecciones! Los del interior hacen toda la tarea; los de Montevideo no tanto porque, al tratarse de una mayor cantidad de funcionarios, se la reparten. Se podrá decir que se saca la tarea porque se da el dinero en el último año. Si bien se va a dar dinero, porque la tarea se necesita, al igual que las horas extras -por extensión horaria- la realidad es que queremos capacitar a nuestros funcionarios desde ahora, porque los registros tienen que estar al día. Dado que la gente se sigue inscribiendo hasta último momento -los uruguayos somos así- necesitamos los registros y la extensión horaria, también hasta último momento.

                Queremos que los señores Senadores entiendan que la Corte Electoral tiene tarea todo el tiempo. Dentro de poco, tendrán lugar las elecciones del Banco de Previsión Social y, el año que viene, las universitarias, entre otras. El Organismo trabaja todo el tiempo y cada vez más intensamente, porque las elecciones son más complicadas. En la pasada elección departamental, por ejemplo, los funcionarios debieron enfrentar una votación de alcaldes y de concejales muy compleja, tanto, que ni los candidatos a estos últimos, ni los Ministros ni los Diputados entendían cómo era; en realidad, ni siquiera entendían cómo la votaron. Y tampoco nosotros entendemos cómo la votamos, francamente.  

                Entonces, cuando uno ve lo que presentamos en la Cámara de Diputados, -y cómo nos escuchaban y nos escuchan- y lo que presentamos acá, los señores Senadores podrán observar que el sueldo del Grado 8 es de $10.586, más la permanencia a la orden; asimismo, un Grado 20, que es el cargo de Director Contador -grado máximo de la Corte Electoral; es un solo Contador para todo el organismo- percibe un sueldo de $ 39.500. Entonces ¡claro que fuimos a la Cámara de Diputados a reclamar! Lo hicimos porque tenemos sueldos sumergidos. Por eso reclamamos muchas cosas en Diputados y ahora venimos al Senado a pedir menos, quizás porque sentíamos que teníamos que reclamar lo que más necesitábamos. ¿Qué es lo que más necesitamos? Poner en orden algo. Cuando digo esto me refiero, por lo menos, a alcanzar la informatización del Registro Electoral, en particular la digitalización del Registro de Inhabilitados.

                Hago todos estos planteos para que nuestros funcionarios sientan que estamos defendiéndolos. Nos referimos a funcionarios especializados; no estamos hablando de cualquier tipo de funcionario. Se trata de los funcionarios que están trabajando, que los proclaman a ustedes, que defienden las elecciones y la democracia y que integran el órgano del cual tanto se habla en momentos electorales.

                También pedíamos la partida por asiduidad y planteamos la cifra de $1.000 en lugar de $1.500 por mes. Podríamos hablar de muchas cosas más. Inclusive, hicimos un comparativo de sueldos. El jefe de Sección de la Corte Electoral gana $ 21.232, en el Poder Judicial gana $ 31.523 y en el Tribunal de Cuentas percibe $ 31.523. ¿Por qué existe esa diferencia de sueldo para igual tarea? A igual tarea, debería haber igual remuneración. El Administrativo I de la Corte Electoral gana $ 17.286 y en el Poder Judicial gana $ 28.936.

                En fin, esas son las cosas que la Corte Electoral vino a reclamar a la Cámara de Representantes y pensó que quizá se podrían reclamar en el Senado, pero sentíamos que no había ambiente para hacerlo. Se nos dijo que ya no había más dinero porque se nos había dado lo suficiente en Diputados, pero veníamos a reclamar ahora al Senado lo que consideramos que es poner en orden la casa. Poner en orden es informatizar un registro que para nosotros es muy importante; poner en orden es que en un futuro las mesas receptoras de votos cuenten con el padrón, la hoja con la foto, la huella digital y la firma del votante.

                Quizá algunos no me escuchen pero, por lo menos, va a quedar la versión taquigráfica, y cuando la lean me podrán entender. Simplemente eso era cuanto quería decir. Ojalá que los funcionarios de la Corte Electoral entiendan que, al menos, defendimos el tiquet de alimentación -aunque en la Cámara de Representantes no se nos concedió- que ahora solicitamos acá. También estamos defendiendo en este ámbito la  extensión horaria, la informatización y la digitalización.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si la Corte Electoral no tiene nada más para comentar y ningún señor Senador va a formular preguntas, damos por terminada la sesión. Agradecemos  mucho el tiempo dispensado y su presentación. Todo esto servirá de insumo para la discusión en Comisión, cuando llegue el momento de votar los artículos.

                (Se levanta la sesión. Es la hora 19 y 19 minutos)

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.