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Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 15 minutos.)

-La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el honor de recibir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia para considerar el Presupuesto Nacional 2010-2015. La delegación está integrada por  el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, señor Ministro Chediak, los señores Ministros Daniel Gutiérrez, Leslie Van Rompaey, Jorge Ruibal y Jorge Larrieux, el señor Director General de los Servicios Administrativos, doctor Elbio Méndez Areco y la contadora Gisel Contreras. Cedemos el uso de la palabra al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, o a quien él decida, para realizar la presentación del Inciso16, que podrá ser interrumpida por la pregunta de algún señor Senador o señora Senadora.

SEÑOR CHEDIAK.-   Gracias, señora Presidenta.

                En primer lugar, quiero agradecer la invitación y señalar que realizaré una pequeña introducción y luego cederé el uso de la palabra al doctor Méndez Areco, Director General de los Servicios Administrativos, quien va a referirse al articulado de manera más específica.

                Para iniciar la presentación quiero señalar que el buen relacionamiento que esta Suprema Corte de Justicia tiene con el señor Ministro de Economía y Finanzas y su equipo, nos permitió acordar los requerimientos mínimos indispensables para el funcionamiento de este Poder del Estado. A ello agrego que los artículos del Mensaje presupuestal de más alta prioridad para la Suprema Corte de Justicia fueron recogidos en el Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.

                Por otra parte, en ocasión de la comparecencia ante la Cámara de Representantes señalamos que, sin perjuicio de que lo indispensable fue acompañado por el Poder Ejecutivo, quedaron algunas cosas pendientes. A ello debemos agregar que en el proyecto de ley, que  cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes,  fueron recogidas algunas de las propuestas que para nosotros eran importantes, como es el caso de la creación de un  Tribunal de Apelaciones en lo Penal -que será el de 4º Turno,  si así lo deciden los señores Senadores- la creación, por primera vez, del cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente,  que ocupará el lugar del titular en caso de ausencias prolongadas y, sobre todo, será el encargado de estudiar los sumarios y  realizar las investigaciones, lo que consume mucho tiempo, y también -lo que no es poca cosa- está la transformación de seis cargos de Defensores Públicos Adjuntos en Defensores Públicos de la Capital. Quiere decir que la honorable Cámara de Representantes avanzó en cuanto a los pedidos de la Suprema Corte de Justicia.

                En una suerte de Rendición de Cuentas, queremos explicar los lineamientos  de nuestro Presupuesto y, en ese sentido, vamos a mostrar los números porque, en definitiva, son lo que determinan nuestro planteo.

                En la primera gráfica observamos que, de la cantidad de asuntos iniciados -que es el trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia en su conjunto- el 59% corresponde al interior de la República y solamente el 41% a la capital del país. Traigo estos porcentajes a colación porque son el motivo de que la solicitud de cargos en la Justicia Letrada se refiera al interior de la República y no a la capital. En definitiva, para Montevideo estamos pidiendo cuatro cargos de Justicia Letrada, dos de Familia Especializado y dos para Proceso Laboral de Instancia Única, y solicitamos quince cargos de Juez Letrado para el interior, que en última instancia ni siquiera son uno por departamento, pero que sí van a permitir reforzar la mayoría de ellos.

                La segunda gráfica es bastante ilustrativa y nos interesaba que estuviera en conocimiento de los señores Senadores de la República, porque se ha hecho alguna observación en el sentido de que el en Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia ha eliminado algunos Juzgados de Paz, dentro de esa potestad genérica que tiene de efectuar transformaciones de Juzgados de una categoría en otra y de una materia en otra. En definitiva, ha transformado Juzgados de Paz en Juzgados Letrados. El último ejemplo fue en ocasión de aprobarse la Ley del Nuevo Proceso Laboral. Como era indispensable tener Juzgados Laborales para el Proceso de Instancia Única en la capital de la República, se transformaron cinco Juzgados: dos Juzgados de Falta, uno de Paz Departamental de Montevideo y dos Juzgados de Paz Seccionales del interior, en tres Juzgados Letrados de Trabajo de Instancia Única de Montevideo.

                Ello está determinado -y se puede constatar en esta gráfica- por la evolución que ha tenido, del año 2000 al 2009, el requerimiento ciudadano respecto de la Justicia. Precisamente, en la Justicia Letrada pasamos de un requerimiento del 53,7% a uno del 75%. Quiere decir que el trabajo en la Justicia Letrada ha aumentado enormemente.

De la misma manera pero en forma contraria, en la Judicatura de Paz Departamental se pasó de un 32,3% en el año 2000 a un 18% en el 2009, lo que justifica la transformación de Juzgados de Paz departamentales en Juzgados Letrados. En los Juzgados de Paz Seccionales se pasó de un 10,6% en el año 2000 a un 2,8% en 2009. Por ello, también se han transformado Juzgados de Paz Seccionales -más de uno- en Juzgados de Paz de categoría superior, siguiendo las necesidades funcionales. Esto demuestra que la Suprema Corte de Justicia ha tratado de acompañar el requerimiento ciudadano, transformando aquellos Juzgados que tienen menos trabajo y menor importancia para la ciudadanía en aquellos que sí son indispensables para brindar nuestros servicios.

En la siguiente gráfica vemos que existe una paridad de Jueces entre el interior y Montevideo: tenemos 101 Jueces de categoría Letrado en Montevideo y 102 en el interior. También se evidencia la justificación del refuerzo en la Justicia Letrada del interior, en tanto el promedio -somos conscientes de que los promedios, precisamente, son promedios, que en los departamentos la situación no es igual y que no es lo mismo la materia laboral que la de violencia doméstica, penal o civil, pero sí sabemos que sirven de indicadores- de asuntos iniciados por Juzgado Letrado en Montevideo es mucho menor -583- que el de asuntos iniciados en cada Juzgado del interior, que es de 984 casos.  Esto también avala la decisión de la Suprema Corte de Justicia de solicitar la mayor creación de cargos para el interior de la República  y de que, en el quinquenio que viene, las inversiones edilicias -con los fondos presupuestales que ya tenemos y cuyo monto ya han avalado tanto el Poder Ejecutivo como la Cámara de Representantes-  se focalicen sobre todo en el interior. Es notorio que ya hemos atendido razonablemente Montevideo. Está cerca de inaugurarse el Centro de Justicia de Familia en la Calle Rondeau, a todo confort, con dieciséis Juzgados de Familia. Está menos cerca, pero también próximo a ser inaugurada, la Morgue Judicial, que fue adquirida y está ubicada en un edificio moderno que estaba dedicado a servicios fúnebres. Asimismo, está en construcción el Centro de Justicia Penal en la calle Juan Carlos Gómez, donde irían 12 Juzgados Letrados especialmente diseñados para Juzgados Penales, en los que por primera vez hay entrada independiente por calles distintas para los ciudadanos que van a buscar justicia y para los que se sospecha que han cometido delitos. Incluso, la circulación interna permite que no se crucen víctimas y victimarios, lo que se ajusta al estándar internacional. Además, estamos en trámite de adquisición, al Banco de Previsión Social, del edificio situado en San José 1132, donde hoy funcionan los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. Si a todo esto le agregamos la inauguración del Palacio de Tribunales en el viejo edificio de la ONDA, se puede decir que  hemos hecho inversiones edilicias importantes en Montevideo.

                Culminado ello, en el quinquenio que está empezando pensamos hacer fuertes inversiones en el interior de la República, siendo la más importante el Centro de Justicia en la ciudad de Maldonado. Pensamos que, al menos, podremos llevar a cabo la mitad de su construcción  dentro de este período de Gobierno, dado que todos sabemos la importancia que tiene este departamento y que ya no hay lugar físico para comprar o arrendar lugares donde ubicar los nuevos Juzgados Letrados, que son necesarios. Sería un emprendimiento muy importante, de al menos cuatro plantas, en un terreno que ya el Poder Judicial tiene desde hace años, pero en el que no ha podido acometer la construcción del Centro de Familia.

Por otra parte, se requiere reformar enormemente el Centro de Justicia de Rivera y se van a  hacer importantes inversiones edilicias en los departamentos de Soriano y Río Negro, sobre todo en el primero.

En lo personal, hemos tenido alguna divergencia con uno de los seis gremios que integran el Poder Judicial, con respecto a quiénes habían sido más beneficiados y quienes no tanto en ocasión de la reestructura aprobada en el Presupuesto anterior, en 2005, y llevada a ejecución entre 2006 y 2009. Nosotros dijimos públicamente que habían sido privilegiados los escalafones administrativos y, como tratamos de ser serios -tanto en la Suprema Corte de Justicia como en lo personal, en todos los aspectos de nuestra vida- queríamos avalar esa aseveración mostrando los números. Los señores Senadores recordarán que en el período anterior se aprobó un importante aumento para el Rubro 0 del Poder Judicial que, en definitiva, rondó el 40%: 33% más el 7% por la llamada  cláusula gatillo, vinculada a la recaudación del Estado. En realidad, terminó siendo un poco más del 39%, por razones que solamente los contadores entenderán. Ese monto fue distribuido proporcionalmente en la escala salarial en el Escalafón I, que son los Magistrados. En general, el incremento porcentual de los Magistrados de todos los escalafones fue igual y terminó siendo -sumando la reestructura, el IPC en el período pasado y la recuperación que estaba prevista en el período de Gobierno anterior al del doctor Tabaré Vázquez- del 89%, salvo para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, que fue del 83%. Los demás escalafones entraron dentro del concepto de reestructura. Queremos señalar que previamente a la realización de la reestructura el Escalafón V representaba el 34,37% de la masa salarial total del Poder Judicial y el Escalafón VI de Auxiliar, el 4,35%. Es decir que estos dos escalafones, netamente administrativos y que son representados por el mismo gremio, no llegaban a sumar el 40% de la masa salarial total del Poder Judicial. Y luego de la reestructura vemos que el escalafón V Administrativo pasó a tener un peso o, por lo menos, llevó de la masa de reestructura el 57,51% de los fondos de reestructura y el Administrativo, el 5,27%. Entonces, la masa salarial de esos dos escalafones pasó de menos del 40% a más del 60% del monto total del Rubro 0, por lo cual, los números avalan que los privilegiados fueron los escalafones V y VI, que son, reitero, los de los funcionarios administrativos. Por su parte, el que no fue privilegiado, dejando de lado el escalafón I de Magistrados, fue el escalafón II de Técnicos y Actuarios, sobre todo, el escalafón VII de la Defensa Pública que tuvo el menor aumento proporcional dentro del Poder Judicial.

                Para saber de qué estamos hablando en cuanto a los incrementos porcentuales por reestructura que se ven en esta escala, podemos decir que quien mayor incremento por reestructura recibió en todo el Poder Judicial fue el cargo de Alguacil, que tuvo un 65,26% de aumento por reestructura. Esto, sumado a los aumentos que señalábamos de IPC y recuperación, terminó en un aumento del entorno del 167%. Luego, en la misma escala jerárquica de los funcionarios, el Jefe de Sección tuvo un 43,70% y sumando todos los rubros en el quinquenio, creo que estaba cerca del 128% de aumento. Y es verdad que quienes menor aumento recibieron dentro de los escalafones administrativos fueron los grados  inferiores de la escala. Quiero señalar que eso no fue decisión de la Suprema Corte de Justicia, sino que fue un fuerte planteo de la reestructura que los propios funcionarios impusieron -o por lo menos hicieron presión en ese sentido- para que se aprobara. En su momento, los funcionarios hicieron hincapié en que había que tener una verdadera carrera administrativa y, por lo tanto, había que estimular el trabajo para poder ascender, y para ello era necesario separar en lo que tiene que ver con los salarios los distintos grados de la escala, dando, como se planteó en su momento, mucho mayor aumento en los grados superiores de la escala administrativa. Como alguna participación también tuvimos en el fenómeno de la reestructura, hay que decir que lo que hizo la Suprema Corte de Justicia con el planteo de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial en lo que atañe a la reestructura,  fue mejorar la retribución de los grados inferiores, para lo cual eliminó la mayoría de unos cargos que se creaban de Jefe de Oficina y que estaban por encima del Jefe de Sección e inmediatamente por debajo del cargo de Alguacil. Creo que se dejaron alrededor de 30 cargos de un total de más de 150 cargos. Ese dinero, que representaba una suma enorme por mes, se utilizó para reforzar los dos últimos grados, tanto del escalafón V como del VI, lo cual permitió que el aumento final a los funcionarios que ganaban menos fuera muy inferior a lo que se tenía pensado o planeado por parte de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial. De todas maneras, quiero señalar que todos los funcionarios administrativos, por ejemplo, recibieron más aumento que los Magistrados; no hubo ningún Magistrado que recibiera más de un 90% de aumento, sumados todos los rubros, y no hubo funcionarios que recibieran menos de 100,3% de aumento.

SEÑOR MICHELINI.- Me gustaría plantear una pregunta con respecto a un tema que, tal vez por haber llegado unos minutos tarde, ya fue abordado; se refiere a una inquietud planteada por parte de los Defensores de Oficio y los Procuradores. No sé si la situación es así, simplemente transmito esta inquietud para que quede constancia en la versión taquigráfica. Esos funcionarios manifiestan que no solo no recibieron los porcentajes planteados aquí por parte de varios integrantes del Poder Judicial, sino que, además, sostienen que esos porcentajes estuvieron registrados por debajo de la media otorgada a la Administración Central. Desconozco si la situación es realmente así y si hay alguna forma de enmendarla.

                Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR CHEDIAK.- Agradezco al señor Senador Michelini la pregunta realizada, para así poder aclarar este tema.

                Es cierto lo que usted señala, señor Senador. Nosotros comenzamos explicando que, si no hubiera existido reestructura, el aumento otorgado de acuerdo con el Presupuesto de 2005 -sin tener en cuenta el IPC- para todos los integrantes del Poder Judicial, hubiera sido de algo más del 39%.

La posibilidad que existió de que los funcionarios administrativos recibieran una duplicación de su salario -y en algunos casos más de esa cantidad- se debió a que funcionarios de otros escalafones habían sido postergados. Tal como señalamos, el escalafón más postergado es el VII, Defensa Pública, puesto que en su momento la Suprema Corte de Justicia entendió que era adecuado su no privilegio, dado que tenían sueldos adecuados y, por lo tanto, era más importante reforzar otros salarios que estaban más sumergidos.

En este Presupuesto hemos señalado dos aspectos: que no queremos volver a transitar el privilegio de los escalafones administrativos en detrimento de los escalafones técnicos, con la salvedad de un pequeño refuerzo que hemos solicitado y que fue acompañado por el Poder Ejecutivo y por la honorable Cámara de Representantes para otorgar un pequeño aumento porcentual en los tres grados inferiores  de los escalafones V y VI.

Además, queríamos contemplar la postergación señalada por el señor Senador con respecto a la Defensa Pública. Para ello, en uno de los artículos del Presupuesto se establece la posibilidad de llegar -esto estaba en el Mensaje alternativo del Poder Ejecutivo- mediante el otorgamiento de la asiduidad, a un incremento total de 6% en el Período. Es decir, se acordó incorporar el rubro asiduidad al escalafón de Defensa Pública, que hasta ahora no lo tiene. Como el porcentaje de asiduidad es del orden del 10%, ello determinaría que, si así lo decide la Cámara, al porcentaje final de aumento para los funcionarios del Poder Judicial, por concepto de asiduidad, se adicionaría un 10% para la Defensa Pública. Por ejemplo, si el aumento final fuera del 6%, para la Defensa Pública sería del 16%, por incorporar el rubro asiduidad que hoy no perciben. También se incorporaría el escalafón R, que es el Informático.

No sé si su pregunta quedó respondida, señor Senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Así es, doctor. Puede continuar a fin de terminar su presentación.

SEÑOR CHEDIAK.- Para no consumir más tiempo a los señores Senadores, estaría culminando la presentación general. Tal como señaló la señora Presidenta, le solicitaría al doctor Elbio Méndez Areco, Director General de los Servicios Administrativos, que continuara con el articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si me permite, consulto a los señores Senadores Gallinal y Martínez si desean hacer uso de la palabra en el tratamiento de las consideraciones generales.

SEÑOR GALLINAL.- Antes que nada, queremos dar la bienvenida a los señores Ministros y representantes de la Suprema Corte de Justicia, así como también a los integrantes del Poder Judicial.

Cada vez que el Poder Judicial, en cada instancia presupuestal, solicita la creación de nuevas sedes y juzgados, lo hace respondiendo a una realidad que lo presiona y, en ese sentido, consideramos que ello merece una reflexión. Como todos sabemos que esto es así, en cada Presupuesto hemos intentado hacer un esfuerzo para contemplar los pedidos del Poder Judicial. En lo personal, creo que el problema que se plantea en cada Presupuesto es la falta de correspondencia entre los planteamientos de dicho Poder, para la creación de nuevas sedes judiciales y del Poder Ejecutivo, en lo que tiene que ver con los funcionarios de su dependencia. En función de esto, muchas veces ocurre que se aumenta considerablemente la labor, por ejemplo, de los Fiscales, porque no dan abasto para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades. Entonces, si bien se registra un aumento a nivel de la logística e infraestructura dentro del Poder Judicial, como así también del número de sedes, no se produce esa contrapartida que, a mi juicio, es fundamental para el normal desarrollo de los servicios de justicia en toda su dimensión. Cabe preguntarse, entonces, si esto responde a una falta de diálogo, que necesariamente debería existir, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para contemplar esas aspiraciones. Lo lógico sería que se atendieran las acuciantes necesidades del Poder Judicial como corresponde y que, simultáneamente, existiera una iniciativa del Poder Ejecutivo para contemplar esa otra parte que, en la medida en que no es tenida en cuenta, muchas veces lo que aquí se impulsa, o se aprueba, no termina de cumplirse o no es suficiente para lograr la eficiencia en el cumplimiento razonable de sus objetivos.

Por lo tanto, como en este caso se pretende crear nuevas sedes judiciales, muchas de ellas en el interior del país, queríamos preguntar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia qué panorama advierten en el futuro con respecto a esta importante problemática.

A continuación, voy a aludir al tema de las retribuciones. De acuerdo con la información de que disponemos, aparentemente y por el manejo de diferentes criterios, no se produjo un acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto al incremento en las retribuciones de los integrantes del Poder Judicial. Mientras la Suprema Corte de Justicia, en principio, solicitaba -pido al señor Presidente del Organismo que me corrija, si estoy equivocado- un aumento general para todos los integrantes del Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo, concretamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se consideraba pertinente diferenciar los aumentos, privilegiando a unos con relación a otros. Aclaro que esto sería así en razón de fundamentos que podrían ser de recibo, pero esta no es la ocasión para discutir el tema. Ahora bien, como consecuencia de esa diferencia, advertimos que los recursos asignados al Poder Judicial en la votación de la Cámara de Representantes no serían suficientes para contemplar las aspiraciones de la Suprema Corte de Justicia y, aparentemente, estaríamos un poco lejos de los objetivos establecidos. A propósito de ello, cabe señalar que hemos recibido planteamientos y reclamaciones de distintos sectores vinculados al Poder Judicial, a efectos de bregar por corregir esa situación. El señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia hablaba de un proyecto alternativo o Mensaje Complementario pero, hasta donde sabemos, no hay posibilidades de que se concrete. En consecuencia, ¿cómo actuamos ahora? Estamos limitados por los recursos; quisiéramos contemplar las aspiraciones del Poder Judicial, que ha iniciado un camino de recuperación -recién lo puso de manifiesto el señor Presidente- que hace justicia, porque la enorme importancia que tiene el Poder Judicial en el Uruguay, lo garantista que ha sido y su independencia a lo largo de los años, nos ha generado una imagen y una tranquilidad dentro del territorio nacional que siempre es bueno reconocer, cuidar, proteger y custodiar. Realmente nos sentimos orgullosos del Poder Judicial que tenemos. Pero todos sabemos que para que ese Poder Judicial siga avanzando se hace necesario, entre otras cosas, mejorar las retribuciones y más aún -y aquí viene la tercera pregunta- cuando estamos cerca del momento en que el Poder Legislativo está en condiciones de ingresar al análisis definitivo y de posterior aprobación de dos reformas fundamentales para la vida del Poder Judicial, como la reforma del Código Penal y, especialmente, la del Código de Procedimiento Penal.

                La reforma del Código de Procedimiento Penal va a significar que se le otorgue al Poder Judicial -creo que es un criterio compartido con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia- un conjunto de recursos adicionales que van más allá de los que se establecen aquí en el Presupuesto, para que efectivamente el Código pueda cumplir su función, pero muy especialmente para que no nos pase lo que lamentablemente ya nos pasó: tuvimos suspendida la vigencia de un Código de Procedimiento Penal aprobado y después debimos recurrir a su derogación, porque era de imposible cumplimiento, no por su contenido, sino por su aplicación.

                Si efectivamente es verdad lo que planteamos con respecto a que los recursos que se han obtenido en la Cámara de Representantes no son suficientes para contemplar las legítimas aspiraciones de la Suprema Corte de Justicia -y ni siquiera buena parte de ellas- y, además, vamos a necesitar más recursos para la implementación y puesta en práctica, muy especialmente, del Código de Procedimiento Penal, entonces, ¿qué panorama tenemos por delante, según la visión de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos tiempos? Me pregunto si podremos esperar a la Rendición de Cuentas o si será necesario ir avanzando en esta materia, en un relacionamiento en el que quizás debamos tener una mayor participación, por lo menos para aumentar los canales de comunicación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial. Desde el momento en que aprobamos distintas normas del Presupuesto, nuestra responsabilidad es muy grande, y también lo es al aprobar un nuevo Código de Procedimiento Penal.

                Es de conocimiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia que cuando discutimos este tema en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado o cuando nos estamos preparando para recibir de las Comisiones especiales los anteproyectos correspondientes, nos preguntamos                      -especialmente en el caso del Código de Procedimiento Penal- qué vamos a hacer cuando los tengamos en nuestras manos. ¿Vale la pena ingresar al estudio del fondo del asunto cuando no sabemos si se lograron los acuerdos correspondientes para aprobar un nuevo Código de Procedimiento Penal? Después habrá terreno fértil y recursos suficientes para ponerlos en práctica.

                Estas son, por el momento, las manifestaciones que deseaba realizar. En función de la respuesta que recibamos de la Suprema Corte de Justicia estarán las alternativas que se nos plantean sobre qué destino dar al artículo 635. En algunos casos se nos ha pedido su desglose o separación, de manera de darle una especial importancia, por una parte, al incremento de la partida de incompatibilidad absoluta y, por otra, al régimen de asiduidad. Allí se contemplaría la primera pregunta planteada por el señor Senador Michelini con respecto a la suerte que correrían la Defensoría Pública y, en particular, los Defensores de Oficio quienes, además, diría que en cada Presupuesto son, de nuestros “clientes” los que nos visitan con mayor asiduidad, porque no siempre han salido bien parados de estas instancias.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Ya encontré en el artículo 635 lo relativo, justamente, al 10% de asiduidad, no obstante lo cual más adelante posiblemente formule alguna pregunta.

SEÑOR PASQUET.- En lo personal, puedo decir que también recibí la visita de los Defensores Públicos y de los procuradores y hago mías las palabras de los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Creo que la preocupación que todos tenemos ha quedado absolutamente justificada por la exposición del señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que puso cifras a algo que, digamos, era un relato muy enérgico de estos integrantes del Poder Judicial, pero que carecía de la precisión que, justamente, ha sido aportada en la tarde de hoy. Ahora sabemos que en la reestructura que se procesó entre los años 2006 y 2009, a la Defensoría Pública se le otorgó un 0,13% de ella. El señor Presidente se refería a esta situación con un giro del lenguaje muy elegante, diciendo que ese no había sido uno de los sectores privilegiados por la reestructura; digamos que ha sido francamente excluido de sus beneficios y pensamos que esto queda señalado como una tarea a emprender. Me refiero, de alguna manera, a aproximar a los Defensores Públicos a los niveles que tienen los demás integrantes del Poder Judicial.

                El artículo 1º del proyecto de presupuesto elaborado por la Suprema Corte de Justicia proponía para todos los funcionarios del Poder Judicial un aumento del 23,5%, y agradecería que se me explicara cómo se llega a este porcentaje, para tenerlo debidamente en cuenta.

                Ahora quisiera abordar otro aspecto de carácter general, tal como se lo manifesté al equipo económico cuando efectuó la presentación inicial del proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Se trata de tener en cuenta la necesaria conexión entre distintos Incisos del Presupuesto, y nos parecía que el equipo económico tenía que ser el que tuviera esa visión global o debía ser el interlocutor natural para identificar los posibles problemas de articulación entre ellos, ya que, en definitiva, es el que elabora el Presupuesto.

                Esto tiene que ver con que advertimos que, respondiendo a una demanda clara y enérgica de la sociedad, el Poder Ejecutivo ha priorizado la cuestión de la seguridad pública y ha destinado un importante refuerzo de recursos para atender todos los temas derivados de esta problemática. Esto se traduce en que el Inciso del Ministerio del Interior tendrá un incremento presupuestal del 42% con relación al período anterior. Ello -reitero- es una forma de responder a un clamor de la sociedad que escuchamos todos los días.

                Ese reforzamiento de los recursos del Ministerio del Interior -que se va a traducir, sobre todo, en más presencia y acción policial, y que se prevé que se traduzca también en más establecimientos carcelarios, más posibilidades de atender a los reclusos, etcétera- en algún momento tendrá que pasar por el sistema de la Justicia Penal. Sin embargo, nosotros no vemos en el presupuesto que elaboró la Suprema Corte de Justicia, ni tampoco en el que aprobó la Cámara de Representantes, un reforzamiento de la Justicia Penal.

                Sabemos también -y lo hemos conversado informalmente con algunos señores Jueces- que esto no ocurre por casualidad, sino que se tuvo presente que en algún momento de este período habrá una reforma del Código del Proceso Penal y se aguarda para entonces adoptar las providencias que se estimen necesarias. Pero nuestra preocupación es que, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir mañana o pasado -es muy difícil poner fecha a este tipo de cosas- con el Código del Proceso Penal, lo que se espera que ocurra a partir de la entrada en vigencia de este Presupuesto es que exista una mayor presencia y más acción de la Policía y, en definitiva, más personas sometidas a la Justicia Penal. Sin embargo, aquí no vemos más Juzgados Penales ni más Jueces Penales ni más Defensores Públicos en materia penal, y nos preocupa la forma en que esta situación pueda crear un desbalance, una incongruencia, entre la acción de una parte del aparato del Estado y el sistema penal que va a recibir a esa gente.

                En definitiva, queremos saber si la Suprema Corte de Justicia ha tomado en cuenta todo esto y si ha entendido que con lo que tiene es suficiente para responder a las demandas que van a empezar a llegar a partir del 1º de enero, o cuáles son sus consideraciones a este respecto.

                En esta parte general he terminado, señora Presidenta.

SEÑOR RUBIO.- Ante todo, me gustaría realizar una puntualización, porque nobleza obliga. En un seminario manifesté que la información sobre compromisos de gestión que se había acordado en el anterior Presupuesto no había llegado al Parlamento; sin embargo, sí había llegado. En realidad, en determinado momento durante el año 2006, un par de señores Senadores planteamos esa inquietud, pero cuando llegó la información creo que no la advertí o quizás ya estaba en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Debo confesar que no sé lo que sucedió, pero de todas formas agradezco y disculpe.

                Por otro lado, me parece que el problema que menciona el señor Senador Pasquet tiene una historia. En el Presupuesto anterior se hizo un esfuerzo extraordinario y, por lo que recuerdo en muchísimo tiempo, diría que fue el incremento más importante para el Poder Judicial, pero no hubo un aumento de igual significación para el Ministerio del Interior. En este momento, esa situación se invierte. De cualquier manera, si bien estamos dispuestos a analizar situaciones puntuales para ver si se pueden mejorar, dadas las cifras que tengo en mi poder -a menos que estén equivocadas- y tomando en cuenta la Rendición de Cuentas de 2009, el Poder Judicial pasa de US$ 124:000.000 a US$ 153:000.000 en el crédito del final del período. El incremento más significativo que se produce tiene que ver con la parte relativa a costo de recursos humanos, que pasa de US$ 102:000.000 a US$ 127:000.000. Esto no es suficiente -como sucede en todos los casos- y somos muy conscientes de que se necesitan muchos más recursos, pero es un problema de orden más general y existe la decisión de otorgar algún incremento superior en algunos casos como, por ejemplo, en el Ministerio del Interior. Puede suceder que se den algunos problemas, que existan ruidos -por decirlo de alguna manera- o algunas asimetrías, pero también es cierto que contamos con las Rendiciones de Cuentas y la posibilidad de realizar los ajustes necesarios. Sin perjuicio de ello, si ahora se diera alguna cuestión puntual, como la que se ha planteado en la Cámara de Representantes, aunque algo mejoró dentro del sistema judicial    -en el caso de los Defensores de Oficio- estaría bien.

                Muchas gracias.

SEÑOR CHEDIAK.- En principio, quisiera agradecer la caballerosidad del señor Senador Rubio y debo decir que me han acotado que, por cierto, en aquel momento él ya se encontraba prestando funciones en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por lo que no podía conocer los datos mencionados. Reitero que agradezco la aclaración, que lo valora en su justa medida.

                Las preguntas son muchas y voy a intentar responderlas todas; por supuesto, si olvido algún punto, los señores Senadores me lo harán notar.

                También me gustaría aclarar que llamo mensaje alterno -sé que no lo es- al Mensaje del Poder Ejecutivo para el Inciso 16, y al nuestro lo llamo simplemente mensaje; es nada más que un tema semántico.

Nosotros llegamos al 23,5% y es curioso que se señale que la Suprema Corte de Justicia no tiene voluntad de diálogo. Debo aclarar que yo estaba del otro lado de la baranda -en ese momento integraba la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay- y puedo dar fe de que en el año 2005 la Suprema Corte de Justicia inauguró un ámbito de negociación colectiva, al que en la jerga informal le llamábamos Intergremial; no sé cuál es su nombre verdadero. Ese ámbito estaba conformado por los cinco gremios que existían en ese momento, o sea,  el de Magistrados, el de Actuarios, el de  funcionarios, el de Defensa Pública y el de  Peritos; ahora se ha sumado el de informáticos, por lo que tenemos seis. Señalo esto para que tengan una idea de la complejidad de la situación. En su momento, en esa Intergremial negociamos con la Dirección General las pautas del Presupuesto correspondiente al año 2005 y, de igual manera, con cinco gremios, porque es muy reciente la creación del sexto. También hubo una instancia en aras de llegar a este Presupuesto y el 23,5% surgió de esa negociación interna de la Suprema  Corte de Justicia con los gremios. No quiero afirmarlo, porque mi memoria no es muy confiable, pero creo que el planteo concreto del 23,5% nació de una reunión de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios Judiciales conmigo. De manera que se trató de contemplar los intereses de los cinco gremios que existían en ese momento y la idea que plantean  las autoridades de la Suprema Corte de Justicia en relación con los niveles salariales en el Poder Judicial; de allí nació el 23,5% que presentamos.

Luego, en las conversaciones con el señor Ministro de Economía y Finanzas y el equipo económico, se vio que esa propuesta no sería apoyada. Se indicó, además, que los aumentos debían ligarse a una suerte de compromiso de gestión y la Suprema Corte de Justicia estuvo de acuerdo con ese planteo. Por eso se llegó a la solución de ligar a la asiduidad el incremento de retribuciones para todos los escalafones, excepto para el escalafón I, mientras que para los Magistrados se resolvió reforzar la partida de incompatibilidad absoluta, debido a que no hay forma de pagar asiduidad a funcionarios que tienen dedicación absoluta, los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día.

Esa es, entonces, la diferencia que tenemos. Vamos a llegar, en el análisis del articulado concreto, a otra problemática, que es la siguiente. Como las partidas otorgadas por el equipo económico o, por lo menos, las que figuran en el Mensaje del Poder Ejecutivo son fijas, no permiten llegar al techo del 6% establecido, sino que el techo final estaría en el entorno del 3,9% en el quinquenio. Pero ese es otro tema.

Agradezco particularmente, tanto al señor Senador Gallinal como al señor Senador Pasquet, la pregunta con relación a la seguridad pública. Por supuesto, el señor Senador Pasquet nos hace el honor de darnos el pie, porque él sabe perfectamente, al igual que nosotros, cuál es la realidad en este sentido, dado que tuvimos el honor de integrar durante tres años la Comisión Redactora del nuevo Código del Proceso Penal. Nosotros pensamos que estamos en condiciones de sobrellevar el período con los cargos que tenemos hasta que el Parlamento Nacional decida -o no, pero somos optimistas- la aprobación del Código del Proceso Penal nuevo, acusatorio, oral y público. En este caso el costeo, además, ya está hecho y fue conversado, en ocasión de su realización, tanto con el señor Ministro de Educación y Cultura, como con el señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. En su momento, ambos debimos efectuar nuestros respectivos costeos: en el caso nuestro, el correspondiente a los cargos de Juez Letrado en Materia Penal y Defensor Público en Materia Penal, y en el caso del Ministerio de Educación y Cultura y de Fiscalía de Corte, el correspondiente a los cargos de Fiscales, Fiscales Adjuntos y personal técnico y a veces administrativo que les permita asumir las funciones que hoy cumplen los Jueces en lo Penal, que son, en definitiva, la supervisión de la instrucción policial y las primeras diligencias en ese sentido. Dado que nuestros servicios así nos lo aconsejaron, al igual que el equipo económico, más allá de que los costeos están prontos -tanto los nuestros como los del Ministerio de Educación y Cultura y son bastante parecidos- en nuestro caso, como consecuencia de la implantación gradual, en un quinquenio, del nuevo Código de Proceso Penal planteamos virtualmente la duplicación de los Jueces con competencia penal en todo el país. Es así que solicitamos poco más de cincuenta cargos de Jueces Letrados en lo Penal y de Ejecución Penal -en un país que cuenta con sesenta y dos Jueces con competencia penal significaría casi una duplicación- y un número análogo de integrantes de la Defensa Pública en materia penal, es decir, un cargo de Defensor Público en materia penal por cada cargo adicional de Juez Letrado en lo penal. Además, desde la Comisión habíamos realizado una sugerencia atendiendo a la experiencia extranjera. El señor Senador Pasquet sabe muy bien que en ese caso no inventamos nada, sino que copiamos experiencias de los hermanos países de Perú, Chile y Panamá, los que han hecho una implantación gradual de estas mismas reformas, dejando la capital para el final. Esto se plantea así no solo a los efectos de facilitar las cargas presupuestales, sino porque es imposible -sobre todo para la Suprema Corte de Justicia, pero seguramente también para el Ministerio de Educación y Cultura y la Fiscalía de Corte- formar a los operadores judiciales en número suficiente de un momento para otro. Salvo que se bajen los estándares de selección de personal judicial que actualmente maneja la Suprema Corte de Justicia, no existe la posibilidad de designar, de un momento para otro, cincuenta Jueces en materia penal. Eso también debe ser hecho en forma gradual a lo largo de los años, de tal forma de que año tras año se vaya realizando la implantación en los departamentos del interior. Ello no solo permitirá adecuaciones edilicias y morigerar los costos presupuestales, sino también ir formando a los operadores judiciales -en nuestro caso, Jueces y Defensores y, en el de la Fiscalía, Fiscales y Fiscales Adjuntos- para ir implementando el Código. Es así que el Ministerio de Educación y Cultura, la Fiscalía de Corte y nosotros no hemos solicitado cargos para la materia penal, supeditando ese pedido a la aprobación del Código del Proceso Penal. Sin perjuicio de ello, relevo que no hay solicitud de creación de cargos de Juez Letrado en Montevideo, pero los quince cargos de Juez Letrado en el interior son genéricos. Por lo tanto, si en algún departamento hubiera necesidad indispensable de crear un Juzgado Letrado del interior con competencia penal, la Suprema Corte de Justicia podrá utilizar alguno de esos quince para el refuerzo en el departamento de que se trate.

                No sé si me ha quedado alguna pregunta sin responder. De ser así, ruego a los señores Senadores que la reiteren.

SEÑOR GALLINAL.- La pregunta que había formulado tenía que ver con la correspondiente creación de cargos en el Poder Ejecutivo  para atender la necesidad de los Juzgados, situación que no está contemplada en este proyecto de ley de Presupuesto.

                Por otra parte, quisiera saber cómo se logra amortiguar el impacto o acortar la diferencia entre el presupuesto que pretende el Poder Judicial y los recursos aprobados en la Cámara de Representantes.

SEÑOR CHEDIAK.- Reitero que entendemos que el período -que esperamos sea corto- que transcurra hasta la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal y los cargos correspondientes para comenzar su instrumentación, lo podremos ir sobrellevando con la estructura actual penal del Poder Judicial, tanto con relación a los Jueces como a la Defensa Pública. Una vez que se implemente haremos estas importantes solicitudes de creaciones de cargos.

                Con respecto al otro punto, en cuanto a la aproximación de las cifras de lo que sería nuestro techo del 23,5% y lo que sería una suerte de piso incluido en el Mensaje del Poder Ejecutivo, debo decir que ello es resorte de esta honorable Cámara de Senadores y no de la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR MÉNDEZ.- Si la señora Presidenta y los señores Senadores están de acuerdo,  preferiría ir artículo por artículo para hacer comentarios en aquellos que no han sido recogidos en el Mensaje del Poder Ejecutivo o no han sido incluidos por la Cámara de Representantes.

                El artículo 1º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia corresponde  -lo digo en términos generales porque desde el punto de vista de lo sustantivo no se corresponde pero, por lo menos, sí con la temática- al 635 aprobado por la Cámara de Representantes. El señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia ya lo ha dicho  y los señores Senadores, de alguna forma, también lo han mencionado, de modo que voy a reiterar que allí el Poder Judicial solicita un incremento porcentual e igualitario para todos los funcionarios, haciendo énfasis en lo que señalaba al comienzo de la exposición el señor Presidente con respecto a la reestructura que la Suprema Corte de Justicia entiende que es correcta y adecuada, y en la que se han establecido porcentajes de diferencia entre los salarios de los distintos grados de cada escalafón, los cuales se entiende pertinente mantener. Por eso se solicita un incremento porcentual que no modifica y no desajusta una escala que se entiende correcta, más allá de que todo sea naturalmente perfectible. En cambio, el Poder Ejecutivo remite en su iniciativa la consagración de partidas fijas, que es uno de los aspectos que más complica, porque más allá de la diferencia porcentual final que pueda implicar sobre el incremento del Rubro 0 total del Poder Judicial, una partida fija significa que todas las creaciones de cargo y/o contratos que la Suprema Corte de Justicia debería disponer, por razones de servicio, incidirán negativamente en el monto que los funcionarios del Poder Judicial van a terminar percibiendo. Esto sucede porque no es un incremento porcentual del Rubro 0, en el que habrá más carga por la vía de la ocupación de vacantes y por los cargos que aspiramos el Parlamento llegue a consagrar. Ese 3,9 %  que se calcula es una fotografía del día de hoy y, seguramente, al final del quinquenio va a ser menor si mantenemos las partidas fijas. Sin perjuicio de abogar por la consagración del artículo 1º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, solicitamos que, al menos, se conceda un incremento porcentual del Rubro 0 que asegure llegar a ese techo que el Poder Ejecutivo establece en su iniciativa. Me refiero al 6% igualitario para todos los funcionarios, sin perjuicio de que, dada la filosofía del Poder Ejecutivo de asociarlo a la asiduidad, pueda llevarse esta propuesta a todos los escalafones, excepto el I y el Q, que tendrían la asignación por vía de la incompatibilidad absoluta. Además, sería importante incorporar a la propuesta de asiduidad los escalafones VII y R, que hoy no tienen ese beneficio. Como muy bien ya señaló el doctor Chediak, esto significaría recomponer un poco la situación salarial de los dos escalafones que se vieron rezagados -y no quiero utilizar calificativos- en la reestructura pasada, porque mientras los demás obtendrían un 6% al final del quinquenio por la vía de la asiduidad, estos alcanzarían un 16%. Parten de cero, por lo tanto, deberían llegar al 10% que tienen los demás funcionarios para culminar al final del quinquenio en un 16%.

SEÑOR AMORÍN.- La realidad es que el Mensaje de la Suprema Corte de Justicia nos parece bárbaro, pero el Presupuesto lo vamos a votar a partir de la guía de lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Insisto en que nos gustaría votar el presupuesto que trajo la Suprema Corte de Justicia y, desde ya, les digo que cuentan con nuestro apoyo; pero la realidad es que debemos seguir considerando este. Entonces, tenemos que seguir trabajando en este tema. Adelanto que hemos recibido a varias agremiaciones y, por tal razón, confieso que tenemos alguna confusión. Según el literal B) del artículo 635, parece claro que se quiere aumentar los sueldos de aquellos sectores que en los últimos cinco años habían quedado postergados. Concretamente, en dicho literal se incluyen los escalafones de Defensa Pública e Informática. Uno de los tantos sectores que comparecieron en la Comisión fueron los Procuradores de la Defensa Pública y me gustaría saber si también están incluidos.

SEÑOR MÉNDEZ.- Sí, señor Senador, al incluir el escalafón VII, Defensa Pública, también los abarca a ellos, porque pertenecen al mismo escalafón.

                En relación con el artículo 2º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, salvo opinión de los señores Senadores con respecto a alguna duda, habría que señalar que está recogido por el Mensaje del Poder Ejecutivo y la Cámara de Representantes lo aprueba con el número 616, por lo que correspondería analizar el siguiente artículo.

SEÑOR GALLINAL.- Vengo siguiendo atentamente los artículos de la Suprema Corte de Justicia, pero intento darme un baño de realidad. Quisiera  hacer una pregunta referida al artículo 635. Discúlpeme que lo lleve al terreno  de la realidad pero, de acuerdo con las partidas que allí se adicionan, me gustaría saber si realizaron los cálculos para determinar cuál sería el incremento real de la partida por incompatibilidad absoluta para el quinquenio.

SEÑOR MÉNDEZ.- Creo haberlo señalado, señor Senador, pero a veces damos por buenas, cosas que nosotros entendemos por haber estado trabajando sobre ellas y no somos claros al explicarlas a la Comisión.

Las partidas fijas que el Poder Ejecutivo en su Mensaje asigna al Poder Judicial significarían un 3,9%, si no tenemos en cuenta las creaciones y otros efectos que pudieran repercutir sobre el Rubro 0; se tiene en cuenta también la partida por incompatibilidad absoluta que refiere al escalafón I y, por tanto, le correspondería el mismo incremento, o sea el 3.9%. Esas partidas fijas no son acumulativas -y lo aclaro porque a veces se puede hacer una lectura equivocada- es decir que no es que tenemos $ 40:000.000 en  2011 y              $ 60:000.000 en 2012, sino que tenemos $ 20:000.000 más en  2012 porque la partida de $ 40:000.000 pasa a $ 60:000.000 y así seguimos hasta que al final del quinquenio recibimos $ 100:000.000. Estimamos que para que se llegue a ese techo del 6% para incompatibilidad absoluta y asiduidad para los demás escalafones, al menos deberían votarse $ 50:000.000 más de incremento en el Rubro 0, lo que aseguraría ese 6% para todos. Reitero que el 3.9%, cuando lo referimos con carácter general, es para incompatibilidad absoluta y para asiduidad.

SEÑORA MOREIRA.- Quisiera hacer una consulta sobre el artículo 619. La sustitución de dicho artículo por los  Procuradores de la Defensa Pública supone un incremento de  unos $ 700.000. En el proyecto original estamos hablando de una partida anual de $ 2:269.487  y los Procuradores de la Defensa Pública plantean un aumento en dicha partida, la cual alcanzaría la cifra de $ 2:961.000; quiere decir que habría un incremento de $700.000. Esta partida, además de alcanzar al escalafón profesional, alcanzaría a los cargos de Procurador, y Procurador Interior, escalafón VII, Defensa Pública, que no perciben la contribución al perfeccionamiento académico.

Pido la aclaración porque no termino de entender esta propuesta.

SEÑOR AMORÍN.- Con respecto a este artículo -avancemos en el artículo 619- la información que poseemos es que este incremento venía con destino a los cargos de Procurador y Procurador Interior. Así lo había propuesto y dispuesto la Suprema Corte de Justicia y surgió un hachazo o una poda -por decirlo de una manera respetuosa- por parte del Poder Ejecutivo, que dejó afuera a esos cargos. Quisiera conocer los fundamentos para este hecho; quizás hay que preguntar al Poder Ejecutivo, pero por las dudas se lo preguntamos a nuestros invitados.  

SEÑOR MÉNDEZ.- Agradezco a la señora Senadora Moreira su inquietud; ya íbamos a llegar al análisis de este artículo. En la medida en que pueda recorrer el orden del Mensaje del Poder Judicial y realizar los comentarios del caso, vamos a ir contestando todas las inquietudes que los señores Senadores tengan. De esa manera, me podrán interrumpir y podré contestar sus preguntas. El tema lo tenemos claro, pero creo que vamos a complicar a los señores Senadores si saltamos los artículos. Así que agradezco a la señora Senadora Moreira y, obviamente, por respeto a su pregunta le voy a contestar, aunque luego lleguemos al artículo correspondiente.

                En el Mensaje original de la Suprema Corte de Justicia se contempla a todos los funcionarios técnicos que hoy no perciben la contribución al perfeccionamiento académico; entre ellos, a los Procuradores. Luego, en la Cámara de Representantes esto fue cambiado, aunque desconocemos la razón. Quiero creer que fue una inadvertencia o algún error de interpretación, porque el monto no justificaría la exclusión de los Procuradores, ya que estamos hablando -como expresó la señora Senadora Moreira- de aproximadamente $ 700.000 anuales. O sea que eso es irrelevante en cuanto a los más de dos millones de pesos que significa la incorporación del resto de los funcionarios.

Por eso es que íbamos a hacer hincapié ante la Comisión del Senado para rever este tema y tomar la redacción original que incluye a los Procuradores, entre otros motivos, porque es de justicia, y serían los únicos que quedarían excluidos de esa compensación, que nos parece justo que la perciban. No sé si satisfago la interrogante de la señora Senadora, pero en todo caso, volveremos sobre el tema.

Habíamos mencionado el artículo 3º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, que es más de lo mismo. Hay un único Escalafón Q que quedaría por fuera en caso de consagrarse la contribución al perfeccionamiento académico para los demás escalafones del Poder Judicial. Dicho Escalafón tiene cuatro cargos de confianza y ellos no tienen el beneficio del perfeccionamiento académico. Por lo tanto, la finalidad de la Suprema Corte de Justicia al mandar en su Mensaje el artículo 3º, era equiparar la situación de los distintos escalafones. Esto significaría la incorporación de cuatro cargos con un costo anual de $ 92.000, lo que es similar a lo planteado con relación a los Procuradores.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Entonces, este artículo 3º no fue recogido por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR MÉNDEZ ARECO.- No fue recogido en el Mensaje del Poder Ejecutivo ni tampoco en la Cámara de Representantes.

                El artículo 4º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia tiene su paralelo con el artículo 617 aprobado por la Cámara de Representantes. No merecería más comentarios de nuestra parte, salvo señalar la importancia de todos estos artículos.

Como ha señalado el doctor Chediak, esto es lo mínimo de lo mínimo que permitiría el funcionamiento del Poder Judicial. Cualquier desequilibrio que se dé entre el acuerdo al que la Suprema Corte de Justicia llegó con el equipo económico, mediante el recorte que tuvo que hacer, y lo que consagra la Cámara de Representantes -que, reitero, es absolutamente lo mínimo- afectaría el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, modificar cualquiera de las disposiciones que ya han sido aprobadas por la Cámara de Representantes significaría generar un desequilibrio muy importante en el Poder Judicial.

Si no hacemos comentarios sobre los artículos que están aprobados, es porque existiendo un acuerdo con el Poder Ejecutivo -que en su Mensaje remite esta iniciativa- y luego media sanción por parte de la Cámara de Representantes -aunque aspiraríamos a mucho más- pretendemos que el Senado mantenga, al menos, lo que ya ha sido aprobado.

Es por ese motivo que, a pesar de ser un artículo muy importante, omito hacer comentarios, salvo que los señores Senadores así lo requieran.

El artículo 5º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia refiere a la permanencia a la orden de los equipos multidisciplinarios del interior. Esta disposición está incluida en el Mensaje del Poder Ejecutivo y también fue aprobada por la Cámara de Representantes con el número 618. Sé que no escapa al conocimiento de los señores Senadores la importancia que tiene este artículo, que se relaciona con una temática que nos preocupa a diario, como es la violencia doméstica. Estos equipos técnicos multidisciplinarios asesoran en forma directa a los Magistrados que tienen competencia en estos temas. Cabe señalar que en instancias presupuestales anteriores no hemos podido consagrar la cantidad necesaria de equipos, si bien se comenzó a trabajar y hay algunos que ya están instalados en el interior; esto quiere decir que venimos transitando por un camino de mejora constante: de no tener ningún equipo, pasamos a que hoy en día tenemos algunos, aunque no resulten suficientes. Además, naturalmente, deben acompasarse con la creación de nuevas sedes. El doctor Chediak se refirió a la creación de Juzgados Letrados para el interior, y como la temática de este Mensaje -por las razones que él explicó- no tiene que ver con la materia penal, estos Juzgados requieren la presencia de equipos técnicos multidisciplinarios, porque en el interior son los que, entre otras materias, tienen a su cargo todos los temas de familia y los de familia especializados en violencia doméstica.

Por lo tanto, este artículo también es de vital importancia y hasta ahora cuenta con media sanción.

El artículo 6º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, que no fue recogido en la iniciativa del Poder Ejecutivo, ni tampoco aprobado por la Cámara de Representantes, refiere a la necesidad de una mejora o de un incentivo para los psiquiatras que prestan funciones en el Instituto Técnico Forense. Como los señores Senadores sabrán, en los equipos técnicos multidisciplinarios hay Psiquiatras, además de Psicólogos y Asistentes Sociales, pero aquí estamos hablando de los Psiquiatras que cumplen tareas en el Instituto mencionado. La necesidad de la mejora implicaría que estos funcionarios pudieran prestar funciones en igual régimen, o sea, de permanencia a la orden, pero -reitero- esa voluntad no ha sido consagrada en el Mensaje del Poder Ejecutivo ni tampoco en la Cámara de Representantes.

El artículo 7º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia es el relativo al perfeccionamiento académico de los Procuradores, sobre lo que ya estuvimos informando, por lo cual creo que está suficientemente aclarado. En este momento tiene una consagración parcial en el artículo 619 aprobado por la Cámara de Representantes, de manera que aspiramos a que en esta instancia se incluya a estos profesionales.

En el artículo 8º de nuestro Mensaje, que corresponde al 620 aprobado por la Cámara de Representantes, hay una diferencia de redacción. La Suprema Corte de Justicia plantea la creación de quince cargos de Asistente Técnico para los Tribunales de Apelaciones -que actualmente son quince- con carácter de particular confianza. El motivo de que sean de particular confianza es elemental: esos Asistentes Técnicos deben ser de la confianza técnica de los Tribunales; si fueran cargos de carrera, una vez que la persona llega, por la vía del concurso, al cargo de Asistente Técnico, sería imposible removerlo, aun cuando no fuera de la confianza técnica del Tribunal de que se trate. Entonces, se introduce una modificación, y si bien se crean quince cargos, se lo hace dentro del escalafón II, “Profesional”, con una retribución equivalente -lo que está bien- al grado 12 de ingreso a dicho escalafón, que equivale a un Actuario Adjunto y a otros cargos técnicos. Además, en la Cámara de Representantes se desliza el siguiente error. Cuando se incorpora la creación de un Tribunal más y el Ministro suplente -aclaro que lo que importa no es lo relativo al Ministro, sino lo que refiere al Tribunal-  también se crea, como correspondía, la figura del Asistente Técnico; sin embargo, se toma la redacción del Poder Judicial y se lo hace en el Escalafón Q. De esa forma, tendríamos 15 Asistentes Técnicos en el Escalafón II y un Asistente Técnico en el Escalafón Q. Naturalmente, este es un error que hay que corregir. Más allá de que la voluntad de la Suprema Corte de Justicia es que todos correspondan al escalafón Q, si esta no fuera también la voluntad del Parlamento, igualmente habría que corregir la redacción dada en la Cámara de Representantes, relativa al Asistente número 16 que se estaría creando.

Por su parte, si se consagrara el otro Tribunal que la Suprema Corte de Justicia solicita  -cabe aclarar que en el Mensaje pedimos dos,  pero se creó solo el que tendría destino a la materia penal-  habría que crear el equipo y el  Asistente, que -sea cual fuere la decisión del Parlamento- siempre deben pertenecer al mismo escalafón. Se podrán crear en el Escalafón  II o en el Q, pero lo cierto es que no pueden estar en escalafones diferentes.

                El artículo 9 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia no fue incorporado en el del  Poder Ejecutivo y, pese a haber abogado por él, tampoco fue aprobado en la Cámara de Representantes. Por nuestra parte, creemos que  si bien este artículo tiene un costo, en los hechos ahorra mucho dinero al Estado. Lo que se pretende es que la Suprema Corte de Justicia tenga traductores que, por un sueldo, realicen las traducciones de inglés y, eventualmente, portugués, que son las que se realizan con mayor frecuencia. Actualmente, se paga a traductores en forma particular y, si bien esto corresponde a un rubro diferente al rubro cero, se trata de un gasto que, en definitiva, sale del mismo bolsillo. Es mucho el dinero que se paga por concepto de traducciones y, por eso, entendemos que teniendo un traductor como funcionario, bajaríamos los costos. Por supuesto que para las traducciones en otros idiomas se seguiría pagando a particulares, porque no vamos a pretender contratar un traductor para cada idioma.  En fin; tal como expresa el artículo, se trataría de un monto de $ 872.000, con destino a la contratación de dos cargos de traductor.

                El artículo 10 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia sí fue recogido por el Mensaje del Poder Ejecutivo y luego por el de la Cámara de Representantes, figurando como artículo 621. Esta norma tiene que ver con lo que señalaba el doctor Chediak  con respecto a la asignación de un incremento especial para los últimos grados de los Escalafones Administrativo y de Servicios. De esta manera, se pretende mejorar el salario de ingreso de los funcionarios judiciales y,  al final del quinquenio, quedaría  más o menos a la par -casi no habría diferencia- que el solicitado por COFE como salario de ingreso para la Administración Central. Entonces, no se trata de un detalle menor. La  escala salarial que señalaba el doctor Chediak se quiere mantener, entre otras razones, porque lo que hoy se pide para algunos sectores del Estado, el Poder Judicial lo tendría consagrado a través de esta norma, hacia el final de este quinquenio.

                El artículo 11 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia también fue recogido en el Mensaje del Poder Ejecutivo y luego aprobado por la Cámara de Representantes con el número 622. Se trata de un aumento de grado a los Inspectores y Actuarios de Juzgados de Paz  grado 12 que tienen, por ende, igual retribución que los Actuarios Adjuntos de los Juzgados Letrados. ¿Cuál es la diferencia? Que en los Juzgados Letrados hay un Actuario titular, que es el responsable administrativo de la oficina y también de las tareas de la oficina actuaria -que son propiamente técnicas- mientras que en el Juzgado de Paz esa tarea es realizada por un Actuario Adjunto grado 12. Entonces, se pretende que haya un grado intermedio entre el Actuario titular del Juzgado Letrado y el Actuario Adjunto, porque en definitiva se trata de un Actuario titular de Paz. Es por esa razón que se solicita el aumento de grado y, como dije, esta norma ya tiene media sanción.

SEÑOR AMORÍN.-  Quisiera formular una pregunta sobre un tema que creo que no forma parte del articulado. En concreto, el doctor hizo referencia a los Actuarios, quienes justamente nos han visitado en este ámbito. Ellos hablan de la diferencia de sueldo importante que existe entre los Actuarios que cumplen tareas full time y los que tienen un régimen …

SEÑORA TOPOLANSKY.- Un régimen part time.

SEÑOR AMORÍN.-  Un régimen de dedicación exclusiva, más que part time. La explicación que dan -que por supuesto me gustaría confirmar con nuestros invitados- es que los Actuarios de dedicación exclusiva ganan un 60% más que los otros, aunque las tareas y el horario son iguales. Por ello, plantean la posibilidad de ganar un poco más; concretamente, solicitan un 75% de lo que perciben los Actuarios de dedicación exclusiva. 

SEÑOR MÉNDEZ.-  Sí, señor Senador, he escuchado el mismo planteo. Creo que primero tenemos que aclarar el punto relativo al régimen de dedicación total. Hay una definición legal, que involucra no solo al Poder Judicial, sino a todos los funcionarios públicos, que implica que aquellas personas que se encuentran en régimen de dedicación total o exclusiva -como se quiera definir, más allá de que hay una terminología legal- perciben un 60% sobre su sueldo base. No es que los Actuarios full time del Poder Judicial ganen un 60% más, sino que todos los funcionarios full time del Estado, por definición legal, tienen como compensación, por cumplir tareas en régimen de dedicación exclusiva, un 60%. Entonces, si bien, tal como señala el señor Senador, estos funcionarios en general realizan las mismas funciones técnicas -luego voy a aclarar por qué digo “en general”- debido a que son Actuarios -y, eventualmente, cumplen la misma tarea, salvo si son Actuarios Titulares o Adjuntos, donde también puede haber algún matiz, aunque más de responsabilidad que de función técnica- la diferencia fundamental con relación a ese 60% que se paga corresponde a la consagración exclusiva e imposibilidad de realizar cualquier actividad remunerada, salvo la docencia en las condiciones que la ley establece. Entonces, si comparamos el sueldo base de un Actuario part time -que ciertamente debe ser bajo, dado que esos funcionarios han venido a solicitar poder ganar un poco más- y a eso le calculamos un 60% por no poder hacer absolutamente nada -si el salario no alcanza, como digo, lavar vidrios por un precio no se puede- la compensación del 60% no solo sería justa, sino que hasta podría ser escasa. Precisamente porque se trata de la consagración absoluta y exclusiva de un funcionario -con formación profesional, universitaria- a la tarea que realiza, él no puede hacer otra cosa más que cumplir su función. 

¿Por qué utilicé la expresión “en general”?  Porque los casos no son tan idénticos. Según la ley, un funcionario full time tiene un régimen mínimo de cuarenta horas semanales; si no hay tarea adicional que realizar, cumple las cuarenta horas, al igual que los demás Actuarios part time, y se retira. Si hay tareas adicionales, se puede exigir a los full time que permanezcan lo necesario -naturalmente, respetando los descansos debidos- para cumplir con su tarea. Pero al funcionario part time no se le puede pedir o exigir que permanezca un minuto más de su horario, salvo que se le abonen horas extra en compensación. Quiere decir que hay diferencias. Cuando la demanda de la tarea lo requiere, el funcionario full time se debe quedar y el part time se retira. A su vez, existe diferencia en lo que hace a la consagración exclusiva a la función que realiza y a la dedicación exclusiva de una formación profesional a cambio de ese salario. Así pues, entendemos que la diferencia es justa porque, en definitiva, compensa, a pesar de que, por nuestra parte, creemos que no lo hace del todo bien.

SEÑOR AMORÍN.-  Quisiera saber si este planteo fue realizado por los funcionarios Actuarios ante la Suprema Corte de Justicia y, además, por qué el doctor Méndez dice que no compensa bien.

SEÑOR MÉNDEZ.-  Hemos dicho que no compensa del todo bien en la medida en que, a nuestro juicio -y en esto estamos todos de acuerdo- los salarios básicos no son suficientes, sobre todo teniendo en cuenta que ese funcionario no puede desempeñar otra actividad remunerada. Así pues, consideramos que no es adecuado el resultado final que se obtiene al aplicar ese 60%. El comentario significa eso y ninguna otra cosa.

SEÑOR AMORÍN.- Otra pregunta: ¿es optativo ser un funcionario de dedicación exclusiva?

SEÑOR MÉNDEZ.-  En el caso de los Actuarios, sí, pero no en el resto de los funcionarios del Poder Judicial. 

El artículo 12 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia también fue recogido en el proyecto del Poder Ejecutivo  y luego aprobado por la Cámara de Representantes con el número 623. Refiere a algo muy importante, ya que se trata de una partida adicional que permitirá contratar a médicos forenses suplentes en el interior de la República.

Naturalmente, como cualquier otro funcionario, los médicos forenses que trabajan en el interior del país deben tener su descanso semanal y ser suplidos en sus ausencias cuando toman licencia, por los motivos que fueren. Entonces, esta partida permite pagar a un funcionario médico forense en aquellas oportunidades puntuales en que presta servicios como tal, es decir, en los fines de semana y cuando los titulares toman licencia.

                El artículo 13, por su parte, no fue recogido en el Mensaje del Poder Ejecutivo y tampoco tuvo consagración a nivel de la Cámara de Representantes. Más allá de que el costo que involucra es muy menor               -estamos hablando de $ 310.000 anuales- creemos que lo que en él se establece es de estricta justicia.

En el Poder Judicial, el escalafón que tiene que ver con los temas informáticos es el R. Aquí se trata de funcionarios operadores PC que pertenecen al escalafón especializado y no al R -que es el VI- pero prestan servicios en la División Tecnología Informática, particularmente, en la Mesa de Ayuda, o sea que son los que reciben el primer reclamo sobre dificultades en el funcionamiento de los equipos o del sistema de todas las oficinas judiciales. Con relación al resto de los técnicos del escalafón R, cumplen una labor de inferior jerarquía; por eso, la Suprema Corte de Justicia plantea incorporarlos en el mencionado Escalafón R, en un grado de Técnico III, que es inferior al resto de los cargos del mismo escalafón. Entonces, el costo -muy menor- es para el pasaje del grado que tienen ellos en su escalafón, al Escalafón R como Técnico III. Reiteramos que, para nosotros, es realmente de justicia que estos funcionarios, que están prestando una labor técnica en la División Tecnología Informática, revistan en el mismo escalafón que los demás técnicos.

                El artículo 14 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia fue remitido por el Poder Ejecutivo en su Mensaje y tiene consagración en el número 624 del texto aprobado por la Cámara de Representantes. Se relaciona con las horas docentes que se asignan al Centro de Estudios Judiciales del Uruguay y, en ese sentido, corresponde hacer una aclaración. Se trata de la posibilidad de retribuir con horas docentes a aquellos funcionarios técnicos que dan clases en el CEJU, siendo funcionarios judiciales. Al resto de los que imparten clases en el Centro se les puede pagar como a cualquier otro profesional, es decir, mediante la emisión de la factura, pagándose por Gastos. Pero, naturalmente, los trabajadores del Poder Judicial no pueden facturar al organismo del que son funcionarios; entonces, la forma de retribuirlos es contar con esta partida de horas docentes.

                El artículo 15 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia también fue recogido en el del Poder Ejecutivo y tiene su consagración en la Cámara de Representantes con el número 625. Concretamente, se trata de una partida que permite incrementar el número de funcionarios en régimen de permanencia a la orden, cuando los servicios lo requieren. Este régimen tiene características similares al de full time, con la diferencia de que los funcionarios pueden tener otras actividades remuneradas; a la vez, permite que hagan un horario más extendido sin el pago de horas extras.

                El artículo 16 de este Mensaje constituye una vieja aspiración que la Suprema Corte de Justicia ha venido planteando desde instancias presupuestales anteriores. Concretamente, procura que la tasa judicial que se percibe mediante un timbre adherido a los escritos que se presentan ante los distintos Tribunales vuelva a significar el 6% del salario de los funcionarios.

 

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Larrañaga.)

 

-Actualmente, como la recaudación se mantiene fija y, obviamente, los salarios crecen, esa tasa no llega ni a un 2%. Lo que se pretende es que no haya una pérdida salarial por ese concepto. Esto no fue recogido ni por el Poder Ejecutivo ni por la Cámara de Representantes.

                El artículo 17 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia tampoco fue recogido por el Poder Ejecutivo ni por la Cámara de Representantes. Este refiere a la posibilidad de otorgar una compensación por alimentación en horarios extendidos. Si bien tenemos la posibilidad de solicitar a un funcionario -si su régimen laboral se lo permite- horarios extendidos, ya sea por la vía de pagar horas extra o porque tiene un régimen de permanencia a la orden o de full time, también pensamos en la alternativa de compensar los gastos de alimentación en los que incurre fuera de su hogar al realizar horarios extendidos. Como dije, esto no fue recogido ni por el Poder Ejecutivo ni por la Cámara de Representantes.

                El artículo 18 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia refiere a un tema recurrente todos los años, que es la posibilidad de distribuir economías del rubro 0. Estas economías se producen fundamentalmente por dos aspectos importantes, y  uno es la existencia de cargos vacantes, ya que nunca, en ningún organismo, está la totalidad de los cargos, por distintas razones, y mientras se encuentran vacantes generan economías, al igual que los regímenes de full time no utilizados. Hoy se preguntaba si estos regímenes eran opcionales, y al respecto podemos decir que para los funcionarios para los que es opcional, en caso de que no se opte, ese dinero no se ejecuta, porque en definitiva estaría asignado a los funcionarios que no están optando por el régimen. Con  respecto a esas economías y a algún otro concepto que también pueda generar otras, habitualmente la propia Asociación de Funcionarios, año a año, solicita que sean distribuidas. Frente a ello, la Suprema Corte de Justicia está solicitando tener un aval legal para que se realice esa distribución en forma regular y sin necesidad de que cada año haya que estar resolviendo si hay economías para repartir y si se reparten o no. Solo se trata de esto y, obviamente, no implica costo, más allá de la distribución de las economías.

SEÑOR CHEDIAK.- Este artículo es una reiterada aspiración de los funcionarios judiciales. Todos los años esta Asociación aspira a que se otorgue una especie de premio de fin de año, repartiendo entre todos los funcionarios, salvo los Magistrados, lo que queda del rubro 0. Para dar una idea de lo que puede significar, en el año que corre habría alrededor de $ 10:000.000 por concepto de economías, aunque esta cifra es estimada porque hasta dentro de un mes, aproximadamente, no vamos a tener la cifra final. Esto significaría un reparto, si así se aprueba, de alrededor de $ 2.000 por funcionario. Pero más allá de otra consideración, la realidad es que la Asociación de Funcionarios hace este planteo y presiona por esta distribución todos los años. Como señala el doctor Méndez Areco, esto no tiene un costo porque los rubros ya han sido adjudicados y, en general, nunca ha habido economías cuantiosas y siempre se trata de cifras muy menores.

Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia abogaría porque, por lo menos, se aprobara esta norma legal habilitante de la distribución de economías.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Hay algún lugar de la Administración donde se haga eso?

SEÑORA TOPOLANSKY.- En este Presupuesto se otorga una autorización especial de ese tipo al Ministerio de Defensa Nacional. En caso de no repartirse las economías ese dinero vuelve a Rentas Generales, o sea, a la bolsa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En este caso es claro que lo que se pretende es que no vuelva a la bolsa, porque ya estaba allí. Me parece que el planteo es totalmente racional.  

SEÑOR MÉNDEZ.- El siguiente artículo, que es el 19 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, prevé la creación de un número determinado de cargos. Finalmente, el Poder Ejecutivo solamente remite en su Mensaje la creación, diferida en el tiempo, de quince cargos de Juez Letrado para el interior de la República, los que están diferidos en los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Luego, la Cámara de Representantes incorpora la creación de uno de los Tribunales de Apelaciones, y es a este punto al que me refería anteriormente cuando decía que la Suprema Corte de Justicia solicita dos Tribunales y un Ministro del Tribunal suplente. También incorpora la creación de tres cargos de Ministros del Tribunal y, por lo tanto, un Tribunal más, y el Ministro suplente del Tribunal.

                Por lo tanto, la diferencia que estamos teniendo entre el Mensaje de la Suprema Corte de Justicia y el de la Cámara de Representantes es, especialmente, con los otros tres cargos de Ministro de Tribunal, lo que permitiría la constitución de un segundo Tribunal de Apelaciones en Montevideo.

SEÑOR CHEDIAK.- A modo de aclaración, debo decir que la honorable Cámara de Representantes acogió nuestra solicitud relativa a la creación de un Tribunal de Apelaciones en lo Penal, que sería el cuarto, y por eso sería de 4º Turno.

Es por esa razón que, en forma análoga, quería explicar a los señores Senadores que el segundo Tribunal de Apelaciones tenía como destino en la solicitud de la Suprema Corte de Justicia, pese a que no estaba explicitado, la materia laboral; sería también -si la Cámara lo aprobara- el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º Turno.

Es notorio el incremento que ha tenido el desempeño de la materia laboral y que también volvió a aumentar con la nueva ley de proceso laboral. Por esa razón, todo aquello que lleve a que los procesos laborales en 1ra. y 2da. Instancia tengan menor duración posible, es acompañado por la Suprema Corte de Justicia. Es por ello que volveríamos a hacer hincapié en esta Cámara en el sentido de señalar lo beneficioso que resultaría para la ciudadanía contar con un Tribunal de Apelaciones de Trabajo adicional.

Muchas gracias.

SEÑOR PASQUET.- Aprovechando que el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia hacía referencia a la materia laboral, desearía preguntarle cuántos expedientes tiene la Suprema Corte de Justicia en la actualidad para sentencias en los asuntos de inconstitucionalidad del nuevo proceso laboral.

SEÑOR ABREU.- Deseo plantear exactamente la misma pregunta, señor Presidente. Es decir, cuántos expedientes tiene y cuántos pronunciamientos ha realizado la Suprema Corte de Justicia respecto de declarar inconstitucional, por sentencia individual, como corresponde, en los requerimientos ante ella.

                Muchas gracias.

SEÑOR CHEDIAK.- Señor Presidente: debo señalar que no brindaremos datos al día de hoy. La realidad es que, por día, están entrando decenas de expedientes con excepciones de inconstitucionalidad respecto a la Ley del Proceso Laboral.

                El número aproximado de sentencias que ya ha dictado la Suprema Corte de Justicia, evidentemente la gran mayoría por decisión anticipada, supera los 1.100. El número ingresado, incluyendo esos 1.100, supera los 3.000. Ha habido más de 3.000 excepciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia, y al menos 1.100 que ya han sido resueltas, firmadas y devueltas a los Juzgados de origen.

SEÑOR MÉNDEZ .- El siguiente artículo de la Suprema Corte de Justicia, que es el 20, cuenta con iniciativa del Poder Ejecutivo y la Cámara de Representantes lo consagra en el artículo 627.     

Solicito a los señores Senadores que pongan atención en lo que voy a señalar a continuación, que es una reiteración de lo ya manifestado. En la segunda línea del cuadro que figura en el artículo 627 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, se contempla la creación del cargo de Asistente Técnico dentro del escalafón Q. Esa sería la corrección que habría que introducir. Insisto en el hecho de que el Parlamento será el que, en definitiva, termine laudando la diferencia entre ambos Mensajes, es decir, el del Poder Ejecutivo y el de la Suprema Corte de Justicia, porque este último solicita que el cargo sea incluido en el escalafón Q, y el primero lo ubica en el escalafón II “Profesional”.

                Además, este artículo que estamos considerando -es decir, el artículo 627 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes- consagra el equipo que acompañará la creación de los cargos de Juez Letrado del Interior.

Por otra parte, como los señores Senadores podrán advertir, los Mensajes del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Representantes, no recogen otra serie de cargos que sí son solicitados por la Suprema Corte de Justicia, por razones de servicio.

El artículo 21 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia -que se corresponde con el artículo 628 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes- refiere a la creación de dos nuevos Juzgados Letrados de Primera Instancia en materia de Familia, especializados en Violencia Doméstica, en la ciudad de Montevideo. Creo que todos somos conscientes de la importancia de la creación de estos Juzgados para atender en debida forma la materia de violencia doméstica.

El artículo 22 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, que corresponde al artículo 629 del proyecto de ley aprobado por  la Cámara de Representantes, consagra -como bien lo señaló el señor Presidente Chediak- la creación de dos nuevos Juzgados Letrados de Instancia Única en materia de Trabajo, en la ciudad de Montevideo, justamente, para permitir -tal fue la intención del Legislador al modificar el procedimiento- que las causas que están topeadas en la cifra que la ley prevé, realmente se puedan sustanciar en los plazos que están estipulados. Por lo tanto, si no tenemos el número adecuado de Jueces, se podría dificultar cumplir con la ley.

SEÑOR CHEDIAK.- Quiero resaltar el espíritu de seriedad con el que la Suprema Corte de Justicia suele abordar estos temas.

                Cuando se estaba por aprobar la nueva Ley de Abreviación de los Procesos Laborales, se estimó que se necesitaban cinco Juzgados Letrados de Instancia Única especializados en Montevideo. Ahora bien, como no se creó ninguno, y sí entró en vigencia la ley, la Suprema Corte de Justicia utilizó ese bendito artículo que le permite transformar cargos. Así fue que la Suprema Corte de Justicia se vio obligada, porque -permítaseme la expresión- estaba contra las cuerdas, a transformar desesperadamente en Juzgados Letrados de Instancia Única en materia de Trabajo a dos Juzgados de Faltas, un Juzgado de Paz Departamental de Montevideo y dos Juzgados Seccionales del Interior que, en otras circunstancias, hubiera utilizado para transformar o crear Juzgados Letrados en el Interior. En función de esto, nos quedamos sin resto para efectuar otro tipo de transformaciones.

Sin embargo, como los señores Senadores podrán advertir, aquí no venimos a solicitar los cinco Juzgados que hubieran correspondido; dimos por bueno que perdimos tres -porque los creamos por transformación- y exclusivamente pedimos los dos restantes y, por suerte, tanto el Poder Ejecutivo como la honorable Cámara de Representantes hicieron lugar a nuestra petición. Téngase presente que no pedimos los cinco cargos; hicimos el esfuerzo y transformamos, por lo que simplemente estamos pidiendo los dos cargos indispensables que faltan. Ese es el espíritu con el que la Suprema Corte de Justicia realiza sus planteos. Quiero reiterar esto porque es bueno no olvidar estas cosas. El Poder Judicial no plantea solicitudes en forma excesiva para negociar ni para obtener lo que quiere, sino que pide lo que realmente necesita. Entonces, cuando se le hace un recorte, se le está quitando algo que realmente hubiera sido necesario.

SEÑOR GUTIÉRREZ.- Quiero hacer una acotación a lo manifestado por el doctor Chediak.

                Información  obtenida la semana pasada nos indica que a los Juzgados Laborales de Instancia Única de la capital están ingresando diez asuntos por día y que la posibilidad de fijar  audiencias para tratarlos es de solamente dos por día. Es decir que hay un déficit de ocho asuntos diarios por el que se va a ir postergando ineludiblemente el señalamiento de audiencias y la dilucidación de los procesos. Por eso estos dos Juzgados que pide la Suprema Corte de Justicia para la materia del trabajo en instancia única serían, de acuerdo con las necesidades del servicio, indispensables.

                Muchas gracias.

SEÑOR MÉNDEZ ARECO.- El artículo siguiente a considerar del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia es el número 23, que está íntimamente relacionado con el 24 y que tienen su correlativo paralelo en los artículos  630 y 631 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, con una diferencia que procedo a señalar.

                En el artículo 23 -versus 630 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes-  no hay diferencia. Aquí se  hace referencia a la creación de un cargo de Director de Departamento. Esto tiene que ver con  una experiencia que todos hemos reconocido como muy buena y exitosa en cuanto al acercamiento a los ciudadanos. Hace unos instantes, el doctor Chediak señalaba que la demanda aumenta en las sedes letradas y no en las de paz; esto es así  en base no solo a un dato estadístico, sino que todos tenemos -los que somos viejos funcionarios judiciales- el concepto de que aquel Juzgado de Paz descentralizado en la zona ayudaba a resolver muchos problemas de vecindad y acercaba la Justicia a la gente. Hoy, pese a ese concepto que a todos nos queda arraigado, los Juzgados de Paz decrecen en su demanda y aumentan notoriamente los Juzgados Letrados.

                La experiencia de la mediación ha sido una solución que creemos muy importante, descentralizadora, de acercamiento y de posibles soluciones que desde el punto de vista legal se puede recorrer. La intención de la Suprema Corte de Justicia es extender la experiencia de la mediación al interior de la República, crear centros de mediación en todo el país. La redacción del artículo 23 resulta natural y poco ambiciosa porque, para un servicio de carácter nacional, con centros dispersos en toda la República, apenas se solicita la creación de un cargo de Director de Departamento del Escalafón IV Especializado, grado 14. O sea que no es un cargo de las más altas jerarquías ni tampoco es un cargo de ingreso, pero quien lo ocupe  va a tener responsabilidades muy importantes.

                La intención de la Suprema Corte de Justicia está plasmada en la redacción del artículo 24 -correspondiente al artículo 631 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes- en cuanto solicita la creación de 46 cargos de Mediador para establecer Centros de Mediación en toda la República. Lo que se aprobó consagra la creación de 20 cargos que permitirían la instalación de diez Centros. Nuestra aspiración, naturalmente, es que se puedan crear todos los cargos de Mediador solicitados por la Suprema Corte de Justicia para llevar la experiencia de la mediación al interior del país por la vía de la creación de los Centros respectivos.

SEÑOR ABREU.- Estamos de acuerdo con la creación de los Centros de Mediación; creo que son muy importantes. También es cierto que va a existir una carga laboral en los Escalafones IV y en los grados respectivos.

                Quisiera saber qué tipo de especialización se solicita para ser Mediador o si simplemente es un cargo sin mayor requisito profesional.

SEÑOR MÉNDEZ ARECO.- Hoy en día existe la formación en mediación y cursos en esta materia, y como los cargos se proveen por concurso, la Suprema Corte de Justicia requiere que los postulantes tengan la idoneidad probada de haber cursado, justamente, las instancias necesarias para ser mediador. Eso no quita -la primera experiencia en este sentido tuvo lugar en el propio Poder Judicial- que se trate de funcionarios que detentan -u ostentan; aquí tenemos el problema de estos conceptos- otros cargos dentro de su estructura y, sin embargo, colaboran en la tarea de mediación. Estamos hablando de los pioneros en materia de mediación del Poder Judicial, que hoy no están prestando servicios directamente en los Centros sino en la Defensoría de Familia, justamente, porque no son Mediadores con formación curricular, aunque en la práctica sean muy buenos. Pero hoy lo que se exige, como dije, es la formación especial y el concurso para ser designado.

SEÑOR CHEDIAK.- Señor Presidente: quiero recalcar que este es otro de los puntos en el que a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia nos gustaría hacer un especial hincapié.

                Los veinte cargos son para diez Centros de Mediación -se requieren dos Mediadores por Centro- y, entonces, si se mantuviera este número ya aprobado tanto por el Poder Ejecutivo como por la Honorable Cámara de Representantes, podríamos atender diez departamentos y no todos. Aspiramos a que, además de en cada capital departamental, también haya Centros de Mediación en Las Piedras, en Ciudad de la Costa y en Pando. Y como consideramos al Centro de Las Piedras primordial, es muy probable que con estos diez solamente podamos atender nueve capitales departamentales, lo que significa que seguramente en una Rendición de Cuentas o en el próximo Presupuesto haya que abordar este tema. De esta manera, prácticamente la mitad de los departamentos quedarían postergados y no se podría extender la experiencia, por lo que exhortaría a los señores  Senadores a hacer el esfuerzo de elevar este número de Mediadores a los efectos de, al menos, poder tener un Centro de Mediación -con dos Mediadores cada uno- en cada capital departamental.

SEÑOR MÉNDEZ ARECO.- El artículo 25 de la Suprema Corte de Justicia       -que tiene su paralelo en el artículo 632 aprobado por la Cámara de Representantes- recoge la creación de cargos técnicos multidisciplinarios para el interior de la  República, consagrando lo que señalaba anteriormente en cuanto a tener un equipo de estas características con competencia en estos temas en cada sede letrada. Esta disposición viene con media sanción de la  Cámara de Representantes y vale aclarar que se aspira, simplemente, a que el  Senado también lo apruebe.

 

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Dalmás.)

 

SEÑORA MOREIRA.- Quiero plantear una inquietud con respecto al artículo 632, concretamente, en lo que hace a los equipos multidisciplinarios para atender asuntos en materia de familia, incluida la especialización en violencia doméstica y niñez.

                No es competencia del Poder Judicial, pero tengo entendido que los Fiscales están pidiendo un incremento de rubros para contar con un número mayor de cargos y atender situaciones de violencia doméstica y niñez. ¿Esto es correcto? Me contestan que no; gracias.

SEÑOR MÉNDEZ ARECO.- La pretensión del  artículo 27 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia es la presupuestación de los funcionarios contratados en las condiciones que el propio organismo estableció allí, pero esto no fue recogido en el Mensaje del Poder Ejecutivo y tampoco en la Cámara de Representantes. Naturalmente, la Suprema Corte de Justicia entiende justo que se proceda a la presupuestación de los funcionarios que están en esas condiciones y, por tanto, queda en manos del Senado la posibilidad de que se incorpore a la norma presupuestal.

                El artículo 28 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia prevé tan solo la creación de un único cargo de Actuario, en el grado 15 -que corresponde al Actuario titular- y un cargo de asesor, en el grado 12 -es decir, de Actuario Adjunto- en régimen de dedicación total y con destino a un área muy sensible de la Suprema Corte de Justicia, como es la Sección Libertades. Naturalmente, como se desprende de su propia mención, tiene que ver estrictamente con una materia que a todos nos preocupa mucho, como es la penal y la situación de quienes están sometidos a esa Justicia.

                Esta solicitud, que es de apenas dos cargos, no fue recogida en el Mensaje del Poder Ejecutivo y tampoco fue consagrada a nivel parlamentario en la Cámara de Representantes, pero se trata de una herramienta para el correcto funcionamiento de la mencionada área de la Suprema Corte de Justicia, que consideramos invalorable.

                El artículo 29 corresponde al artículo 633 aprobado por la Cámara de Representantes y  parcialmente con el que remite la Suprema Corte de Justicia, porque solo recoge la creación de los Defensores Públicos para el interior de la República y no el resto de los cargos. La solicitud de la Suprema Corte de Justicia responde a un notorio incremento de la demanda de los servicios de la asistencia pública; no está vinculada -como ya señalaba el doctor Chediak- a la futura sanción de la modificación del Código del Proceso Penal, sino que atiende exclusivamente a la demanda que existe actualmente en relación al Servicio de Defensoría Pública.

                Reitero que se ha consagrado parcialmente la aspiración de la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, por tratarse de un área compleja donde cada vez se demanda más el Servicio de Defensoría Pública, sería importante que se consagrara la totalidad de los cargos que se requieren.

SEÑOR CHEDIAK.- Quisiera reiterar -aunque por supuesto es llover sobre mojado- que ante la disyuntiva de efectuar el análisis de lo que llamamos  “prioridad doble A”, a los efectos de cumplir con las pautas de negociación con el Poder Ejecutivo, hemos privilegiado la defensa pública del interior por las mismas razones por las que empezamos a aburrir a los señores Senadores hace un rato con nuestra exposición inicial. Eso no quita que no sean casi indispensables al menos cinco de los diez cargos de Defensor Público de la capital que habíamos solicitado. Lo cierto es que estamos teniendo déficit en la Defensa Pública en materia laboral y también penal.

                Por lo tanto, también queremos exhortar a la Honorable Cámara de Senadores para ver si es posible que al menos se pueda avanzar un poco en la creación de cargos de Defensoría Pública de la capital, tal como habíamos solicitado. Reitero que, sin duda, puestos en la alternativa, preferimos la Defensa Pública del interior, pero no se crea ningún cargo de estos diez que se han solicitado, ya sea en el Mensaje del Poder Ejecutivo como en la Cámara de Representantes, y este también es un tema muy importante para la Suprema Corte de Justicia.

                Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑOR MÉNDEZ ARECO.- Los artículos siguientes del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia no fueron incluidos en el Mensaje del Poder Ejecutivo ni en la Cámara de Representantes.

                El artículo 30 de la Suprema Corte de Justicia pretende la creación de cargos que tienen que ver con distintos requerimientos del servicio. El doctor Chediak señalaba que la disposición que permite a la Suprema Corte de Justicia la transformación de cargos, hace posible atender demandas urgentes. Por ejemplo, podemos mencionar la transformación de algunos cargos de Juez de sedes que se han suprimido por razones de demanda y frente a necesidades de la Justicia Letrada en otros lugares. También podría citar el ejemplo de la sede de Atlántida, de reciente creación, donde el cargo de Juez surge por transformación; lo cierto es que también se requieren cargos de Actuarios, de funcionarios administrativos, un equipo técnico multidisciplinario, el Médico Forense, etcétera. Actualmente, el Juzgado de Atlántida está siendo atendido por el Médico Forense de la Costa o el de Pando, según sea la  disponibilidad de ambas ciudades y la demanda de los Jueces. Entonces, cuando en este artículo, por ejemplo, se prevé la creación de cargos de Médico Forense, se lo hace teniendo en cuenta las sedes que, por transformación, se han ido creando. Lo mismo pasa con la defensa pública. Obviamente, el Juzgado de Atlántida requiere de defensores, por lo que hubo que tomar funcionarios -y, por ende,  los cargos correspondientes- de las Defensorías de Ciudad de la Costa y de Las Piedras, que son los que hoy están prestando funciones allí. Esto va en detrimento de servicios que ya estaban funcionando ajustadamente, porque no existe ninguno que trabaje en forma holgada. Esa era la razón de la creación de estos cargos, prevista en el artículo 30. De todas maneras, esta propuesta no se incluyó en el Mensaje del Poder Ejecutivo ni fue recogida en la Cámara de Representantes.

El artículo 31 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con una problemática que reiteradamente se pone de manifiesto. Me refiero a la situación de salud de los funcionarios en general y a las distintas afecciones, en especial el estrés y enfermedades similares, que la propia prestación del servicio genera. Allí se aspiraba a la consagración de un Departamento de Salud Laboral que pudiera atender de cerca estas situaciones, hacer un seguimiento y buscar el perfil más adecuado para funcionarios que hoy por hoy están con licencia o están asignados a alguna oficina en la que, más que colaborar, distorsionan, porque su patología no les permite integrarse adecuadamente al equipo de trabajo. Este Departamento podría hacer un seguimiento que muchas veces las familias de los funcionarios no están en condiciones de hacer y, por ende, no hacen. Los médicos suelen decirnos que muchos de estos funcionarios, debidamente compensados pueden trabajar, pero el problema es que esto solo es posible en la medida en que haya quien los ayude a mantenerse compensados, esto es, a tomar la medicación y cumplir con la prescripción médica que para su patología requieren. Este Departamento colaboraría en esta tarea y ayudaría a ubicar los perfiles. Al respecto hay una propuesta de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la financiación para la creación de ese Departamento. En definitiva, la finalidad es atender un problema que realmente es serio; creo que esto es así en el ámbito de toda la Administración Pública y, al menos, en lo que conocemos, que es  el Poder Judicial, no es menor.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quisiera saber cuánto es el producido de ese timbre que financiaría este servicio.

SEÑOR MÉNDEZ.- Más o menos viene recaudando unos $ 24:000.000 anuales. Además, hay un dinero que está depositado, porque la ley que crea la Tasa del Registro de Testamentos y Legalizaciones le asigna un destino específico, que es la cobertura de la cuota mutual de los funcionarios judiciales. Por lo tanto, cuando se ingresa al FONASA, es obvio que esos recursos ya no pueden tener ese destino. En consecuencia, el Poder Judicial no puede disponer de ese dinero, que se ha venido acumulando desde que se desafectó de la cobertura de la cuota mutual y que hoy llega a $ 59:912.000.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiere decir que allí hay una bolsa de plata -como se dice aquí, en la Comisión- sin destino.

SEÑOR MÉNDEZ.- Son fondos propios del Poder Judicial, porque están definidos así, pero no se pueden disponer para otro destino que el que está previsto legalmente. Por eso estamos pidiendo que se varíe el destino. Además, no es casualidad que se pida para este fin, porque la Suprema Corte de Justicia fue cuidadosa en cuanto a que la intención del Legislador, al crear la tasa, era dar a lo recaudado un destino que tenía una finalidad social, que era contribuir a la cobertura de la cuota mutual de los funcionarios. De manera que la Suprema Corte de Justicia entiende que, si ese era el destino, debería cumplirse con esa finalidad y seguir dándose un beneficio de carácter social a los funcionarios del Poder Judicial.

El artículo 32 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia responde a la necesidad de crear un archivo central digital. Todos sabemos los inconvenientes de almacenamiento de papel que existen. Tal como señalaba el doctor Chediak, en aras de comprender las dificultades del país para asignar recursos -porque son escasos- esto no fue acordado con el Poder Ejecutivo y tampoco fue recogido en la Cámara de Representantes. Asimismo, salvo mejor opinión del doctor Chediak y de los demás Ministros integrantes de la Corporación, no hacemos énfasis en este artículo. Si bien se trata de algo importante, tiene su repercusión en materia de costos. Aunque parezca mentira, alquilamos locales para guardar papel, lo cual también genera costos. Reconocemos que la creación de esta unidad tiene un costo adicional en esta instancia presupuestal, aunque disminuye aquellos. Por lo tanto, insisto, salvo que los señores Ministros me corrijan, no tenemos mayor inconveniente -a los efectos de hacer nosotros también una contribución y no pedir absolutamente todo- en que esto se postergue para otra instancia, dado que ello no complicará el funcionamiento del Poder Judicial.

                El artículo siguiente del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia es el 33. Advierto que voy considerando las disposiciones en función del articulado que tienen los señores Senadores. De cualquier modo, pido la anuencia para, luego, referirme al artículo 635.

                El artículo 636 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes recoge, en definitiva, la transformación de los cargos de Defensores Públicos Adjuntos en Defensores Públicos de la Capital. Vale aclarar que se trata solamente de seis cargos que cumplen la misma función y tienen igual responsabilidad pero, sin embargo, su cargo y remuneración son inferiores. Es por eso que parece justo que se los equipare y así lo entendió la Cámara de Representantes.

                Con relación al artículo 634 del texto aprobado por la Cámara de Representantes, debemos decir que tiene que ver con gastos de funcionamiento. El Poder Judicial, como señaló el doctor Chediak en todas sus intervenciones, fue muy estricto a la hora de pedir y solicitó lo que era absolutamente necesario para funcionar. En el cuadro del artículo 34 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia puede apreciarse que las partidas solicitadas son las siguientes: $ 39:806.000 para 2011, $ 60:000.000 para 2012, $ 72:000.000 para 2013 y $ 96:000.000 para 2014. Por su parte, el Poder Ejecutivo dispone $ 39:000.000 para 2011-allí casi no hay diferencia; esta comienza a producirse en adelante- $ 50:000.000 para 2012, contra los                 $ 60:000.000 solicitados por la Suprema Corte de Justicia, $ 60:000.000 para 2013, contra los $ 72:000.000 y $ 60:000.000 para 2014 contra los                              $ 96:000.000. Ese último año es cuando se produce la brecha más grande entre lo solicitado, reitero, con carácter muy estricto por parte de la Suprema Corte de Justicia para funcionamiento, y lo otorgado. Me adelanto a decir algo que luego vamos a analizar mejor. La Suprema Corte de Justicia, sabedora de que los recursos son escasos, procura solicitar lo estrictamente necesario. ¿Qué pasa en materia de inversiones? No pide nada adicional en ese rubro. La contribución de la Suprema Corte de Justicia, a fin de recibir lo que necesita para funcionar, consiste en no aumentar los gastos en inversiones. Es bueno advertir que esto no significa no hacer cosas. El señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Chediak, hizo mención a los proyectos que están por concluir y los que se van a encarar en el quinquenio con los recursos que cuenta el Poder Judicial. Además, se ha avanzado en el estudio de los costos para estos proyectos, y no se trata solamente de una declaración de voluntad; es la certeza de que con el dinero que la Suprema Corte de Justicia cuenta para inversiones puede afrontar esos nuevos proyectos, sin perjuicio del mantenimiento edilicio de las cuatrocientas sedes que tiene en toda la República. Aclaro que no es un mantenimiento sencillo, porque no se trata de una o dos sedes centralizadas sino, insisto, de cuatrocientas que -más allá de que algunas son pequeñas- al ser independientes, generan costos mayores a los que resultan de mantener un gran edificio. Por eso es que nosotros advertimos al Parlamento -y damos la alarma- que este artículo está referido a los gastos de funcionamiento. En los primeros años la brecha no es tan grande, pero para el año 2014 vamos a tener serios problemas de funcionamiento. Alguien me puede preguntar qué es lo que indica que va a aumentar tanto. Más allá de que los costos se incrementan anualmente, el Poder Judicial está embarcado, desde hace tiempo, en la informatización total de sus servicios. Todos sabemos que los costos son elevados, pero se está trabajando muy bien con respecto a la informatización de las sedes. Se han obtenido logros importantes como, por ejemplo, el funcionamiento de una intranet -que es una Red Nacional Judicial- por lo que hoy los abogados de esta sala saben que tienen un mecanismo fácil de consulta a expedientes. Actualmente se está utilizando la notificación electrónica y se están ensayando otras soluciones que, en el futuro, desembocarán en el expediente electrónico. Todo esto requiere de un aumento importante de la inversión en materia informática, porque los costos son elevados.

    Señalé -hace unos instantes- que hay cuatrocientas sedes dispersas, las cuales deben ser  incorporadas a la Red Nacional Judicial, y en la medida en que lo vamos haciendo se  agregan enlaces, que también tienen un costo con ANTEL. Todo es una cadena que va llevando a que el Poder Judicial tenga que hacer una apuesta fuerte en inversión -y no lo digo en el sentido técnico del término, porque estamos hablando de gastos- para que esos servicios se puedan mantener, se mejoren y crezcan; además, se van creando sedes.

                En esta Sala, de alguna forma hemos hablado de la creación de nuevos Juzgados y servicios. Eso aumenta los gastos: tener más sedes significa más gastos. Esa proyección de gastos que el Poder Judicial hace es muy ajustada y se ha realizado con un criterio muy restrictivo; por eso solicitamos, muy especialmente, que en materia de gastos se procure incrementar las partidas del Poder Ejecutivo.

SEÑOR CHEDIAK.- Más allá de lo que muestra la gráfica y de nuestra aspiración a llegar -y lo vamos a lograr- a prácticamente el 100% de notificaciones electrónicas, al sistema de gestión de tribunales, al cero papel, al expediente electrónico, a la tramitación guiada y los costos que ello significa, quisiera trasmitir mi experiencia personal.

                Cuando comenzamos a visitar las sedes del interior hace poco más de un año, cuando el Parlamento tuvo a bien hacerme el honor de designarme como Ministro de la Suprema Corte de Justicia, nos encontramos con el pedido de aire acondicionado. Tenemos una agresiva política con respecto a la instalación de aire acondicionado, que es muy  importante, no solo para los funcionarios, sino para los ciudadanos, ya que el clima de nuestro país es variable, caluroso en el norte y con zonas muy frías, por lo que  el aire acondicionado hoy es una necesidad. Hemos hecho las visitas con el doctor Méndez Areco y lo primero que nos dicen es que tengamos cuidado con lo que prometemos, porque hay que tener en cuenta no solo el costo del aire acondicionado, sino también el de la electricidad y la instalación eléctrica para soportar ese tipo de aparatos. Nuestra aspiración es que en los próximos cinco años podamos tener prácticamente aire acondicionado en todas las sedes del país, porque hoy esto ya no es un lujo. Es cierto que han bajado de precio, pero tenemos gastos de funcionamiento. Reitero que en lo que respecta a los dos primeros años no tenemos una gran diferencia y no vamos a tener problemas de funcionamiento, pero la diferencia para el año 2014 es muy grande.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero señalar que en el año 2011 la partida es la misma, y es en los años 2012, 2013 y 2014, cuando es menor, pero hay que tener en cuenta que en el medio tenemos las Rendiciones de Cuentas. Más allá de que nosotros estudiemos todos los artículos y veamos en qué podemos mejorar el Presupuesto del Poder Judicial, no debemos olvidar que la primera partida, la inmediata, que viene a ser la del año 2011, recoge la misma cifra. Me parece que eso nos da un espacio pequeño de posibilidades para mejorar la segunda y, quizás, después, las Rendiciones de Cuentas podrán hacer lo mismo con las siguientes.

SEÑOR MÉNDEZ.- Tendríamos que analizar el Capítulo IV, que tiene que ver con  normas generales. Aquí no estamos hablando de costos -generalmente todo lo tiene-  en cuanto al Mensaje del Poder Judicial.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Tengo una duda sobre el artículo 35. En dicha disposición se establece una contrapartida para un pago. Y si ese pago no tiene contrapartida, ¿qué se hace?

SEÑOR MÉNDEZ.- La  observación que hace la señora Senadora es muy acertada. Había salteado ese aspecto ex profeso, no porque no fuera importante, sino porque lo argumentado en la Cámara de Representantes era suficiente. Pero, obviamente, los señores Senadores no tienen por qué haber leído la versión taquigráfica de esa Cámara. Allí nosotros señalamos que, a la  hora de resignar algunos recursos para obtener otros, preferíamos hacer frente con los recursos del Poder Judicial a esta partida que, como ven, es importante, pero no es tan inabordable. Como observarán los señores Senadores estamos hablando de $ 5:729.000. Esto quiere decir que aseguramos el debido funcionamiento del proyecto -del PROFOSJU, como le decimos en la interna- y preferimos  resignar la solicitud de este recurso aquí, atenderlo desde nuestros créditos y que se nos otorguen en gastos de funcionamiento las partidas que por otro lado se están recortando.

                El artículo 36 es una viejísima  aspiración de la Suprema Corte de Justicia y son esta suerte de servicios que, no siendo propios del Poder Judicial, están a cargo de él, como es el caso del Registro Civil. Quiero señalar que tenemos un presupuesto acotado para lo sustantivo que el Poder Judicial debe hacer por mandato constitucional, pero hay que tener en cuenta que también soportamos gastos ajenos a las tareas propias del Poder Judicial. Uno de ellos es el artículo 37 de la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver con el Registro Civil y que incluye gastos no menores. Digo esto porque, en algunos casos, hasta hay que arrendar locales con destino al funcionamiento del Registro Civil en el interior del país, que están a cargo de jueces y, por ende, del Poder Judicial; además, se tiene que hacer cargo del funcionamiento y del equipamiento de dicho Registro. Asimismo, el Registro Civil nos impone, por la vía de los hechos -no obviamente de manera indebida- comprar fotocopiadoras especiales, porque para obtener los testimonios de los libros que tienen un tamaño considerable, las fotocopiadoras comunes que funcionan para una oficina judicial, no son aptas. Entonces,  tenemos a cargo una tarea que distrae a los Magistrados de los asuntos que constitucionalmente deben cumplir, destinando horas al Registro Civil. Además, desde nuestro punto de vista de Dirección General, como administradores de los recursos, creemos que nos impone gastos que no van a lo sustantivo, porque terminan siendo destinados a una tarea que naturalmente es importante, pero pertenece al Ministerio de Educación y Cultura. Lo mismo pasa con el artículo 36, porque si bien no tiene un costo, dificulta el funcionamiento del Poder Judicial. Digo esto porque los Actuarios de los Juzgados Letrados quedan encargados de los Registros Públicos cuando el  Encargado de los Registros -otra dependencia pública que nada tiene que ver con el Poder Judicial- no está. Generalmente esto sucede en enero, cuando sale de licencia. Justamente, en ese mes hay feria, los servicios se restringen al mínimo para atender el funcionamiento urgente del Poder Judicial y los Actuarios salen de licencia para que no lo hagan en febrero y marzo, que es cuando estamos en plena actividad. En ese momento los actuarios hacen las veces de encargados de los Registros del interior. Por esa razón es que se solicita que se derogue el artículo 257 de la Ley Nº 13.640.  Esta disposición sí tiene costo cero; simplemente, los encargados del Registro tendrán que ver cómo se suplen entre sí. El del Registro Civil tiene un costo para el Ministerio de Educación y Cultura, pero si no lo paga uno lo paga el otro, y en este caso el perjudicado es el Poder Judicial.

                Por el artículo 38 -que es el siguiente- se solicita algo que la Suprema Corte de Justicia viene reiterando en diferentes instancias presupuestales: la posibilidad de  poder decir que sí a todos los pases en comisión que se soliciten por parte de las distintas autoridades públicas que lo pueden hacer, a cambio de la habilitación de la partida que posibilite contratar en su lugar y a término. Todo ello hasta que vuelva un funcionario que supla a aquel que se fue en comisión. Los requerimientos sobre los funcionarios del Poder Judicial son importantes; el número de funcionarios que se solicita en comisión es importante. Todo esto repercute en oficinas que generalmente son pequeñas. Si uno ve el número total de funcionarios del Poder Judicial, puede pensar que es como un gran banco, con 4.000 empleados. No es así. Esos funcionarios nunca son más de 12, 13 ó 14 en una oficina tipo -lo que nos importa son los Juzgados- y cuando se saca a uno de ellos, esa oficina se resiente, por lo que hay que buscarlo en otro lado. El número de funcionarios judiciales es importante, pero cuando vemos cómo trabajan las oficinas, se trata de un número reducido, y se desequilibra sacando solamente a una persona. Si de 12 funcionarios tomamos uno y tenemos en cuenta las situaciones de licencia y demás, el funcionamiento del Juzgado se resiente. Por tal motivo es que la Suprema Corte de Justicia pide que se le habilite una partida cuando se va un funcionario en comisión.

SEÑOR CHEDIAK.- Solicitaríamos a la Honorable Cámara de Senadores que prevea esta compensación o partida para el caso de los funcionarios técnicos. En general, los funcionarios tienen título de abogado. A veces es de interés de los propios señores Legisladores y jerarcas públicos requerir, por sus condiciones personales, el pase en comisión de algún integrante de la defensa pública, de algún abogado que reviste en nuestros servicios. Y muchas veces nos vemos en la desagradable situación de tener que decir que no a señores Legisladores, a jerarcas públicos o a Intendentes Departamentales, porque no podemos prescindir de ese abogado por el problema de la escasez de recursos que padecemos. Esto podría ser subsanado habilitando -con muy poco dinero- esta contrapartida, al menos para el caso de los funcionarios técnicos y, al mismo tiempo, habilitándonos a contratar a alguien en sustitución de quien fuera en comisión.

                Estamos hablando -el doctor Méndez Areco me puede corregir- de muy pocos funcionarios. Diría que los funcionarios con título de abogado que nos han sido solicitados son menos de una docena. Y en muchos de esos casos no tuvimos más remedio que decir que no al jerarca requirente, porque no podíamos sustituir -y no podemos hacerlo de ninguna manera- a esa persona y, por tanto, se resentiría el servicio. 

                Hay que hacer hincapié en que, quizás, con poco dinero se podría aceitar el relacionamiento entre los Poderes de Gobierno, porque no tendríamos necesidad de decir que no y podríamos acceder a todos los requerimientos que se hacen en ese sentido que, en su mayoría y si mal no recuerdo, fueron hechos por señores integrantes de esta Casa.

                Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero expresar que hemos estado discutiendo en el Parlamento -se trata de un problema para el Poder Judicial y también para muchos otros Incisos- la posibilidad de que el organismo requirente pague al funcionario que se lleva. Es un tema que está en discusión en el Parlamento; quizás este problema es más grave en unos organismos que en otros pero, de algún modo, se da en todos. En el Parlamento cada Legislador puede tener hasta cinco pases en comisión. Por tanto, estamos discutiendo esa posibilidad de transformación del sistema.

                Quiero que quede claro que estamos analizando este problema.

SEÑOR MÉNDEZ ARECO.- El artículo siguiente del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia -artículo 39- que tampoco tiene Mensaje del Poder Ejecutivo ni fue recogido por la Cámara de Representantes, prevé gravar -y esto va en concordancia con lo que he señalado con relación a la tasa judicial y a que esta, en sus orígenes, representaba un 6% del salario de los funcionarios- la presentación de escritos de oposición de excepciones y reinscripción de embargos. Esto, de alguna forma, repercutiría positivamente en lo que se recauda por ese concepto.

                El artículo 40 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, en cierta forma, daría respuesta a lo que la señora Senadora Topolansky planteaba hace unos instantes. En este caso hay dos previsiones, una de las cuales es gravar algún acto más. Por supuesto que se trata de asuntos que siempre tienen un valor pecuniario importante; naturalmente, no pretendemos gravar aquellos actos de la justicia que para el ciudadano deben ser lo más económicos posible, o gratuitos, sino aquellos que tienen un contenido económico y patrimonial importante. La otra previsión es dar destino a esa Tasa de Registro de Testamentos y Legalizaciones para que pueda sustentar la creación del Departamento de Medicina Laboral.

                El artículo 41 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia consagra una exoneración, expresando: “Cuando se acredite que se trata del certificado exclusivo para el trámite ante el Banco de Previsión Social”, apuntando a lo que señalé recién, en el sentido de que cuando se trate de ámbitos donde no gravar sea una cuestión de sensibilidad, se consagre la exoneración.

                El artículo 42 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia procura mejorar el Servicio de Archivo de la Inspección de Servicios Notariales, actividad que no es sustantiva del Poder Judicial, pero que también tiene contenido económico. El producido de la creación de este Timbre de Archivos Notariales -que, reitero, siguiendo la filosofía del anterior, no grava lo que consideramos debe estar exento- mejoraría o facilitaría el funcionamiento de ese servicio desde el punto de vista presupuestal.

                El artículo 43 del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia se refiere, simplemente, a una autorización para la digitalización del archivo, aunque pensamos que, llegado el caso, dicha autorización podrá concederse de todas formas. Sin perjuicio de que -tal como señalamos- se pospusiera la creación de esa unidad o departamento, puede entenderse que esa autorización debe ser simultánea, pero nada quita que se le pueda conceder antes, para cuando esté en condiciones de hacerlo.

SEÑOR CHEDIAK.- Quiero hacer hincapié en que esta ley marco carece de costo; simplemente se trata de tener una ley que permita ir estudiando la posibilidad de la eventual desaparición del papel, o sea, de la sustitución del archivo de papel por el digitalizado. Tal como el doctor Méndez ha señalado, el costo de mantenimiento de los archivos en soporte papel es enorme. Tan así es que, frente al Juzgado del nuevo Centro de Justicia Penal, ubicado en la calle Juan Carlos Gómez, estamos construyendo un edificio que parece un estacionamiento para automóviles, pero en realidad es un estacionamiento para todo el papel de las sedes penales. Estamos construyendo un edificio de varios pisos, de altísimo costo y con una enorme cantidad de cemento y de columnas por el peso que debe soportar, exclusivamente para utilizar con fines de archivo. Por tanto, sería conveniente que para el futuro podamos contar con esta ley marco a los efectos de ir viendo la posibilidad de la digitalización y eventual sustitución de los archivos en papel.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Voy a formular una pregunta por simple curiosidad. Más allá del dinero para llevar a cabo el proceso, ¿por qué el Poder Judicial tiene que pedir autorización para digitalizar un archivo propio? ¿No es autónomo?

SEÑOR HEBER.- Concuerdo con la señora Senadora; a mí también me llama la atención.

SEÑOR CHEDIAK.- Lo que sucede es que no tenemos una norma habilitante. Sí podríamos ir digitalizando para agregar un archivo al ya existente. La idea es disponer de una ley marco que en algún momento nos permita no solo ir digitalizando, sino también llegar a la sustitución de un archivo por otro, lo que significa comenzar a destruir expedientes que tengan, por ejemplo, más de cincuenta años -me refiero a los expedientes de familia, como divorcios o pensiones alimenticias que daten de más de medio siglo- a los efectos de ir desprendiéndonos de toneladas de papel. Es notorio, incluso, que el Archivo General de la Nación está saturado y la realidad es que nos tenemos que quedar con nuestros propios archivos. Da pena que suceda esto porque, por ejemplo, la Sede de los nuevos Juzgados de Familia, que está a punto de inaugurarse en el viejo edificio de la Dirección General Impositiva en la calle Rondeau, tiene hermosos espacios donde se podrían crear maravillosos Juzgados de Familia adicionales a los 16 que van a estar allí, y en lugar de eso se van a instalar a archivos. El costo de su mantenimiento y el espacio edilicio que conlleva es enorme. Quiere decir que  las toneladas de archivo en formato papel que tenemos actualmente representan un problema y, por tal razón, nos gustaría trabajar en su eventual sustitución para destruir el soporte papel.

SEÑOR VAN ROMPAEY.-  Muy brevemente quiero decir que quedé sorprendido por la pregunta de la señora Senadora Topolansky porque, en realidad, ¿cuáles son las razones para no acordarlo nosotros? Aquí lo que hay es un problema de eficacia probatoria. En este sentido, cabe recordar que la eficacia probatoria de los documentos se establece legalmente y  por eso nosotros queremos precavernos de que luego las partes nieguen eficacia probatoria a un expediente archivado digitalmente diciendo que legalmente no tiene valor.

SEÑOR MÉNDEZ ARECO.-   El artículo 44 del Mensaje del Poder Judicial  tampoco tiene costo y lo único que pretende es facilitar el control de las liquidaciones.  Para ello, como surge de la propia redacción, el Tribunal podría requerir a las partes, en la etapa procesal en que lo considere pertinente, el agregado de la liquidación en soporte magnético. A su vez, se establece que la Suprema Corte de Justicia podrá reglamentar los aspectos técnicos necesarios. Esto, de alguna forma, facilitaría a las Sedes que deben intervenir en estos temas, la realización del control de las liquidaciones. Reitero que el artículo no tiene costo y lo único que se pretende -al igual que en el artículo anterior- es que la ley habilite este mecanismo y que no pueda ser resistido por aquel al que le sea requerido presentarlo en ese soporte.

                El siguiente capítulo refiere a normas procesales,  por lo que no corresponde que la Dirección General haga comentarios; preferiría ceder el uso de la palabra a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR VAN ROMPAEY.- Cuando en  la  Cámara de Representantes planteamos la necesidad de que se aprobaran algunas modificaciones de orden procesal que permitiesen agilizar los procesos, realmente estábamos urgidos de tiempo y no pudimos brindar una explicación detallada de la trascendencia que tiene este punto. En esta instancia simplemente queremos alegar que tenemos una enorme preocupación por la duración de los procesos, sobre todo, en primera instancia, donde hemos detectado demoras que van más allá de otros órganos que no sean el Poder Judicial. Tenemos problemas de gestión que no son atribuibles a los Magistrados y queremos asumirlos de manera responsable. Por eso, la idea nuestra es, fundamentalmente, establecer plazos legales acotados para el señalamiento de audiencias, que deban ser cumplidos bajo responsabilidad por la demora injustificada en este sentido.

El artículo 45  refiere a la  responsabilidad del Magistrado  y el artículo 47 tiene que ver con la continuidad de la audiencia  y propone que, entre el acto de señalamiento y la fecha de la audiencia, no pueden transcurrir más de 90 días, salvo causa justificada especialmente fundada. Por tanto, no hablamos de una inmediatez genérica, sino que se fijan y acotan los plazos bajo la responsabilidad del Juez.

A pesar de la extensión aparente de la norma, mediante el artículo 48 del Mensaje del Poder Judicial simplemente se regulan los efectos de la apelación de las sentencias interlocutorias, resolviendo excepciones previas en la audiencia. Esto se realiza simplemente para unificar los criterios de interpretación que hoy son divergentes.

                Una norma que parece fundamental es la contenida en el artículo 49 del Mensaje del Poder Judicial. Nos ha causado una grave preocupación el hecho de que una vez culminada la audiencia complementaria de prueba en los juicios no penales -o sea, civiles, laborales y de familia- cuando prácticamente el proceso está terminado, las audiencias para alegar se prorrogan por plazos absolutamente intolerables, que en algunos casos han llegado a varios meses o hasta un año cuando, en realidad, no hay ninguna actividad procesal ulterior más que el dictado de sentencia. Por lo tanto, aquí se establece que la prórroga de audiencia se podrá disponer de común acuerdo, pero no excederá el plazo de treinta días.

                Nosotros sabemos que en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes está en trámite una actualización del Código General del Proceso, que seguramente contiene esta reforma.  Nosotros no podemos controlar los tiempos de la mencionada Comisión y sabemos que es muy probable que le sobrevengan otras prioridades, pero señalamos que no es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia propone en instancias presupuestales simples modificaciones presupuestales que solo tienen la finalidad de acortar los tiempos procesales. Precisamente, en materia de proceso, es muy claro que el tiempo no es oro, es justicia; no se le puede decir a un trabajador que concurra a una audiencia de aquí a seis meses para hacer efectivo el cobro de los haberes que se le deben, que además tienen naturaleza alimentaria. Cuando hicimos las consultas del caso, se nos comentó que la Cámara de Representantes resolvió pasar el tema a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, pero no sabemos qué trámite tuvo en ese ámbito. Pediríamos con especial énfasis que se consideren estas reformas que, más allá de su expresión, son muy simples y sencillas.  Lo mismo sucede con las modificaciones parciales que se plantean para el Código del Proceso Penal.

                Queremos hacer especial hincapié en el artículo 46 del Mensaje del Poder Judicial, por el cual se exceptúa de la consideración previa a las pequeñas causas en las relaciones de consumo. Este es un tema de acceso a la Justicia en asuntos de menor cuantía, que se tramitan hoy por este proceso abreviado, inclusive sin asistencia letrada. Por una omisión actualmente se les exige la comparecencia previa en audiencia de conciliación ante los Juzgados de Paz. Naturalmente, esto conspira contra la operatividad de este mecanismo procesal previsto para que sea expeditivo y rápido; de lo contrario, no tiene sentido. Mediante esta simple norma, que elimina el requisito previo de la conciliación, se posibilitaría que el consumidor afectado por la parte contractual más poderosa compareciera directamente ante el Juzgado de Paz, al que se le fija de inmediato una audiencia en la que naturalmente se dicta la sentencia y no sería perturbado u obstaculizado por el trámite de la audiencia de conciliación previa.

                A grandes rasgos, estas serían las reformas en materia procesal civil que, diría, no afectan ninguna estructura procesal fundamentada ni a los intereses de las partes. Se trata de una preocupación y una iniciativa de parte del Poder Judicial que estima que, realmente, los tiempos de los procesos en primera instancia se han extendido en forma paulatina por razones que atienden a nuestra gestión y responsabilidad. Paradojalmente, esta reforma procesal que está vigente desde el año 1989, comenzó con un promedio de duración de los procesos en primera instancia de ocho o nueve meses, pero hoy tenemos un proceso que en forma paulatina se va incrementando en lo que hace a su extensión temporal. Como dije, paradojalmente los tiempos se han acortado en instancias de apelación y de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Hoy los procesos en los Tribunales duran un promedio de cuatro o cinco meses y en la casación, seis o siete. Entonces, parece sorprendente que se alarguen en primera instancia y se acorten en las de revisión. Queremos volver a lo que fue en su momento la duración promedio del trámite del Código General del Proceso en primera instancia.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Mientras escuchaba la presentación de este Capítulo, también pensé que habría que trasladarlo a la Comisión de Constitución y Legislación, porque no es materia presupuestal. De todas maneras, podemos hacer lo mismo que con el Código de Minería, es decir, desglosarlo con el compromiso de tratarlo rápidamente, porque es difícil para una Comisión, que viene analizando números, comenzar a estudiar otra materia.

                Realmente, el tema de los tiempos es un problema visualizado por todos, por lo que en mi opinión deberíamos desglosarlo y comprometernos, ante la Suprema Corte de Justicia, a tratarlo en un plazo acotado, por ejemplo, antes de fin de año. Además, si se incluyera en la Ley de Presupuesto, no estaría vigente hasta el 1º de enero.

SEÑOR VAN ROMPAEY.- A vía de ejemplo, quiero decir que en instancias presupuestales anteriores se aprobaron algunas normas breves y muy sencillas que tuvieron un impacto inmediato en la duración de los procesos en la Suprema Corte de Justicia. Concretamente, en el Presupuesto anterior se eliminó la vista al Fiscal de Corte del recurso de casación, lo que permitió ahorrar tres meses en la Suprema Corte de Justicia. A su vez, con la eliminación de la notificación personal de los Tribunales en Segunda Instancia se ahorraron entre uno y dos meses. Creo que no es buena idea esperar a las reformas procesales que se produzcan por la sanción de nuevos Códigos, en primer lugar, porque no tenemos la seguridad de que se aprueben. 

SEÑORA TOPOLANSKY.- No es eso lo que estoy proponiendo, sino que estos artículos vayan a la Comisión de Constitución y Legislación y lleguemos a un acuerdo político de tratarlos rápidamente, independientemente de la reforma. No me parece correcto incluirlos en la Ley de Presupuesto, porque complica otras cosas. Simplemente estoy proponiendo algo práctico, porque si la Comisión está de acuerdo, se podrían aprobar normas que son razonables.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, consideraremos esa propuesta cuando llegue el momento de la votación.

SEÑOR AMORÍN.- Señora Presidenta: todos sabemos -sobre todo los Ministros de la Suprema Corte de Justicia- que estas normas procesales no son materia presupuestal, pero también todos sabemos -quizás en este caso más nosotros que ellos- que en casi todos los Presupuestos y Rendiciones de Cuentas ha habido normas que no fueron de materia presupuestal.

Me da la impresión de que en este caso se trata de normas bastante sencillas, que no implican un estudio profundo. Entonces, sin perjuicio de que esto se resuelva en Comisión, me parece razonable que cada bancada haga estudiar el tema por sus asesores y, si llegamos a un rápido acuerdo, podemos aprobarlo de esta manera, asegurando -luego de la aprobación en la Cámara de Representantes- que estén funcionando el 1º de enero. De esta manera, con el asesoramiento de la Suprema Corte de Justicia, lograríamos solucionar un tema que nos preocupa a todos. En realidad se hizo una reforma de procesamiento hace veinte años para tratar de acortar los juicios y cada vez se alargan más.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Estas normas procesales serían hasta el artículo 57 inclusive.

                Si nadie más desea hacer alguna consideración, agradecemos mucho la comparecencia, la información y la presentación que han realizado, que será un insumo importante para la discusión de la Comisión.

SEÑOR CHEDIAK.- Los agradecidos somos nosotros.

 

(Se retira de Sala la delegación del Poder Judicial)

 

(Ingresa a Sala la delegación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gusto de recibir a la delegación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. En primer lugar, queremos pedir disculpas por el enorme atraso que tenemos en el horario, porque sabemos que compromete su trabajo, pero de todas maneras es para nosotros muy importante la presentación de los artículos del Inciso correspondiente.

                Estamos recibiendo al Presidente del INAU, señor Salsamendi y a su equipo, a quienes dejamos en uso de la palabra.

SEÑOR SALSAMENDI.- Es un gusto estar aquí en esta Comisión, y en principio quiero decir que hoy me acompañan el psicólogo Jorge Ferrando, el doctor Dardo Rodríguez y el contador Walter Cairo.

                El 30 de junio de este año este Directorio asumió sus funciones. Esta ha sido una etapa de aprendizaje acelerado y de compromiso con la gestión. Hemos tenido un acuerdo absoluto en las grandes líneas estratégicas, al igual que en el plano de los procedimientos.

                El INAU es una institución que gestiona aquello que la sociedad no ha podido abordar en las principales instituciones tradicionales, como son la familia, las redes sociales, el sistema de educación, el de salud, etcétera. Entre otras cosas, tiene a su cargo el soporte y la contención de niños, niñas y adolescentes víctimas de diversas crisis familiares, la atención a la explotación sexual comercial y no comercial en adolescentes, niños y niñas, la atención e internación de adolescentes en conflicto con la ley penal o en la ejecución de medidas no privativas de libertad, la atención y amparo de niños, niñas y adolescentes con problemas severos de adicciones, problemas psiquiátricos y discapacidades severas; en fin, una amplia gama de competencias y un muy heterogéneo conjunto de servicios, tales como los mencionados anteriormente y también las inspecciones, los espectáculos públicos, trabajo infantil, inspección general y lo vinculado con las adopciones. Cabe resaltar que también comprende aspectos relacionados con la educación en la carrera de Educación Social, la formación permanente y la de los educadores vinculados a la primera infancia. 

Las prioridades que nos fijamos para el período 2010 - 2014 tienen que ver, ante todo, con cambios estructurales. Al respecto, debo decir que nos hemos planteado trabajar, durante todo 2011, en una reforma real de la gestión de la institución,  así como en la adecuación de la estructura programática teniendo en cuenta las actuales necesidades, el conjunto del sistema de protección social, la política de simplificación de programas internos, la territorialización y la regionalización, el abordaje familiar, la política de corresponsabilidad y concentración de competencias, la mejora de la gestión y planificación por resultados, aplicación de las TIC -Tecnologías de la Información y la Comunicación- al sistema administrativo y de gestión, gestión de recursos humanos mediante el SIPI electrónico, la evaluación y determinación de indicadores de base y también la elaboración de planes de mejora de gestión de los principales servicios. Con relación a este último aspecto, debemos señalar que tenemos en marcha un acuerdo con UNICEF y el PNUD y que, a su vez, hemos sido seleccionados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para realizar una experiencia piloto en materia de reforma del Estado.

En cuanto a las prioridades programáticas, debemos resaltar la situación vinculada a los adolescentes en conflicto con la ley. Justamente, sobre este tema, hoy realizaremos un planteo específico.

En lo que tiene que ver con la primera infancia, se destaca la atención y el acogimiento en situaciones de crisis familiar, los hogares y las adopciones, así como el trabajo con familias y el egreso.

                En un segundo orden de prioridad -no porque se trate de asuntos menos importantes, sino precisamente por la vastedad de las competencias- encontramos las situaciones de calle, el maltrato, abuso y explotación sexual, trabajo infantil y adolescente, salud mental, adicciones, participación infantil y adolescente.

                Entre otros temas a destacar, figuran la comunicación, la política de convenios, la instrumentación de lo acordado en el plan quinquenal, los convenios por proyectos, las licitaciones, los nuevos formatos de pagos, la corrección de inequidades, la revisión del modelo de supervisión y la tendencia hacia una modalidad de alcance nacional para todos los proyectos, sean estos de carácter oficial o celebrados por convenio.

                 Asimismo, pretendemos mejorar los aspectos vinculados a la cooperación nacional e internacional, así como el desarrollo efectivo del voluntariado, particularmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de las políticas de acogimiento familiar.

                En lo que a niños de 0 a 5 años refiere, hay que destacar que, a lo largo de todo el período anterior se constató una evidente disminución de la pobreza; en ese sentido, de acuerdo con los datos emanados del último censo, la franja de niños de 0 a 5 años se ubica en un 37.8%, aproximadamente; la de 6 a 12 años, en un 36.2%, y la de los adolescentes de 13 a 17 años, en un 31.5%. Ha habido un descenso significativo de la indigencia y, en lo que a mortalidad infantil refiere, desde  2007 a la fecha se ha venido registrando una tendencia constante a la baja.

                Durante el último período de Gobierno, en el INAU se verificó un incremento significativo en el número de niños atendidos, en la franja de 0 a 5 años; estamos hablando de casi un 80% entre junio de 2004 y 2009, llegando a cubrir más de 45.000 niños y niñas.

                La cobertura de los niños de entre 0 y 3 años es brindada por los centros diurnos del INAU y por el Plan CAIF, fundamentalmente. El principal factor de crecimiento de la cobertura total y de esta franja en especial, se da por el incremento en la modalidad CAIF que, al mes de octubre de 2009, atendía a 42.231 niños, mientras que hoy la cifra está por encima de los 45.000. En función de esto, podremos advertir que alrededor de 50.000 niños -no podemos brindar una cifra exacta, porque ella cambia diariamente- reciben atención por ambos sistemas. Además, esta fue la meta fijada para nuestro Instituto en el desarrollo del Plan de Equidad.

                En cuanto a la atención de niños y niñas en edad escolar, en 2009 el INAU atendió a 13.164, siendo la modalidad más desarrollada la de clubes de niños que, en octubre del mismo año, alcanzaron la cifra de 150 en todo el país: 95 en el interior y 55 en Montevideo, atendiendo a alrededor de 10.000 niños. Entre 2008 y 2009, se triplicó la meta de ampliar la cobertura en 500 plazas, objetivo que fuera asumido por el INAU en el marco del Plan de Equidad y recogido, en su momento, por la ENIA.

                En cuanto a la franja de adolescentes de 13 años o más, cabe destacar que en  2009 se atendieron 9.960; 1.273 de ellos son mayores de 18 años y se mantienen dentro del instituto por poseer algún tipo de discapacidad. Con relación a este tema, venimos trabajando con el Sistema Nacional Integrado de Salud, en particular con ASSE y con el Banco de Previsión Social, a efectos de que asuman la competencia específica que les corresponde en esta materia. A su vez, para la atención de adolescentes se desarrolló, fundamentalmente, el Programa de Centros Juveniles que, a octubre de 2009, contaba con 74 proyectos en todo el país. Cabe acotar que estos centros atienden a 4.261 adolescentes. Podemos observar que, entre 2008 y 2009, mediante esta modalidad de atención, se registró un aumento de la cobertura en aproximadamente 300 adolescentes, superando la meta de 200 que se había formulado para el INAU en el Plan de Equidad.

                En lo que a clubes de niños, centros juveniles y áreas pedagógicas refiere, cabe señalar que venimos trabajando en un planteo fijado por nosotros al inicio de la gestión, consistente en discutir, a partir del año 2011, sobre la coordinación entre el desarrollo de la educación primaria -es decir, la educación formal- y los programas vinculados a clubes de niños. Esto es, en aquellos lugares donde educación primaria tenga planteado desarrollar la extensión del tiempo escolar, no avanzaremos con proyectos de clubes de niños. Asimismo, hemos planteado al Consejo de Educación Primaria la necesidad de poder utilizar y coordinar de mejor forma el programa o el sistema de clubes de niños, a los efectos de brindar en otro formato -obviamente, mucho más flexible- la posibilidad de la extensión del tiempo escolar. Lo mismo estamos haciendo a nivel de áreas pedagógicas y centros juveniles en materia de educación secundaria.

                No obstante los guarismos señalados anteriormente, el crecimiento demográfico de la población uruguaya continúa concentrándose en los sectores de más bajos ingresos.

La propuesta para el quinquenio se elaboró en total consonancia con las reflexiones y los consensos obtenidos en el marco del proceso que permitió diseñar la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030, así como con las líneas prioritarias legitimadas desde el Comité de Coordinación Estratégica. En dicho ámbito el INAU ha participado sistemáticamente desde su creación, aportando y nutriéndose en este Comité. Precisamente, en el breve período que lleva este Directorio, se ha venido insistiendo cada vez más en la necesidad de la coordinación interinstitucional y, eventualmente, en el desarrollo de planes transinstitucionales de planificación conjunta con otros organismos.

Es clara la necesidad imperiosa de que el INAU se incorpore al marco general de las políticas sociales. Es un organismo que debe actuar en conjunto con otros y, en algunos casos, subsidiariamente con aquellos que tengan políticas con vocación general y universal.

El derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia es uno de los ejes sustantivos que vertebraron la propuesta global del Organismo; es decir, vivir en familia sanguínea -o no- y brindando a los núcleos las herramientas y el apoyo para que puedan desempeñarse en sus funciones de protección y cuidado. Al respecto, hay una serie de artículos que apuntan expresamente a orientarnos en este sentido.

Por otro lado, se prevé la apertura en el país de hasta 144 centros de atención a la primera infancia; concretamente, en este proyecto se prevé la creación de hasta 100. El acuerdo al que llegamos con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas consiste en que en la medida en que se vaya concretando, en las sucesivas Rendiciones de Cuentas, el cumplimiento de las metas fijadas, se irá ampliando la posibilidad de alcanzar la cifra mencionada en el mensaje original, lo que permitirá al país -tanto a través de la cobertura del Plan CAIF, como de los centros diurnos y demás- cubrir el 100% del total de los niños y niñas de menos de tres años que estén ubicados en el quintil más bajo de la línea de ingreso, es decir, el 20% más pobre.

Asimismo, en este momento estamos analizando la posibilidad -y con buenas perspectivas- a través del acuerdo entre empresarios y sindicatos de algunas empresas en particular -y a partir del aporte de estos mismos- de la supervisión eventual del Instituto con educadores especializados a efectos de cubrir una franja de personas menores de tres años que estarían por encima del último quintil, o del 20% perteneciente a las familias más pobres.

A los efectos de fortalecer la propuesta de ampliar el derecho a participar de espacios de socialización complementarios de la escuela y del barrio, y que contribuyan a apoyar a las familias en sus funciones fundamentales de protección y cuidado, se plantea un incremento del 15% de centros en la modalidad de convenios. Asimismo, proponemos realizar un incremento de las retribuciones a otorgar a las Organizaciones No Gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en general por sus servicios, a efectos de contribuir en la mejora de la calidad de oferta. El énfasis en fortalecer los dispositivos de atención a quienes viven con sus referencias familiares, podrá tener como efecto que la internación disminuya o que claramente no aumente. En este aspecto consideramos que la cantidad de niñas y niños de 0 a 7 años atendidos en la modalidad de tiempo completo -esto es, quienes están 24 horas dentro de un Hogar- puede ser reducida, desde esta perspectiva, en un 75% en el quinquenio.

                En forma asociada a esta última meta, nos proponemos también transitar una reconversión metodológica en lo que tiene que ver con la denominada tradicionalmente alternativa familiar, apuntando a construir una respuesta más adecuada a la problemática. La modalidad de acogimiento familiar tiene por objeto el cuidado y protección de aquellos niños, niñas y adolescentes privados transitoriamente del cuidado familiar. Conforme a las últimas directrices de la ONU y de la nueva ley de adopción, se impone la necesidad de continuar promoviendo la no internación, así como también la “desinternación”. Cabe aclarar que si bien la nueva ley implicaría una disminución en el número de niños y niñas en régimen de alternativa familiar, estos corresponderían a los más pequeños, es decir, de 0 a 2 años y de 3 a 7 años. Aquí estamos apostando a una fuerte movilización de toda la sociedad a los efectos de que pueda ir haciéndose cargo de la situación, bajo diversas formas de acogimiento -que puede incluir desde solamente los fines de semana, en momentos en que los niños no concurran a la escuela, etcétera- de forma tal que, en definitiva, estos niños y niñas puedan criarse más adecuadamente en sus familias y no en el interior de instituciones que, en todo caso, tendrán que ser el último recurso.

                Conversando sobre este tema, hace dos días, con el señor Presidente de la República, nos planteábamos la posibilidad de una campaña cuyo eslogan dijera más o menos así: “No sé si podré cambiar el mundo, pero tengo toda la oportunidad de cambiarle la vida a un niño”. Nos parece que esto debe ser algo a lo que necesariamente debemos apostar en función de toda la sociedad y que las acciones no solo sean el reflejo de lo que, eventualmente, pueda hacer una institución del Estado.

                Es altamente probable -y deseable- que la población de niños mayores de 7 años de los Hogares se convierta en beneficiaria de la alternativa familiar, en tanto su condición etaria dificulta, justamente, sus posibilidades de adopción. 

                En relación con el Centro de Estudios y Derivaciones, quiero decir que es necesario concretar la implementación de la línea de atención ciudadana para fortalecer los dispositivos de atención con que se cuenta. Estamos hablando de la vieja y conocida “Línea Azul”, en la que se está planteando una reconversión, a partir de un acuerdo con ANTELDATA, a los efectos de que pueda funcionar de una manera más adecuada. Si bien se han realizado esfuerzos en este sentido, tenemos claro que aún dista mucho de cumplir con los objetivos para los que fue creada.

                En la medida en que se ha ido profundizando la problemática de la violencia y del abuso hacia niños y adolescentes, la demanda de atención se ha incrementado y se ha vuelto más compleja. A tales efectos, proponemos la concreción de 16 dispositivos de atención para esos casos de maltrato y abuso, alcanzando una cobertura nacional. El INAU tiene la coordinación de un dispositivo que se denomina SIPIAV, que también está integrado interinstitucionalmente con otros organismos del Estado -obviamente- y con organizaciones de la sociedad civil.

Si bien, como ya fuera expresado, es una línea prioritaria institucional considerar la internación como la última alternativa a la situación de vulnerabilidad de cualquier niña, niño o adolescente, sabido es que en muchos casos una respuesta de esa naturaleza es inevitable. Desde el punto de vista de esta modalidad y en relación con el perfil de atención, se proyecta la apertura de seis Hogares para niños, niñas y adolescentes con diferentes problemáticas y cuatro para aquellos especialmente vulnerados; estamos hablando de casos de maltrato grave, abuso, situaciones de calle, problemas de consumo, etcétera.

En suma, puedo decir que estamos en la búsqueda de la concreción de nuevos servicios y de la mejora de la calidad de los centros oficiales y en convenio donde viven aquellos que, por distintos motivos, se han visto desvinculados de sus familias o estas tienen escasa presencia.

Se prevé en este proyecto de ley de Presupuesto, para el caso de los adolescentes, un incremento de las becas y pasantías laborales orientadas a apoyar los necesarios procesos de autonomía. 

En relación al derecho a la salud, procuraremos que paulatinamente la totalidad de los atendidos acceda al Sistema Nacional Integrado de Salud y en este aspecto puedo decir que en este tiempo hemos logrado un avance muy importante con ASSE -esto lo decimos con inmensa alegría y mucho orgullo- aunque todavía la situación dista de ser la ideal. Como verán en las Memorias presentadas en años anteriores, el Instituto destina un monto de recursos realmente muy importante a la atención en salud aunque, lógicamente, no es un área de su competencia, no es un operador de salud; pretendemos que paulatinamente estas modalidades de atención se vayan trasladando al Sistema Nacional Integrado de Salud.

                Recién se encontraban presentes en este ámbito representantes de la Suprema Corte de Justicia y debo decir que hace pocos días fuimos a plantear algo que nos ocurre en muchos lugares del interior del país, en función de la vastedad de competencia que tiene el Instituto. En muchos casos, se intima formalmente desde el Poder Judicial al Instituto a solucionar problemas vinculados a adicciones, temas psiquiátricos e, incluso, a otras afecciones de salud, pero no se hace lo mismo con el Sistema Nacional Integrado de Salud cuando, en muchos casos, estos chiquilines efectivamente están afiliados a él. Nos parece que es un problema global para tener en cuenta en relación con aquello de que trabajemos interinstitucionalmente pero que cada cual atienda su juego y haga lo que mejor sabe hacer.

                Desde el Departamento de Espectáculos Públicos estamos planteando, al menos, una campaña anual de prevención y difusión sobre problemáticas que afectan directamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el problema del consumo de alcohol, el maltrato y el abuso, la explotación sexual y comercial y la utilización de espacios en Internet, entre otros. Se proyecta que, además, estas campañas tengan una cobertura nacional.

                En el Departamento de Inspección Laboral está expresamente prevista la posibilidad de contar con un mayor monto de dinero para realizar acciones que apunten a erradicar y prevenir las distintas manifestaciones de trabajo infantil. Asimismo, en estos momentos nos encontramos en un proceso de discusión interna -en el interior del propio Instituto y también con el CETI- a los efectos de analizar y adecuar alguna de las acciones o de los lugares de trabajo donde se conceden los famosos y conocidos permisos laborales de adolescentes. Esto se hace, en algunos casos, para ratificar la práctica que estamos llevando a cabo; en otros, para aumentar considerablemente algunas exigencias;  y, en otros tantos, para flexibilizar decididamente algunos aspectos que en ocasiones se han manejado con una rigidez  no necesariamente adecuada a la realidad de los adolescentes de que se trata.

                Otra área de atención es la de adolescentes en conflicto con la ley penal. En este caso, no realizamos un planteo especialmente desarrollado, dado que al momento en que íbamos a asumir existía un acuerdo multipartidario en materia de seguridad que, si bien fue suscrito en el mes de agosto, ya tenía un cierto avance. En ese aspecto, queremos comunicar que al final del tratamiento del articulado, si la señora Presidenta lo entiende pertinente, deseamos plantear una propuesta concreta y específica al respecto. Es cierto que  puede entender que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda no es el ámbito para hacerlo; no obstante ello, nos interesaría hacerlo. Por supuesto que quedamos a las órdenes de este Parlamento -tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Representantes- pero insisto en que nos interesaría realizar este planteo, que es una propuesta abierta a la discusión flexible y no necesariamente definitiva.

                Podemos pasar a la presentación de los objetivos y metas propuestos para el período 2010-2014 que, en buena medida, explican las razones por las cuales el articulado es como es; fue lo que elaboramos en forma previa. De todas formas, queremos aclarar que hay algunos aspectos vinculados al lenguaje que no necesariamente se corresponden, porque se trata de metas acordadas en función de las áreas programáticas que, en algunos casos, ya estaban preestablecidas.

SEÑOR FERRANDO.- Como los señores Senadores saben, este Presupuesto se fue armando sobre lo que se propuso desde el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en torno a áreas programáticas.

Nosotros identificamos, dentro de lo que es el quehacer del INAU, una participación en cuatro áreas: educación, protección y seguridad social -la mayoría es en esta parte- salud y seguridad pública.

En la parte de educación, tenemos como meta principal la expansión en primera infancia, que ya hemos mencionado. En este aspecto nos fijamos una meta mínima de 100 y una meta máxima de 144 nuevos centros en el quinquenio, tal como fuera explicado por el señor Presidente Salsamendi.

En cuanto al área de protección y seguridad social, tenemos metas bastante exigentes en términos de disminuir el tiempo de institucionalización de los menores de siete años, en consonancia con la nueva ley de adopciones. A su vez, nos proponemos ir incrementando la cantidad de niños y niñas atendidos bajo otras modalidades de alternativa familiar. De todas formas, prevemos que hay problemáticas específicas, principalmente en torno a adolescentes, que pueden requerir respuestas especiales de apertura de hogares. Estamos pensando, por ejemplo, en procesos de egresos después de internaciones de tipo psiquiátrico o por consumo de drogas, donde muchas veces la vuelta al medio familiar no es lo más recomendable en el proceso de desarrollo de un proyecto de vida para esos adolescentes. Entonces, pensamos que hay experiencias de convivencia que son mejores respuestas.

La siguiente meta tiene que ver con la plena aplicación de la ley de adopciones. Asumimos que hay un procedimiento que todavía no se está dando con toda la agilidad que requiere y, por lo tanto, a partir de un fortalecimiento -que ya estamos haciendo- del propio equipo, aspiramos a llegar en el año 2011 a que todas aquellas familias que se presentan para el proceso de adopción tengan respuestas claras y procedimientos acordados que permitan atender todas las situaciones abordadas. Esto no significa, necesariamente, que todas las familias puedan tener un niño o una niña en adopción, ya que son muchas más las que se han presentado que aquellos niños o niñas en condiciones de ser dados en adopción.

Otra de las metas tiene que ver con la priorización del trabajo a nivel social y comunitario con las familias. Seguimos entendiendo que las ONG realizan una labor muy valiosa en este aspecto y, por lo tanto, prevemos un incremento leve de los convenios existentes, pero una mejora en términos de retribución. Seguramente han llegado al Parlamento y a los distintos ámbitos una serie de demandas, que estarán vinculadas en parte, también, a lo que surja de las negociaciones en los Consejos de Salarios. Pero entendemos que la retribución de los educadores -esto ha sido planteado especialmente por los centros CAIF, pero se da también en otras áreas- tiene que ser mejorada. Igualmente, como dijimos, pensamos que todo lo que tiene que ver con becas y pasantías laborales es un elemento clave para el egreso de los adolescentes del sistema INAU, que de algún modo prevé -a diferencia de lo que suele ocurrir en nuestras familias- que, una vez cumplidos los 18 años, el adolescente esté preparado para una vida autónoma. Esto, si es complejo para cualquiera, lo es más aún para quienes están en la órbita del Instituto. Por eso es importante el apoyo de experiencias de vida autónoma, para lo cual, incluso, hemos celebrado algunos acuerdos con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y con el Banco Hipotecario del Uruguay, a fin de contar con apartamentos de forma que, reitero, los adolescentes tengan experiencias de vida autónoma con algún apoyo institucional y dispongan de la posibilidad de insertarse laboralmente. Entendemos que estas son actividades centrales para construir autonomía.

                Ya hemos mencionado lo relativo a algunos hogares especializados y a la aspiración de tener en todo el país equipos para atender situaciones de maltrato y abuso. La semana anterior estuve en Florida y en Mercedes, donde quedaron instalados, en ambos casos con apoyo de las Intendencias, con técnicos de INAU y de ASSE en un caso, y de ASSE y de Primaria en otro, psicólogos, asistentes sociales y algunos médicos que dedicarán días y horarios para atención específica de situaciones de maltrato. Hay varias localidades más del interior en las que se está avanzando en la instalación de estos equipos.

                En cuanto a la línea telefónica, la idea es que a través del acuerdo con ANTELDATA  haya atención las 24 horas, los 365 días del año, en base a un protocolo con las consultas más frecuentes y la derivación a técnicos especializados, cuando el caso así lo requiera.

                En lo que tiene que ver con las inspecciones laborales, en este momento es muy reducido el cuerpo inspectivo del INAU, razón por la cual hemos hecho un curso de formación y esperamos poder tener inspectores para cubrir todo el país y complementar esta tarea con la de prevención respecto a las peores formas del trabajo infantil y adolescente, y con la apertura -como ya se mencionó- a la consideración de aquellas oportunidades que se le presenten a adolescentes que tal vez no están estudiando y que difícilmente tengan otras posibilidades de desarrollo en su vida. Se trata de tener un criterio de mayor flexibilidad para desarrollarse en algunas actividades laborales con algún acompañamiento o apoyo en cuanto a su formación y al cuidado de su salud.

                Por otra parte, queremos hacer mención al tema de las campañas en torno a espectáculos públicos, tarea que ya fue señalada en la exposición de motivos. Nos ponemos como meta básica tener cinco campañas al año y en la pantalla vemos algunos de los temas que consideramos centrales.

                Con respecto al sistema de salud, venimos avanzando en términos concretos con ASSE en cuanto a la internación de adolescentes con problemas psiquiátricos en el Hogar Español, así como en la atención de los discapacitados adultos mayores de 18 años, lo cual nos permitirá tener algunos lugares disponibles para menores de 18 años, que requieren, también, asistencia en clínicas. En la actualidad ya tenemos todos los cupos colmados.

                En materia de seguridad pública, simplemente quiero decir que para nosotros sigue siendo relevante el desarrollo de equipos que trabajen en medidas alternativas a la de privación de libertad. En este momento hemos logrado la meta de tener personas o equipos de referencia en todos los departamentos del país. Hay cerca de 380 adolescentes con medidas alternativas a la de privación de libertad, y esto forma parte de una estrategia de formación permanente en coordinación con el Poder Judicial, lo que ha permitido disminuir algunas internaciones que se daban años atrás por faltas leves. Debemos destacar que ha tenido un muy buen resultado en la medida en que ha sido muy baja la reincidencia de los adolescentes que han pasado por estos programas, lo que ha generado una mayor confianza en la Justicia en cuanto a una correcta aplicación de las medidas alternativas para las situaciones que encuadren bajo esta forma.

SEÑOR SALSAMENDI.- Vamos a pasar a la explicación del articulado. En la Cámara de Representantes realizamos una presentación bastante extensa por lo que, en atención al tiempo de que disponen los señores Senadores, seremos lo más breve posible.

SEÑOR PENADÉS.- Quiero realizar algunas consideraciones generales y voy a  solicitar al Presidente del Directorio del INAU que nos haga llegar el power point que acaban de presentar y las cifras que manejó durante su exposición, que imagino que serán producto de un power point o de una gráfica que, seguramente, será mucho menos engorrosa de leer que la versión taquigráfica.

                Con relación a las consideraciones que voy a realizar, si no se pueden contestar en la tarde de hoy, me gustaría que las enviaran. En primer lugar, uno de los datos que me parece más importante conocer es qué  y cuánto va destinado a salarios, a gastos de funcionamiento e inversiones, del total del 100% del Presupuesto del INAU.

                En segundo término, de la población objetivo que el INAU está obligada a atender por ley, ¿cuántos se atienden por la administración directa del Instituto y cuántos se atienden por organizaciones privadas que tienen convenios o le brindan servicios?

                En tercer lugar, quiero saber cuántos funcionarios tiene el INAU dedicados específicamente a la atención de los niños y, en esta línea, cuántos a los niños infractores que se encuentran internados en las distintas dependencias y cuántos a los niños que están dentro del INAU.

                En cuarto término, me gustaría que me informaran qué sucede con los menores que cumplen 18 años -uno de los problemas que siempre hemos enfrentado, del que hemos hablado aquí y que, recuerdo, fue motivo de preocupación del Senado en el Presupuesto anterior- y al otro día se tienen que ir del INAU. Hay que tener en cuenta que muchas veces esos muchachos y  muchachas no están preparados para enfrentar la realidad de quedar en la calle, lamentablemente, por carecer de familia y por la situación del Estado, y de ese modo se ven enfrentados a un mundo tremendamente hostil, al cual tienen que integrarse y en el cual deben vivir. El Presidente del INAU anunció una serie de medidas, pero ya en el Presupuesto anterior se habían pronunciado otras como, por ejemplo, convenios con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento  Territorial y Medio Ambiente y con el Banco Hipotecario del Uruguay. ¿Cuáles de esas medidas se han implementado y qué resultado han tenido al día de hoy?

                Con relación a la ley de adopciones, me gustaría conocer cuántas son las solicitudes de adopción y cuántas se han otorgado en los últimos años y, en especial, en este último. Además, quisiera conocer qué cambios ha habido después de aprobada, reglamentada y puesta en vigencia la ley. Supuestamente, la ley iba a permitir un proceso de agilización de la entrega en adopción de niños y me gustaría saber si se ha logrado y cuántos niños se han concedido en adopción, así como también el criterio utilizado.

                El señor Presidente del INAU habló de una serie de programas y quisiera saber cuántas son las partidas que se dedican a los Centros CAIF y en cuánto se pretende aumentarlas en este quinquenio. Supongo que en el articulado está y que en su momento podrá explicarlo.

Por último, con respecto al tema que se anuncia que se va a informar, me gustaría conocer  cuál es la opinión  del actual Directorio del INAU con respecto a la creación de Instituto Nacional del Menor Infractor. Como es público y notorio, su creación es una vieja aspiración del Partido  Nacional. Es una aspiración compartida e incorporada en el acuerdo multipartidario signado, si mal no recuerdo, en el pasado mes de agosto. El Presidente informó que en el día de hoy iba a hacer una serie de  anuncios -lo hará en el momento que crea oportuno- y en ese sentido también queríamos saber de qué se trata, ya que le asignamos una importancia superior a la creación del Instituto Nacional del Menor Infractor.

SEÑOR SOLARI.- Quiero felicitar al Directorio del INAU por el trabajo que viene realizando y la orientación que le está dando a su gestión, sin perjuicio de que podemos marcar algunos matices.

 Me parece que es muy importante que la propuesta presupuestal para este quinquenio esté enmarcada dentro de la estrategia de la ENIA. Digo esto, sin perjuicio de que recordemos que esa estrategia al año 2030 indefectiblemente requiere un plan de concreción para el período 2011 a 2014, que todavía no ha llegado al Poder Legislativo. De todas maneras, la orientación de trabajar en forma coordinada con otros institutos y las referencias que el Presidente del Directorio ha hecho en cuanto a las articulaciones que está realizando con distintos organismos del Estado como, por ejemplo, la ANEP, ASSE, etcétera, son obviamente un paso en el sentido correcto. Entiendo que el INAU no puede sustituir a esos institutos porque no es su función ni la  intención que lo haga, y me congratulo por ello. También me alegra la referencia que se ha hecho con respecto a que el objetivo central es que los niños y adolescentes del Uruguay vivan en familia, porque es lo que está establecido en nuestra Constitución y, ciertamente, las familias son una alternativa mucho mejor que cualquier institución pública o privada.

                Quizás en el debe -y retomo la última manifestación realizada por el señor Senador Penadés- esté la falta de una referencia a la creación de un Instituto Nacional del Menor Infractor. El INAU tiene un universo universal -y pido perdón por la redundancia- porque estamos hablando de la totalidad de los niños y adolescentes del país, que son varios cientos de miles, de un conjunto más restringido -que abarca  varias decenas de miles- que son los menores en situación de pobreza o necesidad, por una causa u otra, entre ellas la carencia de familia y de una población muchísimo más acotada, que si no oí mal es de alrededor de 380 adolescentes infractores o en situación de infracción con la ley. Para la opinión pública, esta última ha sido tradicionalmente la cara visible del Consejo del Niño, del INAME, actualmente del INAU y, ciertamente, yo diría que ni siquiera es el natural cometido del Instituto. Entonces, no entiendo bien por qué se deja pasar esta oportunidad de crear el Instituto Nacional del Menor Infractor y, por otra parte, a través de uno de los artículos -si no me equivoco, el artículo 684, en la versión aprobada por la Cámara de Representantes- se crean nuevas partidas para el ingreso de funcionarios al  Sistema de Ejecución de Medidas  de Jóvenes en Infracción. Como todos sabemos, esa es la puerta de entrada de funcionarios para el INAU y, luego, rápidamente pasan a otras dependencias, porque no es un lugar atractivo para trabajar. Por lo tanto, cuando lleguemos al análisis de ese artículo, voy a hacer algunas sugerencias específicas, de tal manera de esto no ocurra.

SEÑOR SALSAMENDI.- Hay preguntas que podemos responder ahora, que estaban en nuestro Mensaje y otras sobre las que, obviamente, nos comprometemos a enviar información. Casi todos los datos -lo estábamos cotejando- están en nuestra página Web. De todos modos, nos comprometemos, repito, a enviar los datos solicitados.

                Me voy a referir a datos que han tenido algunas modificaciones, aunque no son sustantivas. La población con cobertura al 30 de junio de 2010, momento en que asumió el Directorio, está con atención integral de tiempo completo; es decir que quienes están 24 horas en los hogares -obviamente concurren a clase, etcétera- en el entorno institucional, oficial, son 1.432; en el ámbito privado hay 2.053,  lo que constituye un total de 3.485. En el entorno familiar, oficial, hay 1.386. Esto hace un total de 4.871, en cuanto a la atención integral de tiempo completo.

                En atención integral de tiempo parcial…

SEÑOR PENADÉS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SALSAMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PENADÉS.- Se está hablando del niño que está en familia oficial. ¿Cómo se maneja allí el concepto “oficial”?

SEÑOR SALSAMENDI.- Cuando se habla de entorno familiar, puede ser con un sistema de cuidadoras de alternativa familiar o de pequeños hogares.

SEÑOR PENADÉS.- ¿Todos son del INAU?

SEÑOR SALSAMENDI.- Así es.

SEÑOR PENADÉS.- ¿No son tercerizados?

SEÑOR SALSAMENDI.- No.

                En atención integral de tiempo parcial, en el entorno institucional, oficial, la población se ubica en los 2.975. En cuanto a lo privado -aquí tenemos una discusión; básicamente hay una gran influencia del Plan CAIF, en donde es clara la coparticipación- es de 57.928. O sea que en atención integral de tiempo parcial, en entorno institucional, tenemos 60.903. En el entorno familiar de tiempo parcial, suman 3.075 en el marco oficial y 93 en el privado, lo cual da un total de 3.168. Todo esto hace un total global -a junio de 2010 y de acuerdo con los datos del Sistema de Información para la Infancia- de atención integral de tiempo parcial de 64.071 niños. Entonces, tendríamos un total de 68.942 niños atendidos en las diversas modalidades. 

                Tengo aquí todos los créditos y ejecución de la línea de base de los años 2009 y 2010. No sé si el señor Senador prefiere que le vaya leyendo uno a uno o que le enviemos la información por correo electrónico. Son datos muy detallados y bien discriminados.

SEÑOR PENADÉS.- Prefiero que nos envíen la información solicitada.

SEÑOR SALSAMENDI.- Entonces, las solicitudes formuladas por el señor Senador Penadés las enviaremos a todos los señores Senadores integrantes de la Comisión. 

                Antes de ingresar en lo que tiene que ver con el articulado en concreto, vuelvo a aclarar que al momento de asumir el 30 de junio de 2010 se encontraba en discusión y no había sido suscrito el acuerdo multipartidario en materia de seguridad. Llevamos poco más de cuatro meses y, en realidad, en función de esa discusión que el país y que todo el sistema político todavía se estaba dando, teníamos que analizar, entre otras cosas, qué significaban en términos específicos y concretos las diferentes modalidades de atención. Tenemos que aclarar que hemos presentado al Parlamento un presupuesto que acordamos en un cien por ciento con el Poder Ejecutivo. Inmediatamente a su asunción, este Directorio tuvo que abocarse a la tarea de elaboración del presupuesto del Instituto; el 30 de junio asumimos, el 30 de julio tuvimos que presentar un primer avance a los efectos de que el Poder Ejecutivo pudiera realizar algunas revisiones y el 30 de agosto tuvo que estar pronto para poder ser entregado a este Parlamento. Por lo tanto, tuvimos dos meses de trabajo muy intenso, que incluyó muchas conversaciones con la delegación sindical y, obviamente, con los Directores de todos y cada uno de los diversos servicios, programas y demás que tiene el Instituto. Lo hicimos lo más rápido posible, pero nos insumió unas dieciséis horas diarias durante dos meses y llegamos a un resultado del que podemos decir que estamos satisfechos. Obviamente, lo ideal hubiera sido haber podido comenzar antes con la elaboración de este planteamiento; por esa razón, y en ese punto concreto, este aspecto quedó abierto, a la espera, entre otras cosas, de la concreción de una discusión sobre todo el sistema político y social en el país. Lo que acordamos con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue darle forma presupuestal a cualquier planteo que surgiera en la próxima Rendición de Cuentas o, eventualmente, si el Parlamento lo entendía pertinente, por la vía de una ley especial. Este fue el acuerdo al que, en definitiva, llegamos, y por eso aparece eso con relación a lo que hoy hace el SEMEJI.

                Voy a efectuar las fundamentaciones relativas a las disposiciones contenidas en nuestro proyecto, señalando las correspondencias con el articulado que los señores integrantes de la Comisión tienen en su poder.

                La ENIA es una parte del INAU que tiene una gran cantidad de componentes. Como es lógico, el INAU cumple un papel fundamentalmente rector, y su rol asistencial es subsidiario del funcionamiento de otras políticas sociales. Lo que planteamos para el año 2011 es la necesidad de definir qué INAU se precisa para ir de acuerdo con el actual sistema de políticas sociales, o sea, qué INAU se precisa para esta ENIA.

                En nuestra opinión, actualmente esta institución requiere de cambios grandes y profundos; no se la puede administrar en los términos en que hoy está estructurada; requiere darla vuelta por completo, tanto desde el punto de vista de su gestión como de todos los demás aspectos. Por eso estamos planteando una serie de desafíos con metas muy concretas a los efectos de poder avanzar por caminos alternativos a aquellos por los que ha discurrido la vida del Instituto desde el año 1934 a la fecha, o sea, desde la creación del entonces Consejo del Niño.

                Por otro lado, teníamos menores abandonados que pertenecían a otra institución que no era la que llevaba adelante las políticas sociales universales básicas de inclusión y, por lo tanto, generaba mecanismos sustitutivos para brindar su propia educación, salud, intentar compensar los entornos familiares que no funcionaban, etcétera. Claramente, nosotros entendemos que debe tener un rol rector y articulador en general de las políticas de infancia pero, en el campo de la atención concreta, su funcionamiento debe reducirse a las situaciones más graves, mientras que en todos los demás casos se debe trabajar para que esos niños, niñas y adolescentes estén donde deben estar, es decir, en sus entornos familiares, en las escuelas, en los liceos y, eventualmente, en su capacitación para el trabajo, etcétera. Este es el desafío que tenemos propuesto.

Quiero reiterar que nuestra evaluación de la estructura institucional actual y de una parte importante de su gestión no es buena, y entendemos que necesariamente requiere cambios profundos, verdaderos, que aspiramos puedan ser realizados con el mayor consenso social y político, porque es muy difícil hacerlo de otro modo. Dentro de la ENIA hay algunos objetivos que nos corresponden y otros los compartimos con otros organismos del Estado o con organizaciones de la sociedad civil.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Quiero complementar la respuesta al señor Senador Solari, cuya  intervención rigurosa en el Senado leímos con mucha atención, porque nos pareció un aporte muy importante. En este sentido, quiero decirle que efectivamente existe un plan quinquenal de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia que se terminó de elaborar en el marco de este Presupuesto. Quizás no tiene todavía la difusión necesaria porque buena parte del financiamiento de cada una de las líneas de acción del plan están incluidas en los presupuestos de cada uno de los Incisos correspondientes. En el caso de nuestro presupuesto se incluyó lo que es competencia de nuestro organismo.

                Me parece que en el marco de la información que ya se ha comprometido enviar a los señores Senadores se podría agregar una copia del plan quinquenal, porque es muy importante que sea difundido.

SEÑOR ABREU.- Sigo con mucha atención este tema y, sobre todo, la necesidad de establecer un plan quinquenal con objetivos y metas que se vayan evaluando de la forma más técnica  posible -más allá de los aspectos políticos- para poder tener un cotejo entre lo que se plantea y los resultados obtenidos. Como todos sabemos, los grandes temas de esta sensible organización están vinculados con la gestión y eso, como muy bien decía el señor Presidente, está en manos de los recursos humanos. Estos deben ser lo suficientemente eficientes y estar capacitados y compenetrados con una función que va más allá de dos, tres o cinco años. La visión general que quiero tener, antes de ingresar en el articulado, refiere a los recursos humanos. En este presupuesto veo distintas clasificaciones de funcionarios; están los contratados, los presupuestados, los contratados a término y los que van a ingresar en el sistema social. En concreto, me gustaría saber cuál es la política de recursos humanos en materia de presupuestación y contratación, y cuál es el grado y exigencia de profesionalidad y de evaluación que se pide a los recursos humanos de los que se dispone para poder medir esos resultados porque, de lo contrario, se desnaturaliza, entre otras cosas, el Presupuesto por programas. Por cierto, bastantes dificultades tiene desde el punto de vista técnico como para poder ajustar sus resultados en función de los programas, las metas y los objetivos. 

Mi pregunta es cuántos funcionarios pueden tener presupuestados y contratados, cuál es la política en materia de recursos humanos y qué profesionalidad y gestión se está pensando. Por ejemplo, quisiera saber si hay una administración por objetivos, si existe un compromiso por parte del sindicato y de los funcionarios a alcanzar determinadas metas y si eso se corresponde o no con los recursos, que obviamente son muy importantes y que, entre otras cosas, están vinculados con la Corporación Nacional para el Desarrollo en lo que tiene que ver con la construcción o las inversiones en materia de inmuebles, para lo que se va a necesitar personal cada día más especializado en todos sus aspectos. 

SEÑOR SALSAMENDI.-  En realidad, la respuesta se va dando a través del propio articulado, pero en principio voy a hacer algunos comentarios muy generales.

                Hay algunos contratos a término que se proponen regularizar porque esa era la única forma de permitir el ingreso de personal ante realidades concretas y específicas que se fueron planteando, como las vinculadas a la situación de los adolescentes infractores. Allí es donde está planteada la posibilidad de una regularización.  Además, hay que tener en cuenta que tradicionalmente el ingreso al Instituto se realiza por la vía de contratos eventuales y luego que pasa un tiempo determinado -en el que además se exige la calificación, evaluación, etcétera, del funcionario- se va a un mecanismo de contratación o de presupuestación.  

                Tal como acordamos con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con el Ministerio de Economía y Finanzas, la mayor parte de los incrementos salariales planteados se dan a partir del año 2012 en función de la productividad. En efecto, la productividad requiere que precisamente durante todo el año 2011 se establezcan no solo las metas, los resultados de gestión esperados y los indicadores, sino además también los objetivos concretos de los equipos de trabajo por los cuales van a ser evaluados, a los efectos de constatar algo tan simple como es si el funcionario cumple los resultados, en cuyo caso, va a cobrar y, si no, no va a percibir nada. Debo agregar que esto es fruto de un acuerdo que alcanzamos con la organización sindical. Los señores Senadores saben que muchas veces, sobre todo a nivel público, las retribuciones por la vía de la productividad son resistidas. También es verdad que, en un trabajo de esta naturaleza, a veces no resulta simple y sencillo determinar los indicadores concretos.

                Por  esa razón,  hoy nos preocupamos por presentar a los señores Senadores, además de la fundamentación y los artículos, las metas concretas que son la base sobre las que vamos a trabajar y realizar las evaluaciones de los programas, de los proyectos y de los recursos humanos. Ahora bien, la posibilidad de encontrar recursos humanos calificados depende de varias razones. Obviamente, una de ellas es la retribución y, otra, las condiciones de trabajo concretas; aspectos  que  realmente nos preocupan.

                Los señores Senadores podrán apreciar que en el articulado existen retribuciones vinculadas fundamentalmente al presentismo. Esta era una preocupación particular que teníamos y que, además, compartimos con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, porque pretendemos disminuir el ausentismo en la Institución.

                Todos estos son elementos previos que tomamos en cuenta a los efectos de lograr que se incluyan  y se apoyen estos objetivos en el proyecto de Presupuesto.

                Por otra parte, debemos decir que a todas las instituciones vinculadas al área social les está resultando difícil conseguir algunos profesionales universitarios; se están volviendo algo así como un bien escaso. Por ejemplo, es difícil conseguir asistentes sociales bien calificados.  Esta es otra de nuestras preocupaciones y por eso los señores Senadores verán que en el articulado se consagra expresamente la posibilidad de generar una retribución particular para los profesionales universitarios que ya trabajan en el Instituto y para los que eventualmente podamos ir captando.

Quiero agregar que los trabajadores del INAU habían quedado fuera del reordenamiento de la escala salarial que se realizó para toda la Administración Central en el período pasado, por lo que tuvieron un cierto rezago en sus retribuciones. Es por eso que existen algunos incrementos con porcentajes fijos, pero la mayoría de los aumentos planteados están vinculados a aspectos que tienen que ver con la asiduidad y con la productividad para generar los estímulos necesarios.

Asimismo, más allá de que hemos comenzado a fortalecer el área del trabajo con infractores, estamos planteando una política de formación, capacitación y  recalificación en función de la trayectoria vital que la gente va adquiriendo dentro de la Institución. El INAU trabaja con problemas que no son abordados por nadie más en esta sociedad y que requieren una especialización que, en realidad, se adquiere con la práctica; por eso, muchas veces la formación del profesional universitario, del educador social, del psicólogo, no necesariamente es la que se requiere para una tarea de este tipo. Más allá del tema de las retribuciones al personal actual del Instituto, no es sencillo conseguir gente que tenga la capacidad de dirigir organizaciones complejas, que requieren conocimientos administrativos y técnicos.

Objetivamente, en algunos casos no nos es sencillo encontrar gente capacitada para ejercer labores de mandos medios o de dirección dentro del propio personal del  Instituto; este es otro de los problemas que tanto nos preocupa. Hubo un fuerte recambio de personal en los últimos dos o tres años. Además, esto ha elevado las exigencias en cuanto a su calificación desde el punto de vista académico, lo cual genera a veces algunas paradojas, ya que cuando se exige una calificación muy alta en trabajos difíciles, ocurre que luego de acumulada una experiencia determinada se presentan a concursos en otros organismos y, obviamente, esa experiencia les ayuda mucho y nos cuesta conservar esos recursos humanos.

Esto es como un delicado arte en la elección, porque la tarea de educador cotidiano no necesariamente se compadece, por ejemplo, con un título universitario en Psicología; se puede ser un muy buen psicólogo y no necesariamente un buen educador. Pero, obviamente, en los llamados en función de las calificaciones exigidas y de los elementos académicos, este es un aspecto de los recursos humanos que estamos analizando, a los efectos de poder llegar al justo equilibrio entre la calificación que efectivamente se necesita y para qué.

                Si la señora Presidenta está de acuerdo, comenzaríamos a analizar el articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede comenzar, doctor Salsamendi.

SEÑOR SALSAMENDI.- El artículo 1º de nuestro proyecto se corresponde con el 682 del proyecto aprobado en la Cámara de Representantes. Como verán los señores Senadores, hay un complemento que se llama “Compromiso año 2010” y por el que se pretende financiar compromisos asumidos durante el presente Ejercicio. Se prevé el ingreso de 120 funcionarios en el año 2011 y 80 en el 2012, con la finalidad de cubrir necesidades de recursos humanos en las áreas de niños, niñas y adolescentes, y también técnicos y administrativos.

 Con respecto a lo que hoy consultaba el señor Senador Penadés, puedo decir que hay una tarea muy importante de supervisión y control administrativo en función de la política de convenio que ha desarrollado a lo largo de muchos años el Instituto. Con la denominación de la partida de “Profesionales” se está planteando un incremento del salario de los profesionales universitarios y también -esto lo hemos generado mediante una negociación- se plantea el incremento horario, y quedamos de analizar inmediatamente en los años 2011 y 2012 como se continuaría con ese incremento. Concretamente, estamos llegando a una hora más de trabajo y quedaría una sexta hora a la orden,  por cuestiones que puedan plantearse como imprescindibles. Esta sexta hora es parte de lo que estamos negociando con la organización sindical y aquí proponemos su reglamentación. Estamos hablando de los técnicos que, desde el punto de vista salarial, menos ganaban en prácticamente toda la Administración pública, por lo cual era muy importante tener en cuenta este punto.

SEÑOR SOLARI.- Considero muy útiles las explicaciones que viene brindando el Directorio, en particular el doctor Salsamendi, en el sentido de que cuando uno ve fríamente este artículo, que plantea un incremento de dieciocho veces del Rubro 0, se sorprende.

SEÑOR SALSAMENDI.-  ¿Dieciocho veces?

 SEÑOR SOLARI.- Sí, doctor. Dieciocho veces. Aparece un incremento de  $ 20:000.000 en 2010 y un incremento de prácticamente  $ 360:000.000 en 2014, es decir, hay una diferencia de magnitud de dieciocho veces, puesto que 360 dividido 20, da 18.

SEÑOR SALSAMENDI.-  No es así, señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Es posible que haya hecho el cálculo equivocado, pero, de cualquier manera, son incrementos…

SEÑOR SALSAMENDI.-  Lo que sucede es que allí no está el presupuesto base, señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- El incremento es de 18 veces, que es lo que establece el artículo. Es por ello que considero muy útiles las explicaciones, porque indican cuáles son los criterios que justifican esos incrementos. Sería muy útil -desde el punto de vista de técnica presupuestaria y para su posterior control en las Rendiciones de Cuentas- saber cómo han sido utilizadas estas partidas. También resultaría de utilidad que el inciso final del artículo recogiera algunas de las explicaciones que ha dado el Presidente, ya que existen funcionarios cuya situación hay que regularizar, funcionarios a incorporar y necesidades de complementación de sueldos para que los mismos sean competitivos en un mercado laboral escaso, entre otras acciones a tomar. Tal cual está redactado, si bien las partidas están asignadas por cada uno de los siete u ocho conceptos allí señalados, en algunos de esos casos se trata de incrementos muy importantes.

                Muchas gracias.

 SEÑOR SALSAMENDI.-  Reconozco, señor Senador, que no logramos entender el cálculo que usted hace. Obviamente que en 2010 no está la línea de base, eso significa que los $ 20:000.000 no es el presupuesto del INAU en materia de retribuciones. Lo que figura allí es lo que está planteado para cubrir un aspecto a partir de la promulgación de este Presupuesto. El resto de los incrementos están realizados sobre la línea de base, es decir, sobre lo que hoy ya existe que, sin duda, es mayor que esta cifra.

Aquí está planteada la incorporación de personal, tal como lo había señalado, es decir, 120 funcionarios en 2011 y 80 en 2012; el complemento profesional -como lo indicamos- es para pagar un aumento a los profesionales que revisten en el escalafón A; la prima por presentismo está destinada específicamente para cubrir lo que se plantea; la prima por productividad comenzará a regir a partir de 2012, por las razones ya señaladas, y hay que organizar su implementación durante todo el año 2011 considerando los instrumentos técnicos sobre los cuales  se va a medir; el complemento de partidas variables está destinado a permitir manejarse con aspectos vinculados a inequidades salariales internas y, además, está el incremento salarial general.

El crecimiento en retribuciones en el quinquenio es del 28,60% sobre el total del presupuesto base, del total de la masa salarial. Obviamente, ello no implica que digamos que cada funcionario del INAU reciba necesariamente este dinero. Globalmente considerado, el incremento de la masa salarial sobre la línea de base de 2010 es del 28,6%.

SEÑOR SOLARI.- Creo que no tiene sentido polemizar sobre este punto. De todas formas, si bien estoy absolutamente de acuerdo con las asignaciones y los criterios brindados por el doctor Salsamendi a la Comisión, entiendo que, desde el punto de vista presupuestal, y a efectos del posterior control de la gestión -porque las personas cambian en el transcurso de las Administraciones- sería bueno incorporarlos en el articulado para que se facilite su estudio al momento de tratar las Rendiciones de Cuentas.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Para no seguir dando vueltas en torno al mismo tema, sugiero que el señor Senador Solari redacte un artículo aditivo con todos los detalles que desea incluir para que, cuando la Comisión aborde el tema, lo discuta.

SEÑOR SOLARI.- Creo que he sido claro en mi planteamiento, y el Directorio del INAU sabe a lo que me refiero. Si resulta necesario, con mucho gusto y en forma constructiva redactaré una norma pero, simplemente, me remito a lo ya expresado.

SEÑOR TAJAM.- Para entender los números y la distribución del gasto, hay que mirar las planillas. En el Tomo III “Gastos corrientes e inversiones”, está separado el 2010 hasta el 2014 y se refleja el aumento en cada uno de estos rubros. Así, por ejemplo, si tomamos el período 2010-2014, el incremento de las remuneraciones es de un 22%, mientras que si observamos el presupuesto vigente, el aumento es mayor. 

                En fin, creo que en el planillado está muy claro, por lo que no habría necesidad de incluir nada en el artículo.

SEÑOR SALSAMENDI.- En el proyecto de ley enviado por el Instituto figura el cuadro de costos, donde el señor Senador podrá hallar respuesta a la consulta que nos realiza.

                Para el artículo 2º, que se corresponde con el artículo 684 del proyecto de ley de la Cámara de Representantes, caben dos explicaciones. Por un lado, en función de la necesidad del incremento inmediato de personal, en su momento se realizaron contratos a término, a raíz de un convenio celebrado a partir de un conflicto que se había desarrollado. Así, para responder a una emergencia, se procedió a efectuar un ingreso por sorteo que terminó con la realización de un concurso abierto, como una forma de adecuarlos específicamente a la normativa del ingreso por concurso de oposición y méritos del Organismo. Por lo tanto, cuando se habla de “contratos a término”, debe entenderse en ese sentido.

                Por otro lado, está previsto el ingreso de 200 funcionarios más en lo que hoy es SEMEJI.

SEÑOR SOLARI.- Hace instantes manifesté que, tradicionalmente, el SEMEJI representaba la puerta de entrada del INAU y que, por las condiciones laborales propias de la naturaleza de la tarea, el personal tiende a no quedarse allí. De manera que,  con todo respeto, me permito sugerir al Directorio del INAU que adopte dos resoluciones que, realmente, no sé si tienen que estar incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto. La primera de ellas es la prohibición del traslado a otras dependencias dentro del INAU para el personal que haya ingresado a través del SEMEJI. Y la segunda, que creo importante, es especificar qué características tiene el personal que va a ingresar con cargo a esta partida a la que se alude en el artículo 684.

                Muchas gracias.

SEÑOR SALSAMENDI.- Desde hace aproximadamente dos años, ese movimiento de personal se ha detenido porque los concursos especifican estrictamente que la gente ingresa a trabajar con ese destino. Sin embargo -y contrariamente a la opinión manifiesta del Senador Solari- entendemos que es muy difícil tener vocación de carcelero para toda la vida. El desgaste brutal generado por el trabajo en la privación de libertad, requiere la necesidad de establecer la posibilidad de rotación. Esto es recomendado absolutamente por toda la bibliografía que sobre la materia existe a nivel internacional.

Con respecto a estos ingresos, cabe señalar que este año, aparte del llamado y de los elementos que se toman en cuenta para el ingreso -como los méritos, la selección, los informes de los estudios psicotécnicos y la entrevista- se ha realizado, por primera vez, una etapa previa de inducción donde se explica el funcionamiento de la institución, el lugar en el que se va a trabajar y la normativa que lo rige. Asimismo, hemos hecho un acuerdo con la escuela penitenciaria -también de reciente creación- a los efectos de que la gente se forme en todos aquellos aspectos que tienen que ver con los lugares donde va a trabajar. En este caso, se trata de la privación de libertad, que implica un trabajo muy distinto al de otros lugares; no es mejor ni peor, simplemente, es distinto.

Es verdad que, hasta el momento, no existía ese trabajo de capacitación previa en los aspectos propios de la privación de libertad y, concretamente, en lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad. Esto, sumado a la ausencia de criterios claros, obviamente generaba problemas desde el punto de vista de la seguridad y del entorno socio educativo. Además, en ese ámbito fácilmente se genera la siguiente situación: si uno tiene miedo, en general tenderá a reaccionar violentamente cuando no debe hacerlo o, simplemente, a hacerse a un costado y dejar que las cosas pasen.  Entonces, este aspecto es parte fundamental, tanto del acuerdo que hemos venido desarrollando con el Ministerio del Interior desde que ingresamos, como de la propuesta que vamos a explicar en relación con este punto.

Continúo, señora Presidenta, con el artículo 3º de nuestro Mensaje, que se corresponde con el artículo 685 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes. En esa disposición se faculta al INAU a incrementar hasta en 6 unidades reajustables las partidas por niño, niña o adolescente atendido, destinadas a la retribución de los convenios. Esto se debe a que, en muchos casos, los convenios habían quedado realmente retrasados en cuanto a la posibilidad de su efectiva financiación. A su vez, se trata de mejorar los denominados convenios de tiempo completo -hogares que atienden las veinticuatro horas- porque la escala de costos que estos tenían había quedado desligada de la realidad de los que en su momento habían sido planteados.

                Con esta partida destinada a nuevos convenios se prevé la concreción de  proyectos residenciales, seis Hogares y veinticinco de tiempo parcial, así como la ampliación de algunos convenios en SEMEJI para la modalidad de medidas alternativas. Estas medidas se desarrollan en los diecinueve departamentos del país y también son parte de los planteos de ampliación que estamos realizando.

SEÑOR SOLARI.- Quiero hacer dos preguntas con respecto al artículo 685.

                La primera tiene que ver con el inciso segundo del artículo, que expresa: “Facúltase al INAU a incrementar en hasta 6 UR (seis unidades reajustables) por niño, niña o adolescente atendido, la escala aprobada por el artículo 217 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994”. En ese artículo 217 se hace referencia a una escala de reintegros organizada en cinco categorías, a saber: menores preescolares, menores escolares, menores liceales, menores discapacitados leves y menores discapacitados profundos, y los reintegros van de 10 hasta 20 UR. O sea que aquí se establece un rango relativamente importante de reintegros.

                Obviamente, la expresión “hasta 6 UR” en cuanto al incremento parecería estar reflejando la potestad de usar esto en forma proporcional -o relativamente proporcional- a la escala que ya está establecida; quisiera preguntar si esa es la intención.

                En segundo lugar quiero decir que en cuanto al cuidado de menores del INAU -Tipo de Crédito 4- se han dado algunas situaciones en las cuales, aparentemente por dificultades de los sistemas de información, hay niños, niñas o adolescentes que figuran -estamos hablando de una misma persona- hasta en dos o tres ONG que cobran por ellos. Quería saber si esto está en conocimiento del Directorio y si se han tomado medidas para corregir esta situación.

SEÑOR CAIRO.- Buenas tardes.

                Con respecto a la escala establecida en el artículo 217, que permite el pago de determinado número de UR a las organizaciones civiles en convenio según, básicamente, los tramos etarios, puedo decir que el INAU fue facultado a incrementar sus valores en hasta 9 UR por el artículo 158 de la Ley              Nº 18.046. En esta instancia se propone el incremento de hasta 6 UR más y se establece que el INAU reglamentará la aplicación de este artículo 685. Lo que se pretende con este incremento por niño, niña o adolescente atendido, es mejorar la situación de algunos convenios que han sido estudiados y que realmente están con dificultades de financiamiento. Quiere decir que esto no es para todos los convenios, sino para algunos en particular, fundamentalmente los de atención que denominamos de tiempo completo, que son aquellos donde los niños o jóvenes viven en forma permanente y que, precisamente, están más desfinanciados.  En cuanto a ellos, se está proponiendo un incremento en lo que se paga a cada convenio por niño o joven atendido, siempre dentro de la partida presupuestal que se apruebe y, básicamente, es lo que está propuesto en este Presupuesto.

                La otra aclaración importante que quería hacer con respecto a las expresiones del señor Senador Solari en el sentido de que hay algunos niños por los cuales se pagaría  más de un convenio, quiero decir que eso se da en situaciones muy específicas y concretas. Hay un sistema informático que detecta el caso inmediatamente y no permite el pago doble, salvo algunas situaciones que, como dije, son muy concretas como, por ejemplo, si el menor concurre a un club de niños que tiene convenio y, a su vez, está en la calle y debe ir a un refugio. En estos casos se admite que se pague por la situación de refugio y por el convenio, al club de niños pero, reitero, se trata de situaciones muy puntuales.

SEÑOR SOLARI.- Lamentablemente, la respuesta confirma las peores sospechas, en el sentido de que la ley a través del artículo 217 establece un criterio -bueno o malo, pero un criterio al fin- y, por medio de una modificación ya realizada y de otra que está propuesta, se da una discrecionalidad tal al Instituto que puede aplicar estas partidas prácticamente de acuerdo con el criterio que entienda conveniente al momento de hacerlo y no con el que está fijado por la ley. Eso no me parece de buena gestión ni de buena técnica presupuestal.

                Muchas gracias.

SEÑOR SALSAMENDI.- Obviamente, siempre aplicamos la ley y no nos apartamos un ápice dentro de las potestades que nos otorga.

                El artículo 4º de nuestro Mensaje, que se corresponde con el artículo 681, también tiene relación con el artículo 680. Allí se plantea que el dinero destinado a la concreción de nuevos centros de atención a la primera infancia     -Centros de Atención a la Infancia y la Familia- lo que se denomina como corrección de inequidades dentro del sistema del Plan CAIF, sirva para solucionar algunos problemas vinculados a retribuciones salariales. A su vez, está prevista la creación de la figura del Coordinador de cada uno de los centros CAIF existentes, para que se puedan realizar actividades de control de gestión de recursos humanos y materiales, tareas que hoy debe realizar personal contratado para otras funciones. Asimismo se prevé llevar a ocho horas los grupos de CAIF existentes.

                También queremos decir que en el artículo 680 se establece la asignación de una partida anual de $ 100:000.000 a los efectos de constituir el Fondo de Infraestructura Educativa Pública - INAU “con el objetivo de financiar la construcción de nuevos Centros de Atención a la Infancia y la Familia            -incluyendo la adquisición de terrenos- que aseguren la ampliación de la cobertura de atención a la primera infancia”, y se agrega que “será administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo”. Nuestra duda es que planteamos no solo la construcción de nuevos centros, sino también la ampliación y la reparación de los ya existentes. Queremos dejar planteada nuestra preocupación porque, en puridad, en el artículo 680 esto no estaría completamente cubierto, por lo menos si uno hiciera una lectura absolutamente literal.

                Cabe destacar que este artículo fue incorporado expresamente en la Cámara de Representantes; no formaba parte de nuestro Mensaje ni del Mensaje del Poder Ejecutivo, por lo que nos queda la duda respecto a la interpretación que eventualmente deba darse a este artículo.

SEÑOR TAJAM.- En cuanto a este artículo y a lo que está planteando la Dirección del INAU, debo decir que también existe un Fondo de Infraestructura para la ANEP en similares condiciones. En ese caso, en lugar de referirse solamente a la construcción de nuevos locales, se establece que es con el objetivo de contribuir al crecimiento, mejoramiento y rehabilitación de las infraestructuras edilicias educativas públicas. De pronto podemos dar un formato parecido al artículo que refiere a este Fondo de Infraestructura que se pretende para el INAU.

SEÑOR SALSAMENDI.- El artículo 5º de nuestro Mensaje es el correspondiente al artículo 680 del proyecto de ley aprobado, que ya analizamos. Está previsto a los efectos de poder cumplir con las metas establecidas en materia de atención en primera infancia.

El artículo 6º de nuestro Mensaje se corresponde con el artículo 683. En esta disposición se plantea la  financiación del programa de Acogimiento Familiar, sobre el cual en su momento, en la presentación general, dimos los fundamentos correspondientes.

Con respecto al artículo 7º de nuestro Mensaje, que se corresponde con el artículo 686, solicitaría al señor Director Ferrando que explicara cuáles fueron los inconvenientes prácticos que nos llevaron a plantear esta modificación legal.

SEÑOR FERRANDO.- Lo que pretendemos con este artículo es tener un mecanismo ágil de apoyo a este derecho a la vida en familias, lo que implica un esquema de apoyos más variado y más rico que el actualmente existente bajo la modalidad que conocemos como “cuidadora”, que tiene una partida fija. En el marco del acogimiento familiar, entendemos que se pueden combinar varias modalidades. Existe la posibilidad de que el niño o la niña pase parte de su tiempo o pase a vivir con otros integrantes de la familia que estén en mejores condiciones de darle protección -tíos, abuelos u otros familiares- o bien con otras familias que eventualmente pueden ser vecinas o de la zona, que estén en condiciones, previa evaluación, de darle una atención adecuada. Incluso, se puede recurrir a familias ajenas al medio que, de algún modo, postulen o estén dispuestas a colaborar de diversas maneras, por ejemplo, atendiendo al niño o a la niña luego del horario escolar, para que estén en su casa o tomen la merienda y de noche vayan a su familia de origen. En definitiva, la idea es tener un conjunto de estrategias que nos permitan mejorar las respuestas. No se está pensando, entonces, en una ayuda fija, sino que, según cada caso, podrían destinarse recursos a alimentación, a pagar un tratamiento, a facilitar el acceso de este niño o niña a un club, a hacer actividades especiales, a ayudar a ampliar una vivienda con una habitación adicional para poder mejorar las condiciones de infraestructura, etcétera. Evidentemente, esto no en todos los casos permite hacer una rendición de cuentas de todos estos gastos en los términos que habitualmente se exigen. Entonces, aquí lo que estamos planteando es que, en base a la reglamentación y a lo que serían acuerdos de subsidio que se firmarían en cada caso entre la institución y la familia que va a dar acogimiento, se admita esa posibilidad, para lo cual se destina ese fondo específico, que empieza por $ 8:000.000 en el año 2011 y se incrementa en 2012. Estas partidas son más grandes en los años 2011 y 2012, porque tienen que ver con la tarea de disminuir rápidamente la institucionalización en hogares y buscar, a través de nuestras campañas, fortalecer la vida en familias, mientras que no aumentan tanto en los años 2013 y 2014, en el entendido de que ya se estaría sobre la base de un flujo de situaciones más estabilizado. Por eso esperamos un impacto más fuerte en los años 2011 y 2012 y el incremento de la partida es menor en los años siguientes.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Penadés)

 

                El artículo 8º, que se corresponde con el artículo 687 del proyecto de ley de Presupuesto, tiene que ver con la facultad de que partidas que hoy están en las modalidades tradicionales de cuidadoras, eventualmente, en la medida en que las coordinadoras se jubilan o por algún motivo dejan de tener niños a su cargo, puedan irse transfiriendo a este fondo que se crearía a partir de 2011.

SEÑOR ABREU.- Estaba analizando el artículo 686 y su relacionamiento con el artículo 442 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. La novedad planteada acá es que estos subsidios y subvenciones no están sujetos a rendición de cuentas en forma documentada y, por ende, la familia de acogimiento no debe presentar informe de revisión limitada. En ese artículo 442 se habla de que las partidas pueden ser abonadas directamente a quienes celebraron el acuerdo de acogimiento familiar o a la institución o servicio cuya intervención se requiera en cada situación. Si participa una institución o servicio, que ya es algo más que un subsidio directo, ¿también se le exonera de la rendición de cuentas? Estamos hablando de una partida muy importante que alcanzará los $ 26:000.000 en 2014. Lo difícil es -entiendo que no es un tema fácil de administrar- poder, de alguna forma, complementar el concepto de evaluación de gestión y de control de resultados si no tenemos una forma de controlar los gastos o, por lo menos, una rendición de cuentas, no ya solo de las familias sino, en particular, de esas instituciones cuya intervención se requiera en cada situación, tal como expresa el artículo 442. Reitero que se trata de una cifra muy importante que se está manejando con discrecionalidad;  aclaro que no lo digo en un sentido diminutorio, sino por la  ausencia de un sistema de mayor fuerza para el control de la gestión y de los resultados.

                En realidad formulé una pregunta y un comentario a propósito de este aspecto.

SEÑOR FERRANDO.- Compartimos su inquietud. Lo que pretendemos con este artículo es atender los casos de aquellas familias que puedan tener más dificultad en lo que hace a la rendición de cuentas, sin que ello no nos inhiba para que si ese grupo familiar  tiene condiciones de ofrecer  un hogar y un apoyo en la educación, en la salud y en la alimentación, deje de hacerlo. Estamos de acuerdo con la idea -y ello estaría sujeto a la reglamentación- de que en aquellos casos más formales, como puede ser el pago de una atención psicológica, la ida a un club o a un curso específico -es decir, donde hay modalidades institucionales- podamos llegar a esa exigencia. Obviamente, esto va a implicar un ajuste en todo el aparato administrativo a los efectos de que haya una supervisión y control, aun en aquellas familias que no estén sujetas a rendición de cuentas. En definitiva, reitero, nos parece oportuna su sugerencia, señor Senador.

SEÑOR SALSAMENDI.- Queremos aclarar que estamos trabajando en un acuerdo que en esta materia tenemos con Aldeas Infantiles, al igual que con otras organizaciones, a los efectos de intentar ir hacia un sistema nacional de acogimiento familiar.

                El artículo 9º de nuestro Mensaje, que se corresponde con el artículo 688 del proyecto de ley aprobado,  modifica el artículo 444 de la Ley N° 18.362. Se pretende corregir su redacción original,  ya que la interpretación no se corresponde con el espíritu con el cual se aprobó, que era el de permitir al INAU contratar en forma permanente a los funcionarios eventuales que habían ingresado hasta el 30 de junio de 2009.

                El artículo 690 se corresponde con el artículo 10 de nuestro Mensaje. Aquí se busca continuar con el proceso de regularización de aquellos funcionarios que ingresaron en régimen de contrato eventual, atendiendo a que la relación laboral con el Instituto es de carácter permanente, dada la naturaleza de sus funciones. Los llamados fueron realizados en calidad de eventuales hasta que se generen las condiciones para la realización de  contrataciones en forma permanente. Estos ingresos se procesaron, en su momento, mediante un llamado público.

                Con el artículo 11 del Mensaje del Poder Ejecutivo, que corresponde al 691 aprobado por la Cámara de Representantes, se pretende que las infracciones a la normativa legal vigente, en materia de trabajo de adolescentes, tenga un mínimo de 10 UR en lugar de las 50 UR que establecía el artículo 446 de la Ley Nº 18.362.

                En el artículo 12, que corresponde al 689 aprobado por la Cámara de Representantes, se pretende presupuestar, aproximadamente, a 800 funcionarios; esto se realizará en cargos de ingresos a los escalafones y series respectivas, previa demostración de aptitudes para el desempeño del cargo. De esta forma, se dejaría en pie de igualdad a todos los funcionarios que participen en los concursos para ocupar los cargos en forma definitiva. Los funcionarios contratados en forma permanente están en cargos de ingreso a los distintos escalafones en serie y su presupuestación no tiene costos presupuestales ni de caja.

                El artículo 13, que corresponde al artículo 692 aprobado por la Cámara de Representantes, autoriza al Instituto a adquirir en forma directa calzado, vestimenta, implementos de aseo personal, artículos recreativos y educacionales por hasta el 60% del grupo 1 "Bienes de Consumo", a efectos de profundizar el proceso de cambio del modelo tutelar al modelo donde los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, que si tuviéramos que comprar los insumos por la modalidad existente todos los niños se vestirían iguales, tendrían exactamente la misma ropa, es decir, estarían uniformados, usarían el mismo desodorante, etcétera. Hay artículos, elementos de carácter personal que los adolescentes -y sobre todo las adolescentes- requieren con una cierta flexibilidad para su vida cotidiana. 

SEÑOR SOLARI.- Me consta, de buena fuente, que hay depósitos del INAU que están llenos de estos materiales y que no hay un inventario adecuado de los mismos. De acuerdo con la explicación que acaba de brindar el señor Presidente del Instituto, estamos autorizando la compra directa, con la cual concuerdo, pero es cierto que hay una contradicción y dejo eso a consideración del Directorio para que lo tenga en cuenta.

SEÑOR CAIRO.- En realidad, todo lo que tenemos en el área de Suministros está inventariado. Lo que sí es una realidad y muchas veces ha sucedido, es que los procedimientos de los llamados a licitación para la adquisición de artículos son muy lentos  y largos, por lo que la ropa de verano llega en invierno o viceversa, y en algunas ocasiones ha quedado vestuario sin utilizar.

Con respecto a otro tipo de artículos como, por ejemplo, electrodomésticos, colchones o sábanas, están inventariados y se  distribuyen en función de las necesidades que haya.

SEÑOR SALSAMENDI.- Los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de nuestro Mensaje original se corresponden con los artículos 693, 694, 695 y 696. Concretamente, se está planteando  ampliar las facultades del INAU para celebrar convenios por proyecto, en aquellos casos en que las características de la problemática atendida dificulten o  impidan la retribución por niño atendido. De esta manera se salva la limitante relativa que imponen los artículos 227 y 230 de la Ley       Nº 15.903 y sus modificativas.

                Sobre este punto, solicito autorización para que haga uso de la palabra el señor Ferrando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Director Ferrando para referirse específicamente al artículo que estamos considerando.

SEÑOR FERRANDO.- El Directorio del INAU tiene una mesa de trabajo permanente con representantes de las organizaciones no gubernamentales, que nos permite ir trabajando en conjunto sobre distintos aspectos como, por ejemplo, el monitoreo, la fijación de indicadores y el análisis de las dificultades que se van planteando.  Hoy por hoy, es bastante distinto trabajar en un Club de Niños que  hacer lo propio  en un Programa Calle. El Club de Niños habitualmente tiene regularidad, los niños van todos los días, hay un horario y tareas a realizar, mientras que cuando se trata de adolescentes  que tienen otra dinámica y situaciones bien complejas, se requiere un encare muy distinto. Quiero aclarar que la idea no es eliminar el criterio de pago por niño, sino que se lo quiere  enfocar como proyecto, en base a indicadores y resultados.  Esto nos permite establecer un criterio de financiación por proyecto que, de algún modo, protege a las organizaciones que trabajan  de que el pago varíe mes a mes por la fluctuación que pueda darse entre los niños y adolescentes atendidos.  Entonces, el énfasis se pondría en establecer un monto por proyecto relacionado con la población que se espera que atiendan, pero el pago sería fijo, y no fluctuante mes a mes -como es hoy- según la cantidad de niños o adolescentes que se atendió el mes anterior. De este modo, la supervisión se concentraría en el logro de las metas proyectadas y en el seguimiento de los indicadores. El INAU está terminando de implementar el Sistema de Información para la Infancia, que permitirá un monitoreo bastante más efectivo del desarrollo de todos los proyectos y, de esta forma, creemos que estamos en mejores condiciones para atender aquellos proyectos más complejos.

                También, de común acuerdo, entendimos necesario hacer procesos licitatorios de modo que, más allá de las evaluaciones que haya de los proyectos -como históricamente se hicieron sobre la base de que vino alguien, presentó una idea y se financió- se pueda tener la posibilidad, de acuerdo con las prioridades que se vayan estableciendo, de licitar los proyectos periódicamente, tema por el que también se llegó  a un acuerdo con las organizaciones. Obviamente, se mantiene la posibilidad del subsidio que es una ayuda especial que se da para un fin concreto como, por ejemplo, la ampliación o refacción de un local. No es una partida mensual, sino que es un subsidio contra una prestación. 

Básicamente de esta manera quedarían contemplados los fundamentos de los distintos artículos.

SEÑOR PASQUET.- Quisiera realizar un comentario muy breve, porque hemos seguido con la atención que corresponde esta exposición. Hemos visto que a través de una serie de normas se flexibilizan algunos marcos normativos y, por otro lado, se amplía el margen de discrecionalidad. Todo esto tiene una finalidad plausible y atendible, lo cual compartimos por los fundamentos que ha expuesto el Directorio del INAU. Pero creo que en la medida en que se amplían esos márgenes, también se amplía la posibilidad de que por error humano o por esas cosas que pasan, haya desviación de los fondos o de los fines establecidos en la ley, en un área especialmente sensible de la actividad pública, en la cual cada vez que ocurre algún inconveniente, después se magnifica a través de los medios de comunicación, repercutiendo muy negativamente en la imagen del Instituto, generando una serie de consideraciones que todos conocemos. Se me ocurre que el INAU tendrá que poner mucho cuidado y esmero en los mecanismos de control e inspección que utilice para asegurarse de que todo esto se utilice, en definitiva, para lograr los fines que aquí se han señalado. Los fines son compartibles, pero el Directorio es consciente -esto lo advierto- de que asume un cierto riesgo al ampliar así los márgenes para actuar. Por lo tanto, tendrá que extremar su cuidado para controlar que esto se haga en debida forma.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Dalmás)

SEÑOR ABREU.- Quisiera referirme en el mismo sentido de lo planteado por el señor Senador Pasquet, sobre todo porque estamos hablando de un organismo que va a tener un ingreso importante de funcionarios, va a ver incrementado su presupuesto y, además, simultáneamente se le da una gran flexibilidad en el manejo de los fondos. Todo esto es muy importante pero, sin perjuicio de apoyar todas las inquietudes de esta naturaleza para poder volcar un servicio tan importante hacia la sociedad, a los más necesitados y marginados, creo que el Instituto debe realizar el máximo de los esfuerzos para que todas estas instrumentaciones de presentismo, productividad, etcétera, puedan tener un control efectivo. Digo esto porque, obviamente -el riesgo lo está asumiendo el Instituto- el manejo de estos recursos va a aumentar en forma casi exponencial las posibilidades de que el error o la voluntad puedan discrecionar los objetivos e, incluso, comprometer la responsabilidad en la conducción técnico-política del organismo. Entonces, es fundamental dar este crédito de carácter institucional, pero también hay que realizar una advertencia en el sentido de compartir la preocupación de que cuanto más se avance en la discrecionalidad, se aumenta el riesgo. Pero es cierto también que cuanto más se aumenta la burocratización, se reducen los resultados que se quiere obtener, particularmente, en este tema tan sensible.

                Esta es una reflexión que quería realizar, compartiendo la preocupación del señor Senador Pasquet y, seguramente, de las autoridades del Instituto.

                Muchas gracias.

SEÑOR FERRANDO.- Quisiera realizar un breve comentario, porque compartimos las inquietudes expresadas. Para nosotros es determinante en esta propuesta la referencia a que estamos terminando de implementar un nuevo sistema de información de infancia, por el cual todos los proyectos tienen que cargar mensualmente los informes sobre la población atendida, como así también una serie de datos que se piden con respecto a las familias y a la participación o concurrencia de cada niño a los servicios. Esto permitirá un doble control, es decir, el de los supervisores que trabajan a terreno y también de quienes van monitoreando el sistema de información. A su vez, en el marco del acceso a la información pública, buena parte de estos datos serán accesibles para el control externo.

SEÑOR SALSAMENDI.- Vamos a hacer una propuesta vinculada al actual SEMEJI, que tuvo varios nombres, en un principio se llamó Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ) y luego División de Establecimientos de Alta Contención (DEAC).

                Como decíamos, venimos trabajando desde el 30 de junio en un organismo bastante complejo y que ha tenido cuatro Presidentes en menos de dos años. Obviamente, esta circunstancia lo ha tornado inestable y claramente difícil de gestionar. A su vez, desde la perspectiva de SEMEJI, o de lo que en su momento fue INTERJ, durante el período pasado hubo una sucesión de personas a cargo, de gerentes o de gerencias, con muy diversos abordajes al tema, lo que también generó un ámbito de clara inestabilidad y un manejo del tema que no necesariamente permitía realizar un trabajo adecuado como el que realmente debe hacerse en un lugar de esta naturaleza.

                 Por las propias exigencias del Código del Niño y de la normativa internacional, hay quienes consideran  -y quizás estas precisiones las formulo de forma muy grotesca y brutalmente esquemática- que en estos lugares hay niños y niñas víctimas del sistema de explotación y que por ello han caído en lo que han caído, y quienes consideran que son victimarios brutales, monstruos execrables de la especie humana; muchas veces es muy difícil encontrar los justos medios para decir cómo debe definirse y funcionar un sistema de esta naturaleza. Durante este tiempo hemos venido trabajando mucho sin necesidad de un nuevo presupuesto, realizando una cantidad importante de ahorros, y vamos a llegar a fin de año con aproximadamente ochenta plazas más que las que teníamos el 30 de junio, cuando asumimos. Obviamente, esto también va a depender del personal, de su calificación y de las posibilidades de ingreso. En muchos casos, las plazas nuevas no implican necesariamente nuevos lugares, ya que hay que desalojar algunos absolutamente indignos -que hoy albergan gurises y algunas gurisas- porque es imposible repararlos en función de que hay gente dentro. Además, se trata de gente que no se puede trasladar para cualquier lugar, dado que no puede ir a una casa que no tenga determinadas condiciones de seguridad.

                Frente a esta situación, se determinó la creación del Instituto de Rehabilitación, que tiene un nombre similar al del entonces INTERJ. Como ya señalamos, en el marco del trabajo que venimos realizando está incluida la mejora de los protocolos internos y una baja sustantiva de los números en materia de fugas, pero todavía estamos lejos de lo que debe ser el ideal. Todo lo que hoy existe y se ejecuta en el SEMEJI corresponde al INAU como Institución globalmente considerada: los recursos humanos, los materiales, la infraestructura y demás, todo forma parte de una misma bolsa que en algunos casos tiene, sobre todo en el área de personal, la posibilidad de ser detallada más concretamente. Sin embargo, en otros casos no es así; me refiero a la locomoción, que sirve tanto para un caso como para el otro. En cuanto a los funcionarios, desde el punto de vista de su estatus -tal como de algún modo señaló el señor Senador Solari- hoy pueden estar allí pero mañana no, más allá de que los últimos concursos señalan los lugares específicos a los que deben ir. Por lo tanto, en la línea del proyecto planteado, cabe realizar las siguientes preguntas. Los funcionarios y funcionarias, ¿conservarían su estatus funcional actual? ¿Serían trasladados voluntariamente hacia una nueva institución o eso se debería hacer en función de un mecanismo coercitivo? ¿Sería negociado con la organización sindical o no? Cuando existan situaciones de desgaste de los trabajadores o las trabajadoras por la índole de la tarea, ¿podrán volver a la institución a la que originalmente pertenecían, esto es al INAU, y se podrá suplantar con gente que esté trabajando en otro lado? ¿O, acaso, por pertenecer a otros organismos, esta posibilidad estará absolutamente vedada? ¿Se crearán nuevos Departamentos Contables, de Sueldos, de Planeamiento, de Locomoción, de Compra, de Jurídica, de Recursos Humanos, es decir, de todo lo que necesita una nueva institución? ¿Se separará definitivamente el nuevo instituto del organismo rector en materia de políticas de infancia y adolescencia? ¿Cómo se evalúa este aspecto desde la perspectiva de los organismos de infancia y adolescencia o vinculados a los derechos de infancia y adolescencia, tanto nacionales como  internacionales? 

Con respecto a estas dudas, tenemos una propuesta que está abierta a la discusión, y en ningún caso pretende plantearse como solución definitiva. Por su parte, tiene la ventaja de responder a algunas de estas preguntas y de tener una rápida instrumentación. Desde ya adelanto que, a partir de una determinada resolución, lo que vamos a plantear se podría poner en práctica esta noche. ¿En qué consiste? La Ley Nº 15.977, que crea el INAME y sigue rigiendo parte de los cometidos del INAU, establece en su artículo 7º que para el cumplimiento de los cometidos del Instituto, el Directorio tendrá una serie de facultades que luego se enumeran. En el literal A) se establece con un grado absoluto de generalidad: “Determinar la organización interna del Instituto”. El literal B) señala: “Ejercer la dirección y administración del servicio, dictando para ello las reglamentaciones y resoluciones pertinentes”. Aclaro que voy a leer solamente los literales que importan a los efectos de lo que vamos a plantear posteriormente. Por su parte, el literal J) dice: “Ejercer la potestad disciplinaria sobre todo el personal del Instituto”. Y el P) señala: “Delegar, por resolución fundada, las facultades mencionadas en los literales B), J) y O), en otros órganos del Instituto”. Esto es, las facultades de dirección y administración de los servicios y de ejercicio de la potestad disciplinaria.

Por ende, lo que estamos planteando es que este Directorio asuma  la responsabilidad de dictar una resolución delegando en forma inmediata estas responsabilidades y, para ello, tenemos dos posibilidades.

La primera propuesta es la de crear una comisión delegada de dirección y administración del actual SEMEJI -donde se encontraría el INAU- integrada por personas designadas por los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, de Salud Pública y del Interior, que son aquellos con los que estamos trabajando desde hace un tiempo esta propuesta, no en términos jurídicos, sino de gestión. ¿Por qué estaría integrada por estos organismos? En el caso del Ministerio de Desarrollo Social porque, obviamente, su vinculación con las políticas de egreso y su competencia en materia de articulación global de las políticas sociales, lo hace especialmente necesario a estos efectos. Aparte de ello, es el organismo a través del cual nos comunicamos con el Poder Ejecutivo.

Por razones vinculadas con la educación -particularmente la no formal- y la cultura, también estaría incluido el Ministerio de Educación y Cultura.

                El Ministerio de Salud Pública y ASSE serían tenidos en cuenta en función de sus posibilidades. Actualmente estamos trabajando con ASSE en lo mismo que ellos vienen desarrollando a nivel penitenciario de adultos. Esta semana están iniciando las recorridas para efectivamente comenzar a instalar dispositivos de atención de salud en todos los casos de adolescentes privados de libertad.

                Asimismo, venimos trabajando con el Ministerio del Interior en función de la necesidad de tener la custodia perimetral real y externa desde el diseño hasta el ejercicio efectivo de esa gestión. Me refiero al diseño de perimetrales y a su construcción. En este tema venimos trabajando directamente con esta Cartera.

                La segunda propuesta que estamos manejando consiste en delegar nuestras atribuciones en una Comisión de tres miembros que sea designada en función de las consultas que se realizarán con el más amplio y absoluto consenso político-técnico.

                A su vez, esa Comisión delegada va a ser la que, de hecho, asuma inmediatamente el ejercicio efectivo del control del funcionamiento de lo que hoy es el SEMEJI. Es así que se determinaría la existencia de una Gerencia Ejecutiva y de cinco Programas. Uno de ellos sería el correspondiente al ingreso, diagnóstico y derivación. Hay que recordar que este Programa incluye a los hogares transitorios de los diecinueve departamentos del país, de los cuales hay que hacerse cargo. Otro referiría a la ejecución de medidas socioeducativas privativas de libertad, pues hay que avanzar claramente en la construcción de obras nuevas para asegurar mejores condiciones de seguridad y, además -valga la redundancia- para mejorar las condiciones edilicias que ya existen, así como para concretar aquello que la ley hoy nos determina y que no en todos los casos podemos hacer efectivo, que es diferenciar claramente la situación de los cautelares de la de aquellos que tienen sentencia ejecutoriada que determina una medida socioeducativa. En este caso, obviamente estamos hablando de las medidas privativas de libertad. 

Otro Programa tiene que ver con la creación de un sistema de medidas curativas, a los efectos de atender aquellos casos vinculados gravemente a aspectos de adicciones o de trastornos psiquiátricos, problemas que padece una parte importante de la población que hoy se encuentra privada de libertad.

Otro se relaciona con la inserción social y comunitaria, es decir, con todo aquello vinculado específicamente al egreso de los menores.

Un último Programa estaría relacionado con las medidas alternativas a la privación de libertad, proyecto que se desarrolla en los diecinueve departamentos del país. Como decíamos anteriormente, hay aproximadamente 330 personas privadas de libertad y 380 vinculadas a medidas privativas de libertad, con un 2% de reincidencia en este último caso.

Por lo tanto, entendemos imprescindible que efectivamente exista un grupo de personas especializadas y dedicadas exclusivamente a estos temas y que se determine un presupuesto destinado solamente a estos asuntos, que permita continuar avanzando en el perfeccionamiento de algunos mecanismos. Fundamentalmente, se requiere la construcción de determinada obra nueva.

Hemos analizado el tema con la CNDH, con cuyos miembros conversamos en profundidad; inclusive hemos estudiado muchos proyectos que existen en este sentido a nivel mundial.

Por otra parte, será necesario determinar el número de privados de libertad que se espera pueda existir de aquí a diez o quince años porque, obviamente, una construcción de este tipo debe ser pensada para que perdure.

Reitero: esta no es una propuesta definitiva, por el contrario, estamos abiertos a atender las sugerencias que se nos proponga, aun cuando si quisiéramos esto lo podríamos decidir por resolución del Directorio hoy mismo.

 Más allá de haberlo consultado con integrantes del  Poder Ejecutivo y haber trasmitido la propuesta al señor Presidente de la República, quiero aclarar que esto solo involucra al Directorio de este organismo -en este momento, representado por sus tres integrantes- al que, como los señores Senadores  saben, le está  vedado completamente realizar política partidaria; la Constitución es muy clara en este sentido.  Por tanto, nos parecía que este planteo  debía ser realizado por el propio Directorio, sin comprometer a ningún otro organismo del Estado, más allá de que los que hemos mencionado se incluirían en la propuesta,  en su carácter de asesores de la comisión delegada que se crea.  De esta manera, buscamos asegurar una efectiva interinstitucionalidad que permita abordar en forma multidisciplinaria un problema tan complejo como el que estamos analizando.

                Nosotros habíamos dicho que íbamos a formular un planteo presupuestal para el quinquenio a partir de la Rendición de Cuentas del año que viene,  porque considerábamos que primero debíamos ponernos de acuerdo en qué es lo que queríamos realizar, no solo en relación con su forma jurídica o el lugar físico donde se debe ubicar, sino en cuanto a qué se pretende de esos ámbitos. Sería muy bueno que trabajaran diversos organismos  en conjunto, cada uno aportando lo  mejor desde su área de competencia.   Por    ejemplo,    la    seguridad    vinculada   al  Ministerio  del  Interior -particularmente, la seguridad perimetral y externa- es algo imprescindible y, si bien hoy ya se está llevando adelante, pensamos que se debería encontrar un mecanismo más apropiado.

                Por otra parte, creemos que podríamos dar respuesta a las necesidades presupuestales a través de una ley especial, sin esperar a la próxima Rendición de Cuentas.  Sin embargo, en virtud de los planteos que hemos realizado y los consensos que el sistema político ha logrado, como Directorio estamos haciendo una propuesta concreta que es absolutamente viable y que se puede ejecutar inmediatamente. Obviamente, reitero nuestra absoluta apertura -no desde el punto de vista formal sino estrictamente político- a recibir los eventuales planteos que genere esta propuesta.

                Esto es cuanto queríamos manifestar respecto a este punto, señora Presidenta.

                Muchas gracias.

SEÑOR PENADÉS.- En primer lugar, vamos a manifestar nuestra satisfacción por la iniciativa del Directorio del INAU al presentar esta propuesta. Debemos reconocer  cómo han trabajado, con mucha hidalguía, en una idea que los distintos partidos políticos hemos manejado durante mucho tiempo; es una idea en torno a la que han logrado acuerdos desde el punto de vista programático, y en la que ha trabajado, entre otras, la Comisión Interpartidaria sobre Seguridad Pública; por cierto,  en el Presupuesto se incluye un artículo en el Inciso del Ministerio de Economía y Finanzas, por el que se habilitaría la construcción de un centro de internación.

Realmente, la primera reacción es saludar la propuesta que, por supuesto, conocemos en este momento. Por eso, solicitaríamos que nos la hicieran llegar por escrito para que en el ámbito de los partidos políticos podamos comenzar a discutirla a la brevedad. Tomando en cuenta la segunda gran ventaja expresada por el señor Presidente del INAU en su  intervención, que es la de manifestarse abiertos a poder trabajar sobre esta iniciativa, la primera solicitud que planteamos, reitero, es conocer la propuesta por escrito y, la segunda, es que en el correr de los próximos días el INAU invite a los partidos políticos a trabajar en conjunto, a efectos de que desde las primeras reuniones analicemos hasta dónde podemos avanzar en un fin que nos es común, o sea, tratar de que la institución que se cree logre un proceso de reinserción y de reeducación del menor infractor, de forma tal que pueda incorporarse lo antes posible como una mujer o un hombre de provecho acorde a la vida en sociedad, y también la de poder tener mayor eficiencia y eficacia en la reclusión de quien la Justicia determine que debe estar recluido por algún delito cometido, pero en los términos que establece la Constitución de la República.

Manifestamos, entonces, nuestra gran satisfacción y  felicitamos al Directorio del INAU por la iniciativa. Creo que al leerla, con toda seguridad van a surgir grandes acuerdos y diferencias que tendremos que laudar en ese escenario. Espero que se concrete  la designación de los parlamentarios  y que a la brevedad comiencen a trabajar  junto con el INAU, para llegar rápidamente a un acuerdo porque, producto de la realidad que se está viviendo, estos problemas deben ser tratados con cierto grado de urgencia.

SEÑOR PASQUET.- Desde el Partido Colorado, celebramos el planteamiento que acaba de hacer el señor Presidente del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, porque es una señal de sensibilidad frente a un problema cuya gravedad e importancia son claras para todos. La propuesta está en elaboración, como surge notoriamente de los términos en que fue planteada. El señor Presidente, inclusive, comenzaba su exposición planteando una larga serie de preguntas a las que había que responder para, a partir de las respuestas, completar el diseño institucional de que se trata; todo eso tendría que ser estudiado con la debida profundidad y con el tiempo que demande.

Nosotros también esperaremos la formulación del planteo por escrito y  lo trasladaremos inmediatamente a los órganos de nuestro partido y, por supuesto, comprometemos nuestra máxima colaboración para aportar las ideas que podamos incorporar a este tema, cuya importancia es manifiesta.

                Seguramente, en ese camino de propuestas y aportes,  habremos de encontrarnos.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señalamos que nos parece interesante la propuesta planteada por el Directorio del INAU. Estábamos preocupados -y ya se discutió aquí en Comisión- en el sentido de que los artículos propuestos resolvían parcialmente un tema muy grave y complejo. Es por esta razón que nos parece bien que se dé esa discusión con el criterio de amplitud propuesto y con el compromiso de brevedad, ya que a todos interesa que estos temas se resuelvan lo antes posible o que se empiece un camino; ese es el horizonte que tenemos.

                Por lo tanto, celebramos que se haya hecho esta propuesta en el día de hoy.

SEÑORA PRESIDENTA.- En lo personal, no quiero dejar pasar esta situación sin decir que también me siento muy congratulada por la propuesta, pensada con mucha sensibilidad, pero también teniendo presente el sentido de la urgencia.

                Debo señalar que a las preguntas que realicé fuera de Sala se me explicaba que la inserción institucional atiende no al ideal, sino a la inmediatez, visión que compartimos. Este es un tema realmente importante, de esos que pocas veces ocurre en los Presupuestos, pero que resulta un excelente ámbito para lanzar esta propuesta y comenzar a trabajar en ella.

                Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 20 y 36 minutos.)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.