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Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 15 y 27 minutos.)

(Ingresa a Sala la delegación del Plenario de Clubes Sociales Militares.)

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en el marco del tratamiento del Presupuesto quinquenal, tiene el agrado de recibir a la delegación del Plenario de Clubes Sociales Militares, compuesta por el General Ricardo Galarza, los Coroneles Hugo Reboledo, Guillermo Cedrés, Jorge Puente y Carlos Silva, y el Contraalmirante Carlos Magliocca.

                Debo aclarar que cada delegación dispone de quince minutos para realizar su exposición.

SEÑOR GALARZA.- Buenas tardes. Queremos comenzar diciendo que los centros sociales y cooperativas de las Fuerzas Armadas, actuando en plenario, valoran en su justa dimensión esta oportunidad acordada por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado de la República.

                Un aprovechamiento racional del tiempo disponible, tal como ha indicado la señora Presidenta, impone una limitación en el planteamiento de los temas. Básicamente, nos vamos a referir al Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, aunque también mencionaremos algún aspecto de carácter presupuestal.

                Para brindar una explicación a este respecto, solicito a la señora Presidenta que ceda el uso de la palabra al Coronel Aviador Reboledo, Presidente del Club de la  Fuerza Aérea.

SEÑOR REBOLEDO.- Señora Presidenta y señores Senadores integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: es un honor exponer ante ustedes, junto a mis camaradas de las asociaciones civiles que representan al personal superior de las Fuerzas Armadas, en una actitud desconocida hasta hoy, que revela lo trascendente del tema

                El concepto “Hospital Militar y Asilo de Inválidos” nace durante la colonia, perdura en las guerras de la independencia y se consolida con la República. La creación de la Comisión de Caridad y Beneficencia, a fines del Siglo XIX, deja a los militares fuera de la atención de Salud Pública que creaba la Ley Nº 2.059. Por esa razón, en 1888, se crea la Comisión del Hospital Militar y Asilo de Inválidos, que resuelve esa falta iniciando una colecta entre militares. Luego todo esto se reglamenta y, quince años después, permite la construcción y funcionamiento del Hospital, que atenderá solo a los militares hasta el año 1957, momento en que se extiende el derecho a sus familiares. Esa donación es la semilla del actual aporte que, con carácter obligatorio, hacen los militares para financiar el 60% de los gastos y proyectos de Sanidad, lo que, a su vez, da sentido de pertenencia y marca una diferencia importante con los demás efectores de la salud.

                Estos hechos marcan la diferencia que hubo y hay entre la medicina asistencial, comúnmente llamada mutual, y la militar. Durante el siglo XX, esta medicina mantiene diferencias con los otros sistemas de salud públicos y privados; señalamos, principalmente, los bajos costos, que llegan a ser de un tercio menos que los del sistema público y un quinto menos que el policial. Eso se debe a una administración eficiente, cuya eficacia se ha demostrado a través de los emprendimientos llevados a cabo -como, por ejemplo, los trasplantes hepáticos desde 1998, el Banco de Tumores, la Oxigenoterapia, el residenciado, las Escuelas de nurses y enfermería y el Grupo Colaborativo para la detección precoz del cáncer del doctor Sarroca- que lo destacan en el ámbito nacional e internacional. Durante cien años, relevantes médicos de la medicina nacional pasaron por este Hospital y así lo revelan las placas de bronce que los recuerdan en sus salas y servicios. Ellos fueron siempre su principal capital.

Los tiempos cambian y soplan otros vientos que ponen en riesgo la continuidad de una historia llena de sacrificio y dedicación. Hoy sus médicos son el problema, pues se están perdiendo.

                Se trata de un hospital que integra la estructura logística de las Fuerzas Armadas y que, por ello, puede atender a sus usuarios en forma integral, en medicina y odontología, en todo el territorio nacional. Eso es debido a la dependencia del mando militar que hay entre la medicina asistencial y la operacional, cuyo concepto se puede perder si se nombra un Director Civil que hará perder esa estructura de mando y control. A partir de la Administración anterior, con la eliminación de los médicos equiparados por la Ley Nº 18.172 se perdieron 250 vacantes y un recurso altamente eficaz para la contratación de profesionales. Allí se empieza a ver la intención de que el hospital sea cada vez más civil. En cuanto a la pérdida salarial aparejada, se pensó solucionarla con las compensaciones creadas por el artículo 103 de la Ley Nº 18.362, pero no es así, porque se trata con falta de equidad al personal que interviene en los actos médicos; además, los fondos asignados no son suficientes y se han terminado antes de este Ejercicio.

Los médicos que no optaron por el cambio de escalafón y los que generaron un haber de retiro, hoy se fueron; son 31 casos ocurridos durante los últimos dos meses. Algunas vacantes ya se perdieron y eso en el período 2005-2010 representó una disminución de los efectivos médicos y de enfermería de alrededor de 250 y 340 respectivamente, lo que significa un 40% de los respectivos escalafones de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

La Dirección Nacional de Sanidad elevó oportunamente los proyectos de ley que solucionaban este problema mediante un incremento salarial que hiciera atractivo este trabajo. Sin embargo, no fueron considerados, como tampoco lo fue la propuesta central, que significa 250 millones más de los 151 que han sido asignados, representando un 0,87% del actual presupuesto general, lo que satisface las necesidades de médicos y enfermeros para el futuro.

La no aprobación de esto significará la pérdida de 63 profesionales médicos por contrato en diferentes especialidades y técnicas. Así, se verá afectado fundamentalmente el CTI, que se reduce en un 50%, pero también el servicio de cirugía, que queda solo con ocho anestesistas. En un hospital donde se practican más de 130 operaciones al mes, hoy tenemos un atraso de más de 1.000, que se va incrementando. Esas pérdidas, como las de algunas policlínicas, significan un deterioro que puede llevar a interrumpir la asistencia a los usuarios más sumergidos de la sociedad uruguaya, como son los soldados y sus familias, lo que les acarreará un aumento desmedido de los costos si tienen que contratar en el sistema público o privado, con dineros de no se sabe dónde.

                Otra falencia está constituida por la pérdida de presupuesto para el pago de médicos residentes, cuya falta disminuiría en 53 los médicos de diferentes técnicas y especialidades, agravando más la situación planteada. Esto lleva a considerar que, si este Presupuesto se aprueba sin las asignaciones propuestas, tres meses después de su ejecución colapsarán algunas de las funciones del Hospital Militar.

                Esta grave situación fue planteada al propio Presidente de la República, quien se interesó personalmente en el tema y encaminó una posible solución, que fue proyectada por los Ministerios de Defensa Nacional y Salud Pública y publicada en la prensa como “la solución”.

                Sin embargo, ella no sirve por dos sencillas razones. La primera se relaciona con lo siguiente: ¡cómo Sanidad va a vender servicios excedentes, si apenas satisface a sus usuarios!  La segunda es que se debería incrementar la venta en un 13.300%, pues hoy satisface solo al 6% de los dineros necesarios. Esto hace inviable esta propuesta; lo peor es que es la única que hay y no sirve.

                Hay que agregar que en la reunión que mantuvimos el pasado viernes los clubes con el Ministro y sus asesores -entre quienes se encontraba el Dr. Stoll- se reconocieron, entre otras cosas, la dificultad de llevar a cabo este proyecto y la crisis profunda en que se encuentra el Hospital Militar; asimismo, el Ministro Rosadilla comentó que cuando estuvo en esta Comisión, el Senador Penadés le requirió el llamado a concurso para el nuevo Director de Sanidad, frente a lo cual él fundamentó el nombramiento como cargo de particular confianza, por ser así removible en cualquier momento. Pregunto: ¿no es más barato mantener al General?

                Muchas gracias señora Presidenta y distinguidos Senadores.

SEÑOR MAGLIOCCA.-  He venido en mi calidad de Presidente del Club Naval.

                Señora Presidenta y señores Senadores: personalmente es un verdadero honor compartir este tiempo con ustedes y poder expresarme en la forma en que lo voy a hacer.

                El Hospital Militar brinda servicios a más de 160.000 -casi 170.000- usuarios. Si llega a colapsar, señora Presidenta, sería lo mismo que si se quedaran sin asistencia médica, por ejemplo, todo el departamento de Maldonado o todo el departamento de Paysandú más el de Río Negro. Creo que estos conceptos son básicos a efectos de ubicarnos en la magnitud real del problema al que nos estamos enfrentando.

                Sabemos que el señor Ministro de Defensa Nacional estuvo recientemente en este ámbito, trayendo una solución a este gravísimo problema mediante la venta de servicios a ASSE. En el día de hoy pretendemos expresar nuestra posición en contra, porque realmente va a ser inviable llevar eso adelante. En primer lugar, porque, como acaba de decir el Coronel Reboledo, hoy en día el Hospital Militar está al borde de la imposibilidad de asistir a sus propios usuarios, de manera que no se encuentra en condiciones de abrir otros frentes vendiendo servicios a ASSE y, en segundo término, porque la diferencia entre los ingresos personales en Sanidad Militar y en ASSE es tan abismal, que habría que multiplicar por 133 lo que hoy vende el Hospital Militar muy pálidamente como servicios. Eso es irrealizable; además, una modificación de esa magnitud requeriría un cambio desmesurado en los suministros, en la infraestructura y en el propio personal. De manera que es inimaginable adaptar la estructura del Hospital Militar a ese nuevo requerimiento.

                Por otra parte, aun manteniendo la situación actual del personal, es decir, si no se produjesen nuevos alejamientos, se mantuvieran la plantilla y los recursos actuales, y no se generaran mayores trabas de carácter administrativo -como sabemos que el tiempo va a arrojar- tal como estamos hoy solamente se puede vender el 6,3% de los requerimientos que tiene el Hospital a efectos de cubrir la brecha entre los ingresos de nuestro personal o de Sanidad Militar, y los de ASSE. 

                Me parece que no es necesario abundar en estos aspectos para advertir que es absolutamente inviable llevar a la práctica ese tipo de alternativa como solución a los graves problemas del Hospital Militar.

                Ahora, rápidamente -en función del escaso tiempo disponible- me voy a referir al plan que en el pasado mes de mayo la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas presentó al Ministerio de Defensa Nacional.

Concretamente, ese plan constaba de diecisiete artículos, en los cuales se pretendía solucionar definitivamente la problemática de la salud militar de varios departamentos del país. Esa propuesta no fue incorporada al proyecto de Presupuesto y, por lo tanto, ni siquiera llegó a conocimiento de los señores Legisladores. Hoy queremos rescatar, al menos, algunas de esas ideas.

Uno de los diecisiete artículos modifica el artículo 103 de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al año 2008, que establecía casi $ 200:000.000 para cubrir parcialmente la diferencia entre los ingresos en Sanidad Militar y en ASSE. Se sugiere ampliar esos $ 200:000.000 a $ 250:000.000 para cubrir totalmente esa diferencia. Sin ese incremento, será imposible seguir adelante como se ha hecho hasta ahora.

Por otro lado, algunos aspectos a considerar dentro de la propuesta refieren a  exonerar a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas de lo establecido en el inciso primero del artículo 105 del Decreto-Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983. En este último artículo se topean los ingresos y, en el caso de Sanidad Militar, el tope se establece en el 90% de los ingresos que obtiene el Subdirector de Sanidad; estamos hablando de un Coronel en actividad, cuyo salario está en el orden de los $ 42.000. Es así que médicos con determinada trayectoria, al verse topeados, emigran por razones económicas. A su vez, sabemos que más de treinta Incisos del Presupuesto Nacional han solicitado esta exoneración y se les ha concedido. De no ocurrir lo mismo en el caso de Sanidad Militar, la gente con mayor experiencia y capacidad no podrá dar su ejemplo y su escuela a los pasantes, a la gente joven que está llegando, quienes a su vez no gozarán de esa oportunidad y creemos que eso es realmente trágico.

Como decía el Coronel Reboledo, el Hospital Militar cuenta con 64 médicos residentes, que deberían recibir sus salarios de Rentas Generales, Grupo O, Objeto Gastos 011-300. Sin embargo, una disposición ministerial establece que el 64% de esos ingresos deben surgir de fondos de Sanidad, lo que significa otra mengua a los ya escasos recursos de Sanidad. Se trata de evitar esta circunstancia y mantener ese dinero para pagar la diferencia que existe entre ASSE y lo que se paga en Sanidad.

Por otra parte, a fines del pasado mes de marzo, el Decreto Nº 138 estableció que no hay más contratos en la Administración pública. De cumplirse con esa disposición, quedarían cesantes 113 funcionarios  y 50 médicos. Quiere decir que, a partir del 31 de marzo -esta fecha es muy importante- el Hospital no colapsa; empieza a funcionar nada menos que el CTI -cuidados intensivos- pero varias policlínicas van a tener que cerrar, con el agravante de que esa gente va a quedarse sin asistencia y habrá que mandarla afuera, al tiempo que el Hospital tendrá que pagar servicios a terceros, lo que hoy se quiere evitar.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero preguntar si se está hablando de un artículo del Presupuesto o de antes.

SEÑOR MAGLIOCCA.- Señor Senador: este es un artículo que Sanidad propuso al Ministerio y este lo anuló.

SEÑOR MICHELINI.- No me interpretó. Aquí se ha nombrado el 138.

SEÑOR MAGLIOCCA.- Se trata del Decreto N° 138/10.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Podrían acercar el texto de ese Decreto a la Secretaría?

SEÑORA TOPOLANSKY.- Es un decreto general que tiene que ver con los mencionados contratos.

SEÑOR MAGLIOCCA- Por ejemplo, este proyecto presupuestal en Sanidad Militar impide un aumento de más de 600 contratados, entre técnicos, psicólogos, médicos, cirujanos y anestesistas. Se solicitan 600 y nosotros pedimos que, por lo menos, no se aplique este Decreto, señora Presidenta.

                No sé si la aclaración ha sido suficiente.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera poder analizar ese Decreto.

SEÑOR MAGLIOCCA.- Por último, señalo que entre las sugerencias trascendentes está el implementar un mecanismo mediante el cual, de una manera rápida y eficiente, se pueda sustituir a los médicos y funcionarios que, siendo contratados, cesan en sus cargos y emigran. En la actualidad, el reemplazo de un médico contratado demora hasta ocho meses, lo que hace impracticable la vía de la sustitución. Lo que se pretende es que si un funcionario contratado se aleja, se lo pueda sustituir con una razonable premura, tal como está establecido en el artículo 410 de la Ley N° 16.170 que, precisamente, se aplica a ASSE.

                En definitiva, sabemos que los señores Senadores cuentan con poco tiempo y no quiero cargar de datos a la Comisión. De todas formas, señalo que los diecisiete artículos que finalmente se presentaron al Ministerio -insisto en que fueron anulados- significan para el período 2010-2014 el 0,87% del total destinado en este proyecto de  Presupuesto Nacional a atender partidas relacionadas con remuneraciones personales. En definitiva, lo que se solicita soluciona integralmente el problema del Hospital y representa -como dije- nada más que el 0,87% de todo lo que se va a gastar en los cinco años, en la ley de Presupuesto Nacional.

                Muchas gracias, señora Presidenta y señores Senadores por su atención.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Voy a solicitar a los integrantes de la delegación que nos envíen esos diecisiete artículos, porque a nosotros no nos han llegado -debido a que no se incorporaron al Presupuesto- y queremos conocerlos y analizar de qué manera podríamos trabajar con ellos. Se está hablando de algo desconocido para nosotros.

SEÑOR MAGLIOCCA.- Agradezco la inquietud y haremos llegar la información requerida con premura.

SEÑOR GALARZA.- No quiero causar sorpresas, pero debo decir que en la entrevista que mantuvimos el jueves pasado con el señor Ministro Rosadilla, al mencionar este aspecto de los diecisiete artículos o solicitudes -o como se les quiera llamar- formulados por la Dirección Nacional de Sanidad, una doctora que acompañó al Ministro dijo que diez de esos diecisiete planteos no eran prescripciones para ser tenidas en cuenta presupuestalmente. Por lo tanto, las que sí tenían validez presupuestal eran solo siete. De cualquier manera, vamos a remitir la totalidad, pero en el entendido de que diez de las solicitudes no deberían estar contempladas en el Presupuesto.

SEÑORA TOPOLANSKY.- El Poder Legislativo tiene el derecho y la posibilidad de incluir lo que quiera en el Presupuesto. Por mi parte preferiría contar con el panorama de los diecisiete artículos, porque imagino que deben tener una relación entre sí. Nosotros no conocemos el detalle de muchas cosas y tenemos que tomar decisiones.

SEÑOR CEDRÉS.- La doctora González, a la que se refería el Contralmirante, dijo que los diez artículos que no generan gasto no podían ser incluidos en el Presupuesto. Los otros siete sí generan gastos que representan el 0,87%.

SEÑOR PASQUET.- Nosotros escuchamos con mucha atención el planteamiento que acaban de hacer quienes nos visitan, porque somos conscientes de la importancia que tiene el buen funcionamiento del Hospital Militar. La cifra de la gente que atiende anualmente lo dice todo; esto va más allá del interés de un grupo restringido de personas. Si tenemos en cuenta que entre 160.000 y 170.000 personas se atienden en el Hospital Militar, es fácil percibir que estamos ante un problema social de primera magnitud. Cuando vino aquí el señor Ministro de Defensa Nacional se refirió al tema, pero dijo, con mucha sinceridad, que no tenía soluciones para resolver el problema que se genera, como todos sabemos, porque los médicos y otros integrantes del personal del Hospital pueden obtener mejores remuneraciones en otra parte. Sabemos también que vender servicios no es una solución verdadera, que no contempla la realidad del problema y que, por lo tanto, habrá que ver qué podemos hacer en el marco de nuestras posibilidades constitucionales. Como ustedes saben, nosotros no tenemos iniciativa para disponer de gastos, sino que debemos ajustarnos a las iniciativas del Poder Ejecutivo. Dentro de ese marco, nos anima la mejor de las voluntades para buscar una solución total o, por lo menos, parcial a este problema. Por eso, consideraremos con la mayor atención y diligencia esas propuestas que nuestros invitados van a hacer llegar a la   Comisión. De manera que, de nuestra parte, cuenten con el máximo esfuerzo y espíritu de cooperación, porque entendemos lo que significa afectar el funcionamiento de un hospital que atiende a 160.000 ó170.000 personas.

SEÑOR HEBER.- Simplemente quiero hacer una pregunta muy puntual sobre los famosos diecisiete artículos, no sin antes dejar constancia de que coincido en todo con las reflexiones que ha hecho el señor Senador Pasquet en cuanto a la importancia del Hospital Militar. De manera que, para ahorrar tiempo, hago mías sus palabras a este respecto.

Acerca de los diecisiete artículos, no me queda muy claro el asesoramiento del señor Ministro, porque quizás haya diez que no tengan gasto, pero pueden ser de naturaleza presupuestal y podemos acompañarlos. Justamente, como no tienen gasto, es más fácil para nosotros acompañarlos si significan algo importante. Por eso, nos importa ver los textos de todos estos artículos. Quizás alguna de las propuestas no necesite de un artículo y se pueda solucionar por resolución administrativa, pero les agradecería que nos las enviaran, tal como planteó la señora Senadora Topolansky, para estudiar el planteo en su conjunto y, si podemos incluir algo, siempre va a ser mejor que nada, porque hoy ninguno de los diecisiete artículos está contemplado en el Presupuesto.

SEÑOR REBOLEDO.- Quisiera realizar un agregado a las palabras del Coronel Cedrés con respecto a los diecisiete artículos. Cuando tuvimos la entrevista con el señor Ministro, tanto la doctora González como el Ministro Rosadilla dijeron que son artículos sin costo y algunos con costo no eran presupuestales y, por eso, habían quedado afuera. Incluso, se dijo que en esta Administración, a diferencia de otros Gobiernos, se encararon solamente los artículos con carácter presupuestal. Aquellas disposiciones que eran materia de otras leyes quedaron a estudio del Ministerio y, al respecto, se resolverá más adelante. Lo que ocurre es que todos los artículos que presentó la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas están relacionados y contribuyen a ese objetivo.

SEÑOR MAGLIOCCA.- Señora Presidenta: acabamos de encontrar un ejemplar de los famosos diecisiete artículos, de manera que se lo hacemos llegar a la Mesa.

SEÑOR GALARZA.- La delegación considera que el tema de Sanidad Militar habría que darlo por suficientemente discutido. Con la anuencia de la señora Presidenta, el Coronel Puente hará una breve mención a aspectos de remuneraciones presupuestales.

SEÑOR PUENTE.- Soy el Presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas.

                Sabemos de la preocupación de los mandos militares de las tres Fuerzas en lo relativo a sus bajas retribuciones personales.

                Probablemente no sea la mejor técnica de convencimiento la de comparar con otras actividades del Estado, pero a título ilustrativo -creemos que lo es- queremos decir que al final del período encarado con el Presupuesto, el equivalente en el Ministerio del Interior va a ganar aproximadamente el doble que el mismo Personal Subalterno del Ejército que, en el mejor de los casos, a fines de 2014 recibirá una retribución de $ 11.160.

                En lo referente a las jerarquías de Oficiales, desde Alférez a Coronel y equivalentes en las otras Fuerzas, tampoco han sido debidamente contempladas y, en razón de ello, se verifica una situación inusual de pases a retiro.

                Con respecto al servicio que prestará el personal militar en las cárceles, se da la particularidad inexplicable de que controlará al personal policial con retribuciones ostensiblemente inferiores. No se acaba de comprender cuál es el criterio de administración de personal según el cual la función principal se retribuye con menos dinero que la primaria.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos mucho por habernos informado sobre estas reivindicaciones. Las tomaremos en cuenta en la discusión a la hora de considerar los artículos.

 

(Se retira de Sala la delegación del Plenario de Clubes Sociales Militares.)

 

(Ingresan a Sala representantes de la Asociación Internacional de Discapacitados Visuales de Rivera.)

 

-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene mucho gusto en recibir, en la tarde de hoy, a la Asociación Internacional de Discapacitados Visuales de Rivera.

SEÑORA COLA GARCÍA.- Soy docente y he vivido en Rivera gran parte de mi vida. Además, pertenezco al Club de Leones Rivera Chico y en el año 1990 fundamos la  Asociación Internacional de Discapacitados Visuales de Rivera. Una persona ciega que vivía en nuestro departamento había tenido la posibilidad de rehabilitarse en Estados Unidos y se acercó a nuestro Club de Leones para pedirnos que hiciéramos algo por los discapacitados visuales que no tenían ninguna atención, salvo la oftalmológica, y así fue que creamos esta Asociación que, con mucho trabajo y esfuerzo, ha ido obteniendo diferentes logros.

                Al principio contamos con la colaboración de algunos profesores de la ciudad vecina de Livramento -porque en la frontera vivimos de manera intercomunicada- y comenzaron a brindarse, por ejemplo, clases de Braille. Primero se reclutó a las personas discapacitadas, lo que es muy difícil, porque hasta el día de hoy -los compañeros podrán explicar la situación mejor que yo- no es fácil encontrar a la gente y convencerla de que, con métodos adecuados y personas capacitadas que les enseñen, tiene posibilidades de hacer prácticamente las mismas cosas que antes.                

                El número de personas discapacitadas ha ido aumentando porque, justamente, hemos salido a la comunidad y los compañeros han visitado, con mucho esfuerzo, localidades del interior, han localizado a las personas discapacitadas visuales y les hemos brindando algunos servicios. De todos modos, las carencias son importantes y por eso hemos hecho esta solicitud económica.

SEÑOR TECHERA.- Soy el Presidente de la Asociación de Ciegos Internacional. El motivo de nuestra visita es que los señores Senadores conozcan nuestra situación. La Asociación tiene profesores de Braille, de movimiento de bastones y de computación hablada, pero no cuenta con medios como para pagar a otros profesores. Son  necesarios todo tipo de materiales y de bastones, que cuestan $ 450 cada uno, y eso para nosotros es mucho si tenemos en cuenta lo que ganamos. Queremos tener muchas cosas, pero no lo podemos lograr. Hemos hecho esfuerzos, caminamos mucho visitando pueblitos y buscando personas ciegas y de baja visión, que viven en un ranchito o en una casa sin poder salir porque no tienen bastón o no pueden caminar por no saber administrarlo. Si a estas personas les preguntamos por qué no salen, nos contestan que no tienen cómo hacerlo, y nosotros no podemos darles un bastón.

                Queremos que los ciegos y las personas con baja visión anden en la calle, que aprendan Braille, que aprendan computación -principalmente, los más jóvenes- para que en el día de mañana tengan un futuro y puedan desenvolverse dentro la sociedad, no desde un lugar apartado, sino junto a ella, porque para algo aprendemos todo lo que aprendemos.

SEÑOR LIMA.- Buenas tardes. Como integrante de la Asociación Internacional de Discapacitados Visuales de Rivera, quiero agradecer a los señores Senadores que nos hayan recibido para poder expresarles nuestras necesidades.

                Quisiera agregar algo a lo que dijo nuestro compañero. Para nosotros lo más imperioso en este momento es conseguir una fuente laboral. Con la edad que tenemos y lo que sabemos hacer -tanto yo como quienes me acompañan y los compañeros discapacitados que quedaron allá- no se nos brindan oportunidades para trabajar. El Gobierno nos paga una pensión por discapacidad -a otros les paga su jubilación- pero, como se sabe, es muy baja. Sin embargo, nos tenemos que arreglar con lo que cobramos y por eso allá, en el norte, estamos saliendo a todas partes, tratando de localizar personas discapacitadas visuales, a efectos de interiorizarnos de su situación.

                Hoy vinimos con la esperanza de obtener una ayuda del Gobierno, de que sus representantes nos escuchen; vinimos a pedir a las personas que están capacitadas que oigan nuestros reclamos y los hagan llegar donde sea necesario. Nosotros precisamos esos elementos para poder trabajar, inclusive, para ayudar a niños discapacitados visuales y con baja visión. En nuestro departamento tenemos una población de aproximadamente mil personas con discapacidad visual, de las cuales no todas son totalmente ciegas; la mayoría tenemos baja visión y usamos bastón verde, en lugar del blanco que es utilizado por personas totalmente ciegas. Hace muy pocos días que se ha implementado esta medida -me refiero al tipo de bastón- en el Uruguay; en Montevideo ya se ha hecho mucha propaganda y se ha empezado a hacer en todo el interior. Necesitamos colaboración porque, como ya dijimos, nuestros rubros son muy escasos. Vinimos a esta Comisión para pedirles que, en la medida de lo posible, nos den una mano, por lo menos en lo que tiene que ver con el proyecto de rehabilitación que les hemos entregado. Muchas personas ciegas somos muy capaces, podemos trabajar, pero no se nos da la oportunidad de hacerlo; somos discriminados y tirados hacia el costado. En el interior tenemos menores posibilidades de llegar hasta aquí; si viviéramos en Montevideo, quizás sería distinto porque aquí está la asociación madre de la nuestra, que también tiene problemas y no sé cómo los maneja.

Nosotros hemos venido, como quien dice, a pedir auxilio para que quienes integramos la Asociación Internacional de Discapacitados Visuales de Rivera -tanto personas ciegas como con baja visión- podamos estar presentes en todos los lugares, independizarnos y trabajar, inclusive, haciendo algún taller productivo, algo que nos dé la posibilidad de trabajar con las demás personas discapacitadas.

                Solo nos resta agradecer a los señores Senadores por darnos esta gran oportunidad y esperamos que lleguen a una resolución que nos sea favorable.

SEÑORA COLA GARCÍA.- Quisiera agregar que, a nivel de Educación Primaria, contamos con un aula de niños discapacitados visuales que funciona en la Escuela  Pública Nº 1 de Rivera,  pero, a nivel de Educación Secundaria, en este momento no hay nadie que concurra al liceo; es posible que haya alguna persona, pero no lo creo porque las conocemos a todas. Por lo tanto, otra necesidad que tiene nuestra población es que los jóvenes con discapacidad visual puedan continuar sus estudios en UTU o en el liceo y para eso se necesita, fundamentalmente, apoyo económico.

SEÑOR HEBER.-  Quiero destacar el traslado de 500 kilómetros que tuvo que hacer esta delegación para hablar con nosotros, esfuerzo que valoramos. Personalmente, tengo notorias vinculaciones con el departamento de Rivera y conozco muy bien a la señora docente, a la Asociación y el trabajo que realizan.

Si bien no puedo hablar en nombre de la Comisión, me parece que se puede encontrar una solución en el Presupuesto para que obtengan la cifra de $ 100.000 que solicitan. Digo esto para que puedan volver a Rivera con la sensación de que valió la pena venir hasta acá. En comparación con las delegaciones que hemos recibido, que piden millones de pesos, este pedido es modesto y es el primer paso para que una Asociación, que trabaja bien, se vaya agrandando en el futuro; espero que así sea y que siga cumpliendo con esta función social.

Insisto en que no creo que estemos lejos de conseguir $ 100.000 para ayudarlos pero, obviamente, eso lo estudiaremos después con los demás señores Senadores integrantes de la Comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos mucho su visita y tomaremos en cuenta lo que nos han informado a la hora de discutir los artículos correspondientes. 

 

(Se retiran de Sala los representantes de la

Asociación Internacional de Discapacitados Visuales de Rivera.)

 

 (Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay.)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en su análisis del proyecto de ley de Presupuesto quinquenal, tiene el agrado de recibir a la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay, integrada por los escribanos Rosario Fernández Rubilar, Guillermo Maddalena, Susana De Feo y Eric Longobardo.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- En primer lugar, en nombre de la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay, queremos agradecer a la Comisión por habernos recibido para que podamos hacer nuestro planteo.

                La Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay está integrada por profesionales abogados y escribanos, quienes realizamos una tarea técnica. Trabajamos en los juzgados estudiando títulos y, además, muchos de nosotros preparamos los decretos para los jueces, libramos órdenes de pago y firmamos oficios y cedulones.

                Nuestro régimen de trabajo, tanto para los escribanos como para los abogados, puede ser de dedicación absoluta, que también se llama full time, o permanente, que también se denomina part time. La diferencia entre ambos es que el que está en régimen de part time puede ejercer libremente su profesión.

                Nosotros venimos a proponer la inclusión de una norma a fin de que seamos tratados de la misma manera que los Defensores de Oficio. Hoy por hoy, un Actuario part time gana el 60% de uno full time, pero queremos percibir lo mismo que los Defensores de Oficio, es decir el 75%. Esta propuesta estará financiada con la partida de dedicación total, que está dentro de la dotación presupuestal que tiene asignado el Poder Judicial. Nosotros somos un total de 400 actuarios dentro del Poder Judicial y solo 60 estamos en régimen de part time; de esta forma, el día que optemos por convertirnos al full time ya tendremos el dinero. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra propuesta  es de costo cero.

                Con respecto al trabajo que lleva a cabo en la oficina un actuario part time y uno full time, debo decir que tenemos la misma carga horaria y las mismas responsabilidades. La única diferencia es que unos pueden ejercer la profesión y los otros no.          

                Trajimos algunas planillas en la que figuran los sueldos de los dos tipos de actuarios y queremos hacer una comparación con los funcionarios administrativos. El grado más alto de funcionario administrativo, es decir el que está en la culminación de su carrera, que es el cargo de Alguacil, está ganando $ 800 más que el cargo más alto de los Actuarios en régimen de part time, que es el de Actuario Titular. A su vez, el Alguacil gana $ 2.500 más que el Actuario en régimen de part time con grado de Adjunto.  Por  lo tanto, jerárquicamente, en ambos casos, quienes están en la oficina por debajo de los Actuarios ganan más.

                Cuando la Suprema Corte de Justicia concurrió a esta Comisión se le planteó el problema y, en principio, se negó esgrimiendo argumentos que no compartimos. Ellos aludieron a la tarea encomendada, pero en realidad los dos tipos de Actuarios, part time o full time, hacen exactamente lo mismo, tienen la misma carga horaria y la misma responsabilidad. 

SEÑOR MADDALENA.-  Cabe agregar que, en función de lo que estaba diciendo la colega, se da un hecho insólito: funcionarios administrativos, sin responsabilidad profesional, están ganando más que los Directores de la oficina y los Actuarios, quienes tenemos que cumplir con la particularidad de ser profesionales universitarios para desempeñar nuestra función. Además de la tarea de jefes de oficina y jefes técnicos en cuanto a los decretos, tenemos la responsabilidad de ser jefes administrativos contables de la oficina -porque toda la parte de liquidación del juzgado es nuestra- y jefes de personal.

                Reitero que es insólito que el funcionario administrativo, que está por debajo y ni siquiera tiene la obligación de ser profesional universitario -es más; algunos solo cuentan con formación liceal, dicho esto sin desmerecer- gane más que los Actuarios y los jefes de oficina. Creo que esa es una de las mayores iniquidades que se está dando en este momento.

                Por otra parte, el hecho de ser part time o full time no implica carga horaria. Nosotros, que somos titulares de la oficina con cargos de Actuario Titular, en los hechos, si debemos quedarnos fuera del horario de oficina, tenemos que hacerlo, es una exigencia y no existe impedimento para ello. Nadie nos pregunta si somos part time o  full time. Incluso, los Actuarios Penales siguen trabajando en la cola de Turnos y demás.

                En definitiva, considero que sería una forma de ir eliminando una serie de iniquidades que no tienen razón de ser.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Hay algo que no logro entender. ¿La diferencia entre el part time y el full time es la disponibilidad? De lo contrario, no tendría sentido la existencia de dos categorías.

SEÑOR MADDALENA.- No debemos olvidar que en el Poder Judicial rige la prohibición constitucional de ejercer la profesión y, por lo tanto, necesariamente los abogados deben ser full time. En cambio, como los escribanos pueden tener otro tipo de actividades fuera del juzgado, más allá de que tienen el impedimento de tramitar expedientes judiciales o intervenir en actividades judiciales, pueden ejercer en forma particular.

SEÑOR TAJAM.- Según se ha dicho, esta propuesta no tiene costo alguno para las arcas del Estado, ya que el crédito del Poder Judicial comprende a todos los profesionales. ¿Se trata de una redistribución interna del mismo crédito?

SEÑORA LONGOBARDO.- Se trata de una readecuación de la partida ya existente para todos los Actuarios. Como la Suprema Corte de Justicia parte de la base de que todos tenemos la eventual opción de pasarnos al régimen de full time, la partida ya está asignada y de allí se sacaría este porcentaje.

                En definitiva, no pedimos dinero, ni que las partidas de la Suprema Corte de Justicia se redistribuyan de una manera distinta, simplemente solicitamos su readecuación para contemplar una distribución dentro de nuestro propio gremio. De hecho, con esta solicitud no se afectan  beneficios adquiridos por ninguno de los otros escalafones.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- Actualmente, el Poder Judicial no nos está brindando capacitación, es decir que quienes ejercemos libremente la profesión, la tenemos por el constante día a día, porque las leyes que se han ido aprobando nos obligan a estar actualizados, al igual que los cambios en el IRPF, en el ITP y demás. Esa carga, obviamente, la volcamos cuando somos actores de un Juzgado Civil en el estudio de una hipoteca, de un remate o de una escrituración judicial. Incluso, sabemos -porque nos lo ha dicho nuestro Presidente, el escribano Andrés Passeggi- que hablando de manera informal con distintos miembros de la Suprema Corte de Justicia le han dicho que prefieren un actuario part time porque está más informado, más actualizado y es una persona a la que pueden recurrir en un momento de duda para que los asesore en determinado tema, porque saben que lo hacen con mucho más peso que aquel que desde el día en que se recibió se dedicó a trabajar únicamente dentro del juzgado y no se ha capacitado.

Por otro lado, queríamos dejar en claro que lo que estamos haciendo no es una innovación a nivel presupuestal dentro del Inciso 16 “Poder Judicial”, porque ya existe para el escalafón profesional de los Defensores de Oficio. Es una ley del año 1992 que citamos en nuestro memorando, donde incluso figura su articulado. El único cambio que este ha sufrido hasta el día de hoy -que figura en letra cursiva- es el artículo 26 de la Ley Nº 17.707 que derogó en parte el artículo 311 de la Ley Nº 16.226 con respecto a que aquellos Defensores de Oficio que tenían más de 25 años de antigüedad ejercían su profesión, pero ganaban como full time. Esa parte del artículo quedó derogada y nosotros lo aclaramos en el memo, pero el artículo en sí mismo -que es una ley del año 1990 o 1992- sigue vigente en su totalidad. Por lo tanto, solicitamos el mismo tratamiento que existe para otros profesionales dentro de nuestro Inciso. Es de destacar -como ya lo argumentamos- que esto tendría un costo cero, porque el dinero de este aumento estaría solventado con la partida de dedicación total que está allí quieta, esperando por si algún día, alguno de los 60 Actuarios que quedamos en régimen de part time decidiéramos optar por el full time.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la visita de los representantes de la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay y la exposición que han realizado. Vamos a tener en cuenta la información brindada a la hora de discutir en Comisión los artículos correspondientes al Inciso.

                Muchas gracias.

 

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay.)

 

(Ocupa la  Presidencia la señora Senadora Topolansky.)

 

(Ingresa a Sala la delegación de los Trabajadores Contratados a Término, Contratados en la Función Pública y Unipersonales de Limpieza de ANTEL)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Damos la bienvenida a la delegación de los Trabajadores Contratados a Término, Contratados en la Función Pública y Unipersonales de Limpieza de ANTEL y les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR MOLINA.- Buenas tardes para todos, estoy aquí como Presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones. Queremos agradecer el tiempo que se nos ha adjudicado para dar a conocer una situación irregular que se está dando desde hace bastante tiempo y que por diferentes motivos no se ha podido regularizar.

                En la actualidad, hay 470 compañeros que tienen contrato de función pública, que comenzaron su labor por el sistema de becas, pasantías y otro tipo de contratos existentes en ANTEL. Cabe recordar que en 2006, en las paritarias, quienes estaban sujetos a estos sistemas pasaron a función pública y la única empresa que sigue manteniendo esta irregularidad desde el punto de vista laboral, por no regularizar estas becas y pasantías, es ANTEL. Fue así que no pudimos lograr de ninguna forma la buena voluntad del Directorio anterior para solucionar la situación de estos 470 compañeros y que estos pudieran pasar a ser presupuestados.

                Por otro lado, existen 1.570 compañeros contratados a término, sujetos a diferentes situaciones. Parte de ellos ingresaron como consecuencia de la tercerización de mano de obra, es decir, eran parte del suministro de personal que hacían las empresas. Luego, el sindicato y ANTEL llegaron a un acuerdo para que se comenzara a transitar el camino del llamado a concurso para intentar regularizar este sistema laboral y pasar a uno mejor. De esta forma, se generó la posibilidad de acceder a un contrato a término, como forma de terminar con la tercerización de la mano de obra. Luego, se hicieron llamados externos para proveer personal a la Administración, pero lo que nosotros destacamos es que estas personas que ingresaron desarrollan tareas permanentes y no a término. Si ANTEL se quedara sin esta cantidad de compañeros contratados a término o estos pasaran a un régimen laboral distinto y no se regularizara su situación, se correría el riesgo de que la empresa no pudiera brindar sus servicios, ya que cuenta con ellos. Este personal fue capacitado para desempeñarse en todas las áreas donde están cumpliendo sus funciones, tanto en la parte operativa como en la comercial.

                Por otro lado, también está la situación de alrededor de 40 compañeras que están bajo el régimen de empresa unipersonal de limpieza, que son quienes realizaban la limpieza de las centrales telefónicas del interior del país. Cabe mencionar que el  Directorio anterior hizo una licitación para que empresas grandes suministraran personal de limpieza en el interior del país. Ante esto, las compañeras que mencioné no pudieron presentarse, dado que las características del pliego las superaban desde todo punto de vista. Lo único que pudimos acordar con el Directorio anterior fue que estas trabajadoras pasaran a un régimen de unipersonales de limpieza y no se llamara a licitación mientras ellas estuvieran en el cargo. A su vez, contamos con un informe del BPS que establece que su trabajo está vinculado directamente a ANTEL y, por lo tanto, esta situación tiene que regularizarse de alguna forma.

                Quiero mencionar algo para que los señores Senadores lo tengan claro y se pueda trasladar al Directorio de ANTEL. En ningún momento estamos diciendo que la limpieza de las centrales deba ser tomada como una tarea de la Administración, sino que simplemente pedimos la regularización de la situación de estas 40 compañeras. Queremos que esto quede claro porque este tema generó un conflicto muy grande con el Directorio de Carvalho, ya que no se entendió que no estábamos planteando que la tarea era algo propio de la Administración, sino que buscábamos la regularización de la situación de las compañeras contratadas por ANTEL.

                Finalmente, además de las situaciones de los compañeros que solicitamos sean contempladas porque la empresa también los necesita, nos interesa mencionar que en la  Administración todavía queda personal tercerizado, que fue contratado en el interior por la libertad que tienen allí los gerentes de las diferentes áreas o dependencias para hacerlo a través de las suministradoras. Si bien no es un número muy grande, sabemos que aproximadamente cien compañeros están en esta situación, es decir, que ingresaron por medio de las suministradoras de mano de obra, por lo que ANTEL debería asumir la responsabilidad de terminar con estas tercerizaciones y tomar al personal en forma directa. Lo estamos pidiendo porque estos trabajadores han sido capacitados por ANTEL y, si se termina el contrato, se corre el riesgo de que terminen trabajando para la competencia, lo que afectaría seriamente a la empresa, teniendo en cuenta el marco de competencia en el que se encuentra.

 Creo que es bueno que se sepa que el Directorio de ANTEL está en conocimiento de esto, que en forma separada nos ha planteado que existe un acercamiento en las propuestas y entiende la situación que estamos reclamando. Consideramos que corresponde que los señores Senadores sepan que, aparentemente, el Directorio de la empresa estaría haciendo gestiones para encontrar algún tipo de solución a esta problemática. Sin embargo, creímos necesario que esta Comisión  tomara conocimiento de esto para analizar la posibilidad de que en este Presupuesto se tome en cuenta este planteo y se regularice esta situación, tal como se hizo con los trabajadores del Banco República y el Banco Central.

Consideramos que el planteo es justo para que se pueda terminar con esta situación que, de alguna manera, también afecta a ANTEL. No queremos que eso suceda a nivel laboral, teniendo en cuenta el rol histórico que tienen que jugar las telecomunicaciones en este país. 

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si ningún señor Senador desea plantear preguntas, desde la  Mesa me permito realizar la siguiente consulta. ¿El universo de los funcionarios para los cuales piden una regularización es de 2080, más los 100 que están tercerizados?

SEÑOR  MOLINA.-  Sí, señora Presidenta, más o menos alcanza a ese número.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión agradece la presencia y los planteos formulados por la delegación de SUTEL, que será tenida en cuenta cuando analicemos los artículos correspondientes.

 

(Se retira de Sala la delegación de los Trabajadores Contratados a Término, Contratados en la Función Pública y Unipersonales de Limpieza de ANTEL.)

 

(Ingresa a Sala una delegación de la Institución Teatral El Galpón.)

 

-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gusto de recibir a una delegación de la Institución Teatral El Galpón y les cede el uso de la palabra.

SEÑORA ESCUDER.- Soy la Secretaria General de la Institución Teatral El Galpón y agradezco haber sido recibida por esta Comisión. Me acompañan la actriz y actual Secretaria de Finanzas, Solange Tenreiro, y el actor y Director, actual Secretario de la  Comisión Artística, Dardo Delgado.

                Estamos aquí en representación de 42 integrantes y 3 aspirantes. El propósito de este pedido de audiencia es plantear la posibilidad de que nuestra Institución sea contemplada en el próximo Presupuesto de nuestro país. En relación con ello, haremos algunas consideraciones.

                Como ya lo expresamos en el pedido de audiencia, no abundaremos en la prolífica historia de la institución, en el entendido de que es bastante conocida por haber cumplido 61 años de contribución a la cultura nacional desde su posición de teatro independiente, constantemente apoyada en los principios de la  Federación Uruguaya de Teatros Independientes, de llevar a cabo un teatro de arte, independiente y popular.

                En el orden de lo artístico, ha sido renovador en diferentes épocas de su existencia y en el de lo social, ha llevado al teatro a la mayor cantidad de público posible. Esto explica la construcción de las tres salas con que cuenta actualmente, donde no solo se expresan los integrantes de la institución, sino que da cabida al trabajo de otros artistas. La disposición y tamaño de cada una de ellas, se adecuan a las diversas propuestas artísticas que han devenido con los tiempos, razón inherente desde la  creatividad.  Sin embargo, El Galpón no ha quedado encerrado en un edificio en ningún momento de su historia y desde sus orígenes consideró llevar el arte teatral a diferentes barrios, al interior, al exterior, etcétera, en una extensión continua y sostenida de su actividad que lo involucró desde siempre con los temas sociales, de inclusión de las mayorías, arribando al día de hoy a una magnitud tal que es única en nuestro país.

En estos veinticinco años de democracia creció artística e institucionalmente, creando diferentes formas de relación con su público, basada constantemente  en los esfuerzos de sus integrantes y artistas para lograr el acceso a la cultura de los más desposeídos, aun a costa de sacrificios personales, lo que significa modestas retribuciones económicas que apenas cubren los gastos de asistencia a ensayos y funciones, y a veces ni siquiera eso.

                Durante estos sesenta y un años, nunca ha recibido subvenciones o apoyos permanentes, ya sea públicos o privados, lo que lo llevó a convertirse en gestor de diferentes maneras de solventar los gastos que ocasiona su propia existencia; por ejemplo, a través del apoyo de socios, de la tarjeta de Socio Espectacular, de convenios con diferentes organismos públicos y privados, pero siempre a cambio de servicios.

                Un capítulo especial es la extensión a los niños y los adolescentes, así como la extensión a todo el país con el propósito de llevar el arte a las mayorías y formar nuevos públicos con miras al futuro. Ha habido una decisión sostenida respecto a una entrada accesible a un promedio de $ 35, sumado a un ingreso gratuito para los menos pudientes, entendiendo como imprescindible llegar a organismos como el INAU y otras Organizaciones no gubernamentales de apoyo a la infancia y la adolescencia. Sobre este tema se adjunta un informe en los memorandos entregados.

                A nivel internacional es reconocido, de hecho, como una especie de embajador cultural de nuestro país, no solo por el exilio obligado ocurrido durante la dictadura cívico-militar, sino también por su calidad artística. Desde tiempos anteriores y hasta el día de hoy tuvo el honor de ser invitado a innumerables festivales y ha recibido premios por sus obras y por su trayectoria.

                Decíamos que las dimensiones a las que ha llegado lo ubican como único en nuestro país y su permanencia en el tiempo también lo vuelve una excepción en América Latina, solo explicable por el trabajo y el apoyo brindados por varias generaciones de uruguayos.

Actualmente, su estabilidad se ve amenazada seriamente por los altos costos de mantenimiento mensual -luz, teléfonos, agua, etcétera- así como el mantenimiento de su edificio, ambas condiciones directamente relacionadas con dar el mejor servicio al público. Para cumplir con ello necesita profesionales, no solo artísticos sino técnicos; por ejemplo, sonidistas, maquinistas, iluminadores, boleteros, empleados de limpieza, de atención al público, administrativos, etcétera. En conclusión, treinta y cuatro familias dependen de los integrantes de esta Institución como una pequeña fábrica, una pequeña fábrica de sueños, podríamos agregar.

Los teatros que han llegado a este nivel de actividad en el resto del mundo están amparados o subvencionados por el Estado o por fundaciones privadas, según las peculiaridades de cada país. Toda la historia de El Galpón está sustentada en una fuerte vocación de servicio a la comunidad y sus integrantes nunca se conforman con lo logrado; siempre hay una meta más allá. Esa condición de mirar hacia el futuro es el motor de la labor. Sería lamentable que todo lo logrado decayera o desapareciera, puesto que la acción teatral en el quehacer cultural es un servicio imprescindible para la comunidad, lo que la eleva a rango de servicio público.       

Esta presentación tiene forma de carta, termina diciendo que saludamos con nuestra mayor consideración y la firman quien habla, Graciela Escuder, Secretaria General; la señora Solange Tenreiro, Secretaria de Finanzas, y el señor Dardo Delgado, Secretario Artístico. Lo hicimos así a fin de utilizar el tiempo disponible de la mejor manera posible.

Muchas gracias.

SEÑOR TAJAM.- Ustedes agregaron un pequeño balance de ingresos y egresos, lo que da un déficit mensual de $ 481.000. Dado que no hay un pedido especial, supongo que se están remitiendo a esa cifra.

SEÑORA TENREIRO.- Se trata de un promedio del presupuesto mensual que refleja lo que nos está sucediendo, que es lo que acaba de mencionar la Secretaria General. Nosotros pretendemos hacer un pedido expreso, pero sí queríamos plantear nuestra situación.

SEÑOR DELGADO.- De todas las actividades que ha emprendido el teatro El Galpón en estos sesenta años, podemos destacar la de extensión sociocultural que estamos desarrollando desde hace veinticinco años. Nuestra aspiración es que este teatro llegue a los niños y a los adolescentes, y que el público en general no sea solo el de Montevideo, sino de todo el país.

En el caso de la niñez y la adolescencia, hacemos una división en franjas etarias. De esta manera, nuestros espectáculos contemplan las distintas necesidades de los niños, lo que implica tres aspectos muy importantes. Uno de ellos, es que el equipo que selecciona las obras está compuesto por artistas, docentes y sicólogos con experiencia en la realización de teatro nacional de autores nacionales, o sea, la idea es incentivar la identidad nacional. Todos sabemos que en general los medios de comunicación masivos, para llegar a las masas, tienen que limitar su vocabulario, pero eso redunda en una gran pérdida en el nivel del lenguaje, a pesar de que es tan importante para la relación humana. Por eso, tratamos de que la temática de nuestras obras tienda a reforzar la identidad nacional, a cuidar la fonética y la forma de expresión, todo lo cual contribuye de una manera muy importante con nuestra sociedad.

En lo que refiere a los espectáculos para adolescentes, además del teatro nacional y de la identidad nacional, tratamos de confeccionar un programa con grandes obras del teatro universal, porque además sabemos que luego son utilizadas por los maestros y los profesores.

                Los niños viven la experiencia social y colectiva de estar en una platea con cuatrocientos o quinientos niños, viendo un espectáculo accesible e, incluso, a veces hasta pueden plantear sus interrogantes a los actores en el intercambio que se realiza después de la función, o a sus maestras en el ámbito de la escuela. Por otra parte, el maestro y el profesor tienen la posibilidad de ver con anterioridad el espectáculo, de manera de poder determinar si la temática les servirá para trabajar en clase. En general,  hemos acertado en la selección de las obras, porque desde hace tiempo el apoyo y el reconocimiento a nuestro trabajo por parte de Educación Primaria y Secundaria han sido muy importantes.

                Voy a dar solamente dos cifras. En los últimos veinticinco años han pasado por el teatro El Galpón un millón y medio de niños, y en promedio treinta mil adolescentes por año. Esto significa que varias generaciones de uruguayos -que antes fueron “uruguayitos”- han podido vivir esta experiencia estética y, como otra de las ventajas, el desarrollar su sentido crítico frente a un hecho concreto.

A todo lo que hemos dicho debemos agregar nuestra preocupación por el interior del país. Hemos recorrido todos los departamentos del interior, inclusive en los últimos tres años fuimos a localidades muy pequeñas que nunca habían recibido ningún tipo de teatro y donde logramos integrar socialmente a la escuela, a los padres y a los vecinos.

                Este es el sueño que queremos defender y, por esta razón, hemos venido a la Comisión a hacer esta solicitud.

                Muchas gracias.

SEÑORA TENREIRO.- La actividad que desarrollamos con los escolares y los liceales representa $ 7 por entrada. Como los señores Senadores sabrán, el valor normal de las entradas al teatro oscila entre $ 150 y $ 250, es decir que, prácticamente, estamos subvencionando esta actividad. Esta situación no es nueva, sino que ocurre desde hace años, pero ya no podemos seguir manteniéndola.

                Quisiera hacer otro agregado. Cuando nosotros hacemos referencia a los sueldos y remuneraciones, estamos hablando del personal técnico y administrativo que forma parte de la infraestructura del teatro, pero no precisamente de los actores y directores.  Para que los señores Senadores tengan una idea, les comentamos que los actores cobramos $ 100 por ensayo y $ 300 por función. Eso es así solo cuando cobramos porque, en realidad, lamentablemente ya hace un año y medio que no percibimos esa remuneración.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la información que nos han brindado y les adelantamos que en el momento de considerar el artículo correspondiente a las subvenciones tendremos en cuenta su planteo.

SEÑORA TENREIRO.- Los agradecidos somos nosotros, señora Presidenta.

 

(Se retira de Sala la delegación de la Institución Teatral El Galpón.)

 

(Ingresan a Sala los representantes de la Intergremial de las Artes Escénicas.)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la visita de la delegación representante de la Intergremial de las Artes Escénicas, a quienes informamos que disponen de 15 minutos para hacer su exposición.

SEÑOR VENEZIANI.-  En mi calidad de Vicepresidente de la Asociación de Danza del Uruguay -ADDU- e integrante del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales -CONAEF- que gestiona los fondos otorgados según lo establecido en los artículos 235 a 250 relativos al patrocinio cultural, contenidos en la Ley de Presupuesto  Nº 17.930.

Justamente, ese es el tema por el que solicitamos audiencia a los señores Senadores, pues nos interesa plantear algunas modificaciones -que vamos a entregar por escrito- sobre la propuesta que hace el Poder Ejecutivo en el sentido de cambiar la integración y la manera de seleccionar a los Consejeros del Consejo Nacional de Evaluación. 

                Nuestras modificaciones se basan principalmente en unos pocos puntos, porque la propuesta de cambios que hace el Poder Ejecutivo es muy poca, ya que se trata de cuestiones de matices y no de fondo, sobre todo vinculados a la selección de los integrantes. Este Consejo se integra con representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso de Intendentes y cinco  representantes de las actividades artísticas, ya que el cine tiene su propio Instituto. En la versión de la Ley de Presupuesto Nº 17.930, que data del año 2005, estaban integradas las Artes Visuales. En este momento, ello ya no es necesario; es más, de hecho no están asistiendo al CONAEF porque, como dije antes, tienen su propio Instituto. Tal como mencioné, el Consejo se integrará con cinco representantes de las actividades artísticas y se agregaría la presencia de cinco integrantes por las organizaciones empresariales; esta es una de las novedades de esta propuesta.

                Queremos hacer notar que hay una diferencia de criterio entre la propuesta de modificación y el planteo de mantener las disposiciones vigentes, por cuanto la modificación supone que los cinco Consejeros representantes de la actividad empresarial serían designados por las Cámaras Empresariales, mientras que el decreto reglamentario implica que los representantes de las actividades artísticas serán elegidos por el Poder Ejecutivo de una terna que le elevan las organizaciones más representativas del sector.

En consecuencia, hay una dualidad de criterios. Si los representantes de la actividad empresarial son designados directamente por las Cámaras empresariales, ¿por qué los representantes de los trabajadores del arte deben ser propuestos en una terna por las gremiales y, de esa terna, el Poder Ejecutivo selecciona uno? Es obvio que esto hará que después se complique la representatividad y la posibilidad, incluso, de modificar esa integración.

                Pensamos que se debe usar el mismo criterio, tanto para los empresarios como para los trabajadores. Repito que si las Cámaras empresariales designan a sus integrantes, las organizaciones gremiales de los trabajadores deberían hacer lo propio, lo cual sería muy interesante.

SEÑOR NAVATTA.- Soy el Presidente de la Asociación Uruguaya de Músicos, AUDEM. El compañero Veneziani prácticamente ha explicado todos los temas que veníamos a plantear. Tal vez podríamos referirnos a la Mesa Ejecutiva,  tema en el que  estamos de acuerdo. En realidad,  la Mesa ya existe; la necesidad llevó a que se hiciera un poco más reducida, por razones de ejecutividad. Compartimos ese punto, pero tenemos matices en cuanto a las decisiones que se toman. Nosotros estamos de acuerdo con que se integre esta Mesa Ejecutiva, que va a tener poder de resolución, sin que se pierda esa condición que tenía el Consejo, que además era representativo de todas las partes. En ese sentido, el Consejo pasaría a ser solamente consultivo cuando antes tenía poderes resolutivos. Por lo tanto, la resolución quedaría acotada a una Mesa Ejecutiva de menor representatividad.

                Este aspecto es importante para los artistas porque, a diferencia de los empresarios, nosotros representamos a las disciplinas. Si se conforma una Mesa reducida, habrá disciplinas que quedarán afuera y, por lo tanto, no participarán de las decisiones que allí se adopten. De manera que los dos representantes de los artistas estarían decidiendo respecto a disciplinas que no son de su competencia. En consecuencia, entendemos que las resoluciones importantes deben ser llevadas al Consejo donde sí están representadas todas las partes. Esa es la diferencia que nosotros planteamos, es decir, que la Mesa resuelva, pero que se atenga a las resoluciones del Consejo, que es el órgano representativo de todas las partes.

Otro tema importante que no está contenido en este Presupuesto es el relativo al quórum. Al respecto, tememos que no se logre quórum y, por ende, pase a ser inoperante. Entonces, habría que pensar en alguna solución alternativa que aún no hemos propuesto.

SEÑOR VENEZIANI.- En este momento, el Consejo está integrado por catorce miembros, de los cuales seis pertenecen a representantes de disciplinas artísticas -en este momento, quedaría integrado por trece porque un representante de las disciplinas artísticas ya no concurre- uno representa a las Direcciones de Cultura del Congreso de Intendentes y el resto son representantes del Poder Ejecutivo: dos del Ministerio de Educación y Cultura, dos del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno del Ministerio de Industria, Energía y Minería y uno del Ministerio de Turismo y Deporte.

                En el año 2005, cuando se elaboró el Presupuesto anterior, hicimos esa propuesta en el entendido de que la cultura era un tema transversal y de que era interesante involucrar a un conjunto de efectores oficiales a los temas de la cultura. En la práctica han concurrido muy poco y, dependiendo de su perfil, en algunos momentos unos han participado más y otros menos. A veces, es difícil conseguir un quórum; los representantes de los sectores artísticos siempre están presentes -mayoritariamente esos cinco- pero el resto, por lo general, no asiste a las reuniones.

                En este caso, se agregan cinco delegados más de las cámaras empresariales que, en realidad, no han solicitado oficialmente su integración, sino que el Poder Ejecutivo entiende que se trata de una voz que debe estar presente. Ese número proviene simplemente del hecho de que los representantes gremiales son cinco, entonces, el Poder Ejecutivo consideró pertinente equilibrar la integración, y para ello dar cabida a cinco delegados del sector empresarial.

En realidad, si bien nos resultó algo arbitrario, no tenemos problema en que haya cinco, pero dudamos de que en algún momento estén presentes, porque hace más de dos años se les planteó la posibilidad de participar como oyentes -ya que la ley no los habilitaba como Consejeros- pues, más allá de que no tuvieran voto, si estaban interesados podían concurrir y hacerse oír, pero en los hechos nunca participaron en una reunión del Consejo, lo que habla de que no tenían mucho interés.

En un órgano que es de participación popular sería un ejercicio interesante -es una propuesta de laboratorio- ceder una parte, aunque sea pequeña, de poder y establecer un cogobierno entre los sectores que están directamente involucrados; ha sido difícil llevar esto efectivamente a la práctica, pero ello no se debió a que las dificultades hayan provenido de la integración de quienes intentan sostener la participación popular.

Si ahora agregamos cinco miembros que, en realidad, no solicitaron formalmente estar presentes y que ni sabemos si concurrirán, vamos a tener dificultades para alcanzar el quórum necesario, de modo que terminaremos siendo un órgano no operativo y las resoluciones se tendrán que adoptar en un ámbito más pequeño. El Consejo acabaría no reuniéndose y adoptando decisiones en forma muy lenta. Sería algo así como la “Crónica de una muerte anunciada”, porque si se determinan cinco lugares para cinco personas que nunca dijeron que querían estar y que cuando les ofrecimos participar no lo hicieron, realmente tengo dudas de que lleguemos a contar con su presencia en todas las sesiones del Consejo.

No incluimos este planteo en la propuesta porque no sabíamos si esto efectivamente es materia legislativa, si debería figurar como parte del decreto reglamentario que acompañaría a la ley o si es una reglamentación interna. No obstante, consideramos que sería bueno, si es posible, que en el Presupuesto se mencionara que el número de integrantes no debería ser un obstáculo para el efectivo cumplimiento de los cometidos que tiene el Consejo.

Nada más, muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si los señores Senadores no desean formular ninguna consulta, la Mesa quiere aclarar a nuestros invitados que en el momento en que se considere el artículo mencionado se tendrá en cuenta la propuesta de la nueva redacción y que averiguaremos lo relativo al quórum; no podemos contestar ahora pero, en lo personal, me inclino a pensar que eso debería determinarse por reglamentación; igualmente recalco que efectuaremos la consulta.

                La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la presencia de los representantes de la Intergremial de las Artes Escénicas.

 

(Se retira de Sala la delegación de la Intergremial de las Artes Escénicas.)

 

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Susana Dalmás.)

 

 (Ingresa a Sala una delegación de las “Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad”, Don Orione.)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene mucho gusto en recibir a las integrantes de una delegación de “Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad” (Don Orione), a quienes ofrecemos el uso de la palabra.

SEÑORA GONZÁLEZ.- Personalmente trabajo como Asistente Social en el Cottolengo Femenino Don Orione.

Señores integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: venimos en representación del Cottolengo Femenino Don Orione, filial de la asociación “Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad” (Don Orione), persona jurídica domiciliada en Bulevar Artigas 4208 de esta ciudad, a los efectos de solicitar ser incluidos en el artículo 79 del Título IV del Texto Ordenado 1996, artículo 775 de la Ley de Presupuesto, con la urgente finalidad hoy de la realización de un proyecto de construcción que sustituya nuestras actuales instalaciones, las que se encuentran en riesgo de derrumbe.

Vamos a comenzar aportando información actualizada sobre nuestra misión institucional y quiénes somos. El Cottolengo Femenino Don Orione forma parte de la asociación civil sin fines de lucro “Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad” (Don Orione), fundada por San Luis Orione como una congregación femenina para confiarles el cuidado de los enfermos más abandonados, esos que la sociedad estigmatiza como “irrecuperables”. Nuestra institución cumple un importante fin social, el cual, y dadas las condiciones de extrema vulnerabilidad social y económica de amplios sectores de la población, es cada día más necesario y vigente. Colaboramos en el cumplimiento de los fines del Estado como una herramienta esencial, asistiéndolo en cuanto a brindar educación, salud y protección contra el abandono corporal, intelectual y moral de una parte muy desprotegida de su población.

Nos referiremos ahora a nuestra trayectoria. En Uruguay nuestra institución inauguró y puso en marcha dicho proyecto hace más de sesenta años, más precisamente el 24 de diciembre de 1946, sustentado en la fe, la solidaridad, la generosidad y la entrega de quienes hacen de esta misión su proyecto de vida. La nuestra es una congregación con una larga trayectoria de transparencia de gestión y calidad de servicio.

En cuanto a nuestras beneficiarias, queremos señalar que nuestro proyecto institucional está destinado a mujeres desde bebés, niñas, jóvenes, adultas y ancianas de todo el país, de 0 a 90 años, que padecen discapacidades neurológicas leves, moderadas o severas, con los trastornos intelectuales, motrices y/o emocionales y psicológicos asociados a dichas patologías, que se encuentran en situación de marginalidad, exclusión social o abandono familiar y social, sin distinción de edad, etnia o creencia religiosa. El régimen de atención y asistencia es permanente y de por vida, esto es, las 24 horas del día los 365 días del año hasta el momento del fallecimiento.

Al Cottolengo Femenino Don Orione ingresan aquellas mujeres con patologías neurológicas irreversibles, en situación de extrema pobreza y marginación social, sin familia o con familiares que, por pertenecer a sectores de muy bajos recursos, no pueden hacerse cargo de ellas. Contamos en el momento con una extensísima lista de espera y cada negativa de ingreso genera, tanto en la familia como en las religiosas, gran dolor y frustración, máxime sabiendo que para estas patologías no hay instituciones ni públicas ni privadas con las características de la nuestra. Entre las patologías y síndromes que asistimos se encuentran: parálisis cerebral; retardo mental leve, moderado o severo; síndrome de West; síndrome de Werning Hoffman; trastornos del espectro autista; etcétera.

Actualmente se brinda hogar a más de cien residentes provenientes del INAU, derivadas de otras organizaciones o ingresadas por sus familias. Las nuevas patologías causadas por el consumo de drogas, alcohol y fármacos aumentan cada vez más el universo de personas que nos necesitan. Se trata de internaciones de por vida, con nulas posibilidades de reintegro familiar o reinserción social, que requieren inevitablemente una institucionalización de por vida a fin de garantizar la cobertura de sus necesidades y el máximo desarrollo de sus potencialidades.

                Nuestros objetivos son: brindar educación, asistencia, alojamiento, atención especializado y habilitación en un ambiente agradable, asegurando la calidad de vida de nuestras residentes a través de un enfoque integral biopsicosocial y espiritual, a fin de lograr el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de convivencia social. El cuidado y atención de esta población requiere dedicación total y permanente las 24 horas del día. Tradicionalmente, los cuidados de las personas con discapacidad han sido provistos, en su mayor parte, en el ámbito familiar y, dentro de este contexto, brindado por las mujeres. En la actualidad, el grupo familiar es pequeño y muchas veces está a cargo de un solo adulto. Estos factores, más la dependencia por causas de discapacidad, contribuyen a que haya menos cuidadoras disponibles en el ámbito doméstico con el consiguiente déficit de cuidado que se incrementa en los sectores más vulnerables de la población. Por lo tanto, las crecientes necesidades de cuidado y atención de personas con este tipo de discapacidad hoy son un problema de gran magnitud e impacto para las familias, superando su capacidad de respuesta y cubriendo deficitariamente las necesidades de las personas dependientes. Muchas de nuestras residentes tienen un grado de dependencia total: no comen solas, no controlan esfínteres ni se movilizan por sí mismas. En consecuencia, es necesaria la afectación de personal permanente para su atención.

                Dentro del Cottolengo Femenino contamos con nuestra escuela taller de atención en educación especial bajo la dirección de una religiosa, donde se dictan talleres de laborterapia, manualidades, corte y confección, tapiz, cocina, informática, música y canto, teatro, tango y folklore. También se asiste a clases de educación física y natación en AEBU, en convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo, y en la Asociación Cristiana. Los cursos son brindados por docentes del CODICEN, de la Intendencia  Municipal de Montevideo, docentes externos contratados por la institución, religiosas y voluntarios externos. Asimismo, las residentes más pequeñas concurren a escuelas de educación especial y escuelas comunes que tienen un plan de inclusión de niños con discapacidad.

                La atención en salud se brinda dentro de la institución y, en caso de requerir consulta con especialistas o tratamiento altamente especializado, las residentes son derivadas al centro de salud que corresponda.

                Las residentes reciben atención sanitaria, como control médico, controles de rutina a cargo del personal de enfermería, sesiones de fisioterapia cuatro veces a la semana, control a cargo de médico psiquiatra, control odontológico, consultas con especialistas externos que se requieran, mamografías y controles ginecológicos. Además, reciben atención y supervisión permanente por personal del hogar: baño diario, cepillado de dientes, cambio de pañales, cambio de posición, colocación de ropa adecuada, alimentación, vigilancia de patologías en la piel, control de horas de sueño, exposición a la luz solar y recreación.

El equipo técnico está integrado por profesionales idóneos. En medicina general, está a cargo de un médico de medicina general y un consultante Grado 5, voluntario; en salud mental, está a cargo de psiquiatra de niños y adolescentes, y psiquiatra de adultos; también hay fisioterapeuta, atención odontológica, nutricional y en enfermería de manera permanente. El área social y de relacionamiento con la comunidad está a cargo de una licenciada en trabajo social.

                ¿Cómo financiamos nuestra obra? Nos financiamos con el apoyo que nos brinda el Estado por la vía de exoneraciones, por convenios con instituciones como el Banco de Previsión Social, CODICEN, INAU, INDA, Intendencia Municipal de Montevideo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social y con donativos y ayuda de particulares.

Nuestra institución no recibe ayuda económica de ninguna institución religiosa extranjera o internacional, ya que todos los proyectos fundados por Don Orione deben ser autosustentables. Nuestra institución es dirigida y administrada por religiosas, quienes en un régimen de dedicación permanente hacen de esta su misión de vida. Para llevar adelante su misión en el Cottolengo Femenino, las religiosas se capacitan e instruyen para ocupar un rol dentro de la institución en actividades como enfermería, magisterio, tareas administrativas que, por los votos realizados, tienen el carácter de voluntarias, no percibiendo remuneración alguna. Actualmente, nuestras religiosas desempeñan tareas de dirección, enfermería, administrativas, docentes y cuidadoras. La finalidad que nos mueve no tiene “instintos económicos”. No somos una empresa de índole comercial. Quien ingresa al Cottolengo Femenino carece de ingresos o bienes y, en consecuencia, el servicio que se brinda es totalmente gratuito.

                Las construcciones en la cuales se desarrolla nuestro proyecto institucional se encuentran ubicadas en un terreno con frente a Bulevar Artigas, Avenida Joaquín Suárez y a la calle Gil, en el barrio El Prado de Montevideo. Se trata de un edificio central cuyas construcciones nos fueron donadas por una familia particular y son anteriores a 1946. Las mismas tienen frente a Bulevar Artigas y a la Avenida Joaquín Suárez, y varias casas antiguas ubicadas sobre la calle Gil que se fueron adquiriendo para poder cumplir con la demanda requerida y poder, así, atender a mayor cantidad de personas. En estas casas se hicieron las mínimas adecuaciones para poder llevar adelante nuestro proyecto. Hoy nos encontramos con la realidad de que están con riesgo de derrumbe.

El proyecto Cottolengo Fenemino se desarrolla en cuatro zonas llamadas hogares -antes denominadas pabellones- que están cada uno a cargo de una religiosa. Dichos hogares son independientes, contando cada uno con un lugar para tareas diurnas, enfermería, dormitorios, servicios higiénicos y áreas para recreación y esparcimiento. Existen dos hogares sobre la calle Gil y dos que funcionan sobre Bulevar Artigas. Se cuenta con instalaciones destinadas a atención médica, sala de fisioterapia, consultorio odontológico, salones donde se desarrollan los distintos talleres educativos, un salón de usos múltiples, un gran patio central común a todos los hogares que funciona como espacio de recreación y encuentro entre las residentes.

                Nuestro problema hoy es el edificio. Se nos presenta la imprescindible y urgente necesidad de realizar nuevas construcciones y refacciones en el inmueble, ya que coexisten distintas realidades constructivas que no son apropiadas para el funcionamiento del proyecto. No se adecuan a la normativa legal vigente y parte de las mismas se encuentra en estado semirruinoso y con riesgo de derrumbe. Con el asesoramiento técnico del Estudio del arquitecto Luis Rodríguez Tellado, se realizó un estudio en profundidad a los efectos de diagnosticar y dimensionar las patologías constructivas existentes, y analizar las necesidades insatisfechas de funcionamiento en relación a los requerimientos especiales de las residentes.

A partir de ahí se elaboró un proyecto general o plan maestro que, tomando en cuenta los requerimientos de todos los servicios que se prestan en el edificio, propusiera la racionalización y efectividad de las áreas que hoy dispone, estableciendo líneas de acción para su abordaje, y en el entendido de que la realización de las distintas etapas no pueden, bajo ningún concepto, afectar el funcionamiento de la institución.

                El proyecto general se realizó teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la normativa internacional vigente en materia sociosanitaria y el respeto por los derechos, la dignidad y la calidad de vida de cada residente. Por ejemplo, hoy cada hogar tiene un área destinada a un dormitorio común con veinticinco o más camas cada uno. El proyecto contempla la división del área en espacios que alberguen, como máximo, cuatro camas, de acuerdo con la patología y las necesidades de cada residente.

                Por la magnitud de la obra a realizar, por las dificultades que el proyecto arquitectónico trae aparejado y teniendo en cuenta la población existente, las patologías de las residentes y la imposibilidad de desocupación o traslado hacia otros sectores, se concluyó que la obra debería realizarse de la siguiente forma. La primera etapa está referida  a la nueva construcción de los dos hogares en el área que hoy está ocupada por el lavadero y el depósito. La segunda etapa sería la refacción de los hogares sobre Bulevar Artigas y, en la tercera etapa, se refaccionarían las construcciones existentes por la calle Gil con destino a un centro de día que permitiría atender en forma gratuita y ambulatoria a una población que presenta discapacidades múltiples con el perfil de atención de nuestra institución.

Hoy el proyecto arquitectónico -permiso de construcción- se encuentra en el estudio del 5º piso de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Con respecto a la obtención de los recursos para llevar adelante el proyecto, desde hace tiempo se está trabajando con el asesoramiento técnico tanto hacia adentro -comunidad religiosa y personal- como hacia afuera a los efectos de diseñar líneas estratégicas de acción, a los efectos, de cumplir el proyecto arquitectónico.

                Se trata de un proyecto refundacional que, en su primera y segunda etapa, nos va a permitir optimizar nuestra estructura y, si bien en principio la concreción del mismo no aumentará los cupos de ingreso, ya que las obras se realizarán “en sustitución” de las existentes -las que son ocupadas por las actuales residentes- es muy posible que, a partir de la racionalización de los espacios, podamos aumentar los cupos de ingreso.

                En cuanto al diseño de estrategias para afuera, se trata de una estrategia sumamente cuidadosa de la imagen institucional y, a los efectos de poder llevar adelante el proyecto arquitectónico, se está diseñando una estrategia para la obtención de recursos.

                La nuestra es una institución de capacidad limitada, ya que los nuevos cupos se generan solo ante el fallecimiento de una de las residentes. Esto hace que sea muy difícil realizar una campaña de comunicación masiva para promocionar el proyecto con el fin de obtener fondos, ya que una campaña de esas características repercutiría en forma desfavorable, tanto para la institución que tiene que decir que no a los pedidos de ingreso -que seguramente se generarán a partir de la campaña- como también para los solicitantes que se sentirían frustrados ante nuestra negativa. De ahí que la campaña de obtención de fondos se tendría que realizar casi en silencio y golpeando puerta a puerta.

                Desde hace más de un año el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha orientado en la búsqueda de la normativa legal que nos permita, mediante la canalización de recursos financieros de contribuyentes, obtener los recursos necesarios para llevar adelante las distintas etapas del proyecto.

                Es por esta razón que solicitamos se nos incluya a texto expreso en el artículo 79 de la Ley Nº 18.083 y se nos brinde ayuda mediante un subsidio que nos permita, durante la ejecución del proyecto arquitectónico, cubrir gastos extras que se generen como consecuencia de la obra. 

                Les agradecemos que nos hayan escuchado y quedamos a las órdenes para responder cualquier duda que tengan sobre lo dicho.

SEÑOR PASQUET.- Me pregunto si pensaron en la posibilidad de llegar a un acuerdo para la realización de obras por convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Todos sabemos que, en distintos momentos, el Ministerio ha realizado convenios con instituciones deportivas, culturales, etcétera y ha tenido gran eficacia en su acción. Francamente no sé si es posible hacer un convenio para ejecutar una obra como la que están planteando, por eso pregunto si han hecho alguna gestión al respecto.

SEÑORA GONZÁLEZ.- No; no conocíamos esa posibilidad.

SEÑOR PASQUET.- Me permito sugerir que la hagan.

SEÑOR ABREU.- Sin perjuicio de la inquietud del señor Senador Pasquet, entiendo que se está solicitando ser incluidos en el artículo 79 que, seguramente, refiere a las exoneraciones en el ámbito tributario. Estoy buscando las disposiciones citadas y no encuentro el artículo.

SEÑOR IGLESIAS.- Solicitamos estar incluidos en el artículo 79 que refiere a las donaciones especiales. Allí figura una lista de entidades y el último en ser incluido fue la Peluffo Giguens.

Este régimen permite a las empresas que tienen que tributar el Impuesto a la Renta, sustituir ese pago a la Dirección General Impositiva por aportes a instituciones como la  Universidad de la República o el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. En ese caso, el 75% de la suma entregada queda como pago del IRAE y el 25% restante es imputado como gastos de las empresas.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Presidencia informa a la Comisión que el artículo 775 del proyecto de ley aprobado agrega al artículo 79 del Título IV del Texto Ordenado 1996 dos organizaciones sociales. Por lo tanto, esta constituiría un literal más de ese artículo del TOCAF.

                En definitiva, en el proyecto hay dos organizaciones sociales, pero algunas más -incluida la presente- están pidiendo ser incorporadas.

SEÑOR ABREU.- Entonces, estaríamos considerando la inclusión en el régimen de incentivos para las exoneraciones tributarias a las empresas -lo que me parece absolutamente compartible y hasta acompañable- pero también se está planteando un tema de subsidios con relación a la obra que se va a realizar.

SEÑOR IGLESIAS.- No, estamos planteando solamente estar incluidos en un literal.

SEÑOR ABREU.- En el informe que leyó la señora, luego de “en el artículo 79 de la Ley Nº 18083”, continúa otra frase que no figura en la copia que tengo en mi poder.

SEÑORA PRESIDENTA.- Además, se pide una partida para el Inciso “Subsidios y Subvenciones”.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Está en la página 417 del texto comparativo; es el artículo 732.

SEÑOR ABREU.- Quería saber si efectivamente está la partida.

SEÑORA PRESIDENTA.- Hay una partida que ya fue votada por la Cámara de Representantes; no sé si les resulta suficiente.

                Tenemos que hacer una consulta porque hay dos organizaciones que tienen nombres parecidos y queremos precisar cuál de ellas es, aunque las dos tienen partidas y de distinto monto.

SEÑOR HEBER.- Esa es la pregunta que queríamos formular a la delegación. Según me informan, el Cottolengo tiene un sector femenino y uno masculino. No sé si la partida se divide, si es para los dos sectores o para uno solo; eso no quedó claro, porque en la exposición que realizaron mencionaron una dificultad edilicia que motivó la propuesta del señor Senador Pasquet -que no deja de ser interesante- sobre la posibilidad de generar convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como se ha hecho con varias instituciones, e incluso la División Arquitectura ha ayudado a la recuperación de edificios viejos que lo precisaban.

                ¿La partida que se propone -sea para el sector que sea- es suficiente? ¿Cuál sería la cifra estimada? En el informe figura un proyecto arquitectónico, con permiso de construcción, que se encuentra a estudio en el quinto piso de la Intendencia Municipal de Montevideo, por ende, pienso que quizás hayan hecho algún cálculo estimativo del dinero que se precisa para reconstruir. Aunque no podamos hacer todo ahora, sí podemos establecer parámetros de ayuda en virtud de la misión que cumplen, que es sumamente importante y -tal como consta en el memorando- tiene plazas limitadas que solamente pueden ocupar cuando hay vacantes en el caso de algún fallecimiento.

La ayuda para  la misión que ustedes cumplen -que es destacable y merece apoyo- es económica por lo que nos gustaría saber cuánto es lo que precisan. De esa manera, veremos si lo que se les otorgaría ahora es o no suficiente, si habría que reforzarlo el año que viene, etcétera. Quizás lo que deberíamos hacer es ir a conocer esta obra porque siempre es mejor ver que escuchar.

SEÑOR IGLESIAS.- La  Cámara de Representantes aprobó una partida de      $ 50.000 para el año 2011. La evaluación primaria que hay de la obra, si bien se va a realizar en tres etapas y la variación del dólar la puede hacer variar bastante, es de US$ 1:000.000. Esto incluye la refacción de parte del edificio y la construcción de otros pabellones. Obviamente, la partida de $ 50.000 no alcanza para cubrir estos gastos.

SEÑOR ABREU.- Quiere decir que, por un lado, está la obra Don Orione y, por otro, el Pequeño Cottolengo uruguayo obra Don Orione. ¿Son cosas distintas?

SEÑORA BENTANCUR (Blanca).- Son diferentes y tienen distinta personería jurídica. Nosotros somos el Pequeño Cottolengo Don Orione.

SEÑOR ABREU.-  Entonces la partida no es de $ 50.000, sino de $ 100.000.

SEÑOR IGLESIAS.- Los $ 100.000 son de incremento.

SEÑOR ABREU.- Me gustaría saber con cuánto cuentan actualmente porque, al parecer, la financiación se realiza a través de donaciones o por aportes de terceros y no tienen una partida fija del Ministerio de Economía y Finanzas o de otra repartición del Estado.  A estas donaciones se agregaría un subsidio de    $ 100.000 desde 2011 hasta 2014. La pregunta que surge es si esto se agrega a otro subsidio o es el único que van a recibir en dinero por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR IGLESIAS.- Por parte del Ministerio de Economía y Finanzas sí, pero adicionalmente contamos con ingresos del Banco de Previsión Social y del INAU por un monto de aproximadamente -cabe aclarar que por cada interna se recibe una partida- $ 800.000 por mes.

Por otra parte, tenemos un convenio con el INAU por el cual se hace cargo del pago de la factura de UTE.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Creo que no se deben confundir los rubros. El Pequeño Cottolengo figuraba antes en el Inciso “Subsidios y Subvenciones” y ahora se le otorga un incremento; esto refiere, para decirlo de alguna manera, a la rutina de la institución.  Pero lo que se plantea ahora es otra cosa y tiene que ver con un problema edilicio con riesgo de colapso. Para eso se pide la autorización a incorporarse al artículo 79 de la Ley Nº 18.083, que es lo que le permite gestionar las donaciones con empresas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más preguntas para realizar, agradecemos la presentación realizada que vamos a integrar a la discusión del articulado.

SEÑORA BENTANCUR (Blanca).- Antes de despedirme quiero saludar a Lucía Topolansky porque para mí fue una alegría poder conocerla.

                Por otra parte, lo que más deseo es que los señores Senadores vengan a conocer nuestra Institución y  la edificación que está en muy malas condiciones. Me gustaría que vean el trabajo que realizamos, a nuestras asistidas y los problemas que tenemos. Por ejemplo, hay un inmenso dormitorio con veintiocho camas, donde duermen todas juntas y apretadas.

Tenemos lugar suficiente porque hace veinte años una comunidad pudo obtener dos terrenos al lado de donde estamos, pero nunca se ha podido edificar. Nosotros podríamos dar una mejor vida a nuestras asistidas. Por ejemplo, todos los sábados llevamos a las nenas a un club para que hagan natación e hidroterapia. Eso se podría hacer en el  mismo Cottolengo, pero no se ha podido. Asimismo, contamos con una escuela especial con sus profesoras, pero funciona en un salón multiuso y son tres piezas pequeñas.

                No podemos pedir ayuda a los familiares porque nuestras asistidas no los tienen. En el hogar que está a mi cargo hay veintiséis asistidas, pero solo visitan a cuatro y a una sola viene a verla su madre todos los días. Entonces, esas nenas son nuestras; somos nosotras las que nos tenemos que encargar de todas ellas, junto con el Banco de Previsión Social, el INAU y el Ministerio de Salud Pública, que nos da los medicamentos. Ellas necesitan mucho más y es por eso que hemos venido acá a ver qué ayuda pueden darnos.

                Son cien internas pero podrían ser más ya que tenemos una larga lista de pedidos. El problema es que la nena que viene a nuestro hogar no se va nunca porque no tiene otro lugar a donde ir. Por ejemplo, tenemos una abuela de 78 años que vino a los 6 años. En el pequeño Cottolengo Femenino se hace un lugar cuando alguien se va, pero nadie se va con su familia o a otra institución porque no pueden dar más allá de lo que dan con nosotras. No pueden salir a trabajar; si pudiéramos capacitar a un grupito para que salieran a trabajar sería impresionante, sería lo mejor, pero no tienen capacidad para hacerlo. Es por eso que decidimos venir acá, para ver si se nos puede incluir en el Presupuesto.

                Por lo tanto, invito a todos a que nos visiten, especialmente a la señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Me comprometo a ir cuando termine el estudio del Presupuesto, porque ahora es imposible.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias por su presencia y haremos todo lo posible por ayudarlas.

 

(Se retira de Sala la delegación de “Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad”  - Don Orione.)

 

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil.)

 

-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda tiene el agrado de recibir a la delegación de la Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil, AUPPAI. Les informamos que disponen de aproximadamente quince minutos para exponer su planteo.

SEÑOR MIGLIACCIO.- Buenas tardes. Debo comenzar diciendo que los aquí presentes somos padres no solo de niños, sino también de adultos con autismo. Por supuesto que no somos ajenos a la problemática económica, a lo que debemos sumar la deuda que tenemos con nuestra educación en cuanto a atender y aprender de un hijo autista, máxime cuando debemos hacer frente a una institución que carece de recursos materiales y económicos. 

                Concretamente, queremos que el Estado se haga cargo de los niños y adultos autistas; lo pedimos porque estamos convencidos de que tienen derecho a ser educados como toda persona que nace en el territorio nacional.

Está demostrado -y lo hemos comprobado- que con un programa individualizado, estos niños y adultos presentan mejoras significativas en sus vidas. La Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil  cuenta con personal capacitado y comprometido con estos chicos pero, señores, ¡con esto no hacemos patria! Necesitamos imperiosamente que se incremente el subsidio que estamos recibiendo, para poder hacer frente a todas las carencias que tenemos que, entre otras, son personales, materiales y edilicias.

                En los últimos tiempos, he escuchado a mis gobernantes hablar mucho acerca de derechos humanos, de escuelas de tiempo completo, de la paz mundial y de otras cosas más, pero nada he oído decir sobre los niños y adultos que padecen autismo. Pregunto lo siguiente: ¿los chicos autistas no tienen derechos humanos? ¿Es posible que un niño tenga que venir a educarse desde Parque del Plata y que sus padres deban hacer frente al transporte de ese niño para ir a estudiar? ¿No se estarán vulnerando los derechos de estas personas? En mi caso particular, vivo en Paso Carrasco, donde en un radio no mayor a 10 Km hay seis o siete centros de estudio, tanto públicos como privados, pero ninguno de ellos está en condiciones de recibir a mi hijo autista.

                Asimismo, quisiera agregar que no somos una escuela de barrio. A este Centro concurren niños de Paso Carrasco, Parque del Plata, Neptunia, La Teja y Peñarol, entre otros barrios. Los padres deben hacerse cargo del transporte de sus hijos -tanto menores como adultos- a diferencia de todos aquellos que concurren a la escuela pública y lo hacen en forma gratuita.

La Escuela Nº 231 es un centro de enseñanza pública para discapacitados, única en Montevideo, pero está condicionada en la cantidad de niños que atiende, que no son solamente autistas. ¿Por qué señalo esto, señores Senadores? Porque, según nuestros especialistas y los referentes mundiales en autismo, como el profesor español Juan Martos y la estadounidense Temple Grandin, -quienes recientemente estuvieron en nuestro país- la atención de estos chicos debe ser casi individual, lo que reafirma nuestra convicción al haber creado este Centro.

Por lo tanto, solicitamos la ayuda del Estado para que estos chicos estén más cerca de una igualdad de condiciones con respecto a los demás niños de su edad.

Para ir finalizando, quisiera hacer mención al serio estado de deterioro en que se encuentra la escuela que nos ha sido cedida en comodato. Dada nuestra situación económica y la de las familias que la integran, nos es imposible hacer frente a las reparaciones edilicias.

En síntesis, no venimos a solicitar un aumento de sueldo ni a hacer un paro -lo que solamente perjudicaría a nuestros hijos- sino a pedir un incremento al flaco subsidio que hoy estamos recibiendo, para que estos chicos puedan tener una educación digna y acorde a sus necesidades.

SEÑORA SANTÍAS.- Buenas tardes a todos y gracias por recibirnos. Intentaré no repetir lo que ya expresamos en este mismo lugar, en oportunidad de considerarse el Presupuesto en la Cámara de Representantes. Además, lo que ya dijimos está contenido en el librillo que les hicimos llegar hoy. Sin embargo, me resulta difícil no decir todo lo que falta. Básicamente, quisiera hacer algunas puntualizaciones.

                El tratamiento que se puede brindar a estos chicos no es finito en el tiempo. Lo ideal sería comenzar a trabajar con ellos luego de la realización de un prediagnóstico que debería hacerse al año y medio de vida, ya que se comienza a intentar que aparezcan las conductas previas, la adquisición del lenguaje y la socialización. Sin embargo, la experiencia dicta que por diversas razones -que espero se estén saneando desde el punto de vista de la atención, sobre todo médica- esto comienza mucho después. Una vez que se inicia el tratamiento, dado que se trata de una discapacidad limitante y de por vida, éste no termina. Durante estos tratamientos no se ven maravillas como las de “levántate y anda”, los resultados no son tan visibles y nunca llega el momento en que pueda afirmarse que se llegó al final del mismo porque el chico puede caminar o pensar. Reitero que la discapacidad es de por vida y, por lo tanto, la acción terapéutica también debe serlo. Si no se hace así, quizás alrededor de los 35 años vuelvan a aparecer conductas malas desde el punto de vista social. Esto es algo que hay que tener en cuenta y también es la razón por la cual nosotros atendemos niños, jóvenes y adultos con autismo.

                Otro elemento a destacar, que quizás no se traduce de las palabras de mi compañero ni del librillo que tienen a la vista, es que como asociación de padres buscamos solucionar nuestra problemática desde esa condición y como gerentes de una casa. Por esa razón, este año logramos mantener el Centro abierto desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Esto tiene como consecuencia un encarecimiento de los gastos que tenemos que afrontar solo para poder contar con personal durante todas estas horas a lo que, obviamente, se deben agregar los costos de los tratamientos. Si bien muchas veces recurrimos a la ayuda de voluntarios, reconocemos que esto no puede ser así. Podríamos haber optado simplemente por indicar a la familia el tratamiento a seguir, lo que habría sido válido, pero decidimos dar esta otra posibilidad y nuestra cobertura horaria exige un presupuesto importante.

                No quiero entrar a analizar la parte subjetiva porque considero que está bastante clara, pero sí me interesa mencionar que como padres no tenemos cobertura a nivel oficial. Lo cierto es que si alguien tiene un niño con esta problemática no tiene un lugar a dónde recurrir para buscar apoyo, ya sea para los padres, como para los propios niños. Por esta razón han surgido muchas instituciones que atienden a personas con autismo, tanto en Montevideo como en el interior, y cada una, a su manera, va logrando llevar las cosas adelante.

                En cuanto al aspecto objetivo, podría comentar lo que mencionó el martes pasado la profesora Gabriela Garrido del Centro Hospitalario Pereira Rossell. Ella es psiquiatra infantil y ha tomado sobre sus espaldas la parte médica del autismo en cuanto al diagnóstico precoz y, en esa instancia, se preguntaba por qué hay un aumento en la incidencia de esta discapacidad. En 1966 había entre cuatro y cinco niños cada mil con esta discapacidad y hoy hay noventa y uno cada mil. El aumento no es menor. ¿A qué se debe este aumento? Quizás, una de las razones es que la definición de autismo cambió.  En la actualidad se hila más fino y se pide menos a la hora de dar un diagnóstico de autismo. A su vez, afortunadamente también hay una mayor concientización sobre el tema, pero independientemente de todo esto se está produciendo un aumento del número de casos y nadie sabe por qué. Lo cierto es que estamos ante el 1% de la población global y, por tanto, representan un porcentaje mayor al de los diabéticos, los casos de espina bífida y niños con Síndrome de Down juntos. Quiere decir que no estamos pidiendo apoyo para atender a unos pocos, sino que se trata de una cantidad importante de personas y empresas privadas, para los cuales estamos intentando llenar un hueco.

Se supone que hay 24.000 personas con autismo en el Uruguay -cifra muy elevada- y,  con una detección  precoz, tendrían una mejoría -siempre cito a la doctora  Garrido- aunque esto también depende de la profundidad del trastorno, del nivel intelectual, de la edad en que se diagnostique, pero fundamentalmente -y aquí vamos nosotros- de la calidad del tratamiento -léase: hay que financiarlo- así como de los recursos afectivos y materiales de la familia. Esto implica brindar apoyo al núcleo familiar, lo que supone contar con los profesionales necesarios. No alcanza, por ejemplo,  con llevar al niño a un Centro de 10 a 18 horas, sino que se debería asesorar a los padres en cuanto a qué hacer con el trabajo, la psiquis y todo el entorno, después de las 18 horas. Esto no tiene cura y, como dice la doctora Garrido, el tratamiento es específico para cada niño.

                Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR GOMES.- No quiero ser reiterativo, pero modestamente pretendo encasillar el tema de la discapacidad dentro de la columna del debe del quehacer nacional, conjuntamente con la problemática del sistema carcelario y de la minoridad. Si nos enfocamos al análisis, la lectura y la aplicación práctica de la legislación vigente sobre esos tópicos, particularmente sobre el autismo, vemos grandes vacíos. Evidentemente, esto no surge en los últimos años. Podemos decir que el tema carcelario se arrastra desde 1894 cuando se comenzó a erigir y a diagramar la construcción de Punta Carretas, con destino a un correccional de menores y a una cárcel para mujeres, que en 1904 cambió su destino para convertirse en un penitenciario.

                En el tema de la minoridad, después de 1934 ha pasado mucha agua bajo el puente y se han remendado la dificultades de la atención, a tal punto que cuando se propuso tenuemente la atención de los menores peligrosos, en el año 1985, insinuándose la reducción de la edad, todo quedó en agua de borraja, por falta de entusiasmo o de interés. La propuesta de 1985 no prosperó, pero la recogieran los integrantes del INAME en aquel entonces, invirtiendo US$ 10.000 en comprar el viejo hotel La  Tablada con esa finalidad, otro plan que cayó.

                Sobre la discapacidad quiero decir lo siguiente. Antes de venir tuve la oportunidad de hojear uno de los manuales que está repartiendo el Banco de Previsión Social con respecto a la educación, que apunta al alumnado y a la juventud para que conozcan sus derechos sociales. Ahí nos remontamos nuevamente a 1904 y la problemática sigue. Creo que eso sucede por no delinear una estrategia de política nacional que traspase el quinquenio de cada Período de Gobierno, para que haya repercusiones positivas en el devenir del tiempo, porque los discapacitados sobreviven y las normativas son paliativas.

                Concretamente, en lo que respecta al autismo creo que hace falta difundir el tema.  Ojalá surja un proyecto que apunte a crear un centro nacional de atención a las personas con autismo que concentre a científicos encargados de esa investigación.

¿Cuál es el origen del autismo? Como bien decía quien me antecedió en el uso de la palabra: no tiene cura. En esta época del año empieza a fermentar el llamado a la colecta maratónica de la Teletón, pero ese es un emprendimiento privado y sus frutos están a la vista. ¿No sería interesante que surgiera una inquietud desde el Estado para generar un centro de atención al autismo? Se trata de una discapacidad muy especial y quienes la padecen tienen una dependencia permanente con alguien que los debe acompañar. He aquí también el motivo de la existencia del centro al que estamos vinculados. Permítaseme aquí hacer una aclaración: estoy involucrado en esta Comisión sin ser padre ni familiar de autista -por ahora, y me permito tocar madera-; lo he hecho solidariamente y porque soy padre de cinco hijos, entre los cuales hay una niña -hoy ya mujer, porque en el día de ayer cumplió treinta y tres años- que tiene cierta discapacidad como consecuencia de un nacimiento prematuro, dado que nació a los cinco meses y medio de gestación. Actualmente se desempeña como Auxiliar en este Centro.

Podría preguntarme ¿cuántos autistas hay en el Uruguay? ¿Cuántos discapacitados tenemos? He planteado esta inquietud a determinadas autoridades en vísperas del proyecto y la realización del futuro censo nacional, que estaba programado para el mes de setiembre. Desde el primer momento se me dieron nones, porque no habían previsto en los formularios correspondientes especificar concretamente el autismo. Creo que no es necesario especificarlo; me parece que debemos saber imperiosamente qué cantidad de discapacitados congénitos hay en el Uruguay. Con la lectura que de allí surja será posible presentar determinados proyectos y normativas a los efectos de atender toda esa problemática, dada la especificidad de los temas.

En lo que tiene que ver con la enseñanza, ¿cuántas personas dedicadas a esta profesión tienen una pedagogía especial, acorde con el tema? A nivel terciario, por ejemplo, de la Facultad de Psicología, ¿hay cátedra sobre el particular que atienda el autismo en especial? A nivel de la UDELAR, ¿existe algo así? ¿No es este un vacío legal y un debe del quehacer nacional?

Lo mismo sucede con el transporte y es algo que vivimos permanentemente. Me permito categorizar el autismo como una discapacidad de élite, porque son conocidas aquellas personas que tienen disponibilidad de recursos económicos, empresarios, etcétera, que disponen de una excelente asistencia para sus hijos autistas. Sin embargo, nuestro Centro fue creado en el año 1989 por un grupo de padres que se vio impotente ante su situación; padres que pueden considerarse pioneros en dicho emprendimiento. Allí concurren personas con autismo que pertenecen a familias de clase media y, además, de clases con necesidades básicas insatisfechas, situación que se ve agravada, no solamente por lo económico, sino también por la realidad intelectual de los padres de esos chicos. Por eso a veces, teniendo en cuenta este diagnóstico, dentro de esta temática es difícil aconsejar la procreación.

Tal como manifestó la señora Santías, como las jóvenes parejas no tienen esa lectura sobre el avance del autismo, se abstienen de volver a concebir; más allá del incentivo que pueda generar una asignación doble.

Por otra parte, es necesario tener un transporte no solo en la capital, sino también en el interior, debido a que estos chicos son dependientes. Mucha gente habla del “interior profundo”, pero como a mí me gusta ser claro quiero hablar del interior rural; debemos hablar de Montevideo Chico, de Cuchilla del Perdido en Soriano, de la  policlínica El Abrojal en Rivera o del pueblo Las Piedras, en mi querido Artigas. Puedo citar muchos otros lugares que tienen discapacitados y que no acceden a determinados beneficios porque no los conocen.

                Otro elemento que deben considerar es la realización de una campaña de información sobre esta enfermedad, para que las personas conozcan sus derechos y los puedan ejercer. Para hacer frente a esta enfermedad necesitamos más leyes. ¿Están todas reglamentadas? Puedo decir con conocimiento de causa que la Ley Nº 14.470 nunca fue reglamentada. Lo mismo pasa en los casos de minoridad y de discapacidad. No tengo dudas de que el Banco de Previsión Social -lo digo porque escuché manifestaciones de una de las autoridades de este organismo en un programa de televisión- tiene recursos financieros para asistir a determinados proyectos, pero como hay situaciones que no están reglamentadas no puede hacerlo. Así es como la problemática se va diluyendo y no tenemos otra alternativa que volver cada nuevo Período a hacer nuestros reclamos. O sea que la función que cumple el centro de AUPPAI es llenar el vacío que tiene el Estado en relación a la enseñanza y la contención de menores y personas con esta discapacidad; más allá de la Escuela Nº 231 que los admite hasta los 18 años y en un horario limitado.

                Agradezco a los señores Senadores la atención dispensada. Esperamos tener un resultado positivo y que el Estado pueda satisfacer en alguna medida nuestras necesidades, ya que hasta ahora ese vacío lo hemos venido llenando nosotros con mucho sacrificio y muy rudimentariamente.

                Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Las exposiciones que hemos recibido han sido muy esclarecedoras, fundamentalmente, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre la Escuela Nº 231 -que admite jóvenes de hasta 18 años- y esta institución a la que asisten los niños y adultos durante toda su vida. Es importante hablar del diagnóstico del autismo.

                Debo decir, además, que conozco el local, lo he visitado y me constan las enormes carencias que tiene. Inclusive, sé de las dificultades no solo desde el punto de vista edilicio, sino también por las necesidades que surgen de atender a cada uno de los niños o personas adultas -vale recordar que allí no solo asisten niños- que tienen una discapacidad importante, máxime teniendo en cuenta que muchos de esos padres no cuentan con ingresos suficientes y hacen esfuerzos importantísimos para poder atender adecuadamente a sus hijos.  

                El Estado ayuda a esta escuela a través de determinada contribución y los padres colaboran dentro de sus posibilidades y aportan recursos de sus propios bolsillos. Como bien se dice, hay que tener en cuenta los temas del transporte y de la equinoterapia. Son muy importantes los tiempos que estos temas insumen a los padres, tiempos que le restan a su trabajo, a su estabilidad emocional y a su vida. Si algo le faltaba a esta escuela era la prohibición de estacionar en Avenida Italia a partir de la senda que se creó para uso exclusivo de los ómnibus.

                Alcanza con visitar el local -hemos recorrido el propio Cottolengo-  para saber de qué estamos hablando.

                Creo que lo que está previsto es alrededor de $ 50.000, más lo que reciben por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero también es cierto que para los otros centros autistas que se contemplan en el Presupuesto se destinan cerca de $ 200.000 o $ 250.000. Aun teniendo en cuenta las cuotas aportadas por las familias y lo que entrega el Ministerio, el dinero no alcanza ni siquiera para pagar los sueldos, máxime teniendo en cuenta la limitación respecto de la relación maestra-alumno.

                Sin perjuicio de los temas generales, planteamos el compromiso de analizar este asunto con criterio amplio, porque el autismo -como bien se ha planteado- es una situación desconocida en el ámbito de la sociedad en lo que hace a su gravedad y sus dificultades, que implican limitaciones de por vida no solo a los niños o a las personas que lo padecen, sino a sus propias familias. No obstante, creemos que, en el caso del Presupuesto, hay que hacer un esfuerzo mayor. Tengo en mi poder las fotos de la escuela -porque la he visitado- y quien las quiera ver se dará cuenta de que también la sensibilidad y la justicia social empiezan por una visión puntual y humana y no exclusivamente por criterios de carácter general que todos compartimos pero que a veces  se convierten en una forma de enfrentarnos todos los días a nuestras carencias y egoísmos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de la delegación y les adelantamos que cuando llegue el momento de analizar los artículos correspondientes, tendremos en cuenta todos sus aportes.

SEÑORA SANTÍAS.-  Simplemente quisiera comentar algo que aprendí hace muchos años y es que el principio de igualdad consiste en tratar desigual a los desiguales.

                Muchas gracias, señores Senadores.

 

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación Uruguaya de

Padres de Personas con Autismo Infantil.)

 

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de la

Universidad del Trabajo del Uruguay.)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la  Comisión de Presupuesto  integrada con Hacienda del Senado, abocada al análisis del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, recibe con mucho gusto a la delegación de AFUTU compuesta por los señores Wilson Nebril, Andrés Olivetti, Leo Bentos, Julio Díaz y la señora Beatriz Cuenca.

                Hemos dispuesto aproximadamente quince minutos para que cada delegación realice su exposición y, luego, si los señores Senadores tienen alguna duda solicitan una intervención.

SEÑOR NEBRIL.- Venimos en representación de la Asociación de Funcionarios de UTU -AFUTU- y también están con nosotros compañeros de la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria -ATES- y de la Unión de Funcionarios del CODICEN.

                Vista la importancia que tiene la votación del Presupuesto quinquenal, queremos plantear la necesidad que existe, desde nuestro punto de vista, de una revisión y una ampliación de los elementos presupuestales dedicados a la educación.

SEÑOR OLIVETTI.- En realidad, queremos poner la lupa en un aspecto que nos parece fundamental y que no está contenido en el actual Presupuesto.

                La situación salarial en la educación es realmente preocupante y es uno de los factores claves de la crisis en el sistema educativo, en cuanto a resultados.

                Actualmente, en el sector de los funcionarios administrativos y de servicios, los salarios están en el entorno de los $ 7.000 y un salario base para un docente que hace veinte horas en la UTU, se ubica en los $ 10.000. Por la vía presupuestal, se ha previsto un aumento general del 22,8%, lo que llevaría nuestro salario de base a  $ 8.600 y $ 12.300, respectivamente.

                La idea de que un docente debe tener veinte horas-aula como tope -en lugar de las cuarenta horas que trabaja- ha sido totalmente distorsionada. Entre los docentes, es normal tener cuarenta y sesenta horas, pero esto no existe en el mundo. En los lugares donde la educación logra resultados sustancialmente mejores que en el Uruguay, la realidad es muy distinta respecto de las cargas horarias. El Uruguay supo tener un tope de veinte horas para los docentes, pero para que eso sea posible, los salarios tendrían que estar en otro punto. Hoy los docentes calculan su salario con cuarenta y sesenta horas, y esto es algo normal. En realidad, eso hay que calcularlo como ochenta y ciento veinte horas de trabajo, pero como eso no es posible, los resultados están a la vista.

                En la propuesta presupuestal no hay un camino de mediano ni de largo plazo previsto para revertir esta situación. Tal vez, eso es lo más grave. Hay una idea de ritmo, de recuperación salarial, que se ha perdido.

En la educación, en la década del sesenta tuvimos un salario que estaba cercano a la media canasta familiar; el salario bajó, promedialmente, a un 32% durante la dictadura y, a la salida de esta, estaba un 25% por debajo. Esa situación se ha mantenido durante estos años, con subas y bajas: descendió hasta el 18% de la canasta y ahora está en un 26%, aproximadamente. Quiere decir que no se ha roto lo que hizo la dictadura en el proceso de dramática baja salarial en el sistema educativo.

Por otro lado, cuando los sindicatos de la educación reclamamos un 6% como mínimo del PIB -acompañando lo que fue el Congreso Nacional de Educación “Maestro Julio Castro”- no planteamos que se fijara un número estable para la educación. Entendemos que es una reivindicación que apunta a la valorización social de la educación; estos números, además,  se corresponden con los que planteamos respecto de nuestros salarios.

                Por otra parte, queremos decir que realmente nos sorprendimos cuando en la Cámara de Representantes no se votó la propuesta de la ANEP sino, básicamente, el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, lo que dejó por el camino temas extremadamente importantes, que hacen a aspectos salariales pero también de funcionamiento e, incluso, edilicios.  En ese sentido, convocamos al Senado a buscar caminos para revertir estas dos situaciones, es decir, por un lado, atender los reclamos del CODICEN y, por otro, buscar caminos para fijar un rumbo general a fin de mejorar la situación salarial en la educación ya que, de seguir así, no hay duda de que la crisis educativa se ha de mantener.

                En el Gobierno anterior -el que ha terminado- la recuperación salarial general fue del orden del 35% y hoy está planteado un aumento del 22,8%, por lo que, en realidad, ha tenido lugar, incluso, una ruptura del ritmo. Es en este sentido que queremos trasmitir nuestras preocupaciones.

                Muchas gracias.

SEÑOR NEBRIL.- Hay una situación que clarifica bastante la necesidad salarial general de la educación. Estamos hablando de cuando los docentes, muchas veces con su propio salario, deben hacer frente a gastos por fotocopias, marcadores u otro tipo de materiales que hacen a las diferentes asignaturas que se dictan en los centros educativos.

                Otro aspecto que no está contemplado -aunque da la impresión de que sí lo está- es el tema de la recreación. Hasta este momento, las construcciones edilicias no tienen ámbitos que puedan albergar una actividad de multiacción dentro de los centros educativos. Eso es algo que nosotros queremos revertir para trabajar sobre la pertenencia de los alumnos a los centros educativos. Eso mejoraría el relacionamiento y la función docente educando-educador, lo que también potenciaría el aspecto educativo, la trasmisión de valores y el sentido de pertenencia en el que tanto estamos haciendo hincapié con nuestros educandos.

SEÑORA CUENCA.- Buenas tardes. Antes que nada quiero decir que pertenezco a la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria -ATES- y que estamos mancomunando los esfuerzos con todos los funcionarios de la educación en el sentido de que se viene desmantelando todo el aparato; si  pensamos en una mesa, una de sus patas fue aquella carrera, no solo administrativa sino también funcional, en la que contábamos con un portero, un conserje y, en definitiva, una escala de carrera funcional, así como material de servicio y equipamiento.

                En este momento queremos hablar de la realidad, que tiene que ver con que, una vez desmantelado ese equipo, se está dando una falta de seguridad y de continuidad en los centros educativos de aquella persona que conoce al estudiante desde su ingreso -sea en la escuela o en educación media- es decir, desde que comenzó primer año hasta cuarto. O sea que se no encuentra una equivalencia entre la cantidad de liceos que existen y los funcionarios que se necesitan. Por ese motivo, se fueron contratando, tanto en el sector de servicios como en el área administrativa, becarios o pasantes, además de proveerse cargos a término en virtud de concursos.

                Todo esto hace que, en estos momentos, la función de equilibrio a los efectos de ambientar el lugar para que después el educador pueda desarrollar su actividad, no existe. En algunos lugares “monstruos” -como llamamos, por ejemplo, al IAVA o al Liceo Bauzá- es posible que en la actualidad no haya un encargado administrativo que verdaderamente -y en virtud de una carrera- haya podido acceder a su cargo. Además, estamos luchando, desde el Período pasado, por un concurso de secretarios que se hizo y que todavía no se ha terminado de evaluar, lo que también ha herido mucho.

De manera que no hay una continuidad de carrera ni un escalafón correspondiente, y todo esto hace a un presupuesto digno para que la distribución de personal no vaya en desmedro de un área que consideramos que es muy delicada. Cuando hay problemas de inseguridad en los centros educativos, se busca lo externo, pero aunque tenga que haber una guardia del servicio 222, en lo interno de la institución ocurre lo mismo que en este recinto: si no contamos con la gente que nos tiene el material pronto, a la orden, no se puede funcionar. Si los señores Senadores se interiorizan sobre la situación de los distintos centros educativos, tanto de UTU como de Primaria y Secundaria, van a comprobar que está desmantelado el equipo de trabajo que hace posible que el docente pueda desarrollar bien la educación.

Por eso, por más que vengan muchos insumos materiales y que se pueda tener hermosos locales, si no se cuenta con un presupuesto que pueda atender esas necesidades y no existe una verdadera carrera, tanto administrativa como funcional, los técnicos -me refiero a los psicólogos y los asistentes sociales- no van a tener un lugar donde actuar ni van a poder desarrollar su tarea, porque no hay quien limpie y a veces tienen que limpiar ellos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si ningún señor Senador desea formular preguntas, tomamos la documentación que nos han dejado, que formará parte de los insumos que tenemos para cuando llegue el momento de ingresar en la consideración de los artículos del Presupuesto.

Agradecemos a los representantes de la Asociación de Funcionarios de la  Universidad del Trabajo del Uruguay por la información que nos han aportado.

 

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay.)

 

(Ingresa a Sala una delegación de la Asociación de Funcionarios Policiales de Lavalleja.)

 

-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene mucho gusto en recibir a los representantes del Sindicato Policial de Lavalleja, señor Noel Ferreira, señor Vicente Herrera y doctora María Luisa Bollini, a quienes ofrecemos el uso de la palabra.

SEÑOR FERREIRA.- He venido como Presidente del gremio policial de Lavalleja, AFUPOL.

                Señores integrantes de la Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda: representamos a una organización gremial del departamento de Lavalleja, AFUPOL, Asociación de Funcionarios Policiales de Lavalleja. Nuestra presencia hoy aquí se debe a una situación que afecta no solo a los policías de Lavalleja, sino a los de todo el país, e involucra al sistema político: desde hace quince años no se nos está liquidando bien nuestro salario, porque no se aplica la ley, que por aquel entonces -y sigue vigente- nos otorgaba aumentos en función de la jerarquía y antigüedad que ostentaban los policías.

En esa época las diferencias salariales no representaban montos importantes, ya que los aumentos establecidos debían aplicarse sobre los rubros afectados a montepío. Recordemos que solo el 45% estaba sujeto a montepío. Con el transcurrir del tiempo se fueron agregando partidas y compensaciones -algunas sujetas a montepío y otras, no- sin tomar en cuenta las leyes que nos otorgaban aumentos en función de la jerarquía y la antigüedad.  Con el correr del tiempo, los rubros salariales fueron haciéndose cada vez más importantes y por la no aplicación de la ley, las diferencias se tornaron más notorias. En el presente no se está liquidando el salario de los integrantes de la Policía  Nacional al amparo de las Leyes Nos 16.320, 16.333, 16.462, 16.713, 16.911 y 18.405, cuya explicación técnica expondrán el Secretario del gremio, señor Vicente Herrera, y  la Asesora Legal de AFUPOL, doctora María Luisa Bollini, Ninguna Administración reveló la omisión y/o el incumplimiento de la ley. Fuimos los propios afectados quienes detectamos el incumplimiento de la ley por parte de las distintas Administraciones que pasaron desde aquel entonces. En consecuencia, hemos pedido al Estado que se repare esa omisión. Sin embargo, hasta el presente no hemos obtenido respuesta y seguimos cobrando nuestros salarios mal liquidados de acuerdo con lo que disponen las leyes ya mencionadas. Por esta razón, los integrantes de la Policía Nacional, sin distinción de jerarquías ni antigüedad, se vieron en la necesidad de recurrir a la Justicia en todo el territorio nacional. De hecho, el Estado tiene una deuda con los integrantes de la Policía  Nacional y, si bien se remonta a quince años atrás, sabemos que por ley al Estado solo se le puede reclamar por los últimos cuatro años; los demás años en los que no se nos liquidó de acuerdo con las leyes enunciadas, prescribieron. En efecto, perdimos mucho dinero, poder adquisitivo y calidad de vida. Se destaca como consecuencia de esta omisión el caso de aquellos integrantes de la Policía Nacional que pasaron a situación de retiro y que durante el tiempo en que no se liquidó bien el salario tampoco se les liquidó correctamente el haber de retiro.

Llama la atención, y nos provoca alarma, que el Estado hace cumplir la ley a sus ciudadanos, incluidos nosotros, con todo el rigor con que puede hacerlo. Sin embargo, no cumple con la ley, en este caso con los integrantes de la Policía Nacional. En este punto hacemos referencia, por citar algún ejemplo en el ámbito de la aplicación de la ley tributaria, al IRPF, el cual se nos aplica con todo el rigor y la extensión que marca la norma.

                Por lo expuesto, venimos a pedir a los miembros de esta Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que se trasmita a los miembros de la Cámara de Senadores, en ocasión de debatirse el Presupuesto de la   nación, que a los integrantes de la Policía Nacional no se les está liquidando su salario al amparo de las leyes ya nombradas, representando ello una falta importante en el salario, que implica una pérdida significativa y notoria del poder adquisitivo. Se deberían tomar en cuenta los recursos para dar cumplimiento a la ley que otorga los aumentos salariales a los policías. Eso quedará a consideración de los señores Senadores. Los integrantes de la Policía Nacional entendemos que ya es momento de que se empiece a liquidar correctamente nuestro salario, porque no deseamos que la deuda que el Estado tiene con nosotros siga aumentando y comprometiendo, así, el futuro de nuestro país. Esperamos que este mensaje sea de recibo para los señores Senadores de esta Subcomisión y destacamos el hecho de que nuestro reclamo es legítimo y ajustado a Derecho.

                Muchas gracias.

SEÑOR HERRERA.- El tema surgió a partir del artículo 21 de la Ley Nº 16.333, en el cual se establece abonar el 5%, el 10% o el 13% de las retribuciones sujetas a montepío, de acuerdo con la antigüedad de cada uno de los funcionarios policiales y su jerarquía. Esta última característica fue importante a la hora de tratarse la Rendición de Cuentas del año 1992 correspondiente a la Ley Nº 16.462 y a la Ley de Presupuesto Nº 16.736 del año 1996. Los porcentajes para el personal subalterno son del 20%, para los Suboficiales, del 25%;  Para los Oficiales superiores, del 30% y para los Oficiales Jefes, del 36%.

Esto se viene liquidando mal desde los años 1992 y 1993. Después, en el año 1995 se comenzó a luchar por algunos rubros y en la Rendición de Cuentas de 1996 empezó el problema del artículo 21, que es muy claro y dice que a todos los objetos de gasto sujetos a montepío se le aplicará este artículo. Hasta los años 2002 y 2004, las Rendiciones de Cuentas presentaban rubros pequeños. Luego, con la llegada del nuevo Gobierno en el año 2005, hubo partidas importantes que siguieron por fuera y no se tuvieron en cuenta ni para el artículo 21 ni para la Rendición de Cuentas. Después se crearon alrededor de cinco o seis partidas importantes en las que, por ejemplo, el objeto de gasto era importante, de más de $ 2.000. Ahora bien, las partidas de riesgo de vida, de canasta y de prima técnica fueron objeto de un cambio gradual y porcentual de un 50% en el 2009, un 20% en el 2010 y en el  2011 y finalizaría con el 100% para el 2012.

Por lo tanto, venimos a pedir que se establezca un diálogo ameno y fraterno para poder llegar a un acuerdo a fin de que, en el futuro, se haga una liquidación gradual. Tenemos claro que al Estado tal vez le resulte oneroso pagar cuatro años para atrás, pero puede haber una negociación o una instancia que permita la regularización. Tenemos 700 funcionarios que están haciendo los reclamos correspondientes en el ámbito de la Justicia, pero puede ser viable conversar para negociar y llegar, en el futuro, a una regularización, máxime teniendo en cuenta que, según las estadísticas del Gobierno, en los últimos años el Producto Bruto Interno ha crecido más de dos tercios en comparación con los años 2004 y 2005.  Quizás podría aportarse una ínfima cantidad de ese Producto Bruto Interno que hoy está teniendo uno de los crecimientos más importantes de América del Sur.

SEÑORA BOLLINI.- Buenas tardes a todos. Para nosotros es un honor y un gusto estar en este ámbito, sobre todo por la posibilidad de explicar la importancia de lo que estamos planteando, no solo desde el punto de vista jurídico -porque, lamentablemente, el Estado no ha cumplido con varias leyes y ha incurrido en omisión de pago- sino también desde el punto de vista social, ya que la situación ha generado un impacto en algunos integrantes de la sociedad.

                Tal vez les interese saber que hacer los cálculos del monto que el Estado le debe a un funcionario, nos lleva casi una carilla. Por ejemplo, a un Comisario Inspector se le deben $ 4.001 mensuales por un período de 12 meses lo que, a su vez, se debe multiplicar por 4 años. En promedio, se están debiendo casi $ 2.000 a cada policía. El tema es que no son solo los 700 funcionarios de Lavalleja, sino los policías de todo el país, que son 30.000. Entonces, imaginen la cifra: 30.000 por $ 2.000, por 12 meses, por 4 años. A su vez, ¡imaginen la cantidad de gente que se ha visto afectada por esta situación! Como bien dijo el señor Ferreira, cuando el Estado nos cobra el IRPF, el servicio de luz, de agua o de teléfono, tenemos que pagar antes del vencimiento de la factura porque si no, nos convertimos en morosos. Obviamente, aquí están involucradas familias enteras y, si consideramos que una familia tipo tiene 4 integrantes, las personas afectadas llegan a 120.000, o sea, 30.000 policías por 4. Esta es una primera explicación que -por supuesto- los señores Senadores conocen.

                Por otra parte, debo señalar que llamé tres veces al Ministerio del Interior para que el señor Ministro o el Subsecretario nos recibieran, pero no tuvimos suerte. Nos llama la atención, porque en una oportunidad hicimos un reclamo de otra índole -era un tema relacionado con los derechos humanos- y sí fuimos recibidos.

                No obstante, nos interesa destacar que en una relación laboral de naturaleza pública es imperiosa la presencia del Estado y existen normas de aplicación -de carácter nacional e internacional- que inciden en su gestión, en este caso, del Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas. Este último es el que proporciona al primero el dinero necesario para que pague. Entonces, el primero que estuvo omiso fue el Ministerio de Economía y Finanzas. La relación de los Ministerios con los funcionarios es fundamental, porque aquellos deben aplicar los derechos y beneficios que les corresponden a estos, pero como tiene que ser, sin arrasar posiciones a nadie. En este caso, el único beneficiado ha sido el Estado, puesto que no se han aplicado las leyes al momento de liquidar el salario, por lo cual solicitamos que, a los efectos presupuestales, se nos pague lo no liquidado y que, de aquí en más, se nos liquide el salario correctamente.

                Existen normas a nivel internacional que regulan esta materia. Algunas fueron ratificadas por nuestro país, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) -que lo fue mediante una ley de 1969- en uno de cuyos artículos menciona la equidad salarial, la justa remuneración del salario. Por encima de la Constitución, cuyos artículos 8º y 54 refieren a la justa remuneración, existen normas internacionales que avalan que no podemos renunciar al salario y  a una  justa remuneración.

                El sindicato -imagino que vinieron otros sindicatos de la Policía a hacer este mismo planteo-  no viene a pedir un aumento, sino a solicitar que se nos pague lo que se nos debe. Al respecto, creemos que es fundamental llegar a una negociación y, por eso, queríamos tener una entrevista con el señor Ministro pero, como dije, lamentablemente no fuimos recibidos. A modo de ejemplo, y para que los señores Senadores puedan tener el conocimiento adecuado, quiero decir que en algún Juzgado se intimó la comparecencia del Secretario porque el señor Juez quería hablar con él de estas cosas, pero tampoco concurrió. Entendemos que la negligencia con la que está operando el Estado es terrible, porque no hay posibilidades de hablar con el Ministro, y tampoco con el Secretario cuando un Juez intima su presentación a una audiencia. Por supuesto, las demandas se contestan, pero igualmente hay una omisión de pago y leyes violadas.

Quiero decir que, si en su momento hay una sentencia en contra, los policías nos vamos a quedar contentos, pero igualmente esta forma de proceder no es la que queremos para nuestro país. El monto del que estamos hablando es elevado, porque se deben multiplicar $ 2.000 por 4 años por 30.000 policías, pero también es mucha la plata que está faltando en nuestros bolsillos, en nuestras familias y, en definitiva, en el mercado porque se gasta acá; el policía no viaja a Estados Unidos con ese dinero.

                Otra cosa importante es que tenemos conocimiento -y en su momento lo plantearemos- de que podemos hacer este reclamo ante el Comité de Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra y es el que debe controlar que se cumpla con los derechos fundamentales, como el del salario, y que de ninguna manera esto pueda llegar a considerarse una renuncia.

 

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Heber.)

 

-La naturaleza de todas las normas que rigen al respecto son claras y, si bien me extendí, me pareció vital señalarlo en esta Comisión de Presupuesto. Quiero decir que confío plenamente en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y, por qué no, también en el Poder Ejecutivo porque me imagino que en algún momento los Ministros del Interior y de Economía y Finanzas nos van a recibir.

Por supuesto que no pretendemos que nos paguen $ 100.000 o              $ 150.000 todos juntos, pero sí queremos que haya algún tipo de voluntad al respecto y que se liquide correctamente lo pasado y lo que se está devengando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la confianza que tiene en el Parlamento.

SEÑOR PASQUET.- Me siento en la obligación de hacer un comentario porque no quisiera que esa confianza que dicen tener en las instituciones democráticas se vea defraudada si mañana la Ley de Presupuesto no contiene la norma que ustedes esperan. Por esa razón, debo decirles las dificultades que veo a este respecto. Es claro que el Parlamento no puede sancionar una norma legal que implique darles la razón y reconocer su reclamo sin antes hacer toda una investigación para ver si realmente las cosas son como ustedes dicen y convocar al Ministerio del Interior.

Es imposible hacer todo eso en los plazos de una ley de Presupuesto, así que debo decirles que no lo vamos a poder hacer. En este momento, tampoco podemos llamar al señor Ministro del Interior a esta Comisión para plantearle los hechos que ustedes alegan, decirle que existe un reclamo y que si se va a juicio puede ocurrir que al Estado le suceda lo mismo que a la Intendencia Municipal de Montevideo que, por no cumplir con sus obligaciones, tuvo que pagar varios millones de dólares -que aportamos todos los contribuyentes- para subsanar su error. No podemos hacer nada de eso porque tenemos plazos fijos; de los 45 días que nos da la Constitución de la República, ya pasaron 24 y nos quedan 21, por lo que estamos a contrarreloj. Tal vez sí podríamos analizar el tema fuera del período presupuestal, a través de las Comisiones pertinentes de cada Cámara, llamando al señor Ministro para preguntarle qué piensa hacer con esto, si piensa pagar varios millones de dólares o va a encontrar otra solución. Pero quiero decirles con toda claridad que ahora, durante el Presupuesto, no lo podemos hacer; no quiero que después vayan a buscar una norma que contemple su pedido -porque no la van a encontrar- ni que nos digan que no fuimos capaces de decirles que no era la instancia oportuna o que no era el procedimiento adecuado. En mi modesta opinión, esto es así y me siento en la obligación de decírselos con toda franqueza.

SEÑORA BOLLINI.- ¿Ya les habían planteado este problema?

SEÑOR PRESIDENTE.-No teníamos conocimiento.

SEÑORA BOLLINI.- Realmente es muy curioso, aunque ya nos habíamos dado cuenta, porque nadie habla del tema de la Policía a pesar de que se nos debe mucho dinero.

SEÑOR PRESIDENTE.- Nos ha quedado claro su planteamiento y, por otra parte, tenemos el memorando que nos han dejado.

                Agradecemos mucho su presencia y las expresiones brindadas.

 

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios Policiales de Lavalleja.)

 

(Ingresa a Sala la delegación del Instituto Psicopedagógico Uruguayo.)

 

-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene mucho gusto en recibir a la delegación del Instituto Psicopedagógico Uruguayo.

SEÑOR FERLA.- Agradecemos el tiempo que nos brindan para plantear nuestras inquietudes.

                Nuestro Instituto se creó hace exactamente treinta años y está legalmente constituido con estatutos aprobados en el año 1983 o 1984. Se trata de una fundación que atiende distintos niveles de discapacidad y, desde 1985, percibe una subvención por parte del Poder Ejecutivo, de la que se ha rendido cuentas regularmente hasta la fecha. Sin embargo, ha ido perdiendo valor a lo largo del tiempo, por lo que estamos solicitando que se recomponga. 

                En la nota que presentamos -que también fue presentada en la Cámara de Representantes- se plantea que se requeriría un ajuste del 78% para recuperar el valor que tenía en el año 2000. ¿Para qué se pide la recomposición del valor? Esa respuesta la dejaría en palabras del Director de la Institución, psicólogo Fernando Sierra, quien va a informarles a qué servicios se destinarían esos fondos.

SEÑOR SIERRA.- Buenas tardes y gracias por recibirnos.

                Desde el año 1980, la Fundación IPPU desarrolla actividades en el área de la salud mental y de la educación. Luego, en base a demandas concretas, comenzó a desplegar tareas en el área de la capacitación y de la inserción laboral, siempre orientadas a las personas con discapacidad. Allá por el año 1983, en el Uruguay no había un dispositivo de atención, por ejemplo, para niños con trastornos del espectro autista y la Fundación fue el primer lugar donde comenzó a brindarse una atención integral. En los años 1985 y 1986, cuando en nuestro país todavía no se hablaba del tema de la integración escolar de niños con discapacidades, se creó en la Fundación el primer Departamento de integración -que hoy sería de inclusión- y se prestó asesoramiento a nivel de enseñanza primaria para que comenzara a trabajarse en esa línea. De hecho, lo que en aquel momento era el Instituto Magisterial de Estudios Superiores participaba en la Fundación de cursos que allí se dictaban.

                Más adelante en el tiempo, mediante un convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo, se comenzó a capacitar laboralmente a jóvenes con discapacidades, pero con el verdadero diferencial de contar con un sindicato en el sector de la capacitación técnica: el Sindicato Único Gastronómico del Uruguay. Este curso continúa dictándose hoy en día y, de hecho, hace un par años se conformó una cooperativa social, GASTROCOOP, que brinda y gestiona la cocina del Centro Tarará Prado, además de dar atención a distintas empresas de Montevideo. Con este modelo, la Fundación se presentó a un llamado que hizo la Unión Europea para la Capacitación Laboral de Colectivos Vulnerables, aprobándose un proyecto mediante el cual, conjuntamente con el Sindicato y organizaciones sociales de cinco departamentos, se comenzó a capacitar laboralmente en el área de la gastronomía a colectivos vulnerables de Montevideo, Canelones, Colonia, Paysandú y Maldonado. Actualmente, estos cursos se están dictando, puesto que se trata de un proyecto a tres años.

                En realidad, lo que la Fundación ha hecho desde siempre, además de brindar atención y asistencia, es apuntar a la generación de capacidad desde una perspectiva de los derechos humanos en relación con la discapacidad, pero no como una mera cuestión de apoyo, ya que se apunta bastante más allá. Por ejemplo, en San Ramón, se implementó un proyecto piloto de rehabilitación, que hoy está consolidado y apunta a la estrategia de intervención comunitaria con relación a las personas con discapacidad, promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Eso ha hecho que hoy en día, desde el Ministerio de Salud Pública se invite a la Fundación IPPU a participar en un proyecto preventivo de enfermedades no trasmisibles. A su vez, desde el punto de vista académico, los técnicos de la Fundación participan en distintas instancias de carácter académico; la Facultad de Psicología tiene un lugar para realizar docencia, asistencia y extensión; también lo tiene la Facultad de Medicina con la Licenciatura de Psicomotricidad, etcétera.

                En definitiva, nuestra intención es tratar de trasmitir a los señores Senadores que desde IPPU no solo se brinda asistencia puntual a nivel de intramuros, sino que existe  una intervención a nivel de país.

A través de la Organización Panamericana de la Salud, se ha solicitado también que la Fundación capacite técnicos en el tema de la implementación de estrategias de rehabilitación de base comunitaria, en los departamentos de Canelones, Rocha, Treinta y Tres y Rivera. Es de destacar que parte de la subvención que el Estado nos brinda se destina a ese fin. En general, las personas que trabajamos en IPPU no lo hacemos por los salarios que se cobran. De hecho, la gente que trabaja es muchísima y no hay tantos ingresos. Son personas que están francamente consustanciadas con la tarea que desarrollan y, además, estimuladas por los evidentes resultados que se logran en forma permanente.

SEÑOR PASQUET.- Como no he tenido ocasión de leer el material presentado por la delegación, quisiera saber cómo les fue en la Cámara de Representantes.

SEÑOR FERLA.- No lo sabemos, porque oficialmente no se nos ha comunicado nada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Realizaremos las averiguaciones del caso y se lo comunicaremos oportunamente.

                Quedamos muy agradecidos por su presencia y por haberse tomado la molestia de venir a la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

 

(Se retira de Sala la delegación del Instituto Psicopedagógico Uruguayo.)

 

(Ingresa a Sala la delegación de Usuarios de los Servicios de las Unidades Ejecutoras que se suprimen por el artículo 709 del Presupuesto Nacional.)

 

                -La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gusto de recibir a la delegación de Usuarios de los Servicios de las Unidades Ejecutoras que se suprimen por el artículo 709 del Presupuesto Nacional.

Agradecemos su presencia, sabemos que han venido desde muy lejos y han hecho un gran sacrificio por estar hoy aquí, a efectos de plantear un tema que los angustia. Esta Subcomisión tiene el agrado de recibir muy especialmente, sin desmedro del resto de la delegación, al Intendente de Paysandú, señor Bertil Bentos -hasta hace muy poco, colega de la Cámara de Representantes- con su equipo asesor. Contamos también con la presencia de Alcaldes -es un lujo para nosotros tenerlos aquí- como, por ejemplo, el de Guichón, junto a algunos Ediles y Concejales. Me van a tener que perdonar los pertenecientes a otros pagos, pero a la gente de Rivera -especialmente a los oriundos de Minas de Corrales que han realizado un gran sacrificio para estar presentes aquí en el día de hoy- uno la lleva muy adentro en el corazón.

                Supongo que la delegación estará organizada para realizar su exposición y, seguramente, el señor Intendente hará uso de la palabra en primer término.

SEÑOR BENTOS.- Agradecemos a la Subcomisión de Audiencias por recibir a esta nutrida delegación, que está tremendamente preocupada por la situación a la que se está enfrentando como consecuencia de ciertos artículos que figuran en la Ley de Presupuesto a consideración de la Cámara Alta. A nuestro entender, esas disposiciones significan la pérdida de autonomía por parte de la totalidad de los hospitales diseminados en varios departamentos del país.

                Más allá del reconocimiento por la recepción que hemos tenido, quiero destacar que, para nosotros, es realmente formidable que se nos escuche, porque revitaliza las gestiones que se están llevando adelante, fundamentalmente por parte del pueblo.

                Nuevamente reitero que lo que nos trae hoy aquí es la pérdida de autonomía que deriva de algunos artículos del proyecto de ley de Presupuesto, en los que se apunta no a descentralizar, sino a centralizar el ejercicio y la gestión de la salud pública en los departamentos que la iniciativa abarca. Esto se produciría como consecuencia de la disposición que determina que la Unidad Ejecutora 041 del Presupuesto establecido para Salud Pública se centralizará en las capitales departamentales, lo que redundaría en una pérdida de autonomía. Es así que se deriva a los hospitales de las capitales departamentales el dominio total del ejercicio de la medicina y la distribución de recursos.

                Con el fin de ampliar la información sobre este tema, me gustaría que el señor Presidente cediera el uso de la palabra a quienes nos acompañan en la tarde de hoy. En lo personal, acompaño este movimiento y brindo todo mi respaldo a las gestiones que se están llevando adelante aquí, en esta Cámara de Senadores, y lo mismo haré en todas las ocasiones en que sea necesario, porque me interesa apoyar esta fuerza que emana del pueblo y apunta a fortalecer a los hospitales del interior de los departamentos.

SEÑOR FERREIRA.- Soy Secretario de la Comisión Representativa de los Vecinos de la ciudad de Guichón, que hoy está aquí para defender la Unidad Ejecutora 041, Hospital de Guichón. Quisiera hacer algunas apreciaciones al respecto.

                Hemos dejado a los señores Senadores copias de nuestro memorando, de las firmas que respaldan esta solicitud, de un decreto presencial al que haremos alusión posteriormente y también de un comunicado de ASSE.

                Si bien sabemos que estamos haciendo una interpretación jurídica y que, por tanto, podemos padecer error, entendemos que de aprobarse el proyecto de ley de Presupuesto tal como lo fue en la Cámara de Representantes, suprimiéndose la Unidad Ejecutora 041, se derogaría el Decreto presidencial Nº 262/007, de 24 de julio de 2007, por el cual se cambió la denominación de “Centro Auxiliar de Guichón” a “Hospital de Guichón”.

Otro tema a destacar es que, en la actual redacción del proyecto de ley de Presupuesto, se dispone que se trasferirán no solo los créditos presupuestales de las Unidades Ejecutoras suprimidas, sino también los cargos y funciones contratados. Esto ha generado preocupación, tanto en los usuarios como en los funcionarios del establecimiento.

                Antes de continuar, tengo que hacer una aclaración. En el memorando por error hicimos referencia a los artículos 705, 706 y 707, porque así nos lo dio el señor Representante Rombys. El error parte de esa comunicación. Solicito que se hagan las modificaciones que corresponda en el memorando.

SEÑOR PRESIDENTE.- No se preocupe porque vamos a chequear la numeración. Eso no es problema.

SEÑOR FERREIRA.- A pesar del aditivo introducido en el artículo 711 y el compromiso asumido por ASSE en cuanto a que los Centros de Salud conllevarán los créditos presupuestales asignados históricamente, no se establece lo mismo respecto de los funcionarios, los cuales también serán trasladados a la órbita de las nuevas Redes Departamentales de Atención Primaria.

                Por otra parte, también tenemos que hacer observaciones al Presupuesto, puesto que entendemos que las redes departamentales creadas por esta ley absorberán los  presupuestos de las Unidades Ejecutoras suprimidas y tendrán un refuerzo de aproximadamente $ 47:000.000 para repartir en todo el país. Nos preocupa que si el compromiso de ASSE es dejar en los Centros de Salud locales el Presupuesto histórico, entendemos que las redes creadas solo van a tener como presupuesto los $ 47:000.000 a repartir y alguna transferencia de fondos que pueda hacer ASSE por tal motivo. Nosotros consideramos que estos recursos van a ser insuficientes y tememos que las Redes Departamentales de Atención Primaria deban servirse de parte de las cargas presupuestales adjudicadas a los Centros de Salud, en caso de necesidad, lo que sería un perjuicio para ellas.

                Brevemente, sugerimos que se excluya completamente de la redacción de la ley de Presupuesto Nacional el artículo 709, que se hagan las modificaciones respectivas en el artículo 710 y que a las nueve Redes Departamentales se les dé presupuesto y cargos propios, modificando por tal motivo el artículo 711.

                Solicito se conceda el uso de la palabra al señor Ramón Mendieta, para que pueda culminar mi alocución.

SEÑOR MENDIETA.- Por lo expuesto precedentemente, solicitamos que no se vea afectada la denominación “Hospital de Guichón” otorgada por Resolución presidencial Nº 262/007 de 24 de julio de 2007, que se mantenga la Unidad Ejecutora 041 en el Hospital de Guichón, sin perjuicio de la creación de las Redes Departamentales de Atención Primaria como nuevas Unidades Ejecutoras, brindándoles los recursos necesarios para su funcionamiento, y se contemple la situación de los restantes Centros de Salud afectados en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

SEÑORA SUÁREZ.- Agradezco a la Comisión por recibirnos y brindarnos este tiempo. Por mi condición de médico y Alcalde, quiero decir unas palabras y trataré de ser lo más breve posible. 

                Tal como le sucede al señor Intendente de nuestro departamento, por mi función de Alcalde debo estar al tanto de todo lo que pasa en la región, pero, por mi calidad de médico y mi desempeño en este Centro durante 12 años, conozco perfectamente su funcionamiento interno. Pienso que con esta ley vamos a centralizar la salud y, particularmente,  las Unidades Ejecutoras en las capitales departamentales. Esto es muy claro: la Unidad Ejecutora 041 de Guichón pasa a Paysandú y sentimos como si nos arrancaran o sacaran algo.

Tenemos un buen contacto con el Hospital de Tacuarembó, ya que siempre colaboramos con los eventos que organizan para Manantial, porque no olvidamos que muchas veces derivan allí la  atención de los pacientes de nuestra villa.

                En primer lugar, nos gustaría que los señores Senadores analizaran la posibilidad de que nuestro Hospital pueda ser considerado, por su ubicación geográfica, como el segundo centro de segundo nivel, que sea una ayuda para descomprimir al Hospital de Rivera que, en estos momentos, padece de superpoblación. En segundo término, les pedimos que nos permitan actuar como comisión, en representación de los usuarios de la salud -nosotros no somos políticos, sino ciudadanos comunes- ya que nuestra intención es ayudar al Director a solucionar las distintas problemáticas.  Si se aplica esta ley, cada uno de nosotros irá a hablar con la nueva oficina en la ciudad de Rivera. Es imposible mantener un grupo de dieciséis personas, cuando solamente uno de nosotros va a las reuniones a hablar con quien, en definitiva, va a dar una solución. No queremos que este grupo -que es fuerte y trabaja con muchas ganas- se disuelva. Recientemente, juntando monedas en la villa -lo logramos en una tarde- conseguimos recaudar US$ 1.185 para comprar una impresora. Esto ocurrió después de todo el movimiento que hubo, donde se dijo que el Hospital iba a perder su credibilidad y que la gente dejaría de tenerle aprecio. Pero, por suerte, esto no fue así. Los pobladores de la zona sienten un gran aprecio por el Hospital y lo demuestran en cada una de las oportunidades que hay para ayudarlo. Entonces, les pedimos, por favor, que miren a Minas de Corrales como un lugar diferente, que está a casi 600 kilómetros de Montevideo, a más de 100 kilómetros de Rivera y que cuando llueve queda aislado.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le agradecemos sus valiosos argumentos.

SEÑORA FERRADA.- Personalmente trabajo como activista social -en forma honoraria- desde hace diez años en el departamento de San José y tuve el privilegio de ser elegida Edil suplente del Partido Nacional por ese mismo departamento.

                La inquietud de los vecinos de Libertad es la misma que han planteado los compañeros de las comisiones de usuarios de los demás departamentos. Nosotros queremos conservar el Hospital de Libertad y no tener que depender del Hospital de San José ni del de Montevideo. Es una paradoja que se hable de lograr un sistema de gobierno descentralizado, cuando estamos centralizando algo tan sagrado como la salud: centralizamos o descentralizamos. Con la salud no se juega porque es un derecho de todos; no es exclusivo de los ricos ni de los pobres. Todos debemos ser atendidos en el mismo nivel. Nos deben medir a todos con la misma regla. Por lo tanto, pedimos a  los señores Senadores que cuando levanten su mano para votar se acuerden de la gente -que viene hasta la tranquera a pie, con las alpargatas sucias, a esperar el ómnibus para que la lleve al “hospitalito”- a la cual en la época de hacer política le van a pedir el voto con la promesa de que le solucionarán sus problemas, cuando le quieren sacar una herramienta tan fundamental como es la atención de la salud.  En Libertad las personas se quejan de que no pueden ir a vacunarse a San José y, por eso, se les manda un vacunador; es la más grande con enfermos oncológicos y no podemos dejarlos sin hospital. A esta situación se agrega que frecuentemente estamos peleando por las demoras que se producen con las ambulancias, mientras que los pacientes esperan, quejándose de dolor. Muchas veces, es la policía la que ayuda en el traslado de los pacientes. No podemos permitir que nos saquen algo que ya habíamos logrado y que el pueblo merece. “Para el pueblo lo que es del pueblo.” El “hospitalito” es del pueblo y  hay que dejarlo. Todos los ciudadanos tratamos de trabajar, de hacer jornadas para mejorar su atención. Recuerden que somos ciudadanos todos los días del año y no cada tres años, cuando van a pedirnos el voto con la promesa de solucionar nuestros problemas. Los ciudadanos siempre estamos ahí.

                Muchas gracias.

SEÑOR TAJAM.- Aún después de esta larga jornada, es muy bueno recibir a una delegación de estas características. Estamos contemplando el planteo tal como lo están formulando y, sin duda, el tema va a estar presente cuando concurran los representantes del Ministerio de Salud Pública y de ASSE a la Comisión, el próximo martes. Me gustaría que tengan presente que el asunto será analizado en el marco de un avance en la salud -tal como hemos venido haciendo durante todos estos años- no solamente a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, sino también por medio del Presupuesto de ASSE, entre otros. Es en ese marco donde vamos a situar esta discusión, no para retroceder -de ninguna manera- sino para seguir avanzando en todo lo que hace al derecho a la salud que tiene la gente. No me cabe la menor duda de que no se van a perder servicios de salud y puede ser que lo que esté en discusión sean estos temas de descentralización, de toma de decisiones y de recursos humanos. En eso se va a basar el análisis y, reitero, no tengo ninguna duda de que la salud no va a retroceder. Tengan la certeza de que vamos a discutir este asunto cuando el Ministerio de Salud Pública concurra a la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Seguramente encontraremos una solución al planteo.

SEÑOR SILVERA.-  Concurro en representación de los usuarios de Ciudad del Plata. No quiero reiterar lo que la delegación ha expresado en esta Comisión y agradezco al señor Presidente y a los señores Senadores por recibirnos en la tarde de hoy. Ciudad del Plata está padeciendo la misma situación que plantean los usuarios y los representantes de los usuarios de cada localidad y departamento. 

                Escuchaba atentamente al señor Senador Tajam decir que no se va a perder salud; no obstante, le señalamos que sí se pierde autonomía, lo que para el interior es muy importante y la situación es muy particular en cada departamento. Permítame decirle que nosotros estamos peleando por algo muy justo y solamente el usuario sabe lo que está viviendo y lo que eso implicaría en dinero y en servicio. Como dijo Janeth Ferrada, los que muchas veces realizan los traslados haciendo las veces de ambulancia son los integrantes de las Seccionales Policiales. Eso es así en todo el interior, aunque no debería funcionar de esa manera.

Permítanme decirles que a partir de la aprobación de la Ley Nº 18.052 en el año 2006, Rincón de la Bolsa pasó a denominarse Ciudad del Plata. Precisamente, la aspiración de Ciudad del Plata, con 35.000 habitantes, es tener un hospital propio -donde tengan lugar los nacimientos, que hoy no hay- para no depender de Montevideo ni de San José.

Al analizar lo que está en discusión en el proyecto de ley, es decir, los artículos 709, 710 y 711, solicitamos a los señores Senadores que excluyan el 709 que comienza con el término “Suprímense”. Pedimos que no se suprima nada y que se mantenga todo como está. Está bien que se haga la red y todo lo que significa construir, pero creo que tenemos que pensar bien antes de levantar la mano y  mirar por los más débiles, porque quienes utilizan los hospitales públicos son los más débiles y vulnerables, señor Presidente.  Por favor, una vez más, en nombre del departamento de San José y de todos los compañeros, que muy bien se han expresado, les pedimos que piensen bien antes de levantar la manito.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Vamos a escuchar ese consejo.

SEÑOR QUIRÓS.- Soy de Minas de Corrales, departamento de Rivera. Vengo en doble calidad: como persona que lucha por su pueblo, para que el hospital no pierda autonomía, y también como técnico, pues soy abogado. Como tal, la interpretación que hago de este proyecto de ley es que no hay suficientes garantías, puesto que se ha legislado de una forma general -aun cuando todos sabemos que no se puede legislar para cada caso en particular- en realidades muy distintas.

Nuestra villa, que tiene alrededor de 3.000 habitantes, se ha puesto en el mismo nivel que otras poblaciones de mayor cantidad de habitantes que viven realidades diferentes a las nuestras. Entonces, estamos equiparando situaciones distintas, poniendo en un mismo lugar poblaciones carentes y otras que no lo son tanto.

Además, la redacción deja abiertas muchas vías para legislar posteriormente, pero no ofrece garantías en cuanto a cómo se va a proceder en ese sentido. Solicitamos que esto se establezca de la manera más clara posible porque, con la actual redacción, puede suceder lo que señalaban mis compañeros anteriormente. Hay una centralización en el departamento y se pierde autonomía. Digamos las cosas por su nombre. Si pretendemos descentralizar, no podemos centralizar en un departamento en el que -como en nuestro caso- la situación del hospital no es de las mejores. Si hoy tenemos problemas y luego nos plegamos a una red a la que se sumará más gente y más administración, es lógico que eso no funcione bien.

                Estuvimos reunidos con el personal de ASSE, a quienes les planteamos esta situación, pero no supieron darnos una respuesta clara. Es más; les planteé cómo iba a funcionar este mecanismo y ellos, en pocas palabras, me contestaron que iba a seguir el mismo Presupuesto, pero que se contemplaría cada situación, otorgando más recursos en los casos en que fuera necesario. Al respecto, pregunté cuál era la vía que se iba a utilizar para distribuirlos de la mejor manera posible, contemplando las diferentes realidades. Por ejemplo, en Rivera hay muchos pueblos y, si varios presentan necesidades, me gustaría saber cómo se procederá, sobre todo tomando en cuenta que  queremos mejorar de una forma práctica y rápida; si ello se logra con lentitud, no va a haber ningún progreso.

                Básicamente, entendemos que la idea es mejorar y progresar, pero a través de una legislación clara, que especifique cómo se va a implementar lo que se propone.

SEÑOR HELGUERA.- Integro la Comisión Pro Unidad 041, Hospital de Guichón. Aspiramos a que luego de las negociaciones que realicen los señores Senadores, se pueda mantener nuestra Unidad.

                En lo personal, simplemente quería agradecer muy especialmente a todos los señores Senadores, por haberse hecho tiempo para recibirnos, y también a los señores funcionarios de este lugar de trabajo, ya que sabemos que la tarea que desempeñan es muy ardua.

Estamos aquí porque, en realidad, en la instancia de la Cámara de  Representantes, seguramente, no existió la virtud necesaria como para darse cuenta del problema en tiempo y forma, y en esto todos tenemos alguna responsabilidad. No tuvimos tiempo de subsanar nada, ya que nos dimos cuenta de esto un lunes y el proyecto se votaba  el  martes, o algo por el estilo. No  obstante, nos pusimos a trabajar -desde luego, honorariamente- para conseguir  “torcer el rumbo” de la decisión tomada.

Asimismo, queremos agradecer particularmente el hecho de que el señor Intendente de Paysandú se haya puesto a la cabeza de esta lucha. Vale aclarar que, en lo personal, no pertenezco a su partido político, pero estoy muy contento y agradecido por el apoyo que recibimos de él, de algún Secretario General -hoy aquí presente- y también, especialmente, de la Junta Departamental de Paysandú, adonde fuimos a solicitar que se conformara una Comisión Especial que tratara este tema, cosa que se hizo. Esa Comisión Especial, integrada por todos los partidos, se encuentra aquí presente; de esta forma, queremos dispersar toda duda respecto de intencionalidades que, inevitablemente, aparecen en este tipo de situaciones.

Así es que, en lo personal, estoy muy agradecido a todas las personas que nombré y, particularmente, a los señores Senadores que nos han representado muy dignamente.

SEÑOR VILLAGRÁN.- Soy Edil del Frente Amplio en la Junta Departamental de Paysandú e integrante de la Comisión de Género y Ambiente. Como se ha dicho anteriormente, el tema está planteado en la Junta y hemos concurrido aquí en compañía -por decirlo así- para que se dispersen todas las dudas.

Con respecto a este problema, no sé si se trata de una interpretación o no, pero pensamos que aquí se zanjarán todas las incertidumbres y que todo esto será tenido en cuenta antes de que el  proyecto sea  promulgado como Ley Presupuestal. Por supuesto que la ciudadanía está muy preocupada, porque se habla de que se puede perder la categoría de hospital o el nivel de atención, lo que genera un alto grado de inseguridad. Por eso hemos venido acompañando a la delegación. 

Por otra parte, quisiera solicitar -porque así nos lo han requerido- que se envíe la versión taquigráfica de la sesión de hoy a nuestra Junta Departamental.

Desde ya, hago llegar mi agradecimiento a todos los señores Senadores y les deseo lo mejor.

SEÑOR AMORÍN.- Quiero decir algo, muy brevemente.

                Agradezco a nuestros visitantes todo el esfuerzo que han hecho, pues hay gente que ha venido desde muy lejos para defender lo que creen son sus legítimos intereses. Valoramos muy especialmente todo esto y queremos decirles que pueden tener la certeza de que los Senadores de todos los partidos políticos -sé que estoy hablando en nombre de todos- vamos a tratar el tema a fondo y con la seriedad que merece; vamos a interrogar al Ministro para que nos explique con claridad lo que está ocurriendo y pondremos todo nuestro esfuerzo para que las cosas salgan lo mejor posible. Quizás no tengamos una idéntica visión del tema, pero sepan que siempre lo abordaremos con un sentido constructivo. No tengan dudas, además, de que todos podrán contar con la versión taquigráfica, tanto de lo que pase hoy, como de la instancia en que concurra el Ministro y la del Plenario de la Cámara.

SEÑOR PASQUET.- Saludo la presencia de esta nutrida delegación que está expresando un interés en el asunto evidentemente vivo e importante, porque los ha traído hasta aquí desde diversos puntos del país.

                Me animo a adelantar mi posición -que creo también será la de todo el Partido Colorado- de no acompañar las normas por las cuales se quita el carácter de unidades ejecutoras a estos Centros de Atención de la Salud, situación que despierta el interés de nuestros visitantes.

No tenemos dudas de que la reforma que se propone está inspirada en las mejores intenciones. Los gobernantes no son personas que estén pensando en cómo perjudicar a la población, sino que siempre están tratando de que mejore. A veces se acierta en los caminos que se adoptan y otras veces no, pero la intención siempre es buena. Lo que ocurre es que, en este caso, nos parece que se ha errado el camino, porque creemos en la sabiduría que hay en esa máxima que dice: “Si no está roto, no lo arregle”. Aquí no estamos encarando esta situación porque los centros de atención de la salud contemplados en este artículo 709 del Presupuesto estén en una situación de crisis, descontrol, desgobierno o mala administración, y, en respuesta, se propone quitarles el carácter de unidades ejecutoras. No fueron esos los argumentos del señor Ministro cuando se planteó la cuestión en el Senado; él defendió la reforma que está empeñado en llevar adelante, pero de ninguna manera dijo que hubiera aquí una situación crítica. Y lo que vemos, con la presencia de ustedes y las manifestaciones que reiteradamente se han hecho llegar por escrito a todos los Senadores -seguramente también a los Diputados- es que la gente defiende su hospital y está convencida de que la autonomía que tiene es importante para que su administración sea buena. Me parece que esas son razones de sentido común; si la gente está conforme con el modo en que funciona su hospital, ¿por qué cambiarlo? No hemos escuchado hasta ahora una razón satisfactoria para justificar el cambio que se propone y, por lo tanto, defenderemos que estos hospitales conserven su carácter de unidades ejecutoras, sin perjuicio de que, como lo han dicho también los visitantes, se integren en redes más amplias de atención de la salud, si es que ellas sirven para mejorar ese servicio tan importante.

SEÑOR MICHELINI.- Era “vox populi” que este tema venía al Senado y que los Diputados no lo iban a considerar. Quiero hacer esta aclaración para no cargar las tintas sobre unos u otros parlamentarios. Todos sabemos que muchas veces se acuerda que determinados temas sean tratados por una de las Cámaras, y así se procede. En ese sentido, adelanto que nosotros vamos a estudiar el tema con detenimiento. Este no va a ser un artículo que se vote a las corridas. Los que fuimos Ediles, los que lo son ahora, los que han estado en la Cámara de Representantes -como el Intendente- y los que somos Senadores sabemos que los órganos parlamentarios, en algunas circunstancias, hacen confianza en los compañeros. Si no encontramos una solución de consenso con respecto a este artículo -y creo que todos vamos a remar para ello- va a ser muy debatido. Desde ya, esperamos encontrar la solución correspondiente.

Con esto no quiero decir que, como Senador, conozca más que el señor Ministro sobre el tema de la salud. Habrá que escuchar los argumentos e ir más despacio; incluso, quizás haya que pensar en llevar adelante experiencias piloto en dos o tres lugares del país, sin quitar a esos hospitales la calidad de unidad ejecutora, y ver cómo funcionan. La idea es mejorar, pero para ello necesitamos el esfuerzo de la gente. Si nos encontramos con que, no estando aún en desarrollo, la gente no abraza esta reforma, ya comenzamos con complicaciones y lo peor sería que aquí hubiera un cortocircuito de por vida.

Vuelvo a decir que, en mi opinión, el señor Ministro está bien intencionado. Hay que ver cómo encontramos una solución. Sobre algunos aspectos ya hemos hablado, pero insisto: quizás haya que facultar al Ministro a llevar adelante alguna experiencia, sin quitar la calidad de unidad ejecutora, y ver cómo avanzamos.

No tenemos el propósito de que la salud no cuente con la participación de la gente. Hemos peleado por eso y lo hemos defendido; hoy ASSE tiene trabajadores y usuarios. Entonces, no dejaremos de tener en cuenta lo que nos están diciendo, pero tenemos que escuchar al señor Ministro y encontrar la resultante, y lo vamos a hacer con ponderación, que creo es lo que esta norma necesita.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Comisión, debo decir que ha sido un gusto recibir a esta amplia delegación.

Estamos seguros de que vamos a encontrar una solución. Vuelvan a sus pagos con la tranquilidad de saber que no se les despojará de nada. Esperemos que, en ese sentido, la sensatez y el raciocinio triunfen, porque si los médicos, los usuarios y el pueblo no quieren esto, quiere decir que algo no está bien. Vamos a hacer las cosas como para que los médicos, los usuarios, los funcionarios y el pueblo todo estén conformes, porque esa es la mejor reforma que hay.

 

(Se retira de Sala la delegación de Usuarios de los Servicios de las Unidades Ejecutoras que se suprimen por el artículo 709 del Presupuesto Nacional.)

 

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay.)

 

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Penadés.)

 

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir a la delegación de la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay, quienes disponen de quince minutos para plantear su reivindicación.

SEÑORA VINCI.- En principio, debemos decir que lamentamos el atraso, pero aclaramos que fue producto de un malentendido ajeno a nuestra responsabilidad.

                Por otro lado, agradecemos a la Subcomisión que nos reciba en este momento para escuchar nuestra posición con respecto al proyecto de ley de Presupuesto.

                A los efectos de ser lo más breves que sea posible -sabiendo que contamos con quince minutos- haremos un análisis de los artículos 642 y 643, que ya recibieron media sanción parlamentaria.

                En el artículo 642, como explicamos en la carpeta entregada a los señores Senadores, encontramos dificultades con los montos otorgados para hacer frente a las necesidades básicas. El 84% de los funcionarios percibimos menos de $ 19.188; cifra considerada por la Confederación como base de un mínimo salarial.

Aclaramos que no solicitamos audiencia en la Cámara de Representantes durante el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto porque esperábamos llegar a un acuerdo total con la Corte Electoral o, por lo menos, en un alto porcentaje. La realidad es que de los doce artículos que la Corte Electoral presentó en el Mensaje al Poder Ejecutivo solo el primero fue negociado.

Comprobamos que las diferencias existentes entre lo solicitado por la Corte Electoral y lo asignado por el Poder Ejecutivo y votado en la Cámara de Representantes, presentaban dificultades para hacer frente a una tabla que respondiera a las necesidades que nosotros consideramos que son básicas para desarrollar normalmente las tareas necesarias en el organismo.

Por otro lado, durante el quinquenio anterior en varias oportunidades planteamos nuestras discrepancias con respecto a la distribución del dinero de la Corte Electoral. Entendemos que es injusto que se siga haciendo de esa manera porque consideramos que no contribuye al normal funcionamiento de la institución. Abogamos para que se continúe con el proceso que tuvo un éxito importante en la Rendición de Cuentas de 2008 con el artículo 267 de la Ley Nº 18.172 que, justamente, habla de la distribución equitativa de las partidas y refiere, específicamente, a las partidas extraordinarias o por horas extras.

                Apelamos a que todo aquello que deba hacerse dentro del organismo se realice en el marco de una organización adecuada y planteada por las autoridades, y con los acuerdos necesarios en el ámbito de una negociación colectiva.

Realizamos la propuesta de un doble horario -que no es una idea nueva- y la Corte Electoral nos solicitó que hiciéramos una encuesta que adjuntamos a la carpeta. En la encuesta realizamos dos preguntas: una era hacia dónde estimaba el funcionariado que era necesario que se volcaran los ingresos que fueran votados y la otra se refería al tema del horario. En cuanto al primer punto, el 97% del funcionariado planteó que las retribuciones fueran  destinadas a salario y no a horas extras. Con respecto a la pregunta del horario, hay porcentajes clarísimos en cuanto a la posibilidad de que funcionarios del organismo puedan participar de las tareas necesarias, tanto en el proceso normal de inscripción, renovación y toda las tareas que se realizan dentro del organismo, como en todas las tareas de informática que están dentro del objetivo fundamental que la Corte Electoral ha presentado en su Mensaje al Poder Ejecutivo y al Parlamento.

En ese sentido, ahí es donde estarían las mayores discrepancias que tenemos con lo que viene planteando la Corte Electoral -por lo menos, en su interna- en cuanto a qué hacer con el artículo 643 y a la diferencia que existe entre lo solicitado y lo aprobado.

                Existen dos sistemas fundamentales para lograr la informatización del Registro Electoral, o -tal como lo llamamos nosotros- del Registro Cívico Nacional. Queremos aclarar que la expresión “informatización del Registro Electoral” figura en el texto del artículo 643 aprobado por la Cámara de Representantes, pero para nosotros es “informatización del Registro Cívico Nacional”, que no es lo mismo. Como decía, hay dos vías: la del escaneo y la de la renovación masiva. Esta última se produce a medida que los ciudadanos van renovando su credencial y, por tanto, se digitalizan los expedientes. Al finalizar el proceso, se obtienen las hojas electorales digitalizadas, por lo cual los integrantes de las Comisiones Receptoras de Votos pueden disponer de la información en una terminal computarizada, en lugar de aquel viejo legajo con hojas electorales.

                Obviamente, estas dos vías tienen diferentes costos pero, además, la que originalmente planteó la Corte Electoral en su proyecto, que es la de renovación masiva con el escaneo final, es la que defendemos.

SEÑOR MICHELINI.- En el Mensaje de la Corte Electoral, ¿cuál es este artículo?

SEÑORA VINCI.- Es el artículo 4° del Mensaje original.

                Como funcionarios de la Corte Electoral, compartimos lo que expresa en su Mensaje, entre otras cosas, porque entendemos las diferencias que hay entre un escaneo y una informatización por el método de la renovación masiva. El escaneo implica la copia digitalizada de una hoja electoral que no está actualizada; no lo están ni la fotografía ni el traslado. Por lo tanto, de utilizarse este procedimiento, dejaría de cumplirse uno de los objetivos que también se plantea la Corte Electoral, que es el de actualizar el domicilio del ciudadano para que este pueda votar en el municipio correspondiente, además de que la fotografía se corresponda con la fisonomía que tiene cuando se presenta ante la Comisión Receptora de Votos.

                Por eso insistimos en que nos gustaría poder llegar a un acuerdo con la Corte Electoral en esta materia, acuerdo que hasta ahora no hemos podido lograr. Visto y considerando la diferencia en cuanto a los costos, la Corte Electoral nos solicitó que explicáramos la disparidad que existe entre lo solicitado y lo concedido y, por otro lado, está reviendo la posibilidad de utilizar el procedimiento del escaneo únicamente en las hojas electorales.

Esto implica algo que todavía no les planteamos: todas aquellas renovaciones realizadas durante el Período, si fueron escaneadas, van a tener que desecharse y, por lo tanto, va a ser plata tirada a la calle. También queremos decir lo siguiente en cuanto a las formas. Nosotros defendemos y no nos oponemos al trabajo que implica tener remuneraciones atadas a metas, pero no estamos de acuerdo en que las retribuciones sean parciales para un grupo de funcionarios porque eso significaría volver a viejas prácticas que generaron muchísimas complicaciones. En este sentido, no creemos que el funcionariado esté dispuesto a seguir soportando ese tipo de diferencias. Los señores Senadores saben que en la Corte Electoral existe una particularidad que la hace diferente a todos los demás organismos, como es el tema de la afiliación partidaria. Nuestro sindicato, que está integrado por funcionarios de diferentes filiaciones partidarias, defiende la distribución equitativa de las partidas, cualquiera sean ellas, y no estamos de acuerdo con una solicitud indiscriminada de horas extras como solución para encarar las tareas que  corresponden al organismo. Consideramos que se puede cumplir con las tareas habituales de una forma normal y, en cuanto a las tareas especiales, estimamos que si la Corte Electoral se organiza adecuadamente y, por ejemplo, hace la renovación masiva cumpliendo con alguna de las metas, fundamentalmente, la convocatoria a la ciudadanía en general a través de la prensa y la coordinación con distintas instituciones y organismos públicos, todo eso contribuiría a llevar adelante esa informatización que, si bien es necesaria, no consideramos de vida o muerte y no vamos a permitir que se haga  a costa de los funcionarios. La vida nos ha demostrado que todas las instancias electorales -tanto las comunes como las extraordinarias- han sido llevadas a cabo con la voluntad, el trabajo, la abnegación y la entrega del conjunto de los funcionarios. Por lo tanto, más allá de muchos miedos que a veces se plantean, queremos decir que en este caso no sería así. Por esa razón, pedimos que estudien nuestro planteo y el de la Corte Electoral -creo que lo va a hacer el próximo lunes- para que se puedan encontrar vías de solución a esta diferencia que se da con este artículo que refiere a la vía de digitalización.

SEÑORA DÍAZ.-  En la documentación agregamos el trabajo que realizamos respecto del escaneo. En este sentido, quiero decir que el escaneo de las hojas electorales ya se había propuesto y votado en el Presupuesto anterior pero, por distintas razones, después no se habilitó el dinero para hacer este trabajo; lo cierto es que el programa ya está comprado y los escáneres también.

Además, los técnicos sindicalizados hicimos un estudio según el cual, si hubiera 25 escáneres funcionando durante 12 horas, necesitaríamos 245 días   -6.138 horas- para poder escanear 1:700.000 hojas electorales que quedarían dentro del Registro Cívico Nacional. Pensamos que para la próxima elección vamos a tener aproximadamente 2:500.000 habilitados; a su vez, entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de este año hubo alrededor de 500.000 inscripciones, renovaciones y renovaciones con traslado -con el cierre del período el año pasado- las que fueron habilitando las renovaciones de los documentos que tenemos y que ya están en forma digital. Quiere decir que tenemos que pensar que vamos a tener unos 800.000 habilitados menos, por lo que nos quedarían 1:700.000, de los que también habría otros tantos, varios miles, que renovarán o se inscribirán en este período.

En síntesis, si solo se escaneara y se utilizara el escáner 12 horas, podemos decir que necesitamos 245 días para escanear y 306 para recortar las firmas y las fotos de las hojas electorales que están dentro del Registro Cívico -algunas viejas o deterioradas- por lo que la tarea puede ser realizada en un año y medio.

En realidad, queremos aclarar que este sindicato y la mayoría de los funcionarios electorales -los que pertenecieron a la Legislatura pasada ya lo saben- nos negamos a hacer horas extras. Somos un sindicato que no pelea por horas extras, sino por una verdadera organización de gestión dentro de la Corte Electoral y creemos que esta tarea -con el escáner funcionando 12 horas- se puede hacer con dos o tres turnos de funcionarios. Nosotros somos 913 funcionarios en todo el país y si se decide hacer una renovación masiva       -haciendo un llamado abierto a la población para trasladar y renovar- tendríamos que sacar funcionarios de toda la estructura de la Corte Electoral para realizar esa tarea. Entonces, los compañeros que queden en sus respectivas funciones se verán sobrecargados y esa es la razón por la que no queremos esa solución. Las horas extras deben ser utilizadas para realizar una tarea específica y no deben ser hechas por aquellos que están recargados porque hay otros compañeros haciendo tareas específicas. Por tanto, la solución que planteamos a la Corte Electoral es que se pague una remuneración de acuerdo con la productividad, repartiéndola entre todos los funcionarios. En ese sentido, estamos dispuestos a sentarnos a estudiar y negociar cómo se hace para calcular la productividad administrativamente. De todas maneras, quiero aclarar que, cuando nos abocamos a una elección, los funcionarios -así sean de Contaduría o de Personal- estamos enganchados en eslabones unos con otros, porque las tareas se relacionan. Por lo tanto, creemos que las horas extras han distorsionado permanentemente la tarea y han llevado al deterioro actual del organismo.

Creemos que, si buscamos una solución junto con el Parlamento, podemos lograr una Corte Electoral mucho más organizada al servicio de la ciudadanía y del sistema político de nuestro país.

 

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Dalmás.)

 

SEÑORA VINCI.-  Deseo realizar un  planteo preciso, incluso, para que conste en la versión taquigráfica.

                Nuestra propuesta concreta de trabajo consiste en que en lugar de horas extras se considere una prima por productividad. En este sentido y con el fin de que exista estímulo -ya que es una de las preocupaciones que tienen las autoridades de la Corte en cuanto a las posibilidades de trabajo- hemos entablado contacto con otros Organismos -fundamentalmente Entes- que trabajan con ese sistema. Tampoco queremos horas extras vacías, sino que deseamos una productividad que fomente el trabajo y permita cumplir con las metas; no es que no estemos dando alternativas a la otra propuesta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha quedado suficientemente clara vuestra reivindicación. En oportunidad de la visita de la Corte Electoral a esta Comisión haremos las preguntas que corresponda y tomaremos en cuenta todo lo que aquí se ha planteado cuando llegue el momento de discutir el articulado.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 20 y 07 minutos.)

Material adjuntado por las Delegaciones. 1

Material adjuntado por las Delegaciones. 2

Material adjuntado por las Delegaciones. 3

Material adjuntado por las Delegaciones. 4

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.