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Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 58 minutos)

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que se encuentra analizando el proyecto de ley del Presupuesto Nacional, da la cordial bienvenida a la delegación del Ministerio de Educación y Cultura, integrada por el señor Ministro, Ricardo Ehrlich, la señora Subsecretaria, María Simon y el grupo de asesores.

                Ante todo, queremos brindar a los integrantes de la delegación las disculpas del caso, dado que debimos asistir a una sesión imprevista del Senado, por lo que esta sesión comenzó más tarde.

                A continuación, escucharemos la presentación que el señor Ministro, o quien él indique en cada caso, tiene para hacer con respecto a las consideraciones generales y luego el articulado, a propósito del Inciso 11.

SEÑOR MINISTRO.- Buenos días señora Presidenta y señores Senadores, es un gusto para mí estar hoy aquí.

                Entiendo que, en la jornada de hoy, la Comisión hará un esfuerzo importante en lo que tiene que ver con la educación. Dado que los tiempos son acotados, presentaré brevemente las líneas generales de trabajo para este período en la Cartera, refiriéndome en particular a aquellas propuestas que tienen mayor impacto a nivel presupuestal. Luego cederé el uso de la palabra a  la contadora Lilián Morales, quien hará una referencia rápida a todo el articulado, de manera que la Comisión pueda tener una visión de conjunto. Finalmente, el Director General Pablo Álvarez se referirá a algunos temas de redacción, en algunos aspectos muy precisos.

                Como es sabido, el Ministerio de Educación y Cultura tiene un número importante de unidades ejecutoras: la Dirección General -de la que depende la Dirección de Educación-, la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, la Dirección de Derechos Humanos y el Programa Centros MEC, que estamos proponiendo que se cree como Dirección, la Dirección de Cultura, el Museo Histórico Nacional, el Archivo General de la Nación, la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, el Instituto de Investigaciones Clemente Estable, la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Biblioteca Nacional, el SODRE, las Fiscalías de Gobierno, la Dirección General de Registro, la Fiscalía de Corte y Ministerio Público, la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, la Dirección General de Registro Civil, la Junta de Transparencia y Ética Pública, y la Televisión Nacional.

En total, tenemos unos 2.800 funcionarios, de los cuales el 83% está presupuestado.

                En esta etapa, nos fijamos como meta el fortalecimiento de la Cartera, lo que requerirá algunas iniciativas relativas a la reestructura, en virtud de que  determinadas unidades ejecutoras -como es el caso del SODRE- necesitan propuestas nuevas y vigorosas. En ese sentido, recientemente hemos enviado al Parlamento un proyecto de ley que tiene iniciativa del Poder Ejecutivo, relativo a la reforma del Código del Proceso Penal -supongo que será tratado próximamente- que, de aplicarse, implicará cambios importantes en cuanto a las responsabilidades de justicia del Poder Ejecutivo y, muy particularmente, del Ministerio Público y Fiscal. Se requiere transitar hacia una nueva institucionalidad y, a la vez, hacia su  fortalecimiento, lo que requerirá iniciativas de envergadura.

                Por otro lado, en este período se procesarán modificaciones sustanciales en lo que es el Sistema Nacional de Educación Pública;  tendremos iniciativas importantes, necesarias para lograr los cambios institucionales. Cabe indicar que ya ha ingresado al Senado la propuesta de  creación de una Agencia para la acreditación y la promoción de la calidad en la enseñanza terciaria, acompañando lo que entendemos es una muy fuerte expansión -prevista para el período- en esta área. Proponemos, además,  la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa -ello está en el articulado, de acuerdo a lo resuelto en la Ley de Educación- que refiere a los niveles primario y medio. Entre otras iniciativas, hay numerosas propuestas de creación o de fortalecimiento de instituciones a nivel de la cultura, a través de nuevos espacios como el de “Arte Contemporáneo” -que ya es operativo-, y esperamos que en corto tiempo el Instituto de Artes Escénicas también pueda inaugurarse. A su vez, apuntamos a un fuerte desarrollo  de nuestro Programa de Centros MEC  y del Programa Nacional de Educación y Trabajo, en los que se enmarcan los CECAP -de todo esto hablaremos luego, rápidamente- y que son objeto de un esfuerzo presupuestal particular. Como habrán observado, hay un conjunto de iniciativas que van a requerir reestructura y fortalecimiento de la Institución.

A nivel de educación, podría mencionar también la creación de nuevas instituciones de enseñanza terciaria, por ejemplo, el Instituto Universitario de Educación y el Instituto Terciario Superior, así como la consolidación del sistema de educación no formal  y su Consejo Nacional, creado por la Ley General de Educación. Todo esto va a requerir, en el período, esfuerzos importantes de desarrollo de institucionalidad.

                En lo relativo al tema educación, voy a enumerar muy rápidamente los objetivos del Ministerio. El primero y mayor de ellos es el desarrollo de un Plan Nacional de Educación y la implementación de la Ley Nº 18.437, o sea, la Ley General de Educación. La otra tarea central que tenemos  por delante es la creación, desarrollo y consolidación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, pues se pretende asegurar y promover la calidad de la educación terciaria. Otro objetivos son: promover la calidad de la educación en la primera infancia; impulsar, combinar y difundir las propuestas de educación no formal de calidad; asegurar el cumplimiento de las normativas de las instituciones educativas privadas y la calidad de las propuestas en las áreas reguladas; promover la acciones de educación no formal dirigidas a adolescentes y personas adultas -en particular, el Programa CECAP, que ya mencionamos y al que luego nos referiremos más específicamente- y contribuir al desarrollo de políticas educativas en el marco de un Plan Nacional de Juventud. En este último aspecto, también hay un tema importante, que hemos llamado “compromiso educativo”, respecto al cual se realiza un esfuerzo presupuestal singular. Finalmente, nos planteamos asegurar el desarrollo de las líneas transversales de la educación, en el marco de lo que impone la ley.

                Si los señores Senadores me lo permiten, brevemente haré algunas referencias a los grandes desafíos de la educación que están planteados en este período. Ante todo, corresponde señalar que, en ese sentido, se esperan grandes cambios para esta etapa. En el período anterior, se hizo un esfuerzo singular en el desarrollo y fortalecimiento de la educación, en particular, de la educación pública. En ese sentido, próximamente estaremos comunicando los primeros análisis resultantes del Anuario Educativo 2009, en el que se podrán verificar los resultados del esfuerzo realizado. Para esta etapa, está planteada una serie de desafíos mayores en  todo el sistema educativo, en particular a nivel primario, con la expansión de los tiempos educativos, incluyendo las Escuelas de Tiempo Completo, pero también a nivel de enseñanza media, tanto en lo que refiere al ensamblado de la educación técnica y la educación general -haciendo desaparecer esa frontera que hay entre la sabiduría y la inteligencia manual, yendo hacia una formación general- como en lo relativo a los grandes problemas que tenemos en esta área, que los señores Senadores conocen bien y que podría resumir en aspectos de calidad y de cobertura. Concretamente, estas dificultades tienen relación con el serio problema de completar los ciclos educativos y con la existencia de fuertes inequidades, tanto de carácter social como territorial. Sobre ese aspecto, el sistema de enseñanza media debe hacer grandes esfuerzos.

                Finalmente, en lo que tiene relación con la enseñanza terciaria, sin duda, en este período el énfasis está puesto en la expansión del sistema, de manera de poder ampliar el acceso de nuestros jóvenes a las propuestas que se brindan en este nivel de educación. En ese sentido, hoy los señores Senadores escucharán la propuesta de la Universidad de la República que, entre otras cosas, apunta al desarrollo de centros regionales. Al mismo tiempo, estamos avanzando en la implementación del Instituto Terciario Superior, que tendrá como cometido la formación de técnicos en distintos lugares del territorio nacional, lo cual requiere de acciones conjuntas entre el Consejo de Educación Técnico Profesional -UTU-  y la Universidad de la República.  También se está trabajando en la creación de una segunda institución, el Instituto Universitario de Educación, de cobertura nacional, que también requiere de una fuerte interacción entre la ANEP -específicamente, en su sector de formación docente- y la Universidad de la República. El conjunto de estas propuestas tiene que generar un sistema articulado donde el tránsito horizontal sea fluido. Entendemos que las distintas iniciativas que están hoy a consideración permiten asumir y concretar estos desafíos durante este período y, en ese  contexto, un esfuerzo singular se va a centrar en materia de inversiones edilicias. Pienso que es posible llevar a cabo en este período una de las reformas edilicias de mayor significación a nivel educativo; es algo indispensable aunque reconocemos que no es suficiente para asegurar los cambios. De todos modos, adelanto que tampoco serán posibles sin esta fuerte inversión. En esta dirección quisiera poner un pequeño acento en lo que llamaría el camino de los cambios, es decir, cómo lograrlos. Esto requiere que el sistema educativo asuma fuertemente su compromiso con la población, con la sociedad, y viceversa. Al mismo tiempo, me parece que un elemento central para las transformaciones educativas no radica sólo en la descentralización de la educación -aunque es muy positiva-, sino en el hecho de que el proyecto de educación se sume a un proyecto de país que se apoye en las iniciativas de cada uno de los territorios. Debemos mirar este esfuerzo de descentralización asociado a un proyecto de país que se apoye en los emprendimientos de desarrollo económico, productivo y territorial de forma global. Eso, insisto, asocia a la educación a todo nivel y constituye uno de los factores que puede acelerar los cambios en el sistema educativo.

                Por otro lado, entendemos que es un período importante para el fortalecimiento del sistema nacional de educación pública. Asimismo, en tanto hoy recibirán a las autoridades de los dos grandes componentes de este sistema, quiero mencionar que luego de una reunión que tuvo lugar hace algunas semanas de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública  con el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Economía y Finanzas, se instaló una Comisión técnica de trabajo con representantes de las distintas instituciones y de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Educación y Cultura. Se invitó a la Presidenta de esta Comisión y la otra Comisión -la técnica- integró un representante técnico. A propósito, puedo decir que se han logrado confluencias realmente de significación que me parece permiten que el conjunto de las propuestas que se están planteando para el período puedan desarrollarse exitosamente. Esta confluencia -ustedes tendrán oportunidad de ver los distintos matices y el camino que todavía queda por recorrer para que sea completa- y el esfuerzo realizado, creo que son señales muy positivas en lo que hace al encuentro de instituciones y a este compromiso nacional que se requiere para los cambios en materia educativa.

                No puedo dejar de mencionar con mucha fuerza que el acuerdo interpartidario, en lo que tiene que ver con la educación, sustenta estos objetivos y la dirección del trabajo que estamos asumiendo, a la vez que incide y refleja lo que ha sido la labor de la Comisión que espero los señores Senadores puedan apreciar cuando reciban a las autoridades de la ANEP y de la Universidad de la República.

                Si me permiten pasar a los temas de cultura, debo decir que asumimos un proyecto de país de cultura, de conocimiento y de aprendizaje. La cultura constituye un espacio de encuentro de la sociedad. En un momento en que detectamos en nuestra sociedad síntomas de un encuentro en su diversidad de los distintos actores sociales, lo cual nos confiere una fuerza creciente de construcción y transformación, la cultura en su diversidad no solo es una gran herramienta, sino el espacio de encuentro. En ese sentido, seguimos trabajando con las grandes líneas del derecho a la cultura, como ser, ciudadanía cultural, cultura  y diversidad de los actores, cultura y diversidad de sensibilidades. Se va a destinar un esfuerzo particular a fortalecer una serie de programas en marcha y la apertura de nuevos canales y programas. Rápidamente mencionaré alguna de las líneas de trabajo que luego encontrarán en el articulado propuesto, en el que se integra a la cultura el trabajo de la Dirección Nacional de Cultura, de los Centros MEC y del SODRE.

                Algunas de esas líneas de trabajo son la consolidación de los Centros MEC -a los que me referiré en unos minutos- y todo lo relacionado con el desarrollo de cultura y trabajo y cultura e inclusión social, a través de las Usinas y las Fábricas de Cultura. Al mismo tiempo proponemos un nuevo programa de estímulo a la formación y creación artística que permita fortalecer a los actores del mundo de la cultura y del arte dentro de un sistema, así como de otro dirigido a las instituciones -que como verán en el articulado es muy modesto-, para lo cual entendemos que es muy importante que desde el Estado se pueda apoyar firmemente iniciativas de la sociedad y de los actores privados. Hay algunos casos en los cuales el apoyo del Estado es absolutamente imprescindible.

                Queremos fortalecer los programas que tienen que ver con los Fondos Concursables, Fondos de Incentivo Cultural y otros. Me referí al SODRE y a la necesidad de desarrollar una propuesta institucional que espero pueda presentarse próximamente, así como el gran desafío de formación de públicos. Creo que el camino recorrido en estos meses ha permitido ver las líneas de trabajo y otras iniciativas que he mencionado como la creación del Instituto Nacional de Artes Escénicas y algunas herramientas legales que espero podamos proponer próximamente al Parlamento, en particular, lo que tiene que ver con la promoción de la cultura nacional en cine, teatro, radio y televisión.

                Hace unos momentos hablé de los Centros MEC y quiero mencionar que estamos próximos a inaugurar el número cien. Fueron creados como centros de alfabetización digital y la población que trabaja en torno a ellos los ha ido modelando y remodelando, convirtiéndolos en centros de desarrollo y formación en la alfabetización digital, pero también en centros de apoyo al trabajo sobre la cultura y la educación no formal. La idea es que estos centros puedan desarrollarse y finalicemos el período con un Centro MEC en cada pueblo de 500 a 5.000 habitantes, representando un horizonte de 178 Centros en todo el país.

                A su vez, me referiré a los avances que se produjeron en ciencia, tecnología e innovación, así como al esfuerzo que ha efectuado el Poder Ejecutivo en el período anterior y que se pretende mantener y aumentar en el actual. Entendemos que en esta etapa debemos encontrar un punto de inflexión en el crecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación del país, que permita realmente que el futuro se apoye en las capacidades de nuestra gente. Para lograr esto se requiere de una importante confluencia de actores y buscar un cambio tendiente al crecimiento, tanto del sistema científico y tecnológico, como de los esfuerzos en el desarrollo de la innovación. En este sentido, una nueva institucionalidad se viene consolidando luego  que se creara la ANII en el período pasado. En esta etapa, dentro del Ministerio de Educación y Cultura, estamos fortaleciendo la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esta Dirección está jugando el rol de secretaría técnica y, además, se encuentra articulando el conjunto de la institucionalidad en ciencia, tecnología e innovación. En la búsqueda de inflexión en la construcción de una nueva etapa, hay factores clave como el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se aprobó en el mes de febrero de este año. Entendemos que esto constituye, no solo una herramienta fundamental, sino también un contrato con la sociedad, que es algo imprescindible para los cambios que se quieren lograr.

                Un segundo elemento clave en este desafío es asumir el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en propuestas de procesos territoriales, a través del perfeccionamiento de capacidades en distintos puntos del territorio nacional, asociados a los proyectos de avances regionales y locales, como así también a los polos de enseñanza terciaria que mencionaba hace unos instantes.

                En lo que tiene que ver con otras líneas de trabajo del Ministerio, permítanme referirme rápidamente a la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que fue creada en el quinquenio anterior. En esta etapa nos proponemos consolidar su actuación y las nuevas propuestas incluyen el fortalecimiento de un programa institucional para la promoción, respeto, cumplimiento y garantía de los derechos humanos, como así también un plan nacional y de educación en esta materia. Este tema forma parte de los objetivos vertebrales que sustenta la Ley General de Educación.

                Terminando este breve pantallazo de las líneas de trabajo del Ministerio quiero referirme a la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, en donde es absolutamente imprescindible asumir el desafío del fortalecimiento institucional que mencionaba al comienzo de mi presentación. Hay que tener en cuenta las responsabilidades que tienen que ver con esta Dirección y las distintas unidades ejecutoras en cuanto a los registros, que  juegan un rol capital en la vida del país. Además, tenemos que seguir desarrollando la implementación de nuevas tecnologías y la informatización de los distintos servicios que están en trámite. Por tanto, la generación de nuevas capacidades y la capacitación de nuestros funcionarios son desafíos mayores.

                Con respecto a la justicia también tenemos un desafío de fortalecimiento institucional. Los señores Senadores van a poder observar que en nuestro Mensaje el esfuerzo mayor está en la creación de cargos que tienen que ver con las Fiscalías. Y no puedo dejar de mencionar que el fortalecimiento y  desarrollo del Ministerio Público y Fiscal tienen que acompasar los cambios que se realicen a nivel del Poder Judicial. En este tema siempre tenemos algunos desfases con respecto a las iniciativas que a veces se toman en una institución, ya que en la otra hay que realizar el ajuste correspondiente. En este caso tenemos algunos temas que nos preocupan y que no hemos podido incluir en la propuesta del Poder Ejecutivo. En la presentación que realizamos en la Cámara de Representantes hicimos mención a la necesidad de la creación de nuevas Fiscalías en violencia doméstica, respondiendo al aumento de nuevos juzgados en esa dirección. Más recientemente hemos tenido algunas diferencias importantes en lo que tiene que ver con los temas salariales y las iniciativas que se tomaron en el Poder Judicial y que requieren de una respuesta simétrica a nivel del Ministerio Público y Fiscal.

                Por otro lado, estamos asumiendo la responsabilidad de coordinar y presidir la Comisión que llamamos del Bicentenario, de acuerdo con una ley que se votara recientemente en el Parlamento. Este tema es un desafío mayor que vamos a asumir para el año 2011. El asunto está incluido en un artículo aprobado por la Cámara de Representantes, por el que se habilita al Poder Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias y tomar la iniciativa para el apoyo financiero de las propuestas que tienen que ver con el bicentenario. Con relación a este tema, la Comisión que integran los representantes del Parlamento, de todos los partidos, entendió que más allá de los festejos y de la necesaria recordación de los eventos, de las personas e ideas, es una ocasión para realizar una fuerte convocatoria y un encuentro de la sociedad, recorriendo ese largo camino de 200 años, a lo largo del cual, sin duda, se han dado momentos destacados de la construcción de la nación, en donde numerosas comunidades hicieron su aporte para la construcción nacional.

                Pasando a los elementos centrales de la propuesta presupuestal, quisiera decir que el incremento total para el año 2011 es de un 26% con respecto a la línea de base que tiene el Ministerio actualmente, y estimamos que al final del período se situará apenas por debajo del 50%; tal vez un 46% de ese incremento se  destine a iniciativas educativas. Estas diversas iniciativas tienen que ver con el aumento de horas docentes para distintos programas, en particular para el desarrollo de los Centros de Capacitación y Producción (CECAP), en el marco del Plan Nacional de Educación y Trabajo, que en 2005 eran dos, actualmente son diez y esperamos casi duplicar la cantidad -por lo menos, que sean dieciocho- para llegar a cubrir todo el territorio nacional. Si a los señores integrantes de la Comisión les interesa el trabajo que llevan a cabo los CECAP, podríamos detallarlo.

                La otra actividad importante que requiere el desarrollo de horas docentes es la duplicación de los actuales Centros MEC -a los que me refería-, de manera de cubrir todos los pueblos de 500 a 5.000 habitantes, lo que forma parte de uno de los esfuerzos presupuestales de significación. Las horas docentes también van a reforzar algunas de las actividades educativas desde la cultura, como talleres en cárceles u hospitales psiquiátricos, distintos programas con niños y adolescentes, así como el proyecto Fábricas de Cultura.

                Los gastos de funcionamiento en educación son muy significativos y nos van a permitir la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la consolidación del Consejo de Educación No Formal, la organización del Congreso Nacional de Educación -a lo que estamos obligados por ley- y el fortalecimiento de distintas actividades educativas de los Centros MEC.

                Otro esfuerzo singular tiene que ver con el apoyo por parte del Rubro Gastos de Funcionamiento a diversas iniciativas e inversiones insertas en el marco de la Dirección Nacional de Cultura. Asimismo, existen propuestas de significación de refuerzo de partidas destinadas al SODRE -tanto en funcionamiento como en inversiones- y a Televisión Nacional, en este caso con el objetivo de fortalecer y desarrollar su capacidad de cubrir el territorio nacional  y los cambios en la producción para tender a una mayor calidad en el trabajo, que entendemos debe caracterizar a este medio público que constituye una herramienta importante de encuentro de la sociedad.

                Con relación a los esfuerzos de desarrollo institucional que mencionaba, algunos de los componentes en los cuales se van a apoyar tienen que ver con la búsqueda de nivelación y equiparaciones salariales en el marco de una reestructura -que ha sido objeto de un artículo específico- así como con el fortalecimiento de la capacitación del personal mediante un rubro destinado a contratos temporales de Derecho Público.

                Esto es lo sustancial en cuanto a los cambios en el articulado, a los que se va a referir la contadora Morales.

                Nos queda por mencionar que estamos trabajando con distintos actores del Poder Ejecutivo a los efectos de poder introducir pequeñas modificaciones en algunos textos relacionados con las disposiciones generales. Concretamente, habría que modificar los artículos 46, 48, 58 y 59. El 46 refiere a la exclusividad de los vínculos laborales con el Estado; el 48, a la excepción a un serie de normas para los funcionarios docentes; el 58, al contrato artístico; y el 59, a los contratos temporales de Derecho Público.

                Algunas de las disposiciones crean dificultades para la Televisión Nacional, las radios del SODRE y el propio Servicio. Estamos tratando de ajustar algunos elementos que supongo próximamente llegarán a vuestra consideración y sobre  los que el Director General va a realizar algún comentario.

Señora Presidenta: de esta forma termino la presentación general de las líneas de trabajo y de los elementos centrales contenidos en nuestra propuesta presupuestal.

Solicito ceder el uso de la palabra a la contadora Morales.

SEÑORA PRESIDENTA.-. Señor Ministro: previamente debemos conceder las solicitudes de intervención que han llegado a la Mesa.

SEÑOR PENADÉS.-  Quizás, producto de la multiplicidad de unidades ejecutoras que posee el Ministerio de Educación y Cultura, tendríamos que dedicar un día entero a la discusión del Inciso, lo que adelanto no vamos a hacer. Creo que nuestro Ministerio tiene una importante tarea a cumplir y, como tal, muchas veces no recibe la atención que debería de parte del Parlamento Nacional, producto precisamente de la multiplicidad de asuntos que existen bajo la responsabilidad del señor Ministro Ehrlich. 

                En el marco de las consideraciones de carácter general, nos gustaría que el señor Ministro nos informara cuál es la plantilla de funcionarios que existe al día de hoy en la Cartera de Educación y Cultura; cuántos de ellos son becarios y pasantes y cuántos de estos funcionarios se piensa recontratar en el período. A su vez, quisiera saber si se ha estimado cuánto personal se incorporará al Inciso durante el actual período de Presupuesto, que entraría en vigencia el próximo 1º de enero. 

                Luego quisiera plantear cuestiones de carácter general. El señor Ministro ha hecho referencia a un Plan Nacional de Educación y a un Plan Nacional de Juventud.  Nos gustaría que en el transcurrir de la exposición se pudiera ampliar un poco más sobre estos dos Planes. Fundamentalmente quisiera compartir con el señor Ministro una preocupación y saber si el Ministerio de Educación y Cultura ya tiene previsto el siguiente aspecto. Me refiero a la superposición de roles institucionales que a veces existen a nivel del Estado, precisamente, en relación a algunos Programas que llevan adelante diferentes Ministerios y que fijan su atención en el mismo público objetivo, tal como constatamos a la hora del tratamiento del actual Presupuesto. En ese sentido, nos preocupa si existe una debida coordinación y si se han llevado adelante las previsiones como para que el destino de fondos de un Inciso para un Programa sea el esperado. Por ejemplo, puedo citar el caso de los Centros MEC que se tiene previsto llevar adelante, porque creo que en algún sentido tienen una misión -según escuchamos explicar al señor Ministro- que quizás también deban cumplir la ANEP, el Ministerio de Desarrollo Social y las Intendencias Departamentales con sus Departamentos y Direcciones de Cultura. En ese sentido, me gustaría que el señor Ministro nos explicara en qué momento se lleva adelante una coordinación para que no se dé una superposición de tareas y quizás un manejo no del todo correcto de los fondos que, por definición, son escasos. 

                Tenemos la misma inquietud respecto al tema del empleo juvenil. En el día de ayer recibimos a la señora Ministra de Desarrollo Social, quien hizo referencia a este asunto. Asimismo, la Comisión se reunió con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien también nos habló de este tema. El  titular de la Cartera de Educación y Cultura acaba de hacer una exposición explicando que uno de los objetivos de los Centros CECAP es atender a muchachos y muchachas que abandonan los círculos formales de educación para prepararlos para su inserción laboral. Esa tarea también la cumple la ANEP al crear ahora nuevos programas, tanto en educación secundaria como en educación técnico profesional, para atender a los muchachos y muchachas que desertan de los circuitos formales de educación. Me pregunto si en ese caso existe una debida coordinación para que ante el mismo público objetivo se actúe de manera eficiente, de tal manera de lograr el mejor de los impactos      -creo que es lo que todos buscamos- a la hora de reinsertarlos nuevamente en los circuitos formales de educación o capacitarlos para ingresar al mundo del trabajo contando por lo menos con alguna preparación mínima. En ese sentido, me gustaría escuchar alguna reflexión del señor Ministro de Educación y Cultura, más allá del Gabinete Social. Todos sabemos la tarea que cumple, pero también conocemos la burocracia y la superposición de programas, y que cuando no se da la mejor coordinación se duplican esfuerzos y dilapidan recursos.

                Con relación a la Dirección Nacional de Derechos Humanos del MEC, el señor Ministro señaló que se pretendía fortalecer en este quinquenio; entonces, me gustaría saber de qué manera se hará. También quiero conocer cuáles van a ser las políticas públicas en relación con los derechos humanos. ¿Ha pensado el Ministerio que, quizás, más que una Dirección Nacional de Derechos Humanos deberíamos crear un ombudsman para que defienda los intereses de los ciudadanos?  Creo que muchas veces en algunos asuntos relacionados con los derechos humanos la situación se focaliza en el pasado. Por ejemplo, la semana pasada tomó estado público un accidente de tránsito que tuvo una señora, que fue derivada al Hospital Maciel para internarla en un CTI. La señora estuvo más de diez horas en la sala de espera y si la familia no hubiera poco menos que tomado a golpes de puño a los funcionarios, ella hubiese muerto. Ahí se vulneraron derechos humanos y ello sucede todos los días en diferentes dependencias del Estado y de la vida nacional. Entonces, no sé si habría que focalizar -quizás esté previsto- en la Dirección Nacional de Derechos Humanos la creación de un  ombudsman  para, justamente, fortalecer la defensa de los derechos de los ciudadanos al verse vulnerados por el propio Estado. En este sentido, nos gustaría conocer la reflexión del señor Ministro de Educación y Cultura.

                Quisiera saber en qué etapa se encuentra el recurso presentado por el Fiscal de Corte contra la creación de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales por ser inconstitucional y si ha habido algún tipo de novedades con relación a la creación de esta Dirección.

                En cuanto al tema de la cultura, me gustaría que el señor Ministro nos explicara algunos programas. Hay un tema que me llama poderosamente la atención y es el de  Camerata Juvenil;  en la página web del Ministerio no figura ninguna actividad cultural en el desarrollo del año 2010. Quiero saber si esto es así y, además, si se tiene previsto, entre otras cosas, que esta Camerata, ya que existe, pueda desarrollarse en el transcurso del año 2011. También quiero saber en qué se piensa focalizar la acción de la Dirección de Cultura con relación a la promoción de la cultura en nuestro país en el desarrollo del actual quinquenio.

SEÑOR RUBIO.- Me gustaría que el señor Ministro ahondara brevemente sobre cuál es el plan, el alcance y la cobertura de los CECAP y de los centros MEC, sobre los que también el señor Senador Penadés formuló preguntas. También quiero tener una idea sobre el plan de desarrollo en el caso de la televisión nacional.

SEÑOR TAJAM.- Agradecemos la presencia del señor Ministro y demás representantes del Ministerio de Educación y Cultura.

Me gustaría señalar que hemos recibido planteos por parte de los Magistrados y  Fiscales. Al respecto, el señor Ministro se refirió al tema sobre principios de equiparación salarial entre los cargos de la Magistratura Judicial y los cargos de Fiscales. Esto se refleja, particularmente, en el caso de la partida de perfeccionamiento académico, que los Jueces perciben de manera superior a la de los Fiscales y Secretarios Asesores del Ministerio Público y Fiscal.

A propósito de este tema, debemos decir que ellos proponen aplicar lo que denominan “norma espejo” respecto a los sueldos de quienes ocupan cargos en el Poder Judicial. Esta propuesta se acerca a un planteo sobre el seguimiento a la expansión del Poder Judicial en lo que refiere a la creación de cargos similares, es decir, normas espejo en torno a equiparación salarial y a los cargos en que este va avanzando y, de pronto, el Ministerio Público y Fiscal  queda retrasado.

Al respecto, creo que el señor Ministro opinó que ese aspecto había quedado pendiente en alguna de estas materias, y es por ello que considero positivo que este planteo quede solucionado.

Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Saludamos a todos los representantes del Ministerio de Educción y Cultura.

                Complementando lo manifestado por el señor Senador Tajam y teniendo en cuenta la especial situación de los Fiscales -puesto que hay normas que deberían incorporarse en este Inciso y otras que deberían incorporarse al del Poder Judicial-, queremos decir que  nos hicieron llegar unos cuantos textos aditivos, parte de los cuales deben ser incorporados en este Inciso. Por lo menos, tres de esos artículos deberían ser incorporados en este Inciso y, además, uno debería ser incluido en el del Poder Judicial.

                Mi primera pregunta refiere a si ellos están al tanto de estos planteos realizados por la Asociación de Fiscales del Uruguay. Considero que luego podremos conversar sobre este tema cuando realicemos el tratamiento del articulado correspondiente.

                La segunda consulta tiene que ver con el SODRE y  Canal 5, los contratos laborales y los caché y, también, a toda una serie de problemas que se crearían si continuaran vigentes, tal como están planteados, algunos de los artículos de la Sección II  “Funcionarios”. 

                Queremos señalar que estamos trabajando en ese tema, que somos conscientes de todos los problemas que traen aparejados algunos de los artículos de la Sección II, especialmente para el SODRE y Canal 5, y que hemos recibido los materiales correspondientes. 

SEÑOR MARTÍNEZ.- Queremos comentar que los Fiscales Adjuntos conversaron con nosotros respecto a la diferencia con los Fiscales y al aditivo. 

Debo manifestar que desconocía que había tantas diferentes agrupaciones. Por un lado, los Fiscales, quienes nos hablaron de los proventos y de la necesidad de creación de cargos; por otro lado, lo que mencionaron los señores Senadores respecto a los Magistrados y Fiscales y Fiscales Adjuntos.

Planteo esto a modo de resumen y, a la vez, solicito nos den su opinión acerca de estos temas.

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, voy a referirme a las preguntas realizadas por el señor Senador Penadés, que considero muy oportunas.

                Con relación al número total de cargos del Ministerio, que yo mencionaba que eran aproximadamente 1.800, en realidad son 2.842. Tenemos unos 60 becarios y pasantes y 302 contratos caché. Este es uno de los temas importantes para los cambios que queremos introducir, que ya están incluidos en las disposiciones generales del articulado que está a vuestra consideración. Una parte de los contratos caché serán transformados en contratos artísticos porque son necesarios para una serie de tareas, pero no sucederá lo mismo con otros pues no corresponde que tengan esa naturaleza y pasarán a ser contratos temporales de Derecho Público. Ello requiere articular esa transición -creo que la señora Senadora Moreira se refería a ese tema- porque genera una gran incertidumbre, tanto en las personas como en el propio trabajo futuro del Ministerio, por lo que es uno de los temas del articulado de las disposiciones generales que aún tenemos que trabajar. No está previsto otro crecimiento, que a través de las horas docentes para los proyectos Centros MEC y CECAP, a los que voy a referir y, en su momento, pediré a algunos de los integrantes de la delegación que me acompaña que profundicen alguno de esos aspectos.

                En cuanto a creaciones de cargos, como señalaba, las principales refieren al fortalecimiento del Ministerio Público y Fiscal, equilibrando el desarrollo de sus propuestas con las del Poder Judicial. Se crea la Fiscalía Letrada Departamental de Atlántida, por lo que también se crea un cargo de Fiscal Letrado Departamental, uno de Secretario Letrado, dos de Administrativo III y uno de Auxiliar I-Servicios. También se crean diez cargos en el escalafón C, Grado 6, denominado Administrativo III, Serie Administrativo. Como dije anteriormente, el objetivo central de estas creaciones apunta al fortalecimiento del Ministerio Público y Fiscal. Además, se crean cinco cargos en la Dirección General del Registro de Estado Civil.

                Reitero que estas son las creaciones centrales y hay dos nuevos cargos: uno para la Dirección de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación -también en procura de fortalecerla- y otro para la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación, en la que hay una gran actividad del Ministerio. A propósito de las inquietudes del señor Senador Penadés sobre la coordinación entre los distintos servicios, debo decir que desde el Ministerio de Educación y Cultura se requiere una fuerte coordinación con numerosas instituciones, tanto del Estado como del sistema educativo y de la propia estructura de investigación en ciencia y tecnología. A esos efectos y en lo que hace a nuestras competencias, estamos asumiendo esa coordinación a nivel de relaciones internacionales y cooperación, por lo que se están creando esos dos cargos. Con este comentario creo responder la primera pregunta del señor Senador Penadés.

                En cuanto al Plan Nacional de Juventud, entendemos que se requiere una fuerte convocatoria a las nuevas generaciones de jóvenes a través de distintas propuestas. Por un lado, están aquellas que tienen que ver con la gran temática de juventud y trabajo, que están a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del MIDES; y, por otro, hay un componente educativo, una fuerte convocatoria a nuestros jóvenes atacando los problemas centrales que tenemos, fundamentalmente en educación media. En ese sentido, estamos proponiendo la creación del Programa Compromiso Educativo -que seguramente los señores Senadores habrán encontrado en el articulado-  que se coordina con la ANEP, la Universidad de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de la Juventud y el INAU. Se trata de una convocatoria a un programa que incluye becas y como verán en la propuesta que tienen a consideración, en un primer objetivo nos fijamos llegar a las 10.000 a través de 25.000 operaciones que irán creciendo. El monto de las becas es de unos $ 1.000 durante ocho meses, pero esa transferencia monetaria solo es un componente del programa. Esto incluye un compromiso del centro educativo, de la familia y, fundamentalmente, un acompañamiento del esfuerzo que realizan los jóvenes becarios por parte de estudiantes más avanzados de otras ramas del sistema educativo. En esta etapa, el esfuerzo se centra en uno de los espacios donde vemos que tenemos mayor fragilidad y desvinculación del sistema educativo, que se da en la terminación del primer ciclo de enseñanza media y el inicio del segundo. El año próximo pondremos en práctica ese programa; de tener éxito, supongo que nos verán nuevamente en este ámbito en ocasión de tratarse el proyecto de ley de Rendición de Cuentas defendiendo su incremento.

                Esta es una de las convocatorias y uno de esos componentes del Plan Nacional de Juventud que debemos acuñar y que requiere una fuerte coordinación no solo entre los distintos sectores del Poder Ejecutivo, sino también con distintos actores institucionales, como he mencionado para el caso de este compromiso educativo.

                Respecto a la inquietud planteada por el señor Senador Rubio vinculada al CECAP y a los Centros MEC, voy a solicitar al señor Jorge Camors que nos haga un comentario más detallado sobre el primer punto, y al responsable de los Centros MEC,  Roberto Elissalde, sobre el segundo. Advierto que los dos programas se realizan con una fuerte relación con otras instituciones. El CECAP  ha firmado convenios con el Consejo de Educación Secundaria y con el Consejo de Educación Técnico-Profesional, cuyos actores son los que articulan el reenganche de estos jóvenes con el sistema educativo formal. Además, se están instalando en los distintos departamentos, en coordinación con los esfuerzos departamentales y con las iniciativas de las Intendencias.

                En la actualidad participan aproximadamente 1.400 jóvenes en estos programas que se extienden durante cuatro semestres. Su evaluación es fuertemente positiva, lo que nos lleva a esta propuesta de duplicación que, sin duda, es una respuesta a emergencias paralelas al sistema educativo formal.

                En lo que tiene que ver con los Centros MEC, hay una estrecha coordinación de estos programas con las Intendencias; cada uno de ellos se está convirtiendo en un referente local que permite que los actores trabajen en coordinación tanto con otros actores institucionales del Poder Ejecutivo como con otras instituciones nacionales o locales. La preocupación que expresó el señor Senador Penadés es la nuestra y el desarrollo de estos programas en el territorio constituye una herramienta que potencia la coordinación y la optimización de recursos; esa es la dirección que seguimos.

                Con respecto a la Dirección de Derechos Humanos y al trabajo que se está desarrollando, entendemos que se debe profundizar en la implementación de políticas públicas.

                Por otro lado, con relación a la pregunta planteada por el señor Senador Penadés, diría que la herramienta que responde a su interrogante es el Instituto Nacional de Derechos Humanos aprobado en la Legislatura pasada, donde el Parlamento es un actor central; estamos esperando que este Cuerpo designe al núcleo director. Recuerdo que su creación y presupuestación dependen directamente del Poder Legislativo y este gran Instituto tiene, entre otras vocaciones, la de cumplir responsabilidades de ombudsman.  Sé que nuestro Director, el señor Javier Miranda -hoy ausente-, ha trabajado con distintos legisladores de todos los Partidos para poder concretar este paso en los tiempos más cortos. Creo que es un instrumento muy importante que nos tiene que permitir transitar hacia lo que es la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos que comprende aspectos muy diversos de lo que es la vida de nuestra sociedad.

                Otra de las preguntas refiere al recurso que presentara el Fiscal de Corte contra la creación de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales. Para eso voy a solicitar que la Directora de esta unidad, señora Cecilia Blanco, informe al Cuerpo acerca del estado de este recurso. Por otro lado, el Director Nacional de Cultura, señor Hugo Achugar, va a informar rápidamente sobre la Camerata Juvenil.

                Respecto a la pregunta formulada por el señor Senador Rubio referida al CECAP y a los Centros MEC, voy a pedir a mis compañeros de delegación que aporten otros detalles, así como a la Directora de Canal 5  que informe sobre los grandes planes para este período.

                En lo que tiene que ver con las preguntas que formulaba el señor Senador Tajam sobre las asimetrías entre el Ministerio Público y Fiscal y el Poder Judicial, una de las preocupaciones refería a esas partidas para el perfeccionamiento académico, que hacen la diferencia entre estos dos cuerpos. En el artículo 511 aparece un cuadro donde figura el Objeto del Gasto 284003, que asigna una partida para compensar esa asimetría. Como dije, se trata de una partida de compensaciones en el marco de la capacitación, tal como lo tienen los jueces.

El otro aspecto a consideración y que tiene que ver con las nivelaciones salariales, es más complejo. Estamos informados de una gestión de la Asociación de Fiscales, pero cabe aclarar, en el marco de la presentación que hicimos y coordinamos como Poder Ejecutivo, que eso no fue analizado para la confección del Presupuesto y, por tanto, queda en manos de los Legisladores. De todos modos, entendemos que quizás haya que pensar hacia delante, de manera que no se produzcan nuevas asimetrías. Cuando tomemos iniciativas en uno u otro sector, deberíamos proceder simétricamente.

                La señora Senadora Moreira nos preguntó si estábamos al tanto de las distintas gestiones llevadas adelante por diferentes actores del Ministerio Público y Fiscal, de la Asociación de Fiscales y otros. Hemos sido informados de algunas de ellas, en particular, de la de la Asociación de Fiscales en cuanto a la asimetría salarial generada por los últimos acontecimientos, es decir, por las últimas modificaciones introducidas al articulado en la Cámara de Diputados. Nos han llegado algunas inquietudes -no sé si todas-  como la que mencionaba el señor Senador Martínez en cuanto a los Fiscales Adjuntos, que manifiestan su preocupación por disminuir la distancia entre los salarios de los Fiscales Adjuntos y los Fiscales. Me parece importante resaltar que, de considerar esta iniciativa, habría que ver el conjunto de la estructura salarial del Ministerio Público y Fiscal. Si se aprobara tal como está presentada, creo que generaría una muy fuerte asimetría con los Fiscales Departamentales, con lo cual se desequilibraría el conjunto del sistema.

Entiendo que es importante escuchar los reclamos salariales, pero seguramente requieran iniciativa, y debemos ver el conjunto del sistema para no generar nuevas asimetrías, creando desequilibrios internos que nos llevarían a tener que revisar toda la escala salarial. Por tanto, quizás habría que revisarla.

SEÑORA MOREIRA.- Quería preguntarle al señor Ministro sobre la iniciativa de crear dos nuevas Fiscalías de violencia doméstica.

SEÑOR MINISTRO.- La propuesta del Poder Judicial fue puesta a consideración del Parlamento y contó con su apoyo, pero se trata de crear dos nuevas Fiscalías que llevarían a un equilibrio al Ministerio Público y Fiscal. Hoy están operando dos Fiscalías que, transitoriamente, podrían mantener el trabajo frente a las nuevas propuestas a nivel de Juzgados. La iniciativa nos llegó a nosotros en la víspera de nuestra comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, por lo que no fue incluida dentro del conjunto de la propuesta presupuestal del Poder Ejecutivo. De todos modos, la planteamos ahora y queda a disposición de este Cuerpo la posibilidad de dar ese paso. Reitero que nos llegó muy tardíamente y, por tanto, no pudo ser considerada dentro del conjunto de la propuesta presupuestal del Ministerio, que fuera coordinada con el conjunto del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PASQUET.- Pido excusas al señor Ministro porque quien habla, quizá, no entendió lo que expresó.

                Con relación a los Fiscales -aclaro que no me refiero a los Adjuntos, pues la Asociación de Fiscales, que los representa, ha tenido mucho cuidado en precisar que este planteo no es asumido por ella-  quiero decir que el tema central del planteamiento realizado apunta a que su equiparación con los Jueces está establecida y reconocida desde hace varios años y, más allá de que luego se produzca un desfase de hecho, no se trata de reivindicar, porque es un principio aceptado. En función de esto, la tarea a desarrollar sería la de ir corriendo de atrás, de forma tal que las asignaciones que benefician a los magistrados judiciales no dejen de hacer lo propio con los Fiscales, en virtud de ese principio de equiparación ya reconocido y aceptado.

                Entonces, quiero saber -y vuelvo a pedir excusas al señor Ministro porque quizá ya lo mencionó y no lo entendí correctamente- si el Ministerio de Educación y Cultura está de acuerdo con que esto es así, es decir, que la equiparación está consagrada y que corresponde buscar, a través de las normas necesarias para cada situación, que la misma se haga efectiva en cada una de las asignaciones presupuestales de que se trate, sea incompatibilidad, perfeccionamiento docente, etcétera. ¿Estamos de acuerdo en esto?

SEÑOR MINISTRO.- Creo que la respuesta ya fue brindada; no obstante ello, voy a solicitar a la doctora Cecilia Blanco que haga un poco de historia y explique cómo se fue dando esta situación en los últimos años.

                Antes de proceder a ello, frente a la interrogante de la señora Senadora Moreira relacionada con el SODRE y con Canal 5, debo decir que ello constituye un problema mayor para este Ministerio; en consecuencia, estamos tratando de solucionarlo con la ayuda de distintos actores del Poder Ejecutivo y no descartamos presentar algunas propuestas a este Cuerpo para lograrlo, habida cuenta de que a nivel de las disposiciones generales todavía se nos presentan algunas dudas.

SEÑORA MOREIRA.- Quiero hacer una pregunta -quizás como producto de mi ignorancia- con respecto a la situación de algunos funcionarios.

En el caso del SODRE, su Director nos hizo llegar una duda o una preocupación en lo que tiene que ver con los contratos temporales de Derecho Público. En ese sentido, me gustaría saber por qué esas funciones de contrato temporal no pueden transformarse en funciones presupuestadas y permanentes. La preocupación concreta del Director del SODRE refiere a que esos contratos temporales, luego de seis años, cesan indefectiblemente, como parte de la nueva postura de reforma del Estado. Por lo tanto, ¿parece razonable que haya contratos temporales y que luego de seis años se presupuesten?

La pregunta concreta es ¿por qué esos contratos temporales no pueden pasar a ser funciones de carácter permanente y presupuestarse?

SEÑOR MINISTRO.- En el caso del SODRE, entendemos que cualquier decisión en tal sentido requiere la presentación de un nuevo proyecto institucional que defina claramente qué cargos deben ser permanentes, cuáles tienen que ser considerados contratos artísticos y cuáles deben ser contratos temporales de Derecho Público.

                Consideramos que las preguntas con relación a estos temas son importantes, porque entre los distintos actores asociados -en este caso al SODRE, pero ello se hace extensivo a otras dependencias- se ha generado una gran incertidumbre. De todas formas, volvemos a decir que se requiere la definición de un proyecto institucional -que en este momento está muy avanzado- para poder responder a esas interrogantes. Mientras tanto, esta figura de contrato temporal de Derecho Público permite resolver muchas de esas situaciones. La fragilidad institucional del SODRE que acompañó esa diáspora de casi cuatro décadas, ha generado una serie de problemáticas que entiendo hay que responder de manera global, a través de una propuesta institucional nueva. Entendemos que algunas de las iniciativas que son de conocimiento público están mostrando el camino que se busca seguir.

                Si estoy en lo cierto, han quedado pendientes de respuesta algunas inquietudes. Una de ellas refiere al recurso presentado por el Fiscal de Corte, a la que asociaría también la pregunta del Senador Pasquet. Entonces, le pediría a la señora Presidenta que le diera la palabra a la doctora Blanco para referirse al tema del recurso y a cómo se ha ido resolviendo en los últimos años la asimetría entre el Poder Judicial y el Ministerio público.

SEÑORA BLANCO.- En cuanto a la pregunta referente al recurso interpuesto en su momento por el Fiscal de Corte, creo que es necesario hacer algunas precisiones iniciales, a fin de conocer de qué estamos hablando.

                La impugnación administrativa que se interpuso por el doctor Ubiría no refiere a la norma de creación de la Dirección, ni a ninguno de los parámetros de la asignación de competencias dada mediante el artículo 230 de la Ley de Presupuesto anterior; la impugnación se refiere a una resolución administrativa con contenido reglamentario. O sea que no cuestiona el artículo 230 sino, específicamente, la resolución que deja librada la norma presupuestal al ámbito reglamentario. Actualmente esos recursos han agotado la vía administrativa; se han hecho los pronunciamientos, en primer término del Ministerio, como corresponde, y en segundo término, de Presidencia de la República. Lo que hoy está en trámite es la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Estamos frente a la justicia administrativa, reitero, cuestionando la validez o no, en este caso de la violación de la regla de Derecho -no se trata de un tema de inconstitucionalidad, sino de afectación de una regla de Derecho-  basado el agravio en la autonomía técnica.

                El estado de situación es el siguiente. En este momento está por abrirse el estadio probatorio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aclaro que esto se ha demorado un poco más porque el Ministerio pidió la acumulación de autos con la acción de nulidad, que también dedujera en su momento el doctor Viana, contra esta resolución administrativa. Se hizo lugar a la acumulación de autos, con la vista respectiva de las partes, y se estaría por llegar a la instancia de prueba que, en este caso, es un debate estrictamente sobre Derecho, lo cual hace suponer que la instancia probatoria va a ser un poco más reducida.

                Con respecto al tema de la equiparación, debo decir que sin duda el Ministerio la ha tenido presente, porque el fundamento es legal. O sea, más allá de que todos tenemos claro que debe serlo, el fundamento de la equiparación en las retribuciones entre unos y otros magistrados tiene rango normativo. Lo que sucedió en este caso puntual es que, una vez conocidas las disposiciones contenidas en las aspiraciones presupuestales del Poder Judicial, se vio que surgía una partida de asignación de incremento que no tenía su correlato. Entonces, sobre la base de que el reconocimiento tiene un rango normativo, sin duda el Ministerio siempre ha apoyado cualquier iniciativa en ese sentido.

Creo que el debate marginal que tenemos pendiente tiene que ver con los problemas permanentes que nos genera la regulación espejo entre los magistrados del Poder Judicial y los del Ministerio Público y Fiscal. No me refiero solo a las retribuciones, pues sucede lo mismo -tal como explicaba el señor Ministro- con las creaciones de cargos. Cada vez que se crea un Juzgado Departamental, no tenemos el correlato de la creación de la Fiscalía que lo acompaña. Esto sucede en el caso de Atlántida, que está incorporado en la propuesta del Poder Ejecutivo y que persigue la creación del Juzgado Letrado respectivo. Pasa lo mismo -venimos corriendo de atrás, como lo explicó el Ministro- en el caso de la creación de dos Turnos para atender los casos de violencia doméstica.

SEÑOR PENADÉS.- Simplemente, siento la necesidad de dejar una constancia, y aclaro, sin la intención de generar un debate.

                Me habría gustado que entre los integrantes de la delegación que  acompaña al señor Ministro hubiera estado presente el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, porque entiendo que es él quien debe dar respuesta a los temas que tienen relación con los Fiscales en nuestro país.

SEÑOR MINISTRO.- Solicito a la señora Presidenta que se conceda el uso de la palabra al señor Achugar, Director Nacional de Cultura, para que se refiera a la Camerata Juvenil que, como todos sabemos, depende del Ministerio de Educación y Cultura. 

SEÑOR ACHUGAR.- En realidad, la situación de la Camerata Juvenil debe tratarse junto con la de la Orquesta Juvenil. Hasta el presente ambas han actuado a demanda de los distintos actores de la sociedad civil que solicitan su presentación.  Respecto a su situación,  esta Dirección, en acuerdo con el Consejo Directivo del SODRE, ha entendido que el lugar natural de una y otra no debería ser la Dirección Nacional de Cultura sino el SODRE y la Escuela de Arte Lírico. Por lo tanto, no figura una descripción de actividades, por un lado, porque no se considera que la Dirección Nacional de Cultura deba tener una orquesta ni una camerata y, por otro, porque se estima que estas tienen que ser rápidamente trasladadas al SODRE para que este, dada su especificidad, les dé sentido.

                Si el señor Ministro me lo permite, quisiera aprovechar la oportunidad para referirme a lo expresado por la señora Senadora Moreira.

La situación de los contratos caché no involucra sólo al SODRE o a Canal 5, Televisión Nacional del Uruguay, sino que es un problema central, grave y urgente que debe abordar la Dirección Nacional de Cultura. ¿Por qué se los relaciona con contratos temporales y no se toma como funcionarios a quienes se les paga por el mecanismo del caché?  En mi opinión, y según lo entienden varios colegas del Ministerio, lo más terrible que le podría pasar a la sociedad y a la cultura de nuestro país sería tener un bailarín de ballet presupuestado con 60 años, cuando ya no puede bailar; o que la asesoría de artes visuales y de música estuviera en manos de un funcionario presupuestado. La cultura es dinámica, cambia; por eso, en nuestro país debemos tener la posibilidad de adecuarnos a su evolución con contratos temporales. De lo contrario, tendríamos funcionarios en el área de la cultura orientando sus ramas durante treinta o cuarenta años, anquilosados, sin contribuir a la riqueza y a la diversidad de la cultura.

SEÑORA MOREIRA.- Me gustaría escuchar la opinión del Ministerio en su conjunto, y particularmente de la Dirección Nacional de Cultura, sobre la modificación que habría que hacer en el texto de la Sección II, para adecuar  la situación particular de quienes usan estos contratos caché. ¿Cuál sería la redacción alternativa de estos artículos?

SEÑOR ÁLVAREZ.- La pregunta realizada por la señora Senadora Moreira ha sido fuente de preocupación desde el inicio. Entendemos que la situación planteada en la Sección II de las disposiciones generales tiene que ver, no solamente con la situación del Ministerio, sino también con otros Incisos.

En la Comisión de la Cámara de Representantes presentamos un conjunto de modificaciones a los artículos 46, 48 y 53 de aquel viejo articulado.  Hoy vamos a presentar  una propuesta de modificación del artículo 46, sobre todo en lo que tiene que ver con la acumulación, justamente para facilitar algunas tareas que sería difícil seguir ejecutándolas, tanto en el SODRE como en el Canal 5; me refiero a las actividades de producción y asesoría técnica y comercial. De todas maneras, entendemos que debemos seguir trabajando en los capítulos de contratación junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional de Servicio Civil y otros Incisos, a efectos de  lograr una solución global y evitar que cada Inciso se presente a solicitar soluciones a sus problemas, generando una instancia de problema por agregación, porque cada uno vendría a pedir una solución y, en los hechos, la medida que se adoptara, en una suerte de dispersión total, sería distinta a la que se plantea a nivel del Gobierno central, que busca ordenar el funcionamiento de las contrataciones.

                Por otro lado, los contratos a futuro del SODRE o el tema que recién planteaba el  Director Nacional de Cultura, tienen que ver con las propuestas que se realizan desde los cuerpos de Dirección de cada una de las unidades. Por ejemplo, el Consejo Directivo del SODRE, dentro de sus objetivos, puede planificar una relación laboral mediante contratos de función pública o con carácter presupuestado, pero esto no tiene que ver con las inhabilitaciones que contiene el propio Presupuesto, sino con una estrategia de generación de las políticas en cada uno de los Incisos.

 En su momento presentaremos las modificaciones a introducir en la Sección II “Funcionarios”, que esperamos sean elaboradas en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con la Oficina Nacional del Servicio Civil.

SEÑOR MINISTRO.- Para redondear la idea quiero agregar que en esta etapa, tal como mencioné anteriormente, tenemos que resolver la situación de estos contratos tan especiales, o sea,  los contratos caché.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Larrañaga)

                Al comienzo de mi intervención señalé que estamos pensando en una reestructura del Ministerio que acompañe el esfuerzo que se está haciendo a nivel del Poder Ejecutivo en relación con la reestructura de la función pública. Por cierto, se necesita instrumentar una reestructura profunda y estamos trabajando en esa dirección, pero para lograrlo muchos cargos deben tener una nueva definición. Por ejemplo, en este momento estamos transitando la etapa de resolver la problemática de los contratos caché, en cuyo caso, seguramente, tendremos que buscar nuevas definiciones que habiliten la realización de contratos temporales para el cumplimiento de ciertas tareas y la creación de nuevos tipos de cargos -que podrían ser presupuestados- en base a un sistema en el que se incluya la evaluación del desempeño y la actualización de conocimientos, tal como se está haciendo en otras instituciones. Por ejemplo,  podríamos empezar a recorrer ese camino con el abordaje de un grupo de cargos asociados a tareas del Ministerio que requieran nuevas disposiciones estatutarias, entre otros motivos, porque tenemos ciertas urgencias -que son las que planteamos-  que nos crean una serie de problemáticas que tendríamos que resolver rápidamente.

Estos temas quedan a vuestra consideración, y ello también nos plantea algunas incertidumbres, por lo menos en lo que a las disposiciones generales se refiere.

Si el señor Presidente lo autoriza, pediría que se le diera el uso de la palabra al señor Camors, para que haga referencia al tema del CECAP, y luego al Director de Centros MEC, para contestar algunas de las preguntas formuladas.

SEÑOR CAMORS.- Con respecto a la pregunta sobre la cobertura de los Centros Educativos de Capacitación y Producción -cambió su denominación en la Administración anterior, pero la sigla se mantiene, CECAP-  puedo decir que, en el marco de una política de educación no formal que fuera consolidada en la Ley General de Educación de 2008, su objetivo es fortalecer esta perspectiva educativa como política más amplia, pero recogiendo la experiencia anterior, por cierto muy rica.

En el año 2005, estos Centros funcionaban en Montevideo y en Rivera en horario matutino, pero actualmente abren sus puertas tanto en horario matutino como vespertino, y esta cobertura se extendió a distintos departamentos del interior del país, en convenio con las Intendencias Municipales. Precisamente, la articulación de las políticas nacionales con las municipales es un requisito que se debe cumplir a efectos de la ampliación de la cobertura de los CECAP. Es así que se instalaron Centros en  Treinta y Tres, Salto, Paysandú, Colonia, Canelones -en  Barros Blancos y La Paz-  Maldonado -en San Carlos- y en  Young, departamento de Río Negro.

                Quiero hacer notar que en los casos en que hubo cambio de Administración, como Treinta y Tres, Salto y Paysandú, la continuidad se puede calificar de excelente, con la incorporación de los nuevos elencos en el marco de estas políticas que deseamos resaltar. A propósito de la ampliación de recursos que se propone en este proyecto de ley de Presupuesto, ya recibimos una solicitud de la Intendencia Municipal de Florida; en este caso, hemos acordado el texto del convenio y estamos ultimando detalles para la instalación de un CECAP allí, a partir de febrero, al igual que en Artigas. Estos son los dos primeros departamentos de la proyección que señalaba el señor Ministro para llegar al año 2014 con, por lo menos, un CECAP en cada departamento del país; la localización de los CECAP depende de la decisión de los Gobiernos Departamentales, en función de sus propias políticas.

Cabe agregar que se están llevando adelante  conversaciones con las Intendencias Municipales de Tacuarembó y Durazno, y que hemos recibido demandas de otros departamentos, pero la intención es graduar la política de desarrollo a lo largo de todo el país, porque se trata de un Programa complejo, que requiere acciones a nivel de las Intendencias Municipales, recursos por parte del Ministerio y una coordinación interinstitucional. Recuerdo que el señor Senador había formulado una pregunta en este sentido. Por ejemplo, un componente de este Programa tiene que ver con el papel del INDA, pues está comprometido a participar en cada ampliación de CECAP, en lo que tiene que ver con el desayuno, almuerzo y merienda. En el marco de una política alimentaria y de salud, esto es una condición sine qua non que tiene que cumplir este Programa.

Además de los convenios con el INDA y las Intendencias Municipales, hemos firmado otros con Educación Secundaria y con UTU, porque uno de los objetivos es que los jóvenes aprendan y se preparen para su incursión en la cultura y en el mundo del trabajo. Por lo tanto, nos parece sustancial el convenio con UTU y Educación Secundaria para aquellos que quieran y puedan volver a estudiar como parte complementaria de la currícula del CECAP, terminando así el Ciclo Básico. En este momento hay docentes de Educación Secundaria en los tribunales de los liceos comunes, tomando exámenes a jóvenes de CECAP de Montevideo y Rivera. La idea es ampliar esto a otros puntos del país y en ese sentido hemos recibido distintos requerimientos.

En relación con otra de las preguntas formuladas sobre el tema de la coordinación, quiero agregar que en el caso de la UTU iniciamos dos experiencias piloto con el Programa de Formación Profesional Básica.

                Quiero hacer notar el perfil de la población. La investigación educativa ha demostrado que cualquier persona, solo con un curso de capacitación, no se inserta automáticamente en el mercado laboral. Estamos hablando de jóvenes de entre 15 y 20 años -con una flexibilidad en cuanto a esta consideración etaria-, que no estudian ni trabajan, que están en situación de vulnerabilidad social, lo que permite sintetizar que el Programa es un puente entre el asentamiento y el liceo o la escuela industrial. En este sentido, las distintas políticas que hoy se mencionaron en Sala por parte del señor Senador Penadés cubren diferentes aristas y, quizás, a distintos sectores de esta vasta población que, además, requiere especificidades, especialidades e instrumentos y programas diferenciados, pero articulados. Seguramente el Ministerio de Desarrollo Social habrá planteado el  tema relacionado con el empleo juvenil, porque el INJU está elaborando un proyecto para dar respuesta a esa problemática, con lo que se abordará cierto sector de la población mayor de 18 años. Esto nos lleva a señalar que la situación que nosotros podemos tener con jóvenes que requieren una preparación previa para luego participar en los programas que el INJU coordina con PROJOVEN, es totalmente distinta.

Por otra parte, en el ámbito de INEFOP también se están coordinando todas estas iniciativas, y me consta que es así porque como representantes del Ministerio de Educación y Cultura integro el Consejo Directivo del Instituto, sede del Programa PROJOVEN que, reitero, articula acciones con el INJU. Estos Programas exigen la capacitación en educación no formal. Eso es lo que fundamenta nuestra presencia.

Una vez más quiero hacer notar la diferencia en cuanto a la población objetivo con que trabajamos, que demanda distintas intervenciones.

                Entiendo que de esta manera hemos dado respuesta a las preguntas del señor Senador Penadés sobre cobertura, alcance y coordinación interinstitucional. Simplemente, para terminar, dado que el señor Ministro ya hizo mención a la coordinación con el Plan Nacional de Juventudes, quería decir que quizá  lleguen al Parlamento distintas instituciones relacionadas con Programas como “Compromiso Educativo” o “Centros Educativos Abiertos” pero, en realidad, hay comisiones interinstitucionales en las que estamos trabajando. En definitiva, cada institución aporta su perspectiva.

Con relación al Programa de Becas, hay una apuesta muy fuerte por parte del Ministerio para que gradualmente la beca deje de tener un perfil asistencialista y se integre como un instrumento de reinserción educativa, de inclusión social, de complementación de un trabajo pedagógico que está realizando la ANEP a través de Secundaria y UTU, y de trabajo social que realizan el MIDES, el INJU y el INAU, y que constituye una rica experiencia en cuanto a referentes pares que está llevando a cabo la Universidad de la República. Quizá estas explicaciones puedan aclarar por qué aparece el mismo programa en distintos Incisos. Si bien la coordinación interinstitucional es compleja, creo que va a garantizar el efecto que tengan los programas.

                Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO.- Quedarían tres intervenciones más: una referida a los Centros MEC por parte de su Director, el señor Roberto Elissalde, la intervención de la Directora de Canal 5 y la de nuestro Director General, que se va a referir a ciertas preocupaciones que tenemos sobre las disposiciones generales.

SEÑOR  ÁLVAREZ.-  Uno de los temas fue planteado ante la pregunta de la señora Senadora Moreira. Recién se distribuyó una hoja que habíamos olvidado adjuntar al repartido que presentamos al principio, que tiene que ver con una propuesta para modificar el artículo 46, que está señalada en negrita. A las excepciones que plantea el tercer párrafo del artículo 46, luego de “funciones periodísticas, técnicas de radio y televisión”, queremos agregar las funciones de “producción y asesoramiento técnico y comercial”. Luego la redacción continuaría como se había planteado en el articulado.

                Por otro lado, planteamos una modificación al artículo 498. Queremos modificar un literal E) que había sido olvidado en la redacción que teníamos y cuya presentación hicimos en la Comisión de la Cámara de Diputados, que dice: “Prestar el apoyo pertinente y coordinar las actividades del Fondo Nacional de Música, del Fondo Nacional de Teatro, de la Academia Nacional de Letras y del Consejo Nacional de  Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales”. En todo caso, el señor Director de Cultura podría explicarlo con mayor detenimiento.

                En el artículo 525 solicitamos que se suprima la palabra “bienal” en lo que refiere al Premio Figari, en tanto a veces no se logra reunir un número importante de obras como para presentarlas en forma periódica -tal como lo señalaba la ley- en la realización de este evento.

                Con relación al artículo 513 planteamos una corrección en el texto.  La referencia al Programa estaba mal hecha; donde dice  “programa 010”, debe decir “programa 200”. En la parte final de este primer Inciso proponemos un agregado, que está señalado con negrita, por el que los cargos que se crean en este programa serían asignables a la Fiscalía Letrada Departamental de Atlántida a que hace referencia el artículo 512 de la presente ley. Efectivamente, lo estamos refiriendo a la misma norma. Luego seguiría el articulado, pero quisimos puntualizar el destino de la creación de estos cargos.

                Una última modificación refiere al artículo 828, que está fuera de nuestro Inciso y se encuentra dentro de la órbita del organismo que implemento el Plan CEIBAL. También señalamos con negrita la modificación. Al literal A), que expresa: “Promover, coordinar y desarrollar planes y programas de apoyo a las políticas educativas para niños y adolescentes”, proponemos agregar “elaboradas por los organismos competentes”. Nos parece importante establecer en el artículo que el rol de los entes debe ser rector. Este tema fue coordinado con la ANEP y el ingeniero Brechner, quien forma parte de este nuevo Instituto. En el literal E) hay que agregar el elemento de educación “no formal” para la población, tal cual se establecía, porque nos parece que ello debe ser reconocido específicamente en la norma.

                Por último, en el primer repartido que se hizo, que incluye los artículos 496 a 506, como así también los artículos 507, 510 y 522, se proponen, básicamente, modificaciones de conjugación verbal. La propuesta fue planteada por el Ministerio de Educación y Cultura y aceptada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros la adelantamos, pero sabemos que las modificaciones serán presentadas nuevamente. De todas maneras, nos parecía de orden trasladarle a esta Comisión que esas modificaciones, tal cual están planteadas, para nosotros son de recibo y las acompañamos.

SEÑOR ELISSALDE.- Los Centros MEC conforman una red de centros que está llegando a los cien locales. Hoy el señor Senador Penadés preguntaba sobre la coordinación que existía con otros organismos. Quiero aclarar que los Centros MEC funcionan por una alianza de las Intendencias Departamentales, ANTEL y el Ministerio de Educación y Cultura. Esa alianza implica que ANTEL brinda el acceso a Internet y la mitad del equipamiento, las Intendencias Municipales proporcionan los locales donde se instalan los Centros y las personas que atienden cada uno de ellos, y el Ministerio de Educación y Cultura aporta el resto: todos los gastos de funcionamiento, las horas docentes, los contratos artísticos y la alfabetización digital.

                De los 98 Centros que están abiertos actualmente, aproximadamente 73 -más de 70- se encuentran en lugares donde antes solo existía la Policía y, en algunos casos, la Escuela; quizás también algún otro organismo público, pero no hay ningún solapamiento ni superposición de actividades en ese ámbito, sino que hay una complementación de las políticas.

                Un claro ejemplo de lo que es la complementación de políticas públicas es el impacto que tuvo el Plan Ceibal en el país y que tendrá en el futuro, ya que todos los niños uruguayos van a saber utilizar una computadora. Sin embargo, quedaba una franja de ciudadanos que no estaban cubiertos por este tipo de políticas, es decir, aquellos adultos que por su edad, su condición social o su alejamiento territorial, no tenían acceso a ellas. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se planificó una política complementaria con el Plan Ceibal, para permitir a esta gente -básicamente adultos, y principalmente mujeres- el acceso gratuito al aprendizaje y la utilización de una computadora, con una metodología amigable, diseñada especialmente para poder trabajar. 

                Sobre la complementariedad también debo decir que los Centros MEC trabajan con asociados principales. El número uno de ellos, además de las Intendencias, es el MIDES, con quien trabajamos en forma conjunta y tenemos convenios de intercambio de horas docente para capacitar a diferentes sectores sociales.

                Con el Ministerio del Interior, el año pasado se realizó la capacitación de 145 policías en el departamento de Paysandú, y en 2010 se está extendiendo un convenio a nivel nacional para que la capacitación se haga a través de los Centros MEC. ¿Por qué los Centros MEC y no otros organismos? Los costos que tenía para el Ministerio del Interior capacitar a los policías en las capitales departamentales, trasladarlos, alimentarlos y mantenerlos alojados allí, eran tres veces más altos que si lo hacía a través de nuestra red localizada, que llega a cada una de las pequeñas localidades. Me parece que ese es otro ejemplo del ahorro que produce el tener este tipo de red.

A su vez, tenemos convenios con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con el Ministerio de Turismo y Deporte. Además, tenemos una participación en diversos organismos que, por su desarrollo, no tenían llegada en esas pequeñas localidades.

Con Primaria y Secundaria también tenemos diversas participaciones, como por ejemplo en circulación de exposiciones, muestras de divulgación científica o actividades artístico-culturales. Esto se hace en combinación con todas las instituciones públicas que están insertas en el territorio, nunca compitiendo ni superponiendo, sino tratando de que la llegada de exposiciones a algunos pueblos signifique la primera vez que hay una charla de divulgación científica, una muestra científica o artística.

                Por lo tanto, creo que la respuesta no es competir -y así ha sido entendido por todas las Intendencias Municipales del país- sino complementar esfuerzos, no superponer -para evitar gastar dos veces- y poner la infraestructura de que hoy dispone el Ministerio al servicio de las Intendencias Municipales, de las Juntas Locales, de las Alcaldías y de todos los integrantes de la comunidad que lo precisen.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Dalmás)

SEÑOR MINISTRO.- Voy a solicitar que se conceda el uso de la palabra a la señora Directora de Televisión Nacional de Uruguay.

SEÑORA MARTÍNEZ.- Voy a comenzar por lo que creo debe ser de mayor interés para los señores Senadores, haciendo referencia a nuestras propuestas de contenido, es decir, lo que los telespectadores ven y verán en la pantalla de Televisión Nacional.

                Como es notorio para quienes sintonizan el canal, este año estamos trabajando -y el año próximo pensamos continuar en esa línea- con la finalidad de mejorar y diversificar nuestra capacidad de producción, siempre en el sentido de una programación televisiva de calidad. Televisión Nacional de Uruguay es firmante del Compromiso Nacional por una Televisión de Calidad para la Infancia, y es así que en 2011 vamos a tener un espacio permanente de dos horas de programación infantil, en base a un formato que se inauguró el año pasado -y que este lo repetimos con éxito-  llamado “El Canal de los Niños”, que es un espacio de programación conducido por niños, en el que se emite programación propia y extranjera.

                Otra zona de interés del canal es el área de divulgación científica. En este momento estamos emitiendo algunos programas extranjeros, como “Alterados por Pi”, conducido por el matemático Adrián Paenza, y el año próximo vamos a trabajar con producciones nacionales de divulgación científica, como “Superhéroes de la Física”, realizado, en buena parte, en la Facultad de Ciencias.

                También nos proponemos ampliar la zona de producción nacional. Somos el único canal -y esto debe ser un orgullo para todos- que tiene un espacio de cine, llamado “Cine de los Uruguayos”, que comenzó hace dos años y que va a continuar. Asimismo, somos la única ventana para la producción cinematográfica -tanto de ficción como documental-  de escuelas de cine y de carreras de comunicación, que también va a continuar en el 2011. En la misma línea de incrementar la producción nacional vamos a participar, con todos los recursos que tengamos y en alianza con productoras independientes, en producciones específicas para la conmemoración del Bicentenario.

                Por otra parte, estamos planificando retomar las trasmisiones de espectáculos del SODRE -lo que constituye un reclamo de buena parte de los telespectadores que llaman al canal-  tanto de música como de ballet. Queremos que esto salga bien porque sabemos que tiene su público, que hoy día la trasmisión de espectáculos es un área muy competitiva, y para comprobarlo alcanza con ver cómo se ha desarrollado el género en canales como “Film & Arts”. Ese es el listón al que tenemos que llegar, lo que no es nada fácil, pero nos proponemos realizar ensayos. Quizás no podamos cubrir todo lo que quisiéramos, pero vamos a priorizar la calidad sobre la cantidad.

                Así como hicimos el año pasado, vamos a continuar trasmitiendo los espectáculos de carnaval; estamos muy contentos de que Televisión Nacional de Uruguay realice esta cobertura, porque es la manera de asegurar su llegada a todo el país. También estamos desarrollando una línea de trabajo con el Instituto de Cine -que comenzó este año y va a continuar el próximo-  con concursos destinados a impulsar la producción televisiva. La participación del canal consiste en el fortalecimiento de los premios mediante un mecanismo que se utiliza en todo el mundo -aunque acá todavía no se lo usa-  que es la precompra, que consiste en apoyar un proyecto que está en desarrollo con el compromiso de que lo exhiba el canal que adelanta el dinero. A tales efectos, es necesario -ya comenzamos a trabajar este año y pensamos continuar el siguiente- el desarrollo de una política de “marketing cultural”, por llamarla de alguna manera. Necesitamos asociar empresas e instituciones al proyecto de comunicación del canal, porque no podemos depender solamente de los recursos presupuestales; para ello, debemos tener una política particular -que no es la de la televisión comercial,  porque no somos un canal comercial-  pues necesitamos empresas que se interesen en asociar su marca a una propuesta de televisión de calidad, que es lo que pretendemos lograr. 

                Por otro lado, como decía el poeta, bajando del corazón a los asuntos, tenemos otros desafíos importantes en lo que hace a la materialidad de las cosas. Debemos mejorar la seguridad edilicia del canal y ampliarla. Cualquiera que haya estado en el canal en los últimos tiempos habrá constatado que esas mejoras son notorias, pero tenemos que recuperar superficies perdidas. Cabe resaltar que a partir del incendio del canal se perdieron cuatrocientos metros cuadrados, y aún no se recuperaron todos.  Este es un aspecto que nos importa.

                Además, debemos calificar y mejorar nuestra cobertura nacional. Esto es algo que todavía tenemos en el debe y sobre lo que estamos trabajando con ANTEL para lograr una complementación. No llegamos a todos lados, ni llegamos bien a todo el país, y creemos que es misión de la televisión nacional hacerlo.  La gente que tiene televisión por cable no tiene ese problema, pero la que no la tiene nos hace reclamos, y con razón. Entonces, parte de las inversiones del canal serán destinadas a este fin y, como dije, para ello estamos trabajando con ANTEL, a fin de complementar nuestros recursos y contar con su apoyo. De esta forma, nuestra cobertura nacional será permanente y más extensa que la actual.

                Por último -y hago el planteo a modo de titular, porque creo que el tema merece un desarrollo mayor del que estamos en condiciones de realizar en esta reunión-  tenemos que comenzar a prepararnos para todos los desafíos técnicos, profesionales y legales a los que nos va a enfrentar el advenimiento de la televisión digital en el país.

                Esto es todo, claro está, en forma muy sintética.

SEÑOR PENADÉS.-  Señora Presidenta: en el período pasado, Canal 5 tuvo una muy buena iniciativa que consistió en trasmitir, directamente desde el Parlamento Nacional, una serie de acontecimientos políticos como interpelaciones o sesiones trascendentes para la vida parlamentaria y la política nacional, y me gustaría saber si se ha previsto la posibilidad de retomar esa idea o alguna similar que posibilite una cercanía más importante entre el Poder Legislativo y la población.  En algunos casos hemos visto cómo la señora Directora ha justificado, por ejemplo, que en los informativos no se trasmitan noticias policiales, porque se entiende que los noticieros del Estado deben tener otro objetivo; no discutimos esa teoría, pero creemos que sería muy importante que en esos objetivos estuviera incluida la vida parlamentaria, ya que por ahora, lamentablemente -al igual que ocurre en otros países de Latinoamérica o del mundo-, no existen canales parlamentarios, como en Brasil, Argentina y Chile. Creemos que el canal oficial debería preocuparse por tratar de acercar a la población instancias de la vida institucional que el país vive en el Poder Legislativo. 

                La segunda inquietud que deseo plantear tiene relación con el Bicentenario. No pretendemos que la señora Directora nos lo explique ahora, pero pensamos que sería importante conocer en algún momento los planes que Canal 5 viene llevando adelante sobre este asunto. Esto sería fundamental para el trabajo que la Comisión del Bicentenario -que integro y que está encargada de organizar los eventos que se llevarán a cabo a partir del año que viene- viene desarrollando. Creo que Canal 5 tiene una misión muy importante para cumplir desde todo punto de vista y es en ese sentido que quiero dejar esta constancia.

SEÑORA MARTÍNEZ.- Voy a comenzar respondiendo la última pregunta.

                Creo que el jueves 18 tenemos una reunión con los integrantes de la Comisión del Bicentenario, donde vamos a exponer algunos de los proyectos que tenemos para cubrir ese evento.

Entiendo pertinente la preocupación respecto al espacio de cobertura de las actividades parlamentarias. No nos hemos planteado la creación de un canal  parlamentario, aunque en realidad, como señaló el señor Senador, debería existir, entre otras cosas, porque el levantamiento de estos espacios generó muchos problemas de relacionamiento con los coproductores, por contratos y compromisos que ellos tenían con avisadores, además de provocar, también, un problema económico y contable. De todos modos, esta es una preocupación atendible y que habrá que trabajar para el próximo año -en la medida de nuestras posibilidades de producción-, buscando espacios donde esté reflejada la actividad parlamentaria para la ciudadanía.

SEÑOR MINISTRO.- Tenemos un último punto para considerar, sobre el que me gustaría hacer algunas precisiones, que tiene que ver con el artículo 48 de las disposiciones generales. Este artículo exceptúa a quienes cumplen funciones docentes, de las limitaciones al doble vínculo con el Estado a que refiere el artículo 46.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- En este caso también estamos alrededor de los temas de contratos y compatibilidades.

                En el artículo 48 se exceptúan las incompatibilidades establecidas en el artículo 46 -a las que hizo mención hace un momento el Director General, señor Álvarez- sobre los dos vínculos con el Estado. La excepción se hace para las funciones docentes de Enseñanza Pública. Ahora bien, este tema lo estuvimos discutiendo entre nosotros y también con los Entes de la Educación y coincidimos en que, por extensión, esta definición plantea problemas, porque no incluye varios casos -necesariamente, tendría que ser enorme y casi siempre tiene fallas-  como por ejemplo la educación no formal y a las educaciones especiales que están dentro de la educación pública. Simplemente se propone simplificar, para denominar por comprensión y no por extensión, expresando: “La prohibición establecida en los artículos precedentes no alcanza al personal que ejerza efectivamente funciones docentes en la educación pública” -lo que viene después, que está entre comas “primaria, secundaria”, etcétera, se suprime-  “así como en las entidades de capacitación de los distintos organismos públicos, siempre que no superen las sesenta horas semanales y que no exista coincidencia total o parcial de los horarios establecidos para el cumplimiento de sus funciones”. Consideramos conveniente que el artículo finalice ahí, excluyendo, además de esta enumeración, lo que viene después, que también es otra definición por extensión que dice: “A los efectos de lo establecido en el presente artículo se consideran funciones docentes:” y se hace una enumeración. Esta redacción deja de lado muchas funciones que son efectivamente docentes y cualquier enumeración que hagamos siempre dejaría afuera a otra, porque  es difícil describir de esta manera. Nos parece que de esta forma el artículo es suficientemente claro y cumple con la función que queremos, que es no privar a la educación pública de funciones docentes en general, incluyendo la de investigación, que muchas veces se hacen en forma compatible con otros cargos. Por ejemplo, dentro de nuestra Universidad hay algunas Facultades en las que la mayoría de los docentes tienen también otra ocupación, la que muchas veces es pública. Tal como los señores Senadores saben, esta situación se plantea frecuentemente con docentes de la Facultad de Derecho, pero también la vemos en la Facultad de Ingeniería, donde hay casos en los que la experiencia práctica del docente es útil, y no incompatible con el ejercicio de la docencia.

                En cuanto a los contratos en general, considero que ya se explicó el tema. Debo decir que las modalidades cubiertas en el presente Presupuesto no cubren todas las posibilidades que tal vez se necesiten. El Director de Cultura fue claro en cuanto a que también se necesitarían cargos de renovación periódica. Así lo son, necesariamente, un músico, un bailarín o un director de museo, puesto que no queremos que se eternicen, pero tampoco es del todo conveniente que tengan un plazo fijo como cuatro o seis años, por ejemplo. Lo normal es que se tenga flexibilidad y que haya una renovación de acuerdo con el desempeño y la adquisición de conocimientos o la propuesta de futuro, no solo según el pasado.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quisiera formular una pregunta con respecto al artículo 48.

                ¿La sugerencia del segundo inciso podría ser que la caracterización de funcionarios docentes se haga por reglamentación? De esta forma, no se tendría que realizar una enumeración, que podría terminar siendo restrictiva.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- La propuesta es eliminar la enumeración que está entre comas en el primer inciso. De esta forma quedaría redactado: “en la educación pública, así como en las entidades”, etcétera.

                En cuanto al segundo inciso, lo que proponemos es eliminarlo, lisa y llanamente, y no necesita más reglamentación.

SEÑOR RUBIO.- Me gustaría hacer referencia a la preocupación manifestada por la ingeniera Simon con respecto a la falta de flexibilidad. En lo que tiene que ver con los funcionarios, se introducen los contratos artístico, temporal y temporal de derecho público. 

                Quisiera saber si se trata de un problema de la formulación en cuanto a los plazos. En algunos casos podría decirse “hasta tanto tiempo”. De esa forma, si se requiere una mayor flexibilidad, el contrato sería de menor tiempo, y no se establecería un plazo fijo. En consecuencia, me gustaría saber si es un problema de formulación o de formato, ya que si no se resuelve correctamente este asunto, luego, en la práctica, nos encontraremos con grandes dificultades.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- Me comenta el señor Ministro que, en el caso de la enumeración, una alternativa podría ser que dijera “entre otros”. Pero si se suprime, creemos que no se pierde nada; esa sería nuestra primera opción. La otra sería una alternativa de flexibilidad para ustedes.

En lo que tiene que ver con lo que manifestaba el señor Senador Rubio, consideramos que debemos discutirlo más profundamente. En este momento no podemos proponer algo nuevo, porque lo cierto es que se establece “hasta tres años”. En realidad dice por un plazo de hasta tres años, renovable por otro igual.

SEÑOR RUBIO.- Originalmente se establecía que era renovable por un año y medio. Luego fue modificado en Cámara de Representantes; nosotros todavía no hemos tomado ninguna postura al respecto.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- Por lo tanto, tal como está formulado, en este momento tenemos períodos pares, es decir, por un año y otro más, por dos años y otro más, por tres años y otro más; pero tiene un techo absoluto de seis años.

                Incluso podrían ser bastante menos, situación que estaría resuelta en este caso. Tal vez sería por bastante más; pero sobre todo tiene un término absolutamente rígido. Si el contrato se hiciera por uno o dos años, habría flexibilidad para extenderlo por uno más, al cabo del cual la persona se tendría que ir indefectiblemente, como también sucedería si se hiciera por seis años. No siempre queremos eso sino, tal vez, tener otras instancias de evaluación en el tiempo y que el contrato durara más de seis años sin la necesidad de definirlo a priori, con la agravante de que después sea modificado. No se trata de una situación de catástrofe pero, tal como está redactado el texto, a los seis años como máximo la persona se tendrá que retirar; entonces, si tuviera 35 ó 37 años de edad, posiblemente piense que, en lugar de retirarse a los 43 años, sería preferible buscar trabajo ahora que estar haciéndolo todo el tiempo, porque sabe que a los seis años no tiene otra alternativa que irse.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, entendí que la concepción que inspira al Poder Ejecutivo es que esos contratos sean puentes hasta que se realice la reestructura. O sea que  pueden quedar sin efecto antes de los seis años si la reestructura se realiza antes del mismo lapso, en cuyo caso se determinará qué funciones serán permanentes y cuáles no. Si se tratara de funciones permanentes, se agregará que ingresarán por algún método de selección con un contrato permanente. De no ser así, el camino sería otro.

                Reitero que, a mi entender, esa es la idea que inspira este proceso porque, en realidad, a través de un artículo de este proyecto de ley de Presupuesto se autorizaría la reestructura de todos los Ministerios y, por otro, se asignarían US$ 60:000.000 o US$ 70:000.000 para llevarlas a cabo en el período. Hay que ver si se cumplen o no los cronogramas previstos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Me da la impresión de que se hacía referencia a la versatilidad del contrato -así fuera un año más de los seis- y no tanto a la posibilidad de que sean permanentes.

SEÑOR MINISTRO.- En todo caso, se trata de hacer un esfuerzo enorme para llevar a cabo una transformación del Estado, iniciativa extremadamente compleja, que requiere tener en cuenta la diversidad de situaciones. Pero también es importante dar ese paso previendo la necesidad de ir ajustando una serie de situaciones en distintos ámbitos. Sin duda, los espacios de la educación y la cultura en particular, oportunamente  requerirán ajustes.

                Lo contrario de permanencia no puede ser inestabilidad, pero la permanencia puede incluir, también, una renovación de conocimientos o una evaluación regular. Incluso, puede haber cargos permanentes, pero eso no quiere decir que lo sean de por vida si no se cumplen determinados requisitos. En las áreas de la educación y la cultura, se requiere pensar en ese tipo de situaciones, aunque en los plazos que tenemos por delante tal vez sea muy difícil resolverlas. Efectivamente, los distintos espacios que se abren, particularmente los contratos temporales, permiten iniciar una transición, pero es indudable que el tema requerirá oportunamente la realización de algunos ajustes. Sin embargo, es claro que esa etapa de transición generará incertidumbre en los actores y las instituciones. Entiendo que el tema queda abierto -por decirlo así- y, ciertamente, pretendemos colocar esas preocupaciones en la agenda para que sean consideradas en su momento.

                Si no hay más preguntas que realizar y los señores Senadores lo entienden pertinente, revisaremos el articulado del Inciso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tenemos dos opciones: consideramos uno a uno los artículos o nos detenemos específicamente en aquellos que motiven preguntas o consideraciones por parte  de los señores Senadores y de las señoras Senadoras.

SEÑORA MOREIRA.- Tal vez podamos considerar el articulado en bloque, haciendo la fundamentación respectiva, pero sin detenernos en cada uno.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, consideramos artículo por artículo pero sin detenernos, a menos que haya preguntas.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Hago una exhortación en el sentido de actuar con la mayor brevedad posible, porque estamos atrasados para recibir a otro organismo complicado como es la ANEP.

SEÑOR MINISTRO.-  La contadora Elía Morales, quien ya realizó una exposición similar en la Cámara de Representantes -y que, además, regularmente se ocupa de esta cosas en el Ministerio-, tiene mucha práctica en presentar el articulado en un tiempo breve y, sobre todo, en resolver  expresiones o formulaciones que puedan ser críticas, a fin de facilitar la lectura y el análisis de las distintas disposiciones. En todo caso, los señores Senadores solicitarán que se detenga el tratamiento del articulado cuando tengan alguna preocupación o inquietud, o cuando deseen hacer alguna aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien. Así se procederá.

SEÑORA MORALES.-  En el artículo 483 aprobado en la Cámara de Representantes se votaron horas docentes para las siguientes Unidades Ejecutoras del Ministerio: la Dirección General de Secretaría, la Dirección Nacional de Cultura y el Instituto de Investigaciones Biológicas  Clemente Estable.

SEÑOR PENADÉS.- Las horas docentes a las que nos estamos refiriendo representan, en el Período, casi US$ 12:000.000 entre las Unidades Ejecutoras 01 y 03. Me gustaría que se nos explicara qué misión van a cumplir estas horas docentes en la Dirección General de Secretaría, en la Dirección Nacional de Cultura y en el Instituto de Investigaciones Biológicas  Clemente Estable.

SEÑOR MINISTRO.-  Rápidamente aclaro que el grueso del esfuerzo en horas docentes tiene que ver con la Dirección General de Secretaría y refiere a dos proyectos que hemos detallado: Centros MEC y CECAP.

Las horas docentes de la Dirección Nacional de Cultura  tienen un costo menor  y se destinarán a la educación en cárceles, hospital psiquiátrico, diversos programas de cultura con niños y adolescentes y fábricas de cultura.

                En cuanto al Instituto Clemente Estable, debemos decir que en nuestro articulado se promueve un pequeño fortalecimiento de su funcionamiento; en ese sentido, las horas docentes están vinculadas a lugares para jóvenes investigadores. Esto forma parte del conjunto de iniciativas tendientes al fortalecimiento de nuestra estructura científica y tecnológica. Como se ve, los montos son relativamente menores en relación al fuerte esfuerzo que se realiza con relación a los Centros MEC y CECAP, que fueron objeto de un detalle mayor hace algunos años.

SEÑOR RUBIO.-  Quiero hacer una consulta, aunque no sé exactamente con qué artículo estaría relacionada.

Concretamente, la Dirección del Instituto de Investigaciones Biológicas  Clemente Estable solicita que la fundación sea incluida en la Ley Nº 18.083, en la que se establecen donaciones especiales. Nos parece que esto sería adecuado, pero  no sabemos cuál es la opinión del Ministerio al respecto.

SEÑORA PRESIDENTA.-  La Mesa entiende que se trata de las normas tributarias, señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Así es, señora Senadora, pero quizás no tengamos otra oportunidad para poder consultar al Ministerio.

SEÑOR MINISTRO.- Eso no figura en nuestro articulado, pero recientemente la Dirección del Instituto nos informó que haría llegar a este ámbito la mencionada propuesta. No tenemos objeción, pero se trata de algo que debe ser consultado con el Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑORA MORALES.- El artículo 484 habilita al Ministerio a remunerar, mediante el régimen de horas docente, las actividades educativas en sus distintos programas, habilitando a la Dirección General de Secretaría y a la Dirección Nacional  de Cultura. Esto se establece a modo de corrección porque el artículo anterior le daba crédito al Ministerio de Educación Cultura, pero no estaba habilitado.

                El artículo 485 también habilita al Ministerio a realizar convenios con asociaciones y fundaciones vinculadas con la Universidad, tal como está autorizado el MIDES.

SEÑOR PENADÉS.- Este tipo de convenios, ¿es como el que tiene el Ministerio con la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería por el cual la Fundación suministró personal al MEC?

SEÑOR MINISTRO.- En realidad, esto regulariza una situación anterior. Los convenios con fundaciones se realizaban antes, pero en el período anterior se estableció una disposición, frente a una solicitud del MIDES, y se autorizó específicamente.  Entonces, entendíamos que correspondía regularizar toda la situación y, por tanto, era razonable que se hiciera de la misma forma que fue aprobado para el MIDES, es decir por norma, como lo estamos proponiendo en este momento y tal como se hacía habitualmente en el Ministerio de Educación y Cultura dada la normativa vigente.

SEÑORA MORALES.- El artículo 486, sustituye el literal A) del artículo 230 de la Ley Nº 17.930; se trataría de un tema de redacción vinculada a  la Dirección de Asuntos Constitucionales.

                El artículo 487 aprueba un incremento para gastos de funcionamiento de la Dirección General de Secretaría; el artículo 488 aprueba partidas para celebrar contratos temporales, a partir del año 2011 y hasta el año 2014; el artículo 489 también aprueba un incremento para gastos de funcionamiento que tienen que ver con los programas educativos de la Dirección General de Secretaría. Por su parte, el artículo 490 incrementa la asignación presupuestal del proyecto de inversión  “Inmuebles” en  $ 10:000.000  y el artículo 491 se relaciona con la adecuación de las remuneraciones de todo el Inciso,  adjudicándose una partida de $ 19:000.000 para el año 2011, la que se incrementa en igual monto, a partir de 2012. Mediante el artículo 492 se crea el cargo de confianza de Director de Cooperación Internacional y Proyectos.

SEÑOR PENADÉS.-  Con relación al cargo que se propone, me gustaría conocer cuántos cargos de particular confianza tiene el Inciso Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑOR ABREU.- Luego haré algunas preguntas puntuales sobre el articulado. De todos modos, la pregunta del señor Senador Penadés nos puede ilustrar porque es de carácter general.

SEÑORA MORALES.- En respuesta a la cantidad de cargos de particular confianza del Ministerio, puedo decir que la Unidad Ejecutora 001 tiene cinco cargos de particular confianza  en las Direcciones y después hay  uno al frente de cada Unidad Ejecutora de la Cartera.

                El artículo 493 asigna  partidas para becas de estudio, a las que ya se hizo referencia.

SEÑOR LARRAÑAGA.- El punto anterior no me quedó claro, señora Presidenta. Se habló de cinco cargos, otro más, y uno por cada Unidad Ejecutora. ¿Cuántas unidades ejecutoras hay?

SEÑORA MORALES.- Hoy el Ministerio tiene 16 Unidades Ejecutoras.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Es decir que son 16 cargos, más 5,  más 1.

SEÑORA MORALES.- No, en  la Unidad Ejecutora 001, que es la principal, está el cargo de Ministro, de Subsecretario y tres más al frente de las Direcciones de Educación, de Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales.  Esos serían los cinco cargos, incluyendo al Ministro y al Subsecretario. Después hay cargos de confianza en la Dirección Nacional de Cultura, que es una Unidad Ejecutora; en el Museo Histórico Nacional, aunque no es un cargo de confianza, sino de alta prioridad, y están los tres Consejeros del SODRE, el Director de Canal 5, el de la Biblioteca Nacional, el de Ciencia y Tecnología y el del Archivo General de la Nación.

SEÑOR ABREU.- Mi inquietud está relacionada con el artículo 488, por el que se destina una partida importante de varios millones de pesos para la Dirección General de Secretaría. El inciso segundo de esa disposición, dice que “será destinada a la celebración de contratos temporales de derecho público, hasta la aprobación de la reestructura organizativa y de cargos del Inciso”. Es decir que todo estará dependiendo del proceso de reorganización administrativa y de clasificación de cargos que se lleve a cabo. Entonces, me gustaría saber en qué situación se encuentra el Ministerio de Educación y Cultura respecto a la reestructura administrativa y clasificación de cargos, y cuáles son los plazos en los que piensan terminar con ella, si es que se puede finalizar algún día, de acuerdo con la visión que uno tiene de estos temas.

SEÑOR MINISTRO.- Esta es una pregunta muy oportuna e importante.

                Los montos que figuran en este artículo permitirían la celebración de entre cuarenta y cincuenta contratos temporales de Derecho Público, por lo que, una vez definida la propuesta de reestructura, algunos de ellos quedarán como tales, y otros darán lugar a cargos permanentes.

                Nuestra Cartera no fue considerada dentro de los Ministerios que serán objeto de experiencias piloto en el marco de la reforma del Estado; no obstante ello, es imperioso que procese una serie de iniciativas de fortalecimiento institucional, tal como lo señalamos al comienzo de nuestra exposición. A esos efectos, se ha firmado un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos ha asignado una serie de fondos para comenzar ya un estudio de la estructura y del análisis de propuestas de reestructura organizativa y funcional del Ministerio. Se han hecho los llamados correspondientes y, en estos días, se ha instalado el primer equipo de trabajo, que dispondrá de unos pocos meses para elaborar su informe. Es nuestra intención que este proceso que, seguramente, insumirá mucho tiempo, no se dilate en su instalación ni en el comienzo de una reestructura que necesariamente va a ser progresiva.

                Paralelamente, entendemos que hay otros procesos de reestructura y de fortalecimiento institucional que afectarán a algunas unidades. Por ejemplo, el SODRE, ha sido objeto de una iniciativa particular que seguramente será difundida en las próximas semanas.

                El tema de la justicia y del Ministerio Público -que han motivado alguna inquietud por parte de los señores Senadores-, también debería instalarse en forma paralela al proceso de reestructura del conjunto del Inciso “Ministerio de Educación y Cultura”.

                En resumen: la respuesta al problema de los tiempos es hoy y, si bien ya estamos trabajando al respecto, esperamos que en el transcurso de 2011 podamos procesar los primeros cambios.

SEÑOR ABREU.- Quiero hacer una pregunta muy puntual.

                Esta reestructura administrativa realizada con cooperación internacional, ¿debe estar relacionada con las directivas establecidas por la Oficina Nacional del Servicio Civil en lo que a racionalización administrativa, estatuto del personal, clasificación de cargos y número de puestos refiere? Entonces, como no se trata de una cooperación externa, ¿está vinculada dentro de lo que es el rol que la Oficina Nacional del Servicio Civil cumple a partir de la Constitución de 1966?

SEÑOR MINISTRO.- El objetivo del estudio que está en marcha es definir las propuestas operativas en relación a los cometidos y a las especificidades del Ministerio que, necesariamente, tienen que ser compatibles con las disposiciones generales. Por tal razón entendemos que, en un proceso de cambios a nivel nacional, debemos procesar los nuestros en forma compatible y paralela. Ahora bien, creemos que para llevar a cabo esto no debemos esperar que el Ministerio de Educación y Cultura espere su turno en el proceso de reforma del Estado, sino que tenemos que avanzar. Seguramente ocurra que durante la afinación de las normas generales, muchas de las disposiciones tengan carácter transitorio; no obstante ello, quedamos a la espera de las iniciativas y de los resultados que arrojen las experiencias piloto sobre los primeros Ministerios.

SEÑORA MORALES.- En el artículo 494 se crea la Dirección de Centros MEC, estableciéndose también sus cometidos.

Por su parte, en el artículo 495 se aprueba un incremento de los gastos de funcionamiento para la Dirección Nacional de Cultura, y en el 496 se aprueban  proyectos de inversión para dicha Dirección. En el artículo 497 se aprueban unas partidas con destino al estímulo de la formación y creación artística, también de la Dirección Nacional de Cultura.

El artículo 498 sustituye el literal E) del artículo 213 de la Ley Nº 18.172; al respecto, el Director General planteó que también va a ser agregado un literal D).

Mediante el artículo 499 se aprueban partidas de gastos de funcionamiento para el Museo Histórico.

En el artículo 500 se aprueban partidas para el Archivo General de la Nación.

En el 501 se crea el cargo de particular confianza para la Dirección de la Comisión del  Patrimonio Cultural de la Nación; en el artículo 502 se aprueban partidas para proyectos de inversión de esta Comisión.

SEÑOR PENADÉS.- En cuanto a este artículo 502, quisiera saber de qué recursos de afectación especial se está tratando.

SEÑORA MORALES.- Los recursos de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación  provienen de la Dirección de Casinos.

                En el artículo 503 se aprueban partidas para gastos de funcionamiento.

                En el 504 se aprueba una partida de $ 2:000.000 para el Instituto Clemente Estable destinada a  gastos de funcionamiento.

                En el artículo 505 se aprueba una partida de $ 3:000.000 para la Dirección de Innovación,  Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

SEÑOR PENADÉS.- En el artículo 506 llama poderosamente la atención lo menguado de la partida para financiar gastos de funcionamiento e inversión de la Biblioteca Nacional, sobre todo porque conocemos el estado de situación en  que se encuentra.

SEÑORA MORALES.- La Biblioteca Nacional tiene su línea de base en una partida de inversiones. Ahora se salariza la recaudación de la Biblioteca y, como existía una parte destinada a gastos de funcionamiento, a través de este artículo se establece que ese importe sea con cargo a Rentas Generales. 

SEÑOR PENADÉS.- Entiendo. Está perfecto.

SEÑORA MORALES.- El artículo 507 prevé incrementos en materia de inversión para las radios y el resto del SODRE, y mediante el 508 también se incrementan los gastos de funcionamiento del Servicio.

SEÑOR PENADÉS.-  Si observamos el cuadro explicativo del artículo 507, vemos que en el Programa 280, Proyecto 973, en la descripción figura “Inmueble”. Quisiera saber de qué se trata esto, pues veo que hay una partida muy importante de aumento en el año 2014.

SEÑORA MORALES.- Ese monto está destinado a reparaciones de los distintos inmuebles del SODRE. Se trata de una partida de $ 500.000 los primeros tres años y el último año $ 2:900.000.

SEÑOR PENADÉS.- Lo que me llama la atención es que se haya dispuesto un aumento tan importante el último año.

SEÑORA MORALES.- En el artículo 509 se crean cinco cargos de Director de Registro Departamental, Serie Escribano, para la Dirección General de Registros.

SEÑOR ABREU.- Si bien ya hemos adelantado rápidamente en la descripción de artículos siguientes, desearía hacer una pregunta con relación al artículo 501. Quisiera conocer el fundamento de la creación de cargo de Director General de la Comisión  del Patrimonio Cultural de la Nación, como  de particular confianza.  Creo que aquí una de las opciones que existiría es que los más idóneos puedan concursar para ese cargo y no que necesariamente tenga que ser una persona de particular confianza. Digo esto porque, a veces, esta categorización de particular confianza no va de la mano totalmente con la idoneidad.

SEÑOR MINISTRO.- Se trata de un cargo de confianza por las características que requiere. Sin embargo, su designación será precedida por un llamado a aspirantes, como corresponde, porque se trata de un cargo con un componente técnico particularmente importante, que se sitúa en esa bisagra de la confianza que requiere la dirección de una unidad ejecutora y, al mismo tiempo,  una muy alta competencia técnica. Como dije, este cargo será objeto de un llamado a aspirantes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 510.

SEÑORA MORALES.- El artículo 510 establece una modificación al artículo 368 de la Ley Nº 16.736, que tiene que ver con cómo se utiliza la recaudación originada en la tasa registral.

                El artículo 511 -tema al que ya nos hemos referido- establece un incremento en los gastos de funcionamiento de  la Fiscalía de Corte. Uno de ellos  es para la partida de capacitación de los Fiscales, para que puedan cobrar lo mismo que los del Poder Judicial y, el otro, es para gastos de funcionamiento.

                El artículo 512 crea la Fiscalía Letrada Departamental de Atlántida y el artículo 513 sus cargos.

El artículo 514 crea 10 cargos administrativos también para la Fiscalía de Corte.

El artículo 515 incrementa los gastos de funcionamiento de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo.

El artículo 516 establece modificaciones a artículos relacionados con la Dirección  General del Registro de Estado Civil.

SEÑOR PENADÉS.- Me gustaría saber si hay diferencia entre lo solicitado  por el Encargado  de la Fiscalía de Corte y Procurador General de la Nación, y lo que el Presupuesto recoge en su articulado. En ese caso, solicito los datos de los montos pedidos, lo que en definitiva se va a dar, y cuál es esa diferencia. Si ahora no se dispone de esa información, no hay problema; en todo caso, que se nos remita cuando se disponga de ella.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa comunica a la señora contadora que si no cuenta con esos datos, se le ofrece la posibilidad de enviarlos  en otro momento.

SEÑOR MINISTRO.- Así lo haremos, señora Presidenta.

                En lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento -disposición que acabamos de ver- lo que figura en el articulado es lo propuesto por el Fiscal de Corte.

                En cuanto a las creaciones de cargo, la Fiscalía hizo una propuesta tentativa considerando el nuevo Código del Proceso Penal, y entendíamos que la misma requería una articulación entre los distintos  actores involucrados. Además, consideramos que esto  no podía incluirse en las propuestas de creaciones. Es un tema que está arriba de la Mesa y que seguramente  sea objeto de una propuesta en la Rendición de Cuentas una vez que se considere y se apruebe la reforma procesal. De todas maneras, enviaremos la propuesta de la Fiscalía  de Corte a los señores Senadores.

SEÑOR GALLINAL.- En el día de ayer, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia expresaron que cuando la Comisión de Constitución y Legislación esté en condiciones de aprobar una reforma al Código del Proceso Penal,  evidentemente vamos a tener que realizar la consultas pertinentes en materia presupuestal, para ver de qué manera se va a financiar y  que no nos pase lo mismo que con el Código del Proceso Penal anterior, cuyas modificaciones, lamentablemente,  luego debieron  ser  derogadas.  

                Ahora bien, quería saber si las creaciones de cargos en materia de Fiscalía guardan proporción con la creación de los Juzgados que vienen en este Presupuesto. Generalmente no es así y después nos llegan las quejas de los Fiscales, de los Jueces y de los distintos funcionarios judiciales, porque no pueden cumplir con sus responsabilidades. Me gustaría saber si eso obedece solo a un tema económico o de financiación o a la falta de una debida comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Lo lógico sería que en un mismo Presupuesto, simultáneamente a la creación de nuevos Juzgados, se crearan también las Fiscalías correspondientes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Eso fue explicado en el comienzo por el señor Ministro cuando hizo su presentación.

SEÑOR MINISTRO.- Me remito a lo que señalamos anteriormente. Comparto la preocupación del señor Senador Gallinal relativa a la coordinación. En ese sentido, estábamos atentos al camino que seguía el anteproyecto relativo al cambio del Código del Proceso Penal. La Suprema Corte de Justicia hizo su propuesta y nosotros entendimos que teníamos que esperar el cambio de norma correspondiente. De aprobarse el nuevo Código del Proceso Penal, seguramente se requiera de una muy estrecha coordinación. Además, como lo hemos conversado con representantes de la Suprema Corte de Justicia, los cambios deben hacerse en forma progresiva, definiendo iniciativas territoriales acotadas, sobre todo, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las Fiscalías. El proyecto de ley que va a estar a vuestra consideración en breve va a tener un impacto notable en el Ministerio Público y Fiscal, lo que va a significar un esfuerzo presupuestal en materia de creación de cargos, por la instalación de nuevas Fiscalías. Para ese fin, se plantea una propuesta de desarrollo escalonado a nivel territorial. Al mismo tiempo, ello implicará un intenso trabajo de capacitación para los Fiscales que van a asumir un nuevo rol en el proceso penal, ya que se pasa de un procedimiento esencialmente indagatorio a uno acusatorio. Esto requiere de un nuevo relacionamiento de los Fiscales con la Policía, lo que implica un nuevo rol para los Fiscales. En ese sentido, en el artículo 487 -que ya analizamos- está incluida una partida destinada a apoyar la formación de los Fiscales, a fin de prepararlos para cuando se apruebe la nueva norma. Seguramente, en el año 2011 este tema va a estar instalado con mucha fuerza.

                En lo que tiene que ver con los desajustes entre la creación de nuevos Juzgados y las Fiscalías, me remito a lo que comentaba anteriormente.

SEÑORA MORALES.- Estábamos analizando el artículo 516, que faculta a la Dirección General del Registro de Estado Civil a llevar adelante una serie de modificaciones que no suponen costo presupuestal.

                Por el artículo 517 se transforman cuatro cargos, también sin costo.

SEÑOR PASQUET.- En la tarde de ayer escuchamos decir a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia que, paulatinamente, las funciones de Oficiales de Estado Civil que cumplen los Jueces de Paz en el interior del país, van a ser asignadas a funcionarios dependientes del Ministerio de Educación y Cultura. Explicaban que ello responde, básicamente, a una razón de carácter presupuestal, porque hay una serie de costos asociados al funcionamiento de estas Oficinas de Estado Civil. Del artículo 516 no resulta que el Ministerio de Educación y Cultura esté yendo en esa dirección; más bien se habla de reasignar recursos dentro de la Dirección General y, eventualmente, de suprimir oficinas en Montevideo.

Entonces, quería conocer la opinión del Ministerio acerca de esa aspiración que plantea la Suprema Corte de Justicia y que a nosotros, en particular, nos parece razonable.

SEÑOR ORELLANO.-  Respecto a la pregunta que formula el señor Senador Pasquet, quiero decir que la norma de referencia que está planteada en el artículo 516 crea cuatro Oficinas de Estado Civil en los lugares que allí están indicados, sin asignarles un presupuesto determinado. Ocurre que la gestión de las oficinas de Estado Civil, en la Dirección General, redundan en el área metropolitana, esto es, en Montevideo y su zona de influencia: Ciudad de la Costa y Las Piedras. Sin duda alguna, el grueso de la manifestación demográfica está centrado en torno a esa zona. Esta norma apunta a tratar de prevenir una situación que pueda generarse en torno a la necesidad de contar con otras Oficinas de Estado Civil, partiendo de la base de que en este proyecto de ley de Presupuesto no se crean nuevas, y a poder disponer, por vía alternativa, de algunas de las ya creadas. En concreto, con respecto a Maldonado, por ejemplo, en no mucho tiempo más se implementará una Oficina de Estado Civil para solucionar una serie de situaciones que se generan en torno a la gestión de los Jueces, concretamente la Sección I, que es la que tiene a su cargo la función del Registro de Estado Civil; se trata de un Juez lego.

SEÑORA MORALES.- Los artículos 518 y 519 modifican disposiciones legales, sin costo presupuestal.

SEÑOR ABREU.- El artículo 517 habla de transformación de cargos y daría la impresión  que se trata del ascenso de una categoría a otra. Se trata del mismo escalafón, pero se pasa del Grado 08 al 09. Es un aumento de sueldos.

SEÑOR ORELLANO.- No es así aunque lo parezca. Dentro del mismo escalafón presupuestario tenemos a los oficiales de Estado Civil y a los cuatro inspectores. De hecho, estos últimos generan una situación de supervisión sobre aquellos, pero es fáctica y no está operada sobre la base de ninguna diferencia escalafonaria. Parece de estricta lógica que quien supervisa tenga, presupuestalmente, la posibilidad de conformar esa situación desde el punto de vista escalafonario. Es una forma, también, de dar a los oficiales de Estado Civil la posibilidad de contar con una proyección ascendente escalafonariamente hablando, ya que de otra forma quedan, desde el momento en que son designados, estáticos en esa posición.

SEÑOR ABREU.- El escalafón sigue siendo el mismo y solo hay un cambio de grado. Entonces, en materia escalafonaria la proyección de la eventual carrera administrativa quedará limitada exclusivamente a ese escalafón. Lo que se determina en este artículo es un avance de grado pero, insisto, no una posibilidad de salir del escalafón; solo se pasa de un grado a otro dentro del mismo escalafón. En mi interpretación simple, esto implica que van a tener un escalafón con una retribución diferente al pasar a ser Grado 09 en vez de 08.

SEÑORA MORALES.- El artículo 520 establece incrementos en los proyectos de inversión para la Dirección General del Registro de Estado Civil; el artículo 521 incrementa el gasto de funcionamiento para la Unidad Ejecutora 022, que es la Junta de Transparencia y Ética Pública - JUTEP.

El artículo 522 establece un incremento de asignación presupuestal del Proyecto de Inversión 804 del Canal 5; en el artículo 523 se incrementa el monto para  gastos de funcionamiento del Canal.

 El artículo 524 prevé que la Unidad Ejecutora  Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable pueda destinar una partida -que en principio se asignaba a horas extras- para abonar compensaciones especiales.

Luego hay una serie de artículos que no tienen costo e implican la creación del Museo Pedro Figari.

SEÑOR ABREU.-  Estoy plenamente de acuerdo con la creación del Museo Pedro Figari, pero quisiera preguntar cómo se van a organizar para hacer la debida difusión desde el punto de vista del acervo cultural e histórico.

Cuando se habla de la creación del Museo es desde el punto de vista de la exposición, pero ¿se plantea su creación dentro de las disponibilidades del activo fijo de bienes inmuebles que tiene el Ministerio de Educación y Cultura?

SEÑOR MINISTRO.-  Se trata de la creación formal, porque el espacio para el Museo fue producto de una donación en comodato del Banco Central al Ministerio de Educación y Cultura.  Entonces, la norma crea formalmente este espacio que ya se encuentra operativo. 

SEÑORA MORALES.-  El artículo 526 también cambia la redacción del artículo 241 de la Ley Nº 17.930,  relacionado con la Dirección de Cultura.

El artículo 527 deroga un inciso final del artículo 127 de la Ley Nº 17.556 y tiene relación con el SODRE y el Canal 5.

 El artículo 528 faculta al Poder Ejecutivo a convenir  con la ANEP la incorporación de la Biblioteca Infantil que actualmente depende del Archivo General de la Nación.

 El artículo 529 es el último y hace referencia a las actividades del Bicentenario de la Revolución de Independencia del Río de la Plata, algo que fue planteado hoy  por el señor Director. 

SEÑOR MINISTRO.-  Damos por finalizada la rápida presentación de los artículos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos su presencia, la exposición que realizaron y  todas las aclaraciones sobre el articulado.

               

(Se retiran de sala el Señor Ministro de Educación y Cultura y sus asesores)

 

Quiero informar a los señores Senadores que ante la disyuntiva que teníamos con respecto al horario de trabajo de esta Comisión, resolvimos recibir ahora a los representantes de la ANEP -quienes hace mucho tiempo están esperando ingresar-, luego hacer un cuarto intermedio hasta las 16 y 30 horas, que es cuando recibiremos a los delegados de la Universidad de la República.

                Por otra parte, me permito exhortar a todos los señores Senadores         -porque tengo la obligación de cederles el uso de la palabra; eso es obvio- a que estemos presentes desde el comienzo de la presentación que nos hagan nuestros invitados, porque a veces solemos hacer preguntas -me refiero a los integrantes de todas las Bancadas- referentes a temas que ya se mencionaron o informaron y, realmente, de esa manera atrasamos el trabajo de la Comisión. Humildemente les estoy solicitando a los señores Senadores que me ayuden a agilitar el trabajo.

 

(Ingresan a Sala los representantes de la

Administración Nacional de Educación Pública.)

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores tiene el agrado de recibir a la delegación de la Administración Nacional de Educación Pública, que ha concurrido a los efectos de fundamentar su propuesta presupuestal.

SEÑOR SEOANE.- Buenas tardes a todos los integrantes de la Comisión y muchas gracias por recibirnos. Para nosotros esta es una oportunidad muy valiosa a los efectos de poder intercambiar ideas en torno a la propuesta elaborada por la Administración Nacional de Educación Pública y a su comparación con el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

                Planificamos hacer nuestra presentación de la siguiente manera. Inicialmente, haremos un breve bosquejo de las líneas orientadoras del trabajo que ANEP se propone para este período y de algunas preocupaciones con relación a la situación presupuestal. Luego esbozaremos algunos aspectos correspondientes a cada subsistema en particular, y finalmente haremos una brevísima exposición sobre el articulado. Naturalmente, esta va a ser una síntesis muy apretada, pero en la documentación correspondiente los señores Senadores cuentan con una descripción detallada de la propuesta elaborada por ANEP.

                Se han logrado amplios e importantes consensos en términos de grandes objetivos en materia educativa. La integración actual del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública constituye un espacio particularmente propicio para consolidar esos acuerdos en cuanto a objetivos y a proyectos a largo plazo; resulta propicio también para acordar formas de implementarlos y de encontrar las mejores acciones concretas para llevarlos adelante. Esta confluencia en materia de metas y de acciones destinadas a su cumplimiento encuentra una expresión clara en la propuesta presupuestal que la ANEP ha presentado, que es fruto del trabajo y la construcción consensuada de su Consejo Directivo Central.

                Este clima de convergencia también encuentra una remarcable traducción institucional. Recientemente, la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública ha elaborado por consenso un documento que entendemos es ampliamente representativo de tal confluencia. Allí se señalan como objetivos principales de la educación pública para este quinquenio avanzar hacia la universalización de la educación media, progresar en la generalización de la educación terciaria y universitaria, y fortalecer y enriquecer todos los niveles de la educación, por su valor en sí mismo y por su contribución al logro de estos objetivos.

                Este documento señala, asimismo, su preocupación por el estado actual de la discusión en torno al presupuesto, y la exposición que voy a realizar sintoniza con este documento en el aspecto prospectivo y también en el estrictamente coyuntural.

                En la búsqueda de lograr esos grandes, importantes y ambiciosos objetivos, la Administración Nacional de Educación Pública se considera como un protagonista sustancial, de primera línea, y solo el conocimiento superficial de la historia y el presente de la educación de este país hace que esto que acabo de decir sea una obviedad.

En   la   búsqueda de lograr tales objetivos, hemos elaborado líneas estratégicas -no voy a describir en detalle cada una de ellas-  haciendo un fuerte énfasis en la búsqueda de calidad educativa, en un sentido sustancial, contextual, histórico y enraizado en la realidad nacional. Por ello, este concepto se encuentra indisolublemente ligado al compromiso de alcanzar una equitativa  distribución social de los aprendizajes, mediante una apuesta decidida a la innovación educativa en general y en particular a la innovación que explote la posibilidad de generalizar el uso de las TIC a través de la expansión del Plan Ceibal. 

Estas orientaciones que hemos señalado, aunque con distinto énfasis, animan todo el articulado, pero quisiera resaltar especialmente los artículos 2º, 3º, 9º y 10 de nuestra propuesta. Mediante los artículos 2º y 3º se busca contribuir a la continuidad del trabajo que se viene desarrollando desde los diversos subsistemas y a través del artículo 9º se pretende auspiciar un avance en términos de expansión edilicia, ofreciendo nuevas posibilidades educativas en todo el territorio nacional.  A tales efectos, en el plano edilicio estamos pensando en la construcción y puesta en funcionamiento de 138 Escuelas de Tiempo Completo, más de 50 centros de educación media y cerca de 20 jardines de infantes hacia el final del año 2015. 

Este esfuerzo se orienta en línea con una batería de políticas tendientes a progresar en términos de expansión de matrícula, pero también busca combatir la desvinculación estudiantil, avanzar en términos de calidad de aprendizaje y, consecuentemente, progresar en términos de egreso.

Nos interesa resaltar que se trata de expansión edilicia pero que la idea va mucho más allá, pues se pretende generar condiciones y posibilidades de acceso a la educación de calidad para miles y miles de jóvenes en todo el territorio nacional.

¿Cómo proponernos desafíos de tal envergadura sin apostar al protagonismo de la comunidad educativa?  Ello supone atender en un lugar destacado al desarrollo profesional docente y de los funcionarios de gestión. Los artículos 4º y 8º, entre otros, proponen mejorar las remuneraciones, continuar avanzando en la búsqueda de solucionar diversas inequidades salariales, fomentar la concentración docente en los centros educativos, estimular el presentismo y especialmente empezar a promover las posibilidades de una carrera docente que no se sustente en la antigüedad, sino que reconozca la actuación en el aula, la formación y la actividad académica, es decir, la compleja y rica tarea que desarrollan los profesores como parte integral de su carrera. En ese marco, la capacitación de los funcionarios de gestión sigue siendo un objetivo permanente de este organismo.

El impulso hacia el protagonismo de los centros educativos y su conversión en espacios hospitalarios y amigables, capaces de generar estímulo intelectual y de fomentar la expresividad y la creatividad de toda la comunidad educativa, y capaces de promover vínculos sanos y enriquecedores, forma parte esencial de la propuesta que hoy presentamos ante los señores Senadores. Todo el articulado respira estas ideas, pero especialmente los artículos 11, 12, 13 y 16. Mediante las tres primeras disposiciones se prevé fortalecer la capacidad de los centros educativos e introducir una serie de innovaciones  para atender de forma satisfactoria las necesidades que su proyección demanda en esta clave; me refiero a necesidades en materia de atención calificada a los educandos, de desarrollo edilicio y, en general, de funcionamiento de los centros educativos. 

Como luego veremos, el artículo 16 reúne diversos proyectos transversales de innovación dirigidos a promover la transformación educativa, vincular e institucional que esta orientación general supone. Finalmente, como es bien conocido, la ley general de educación prevé la creación de dos nuevas instituciones de educación terciaria y superior: el Instituto Universitario de Educación y el Instituto Terciario Superior. En el correr del año pasado, Comisiones de Implantación Interinstitucionales elaboraron sendos documentos orientadores para el proceso de construcción de esta nueva institucionalidad. Como está previsto, ambas deben comenzar por constituirse bajo la órbita de ANEP ya que, actualmente, se encuentran en diverso grado de desarrollo o concreción institucional. El Consejo de Formación en Educación es un paso en la dirección de la construcción del IUDE y una estructura análoga que seguramente culminaremos de implementar en este año para hacer tareas más o menos equivalentes con relación al Instituto Terciario Superior. Los artículos que prevén este proceso son el  5 y 6 y, en particular, el 7 que propone enriquecer las propuestas de formación en educación, especialmente en el interior del país. Este esfuerzo conjugado con los de territorialización de la Universidad de la República y del Ministerio de Educación y Cultura seguramente significará un avance sustancial para los jóvenes, pues podrán estudiar  en todo el territorio y, particularmente, en el interior del país. Creemos que este es un cambio de la mayor importancia y relevancia. ¡Cuánto más rico en estímulos, en esperanzas, en sinergias se puede tornar el país si abrimos este camino grande de interacción entre instituciones educativas de diverso nivel cooperando, compartiendo recursos materiales y humanos y trabajando juntos! No es un cambio que se restrinja exclusivamente al nivel de la educación terciaria y superior, es claro que se trata de un cambio sustancial en esta materia, pero creemos que puede jugar como un impulso para el desarrollo educativo del país en todos sus niveles. Existen acuerdos sustanciales, amplios, plurales, respecto a este objetivo y es necesario comenzar a caminar en esa dirección al mejor ritmo que seamos capaces.

                En el quinquenio pasado el país hizo un esfuerzo presupuestal significativo en materia educativa; debemos y queremos reconocerlo.

El proyecto aprobado en la Cámara de Representantes otorga recursos para desarrollar infraestructura edilicia nueva, así como contempla políticas de incremento salarial que entendemos adecuadas y no vacilamos en reconocerlo explícita y enfáticamente. Con igual énfasis queremos señalar que la iniciativa aprobada en esa Cámara presenta un desequilibrio notorio en lo que refiere a atender la continuidad del trabajo que viene desarrollándose y a promover y asegurar innovación y fortalecimiento educativo en los diversos subsistemas. Ambas dimensiones son -a nadie se le escapa- esenciales para alcanzar objetivos tan ambiciosos y sentidos como los que hemos señalado.

Solicito a los señores Senadores que me permitan concentrar en los siguientes dos aspectos.

En primer lugar, quiero referirme a la construcción necesaria de continuidad educativa. Por una parte, necesitamos atender obligaciones legales como la antigüedad y los ascensos de grado y, por otra, consolidar e institucionalizar proyectos que han demostrado una enorme capacidad de impacto que se iniciaron en el Período pasado y que tenemos la convicción de que pueden ser una contribución sustancial al desarrollo en este quinquenio. Creemos que esto puede hacerse lograrse a través de un fortalecimiento en el año 2011, pues es un año clave para poder asegurar esta continuidad a la que nos referimos y, puesto negro sobre blanco, estas necesidades figuran en nuestro artículo 3, que no tiene correlato en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

                En segundo lugar, queremos señalar la imperiosa necesidad de promover innovación educativa en todos los niveles para poder adecuarnos a las necesidades del país e impulsar auténticamente el proceso de transformación que lleve a la consecución de los objetivos señalados.

                Tal como dijimos, se trata de innovación vinculada a la apertura de nuevas formaciones en educación en el marco del tránsito hacia la formación universitaria. Este aspecto se encuentra expresado en nuestro artículo 7, que no tiene una contrapartida en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

                El país coincide en que debemos expandir la matrícula de educación media. Esto supone la aplicación de nuevas propuestas educativas, extensión del tiempo pedagógico, apertura de nuevos formatos institucionales tales como liceos abiertos y de verano, nuevas condiciones y apoyo a los educandos, y capacidad de enriquecer la oferta de educación técnica a lo largo y ancho del país.

                Todo este esfuerzo de innovación y de creación educativa se encuentra recogido en nuestro artículo 11, que tampoco tiene contrapartida en el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes.

                Finalmente, queremos señalar que desde el Consejo Directivo Central proponemos una serie de proyectos que puedan dinamizar la vida educativa del sistema. La promoción de la convivencia saludable en los centros educativos es prioritaria, recogiendo lo realizado el año pasado -por ejemplo, la experiencia en educación sexual y el programa Convivencia- y proponiéndonos avanzar en tan importante terreno. Ello supone habilitar instancias que se orienten a encauzar conflictos y, en general, a promover la construcción de un clima acogedor y estimulante en los centros educativos, posición clave para generar la imprescindible superación en materia de logros de aprendizaje.

                El protagonismo de los centros educativos encuentra en el programa de fortalecimiento de las instituciones para la mejora educativa una importante herramienta de autoevaluación contextuada y elaboración e implementación de planes de mejora sensibles a los contextos específicos en el marco de políticas nacionales y en una perspectiva universalista.

                El programa de impulso a la inclusión académica permitirá, en el contexto de la evaluación formativa en línea -experiencia que ya ha comenzado y que ha tenido este año, en  particular, un alcance especialmente relevante alcanzando más de 200.000 evaluaciones-  contribuir a transformar la expansión del CEIBAL en una herramienta de transformación educativa profunda. A través de esta herramienta se atiende, fundamentalmente, el fortalecimiento del dominio de la lengua materna y de las capacidades de desarrollo del raciocinio lógico matemático.

El programa Compromiso Educativo, que reúne al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Universidad de la República y a la Administración Nacional de Educación Pública, procura -concentrándose en estudiantes de primer año de Educación Media y Superior- contribuir al acceso y permanencia en el sistema a través de diversas herramientas: promover un acuerdo entre adolescentes, referentes adultos y centro educativo; otorgar becas de estudio; incentivar la colaboración entre pares a través de la figura del referente par donde muchachos más avanzados -desde el punto de vista de su inserción académica- colaboran con muchachos que se encuentran en una etapa más inicial. Todo ello constituye  una experiencia de solidaridad, de compromiso y, además, permite educar tanto a quien ayuda como a quien es ayudado. 

Concentrándonos en 2011, debemos decir que la evaluación educativa referida no encuentra todo su respaldo en el proyecto aprobado. Es cierto que en relación con este último artículo hay uno que atiende los programas que acabamos de enumerar, aunque existe una diferencia en materia de recursos.

                En reiteradas oportunidades y en ámbitos diversos hemos señalado la necesidad de modificar una serie de artículos sin costo que limitan las potestades del organismo o interfieren en un desarrollo más adecuado de sus competencias específicas. Algunos aspectos fueron incorporados en el proyecto de ley de Presupuesto aprobado en la Cámara de Representantes, pero desde nuestro punto de vista es necesario avanzar más a ese respecto. Adelanto que entregaremos a la Comisión una propuesta de redacción alternativa de los artículos que, a juicio de la ANEP, son problemáticos. Al igual que en el caso del señalamiento de cierto desequilibrio en materia presupuestal, esa percepción es apoyada por el  documento del Sistema Nacional de Educación Pública.

                Como ya señalé, entendemos que es imperioso fortalecer 2011 y que ello puede hacerse razonablemente. A partir de una reunión de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública con el señor Ministro de Economía y Finanzas y el señor Presidente de la República, se ha generado un ámbito de elaboración de propuestas, que ha presentado avances y que esperamos continúe contribuyendo a encontrar nuevas respuestas. Este punto será desarrollado por algunos de los compañeros que nos acompañan, pero me permito agregar que hay al menos un camino para comenzar a superar esta disparidad, que consiste en aprovechar el denominado artículo ventana, que ha sido aprobado en la Cámara de Representantes, adelantando los fondos correspondientes al crecimiento del PBI en 2010 como alternativa para fortalecer 2011. Creemos que esto es posible y que permite atender necesidades insoslayables, sin apartarnos del marco general del 4,5% del PBI.

                Si la Mesa lo autoriza, solicito a mis compañeros del Consejo Directivo Central, la Consejera Nora Castro y el Consejero Daniel Corbo que desarrollen, enriquezcan y complementen estas observaciones, seguramente con mayor elocuencia, adentrándose en algunos aspectos específicos del articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si la Mesa no entendió mal, se dijo que los Consejeros mencionados abundarán en argumentos sobre la propuesta recién formulada por el señor Presidente de la ANEP para los artículos sustitutivos. Dado que hay una lista de Senadores anotados, creo que sería conveniente escucharlos y luego pasaríamos a las preguntas.

(Apoyados)

SEÑORA CASTRO.- Salvo mejor disposición de la Comisión, presentaremos y fundamentaremos algunos aditivos y sustitutivos a los que acaba de hacer referencia el señor Presidente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos de acuerdo, señora Consejera.

SEÑORA CASTRO.- En principio, reiteramos algo que todo el Consejo ha asumido como una responsabilidad, pero que alcanza a todo el país, desde los diferentes sectores sociales y políticos de distintas orientaciones, sobre el papel que juega la educación en general para la nación en sus dos dimensiones directa y estrechamente ligadas, en su aporte al progreso de la sociedad y al desarrollo integral de cada persona desde una perspectiva de derechos humanos. Desde ahí, y acorde a la nueva ley de educación, las autoridades que integramos el organismo estamos haciendo algunos planteos.

                Antes que nada, quiero precisar que la numeración a que aludimos es la otorgada a los artículos en el proyecto de ley de Presupuesto aprobado en la Cámara de Representantes.

En principio, vamos a referirnos a algunos aspectos del artículo 659, en el que se otorga una partida anual de $ 611:000.000 durante todo el quinquenio, a efectos de construir el Fondo de Infraestructura Educativa Pública. Concretamente, se busca contribuir al crecimiento, mejoramiento y rehabilitación de las infraestructuras edilicias educativas públicas. Tal como se indica en la redacción ratificada por la Cámara de Representantes, dicho Fondo será administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo. Luego el Consejero Corbo va a ahondar en un aporte que el CODICEN quiere realizar.

Esta disposición asigna los recursos destinados más directamente a lo que podríamos llamar -entre comillas- “ladrillos” y el artículo 660 refiere a los gastos de funcionamiento porque, obviamente, por más infraestructura que tengamos, si no tenemos la posibilidad de implementar y poner a funcionar las cosas, poco se podrá avanzar. El CODICEN constató un fuerte desequilibrio, sobre todo en el año 2011, porque -de acuerdo con lo establecido en el artículo 659- a los “ladrillos” se destinaban $ 611:000.000 y, a gastos de funcionamiento, tan solo $ 13:000.000. Entonces, más allá de haberse podido estimar que, por los tiempos que lleva la licitación y demás, serían pocas las obras que se podrían poner en marcha, lo cierto es que la propia ANEP ya tiene en trámite otras que, en el quinquenio, nos permitirán cumplir con los compromisos que tenemos con las más de 100 Escuelas de Tiempo Completo, de tiempo extendido, los centros de educación media y los jardines de infantes. Por lo tanto, sin alterar las cifras globales que estarían destinándose al trabajo que llevamos adelante, en este grupo de intercambio de opiniones al que nuestro Presidente, doctor Seoane, se refirió -que surgió luego de la entrevista que la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública tuvo con el Presidente de la República y el Ministro de Economía y Finanzas-  se acordó que se podía reubicar los recursos y reasignar por año. En ese sentido, pues, el artículo 659 contiene una modificación. De manera que vamos a entregar a cada una de las tres Bancadas parlamentarias -también a la señora Presidenta, para que se incorpore a la versión taquigráfica de esta Comisión- una copia de nuestros sustitutivos.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Si se me entrega un ejemplar, será repartido entre todos los Legisladores.

SEÑORA CASTRO.-  Muchas gracias. Lo haremos con la esperanza de que cada bancada la considere suya  y la presente, porque nuestro plazo terminó el 31 de agosto.

                A continuación, voy citar las cifras que estamos consignando, para que quede constancia en la versión taquigráfica. 

En el artículo 659, referido a la parte estrictamente llamada ladrillos, se observa que al 2011 llegamos a $ 386:661.490; al 2012, $ 663.347.485 -se verá que aumenta un poco-; al 2013, $ 782:991.000 y terminamos en el 2014 con los mismos $ 611:000.000. Por tanto, podríamos decir que hemos hecho una readecuación de los recursos.

                El artículo 660 alude -como dije antes- a los gastos de funcionamiento. En ese sentido, en el año 2011 se presentaba un gran desequilibrio, porque sólo se asignaban $ 13:000.000. Sin embargo, producto de la reasignación de los recursos, podemos llegar al final del período con los mismos $ 1.500:000.000; en el año 2011 contamos con un reforzamiento y llegamos a tener $ 236:000.000, lo que nos estaría permitiendo poner en funcionamiento las obras a construir. Cabe aclarar que, en estos casos, siempre hablamos de obras nuevas.

                Por otra parte, queremos resaltar -aunque el Presidente Seoane ya se refirió a ello- que hay una expresión que, en algunos artículos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, fue corregida, pero en otros permaneció. En el artículo 660 -en la redacción original del Poder Ejecutivo y en la de la Cámara de Representantes- se establece: “Asígnanse al Inciso 25 ‘Administración Nacional de Educación Pública’, programa 340 ‘Acceso a la Educación”, etcétera.  A este respecto, decimos lo siguiente. Este Ente está totalmente de acuerdo en tratar de ir transitando hacia la construcción de un presupuesto por programas, ya que nos parece una muy buena cosa. Sin embargo, determinadas características de tipo constitucional hacen que no se pueda tratar de la misma manera un Inciso que puede pertenecer a la Administración Central, y un Ente Autónomo, como en nuestro caso, ya que tenemos determinadas competencias como tal. La Cámara de Diputados corrigió esto en algunas disposiciones y, ciertamente, creemos que en el artículo 660 también debiera corregirse, diciéndose directamente que se le asigna al Inciso 25,  ‘Administración Nacional de Educación Pública’, etcétera, con la modificación de los montos a que se hizo referencia. Además, ahora es la ANEP la que distribuye los créditos y no la Contaduría General de la Nación que, como se sabe, es la que los habilita. En este caso, luego de que están asignados, ANEP distribuye los créditos. En fin, estos son aspectos que hemos incorporado en el sustitutivo propuesto.

                Por otro lado, nuestro Presidente se ha referido al llamado artículo ventana, que en el proyecto de la Cámara de Representantes figura con el número 853. Para nosotros, esta disposición reviste una importancia fundamental y, ante él, nos hacemos dos preguntas centrales: ¿cómo se calculan los montos? y ¿cuándo se podría estar disponiendo de ellos? En relación a cuánto sería, vamos a plantear lo siguiente. En la exposición de motivos del Mensaje que envía el Poder Ejecutivo, a fojas 73, hay un cuadro inicial donde figura que el PBI para la educación -tomando como base el 2010- es de 4,3%, lo que significaría $ 34.373:000.000. En realidad, este 4,3% no estaría alcanzando -aunque sea por un 0,2%- al 4,5%, al que se llegó en el año 2009 como resultado de un compromiso nacional asumido en el Gobierno anterior.

                Lo que la ANEP está planteando para este artículo ventana es que en la Rendición de Cuentas del año 2010 -que será tratada el próximo año- se asignen los créditos que representen este ajuste, de tal manera de llegar al equivalente del 4,5% del PBI. Ahora bien, también necesitamos saber el cuándo porque queremos tener la posibilidad de disponer para poder ejecutarlo, en un tiempo que tiene relación con las posibilidades de las competencias y obligaciones directas de la ANEP. 

¿Cuáles son los plazos constitucionales? No voy a ser tan irrespetuosa de decir esto a los señores Senadores, pero tenemos la posibilidad de que, quizá, la Rendición de Cuentas se apruebe en setiembre o en octubre del próximo año. Ahora bien, estamos planificando en este momento -o, a lo sumo, para febrero- la expansión de la matrícula en enseñanza media, la reformulación de nuestras instituciones -tanto en primaria, como en enseñanza media y técnica-, la implementación de nuevas carreras de formación docente, así como la creación de los grupos, disminuyendo la cantidad de alumnos en cada uno de ellos, y no podemos dejar de hacerlo si no tenemos por lo menos un compromiso político que establezca que se va a disponer de tales y cuales sumas. Por lo tanto, no queremos que esta diferencia del año 2010 quede en un sobre dentro de un cajón del que nunca podremos tener cuenta, como no la tendremos sobre la replanificación que, obligatoriamente y por responsabilidad, tenemos que asumir.

De acuerdo a las cifras que han trascendido, el PBI de 2010 alcanzará un crecimiento mayor al previsto, del 6,5%. Los cálculos más pesimistas indican que tendrá un 1,5% más, mientras que los más optimistas van por el 1,9% o, incluso, el 2% de incremento. Seguramente se produzca un crecimiento del PBI mayor al proyectado, frente a lo cual, es altamente probable que debamos aplicar el artículo ventana y el ajuste tenga un nuevo monto.

Es necesario dejar claro que, de darse un aumento del PIB mayor al proyectado, desde el punto de vista de la ANEP, debería también aplicarse en el quinquenio. Y, en este sentido, confiamos que el PBI va a seguir incrementándose.

En síntesis: el 4,3% del PIB asignado en 2010 equivale a                         $ 34.373:000.000 y el 4,5% del PIB, con proyección de crecimiento del 6,5%       -que es el dato oficial-, corresponde a $ 35.972:000.000. La diferencia sería     $ 1.599:000.000, lo cual representa aproximadamente, según el costo del dólar que se estime, unos US$ 81:500.000. Si bien esto no cubriría la totalidad de lo previsto por ANEP, sí nos permitiría ver estos cambios en la parte de innovación y de continuidad que hoy todos los uruguayos y uruguayas reclamamos a la educación.

                Por otro lado, queremos plantear algunas otras modificaciones. En cuanto al artículo 46 aprobado en la Cámara de Representantes, que refiere al tema de la acumulación de horas, queremos señalar que la redacción dada es tan general que podría ocurrir la situación de una persona que tenga un cargo remunerado y otro no remunerado en el Estado y no los pueda acumular, ya que allí se expresa: “Ninguna persona podrá tener dos vínculos con el Estado”. Entonces, a efectos de ser precisos, nosotros proponemos incluir la palabra “remunerados”, diciendo: “Ninguna persona podrá tener dos vínculos remunerados con el Estado”. Además, en otra parte de este artículo, se expresa: “cualquiera sea el régimen jurídico, quedando en consecuencia prohibida la acumulación de cargos, contratos de función pública, arrendamientos de servicio bajo cualquier normativa que lo prevea o al amparo de convenios internacionales y contratos de arrendamiento de obra.” En el caso de la ANEP, el arrendamiento de obra es una herramienta muy importante, teniendo en cuenta que estamos pensando en una expansión de la infraestructura para la cual será necesaria la contratación de técnicos como arquitectos, ingenieros, etcétera.

                Por su parte, el artículo 81 aprobado por la Cámara de Representantes tiene que ver con una serie de derogaciones. Al respecto, adelanto que vamos a enviar a los miembros de la Comisión una propuesta sustitutiva, ya que a nuestros asesores jurídicos y técnicos en administración les surge la duda en cuanto a si se han tomado como sinónimos las palabras “incorporar”                 -proyectos de inversiones, u otros-  y “habilitar”. Entonces, más allá de que sea una u otra la interpretación, pensamos que deben hacerse otras consideraciones. Por tanto, nos comprometemos a hacer llegar otra propuesta sobre este tema, antes de que esta Comisión comience la votación de los artículos.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Podría concedérseme una interrupción, a efectos de referirme al artículo 81?

SEÑORA PRESIDENTA.- En realidad, hasta ahora no hemos dado interrupciones hasta que culmine la presentación.

SEÑORA CASTRO.- Tenemos tres artículos nuevos.

En la Comisión Mixta del Sistema Nacional de Educación Pública articulamos con la Universidad de la República -de acuerdo al mandato constitucional que establece el principio de autonomía y coordinación- la presentación de un artículo que habilite a que tanto la ANEP como la Universidad de la República, y las otras unidades integrantes del Sistema Nacional de Educación Pública, puedan realizar inversiones de infraestructura edilicia y/o equipamiento en predios o instalaciones pertenecientes a uno de ellos, con créditos provenientes de cualquier Inciso del propio sistema, en el marco de acuerdos realizados para desarrollar en forma conjunta o complementaria, programas de educación, de investigación, de extensión. ¿Qué sentido tiene este nuevo artículo?  Concretar el sentido que tiene este Sistema Nacional de Educación Pública, al que estamos tratando de construir y de fundamentar con la directa  colaboración de los organismos y de las instituciones públicas de la Enseñanza.

Por otra parte, hay otro  artículo que tiene que ver directamente con las competencias y la situación de las pasantías curriculares, fundamentalmente a nivel de la UTU, del Consejo de Educación Técnico Profesional. Dicha disposición plantearía la excepcionalidad en la consideración de obrero o empleado, establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 16.074, de los estudiantes de la Administración Nacional de Educación Pública, Inciso 25, en régimen de pasantías curriculares. Quiero diferenciarlos de cualquier otro tipo  de pasantías, porque son aquellas que los estudiantes tienen que hacer obligatoriamente como parte de su carrera, algo así como sus actividades prácticas.

En realidad, la interpretación -los señores Senadores van a tener una copia- de la Ley Nº 16.074 que se menciona, sobre el Seguro de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesionales, en su artículo 3º establece qué es lo que se entiende por patrono, por obrero o empleado. Luego, en el artículo 4º, literal A), se establece que dicha Ley será aplicable, además,  a los aprendices y a personal a prueba con o sin remuneración. Nuestros estudiantes no son ni aprendices ni personal a prueba, no tienen ninguna de las dos categorías, sino justamente, estudiantes con pasantía curricular. Si esto se aplicara, provocaría una falta de estímulo a las empresas a ofrecer cupos imprescindibles para nuestros estudiantes, representando un importante impedimento para la culminación de los estudios de los jóvenes que están haciendo estas pasantías.

Por otra parte, la UTU cuenta con un seguro de trabajo para estudiantes y docentes. Este artículo que proponemos permite aclarar que los estudiantes en régimen de pasantías curriculares no son obreros o empleados.

Finalmente, tenemos otro artículo nuevo que refiere a la selección de los becarios    -en la página 31-, que figura con el número 57 del proyecto de ley votado por la Cámara de Representantes. Allí se establece que la selección se va a realizar mediante concurso y a través del sistema de reclutamiento y selección de recursos humanos de la Oficina Nacional de Servicio Civil. El tema es que ANEP tiene competencias muy específicas y para determinados perfiles por lo que proponemos, con carácter de aditivo, que en el caso de la Administración Nacional de Educación Pública, Inciso 25, la selección se realice según su propia reglamentación.

Es todo lo que teníamos para decir, señora Presidenta.

SEÑOR CORBO.- Trataremos de ser sucintos y pedimos disculpas si en la exposición algo resulta un poco esquemático, pero la idea es no extendernos excesivamente en la presentación.

                Nuestras preocupaciones tienen que ver con una serie de artículos remitidos por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Cámara de Representantes. Pensamos que esas disposiciones afectan las atribuciones y competencias de la ANEP y, de alguna manera,  coliden con el estatuto de autonomía consagrado constitucionalmente.

                Aclaramos que no pretendemos asumir nuevos roles autónomos o ampliar los existentes. Queremos señalar que en estos artículos se establece un tratamiento diferencial entre el Ente Autónomo Universidad de la República y el Ente Autónomo Administración Nacional de Educación Pública, cuando los dos tienen la misma naturaleza y poderes jurídicos.

                El segundo aspecto que queremos señalar es que estos artículos que vamos a mencionar, en cierta forma, degradan la autonomía que la ANEP tiene asignada por la Constitución y la ley.

                De modo que nuestra preocupación está centrada en estos aspectos de autonomía.

                El primer artículo al que me voy a referir es el 48, que establece una prohibición que no alcanza al personal que ejerce efectivamente funciones docentes en la educación pública. Nos preocupa que esta disposición defina, en una serie de numerales, qué se entiende por funciones docentes. De acuerdo con el artículo 394 de la Ley Nº 16. 226, la ANEP está facultada para crear su propia estructura escalafonaria y de cargos y, además, tiene una clarísima potestad reglamentaria en lo que hace al Estatuto de sus funcionarios docentes.

                De manera que, por vía legal, se estaría incursionando en algo que el Estatuto del funcionario docente de la ANEP resuelve de un modo diferente. Entonces, se establecería una diferencia entre lo que dispone la ley y lo que define el Estatuto del funcionario docente de la ANEP respecto a lo que son las funciones docentes. Este artículo, por ejemplo, afectaría la calificación de docente de carácter interino, de suplente efectivo, así como la de la docencia directa e indirecta.

Todos sabemos que, efectivamente, a nivel legislativo, tratándose del Estatuto de funcionarios docentes de un Ente Autónomo, se pueden establecer reglas fundamentales pero en este caso, sin embargo, se ingresa en la propia especialidad orgánica del Ente.  Por lo tanto, consideramos que no se debería plantear lo que se dice en los numerales 1) a 4) del artículo 48 o, en todo caso,  en lo relativo a las funciones docentes, se debería remitir al Estatuto del Funcionario de la ANEP.

El artículo 80 señala que los cambios en la descripción de los proyectos de inversión serán autorizados por el jerarca de cada Inciso, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En este caso, entendemos que el artículo 394 de la Ley Nº 16.226 asigna esta atribución al Consejo Directivo Central de la ANEP, pues dice que determinará la estructura programática del organismo, distribuirá los créditos en sus programas y establecerá los grados y asignaciones de sus escalafones, de conformidad con las normas legales y ordenanzas de contabilidad del Tribunal de Cuentas. Para nosotros, esta norma propuesta por el Poder Ejecutivo y votada por la Cámara de Representantes colide con la autonomía de los Entes Autónomos consagrada en los artículos 202 y 220 y concordantes de la Constitución de la República, ya que el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no puede ser condición para que el jerarca del Ente Autónomo decida, puesto que la ANEP es un órgano creado por el artículo 220 de la Carta.

                El artículo 84 aprobado por la Cámara de Representantes establece que las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de inversión de distintos programas del mismo Inciso, sin cambios de fuentes de financiamiento, requerirán el informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y serán autorizados por el jerarca de cada Inciso, debiendo dar cuenta a la Contaduría General de la Nación, al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea General. En el régimen vigente, la ANEP decide y luego da cuenta a la Contaduría General de la Nación, al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea General, pero ahora se impone que previamente haya una aprobación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto cuando se trate de trasposición entre proyectos de inversión sin cambio de financiamiento. ¿Quién puede estar en condiciones de definir si es relevante, adecuada o inadecuada esta trasposición si no es el propio Ente que tiene la responsabilidad de administrar el servicio y la especialidad técnica como para resolver dónde están las prioridades educativas, de inversión y de infraestructura? Además, esta disposición excede, claramente, las facultades previstas para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por el artículo 220 de la Constitución de la República, ya que refiere a ejecución presupuestal y eso no corresponde a la órbita de ese organismo. La Carta es clara en el sentido de que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es orientadora, pero la ejecución estará a cargo del Ente Autónomo, de la Intendencia Municipal o, en su caso, del Ministerio. Sin embargo, aquí se le da potestades para intervenir en la propia ejecución.

                Otra norma que preocupa a la ANEP es el artículo 659 al que ya hizo mención la consejera Castro. En este caso estaríamos observando el inciso segundo, que en su comienzo dice: “El Fondo de Infraestructura Educativa Pública - ANEP será administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo en ejercicio de los cometidos asignados por el artículo 11 de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, en la redacción dada por el artículo 34 de la Ley Nº 18.602, de 21 de setiembre de 2009”. La remisión a este artículo legal conlleva una serie de potestades que no son solamente la de la administración asignada a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Dicha disposición establece que la Corporación tendrá como cometidos actuar como concesionario de proyectos de infraestructura pública, ejercer como administrador y/o fiduciario de proyectos vinculados al desarrollo y mantenimiento de infraestructura financiados con recursos públicos, constituir sociedades comerciales, consorcios y/o fideicomisos, prestar servicios de administración de fondos y analizar y preparar proyectos de inversión. Claramente el artículo regula materias mucho más amplias que la sola administración de fondos. Por otro lado, se determina que todos los fondos para infraestructura asignados a la ANEP están bajo la administración de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Nos preguntamos si esto es positivo para la operatividad y el gerenciamiento. Pensamos que es positivo abrir una ventana más de ejecución, porque en lugar de tener solamente los proyectos internacionales y la propia Dirección de Infraestructura del CODICEN, agregaremos otro aporte, y eso permite acelerar las ejecuciones. Sin embargo, esto implicaría cerrar una ventana -la obra nueva que se realiza en la Dirección de Infraestructura del CODICEN-  para abrir otra fuera del organismo. Y se le adjudica a la Corporación Nacional para el Desarrollo que no va a tener solamente la administración de estos fondos, sino también importantísimas obras, por ejemplo, en el Plan CAIF, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en la Universidad de la República. Entonces, no sabemos si tendrá condiciones y capacidad para ejecutar un volumen tan importante de recursos asignados a distintos organismos del Estado. Por lo tanto, nos parece que se corresponde más con la autonomía del Ente la posibilidad de que se faculte a la ANEP a hacer acuerdos con la Corporación para transferir, pero no determinar que el cien por ciento de esos fondos estarán asignados a ese organismo.

 

 

 

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Larrañaga.)

 

Eso permite un manejo más adecuado de la ejecución, porque los señores Senadores comprenderán que nadie más que la ANEP y sus autoridades tenemos el compromiso de que se ejecuten todas las obras posibles. Por tal motivo, no vamos a tener ningún prurito en utilizar cualquier mecanismo legal que esté en nuestras manos para ejecutar todo lo que se pueda con los plazos más acelerados. Sí nos preocupa que esto luego se convierta en un cuello de botella para la ejecución real de estos recursos.

En ese sentido, planteamos una modificación un poco más flexible, es decir, facultar a ANEP a transferir fondos pero no a colocar el cien por ciento dentro de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En el artículo 660 vuelve a ocurrir lo ya señalado para otros artículos en cuanto implica la intervención y la autorización previa, es decir, contar con el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en este caso, respecto a los créditos correspondientes a retribuciones personales y gastos de funcionamiento. El sustitutivo propuesto vuelve a insistir en la realidad vigente establecida en la Ley Nº 16.226 por la cual la decisión es tomada por la ANEP y comunicada a los órganos de contralor respectivo.

Por último, quisiera referirme al artículo 828, que se relaciona con la creación de la Agencia del Plan Ceibal, donde formulamos una observación a la nueva redacción dada, especialmente a los literales A) y E) del artículo 9º de la Ley. 18.640. También creemos que el hecho de facultar a esta Agencia a promover, coordinar y desarrollar planes y programas de apoyo a políticas educativas para niños y adolescentes puede afectar la consagración constitucional que establece que el desarrollo de todos los programas educativos debe realizarse a través de Direcciones de Entes Autónomos. Por lo tanto, buscamos una redacción que salve esta situación y que, al mismo tiempo, establezca la necesidad de la coordinación entre la acción de esta Agencia del Plan Ceibal y la ANEP en este caso. Si se tratara de otro organismo, también pretendemos que exista esa coordinación, respetando la autonomía técnica del Ente Autónomo.

Con relación al literal E), estamos planteando definir claramente esa acción de programas educativos como educación no formal, para que efectivamente no existan las restricciones que la Constitución establece en cuanto a que dichos programas deban desarrollarse a través de Entes Autónomos. Nuestra preocupación radica en preservar la autonomía del Ente, pero no se trata de un mero prurito jurídico sino de la necesidad de salvaguardar un conjunto de garantías en pro de una buena inserción del Plan Ceibal en la ANEP. Han surgido preocupaciones en el conjunto de los grupos docentes sobre cómo se gerencia o implementa este plan, y habrán escuchado que la última, realizada el día 1° de este mes, correspondió a la declaración realizada por la Asamblea Técnico- Docente de Educación Secundaria. La preocupación es cuidar que los contenidos de los programas relacionados con el Plan Ceibal sean definidos, coordinados y acordados en el ámbito de la ANEP, de manera de garantizar que el perfil de los mismos respondan a consideraciones, exclusivamente, técnico-pedagógicas y no, obviamente, a otras que puedan resultar ajenas a estas cuestiones.

                Por otra parte, el gerenciamiento del Plan Ceibal requiere una coordinación con los procesos internos de la ANEP, para que estos no vayan a un ritmo que escape a la debida inserción, digamos, del programa dentro de los cuadros docentes de la ANEP.

                En ese sentido, lo que buscamos es que existan los debidos cursos de capacitación y un énfasis en las cuestiones educativas porque, obviamente, aquí no se trata meramente de un ordenador o una máquina, sino que se trata de usar la máquina o el ordenador como un instrumento favorable para el desarrollo de programas pedagógicos en el aula y de las capacidades educativas y formativas de nuestros alumnos.

Entonces, queremos señalar que el espíritu de esta modificación no va en el sentido de retacear ningún aspecto del Plan Ceibal, sino que busca garantizar que esa inserción se haga en los tiempos y los procesos debidos, para que sea una inclusión plena y positiva.

Estas son las cuestiones que queríamos comentar y señalar. Por último, de alguna manera en nuestra presentación hemos estado señalando como una disyuntiva si vamos a tener recursos o no para hacer innovación educativa. Y creo que esa no es la cuestión dilemática que el país tiene. Considero que la realidad educativa -me parece que todos estamos contestes en ello en el país- requiere, necesariamente, innovación, cambios y transformaciones. Por tanto, creo que la discusión importante que pudiéramos dar es sobre la orientación, curso o rumbo de esas innovaciones y no sobre si tenemos recursos para hacerlas.

En este sentido, algunos datos o la realidad dramática de la educación media, nos coloca en la necesidad de entrever -por lo menos en términos personales- que podemos estar ante una matriz educativa que el país construyó hace muchas décadas, para una realidad cultural, un tipo de sociedad y de alumnos que hoy ya no existen. Lo que está agotado en el país es la matriz educativa, por lo que debemos empezar a diseñar, entre todos, una nueva visión de la educación. En ese camino, la Comisión Multipartidaria de Educación acordó rumbos, y en ese camino también está trabajando conciliando distintas miradas en el seno de la ANEP para que eso fructifique. Pero considero que es el gran debate que el país se debe dar, es decir, cuál es la nueva visión de la educación que queremos forjar para bien de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Muchas gracias.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Dalmás.)

SEÑOR SEOANE.- Tal cual teníamos planificado en la exposición, quisiéramos que intervinieran, en forma sucinta, los Consejeros de Primaria y Secundaria, del Consejo Técnico Profesional, como también del Consejo de Formación en Educación, salvo que la señora Presidenta tenga otro modo de continuar con la sesión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes que nada, hay varios señores Senadores anotados para hacer uso de la palabra. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Podría decir que comparto los lineamientos de la política a seguir que he escuchado en estos momentos; aclaro que hubo una parte de la presentación que no la pude oír.

                Estamos en un nuevo período y los parlamentarios tenemos que tomar decisiones muy fuertes en cuanto a la asignación de recursos. A través del Mensaje del Poder Ejecutivo se le asigna recursos a la ANEP con un crecimiento importante. Según la ejecución de la Rendición de Cuentas del año 2009, pasaría de US$ 1.124:000.000 a US$ 1.496:000.000 al final del período. Sé que esto no es suficiente, dadas las demandas que tiene el sistema y el punto de partida que tenía hace unos cuantos años.

                Ahora bien, lo que me preocupa es otro aspecto, que son los problemas de gestión. Luego de haber leído buena parte del informe enviado por el Consejo Directivo Central, me surgen algunas interrogantes con relación a cuáles son las metas y los instrumentos para el período en algunos campos específicos, no en los lineamientos de política -que todos podemos compartir- sino, reitero, en las metas y en los instrumentos para el período, a los efectos de mejorar los problemas de gestión que hay en el sector público.

En primer lugar, si tomo el tramo más débil -que quizás sea el nivel medio- de acuerdo con lo que surge del Censo Nacional Docente de 2007       -que no creo que haya cambiado sustancialmente en tan poco tiempo porque estos procesos son muy lentos-  un tercio de los docentes se concentran en un solo centro educativo y los dos tercios restantes se distribuyen en dos o más centros. Creo que no necesito abundar sobre la incidencia de este problema en la eficacia de los educandos en el lugar y sobre su implantación en el medio.

                El segundo problema que surge tiene que ver con la rotación interanual de los docentes, que en el nivel medio alcanza al 50%. Quiere decir que la mitad de los docentes, al año siguiente se desempeñan en un lugar diferente.

                En tercer término, me preocupa un asunto sobre el que se ha discutido mucho y se lo ha utilizado para hacer demagogia. Uno sabe que tiene un fondo salarial pero, además, un desgaste humano muy grande -la tarea docente es terriblemente estresante y desgastante-  entonces tiene que haber algún orden de medidas que permitan mejorar la situación. En realidad, me preocupa la tendencia en este problema del ausentismo docente.

                En definitiva, quisiera saber cuáles son las metas y los instrumentos en cuanto a estímulos y desestímulos para encarar esta situación. Se pueden manejar cifras en un sentido o en otro, pero lo que me preocupa -reitero- es la tendencia. En la página 42 del informe de la Administración Nacional de Educación Pública surge que desde el año 2005 al 2008 hubo un incremento de un 30% en el ausentismo docente. Si uno advirtiera que este problema -que tiene origen multicausal- tiende a la reversión, sería una cosa, pero si considerando las horas de clase no dictadas en los liceos oficiales en un determinado período se ve que vienen en aumento, cuando la inversión también viene creciendo, entonces, inevitablemente surge una preocupación, y un Consejo que recién se inicia debe plantearse esta interrogante. A su vez       -siempre considerando el nivel medio-  esto se corresponde con el cuadro comparativo de “Países de América Latina según el porcentaje de jóvenes (entre 20 y 24 años de edad) que logran culminar la totalidad de la educación secundaria”, que aparece en la página 50 del informe mencionado. Allí se muestran los avances y los retrocesos ocurridos desde 1990 hasta 2006, y lo llamativo es que nuestro país baja todos los escalones, quedando en último lugar.

                Sabemos que esto tiene muchas explicaciones según los niveles de empobrecimiento y exclusión de nuestra población. Es muy claro que quienes se ubican en el primer quintil  culminan los estudios en determinado nivel y que quienes están en el quintil más importante en cuanto a ingresos, se ubican en otro totalmente diferente. Tal como se muestra en las imágenes,  los egresos del bachillerato son casi diez veces mayores  en el quintil quinto en comparación con el quintil más pobre: 70% frente al 7,8%.  Ahora bien, somos conscientes de que esta estructura de distribución de la riqueza y de exclusión social es común a la de varios países de América Latina y que en algunos la situación es peor que en Uruguay, lo cual nos preocupa sobremanera. Si observamos la situación de Brasil podemos apreciar que en el año 1990 culminaba la educación media el 21% de la población, mientras que en el Uruguay ese porcentaje era del 32%. Sin embargo, en el año 2006, cambió la tendencia, ya que en Brasil terminó la educación media el 51%  mientras que en Uruguay el 39%.

                Se podrá decir que se aplicaron distintas políticas y que hay que tener en cuenta la evolución de otros factores -en todo esto hay múltiples causas- pero creo que nuestro deber es preguntar a los representantes del CODICEN cuáles son los instrumentos de política y las metas en relación con estos problemas para obtener en el período resultados que permitan revertir algunas de las tendencias que se han presentado en los cuadros, más allá de que puedan estar bien interpretados o no.

SEÑOR LARRAÑAGA.-  En mi opinión, existen diferencias muy importantes entre la  posición del Poder Ejecutivo, lo que se aprobó en la Cámara de Representantes y  lo que hoy plantean en esta Comisión de Presupuesto Integrada con  Hacienda los miembros del CODICEN, a quienes aprovechamos para saludar muy especialmente en su calidad de representantes de la educación nacional.  Las diferencias son singulares y manifiestas, pero no me quiero servir de ese dato; simplemente abono algo que he expresado en reiteradas oportunidades, en el acierto o en el error, en el sentido de que lamentablemente estamos teniendo -y esto no forma parte de la elaboración de un discurso- una educación pública destinada a la población de menos recursos y una educación privada a la que tienen acceso los compatriotas que tienen más recursos económicos.  Esta es la realidad; de un lado o de otro, se mire o no el canto de la hoja, es lo que está sucediendo. Es obvio que esto no contribuye a un modelo de equidad, de inclusión, de justicia y de modernidad de nuestra educación, que permita construir el cimiento sobre el cual reposa el destino del país, que es la educación. No hay otro cimiento; lo otro es la nada.

En este marco, hoy tenemos guarismos, como los que señaló nuestro compañero de Comisión, el señor Senador Rubio, que son preocupantes; pero son alarmantes en Enseñanza Primaria, en Enseñanza Secundaria y en todos los niveles de la educación.  Realmente es impactante. Quizás, forma parte de lo que se ha denominado como una suerte de agotamiento del modelo educativo y se precisan cambios para llegar a resultados concretos, porque no alcanza con pedir recursos económicos, también es necesario saber en qué se van a aplicar. Reitero: es preciso lograr resultados concretos, para eso es que estamos todos.

                En el artículo 3º del presupuesto del CODICEN se piden alrededor de US$ 670:000.000; en el artículo 11 se reclamaron para el año 2011,             US$ 560:000.000; en el artículo 16, se requería la asignación de recursos “a efectos de atender las erogaciones resultantes del desarrollo de Proyectos de Funcionamiento como estrategias de Innovación Educativa, de carácter transversal”. Esta solicitud creo que terminó recibiendo una satisfacción parcial y no total.

Me adelanto a expresar que, en términos generales,  valoro como muy seria la exposición de los representantes del CODICEN y que apoyo su contenido. Por eso,  quiero plantear algunas preguntas y no quedarme en una mera oratoria.

                Advertimos importantísimas diferencias entre lo que reclama la delegación del CODICEN y lo que aprobó la Cámara de Representantes, que a mi entender sintetiza la posición del Poder Ejecutivo. Existen importantísimas diferencias desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo en relación con los recursos económicos, según lo que se propone en los artículos 659, 660  -me refiero específicamente al presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes- y 843,  que refiere al guarismo del porcentaje del PBI destinado a la educación. Respecto a este artículo, se hizo referencia a que no se alcanzaba el porcentaje de 4,5% del PBI, sino que -si no entendí mal- apenas orillaba el 4,3%.  Pero también escuché decir al Presidente del CODICEN que el artículo 3º no tiene correlato, que el 7º no tiene contrapartida en el Presupuesto que se aprobó y que hay disposiciones que francamente violan el principio de autonomía del Ente Autónomo ANEP, consagrado por los artículos 202, 205 y 220 y concordantes de la Constitución de la República. Esto también nos preocupa porque se otorga al Poder Ejecutivo  una suerte de intervención previa en la elaboración de la voluntad final del CODICEN  y en cuanto a la autonomía de su propia gestión.

                A continuación, quisiera formular algunas preguntas. La primera de ellas refiere a cuáles son las consecuencias concretas y directas que representan las violaciones de la autonomía de los artículos que se mencionaron -46, 48 y 80- y también de los artículos de asignación de recursos que pasan a la administración de la Corporación Nacional para el Desarrollo. En otras palabras, me gustaría saber qué incidencias directas tendrían estas disposiciones en la ejecución de los distintos rubros, tanto en lo que hace al gasto de funcionamiento como al gasto por el denominado ladrillo; claramente se dijo que los ladrillos son importantes, pero también lo son el funcionamiento y la posibilidad de llegar a un el resultado seguro.

                Otra pregunta que considero pertinente es la siguiente: ¿qué incidencia o qué repercusión concreta tendrían estas propuestas si no reciben la aprobación de la Cámara de Senadores ni del Parlamento de nuestro país? ¿Qué pasaría si estos recursos económicos no se aprueban? Se podrá expresar -y no entraré en una discusión porque lo comparto parcialmente- que quizás nunca se destinaron tantos recursos económicos a la Educación Pública. Como dije antes, no voy a ingresar en una discusión; es más, ni siquiera voy a hacer un agravio a la verdad, y  hasta puedo aceptarla. Sin embargo, también quisiera que se me explicara por qué, gastando e invirtiendo tanto, nos es tan difícil obtener los resultados que el país necesita y reclama. ¿Por qué tenemos esa cantidad tan alta de deserción y de repetición en nuestras escuelas? ¿Por qué tenemos trescientas escuelas sin energía eléctrica y doscientas escuelas rurales sin agua potable? ¿Por qué un porcentaje tan alto de estudiantes de Educación Secundaria, que proviene de los hogares más pobres de la sociedad uruguaya, no terminan sus estudios? ¿Por qué cuando interrogamos a nuestros hijos, ellos nos responden que quieren estudiar en la educación privada y no en la pública?  Todo esto nos hace pensar que nuestra educación pública es de carácter residual.

                Con toda franqueza digo que esto me duele, que no quiero eso para mi país. Consideramos que es absolutamente fundamental que esa inversión educativa tenga un correlato en el producto educativo, que es la formación de nuestros gurises, de nuestros hijos.

                Advierto diferencias importantes entre la posición del Poder Ejecutivo y del CODICEN y, por esa razón -en la medida de lo posible-  desearía  que se me contestaran las interrogantes que planteé. Me parece que en buena medida de acuerdo a la manera en que se devele esta situación, estarán por delante las posibilidades de mejorar esos guarismos que nos han hecho descender. ¡Aceptémoslo! Estábamos en diferentes posiciones en el concierto de los países de Latinoamérica. ¡Ahora hemos descendido! No voy a echar las culpas a ningún Gobierno porque quizás es el acumulado de los desaciertos en la construcción de una verdadera política educativa nacional; será producto de la sumatoria de desaciertos, pero existe un fenómeno multicausal en donde inciden, seguramente, impactos económicos, sociales y de toda naturaleza, que se podrán contar como parte de la explicación. Sin embargo, en tiempos en que este Parlamento está aprobando recursos de esta magnitud, necesitamos respuestas concretas y contundentes que nos den tranquilidad en cuanto a que el futuro será mejor que el presente.

SEÑOR AMORÍN.- Antes que nada, saludamos a la numerosa delegación que vino a presentar el Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública”.

                Sabemos que tienen una enorme responsabilidad, quizás la más significativa o una de las más trascendentes de los gobernantes porque, como todos hemos dicho en alguna oportunidad, la educación es el instrumento más importante para el desarrollo futuro del país.

                Seré reiterativo en algunos temas, pero quiero hacer algunas preguntas para escuchar respuestas.

                En primer lugar, todos debemos reconocer que en el quinquenio anterior se hizo una inversión bien importante en educación. El entonces Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori -cuando quien habla era Diputado-  en el seno de la Comisión de Presupuesto nos explicaba que se habían incrementado en un 70% los recursos destinados a la educación pública en el país. Inmediatamente, le decíamos: “Muy bien, señor Ministro; en principio, nos gusta, ¿pero la educación está mejor, igual o peor?” Porque, en definitiva, si se gasta un 70% más en recursos para la educación pero no mejora, significa que se está invirtiendo mal. Entonces, me parece que ese es un elemento bien importante.

                La primera pregunta que nos hacemos es si hay que gastar más en educación, a lo que respondemos que sí, pero se tiene que ver cómo se invierte y qué resultados se consiguen.

                Creo que el artículo 853 no será una solución sino un problema porque, en realidad, cuando la ventana para recibir los recursos de la educación depende del crecimiento del país, no se puede planificar. Si no se sabe qué recursos se tendrán en cinco años, reitero, no se podrá planificar. La discusión en torno a si se le debe destinar el 4,3%, el 4,5% o el 4,8% del PBI no es relevante; sí lo es saber qué recursos se necesitan para mejorar la educación en el Uruguay. Hemos visto movilizaciones solicitando una asignación de recursos equivalentes al 6% del PBI. Francamente, no estoy de acuerdo con que se le otorgue el 4,5%, el 6% o el 10%, pero sí con analizar si se la puede dotar de los recursos que necesita para mejorar el nivel educativo. Seguramente, estarán haciendo cálculos hasta fin de año en función de si el PBI aumenta al 6%, al 6,5%, al 7%, al 7,5% o al 8%, pero no podrán planificar a cuatro años. Si desciende el PBI, la educación tendrá menor asignación de recursos. Entonces, me parece que el razonamiento de considerar el porcentaje del PBI no es el ideal; sí lo es decir qué recursos se necesitan, ver si están y después analizar qué cifra del Producto representan.

                Los señores Senadores Rubio y Larrañaga han hecho una clara exposición en cuanto al ausentismo docente. Lo constatamos en nuestras recorridas por el país, cuando hablamos con los padres de los alumnos de la educación media y con sus hijos. También en visitas a distintos barrios de Montevideo cuando hablamos con jóvenes estudiantes de liceos públicos y privados. Cuando se pregunta a los estudiantes de los liceos privados si los profesores faltan, nos dicen: “No, es una desgracia, no faltan nunca. Estamos siempre con clase; no tenemos un espacio para tomarnos un poquito de tiempo”. En el mismo barrio y a sus amigos que van al liceo público, les hacemos la misma pregunta, pero nos responden: “No, a nosotros nos faltan siempre; no hay un solo día que no falte un profesor. Es más, a la de Historia, como está embarazada, no la conocemos”. Esto ocurría en agosto, es decir, no habían tenido clase de Historia. En algunos casos los profesores son los mismos y a veces los que faltan en la educación pública no lo hacen en los liceos privados. ¿Será que ganan mucho más en los liceos privados? No; ganan menos, lo que sucede es que si faltan, al año siguiente no tienen trabajo, mientras que si no concurren al liceo público, aparentemente no tienen mayores problemas.

                El Presidente del CODICEN nos ha dicho que se pretende estimular el presentismo, hecho que me parece esencial. Estoy de acuerdo con que los profesores, los maestros y los docentes en general deben ganar bien pero siempre y cuando asistan a su trabajo. Por lo tanto, entiendo que hay que pensar en esto y tomar una medida.

                No tenemos ningún inconveniente en votar cualquier iniciativa que el CODICEN plantee en ese sentido.

                Considero que los lineamientos de los acuerdos interpartidarios están bien, son un poco superficiales y seguramente se tendrá que profundizar en ello. No obstante, es bastante claro que para aumentar la matrícula en la educación media, para evitar la deserción, se tiene que aumentar entre otras cosas la educación técnica. Esos jóvenes tienen que sentir que estudian para algo. Actualmente sienten que estudian para nada, que es más o menos lo mismo haber terminado 4to, 5to o 6to y que no van a conseguir un mejor trabajo si su preparación es mejor.

                Por lo expuesto, me gustaría que  las modificaciones sustanciales que se van a hacer en  Educación Secundaria sean las que resulten más prácticas para los jóvenes.

                Como se recordará, a fin del año 2004 y comienzo de 2005 tuve el honor de ser Ministro de Educación y Cultura, momento en que se realizó la apertura de la primera evaluación PISA que se hizo en Uruguay. Consulté al Presidente del CODICEN si sabía cuál sería el resultado y me dijo que no, pero que fuera tranquilo. Recuerdo que el tema que más me llamó la atención fue la enorme diferencia que había entre el grupo de alumnos que tenían menor comprensión sobre los distintos temas y el que tenía mayor comprensión -que era igual al que tenía mayor comprensión en Finlandia- que, en un altísimo  porcentaje, provenía de la educación privada. Los otros tenían menos aprendizaje y venían de la educación pública.

                Otro de los temas que también me llamó la atención fue que, dentro de la educación pública, los que estaban mejor preparados eran los de los Bachilleratos Tecnológicos de la UTU; la vieja UTU, que para nosotros había sido como algo residual, en ese proyecto tenía promedialmente los alumnos con mejor comprensión.

                No tengan la menor duda de que estamos dispuestos a votar y apoyar cambios que sigan el camino de lo sensato. El Uruguay ha perdido calidad educativa en la educación pública, no hace cinco años sino que hace más tiempo. Cada vez más, aumenta la diferencia con la educación privada que, además, tiene mayores oportunidades. Esto va en contra de lo que nosotros queremos,  que es dar igualdad de oportunidades a todos. En ese sentido, cuenten con nosotros para votar, trabajar y dar impulso a estas iniciativas.

Me gustaría que el señor Presidente del CODICEN  se refiriera a  qué estímulos se van a dar para que los profesores asistan.

SEÑORA TOPOLANSKY.-  Quiero dejar constancia de que no voy a contestar algunas de las afirmaciones de carácter general que se hicieron sobre la educación -eso se hará en el Plenario-  por una cuestión de economía de tiempo en la Comisión.

                En relación con algunas observaciones que se plantearon, quisiera decir que sobre el artículo 46 ya teníamos hechas algunas anotaciones -voy llevando apuntes y puse que había que mirarlo para ver cómo se podía arreglar-, lo que quiere decir que los problemas ya estaban registrados por la Comisión y lo mismo sucede con el artículo 48, sobre el que el Ministerio de Educación y Cultura nos planteó los problemas del inciso segundo.

                Hoy pedí la palabra porque tenía una duda sobre los artículos 80 y 81, pero la Contaduría ya lo aclaró. Por tanto, esa pregunta que era por la que me había anotado, no la voy a formular.

                Finalmente, quisiera agradecer al CODICEN por el material que nos proporcionó. Hubiera sido fantástico que todos los organismos nos hubieran entregado una  presentación de este tipo, donde figura el artículo, con su fundamento y su costo y los programas, porque el que tenga capacidad de estudio puede sacar mucha más información de la que se estuvo dando hoy. Quiero agradecer especialmente este trabajo, que luego servirá de guía en las Rendiciones de Cuentas, porque figura toda la descripción de los programas.

                Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Por mi parte, también quiero agradecer la presentación y la presencia de la ANEP.

                No voy a hacer reflexiones de carácter general porque, como lo decía la señora Senadora Topolansky,  ya tendremos oportunidad  de  expresarlas en el Plenario. Sin embargo, en esta oportunidad de diálogo, casi directo,  es importante reflexionar sobre algunos puntos que se han venido desarrollando y que tienen que ver con la metodología de lo que es un presupuesto por programas. En un presupuesto por programas tenemos programas, objetivos y metas. Entonces, definidas las metas, se debe ver la forma de alcanzar los objetivos en función de los recursos -financieros, humanos y materiales- que se ponen a disposición. De alguna manera se puede ir analizando cada una de las visiones que se tengan, así como también las prioridades. Esto ayuda a reflexionar -sobre todo los que tenemos responsabilidades docentes en determinados niveles- sobre la importancia que tiene la calidad, el contenido y la continuidad en la educación. Creo que esos son los temas que debemos discutir en el presupuesto por programas. Tenemos que analizar qué metodología se va a aplicar con los recursos que se asignan para aumentar la calidad, dar un contenido nuevo y, sobre todo, para asegurar la continuidad; ya no estamos hablando solo de la ANEP, sino de todo el sistema educativo del país. No tengo otra obsesión que el tema educativo y diría que acá se puede hablar de todo lo que se quiera, de temas políticos, de coyuntura e, incluso, de materias como inserción externa sobre las que, a veces, uno está preocupado, pero un país con una educación deficitaria tiene  extendida la partida de defunción para cualquier partido, ideología y proyección. Esa es la primera preocupación; entonces, si no aseguramos calidad, no vamos a asegurar igualdad de oportunidades, porque de la mano de la calidad está la igualdad de oportunidades, que es la que hoy está fallando en el país.     Lo que hasta hace poco tiempo era -y hoy continúa siendo- el emblema del Uruguay en su educación pública, tiene serias dificultades respecto de las disparidades que puedan existir en la calidad, en el contenido o en la continuidad de otros sistemas de educación, incluso privados, que tienen cierta prevalencia sobre la preferencia hasta de los más carenciados padres que tratan de hacer el máximo esfuerzo por nivelar esa diferencia que reconocen en el ámbito del sector público y que no ven, definitivamente, en el privado. Esto no es una acusación, sino un reconocimiento o análisis de los tres aspectos.

                El tema aquí es saber qué metodología vamos a utilizar en el contenido de la enseñanza para que, sin afectar las autonomías, podamos identificarla en función de los lineamientos generales que establece un determinado gobierno en materia de educación pública. El problema no está en si se es más o menos autónomo -porque es lógico que esta autonomía debe manejarse con absoluta profesionalidad-, sino en si existe coincidencia general o no sobre los lineamientos educativos de un Poder Ejecutivo en lo que a contenido y metodología se refiere. Ahora bien, ¿por qué este desarrollo debe ser analizado en la instancia presupuestal? Justamente, para saber si la metodología puede mejorar  y si esa calidad de la educación puede asegurar determinado nivel de igualdad de oportunidades; en fin, es para tener conocimiento sobre lo que ocurre en temas puntuales, generales y hasta de coyuntura.

                Continuamos insistiendo -porque todavía no lo hemos logrado- en que hay 300 escuelas rurales en el país sin agua potable y 300 escuelas rurales sin energía. Frente a esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿La culpa de esto la tiene un Ente Autónomo?  En realidad, la culpa la tiene una definición política compenetrada entre todos, porque lo que estamos asegurando y condenando en forma definitiva es que, el que tiene la “desgracia” de nacer en el área rural, niño, joven o señor, debería buscar otro camino porque, en materia de competencia e igualdad, nace rezagado. Todo este tema hay que buscarlo en la modernidad de la enseñanza y la continuidad tiene que estar muy bien con el área docente.

                En momentos de considerar la Ley de Educación, en la Legislatura pasada, la discusión se centró en el régimen de gobierno, más allá de todas las críticas y preocupaciones que tenemos en cuanto a la rotación de los maestros, a los lugares y localización de los docentes en determinadas áreas, al pago en forma diferencial o no, de acuerdo al nivel de conflictividad en el que trabaja, y al aseguramiento de que esa rotatividad existente, no sea tan frecuente como procede en aquellos casos en que los lugares son relativamente conflictivos. Para ello, basta analizar -seguramente nuestros invitados lo saben muy bien- cuánto tiempo queda un Director en un liceo de Pocitos y cuánto uno en el Barrio Borro. Aclaro que aquí no estoy diciendo que la culpa es de Juan, de Pedro o de Diego, porque esto tiene que ser analizado por todos.

                En definitiva, ¿cómo hacemos nosotros para que los lugares con mayores dificultades tengan la mejor atención y la compensación adecuada para todos los niveles docentes? ¿Cómo motivamos este tema docente que está en el ausentismo, en la visión diferente e, incluso, en el enfoque autónomo de cómo encarar una relación?

                Creo que como política de fondo de país, debemos saber quién es el responsable de la gestión, quién mide los resultados y quién es capaz de decir que vamos bien o mal. No podemos trabajar sobre el diagnóstico negativo, sino sobre un esfuerzo compartido entre todas las colectividades políticas para saber si al final de un determinado período, de acuerdo con el presupuesto por programa, alcanzamos o no los resultados que pretendíamos. Y los resultados no apuntan a ver si se gastó el 4,5%, lo que puede ser muy interesante e importante, sino a si ese gasto está en función del sistema educativo que se quiere armar en la continuidad, de forma tal que el ciclo no se rompa. Decimos esto, porque es bien sabido que quien sale del ciclo educativo es muy difícil que vuelva. Habría que buscar mecanismos que permitieran que esos jóvenes que dejaron en marzo, no esperen a reengancharse al año siguiente, porque todos sabemos que no vuelven más, y tendríamos que lograr elementos que hagan posible su reinserción en un concepto más moderno. A su vez, creo que se debería identificar la fragilidad en determinadas áreas y aquí está incluido, obviamente, el tema de las Escuelas de Tiempo Completo. Asimismo, habría que hacer hincapié en la remuneración de los maestros en los lugares donde tienen mayores dificultades. En fin, creo que el tema docente también está muy vinculado a la remuneración, a la dedicación, a la formación y a la capacitación.

                Más allá de todo el esfuerzo y el reconocimiento que hacemos al sistema educativo, notamos que quizás no exista una motivación profunda en esta cuestión,  por varias razones que, incluso con cierto fundamento, se invocan por parte de los responsables.

                Todos estos comentarios que realizo son como una especie de  terapia de grupo, por decirlo de alguna manera. En definitiva, nos preguntamos cómo hacer la gran revolución, la única, dejando de lado todos los otros asuntos y discutiendo el tema educativo. Si somos capaces de rescatar el principio de igualdad, la escuela y  los liceos públicos, la formación y la calidad, entonces seremos un país en serio; de lo contrario, estaremos en un país en el que decimos que somos cultos, cuando en realidad esa cultura deja de lado la educación.

                Me gustaría profundizar sobre estos temas con la ANEP, más allá de todas las preocupaciones que sabemos existen. Es decir, quisiera ahondar en cuestiones tales como la calidad educativa, el contenido y la metodología; saber si hay inquietud en el sentido de hacer un cambio copernicano en el sistema educativo, respetando y motivando a los actores y teniendo, además, los recursos con los que hoy se cuenta, que son importantes. Como dije, creo que se debe llevar a cabo la gran revolución del país, porque la bonanza económica que tenemos en estos años está prestada, y cuando no tengamos recursos, en razón de ser un país vulnerable, abierto y asimétrico, no podremos decir que gastamos mal lo que teníamos para gastar. Sin duda, está bien evaluar la gestión, pero también queremos saber cuál es el concepto revolucionario de la educación del Uruguay, para que la política de empleo y la formación del niño tengan alguna relación, en lugar de quedarnos exclusivamente en una acumulación de conocimientos que se divorcian de la madurez del pensamiento.  Porque, en definitiva, es con esa madurez que se logra una proyección adecuada en el mercado laboral.

                Planteo estas inquietudes porque considero que, en realidad, ese es el verdadero tema del Presupuesto. Lo demás va y viene. Podremos hablar de más o menos infraestructura y de mayores o menores ingresos, pero basta ver los indicadores sociales para darnos cuenta de que en el Uruguay hay un tema social de marginación, de casi una condena en la desigualdad, que estamos aceptando de forma casi inmoral, sin darnos cuenta de que, en ese sentido, hay una gran revolución que está pendiente.

                Quería compartir estas reflexiones, no con el ánimo de polemizar,  sino como preocupación de alguien que tiene, generacionalmente, hacia arriba y hacia abajo, un agradecimiento fuerte a la educación pública uruguaya.

SEÑORA MOREIRA.- Por mi parte, quisiera hacer algunas preguntas sobre el Presupuesto global o de base.

                En el último documento que se nos ha entregado, hay una diferencia sustancial entre el Presupuesto elevado por la ANEP y el propuesto por el Poder Ejecutivo. Las cifras son de $ 3.300:000.000 el primer año,                      $ 3.600:000.000 el segundo, $ 6.000:000.000 el tercero y $ 8.000:000.000 el cuarto. Al analizar los datos que figuran en el cuadro -muy prolijamente presentado, lo que permite ver el conjunto rápidamente, por lo que en ese sentido hago mías las palabras de la Senadora Topolansky-, podemos observar que hay diferencias  positivas y negativas entre los dos Mensajes mencionados. Esto quiere decir que, en algunos casos, el Poder Ejecutivo dio más dinero del solicitado y, en otros, menos.

                Entonces, el Poder Ejecutivo dio más dinero del  que se necesitaba en servicios personales, recursos de afectación especial, inversiones y endeudamiento externo; a su vez,  fue en contra del Presupuesto de la ANEP al otorgar menos fondos en  gastos corrientes y recursos de afectación especial. La ANEP, por su parte, brindó toda una explicación con respecto a los artículos 659 y 660 y sobre cómo trasponer esos rubros. Pregunto, pues, si esa diferencia es explicable, en parte, por el artículo 659.

Por otra parte, pido a los representantes de la ANEP que realicen alguna reflexión sobre estas diferencias positivas y negativas entre lo que fuera solicitado y lo que fue asignado por el Poder Ejecutivo.

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más señores Senadores anotados para plantear inquietudes o preguntas, la Mesa le cede la palabra al señor Presidente del CODICEN. SEÑOR SOANE.- Ante todo, agradecemos la nutrida y variada lista de interrogantes, señalando que casi todas ellas aluden a inquietudes que son compartidas.

                Voy a señalar algunos aspectos generales, relacionados con la preocupación manifestada por el señor Senador Rubio y, luego, cederé la palabra a los compañeros del Consejo de Educación Secundaria y del Consejo Técnico Profesional, quienes podrán  aportar un conocimiento más fino de esa realidad que quien habla.

                El señor Senador Rubio se preguntaba cuáles son los instrumentos a utilizar para  enfrentar una serie de desafíos que la educación media tiene en relación con la docencia, el ausentismo y la rotación entre centros. Como línea general, y en un esfuerzo por responder a esas cuestiones, podríamos enumerar toda la batería de programas relacionados con el fortalecimiento de los centros educativos y la carrera docente -ya planteados aquí-  que en cada subsistema adquieren formas peculiares. A este respecto, podría ser particularmente interesante la reflexión del Consejo de Educación Inicial y Primaria.

                Creemos que el esfuerzo por construir formación docente universitaria en el período funcionará también como un estímulo a la formación permanente, así como al trabajo y al perfeccionamiento docente. Asimismo, pensamos que los mecanismos de participación y el protagonismo de los centros constituyen también un camino y un instrumento para intentar resolver problemas como los señalados.

                El incremento salarial constituye una política  acordada -en este sentido, hay coincidencia entre lo votado por la  Cámara de Representantes y lo expresado en la propuesta de ANEP-  sin embargo, no debe verse solo como tal. Como lo habrán advertido los señores Senadores, allí hay fondos destinados a atender situaciones de inequidad salarial, a apoyar el presentismo y a promover la formulación de una carrera docente, en los términos que mencionábamos. De modo que puede entenderse la política salarial como parte de un esfuerzo  mucho más amplio  que apunta a resolver los problemas que planteaba el señor Senador Rubio. Seguramente, esta lista de los instrumentos no es exhaustiva; de cualquier manera, creemos que algunos de los instrumentos que intentan revertir la situación planteada por el señor Senador Rubio se encuentran entre los que he enumerado.

SEÑORA CASTRO.- Simplemente, deseo referirme al tema del presentismo-ausentismo.

                Este es un problema que no solo preocupa a quienes lo han expresado en Sala, sino que creo que es una preocupación a nivel nacional. Pero, por encima de todo, es un tema que está en la cabeza de nuestros muchachos y muchachas; eso es lo que más me preocupa. También, por supuesto, es un problema que atañe a los trabajadores de la enseñanza.

                Las razones por las que un trabajo que tiene cometidos y fines iguales o similares se desarrolla en forma diferente en la esfera pública y en la esfera privada, no las vamos a descubrir en esta Comisión del Senado ni creo que vayamos a agotar su examen en una reunión. Creo que todos debemos tener nuestra interpretación sobre este tema. Sin embargo, creo que es interesante informar a esta Comisión sobre las soluciones en las que estamos pensando.

Desde hace tiempo, el organismo viene instrumentando la compensación por presentismo -es muy pequeña-, tanto para los trabajadores docentes como para los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios.

A continuación, voy a hacer algunas aclaraciones porque en el Presupuesto viene la cifra global y, entonces, no necesariamente las señoras y señores Legisladores tienen por qué conocer lo que hay adentro. Como consecuencia de la ley de negociación salarial y de los Consejos de Salarios -para el organismo y para los trabajadores públicos en general ha sido un gran avance el poder establecer la negociación por rama- se establece un porcentaje del 13,3%, destinado a la masa salarial de los trabajadores y luego hay otro porcentaje que, en términos generales, apunta a superar las inequidades que vienen de muy lejos, para utilizar una expresión propia de este ámbito. Con el tiempo y las nuevas Administraciones se han podido ir corrigiendo algunas, pero todavía permanecen otras. En tal sentido podemos hablar, por ejemplo, de nuevos formatos educativos como puede ser este del que tanto se habla pero no sé si tanto se conoce: el tiempo extendido para la educación primaria. Sepamos que hay una inequidad grande porque los maestros cobran, por las primeras cuatro horas que trabajan, un determinado salario que corresponde a su grado, mientras que en las posteriores perciben una compensación que nada tiene que ver con eso. Por lo tanto, hay que buscar los equilibrios necesarios. Dentro de esa cantidad de dinero porcentual destinada a esta parte del preacuerdo, está lo que el presidente del CODICEN, doctor Seoane ha dicho, en cuanto a que tiene que ver con dos propuestas centrales de estímulo a la formación, a la calidad técnica. Una de ellas tiene que ver con ir concentrando, progresivamente, horas docente por centro -y esto tiene relación con algo que se preguntó en Sala-, lo cual no es fácil en el proceso de reordenamiento y reingeniería y, por otro -algo que también mencionó el presidente Seoane-  el tema de nuevas formas de pasaje de grado en la carrera docente y que no sea pura y exclusivamente un premio al que tiene mayor antigüedad. Es decir que de alguna manera, si se me permite la expresión, se trata de ir minando la gerontocracia, sustituyéndola por calidad. Esa es una parte de esta variable -que está siendo conversada en la bipartita para la cual quedamos habilitados- y la otra es el 3% destinado a presentismo y sobre el cual ya hemos llegado a un acuerdo con la Federación Uruguaya de Magisterio y los trabajadores de educación primaria, que hasta ahora son los únicos que firmaron el preacuerdo. Entonces, rige para ellos y veremos si las otras organizaciones lo firman, o no.

La Administración como tal ha hecho acuerdo con esta política e, incluso, estamos tratando de disponer de los mecanismos de gestión. Adviértase que no es fácil, porque cuando hablamos de la ANEP debemos tener presente que tiene bajo su responsabilidad directa cerca de 700.000 niños, niñas y adolescentes, y 60.000 trabajadores. Ustedes me podrán decir que en Brasil son muchos más, obviamente, pero para la dimensión uruguaya es una institución con mucha gente. Por lo tanto, hay que adecuar e informatizar los mecanismos; tenemos gente capacitada pero debemos avanzar en materia de capacitación del funcionariado para que esto, efectivamente, pueda llevarse adelante. A propósito, voy a citar un solo ejemplo que quienes son docentes y también los otros señores Senadores van a comprender. Me refiero al tema de los suplentes. ¿Cobran, o no, presentismo? Un suplente que trabaja todo el año no hay duda de que sí pero, ¿qué pasa con un suplente que deja hoy y asume mañana? Si tiene continuidad, también parece que no habría dudas. Ahora bien, supongamos que deja hoy pero la elección de cargos es el próximo miércoles. ¿Qué pasa? ¿Pierde o no pierde ese beneficio? ¿En qué tiempo se le cuenta el presentismo? ¿Cada uno, seis o doce meses? Si lo contamos cada seis meses, sabe que lo perdió y el resto del año puede tener alguna irregularidad. En definitiva, todos estos aspectos se están conversando franca y fraternalmente para tratar de implementar alguna solución más positiva en un tema que nos preocupa a todos.

SEÑOR AMORÍN.- Me alegro enormemente de que hayan llegado a un acuerdo en Primaria, pero me parece fundamental que también se alcance en Secundaria.

SEÑORA CASTRO.- El tema viene dado por el hecho de que el preacuerdo a nivel de Consejo de Salarios solo ha sido firmado por el sindicato que nombré. Es un preacuerdo que deja abierta las posibilidades para que los otros sindicatos puedan adherir. Por ahora la decisión que tiene el CODICEN es trabajar a nivel de la bipartita con el sindicato que firmó el proyecto.

                Si es lo que todos deseamos, se puede llegar a acuerdos porque, además, pensamos que el conjunto de los trabajadores, de hecho, no desestima los avances que en materia salarial se están produciendo.

SEÑORA UBILLA.-  En primer lugar, quiero plantear que la preocupación por las dificultades y los problemas que atraviesa nuestra educación media y en particular la educación secundaria, no solo son de conocimiento de nuestro Consejo sino que es una preocupación central en nuestra propuesta. No vamos a negar las dificultades que estamos teniendo para responder como deberíamos a las necesidades de nuestros estudiantes y, fundamentalmente, a las necesidades de nuestro país. Lo que tenemos que definir es cómo logramos esa transformación y de qué manera desarrollamos una propuesta educativa acorde  a este siglo y a las necesidades actuales.

                Los recursos a que referían los señores Senadores, hace aproximadamente tres años que están llegando a nuestra educación y los resultados no son a tan corto plazo. Con esto no quiero decir que no se hayan desarrollado en el período anterior experiencias que tienen saldo positivo en términos generales -no solo en cantidad de repetidores o en cantidad de estudiantes retenidos en el sistema-, pero para ampliar estas experiencias se necesitan recursos. Por ejemplo, me refiero a aspectos del Programa de Impulso a la Universalización, a las tutorías, a los Programas de Adultos 2009 y a una serie de proyectos con resultados de finalización de ciclos del 90%  y del 95%. Las aulas comunitarias no tienen resultados tan positivos pero han demostrado que mejoran sustancialmente lo existente. Lo más importante que queremos plantear hoy no es solo fortalecer lo existente, sino afirmar especialmente las propuestas que tienen que ver con la transformación educativa.

                En este sentido, voy a desarrollar lo más brevemente posible algunas de ellas, aunque obviamente están escritas con más detalle. La primera y fundamental para nosotros es la experiencia de tiempo extendido en educación secundaria. Con enorme dificultad recibimos estudiantes de 2.400 escuelas en 282 liceos; por lo tanto, esta experiencia para desarrollarse va a tener que esperar hasta que tengamos suficientes centros educativos.  Sin embargo, ya estamos proponiendo experiencias piloto para cuando tengamos los locales     -estamos coordinando con Primaria y UTU- porque queremos que algunos puedan ser utilizados en forma común para potenciar lo que tenemos, de una manera más eficiente. La experiencia del Programa de Impulso a la Universalización tiene que ver con la universalización de la educación media    -lo aclaro por si no lo conocen- y para quienes estamos vinculados a la educación ha sido una experiencia innovadora, cuyos resultados son recientes, de dos años.

Para este período pensamos extender algunos de los aspectos de esta experiencia y solicitábamos a casi el cien por ciento de los liceos que tienen resultados educativos negativos, pero para ello es necesario coordinar con la comunidad, porque necesitamos locales donde realizar las tutorías. Los lugares donde se desarrollan los cursos -las aulas- están ocupados con diversos grupos, y el desarrollo de las tutorías, de una manera seria, no solo requiere de docentes, sino también de espacios adecuados.

                Me quiero referir ahora al tema de la diversificación, y aquí también me voy a remitir al segundo ciclo de educación secundaria. Como ustedes saben, en este momento tenemos una nueva orientación -que ha tenido muy buenos resultados-, que es el Bachillerato Artístico. Pensamos que es necesario ampliar más las opciones de nuestros estudiantes, no solo porque el mundo ya lo requiere, sino porque la continuidad en los estudios tiene mucho que ver con la motivación y el proyecto de vida de los estudiantes. En la medida en que les ofrezcamos una amplitud de posibilidades, en los diversos subsistemas -como los que estamos mencionando-, pensamos que tendremos una mejor culminación de los ciclos.

                Por otro lado tenemos la flexibilidad curricular y de programas. Los señores Senadores sabrán que hemos recibido unos cuantos estudiantes         -entre 13% y 23%- en primer año que vienen con rezago. A estos estudiantes pretendemos darle opciones adecuadas para sus necesidades. Eso también es innovación, y ni hablar de los estudiantes extra edad que, en el caso de secundaria, son quienes en primer año ya tienen 15 años, y así sucesivamente. A estos estudiantes también debemos darles una oferta educativa que tenga que ver con el momento de su desarrollo. No podemos seguir trabajando con estos estudiantes con el mismo programa y la misma propuesta educativa que para los niños de 12 años.

                Esto tiene que ver con la contextualización de la propuesta; no es solo un tema etario. Para eso se requiere una mirada territorial, y aquí ingreso en lo que es la ruralidad, a la que apostábamos fuertemente en nuestra propuesta. Se trata de algo que va más allá de un liceo rural: implica estudios prospectivos, relacionarnos con los proyectos de desarrollo del país, con Primaria, UTU y la propia Universidad; relacionarnos con mucha más afinidad y seriedad, como así también con otros estudios terciarios. Nosotros, de alguna manera, derivamos -y queremos que sea así- hacia estudios terciarios, y tiene que existir una conexión en esta propuesta. Particularmente, el tema de la ruralidad es muy importante; tengamos en cuenta que en muchos departamentos contamos con una sola institución educativa que brinda el segundo ciclo. Es casi imposible que los estudiantes que viven alejados de la zona, puedan tener esta opción que, en muchos casos, es solo de humanístico. O sea, hay que ampliar la oferta educativa para asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan un proyecto de vida que los motive para continuar sus estudios. Y esto es parte de nuestras propuestas innovadoras.

                En cuanto a las pérdidas que vamos teniendo entre primaria y primer ciclo, primero y segundo ciclo, segundo ciclo y estudios terciarios, vale decir que tenemos una propuesta de interfaz que, por supuesto, requiere de dinero para poder desarrollarse. Si queremos abrir la mayor cantidad de liceos, por ejemplo, en verano, para poder trabajar con estos chicos que, a veces, vienen con algún déficit, hay que financiarlos por fuera del presupuesto de mantenimiento. Realmente es costoso, pero es otra de las propuestas que teníamos para este período.

                También está el tema de los nuevos actores educativos. Los equipos interdisciplinarios están en muy pocos liceos. Nosotros necesitamos contar       -sobre todo en aquellos liceos de contextos más desfavorables, con resultados menos propicios- con equipos multidisciplinarios, que no solo tomen el aspecto pedagógico específico académico, sino el trabajo social y el psicológico. Aquí estamos introduciendo una nueva figura que es el profesor cargo, el profesor comunitario, que tendría un rol fundamental para permear el liceo y la comunidad, el acercamiento de estos chiquilines que se nos van desgajando a lo largo del período. Hoy por hoy no tenemos esa figura. Y entendemos que la experiencia de otros subsistemas nos da insumos para pensar, particularmente en el primer ciclo -donde todavía tenemos chicos pequeños- en que este apoyo podría ser fundamental para la retención de los estudiantes.

                Además, también nos parecía fundamental el poder tener tutorías. ¿Por qué? Los señores Senadores hacían referencia a los liceos privados. Estos trabajan bajo nuestra supervisión, con el asesoramiento del Consejo de Educación Secundaria y sus programas. Lo que sucede es que ellos sí tienen tiempo extendido, como así también las instalaciones y locales, lo cual les permite desarrollar todas estas cosas que nosotros queremos instrumentar, y para ello es que estamos pidiendo autorización.

                Por otra parte, debemos tener en cuenta que este no es un problema que afecte solamente a Enseñanza Secundaria ni a la Administración Nacional de Educación Pública; somos conscientes de que toda la población está preocupada. Por lo tanto, resolverlo constituye un desafío que alcanza a todos los uruguayos, porque lo que pase con nuestros estudiantes va a tener un impacto en nuestro país. Quiero aclarar que estamos dispuestos a llevar adelante esta y otras propuestas que ahora no tengo tiempo de desarrollar exhaustivamente.

SEÑOR NETTO.- Antes que nada, quiero saludar a los señores integrantes de la Comisión y pedir disculpas en nombre de mis compañeros del Consejo de Educación Técnico-Profesional, quienes en este momento se encuentran reunidos en la ciudad de Artigas discutiendo  la propuesta educativa para ese departamento.

                Me resulta muy interesante el giro que ha tomado la discusión con respecto a cuáles son las propuestas y los desafíos. Tal vez sería conveniente referirnos ahora a  algunas tensiones con las cuales hemos estado interactuando durante este tiempo, que quizás sean propias de las sociedades y de los sistemas educativos en particular. Diría que una de ellas es la inclusión y el conocimiento, inclusión que históricamente se ha manejado con el ingreso del niño o del joven a un centro, que se puede denominar educativo, pero que hoy se concibe de otra manera. Se concibe mediante el desafío del conocimiento, incluso yendo del sistema educativo hacia donde está el niño o el joven. La tensión inclusión-conocimiento muchas veces se ha marcado en números y en estadísticas, pero no ha establecido con claridad el desarrollo de los territorios, de las localidades, a pesar de la gran inversión que a lo largo de la historia -como bien han manejado varios señores Senadores- el Estado ha volcado a estos territorios. Recuerdo que en Fraile Muerto, en el año 2005, cuando participamos con la Liga de Trabajo -con la que tenemos un buen vínculo y desarrollamos actividades conjuntas- nos dimos cuenta de que tal vez no hubiera en ese lugar una inversión anual tan importante como la que hacía el sistema educativo en él. ¿Cuál era el impacto y cuáles eran las consecuencias? La responsabilidad era de toda la sociedad y no solamente del sistema. ¿Qué evaluación y qué demanda había desde los territorios respecto a la necesidad de encontrar un impacto luego de esa presencia y de esa inversión?

                También es justo reconocer a quienes administraron el sistema educativo en el período anterior a 2005, que denominábamos centro educativo a algo que tal vez fuera solo un espacio al que tenían acceso niños y jóvenes. Quiero tratar de ser gráfico en lo que estoy expresando: en el año 2005 recorríamos centros educativos de la UTU donde había un Director, mil alumnos y un funcionario por turno para poder dar respuesta a las demandas. Obviamente, el ambiente educativo no era propicio para generar aprendizajes; en muchos lugares había un adulto a cargo de 25 a 28 grupos, cuando la media estaba en 15 ó 16 y la normativa internacional establece que debería haber un referente docente -fuera de los docentes de aula- cada  cuatro grupos.

Afortunadamente, el Estado y la sociedad han hecho una gran inversión en educación y actualmente podemos decir que tenemos centros educativos, por supuesto que con problemas, tal como los han detectado y anunciado. Compartimos ese diagnóstico y, sin lugar a dudas, las estrategias las tendremos que diseñar en conjunto. De cualquier manera, me parece justo establecer que quienes han administrado la educación en períodos anteriores a 2005, tal vez no disponían de los medios como para poder denominar a cada una de esas estructuras de ladrillos con personas en su interior, “centros de aprendizaje” o “centros educativos”.

Esa tensión inclusión-conocimiento a la que hacía referencia lleva, sin lugar a dudas, a desafíos, algunos de ellos de carácter político, como definir si la sociedad en su conjunto quiere que los jóvenes y los niños aprendan por igual. Esta tensión también lleva a desafíos de carácter institucional: ¿la institución está en condiciones de dar respuesta a las problemáticas que surgen en estos temas? Y, finalmente, plantea un desafío de carácter pedagógico, donde creo que nos hace la competencia, no exclusiva pero sí de gran responsabilidad. El señor Senador Amorín hacía referencia al conocimiento con sentido, cosa que todos avalamos y apoyamos. Nos referimos  al conocimiento con impacto -como expresaba la señora Directora General de Educación Secundaria-, contextualizado. En lo que hace a la inclusión, el sistema educativo ha generado diversas propuestas, algunas de las cuales creo que todavía no están siendo lo suficientemente publicitadas o conocidas por la sociedad en su conjunto.

                Dejaremos al Consejo de Educación Secundaria que luego lo explicite, pero sabemos que cuenta con diversas propuestas que fueron construidas en el período anterior. Respecto a la UTU podemos señalar que tenemos una nueva postura de Ciclo Básico Tecnológico, en el que la tecnología avanza transversalmente sobre toda la propuesta. El Ciclo Básico Tecnológico Agrario tiene resultados excelentes; existe una vinculación y comprensión importante entre los jóvenes, que conviven, comparten y construyen de una manera ejemplar en esa modalidad de alternancia que se ha diseñado. 

                Podemos hablar de una formación profesional de base aprobada en el año 2007 que rompe ese pensamiento hegemónico en el sentido de que la formación profesional era una preparación de segunda, es decir, el último recurso para rescatar a los jóvenes de cualquier sociedad del mundo, no solamente del Uruguay. A partir de esa formación profesional, en un contexto en el que existe algo a desarrollar en conjunto, ese profesor de taller -que puede ser de mecánica, carpintería, electricidad, informática o electrónica- se pone en contacto con jóvenes que transitan el primer nivel educativo y con un conjunto de docentes, para trabajar en forma interdisciplinaria e integral, con el objeto de lograr al cabo de dos o tres años no solamente la salida del joven con un oficio, sino también -y estoy hablando de educación básica- con lenguajes científicos,  matemáticos, de lectoescritura, culturales, artísticos y tecnológicos.

                Las propuestas están ahí y están dando resultados. En el último caso que mencioné, la propuesta relacionada con otras instituciones -como hemos desarrollado en conjunto a lo largo de todo este tiempo- tenía pretensiones incipientes y mínimas de mil o dos mil alumnos, pero hoy estamos manejando un orden de cinco mil estudiantes a nivel nacional.

                Por otro lado, hay algo que es importante destacar en el país a nivel de la educación media superior. La mayoría de estos jóvenes, en la generalidad de las áreas que transitan tienen desempleo nulo. En algunas de las áreas se trata de jóvenes que tienen el mayor ingreso a nivel familiar y en la mayoría de ellas disfrutan el tránsito por la educación media superior. Por lo tanto diría que en ese sentido hay grandes avances.  Anteriormente se hablaba del aspecto rural, y con orgullo podemos señalar que el año anterior, en algunos lugares    -puedo enumerar una decena de ellos- como por ejemplo Guichón, egresaron diecisiete alumnos del Bachillerato Agrario. Estas eran las primeras generaciones que tenían esa oportunidad en ese sector del país; fueron los primeros en su familia que lograron culminar la educación media superior. Podemos citar muchos ejemplos como estos en pequeñas localidades donde, insisto, la inclusión es al conocimiento. ¿Dónde se desarrolla esta actividad? Ello se realiza de acuerdo con las capacidades que tenga cada uno de los territorios. Hoy, en varios de ellos, las propuestas educativas se desarrollan en empresas privadas; algunas, en ciertos sectores de empresas públicas; otras, en espacios de la comunidad; y otras, a partir de la construcción habitual y clásica que existe dentro del sistema educativo.

                Por eso, si bien el artículo 9º prevé el crecimiento de los servicios personales en función de la construcción, a veces se descuida que la construcción va más allá de las inversiones edilicias que en este caso realiza puntualmente la ANEP. Del período anterior data más de una veintena de lugares donde se están dictando cursos en los que no se requirió inversión edilicia por parte de la ANEP y, en muchos casos, por parte del Estado.

                Me parece importante resaltar otro punto y, en este sentido, no hago referencia a la educación terciaria, que creo ha tenido un desarrollo realmente importante. No es menor pensar que el país pueda disponer de veinte, treinta o cuarenta alumnos en un primer perfil profesional; ello no es menor en la situación de un país tan pequeño como el nuestro. Tener en distintos territorios una cincuentena de jóvenes que van a ser los primeros profesionales en áreas que otros ocupan y que se han hecho profesionales a lo largo de los años, no de una manera sistemática y formal, creo que es un gran adelanto para la sociedad uruguaya, en la que sin lugar a dudas están incluidos todos, porque son perfiles que se han construido con la ayuda de los técnicos y profesionales de que dispone el país y no solo la Universidad del Trabajo del Uruguay.

                Hay una tensión interesante,  entre lo institucional y el territorio -a la que hizo referencia la señora Directora General de Secundaria-  cuyo análisis y debate ha llevado largo tiempo. Uruguay tiene una gran fortaleza frente a los países de la región: su certificación es de carácter nacional. Esta fortaleza no debe perderla, por eso no tiene que inhibir a la Administración de contextualizar sus propuestas, de resaltar los impactos que cada una de ellas puede tener en el territorio así como los intereses de este último. Por ello se ha avanzado en la definición de lo que es un plan de estudio de carácter nacional y lo que es la propuesta o la carrera que se enclava en un territorio y que toma acciones claras de definición, no solamente técnicas, de sectores de cadenas productivas específicas, sino también culturales en cada uno de los territorios. Sin lugar a dudas, también la gran tensión -todos debemos trabajar en conjunto- tiene que ver con la educación y el trabajo. En nuestro país el trabajo en la Universidad es un principio educativo pero, de hecho, está construyendo en los jóvenes perfiles profesionales acorde con las cadenas productivas nacionales. El avance que existió en este  período no solamente en el número y en concordancia con estas cadenas, sino en el perfil profesional acorde para desarrollarse en estas cadenas productivas, fue de un gran impacto. En el artículo 10, que establece el crecimiento matricular, también se está solicitando la posibilidad de avanzar en cobertura, si al día de hoy se estabilizan la mayoría de los centros educativos.

Los señores Senadores pueden observar que el crecimiento matricular en UTU ha sido significativo, pero más aún lo es el movimiento interno de las personas que participan allí. Aquellos cursos de dos a cuatro meses que no otorgaban una posibilidad de empleo para los jóvenes, actualmente están brindando propuestas de más largo aliento y de mayor calificación y proyección.

                Con respecto a la gestión a la que se ha hecho referencia, quiero señalar que la considero importante. En uno de los proyectos planteamos que la descentralización territorial no es lo único a tener en cuenta, sino también el hecho de que el sistema educativo debe trabajar sobre una descentralización del conocimiento. Los señores Senadores son conscientes de que la supervisión y el monitoreo de la administración de la educación media a nivel técnico está en la figura del Inspector. Hay algunas áreas que cuentan con un Inspector para cientos de docentes y miles de estudiantes. Entonces, es imposible poder hacer ese acompañamiento, reflexión, análisis y supervisión respecto a la calidad que se requiere en el tema de los aprendizajes, fundamentalmente en las áreas de carácter científico tecnológico y, por supuesto, también a nivel cultural.

                Por otra parte, es importante establecer que en esa tensión, a la que hacía referencia, entre la educación y el trabajo todos hemos llegado a un acuerdo. Los jóvenes con 18 años son vitales para el desarrollo productivo del país y, más allá de que no tengan requerimientos económicos y, por tanto, no tengan necesidad de buscar empleo, su fuerza de trabajo con ese grado de calificación en permanente aumento es vital para generar grupos que nos ayuden a constituir espacios de desarrollo a nivel nacional. La fuerza, el conocimiento, la inquietud, la capacidad de un joven de 18 a 24 años solamente encerrado en un aula, por más que esté ascendiendo desde el punto de vista educativo, es una gran pérdida para el país. Por tanto, en ese modelo de educación y trabajo, de innovación y desarrollo vemos todo esto absolutamente articulado.

SEÑORA MORAES.- Buenas tardes a todas y todos.

                Estoy analizando profundamente lo que aquí se plantea y considero que hay más coincidencias que discrepancias. Existen coincidencias en cuanto a la relevancia que tiene la educación y a la importancia de esos problemas.

En particular, quisiera referirme a lo que compete a este Consejo de Formación en Educación creado este año y que tiene un cometido específico: dar cumplimiento a lo que se establece en la Ley General de Educación para transitar hacia la implantación del IUDE,  Instituto Universitario de la Empresa. Esta transformación institucional es clave, no solo como cometido, sino también por lo que implica cumplir con este mandato legal.

Es importante responder a lo que se nos preguntaba en cuanto a qué se van a invertir los recursos que solicitamos.

Al respecto debemos decir que en el artículo 7º del proyecto de Presupuesto de la ANEP está planteado todo lo que hace a las nuevas carreras que tiene que llevar adelante este Instituto, artículo que no fue votado en la Cámara de Representantes. De esa manera, quedan fuera aspectos muy importantes que tienen que ver con el cumplimiento de este mandato legal.

También aparece algo que considero relevante señalar e insistir, más allá de que sé que estamos de acuerdo en esto, y es cuánto afecta el factor docente en el aprendizaje de los alumnos. Hay experiencias e investigaciones que demuestran que el factor docente explica entre el 20% y el 30% de los resultados de aprendizaje. Esto significa que invertir en la formación del docente es una muy buena medida, por lo que es muy importante tenerla en cuenta cuando hablamos de calidad de educación. Esto también impacta en los demás Consejos Desconcentrados.

La relevancia de la formación media, sobre todo la formación técnica en el interior del país -tal como lo señalaban la Directora General de Educación Secundaria y el señor Wilson Netto-  requiere docentes formados para llevar adelante esos cursos.

A través del artículo 7º planteamos cinco carreras de formación de docentes de UTU en cinco departamentos del interior del país. Esa acción quedaría trunca si no contamos con los recursos necesarios planteados en el mencionado artículo.

Finalizo mi intervención, que tenía como cometido precisar en qué se va invertir el dinero que solicitamos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el Consejero Pereira.

SEÑOR PEREIRA.- Buenas tardes a todos y todas.

                Luego de haber escuchado a los señores Senadores, quisiera realizar algunas reflexiones.

                En primer lugar, deseo señalar que han vertido una serie de preocupaciones y de temas que, sin duda, tendríamos que acordar para irlos tratando a lo largo de nuestra intervención. Algunos de ellos tienen que ver con preocupaciones que son inmediatas, tales como la búsqueda de concentración de los docentes; la rotación interanual que se produce en forma especial en la educación media y cómo revertirla; el ausentismo docente o la combinación de los ciclos educativos. 

                También es motivo de reflexión el establecimiento de una relación directa, diría casi mecánica, entre el sistema educativo y las políticas que se puedan instrumentar a ese nivel, y los posibles resultados a obtener. De la misma forma, habría que establecer una relación entre lo que significa la culminación de los ciclos educativos y la sociedad, así como los intereses de los jóvenes, de los padres y de los lugares en donde se genera la producción.

                Quiero destacar que es una preocupación del CODICEN y de la ANEP establecer en las sucesivas Rendiciones de Cuentas indicadores y resultados que den respuesta a distintos requerimientos o preocupaciones.

                Otro de los aspectos a subrayar  tiene que ver con algunas líneas estratégicas que a nuestro juicio son fundamentales y están contenidas en los artículos 3º y 9º de la propuesta de la ANEP. Uno de ellos tiene que ver con la superación de la calidad educativa. Desde períodos pasados se han instrumentado proyectos y propuestas, cuya continuación reviste interés para el CODICEN. Entre otros, cabe destacar el Programa Uruguay Estudia, con el que se pretender atender a quienes abandonaron sus estudios, de modo que puedan culminarlos con la asistencia de una tutoría. Un dato de la realidad indica que se ha pasado de 500 tutorías a 2.000 en la actualidad. En este caso no hablamos de jóvenes de entre 15 y 20 años, sino de personas que debieron culminar el ciclo educativo hace muchos años.

                También sería necesario instrumentar un mecanismo en cada uno de los centros educativos, especialmente en los de educación media, por el que los profesores acompañaran a los estudiantes en la mejora de la lectura y la escritura, así como en el razonamiento lógico-matemático.

                Pensamos, asimismo, que en los centros educativos, más allá de la convivencia saludable, se deberían estimular experiencias de tipo artístico, científicas y tecnológicas, aunque sabemos que ya se están desarrollando, como por ejemplo sucede con los clubes de ciencia.

                Para finalizar, subrayo que la diferencia entre la ANEP y lo aprobado en la Cámara de Representantes generaría una desaceleración en los proyectos iniciados en el período pasado y un retraso en la instrumentación de las  propuestas que el CODICEN y la ANEP impulsan, porque se consideran de vital importancia en el quinquenio, y que se relacionan con la promoción de los vínculos interinstitucionales. El planteo sobre su autonomía no implica autarquía, sino la generación de vínculos con la Universidad de la República y otros entes públicos para que los centros educativos recobren el papel de educar a los estudiantes.

SEÑORA CAPURRO.- Señora Presidenta, señores Senadores y señoras Senadoras: creo que tenemos coincidencias diagnósticas importantes. No estamos bien, pero sí hay  acuerdo porque la preocupación es la misma: la educación de nuestro país, de nuestros niños y jóvenes. Por lo tanto la meta, la mirada, es la misma. El tema es el cómo hacerlo.

                También debemos reconocer que hay un tercio de docentes que tienen trabajo en un solo centro educativo, con una carga horaria de 20 horas semanales y que el salario que reciben en la mano oscila entre $9.000 y $14.000, de acuerdo con el grado.

                Podemos coincidir en que la rotación interanual corresponde al 50%. ¿Por qué? Porque el país se venía proyectando y organizando de tal forma que permitía que el docente trabajara 20 horas semanales y que, a medida que se iba avanzando en el escalafón docente, trabajara menos y ganara más. Ahora, de acuerdo con la diagramación que tenemos  y a cómo ha sucedido desde hace 25 años -por no mencionar otros períodos- vamos al revés: a mayor cantidad de trabajo -hasta 60 horas semanales- tenemos el salario como retorno.

                Respecto a la tendencia al ausentismo -que se mencionó en esta Sala- hemos hecho estudios y tenemos la certeza de que hay un altísimo porcentaje de docentes que están padeciendo enfermedades laborales, de índole psiquiátrica. ¿Qué estamos haciendo para solucionar esta situación? Queremos cambiar el rumbo de las cosas;  los cambios en este país y en el mundo no solo deterioraron a la educación sino también a nuestros docentes porque son hijos de la sociedad. Por lo tanto, los docentes no son inmunes a los cambios; les aflige lo mismo que a cualquiera de los ciudadanos que están aquí y a fuera de este recinto.

                Cuando se habla de la calidad -según señaló la Directora General del Consejo de Formación en Educación- es clave la formación de nuestros docentes; tenemos problemas y los reconocemos. Por esta razón, hoy vamos hacia  lo que durante décadas fue una demanda de los docentes organizados de este país:  el  grado universitario. Esto no quiere decir que pensemos solamente en las carreras docentes, en la formación de nuestros docentes, sino también en que tiene que haber una inversión económica.

                En otro orden de cosas, pensamos en cómo mejorar la calidad y en ese sentido  ha sobrevolado un tema  relacionado con la evaluación, al que se refirió el señor Presidente del CODICEN en su informe preliminar. En la educación inicial y primaria este organismo viene desarrollando un proceso que llamamos evaluación en línea. Eso significa que un docente, en cualquier momento del año y del horario escolar, puede tener una intervención con sus niños que le permita saber cómo se están desarrollando los procesos educativos con las  XO delante. Por lo tanto, la combinación y el desarrollo de contenidos por parte del docente, en el aula, con la herramienta Ceibal, a nosotros también nos está dando algunas certezas. No es casualidad que los maestros, en forma voluntaria, se hayan sometido a 250.000 pruebas en un mes de evaluación en línea. Queremos agradecer el retorno porque la devolución es instantánea y avanzar en la evaluación en un proceso educativo es, para nosotros, trascendente.

                A este Consejo Directivo Central de la ANEP le toca llevar adelante el cambio que nos impone la nueva Ley  General de Educación. Este no es un enunciado, sino una transformación sustantiva que apunta a tener un solo Ciclo Básico, pero esto no se hace solo con voluntad,  sino también con dinero y los docentes adecuados; de ahí la importancia de la formación docente.

                También tenemos que implementar el Instituto Terciario Superior que tiene que ver con la Educación Técnico Profesional. Reitero: la incorporación en el nuevo concierto educativo del país, como figura nueva e importante, del Instituto Universitario Superior. Ese es un buen camino y no se hace solo con el texto de la ley, se hace con un pienso y contando con quien ejecute, pero para eso  se necesita dinero.

                Tenemos que continuar con la educación de jóvenes y adultos. Sabemos cuantos niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo y vamos a su rescate a través de distintos programas para jóvenes y adultos. A su vez, estamos desarrollando en el seno del CODICEN un programa especial que está teniendo muchísimo éxito, fuera de horario, para que los funcionarios que no hayan terminado el bachillerato puedan hacerlo, pero para esto también se necesita dinero y no sólo voluntad.

                Hay que llevar adelante una política interinstitucional  para propiciar la coordinación entre los distintos organismos del Estado. Lo digo porque hoy se señalaba acertadamente que había 300 escuelas sin agua y otras sin luz y estamos trabajando mediante esa política interinstitucional para que eso no ocurra. Ahora bien,  los cambios en la educación -positivos o negativos- son imperceptibles y no ocurren de un día para otro. Fuimos en caída, pero creo que ahora estamos en el momento justo para ir levantándonos. Esa etapa comenzó en el período anterior, cuando se hizo una inversión de gran magnitud. Esa inversión está en el discurso de todos los uruguayos -o de la gran mayoría- y por una simple regla de tres, se cree  que si se pusieron mil quinientos millones, se van a obtener mil quinientos resultados favorables, pero no es así porque los procesos en educación son distintos, son otros tiempos, pero esta no es excusa para nosotros. Tenemos la convicción de que la educación es un proceso y que los actores y los responsables somos varios.

                En este momento estamos haciendo un sinceramiento importante, tendiente a lograr las metas que tenemos o retomar lo que ya está hecho. Hace unos días y a raíz de una inquietud que aquí se presentó, algunos Consejeros en el CODICEN decíamos que si este presupuesto seguía como había venido de la Cámara de Diputados, habría un congelamiento o, mejor dicho, una degradación de lo que hay, porque lo que tenemos aprobado es lo que ya teníamos. Solamente con eso no vamos a poder seguir adelante con proyectos educativos trascendentes que habían comenzado en la otra Administración, ni iniciar los nuevos a que hizo referencia el Consejero Pereira. Si no hay dinero suficiente para esos proyectos, esa línea de base como punto de partida nos hará bajar  la calidad y esto es casi una predicción. Si no nos dan nada, estamos congelados.

Creo que defender este presupuesto es una causa nacional y, por lo tanto, apelamos a este momento de sinceramiento, al reconocimiento de nuestras debilidades, a los procesos de caída y levante que se producen en la educación y a los esfuerzos que están haciendo este país y sus ciudadanos para que mediante sus aportes podamos revertir, entre todos, una situación que todos reconocemos que no está bien.

                Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA TOPOLANSKY.- De la exposición de la Consejera Capurro me llamó la atención la cifra que se manejó, porque un docente con 60 horas semanales equivale a que tenga 10 horas diarias, por lo que el tiempo de preparación, de estudio, quedaría afuera. Me gustaría saber qué extensión tiene esta realidad, porque no sé cuántos son los docentes que se encuentran en esta situación, es decir, si son pocos o muchos.

SEÑORA CAPURRO.- No puedo precisar si son pocos o muchos; sí digo que son bastantes y que 48 horas semanales es mucho. Por eso nuestros viejos maestros y profesores trabajaban 20 horas semanales. El multiempleo es una consecuencia que tiene que ver con el tema salarial. Es por esta razón que el país invirtió de la forma en que lo hizo en el quinquenio anterior,  porque el salario docente no estaba en el piso sino en el subsuelo.

                Tenemos dos situaciones diferentes: una es la que se dio al culminar el quinquenio pasado y, la otra, el punto de partida al día de hoy. De todas formas, debemos convenir en que estos mismos docentes que ganan este salario, ante los propios conflictos y  problemas que tienen en todos los centros educativos que vemos por televisión y forman opinión,  no abandonan a los alumnos, a diferencia de otros que sí lo hacen y ganan mucho más.

SEÑOR MICHELINI.- De acuerdo con lo manifestado por la Consejera Capurro, habría una serie de programas que quedarían sin concluir a pesar de que, a partir del 1º de enero, se contará con más dinero. O sea que en el presupuesto para el año que viene se determina un monto de dinero importante pero, ¿igual hay programas que se empezaron, que no se podrían seguir?

                Por otro lado, se nos ha dicho que el dinero que hay no alcanza. Entonces, ¿cuál sería la cifra adicional -luego veríamos la redistribución- que debería volcarse por parte del Estado uruguayo para dar un salto?

SEÑORA CASTRO.- El señor Senador Michelini ha hecho preguntas muy concretas, referidas a montos.

                Si bien consta en la versión taquigráfica, voy a reiterar lo ya manifestado. Cuando fundamentamos el artículo ventana 583, planteamos las dos versiones para calcular el monto y la aspiración de la ANEP. No queremos que se deje por el camino la diferencia del 0,2% que surge del 4,3% del PBI -admitido por el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos, que corresponde al gasto en educación de 2010- y el compromiso de llegar al 4,5%. Insistimos en que no queremos que esto quede fuera del cálculo y que además se incorpore, de manera de ejecutar en tiempo y forma, para el 2011, el tipo de competencias que tiene la ANEP porque si fuera otro tipo de organismo, capaz que no había problema en ejecutarlo en el mes de octubre. Ahora bien, calculando el 6,5%, esto nos da un monto de US$ 81:500.000. En realidad, este monto no cubre todo lo que la ANEP estima que necesitaría en el quinquenio, pero sí es suficiente para poner en marcha una serie de programas que los compañeros del Ente Autónomo han fundamentado ampliamente, y lo podríamos seguir haciendo.

                Hace unos  momentos se repartió un documento en el que figuran unos cuadros comparativos entre el proyecto del Poder Ejecutivo, el aprobado por la Cámara de Representantes y la propuesta de la ANEP. Allí se establecen los ítems de gastos, suministros, remuneraciones e inversiones, con un análisis punto por punto. Incluso, cuando está pautada la diferencia, se puede observar que en algunos tiene signo positivo y en otros negativo, pudiendo analizar eso claramente.

                También se preguntaba qué programas quedan hipotecados y cuáles no. Aquí nos hemos referido a algunos de ellos. Para poner un ejemplo, en cuanto a la formación docente, elaboramos 16 propuestas de nuevas carreras -de las cuales proponemos que 14 se radiquen en el interior del país-  pero no tenemos recursos para ninguna de ellas. Si ensayamos hipótesis, se podría decir que podemos sacar -esto se hace con los presupuestos- algo de la línea de base y esperar a que sea el monto que me den con el articulo ventana, y lo repongo, es decir, me lo voy devolviendo a mí misma. Ahora bien, si yo hago esa jugada, lo que estoy pagando se me convierte en permanente, por lo que lo voy a tener en 2011, 2012, 2013 y 2014. ¿Cuál es la garantía de que voy a poder pagarme el permanente? No sé si se entiende este planteo. Entonces, para nosotros es muy importante saber con el tiempo suficiente para poder planificar. En este sentido, reconocemos que ha habido un avance  y creo que a todo el país le preocupa qué es lo que se puede hacer en materia de educación. De todos modos, si se desea que dé más ejemplos de cosas que estarían comprometidas, podemos darlos, pues aquí tenemos un listado más completo.

SEÑOR MICHELINI.- Yo quería la cifra de US$ 81:000.000. Pero la inquietud es la siguiente. En el porcentaje que le corresponde del 4,5% -tenemos en cuenta el artículo ventana y demás-  quisiera saber si esos US$ 81:000.000 están por encima o incluidos en la ventana.

SEÑORA CASTRO.- No entendí la pregunta, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Ustedes dicen que para todo lo que tienen que hacer necesitan U$S 81:000.000.

SEÑORA CASTRO.- No, no es así. Nosotros decimos que para hacer todo lo que formulamos en la propuesta de presupuesto, necesitamos bastante más que US$ 81:000.000. Con ese dinero cumplimos con aspectos básicos que aun no están votados en la Cámara de Representantes.

SEÑOR MICHELINI.- Entendido.

SEÑOR SEOANE.- Esta sesión se ha extendido bastante, pero quería responder un par de preguntas muy precisas que formulara con mucho cuidado y puntería, el señor Senador Larrañaga.

La primera de ellas tendrá una respuesta un poco escueta y es acerca de la incidencia -si recuerdo bien- de los artículos en relación con la autonomía. Como entiendo que existe un amplio consenso  en la modificación de esos artículos, espero que ese cambio se vote en el Senado, de modo que tengamos asegurado un buen camino en esta materia.

                La segunda cuestión que planteaba con precisión el señor Senador Larrañaga,  es en cuanto a qué cuestiones estaríamos dejando de lado, postergando o debilitando, si no se atienden las propuestas de ANEP, fundamentalmente en relación con los artículos 3º, 7º y 11. En el artículo 3º nos parece especialmente importante atender los ascensos de grado y la atención a la antigüedad docente. Esto no conforma el volumen integral de lo que se solicita, sino solo cierto monto, y nos parece relevante atenderlo, siendo esto, naturalmente, una obligación legal. Hay otros aspectos que tienen que ver con la continuidad educativa  de algunos programas que se iniciaron en el período anterior, que sería muy importante institucionalizar y consolidar. Un ejemplo paradigmático es el Programa de Maestros Comunitarios y por esta condición nos parece especialmente importante el artículo 3º.

El señor Senador Michelini hizo una observación bien atinada, que consiste en la siguiente interrogante: ¿por qué razón no hemos incorporado en la línea de base estos programas y por qué razón hay un plus? Es absolutamente pertinente, atinada y de gran razonabilidad esta pregunta. El asunto es que, en virtud de cómo se reajustaban los proyectos de inversión en el comienzo -luego el Poder Ejecutivo corrigió esa estrategia-, nosotros respondimos haciendo los ajustes presupuestales correspondientes, pero al comienzo -como recordará el señor Senador- los proyectos de inversión no eran reajustados y eso significó una cierta acumulación y retraso desde el punto de vista de nuestras capacidades de responder a esas necesidades. Esa situación es lo que estamos recogiendo aquí en el artículo 3º.

El artículo 7º ha sido perfectamente expuesto, tanto por la señora Directora Moraes como por la señora Consejera Castro, dando a conocer un abanico de propuestas  en relación con la formación en educación. Como recordarán, la Ley General de Educación atribuye al Instituto Universitario de Educación responder a todas aquellas formaciones que el Sistema Nacional de Educación demande y, en cumplimiento de este mandato legal de dar cabal respuesta  a las necesidades de formación en educación, es que el Consejo de Formación en Educación está proponiendo un elenco de carrera nuevas, muchas de ellas a desplegarse en el interior.

El artículo 11 contempla las necesidades de innovación educativa desde los Consejos Desconcentrados, de forma muy rica y muy variada. Una enumeración en lo absoluto taxativa,  pero que puede dar el aroma del tipo de las cuestiones que estamos hablando, es la universalización de la educación física, el verano educativo y los programas de enseñanza en segundas lenguas. En fin, se plantea una serie de proyectos e innovaciones -algunos de las cuales han sido elocuentemente señalados por los Directores de los respectivos Consejos- que estarían siendo fuertemente debilitados si no se atiende de alguna manera la solicitud presupuestal de la ANEP.

                Para finalizar, queremos insistir en que un uso inteligente del artículo ventana  nos da una herramienta para fortalecer el año 2011. Si los señores Senadores observan la evolución presupuestal, advertirán que también se incrementan los fondos que ya fueron aprobados para la ANEP en la Cámara de Representantes. Por mi parte, diría que si logramos una forma de fortalecer el año 2011, habremos dado un paso sustantivo en el sentido de asegurar la continuidad de una serie de proyectos educativos en obra, así como también un fuerte impacto de las políticas de innovación educativa. Dadas las reflexiones que han vertido los señores Senadores, estoy convencido de que están de acuerdo en que el Sistema Nacional de Educación necesita de esos recursos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos al CODICEN  y a todo el equipo de los Consejos los informes que nos han dado y las exposiciones de los distintos Consejeros, que tomaremos en cuenta como insumo para la discusión del articulado del Presupuesto.

SEÑOR SEONE.- En nombre de todos los compañeros que han participado, queremos agradecer por la atención de los señores Senadores, así como por la inteligencia y el compromiso de las preguntas que han formulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- A las 16 y 30 recibiríamos a la Universidad de la República.

                Se levanta la Sesión.

(Así se hace. Es la hora 16 y 2 minutos.)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.