SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 22 minutos.)

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encabezada por el Ministro, señor Eduardo Brenta, y el Subsecretario, doctor Nelson Loustaunau, a los efectos de presentar los artículos correspondientes al Inciso 13 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, por lo que les cedemos el uso la palabra.

SEÑOR MINISTRO.- Nuestra intención es hacer una serie de apreciaciones de carácter general respecto al articulado que contiene los objetivos y las metas que se ha planteado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para este quinquenio, partiendo de la base de que están incluidos en el conjunto del Mensaje presupuestal.

                En líneas generales, nuestro objetivo para el quinquenio es mejorar sustancialmente la atención a la ciudadanía que realiza el Ministerio en forma permanente, fundamentalmente a través de la mejora de los servicios brindados, la calidad y rapidez en la atención, así como el entorno en el que se realizan las actividades, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos y el conjunto de normas a los que está comprometido.

                Una de las inversiones más importantes que va a realizar nuestra Cartera en este quinquenio tiene que ver con lo que está contenido en el artículo 565 -que era el 556 del Mensaje original del Poder Ejecutivo- por el cual se asigna una partida destinada a la informatización y mejora de inmuebles. Por ejemplo, solo en sus oficinas ubicadas en la sede central, sita en la calle Juncal, en la parte de atención individual, el Ministerio recibe entre ochenta mil y cien mil consultas anuales. La atención y evacuación del conjunto de las consultas y negociaciones de carácter individual que se establecen, además de las innumerables consultas que se realizan a través del portal y del servicio 0800 de que disponemos, representan un esfuerzo muy significativo. Al mismo tiempo, a nivel nacional, el Ministerio posee cuarenta y dos oficinas de trabajo a lo largo de todo el territorio nacional.

En consecuencia, uno de nuestros objetivos planteados a los efectos de cumplir con esa demanda tiene que ver con la implementación de un plan destinado a la informatización de todos sus servicios para que la gran mayoría de los procedimientos y trámites se realicen a través del expediente electrónico y de un conjunto de mecanismos que impliquen la citación a los trabajadores y a las empresas con la máxima celeridad, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de carácter legal.

Como los señores Senadores saben, los trabajadores que llegan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por consultas individuales son fundamentalmente aquellos que no están sindicalizados y, por tanto, en muchos casos carecen de defensa o desconocen sus derechos. En este sentido, el rol de la Cartera es asesorarlos y darles el apoyo legal imprescindible para el ejercicio adecuado de esos derechos.

                En el área de la negociación colectiva, se proponen una serie de aumentos vinculados a los recursos humanos disponibles, teniendo en cuenta que es imprescindible el cumplimiento de un conjunto de leyes y normas laborales aprobadas en el quinquenio anterior, que tienen que ver con el establecimiento de la negociación colectiva en los sectores público y privado. Esto exige un incremento adicional de funcionarios, dado que, en el caso de la negociación colectiva en el sector público, estamos realizando la primera experiencia en este sentido en el Uruguay. Además, con respecto al tema de la negociación, hay que tener en cuenta que el Ministerio recibe en forma permanente consultas de diverso tipo, tanto de empresarios como de trabajadores, con relación a distintos aspectos vinculados al desarrollo de las tareas. En este sentido, si bien la dotación de funcionarios de la Cartera se incrementó significativamente entre los años 2005 y 2010, aún continúa siendo insuficiente para atender este tipo de demandas. Cabe destacar que el esfuerzo central en el quinquenio anterior fue realizado en el área vinculada a la Inspección General del Trabajo, justamente en la Dirección Nacional de Trabajo, pero estamos lejos de disponer de los recursos humanos suficientes para la atención de una realidad que es notoriamente distinta a la anterior en lo que tiene que ver con el nivel de trabajadores sindicalizados, las áreas de negociación a desarrollar y el conjunto de derechos adquiridos a través de una larga legislación que fue aprobada, como decíamos, en el período anterior.

                Otro de los temas que nos hemos planteado como central para nuestra gestión tiene que ver con el papel rector que entendemos debe jugar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en materia de monitoreo, evaluación y orientación de las políticas de empleo. Nos parece que esta es una de las tareas más significativas que la Cartera tiene planteadas para el Período que se inicia. Es cierto que el país se encuentra en los niveles históricos de desempleo más bajos desde que existen registros -al menos desde los últimos veinticinco años- pero debemos exigir un esfuerzo adicional para lograr la generación de las condiciones para la incorporación plena de estos trabajadores al mercado de trabajo. En este sentido, si bien nos parece que estos problemas son bienvenidos, porque devienen de un crecimiento económico sostenido a lo largo de más de un quinquenio, también es cierto que plantea desafíos muy importantes. Creemos que este es un tema que, lentamente, comienza a introducirse en la agenda de los uruguayos y tiene que ver con el papel de los recursos humanos, fundamentalmente los calificados, en el desarrollo nacional. Este es un elemento a considerar. Como los señores Senadores saben, además de la inversión que se está produciendo por el devenir del crecimiento económico, también está planteado, para los próximos años, un conjunto de megaproyectos muy importantes, que van a exigir un esfuerzo adicional vinculado a la disponibilidad de recursos humanos calificados. En este sentido, el Ministerio viene trabajando en las Comisiones que elaboran los memorandos de entendimiento entre algunas de las empresas que están llevando adelante estas iniciativas y el Gobierno Nacional, a los efectos de determinar con precisión la cantidad de trabajadores necesarios, sus perfiles desde el punto de vista de las categorías laborales y, por tanto, las tareas que podemos desarrollar desde la Dirección Nacional de Empleo y desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que entendemos debe cumplir un rol muy significativo en esta materia. Para que efectivamente se pueda desarrollar una política de monitoreo, observación y diagnóstico del mercado de trabajo, es imprescindible tener los recursos profesionales necesarios, fundamentalmente, a través del fortalecimiento del Observatorio de Mercado de Trabajo que, con información propia y del Instituto Nacional de Estadística, ha comenzado, desde hace pocos meses, a brindar información en forma mensual, la cual se suma a los datos estadísticos habituales, de manera de ir detectando con mayor precisión, a través del análisis de los microdatos de las propias encuestas, algunas de las problemáticas que atraviesa el mercado de trabajo. De esa manera, se van a poder determinar las causas, la ubicación y el porqué del conjunto de trabajadores que integran este 6,3% de desocupados que aún existen en el Uruguay. Entendemos que esa es una de nuestras tareas centrales, al igual que la elaboración de políticas rectoras y de orientación que permitan, efectivamente, desarrollar las políticas adecuadas, a través de un instrumento que dispone de recursos significativos provenientes del aporte de empresarios y trabajadores, y que, además, tiene una conducción de carácter tripartito, elemento que fortalece su gestión y, por tanto, permite tener allí las distintas miradas existentes en el mercado de trabajo.

                Asimismo, es muy importante llevar adelante todo lo que tiene que ver con las iniciativas privadas, en muchos casos, de asociación de empresarios y trabajadores, que tienen que ver con los aspectos vinculados a la formación y capacitación profesional, tema sobre el cual pretendemos hacer un esfuerzo muy importante. Como ya dijimos, la responsabilidad de la orientación de las políticas es de la Dirección Nacional de Empleo. En este sentido, hemos promovido acuerdos tales como el que se ha desarrollado entre la Cámara de la Construcción y el Sindicato Único de la  Construcción y Afines que, a través del aporte de su propio fondo de capacitación y de otro de parte del Instituto Nacional de Empleo que duplica a este, permitirá la calificación de unos 10.000 trabajadores a lo largo de los próximos tres años, lo cual estimamos puede aproximarse a la demanda agregada que este sector de la economía nacional va a tener en este próximo trienio.

                A su vez, ha sido enviado al Parlamento un proyecto -que no sé si ingresó por el Senado o por la Cámara de Representantes- vinculado a la posibilidad de que jubilados del sector puedan ejercer tareas de carácter docente, sin afectar por esto el acceso a su remuneración jubilatoria. Creemos que esto puede colaborar con la disponibilidad de docentes imprescindibles, a través de una capacitación previa y básica vinculada a la formación pedagógica, que permita atender la demanda de una cantidad de formadores. Por eso, aprovechamos esta oportunidad para solicitar, si es posible, la más rápida aprobación de este proyecto.

                 Teniendo en cuenta que un porcentaje muy significativo de los trabajadores desocupados son jóvenes, hemos creado en el ámbito de la Dirección Nacional de Empleo, la Unidad de Empleo Juvenil, integrada por funcionarios del Ministerio de cada una de sus Unidades Ejecutoras. La tarea de esta nueva Unidad es la promoción del empleo de ciudadanos cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y los 29 años. A esos efectos, se ha asignado un porcentaje -que hemos comprometido públicamente- de los recursos que el Presupuesto Nacional asigna al Programa “Objetivo Empleo” que, como bien saben los señores Senadores, fue originado en el año 2008 como un Subprograma del Plan de Equidad, con el fin de lograr la inserción de los trabajadores desocupados de larga duración en el sector privado. De alguna manera, este Programa es complementario del denominado “Uruguay Trabaja” que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social. En este caso, pretendemos destinar más del 30% de los recursos que prevé el articulado a políticas específicas destinadas a la inserción de jóvenes en el mercado de trabajo, actividad que ya estamos coordinando con el Instituto Nacional de la Juventud y el Ministerio de Desarrollo Social. En definitiva, lo que buscamos es lograr la transversalidad de estas políticas que, como todos sabemos, en el Estado uruguayo no es una tarea demasiado fácil.

                Continuando con los temas vinculados al empleo, en el Mensaje presupuestal se incluye una partida destinada al fortalecimiento de los servicios de orientación e intermediación laboral de que dispone el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto tiene que ver con una experiencia poco conocida aún, relacionada con la creación de los Centros Públicos de Empleo, instituciones muy conocidas en otros países. Fundamentalmente, hemos tenido oportunidad de ver la experiencia española donde este tipo de Centros realizan una tarea de intermediación laboral entre el trabajador desocupado y la demanda existente en el mercado. Los Centros Públicos de Empleo están presentes en todo el territorio nacional, pero se han desarrollado en el marco de acuerdos con las Intendencias Municipales, por tanto, sus trabajadores son funcionarios municipales, por lo que en muchos casos carecen de la formación necesaria para el desarrollo de esta actividad. Nuestra intención, tal como se expresa en el Mensaje presupuestal, es que el desarrollo de esa tarea se realice con los titulares de los nuevos cargos que se crean, en el ámbito de la Dirección Nacional de Empleo. El objetivo es dotar a estos Centros de funcionarios capacitados, pero dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que puedan desarrollar una tarea más eficaz de la que hemos logrado hasta la fecha, fundamentalmente en lo que tiene ver con aquellos aspectos vinculados a la intermediación de estos trabajadores en el mercado de trabajo.

                Otra de las prioridades para este período es la integración y el desarrollo de nuestras propuestas en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales, que es el órgano ejecutivo del Gabinete Social. Uno de los temas centrales, que además será  uno de los ejes del diálogo nacional sobre Seguridad Social que vamos a iniciar en pocos días, tiene que ver con la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Pensamos que este es un aspecto fundamental, pues desde nuestro punto de vista no solo está vinculado a la Seguridad Social y la situación de los adultos mayores en la sociedad uruguaya, sino también al logro de la plena integración de la mujer en el mercado de trabajo, tema que consideramos clave. En este sentido, podemos decir que, a través del análisis de nuestros organismos insertos en la Dirección Nacional de Empleo, hemos detectado que este contingente de desocupados que aún subsiste en la sociedad uruguaya está compuesto en su mayoría por jóvenes mujeres, jefas de hogar y con una cantidad importante de hijos. Por lo tanto, el desarrollo de políticas que fortalezcan su posibilidad de inserción en el mercado de trabajo está necesariamente asociado a políticas dirigidas al cuidado de los hijos. En este caso, la propuesta programática del Frente Amplio consiste en la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, sobre el que ya se está trabajando, pero requiere la inclusión de recursos humanos calificados.

En el marco de la convocatoria al diálogo nacional sobre seguridad social, es imprescindible el fortalecimiento de nuestra Dirección Nacional de Seguridad Social -que, si mal no recuerdo, fue creada en la Rendición de Cuentas de 2008- pues pretendemos implementar políticas rectoras en materia de seguridad social, cuya ejecución esté asociada a las funciones del Banco de Previsión Social. En ese sentido, la  Dirección Nacional de Seguridad Social tendrá sobre sus hombros, en el marco de un organismo ejecutivo, la conducción del diálogo nacional sobre seguridad social. Esta  Dirección está a cargo del Director Nacional, que es el único funcionario propio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues el resto se encuentran en régimen de pases en comisión o son contratados. Por ello, nos parece importantísimo disponer de recursos humanos calificados, pero, obviamente, en esta materia el mercado uruguayo no dispone de una gran dotación de trabajadores y mucho menos que estén dispuestos a trabajar por los niveles salariales que habitualmente paga el Estado uruguayo. De todos modos, uno de nuestros objetivos es abocarnos a esta tarea.

                Tal como se expresa en el articulado, durante esta gestión también pretendemos fortalecer, básicamente, los recursos destinados a la Inspección General del Trabajo y la  Seguridad Social. En el Uruguay, a pesar de que han caído significativamente, continúan existiendo ciertos niveles de informalidad. Para trabajar en esa área, hemos promovido un decreto que fue aprobado por el Poder Ejecutivo en el mes de abril de este año, mediante el cual se establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el encargado de la coordinación de un área vinculada al análisis de la informalidad y la inclusión de trabajadores y empresas al mercado de trabajo. En este ámbito, integrado por el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva, la Dirección  Nacional de Aduanas y los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Desarrollo Social -probablemente, algún otro más que ahora no recuerdo- se elaboró un documento que fue presentado ante la Presidencia de la República, en virtud del cual en las próximas semanas se realizará una convocatoria al sector empresarial y a los trabajadores, a efectos de generar un conjunto de políticas, que esperamos redunde en una serie de iniciativas de carácter legal  -o sea, proyectos de ley y decretos-  orientadas a generar mecanismos eficaces tendientes al logro de la plena inclusión de empresas y trabajadores en el mercado de trabajo. Todo esto debe ir acompañado del fortalecimiento de las funciones inspectivas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En estas semanas vamos a dar a conocer algunas informaciones respecto de operativos realizados en los últimos dos meses, algunos muy significativos como, por ejemplo, los realizados en la zona norte del país, donde claramente los niveles de informalidad son superiores a la media nacional.

                Otro de los objetivos planteados tiene que ver con el fortalecimiento de los canales de comunicación internos, pero, en este sentido, el Ministerio carece de recursos materiales e informáticos. No obstante, nuestra tarea es avanzar en materia de documentación e informatización de los procesos internos, incluyendo los procedimientos de compra, la gestión de activos y de proyectos, la identificación de indicadores que permitan realizar el seguimiento de la gestión, así como las acciones necesarias para desarrollar procesos de mejora continua.  A esos efectos, se necesitan recursos para destinarlos a la mejora de la infraestructura general y, de esa manera,  contar con entornos de trabajo adecuados para nuestros funcionarios y también para la atención de la población, entre otras funciones que desarrolla el Ministerio.

Como los señores Senadores saben, el Gobierno Nacional -y el país todo- ha sido reconocido, en el marco de la última Conferencia Internacional de la OIT, respecto a sus avances en distintas áreas, particularmente en materia legislativa en relación con el trabajo doméstico y rural. Estas leyes exigen un adecuado cumplimiento de los controles de carácter inspectivo, que el Ministerio debe desarrollar y fortalecer. Por supuesto, disponemos de un cuerpo inspectivo y muchos de los funcionarios tienen cargos de dedicación exclusiva, como corresponde.

                Por último -no por eso de menor importancia para el Uruguay-, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pretende promover relaciones laborales modernas. Por lo tanto, la promoción de la negociación colectiva no solo implica la relación de carácter salarial, sino también el avance en materia de condiciones de trabajo, llevando a cabo iniciativas para la seguridad, la salud en el trabajo y la formación profesional. Por ello, buena parte de los recursos está destinada a la implementación de estas políticas que consideramos centrales.

                Cabe agregar que en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social funciona el Instituto Nacional de Alimentación -quizás esto no es muy conocido- que realiza unas 300.000 prestaciones diarias a distintos sectores de la población que no pueden acceder a la alimentación básica. Este Instituto ocupa aproximadamente la mitad del Presupuesto anual del Ministerio, a nuestro entender, cumpliendo un rol de sustancial importancia, asociado fundamentalmente a los Gobiernos Departamentales. En este caso, básicamente, nuestra función es realizar el contralor y el aprovisionamiento de los alimentos apropiados, mientras que la  ejecución de la distribución, en la mayoría de los casos, recae en los propios Gobiernos Departamentales,  con los cuales, como es natural,  interactuamos en forma permanente.

                En términos globales, este sería nuestro planteo inicial. Si la señora Presidenta lo entiende adecuado, la señora Directora General pasaría a realizar un análisis de cada uno de los artículos de nuestro Mensaje.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa quiere aclarar a los representantes del Ministerio que la metodología habitual de la Comisión es escuchar la fundamentación de cada uno de los artículos y detenerse en aquellos en los que los señores Senadores necesiten hacer una consulta.

SEÑORA VARELA.- Buenos días a todos.

                El artículo 565 corresponde a un incremento en la partida presupuestal para inversiones que, en este caso, está destinada a dos proyectos; uno de ellos,  es la compra de inmuebles y la refacción de los edificios que tiene el Ministerio y, el otro, la  realización de un proyecto informático bastante ambicioso, ya que hemos ingresado en un proceso de informatización muy importante, destinado a mejorar la calidad y la eficiencia hacia los usuarios de los servicios del Ministerio.

                El artículo 566 está relacionado íntimamente con el artículo anterior, en razón de que todos estos procesos informáticos incrementan los gastos de funcionamiento debido a los gastos de conexión vía inalámbrica para mantener los servicios.

                El artículo 567 refiere a una situación especial que se da en el Ministerio porque los funcionarios cobran una partida por alimentación con tickets. A través de esta norma, intentamos salarizar esa partida para que las cargas sociales que correspondan se incluyan en los salarios de los funcionarios.

                El artículo 568 no tiene costo presupuestal. Con esta disposición se intenta regularizar una situación de hecho, que es la siguiente. Los funcionarios que trabajan en distintas localidades del interior y se trasladan para prestar servicios en Montevideo o dentro de las localidades del interior, cobran abonos mensuales por concepto de locomoción, pero igual se les pagan sus boletos. No había una norma legal que habilitara este procedimiento, por eso implicaba la reiteración de un gasto en forma permanente, situación que ha sido observada por el Tribunal de Cuentas.

                El artículo 569 refiere a una transformación de cargos y tampoco implica un costo presupuestal. Por este artículo se trata de utilizar créditos que se encuentran disponibles en el Inciso en cargos de utilidad para el Ministerio. En realidad, mandamos a la Presidencia de la República, vía mail, una modificación para los artículos 569 y 576. No sé si desean que explique eso ahora.

SEÑORA PRESIDENTA.- Esa otra modificación ha sido repartida a los señores Senadores y señoras Senadoras.

SEÑORA VARELA- En el artículo 569 se establece una transformación de cargos vacantes y en el 576 se crean cinco cargos denominados “Jefe de Departamento Oficina de Trabajo”, correspondientes a la Unidad Ejecutora 004 “Dirección Nacional de Coordinación en el Interior”. Si los señores Senadores leen el artículo 62 que fue aprobado por la Cámara de Representantes, verán que se suprimen los cargos de Director de División y Jefe de Departamento vacantes. Por lo tanto, si manteníamos esa denominación, estábamos creando cargos que por otro lado se estaban eliminando. Como nos parece que realmente esa es una contradicción y una incongruencia, proponemos el cambio de denominación de “Jefe de Departamento Oficina de Trabajo” a  “Encargados de Oficina del lnterior”.

                En el artículo 570 se fija una partida destinada a contrataciones imprescindibles, hasta tanto se realice la reestructura en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que, según nos informaron la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se hará efectiva en el año 2012. Comento que este dinero que se destinará a contrataciones -en la Unidad Ejecutora 001- tiene que ver con un compromiso que había asumido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el BID, en el sentido de incorporar una norma que nos permitiera contratar el servicio de atención al call center. Hoy esas personas trabajan a través de contratos que realiza el BID y, con respecto a ese tema, habíamos asumido la obligación de que esa gente fuera contratada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a partir de este Período.

SEÑORA MOREIRA.- Entiendo que, de acuerdo con la redacción del artículo 570, los contratados para trabajar en el call center, vía BID, pasarán a ser contratados por el Ministerio hasta que se realice la reestructura, oportunidad en la que se considerará si se contratan o no en forma permanente. ¿Para qué es el call center?

SEÑORA VARELA.- Antes de tener el call center, los ciudadanos debían concurrir personalmente a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para pedir las audiencias de conciliación laboral o efectuar consultas. Ahora se los agenda vía telefónica, con lo que se evita una concurrencia al Ministerio y se descongestiona el hall. Esto permite brindar una mejor calidad de atención. También hay consultas que se evacuan vía telefónica.

SEÑOR AMORIN.- ¿Cuántos funcionarios tiene el call center?

SEÑORA VARELA.- Tiene ocho funcionarios.

                El artículo 571 establece un incremento de $ 1:000.000 en la Unidad Ejecutora 001 para compensaciones especiales por cumplir funciones específicas. Esto se debe a que la Inspección General del Trabajo tiene un régimen de dedicación total para sus funcionarios Inspectores. De modo que ellos tienen una mayor carga horaria y viajan mucho al interior del país, pero no ocurre lo mismo con el resto de los funcionarios que trabajan, por ejemplo, para la Inspección. Nos parece justo compensar este mayor trabajo y dedicación por esta vía. Está previsto reglamentar esa partida, en el caso de que sea aprobada.

SEÑOR PENADÉS.- ¿Cuántos funcionarios se benefician con la partida que se crea en el artículo 571?

SEÑORA VARELA.- Más o menos son ocho choferes y algún personal administrativo que trabajará apoyando al servicio inspectivo. Es decir que son alrededor de una docena de personas.

                La partida que figura en el artículo 572 hace referencia a las contrataciones imprescindibles en la Dirección Nacional de Trabajo y está destinada al fortalecimiento de los Centros Públicos de Empleo. Con esta partida estamos pensando en financiar diez cargos profesionales para atender la intermediación de oferta y demanda laboral en los distintos departamentos del interior. Esta es una necesidad importante para el Ministerio, porque muchos de nuestros Centros Públicos de Empleo hoy están siendo atendidos por funcionarios de las Intendencias Municipales y no solo se rotan sino que, en muchos casos, no es personal idóneo para realizar esa tarea. Por ello consideramos que esta es una necesidad importante para el Ministerio.

                En el artículo 573 -tal como explicó el señor Ministro en la introducción de su intervención- creamos una Unidad de Empleo Juvenil dentro de la Dirección Nacional de Empleo. Se destina una partida de $ 4:000.000 para gastos de funcionamiento y no para la contratación de personal.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Cuáles son las funciones de la Unidad de Empleo Juvenil?

SEÑORA VARELA.- La Unidad de Empleo Juvenil quiere estudiar las necesidades del mercado. El señor Ministro explicó que, si bien el desempleo es bajo, este aumenta en las personas jóvenes, es decir, entre 18 y 30 años. La idea es conocer las edades de la población que está objetivamente desempleada, hacer un monitoreo, un estudio -aquí va a favorecer todo el tema de la informatización- y sacar indicadores. De esta manera, las políticas de empleo van a apuntar a estudiar a ese sector de la población que claramente no está accediendo al trabajo, no sabemos por qué motivo, estudiarlo y fomentarlo.

                El artículo 574 también funciona como una bolsa de trabajo para esta Unidad Ejecutora hasta que se realice la reestructura en el año 2012.

                El artículo 575 refiere a una partida anual de $ 84:000.000 destinados al Programa “Políticas de Empleo” que, en su momento, fue creado por el Plan de Equidad. Genera capacitación a determinada población que no tiene posibilidades de encontrar trabajo en el mercado. A su vez, es una política de incentivo para las empresas que contraten a estas personas -sea esa su primera experiencia laboral o una inserción después de mucho tiempo de estar desempleados- a través de beneficios tributarios que se les otorgarán.

SEÑOR AMORÍN.- Estos $ 84:000.000 están destinados a dos puntas: capacitación y política de incentivos tributarios. Supongo que la política de incentivos tributarios no está incluida en esta cifra.

SEÑORA VARELA.- Sí, está incluida.

SEÑOR AMORÍN.- Entonces, solicito a la señora Varela que me explique cómo funciona.

SEÑORA VARELA.- Se incentiva a cada empresa que contrata personal del núcleo duro que está desempleado, volcando dinero de esta bolsa al Banco de Previsión Social por los aportes que generan los trabajadores. Como dice el señor Senador Amorín, es una subrogación.

                El artículo 576 está destinado a crear cinco cargos para las oficinas del interior.

                En el artículo 577 se crean nueve cargos en la Dirección Nacional de Seguridad Social, que ahora cuenta con un único cargo presupuestal que es el del Director Nacional. Esta es una dotación mínima para que pueda cumplir con sus cometidos.

                El artículo 578 establece un incremento de crédito presupuestal con destino al programa “Gol al Futuro”, dependiente del Instituto Nacional de Alimentación. El incremento está destinado a aumentar de mil a tres mil las meriendas diarias que se ofrecen a los chicos que integran el programa.

SEÑOR PENADÉS.- Me interesaría que se nos hiciera llegar información acerca de cómo funciona este programa y cómo se hace la transferencia de recursos, porque tengo entendido que aquí existe un trabajo complementario con las Intendencias Municipales. En definitiva, me interesa saber cómo se distribuye el dinero, cómo se realizan las transferencias a las ONG y cuántas participan de este programa, que me parece muy interesante, aunque honestamente creo que sería más apropiado que se llevara adelante en el Ministerio de Desarrollo Social que en el de Trabajo y Seguridad Social, pero como el INDA continúa dentro de la órbita de este último, estimo que esa es la razón.

SEÑORA VARELA.- En realidad, este programa es complementario del que lleva adelante el Ministerio de Turismo y Deporte y no se relaciona con el Ministerio de Desarrollo Social. Se realiza mediante convenios con las Intendencias Municipales, que dan la merienda a chicos de distintos barrios y cuadros de fútbol con la finalidad, en primer lugar, de sacarlos de la calle, y también de incentivar la práctica deportiva además de que se puedan alimentar con esta merienda, que es muy nutritiva.

                Desde ya, nos comprometemos a enviar al señor Senador información más detallada al respecto.

                El artículo 579 se vincula específicamente a una transformación de cargo.

                El artículo 580 refiere a una partida anual para la contratación de personal en la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social -principalmente algún cargo de Dirección y otros administrativos- necesario para atender los registros que debe llevar esa Inspección, dado que fueron muchos los aprobados en el período pasado y realmente no se cuenta con personal calificado para llevar a cabo esa tarea.

                El artículo 581 no fue enviado en el Mensaje original del Poder Ejecutivo, sino que se incorporó en la Cámara de Representantes. Cabe aclarar que compartimos el fundamento en cuanto a la necesidad de crear este ámbito.

SEÑOR MOREIRA.- Voy a formular dos preguntas de índole general que debí haber hecho antes, ya que no se refieren necesariamente al articulado.

                El Sistema Nacional Integrado de Cuidados -que fue mencionado durante la exposición general-  ¿en qué lugar del articulado se encuentra?

                La segunda inquietud tiene que ver con todo lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con relación al tema del desempleo y a la atención de la oferta y la demanda laboral. En ese sentido, me gustaría saber si existe algún mecanismo de carácter universal -como puede ser una página web- mediante el cual todos aquellos buscadores de empleo -que tanto llaman al Parlamento- puedan enterarse de cuál es la oferta y la demanda laboral. ¿El Ministerio tiene algún mecanismo que regule la oferta y la demanda de empleo, tal como existe en otros países? Como vi que el Ministerio ha instrumentado algo por el estilo en el interior, quería saber si existe algún mecanismo más general.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, diría que se trata de una iniciativa en proceso de elaboración. En la esfera del Poder Ejecutivo hemos definido que el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que es el organismo ejecutivo del Gabinete Social, sea el ámbito de elaboración y diseño de una propuesta que esperamos termine dando como resultado un proyecto de ley en un determinado plazo, imposible de determinar al día de hoy.

Si bien entendemos que nuestro rol está fundamentalmente vinculado a la seguridad social y es imprescindible la participación del Ministerio, lo cierto es que la Dirección General de Seguridad Social cuenta con un solo funcionario propio, el Director General; los demás son funcionarios con pase en comisión. Esta Dirección Nacional fue creada en la Rendición de Cuentas de 2008 y uno de nuestros objetivos es su fortalecimiento. Entendemos que tendrá bajo su responsabilidad la elaboración de una propuesta del Sistema Nacional Integrado de Cuidados -bajo la mirada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- instancia en la cual, naturalmente, intervendrán  todos los Ministerios del gabinete social, además del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de la Juventud, etcétera.

Básicamente, esta era la referencia que queríamos hacer al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, al que otorgamos mucha importancia y una mirada estratégica, pero cuyo traslado a la propuesta presupuestal consiste en el fortalecimiento de la Dirección  General de la Seguridad Social.

Con respecto al desempleo -tema que nos preocupa mucho-  también está contenido en el Mensaje presupuestal el fortalecimiento de los llamados Centros Públicos de Empleo. Hoy estos organismos de intermediación laboral descansan, fundamentalmente, sobre la base de funcionarios municipales. Tal como ha sucedido en muchos casos, cuando transitamos por un proceso de formación, las Intendencias -por sus necesidades- redistribuyen a su personal en otras áreas de gestión y hay que capacitar a otros funcionarios. Por ese motivo, pretendemos disponer de una cantidad que, como se verá en el Mensaje presupuestal, es bastante reducida -es lo que fue posible obtener- a fin de que, por lo menos, estos Centros Públicos de Empleo dispongan de funcionarios propios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social capaces de atender entre dos y tres departamentos en forma directa, sin dejar de contar con funcionarios municipales. Esto también es bueno porque, efectivamente, los gobiernos municipales son los que más conocen la realidad de cada uno de los departamentos y, por tanto, están más capacitados para interactuar con empresarios y trabajadores, a los efectos de potenciar la intermediación laboral.

Cabe agregar que disponemos de la página web “Uruguay Activo”, actualmente en etapa de rediseño, que vamos a fortalecer. Pretendemos que sea una página de rápido acceso para quienes buscan trabajo, que les permita encontrar ante todo la eventual  oferta del propio Estado e incorporar las propuestas que puedan existir desde el sector privado. En este sentido, creo que debemos interactuar con más fuerza con el sector empresarial que, comúnmente, utiliza otros canales para volcar sus demandas de trabajo.

En nuestra opinión, el Ministerio tiene que ser un organismo capacitado para generar la confianza suficiente y colaborar, a través del Instituto Nacional de Empleo, en la formación de trabajadores. Por eso creemos que el complemento de los Centros Públicos de Empleo y el Programa “Objetivo Empleo”, así como el rol del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, permitirán desarrollar una política destinada a abatir la desocupación y lograr la plena incorporación de las personas al mercado de trabajo. Ello puede llevarse a cabo de forma realmente potente si disponemos de los recursos humanos calificados que sean necesarios, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado de trabajo de los profesionales que se desempeñan  en esta área tiene la particularidad de ser fuertemente tensionado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más preguntas o consideraciones de los señores Senadores, agradecemos mucho la exposición realizada por el equipo de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, en particular, la presencia del señor Ministro Brenta.

(Se retira de Sala la delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

 

 

 (Ingresa a Sala la delegación del Ministerio de Desarrollo Social)

 

SEÑORA PRESIDENTA.-- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación del Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por la señora Ministra Ana María Vignoli y su equipo, quienes presentarán los artículos correspondientes al Inciso 15 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

                Tiene la palabra la señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA.- Agradezco a la señora Presidenta y a los señores Senadores que nos hayan recibido. Para nosotros es un placer estar aquí, junto a los Directores Nacionales, presentando nuestro presupuesto e informando sobre los temas en los que hemos trabajado como Gabinete MIDES.

Entendemos que este Presupuesto es de un gran contenido y una gran responsabilidad, debido a que nuestra función en este período de Gobierno es de una importancia estratégica, pues tenemos que atender a la población más vulnerable del país. Nuestro propósito es cumplir con los objetivos establecidos por el Presidente y el Gobierno, que son: disminuir al mínimo la indigencia, la pobreza -más allá de los avances realizados en el período anterior- y universalizar la educación. Por eso, como ya dije, este Presupuesto implica una gran responsabilidad. Su mayor peso estará dirigido, no a la estructura del Ministerio -a pesar de las dificultades que tenemos, fundamentalmente, con respecto a los recursos humanos-, sino a los programas sociales y a la población a la que se dirigirán las políticas de ese orden. 

                Los señores Senadores conocen la historia del Ministerio y saben que, en el año 2005, todavía no existía; de hecho, comenzó con una gran gesta para nuestro país, como lo fue el Plan de Emergencia, definido programáticamente como la necesidad de llegar a la población que, por distintos motivos, había quedado excluida, al margen de la sociedad. En algunos sectores, esta exclusión se manifiesta en aspectos formales como la enseñanza, el mercado de trabajo, la salud y la posibilidad de tener una vivienda digna -derechos que están establecidos en la Constitución de la República- por eso, nuestro objetivo es bajar al mínimo la indigencia.

Durante el año 2005, los responsables de llevar adelante esta gesta para ubicar a esos ciudadanos con el fin de restituirles sus derechos, trabajaron en las condiciones que tenían, sin estructura y convocando a una gran cantidad de uruguayos que se plegaron a ese operativo. El Plan de Emergencia funcionó durante dos años, hasta que el señor Presidente de la República resolvió pasar a otra etapa, es decir, a una profundización mayor de las políticas desarrolladas hasta el momento, que llamamos Plan de Equidad y que aún hoy es el marco donde, como Ministerio, seguimos actuando y definiendo el presupuesto y las líneas programáticas para los próximos cinco años.

                Dada la exitosa actuación de los cinco años anteriores, en los que se logró disminuir la pobreza y la exclusión, nuestro Ministerio mantiene y trata de fortalecer algunos de los instrumentos utilizados como, por ejemplo, la tarjeta social, las asignaciones familiares y las transferencias económicas, para llegar a una población que calculamos en 30.000 hogares.

                En este proceso que recién describíamos y que tiene que ver con el anterior Plan de Emergencia y el actual Plan de Equidad, se ha instaurado el comienzo de la estructura del Ministerio, que hoy cuenta con nueve Direcciones Nacionales -cuyos representantes están presentes en esta Sala-  relacionadas con los programas que enmarcan las distintas políticas. En el período anterior, esto estuvo enmarcado en una reconstrucción de la matriz de protección social, que fue acompañada de medidas destinadas a enfrentar problemas estructurales; finalmente, estas medidas tuvieron su expresión en reformas de ese carácter, transversales y  tributarias. En ese sentido, se hicieron aportes a los sectores más vulnerables, más pobres, para ayudarlos a superar una crisis económica que hizo explosión en el año 2002 y que afectó y fragmentó fuertemente a la sociedad uruguaya.

Tenemos programas y planes, como el Sistema Nacional Integrado de Salud, que gradualmente se va a universalizar. Además, tenemos otros operativos y programas que desarrolló el MIDES, que han logrado efectos realmente importantes para la población hacia la que están dirigidos como, por ejemplo, la Operación Milagro, el Plan Ceibal, el Plan de Alfabetización -que hoy es otro de los elementos fundamentales, porque todavía existen uruguayos no alfabetizados- y el Plan de Mejoramiento del Hábitat. Hoy en día mantenemos y tratamos de profundizar todos estos programas, fundamentalmente, con una estrategia que tiende a fortalecer los programas a nivel territorial.

                En el período anterior, el Ministerio de Desarrollo Social generó, creó e implementó treinta y tres Oficinas Territoriales -que son nuestros ojos en el territorio y en el país- en los distintos departamentos, estando, cada una de ellas, dirigida y orientada por un coordinador.

                Hoy planteamos que teníamos dificultades debido a la falta de recursos humanos y a la existencia de distintas modalidades de contratación, que no son las mejores, pero fueron las que pudimos implementar en los cinco años anteriores, porque el Ministerio nació de la nada; en los cinco años que tenemos por delante, nos proponemos regularizar la situación de los funcionarios que están contratados de distintas formas para transformarlos en funcionarios MIDES a través de concursos, cuando la reforma del Estado lo habilite.

Las Oficinas Territoriales elaborarán los planes de trabajo del MIDES, coordinado con los demás Ministerios. Como los señores Senadores saben, nuestra Cartera no trabaja sola, sino que lo hace en una estructura a la que llamamos “el Uruguay Social”, que implementa su acción a través de un Gabinete Social, un Consejo Nacional de Políticas Sociales y Mesas Interinstitucionales que están instaladas en cada territorio, a través de las cuales se coordina la actuación de los Ministerios y del Gobierno en su conjunto. A partir de allí, en esas instancias de trabajo, de diálogo y de elaboración surgen las líneas programáticas y las políticas sociales para los distintos períodos y, concretamente, para este. Nuestra gestión apuesta a estar más cerca de la gente, a la descentralización y desconcentración y a fortalecer en este período al Ministerio, realizando concursos abiertos a fin de lograr un staff de funcionarios capacitados que ingresen a la Administración pública por los canales que marca la normativa del país y, por esa razón, nos aprestamos a cumplir con los objetivos que mencionamos anteriormente.

                Los desafíos que tenemos por delante -y que ya hemos mencionado- son, fundamentalmente, disminuir al mínimo la indigencia, la pobreza y universalizar la educación. Sabemos que uno de los mayores problemas que tiene el país -y acá no hay nadie que lo ignore porque todos los días está en  la mesa de trabajo de todos nosotros-  es que muchas veces no se logra mantener a los jóvenes en el marco de la educación formal, fundamentalmente, a nivel de Secundaria. En este sentido, hemos desarrollado y desplegado varios programas para intentar solucionar este tema, así como también para hacer frente a todos los problemas que afectan a los uruguayos que hoy todavía se mantienen bajo la línea de  pobreza. Dichos programas son llevados adelante por tres institutos que transversalizan todas las políticas, no solo la del MIDES, sino las del Gobierno en general. Concretamente, nos referimos al Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de la Juventud e Infamilia. Asimismo, tenemos programas que están vinculados al tema de trabajo, porque hay generaciones de uruguayos que no han tenido la experiencia de un trabajo formal y se mantienen en la informalidad. Se están haciendo ingentes esfuerzos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social    -nos acompañan Directores de todos los Programas- para lograr la formalización de muchos de esos sectores, por lo que también se están procesando varias medidas.

                Tenemos el Plan de Acción de Estrategia Nacional de Niñez y Adolescencia que, junto con programas del Ministerio de Salud Pública, de ASSE, prioriza la etapa etaria de 0 a 3 años, porque es fundamental para el desarrollo de los futuros ciudadanos. Aspiramos a que todos se inserten en la enseñanza por haber tenido una niñez que les ha permitido acceder a una buena alimentación y una cobertura de salud como para ser personas sanas en nuestra sociedad, que todos queremos que sea más justa y equitativa.

                Asimismo, estamos trabajando en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que consiste en el desarrollo de cuidados -como su nombre lo indica- para los sectores más vulnerables, conformados por niños, adolescentes, jóvenes, ciudadanos con capacidades diferentes y adultos mayores.

                Todos esos programas están siendo implementados en el Ministerio, junto con otros que se están elaborando en Comisiones de trabajo coordinadas con otros Ministerios, a los efectos de abordar estos temas desde otros lugares.

                Como dijimos al comienzo, asumimos con responsabilidad el compromiso de que este proyecto de ley de Presupuesto logre los objetivos que tenemos planteados como Gobierno y aspiramos a que el mayor porcentaje posible -de ese modo están elaborados a través de los programas que hemos mencionado- se destine a atender a la gente que lo necesita.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido disculpas por interrumpir a la señora Ministra, pero he venido escuchándola y se me plantea una interrogante.

                Nuestro partido presentó un aditivo en la Cámara de Representantes para extender el pago de la asignación familiar a los niños y adolescentes que residen habitualmente en el medio rural y acuden a la escuela de su zona o a los institutos de Enseñanza Secundaria o de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Lamentablemente, esa iniciativa no encontró eco en la fuerza política de Gobierno cuando se estudió este proyecto de ley en la Cámara de Representantes.

                Incluso, pedimos información al Banco de Previsión Social y se nos contestó que la eventual incorporación de los menores beneficiarios residentes en zonas rurales podía llegar a implicar a 40.432 beneficiarios, de los cuales 25.000 recibirían una prestación adicional. Todo esto tendría un costo del entorno de los US$ 6:000.000, según se nos contestó por parte del Banco de Previsión Social.

                Ahora bien, hace pocos días escuchamos que el Presidente de la República, señor José Mujica, anunció en Guichón la puesta en práctica de un plan vinculado a la Asignación Familiar de los hijos de las familias rurales que concurran a la escuela de su zona. En este tema estamos de acuerdo con el Presidente Mujica, pero no lo estamos con la fuerza política que dijo que no en la Cámara de Representantes. Además, se está hablando de equidad y en este Presupuesto se adjudican US$ 4:000.000 para adscriptos y US$ 22:000.000 para contratos imprescindibles. En este marco queremos saber dónde estamos situados, si en la negativa del Frente Amplio en la Cámara de Representantes con respecto a la Asignación Familiar, o en lo proyectado por el Presidente Mujica. Si es en esto último, lo apoyamos y queremos saber cómo se llevaría a cabo su implementación.

SEÑORA MINISTRA.- Hace un momento mencioné que para nosotros el encuadre de nuestro trabajo como Ministerio -que tiene que ver con el Uruguay social- está relacionado justamente con el Gabinete Social, con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, en coordinación con todos los Ministerios y, por supuesto, con lo que se define a nivel del Consejo de Ministros, en el que participan permanentemente el Presidente y el Vicepresidente.

Es cierto que el Presidente mencionó este punto en Guichón hace pocos días, pero también lo había planteado antes. A partir de que el Presidente planteó esta iniciativa, nosotros inmediatamente mantuvimos reuniones de trabajo con el Banco de Previsión Social y, en estos momentos, estamos estudiando el tema. Justamente, solicitamos al Banco de Previsión Social un análisis de la situación, de cuántos menores serían y qué información tenía para darnos. Realmente, estamos trabajando en este tema, no solo porque lo haya planteado el Presidente, sino porque también es voluntad del Consejo de Ministros -lo  hemos trabajado fuertemente en el Gabinete Social y luego en el gabinete del MIDES- lograr que los ciudadanos uruguayos que se encuentran en el interior del país se mantengan allí, fortaleciendo, dignificando y colaborando en la vida cotidiana. Además, estamos trabajando en el tema específico de las Asignaciones Familiares que, por supuesto, colabora a aumentar los ingresos y a apoyar a esas familias, pero existen otros programas que tienen que ver con el fortalecimiento de la identidad del interior y de los pequeños productores -hoy todavía pobres-, ya que entendemos que hay que apoyar la agricultura familiar y trabajar en pro del desarrollo social y local. Todo lo que vaya dirigido a eso -en este caso, estamos de acuerdo- está en sintonía con los objetivos del programa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Debo reconocer en esta Comisión que la contestación de la señora Ministra me alegra mucho y me complace. Por lo tanto, le dejo planteada -no para que me conteste ahora- la posibilidad de la incorporación de un artículo mediante el cual se faculte al Poder Ejecutivo al pago de la Asignación Familiar. Como obviamente eso requeriría una erogación e iniciativa del Poder Ejecutivo, no lo podemos disponer desde el Parlamento. Pero lo que sí podemos hacer es aprobar una norma facultativa, que es el planteo que hago a la señora Ministra para que lo analice en su momento y, por supuesto, luego nos traslade la contestación a través de la Bancada de Gobierno.

                En principio, nos satisface de manera importante la contestación que la señora Ministra ha dado sobre este tema puntual.

SEÑORA MINISTRA.- Continuando con algunas propuestas que tenemos planteadas y que tienen que ver con nuestros jóvenes, que es otra de las franjas etarias priorizadas para este período -en donde, como decimos, tenemos dificultades-, el Instituto Nacional de la Juventud -INJU-, ha diseñado varios programas y planes de trabajo en coordinación con el CODICEN y con el Ministerio de Educación y Cultura, porque se trata de aportar, colaborar o beneficiar con Asignaciones Familiares a los estudiantes de Secundaria. Esto estará acompañado por un compromiso educativo, donde las partes, tanto los adultos que están vinculados a los jóvenes como estos y las instituciones donde se encuentran, firman o acuerdan un compromiso de trabajo por el cual serán acompañados por “tutorías entre pares”. Queremos expresar que les llamamos “tutorías entre pares” porque son jóvenes de edades similares, tal vez con estudios más avanzados,  que podrían acompañar a estos muchachos con mayores dificultades para tratar de  mantenerlos dentro del sistema educativo formal y evitar su deserción.

                Reitero que para nosotros este Presupuesto tiene la gran responsabilidad de llegar a la gente y desarrollar los programas mencionados que, en la medida en que los vayamos implementando a partir del año 2011, van a demostrar que son eficaces, que cumplen con los objetivos planteados y, por ello, tal vez  en alguna otra Rendición de Cuentas podamos evaluarlos y, si dieron resultado, solicitar nuevos refuerzos para algunos de ellos.

SEÑOR DE HAEDO.- Quisiera formular dos comentarios.

                Uno de ellos tiene que ver con el planteo del señor Senador Larrañaga. Hay que tener en cuenta que las Asignaciones Familiares, al ser un monto fijo en todo el país, tienen distinta incidencia en diferentes zonas geográficas. Por ejemplo, tiene menos incidencia en el ingreso de un hogar medio en Montevideo, un poco más de incidencia que en Montevideo en el interior urbano y mucha mayor incidencia en el interior rural, donde los ingresos medios de los hogares son más bajos y la línea de pobreza también está situada más abajo porque la canasta básica de alimentos, que es la que determina el nivel de la línea de pobreza, tiene un precio menor. Esta política de Asignaciones Familiares en el medio rural tiene la virtud de apuntar hacia uno de los objetivos del Ministerio -que compartimos- de reducir significativamente la pobreza.

                La segunda reflexión que quiero realizar con respecto a la presentación de la señora Ministra, consiste en el concepto de desigualdad. En los últimos meses, he visto en la prensa una cierta sensación de fracaso por parte de voceros del Gobierno en cuanto a que no se logró abatir la desigualdad en los cinco años anteriores, a pesar del muy buen desempeño de la economía. Me permito disentir con ese punto de vista porque no creo que haya sido un fracaso. Los procesos de muy rápido crecimiento en las economías tienden a generar desigualdad. La economía uruguaya en los últimos años, en el marco de un mundo muy favorable, creció en una tasa similar al triple de la histórica y al doble de la tendencia de largo plazo. Entonces, se trata de un proceso de muy rápido crecimiento y en esos procesos, en todo el mundo y en toda la historia, se acentuó la desigualdad.

                Creo que deberían reconocer como un logro que se hayan mantenido los indicadores de distribución del ingreso -por ejemplo, del Índice de Gini-, a pesar de ese proceso de rápido crecimiento. Además, considero que las políticas de focalización del gasto, como el PANES y el Plan de Equidad, contribuyeron en ese sentido.

                Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑOR SOLARI.- Sin perjuicio de que después realice algunas intervenciones vinculadas específicamente al articulado, quería sugerir respetuosamente a la delegación del Ministerio de Desarrollo Social que en su exposición tratara de ahondar un poco más en la información que presenta porque, si bien hay apertura en los incrementos presupuestales por tipo de proyecto y de actividad, no hay una discriminación en cuanto al objeto del gasto y de la aplicación en el mismo sentido en que acaba de opinar el señor Senador De Haedo con respecto a la ubicación geográfica de las poblaciones que se beneficiarían. En particular, me interesa muchísimo que la delegación indique cuáles de estos montos tienen como destino reforzar transferencias condicionadas y, en caso de que eso se cumpla -elemento muy importante-  cuántas están destinadas a reforzar lo que llamaría la estructura burocrática del Ministerio. Hago este planteo porque hay algunos artículos que lo especifican claramente, pero en otros esos gastos parecerían estar escondidos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Me permito señalar que la metodología de trabajo de esta Comisión es comenzar por una presentación general del Inciso que corresponda y luego, al considerar artículo por artículo, el Ministerio hace su fundamentación y los señores Senadores podrán pedir la palabra para cualquier tipo de aclaración. Sin duda, será  ese el camino a seguir.

SEÑOR SOLARI.- Comprendo perfectamente lo que acaba de señalar la señora Presidenta, sé cuál es el funcionamiento de la Comisión y lo acato en su totalidad. Simplemente he sugerido a la delegación que presente un informe que sea más útil a los efectos de considerar el petitorio que viene del Ministerio con respecto a la asignación de fondos. Por lo tanto, como hay varios artículos en los que se mezclan los gastos para transferencias con los gastos del aparato burocrático, creo que es una discriminación importante y de carácter general no hacer referencia a ningún artículo en particular. Lo mismo sucede con la asignación desde el punto de vista territorial, esto es, cuánto va al medio rural -lo que se ha dado en llamar el Uruguay rural profundo- cuánto a las zonas urbanas del interior y cuánto a Montevideo.

SEÑORA PRESIDENTA.-  La sugerencia  planteada por el señor Senador Solari será tomada en cuenta.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Para continuar con la presentación, como planteaba el señor Senador Solari, cuando estuvimos en la Comisión de Población Desarrollo e Inclusión, manejamos que la presentación iba a tener varios contenidos e iba a ser presentada por distintos actores del Ministerio. Me toca a mí presentar las líneas de acción de la red de asistencia de integración social, que son los elementos conceptuales que refieren a los programas y a las políticas desarrolladas que se van a representar numéricamente en los distintos artículos, según explicará la  economista Graciela Mazzuchi.

                Antes de referirme a la red de asistencia de integración social, me gustaría profundizar en uno de los conceptos que planteaba la señora Ministra, que se va a desarrollar en la presentación y en las respuestas de las preguntas que puedan surgir. Ello se vincula al rol central que tanto el gabinete social como el Consejo Nacional Coordinador de Política Social tiene en estos programas, porque nos estamos basando en la profundización del Plan de Equidad -como bien planteaba el señor Senador De Haedo- en este nuevo período de Gobierno. Este es un instrumento creado, coordinado y articulado a nivel del Consejo Nacional de Políticas Sociales.

                Teniendo en cuenta esa consideración y sabiendo que el Presupuesto tiene líneas transversales que indican que a lineamientos estratégicos del Gobierno responden determinados programas de los distintos Incisos, nos manejamos en ese sistema. Hay que tener presente que en el Consejo Nacional de Políticas Sociales, además de los Ministerios, participan otros organismos que son efectores de políticas sociales, entre otros, el Banco de Previsión Social, la ANEP y el INAU.

                Con respecto a los programas, podemos decir que los dividimos siguiendo la línea que tenemos en el PowerPoint. En el programa de integración social, tenemos el Plan Socio Habitacional, las transferencias monetarias, los programas socio- educativos-laborales y la inclusión educativa. De todo esto, por supuesto, de alguna manera se va a dar cuenta por medio de los sistemas de información.

                Dentro de las transferencias monetarias están las asignaciones familiares, sobre las que me gustaría hacer alguna consideración de acuerdo con lo expuesto. Las Asignaciones Familiares no son parte del presupuesto del MIDES, aunque sí estamos discutiendo a nivel del Consejo Nacional de Política Social la propuesta del señor Presidente sobre asignación rural y, por tanto, deberíamos definir el concepto de ruralidad, porque  hay varios parámetros a considerar. Tal como planteaba el señor Senador Larrañaga al final de su exposición, entendemos que el tema de las Asignaciones Familiares no va por una ley aparte, sino por la Ley de Presupuesto y estamos dispuestos a considerar todas las propuestas que vayan en ese sentido. Al respecto, trabajaremos en el Consejo Nacional de Política Social o en ámbitos bilaterales o trilaterales con otros organismos.             

                La Ministra se refirió a las becas estudiantiles, tema sobre el que estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura a fin de detectar cuáles son las poblaciones que tienen mayores dificultades para ejercer el derecho a la educación y cómo sería ese instrumento -debería tratarse de un elemento hábil- para poder desarrollar y ejercer a pleno ese derecho.

                Con respecto a la asistencia a la vejez, ya en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, de la que participaron varios de los Senadores que hoy están aquí presentes, y en la Cámara de Representantes, dijimos que era una prestación que se había creado a nivel del Ministerio de Desarrollo Social para poder atender a la población de entre 65 y 70 años que no estaba en condiciones de acceder a la pensión a la vejez.  Hoy tenemos unas 3.000 prestaciones y una de las discusiones que se plantean es la posibilidad de estudiar el universo de personas que quedarían fuera de ella, para ver si se podría discutir algo que se planteó en el Período pasado en cuanto a bajar la edad mínima para acceder a esa pensión.

                En cuanto a la tarjeta Uruguay Social diré lo siguiente. Esta tarjeta tiene lo que llamamos un renglón alimentario, que no solo depende del Ministerio de Desarrollo Social, sino de una Comisión integrada para la administración de alimentación, que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, con ASSE y con el INDA, por lo que estamos trabajando en conjunto. Las transferencias monetarias están pensadas para mujeres embarazadas u hogares con menores de 18 años a cargo. Se han emitido tarjetas para 89.000 hogares y se piensa suministrar leche fortificada a hogares con niños de 0 a 3 años, analizando luego qué política se puede fijar respecto de los otros niveles etarios.

Con relación al componente alimentario, me gustaría manejar algunas cifras que ya se mencionaron en la instancia de la Cámara de Representantes. Las tarjetas que abarcan hogares que tienen un menor a su cargo son 25.618 y les corresponde un monto de $ 523; las tarjetas para familias con dos menores a su cargo son 26.185 y les corresponden $ 793; las tarjetas para hogares con tres menores a su cargo son 17.853 y les corresponden $ 1.009, y las emitidas para hogares con cuatro o más hijos son 17.492 y el monto es de $ 1.406. Menciono estas cifras porque cuando se habla de la tarjeta, a veces se hace referencia a los montos. Lo que esta gente percibe mensualmente para cuatro personas es más o menos lo que nosotros estaríamos gastando en un almuerzo. Planteo el ejemplo para que tomemos conciencia de los montos.

La cantidad de comercios en los que la tarjeta brinda servicios son 803 y están distribuidos en todos los departamentos.  Se han realizado estudios y el informe de la CEPAL muestra que el rubro alimentario de la tarjeta es un instrumento hábil para luchar contra la indigencia y, además, puede aportar a la reducción de la pobreza, aunque no es el objetivo central del MIDES. De todos modos, dentro de la batería de políticas del Gobierno, el Ministerio también apunta a la reducción de la pobreza. El  MIDES se ha concentrado siempre -y los estudios lo han demostrado- en que sus políticas tengan una incidencia muy grande en la rebaja de los niveles de indigencia.

                La  economista Mazzuchi se referirá a los montos específicos que se plantean para este rubro en particular.

                Dentro de los programas socio-educativos-laborales, hay más de 1.400 emprendimientos productivos entre 2006 y 2009.

SEÑOR HEBER.- Quisiera hacer una consulta puntual sobre el cuadro que mostraron anteriormente. Allí  se habla de transferencias monetarias y asistencia a la vejez a personas mayores de 65 y menores de 70 años, en tres de los programas. ¿Por qué tienen que ser menores de 70, si la asistencia a la vejez está justificada? Cuánto más avanzada en edad está la persona, más vulnerable es a nivel socioeconómico. ¿Por qué hay que poner ese techo?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- El tema es que a los 70 años están en condiciones de percibir la pensión a la vejez. Se hace un seguimiento de trabajo a las personas en esa edad para que, de alguna manera, puedan acogerse al beneficio de la pensión a la vejez. Esa es la intención; incluso, hemos planteado la posibilidad de que en esta Casa se estudie ese tema.

SEÑOR HEBER.- En el Banco de Previsión Social las pensiones a la vejez tienen requisitos bastante importantes; por ejemplo, se controla si el beneficiario tiene un hijo que trabaja. En el MIDES, ¿se aplica el mismo criterio que en el BPS para dar esta asistencia monetaria o se tiene una actitud quizás más comprensiva a nivel socioeconómico, de modo tal que no pierdan esta oportunidad? No sé si me explico. Se da una asistencia a través del Ministerio de Desarrollo Social a determinada franja de la sociedad -con lo que estoy de acuerdo-   pero como los requisitos son más severos en el Banco de Previsión Social, las personas que más precisan esta ayuda y no están en esa franja, la pueden perder por tener un hijo que trabaja.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- La asistencia a la vejez depende del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y la pensión a la vejez, del Banco de Previsión Social. Como decía, por un lado, estamos trabajando en conjunto para ver cómo hacemos ese enganche -es una de las discusiones que deberían darse en esta Casa y lo propongo en voz alta- y, justamente, analizar si lo relativo a los familiares es un elemento consistente que debe permanecer en la legislación y, por otro, para considerar la asistencia a la vejez nosotros nos basamos en la situación socioeconómica de la persona. En el Ministerio de Desarrollo Social estamos abocados a ese tema y a todo aquello que nos corresponde, pero además intentamos provocar acciones en otro lado que puedan beneficiar a la población con la que trabajamos, que cada vez es más grande, no porque haya más pobreza, sino todo lo contrario, porque estamos pensando en políticas universalizables.

SEÑORA MOREIRA.- El Programa de Transferencias Monetarias ha sido uno de los proyectos más exitosos del MIDES del año pasado y, como tal, es bastante novedoso.

                Al respecto, quisiera plantear algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la población de referencia para otorgar las becas estudiantiles? En segundo término, ¿la  tarjeta Uruguay Social es solo una tarjeta alimentaria?

No me quedó claro el cálculo que realizó la señora Laura Menéndez sobre los $ 1.600 y quisiera entender la lógica de razonamiento.

En tercer lugar, si en un hogar se recibieran todas las transferencias, ¿cuál sería el monto máximo?

                La cuarta pregunta que quiero hacer es si con este Presupuesto conseguimos aumentar el monto de las transferencias porque, dado que es una política exitosa, sería bueno seguir reforzándola. De modo que para abatir la pobreza no solo es importante el aumento de la cobertura, sino también el refuerzo al monto de la asistencia.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Algunas preguntas voy a contestarlas yo y, en otros casos, voy a  solicitar que las contesten otras personas que tienen mayor facilidad en lo relativo a los números.

                Decía que el hogar que tiene cuatro hijos o más a su cargo percibe          $ 1.406 y lo comparaba con lo que a nosotros nos cuesta un almuerzo. Esto es lo que cobran por el rubro alimentario de la tarjeta “Uruguay Social”. ¿Por qué me refiero solo al rubro alimentario? Porque la tarjeta, en sí, es un instrumento y el rubro alimentario es, de alguna manera, una focalización de los servicios que presta la tarjeta. En ese sentido, estamos intentando incluir una canasta de servicios básicos en la tarjeta “Uruguay Social”, pero eso quedará para la próxima Rendición de Cuentas, oportunidad en que tendremos más afinada esta propuesta que estamos debatiendo con otros Ministerios y con otros organismos, que apunta a otorgar una transferencia económica que brinde a los hogares del país un cierto nivel de dignidad en su vida. Después tenemos que considerar el tema de los ingresos que pueden percibir; pensamos e insistimos en que el trabajo tiene que ser una de las fuentes sustanciales de ingresos de todos los hogares del país.

                Respecto a las otras preguntas que se plantearon, no tenemos calculado lo que sería un hogar cien por ciento MIDES, es decir, un hogar en el que se cobraran todas las prestaciones. De todas formas, en ese caso nunca se pasarían los $ 4.000. Es interesante la pregunta y manejar estas cifras para saber cómo inciden los montos en la vida de cada familia, porque para algunos puede no ser mucho, pero para otros es una diferencia sustancial entre la miseria y una vida medianamente digna.

SEÑORA MOREIRA.- Quedaría pendiente la respuesta relativa a las becas estudiantiles.

SEÑOR CAMPANELLA.- En el actual Sistema Nacional de Becas las becas estudiantiles son una innovación. En este caso, se van a aplicar al Programa “Compromiso Educativo”, dirigido a la población de estudiantes de segundo ciclo de educación media, es decir, educación media superior.

                El despliegue del Programa es el siguiente. En el año 2011 vamos a trabajar con alumnos de cuarto año de liceo. Desde el punto de vista territorial, al principio vamos a atender los departamentos de Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Tacuarembó, Rivera y dos regiones de Montevideo y Canelones, y al año siguiente se agregan los restantes departamentos del interior. En los departamentos en que se empieza a trabajar en el año 2011 se agregan los alumnos de quinto año y en los nuevos se empieza con los de cuarto, y así sucesivamente a lo largo del quinquenio hasta alcanzar la universalización.

                El programa se está elaborando. En ese sentido, uno de los diseños que seguramente van a generar mayores acuerdos es el que tiene relación con la articulación entre el Ministerio de Educación y Cultura, en cuyo Presupuesto están los montos para atender las becas del Programa “Compromiso Educativo”, y el Ministerio de Desarrollo Social, a través del INJU y del Programa Infamilia, que coloca recursos para la ejecución de este programa -no para las becas, sino para otro de sus componentes-, que implica la coordinación con el INAU y la articulación de la Universidad de la República y de ANEP, en sus dos consejos desconcentrados, es decir, el Consejo de Educación Técnico Profesional -UTU- y el Consejo de Educación Secundaria, y Formación Docente.

El diseño de becas que hasta ahora ha tenido mayores consensos es el de ir generando becas que vayan aumentando con los años, es decir, que en quinto año la beca sea superior a la de cuarto y la de sexto superior a la de quinto y, por supuesto, también a la de cuarto. Esta es una manera de ir premiando año a año los logros educativos de los adolescentes. Los montos iniciales o parámetros sobre los que estamos trabajando son los actuales del Sistema Nacional de Becas. En el Segundo Ciclo de Educación Media la beca es de $ 1.000 por adolescente y el monto que, en principio, manejamos para cuarto año es cercano a esa cifra.

SEÑOR MELÉNDEZ.-   En  cuanto  a  los  emprendimientos  productivos         -hablamos de  los programas socio-educativos-laborales-  cabe destacar que existen más de 1.400 emprendimientos entre los años 2006 y 2009 y 1.800 en 2.010. Ellos tienen que ver con la cooperación Uruguay-Venezuela y el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR.

                La meta del Ministerio para este quinquenio es apoyar a más de 2.350 emprendimientos -en su asesoramiento y capacitación- y más de 250 emprendimientos culturales, así como brindar asesoramiento para la formación y la realización de cuatro encuentros y, al menos, dos redes de entendimiento. La Dirección Nacional de Economía Social está a cargo de estos emprendimientos productivos, que son muy importantes y pueden ser desarrollados por la población -que hoy está siendo acompañada por distintos programas del Ministerio- así como las cooperativas sociales y los emprendimientos socioculturales a nivel del territorio. La señora Ministra señaló que tenemos 33 oficinas territoriales en todo el país y se están generando unidades técnicas de apoyo para implementar programas que provengan de los espacios locales, de tal manera que los diseños centrales y los locales puedan tener un lugar de encuentro para efectivizar mejor la política económica.

                Otro programa interesante  -conocido por los señores Senadores y, por lo tanto, voy a obviar profundizar en él- es el Programa “Uruguay Trabaja”, que se ha desarrollado con éxito en todo el país. Quien ha recorrido las distintas ciudades de nuestro país ha podido observar a personas trabajando con sus chalecos o uniformes cumpliendo funciones que van desde el arreglo de la “Casa Abierta” en Artigas -que se encarga de combatir las adicciones- en toda la zona norte, en las calles de Rivera y hasta en las plazas, centros educativos o de atención de salud en Montevideo. Este Programa ha tenido 22.241 participantes en más de 3.000 intervenciones en organismos públicos. La meta es continuar con la misma población pero con una mayor carga horaria para capacitación, competencias transversales y específicas, la mejora en la salud bucal y un mayor porcentaje de inserción laboral. Al Ministerio le interesan los procesos que la gente cumple dentro de los programas, pero también dónde desembocan, es decir, cuál es el espacio en donde ellos pueden servir. A su vez, la Dirección Nacional de Economía Social trabaja junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -que concurrió a esta Sala antes que nosotros, sobre todo, en aplicación de la Ley Nº 18.516 de cuya redacción también formó parte- y en las coordinaciones con DINARA, INEFOP y demás organismos involucrados en este trabajo como la DINACOP.

                También estamos a cargo de las principales líneas de acción del Programa Infamilia, en todo lo que es el fortalecimiento del despliegue territorial y de apoyo a la familia, vigorizando las unidades técnicas que recién mencioné y trabajando en las oficinas territoriales, en el financiamiento de 76 SOCAT;  en el Apoyo a Equipos de Atención Familiar del MIDES; en apoyo a la elaboración del protocolo de atención a las familias, embarazo y primera infancia -temas muy sentidos por toda la población del país- que tienen que ver con los Sistemas de Cuidado y Atención a la primera infancia, hay un 65% de embarazadas que inician su control en el primer trimestre del embarazo en el sistema público y el Sistema de Supervisión y Gestión de Centros Públicos de Educación Inicial, diseñados e implementados.

                En lo que tiene que ver específicamente con la infancia, nos proponemos como principales líneas de acción el desarrollo y consolidación de maestros comunitarios y de educación física, el apoyo a la extensión a programas de atención a las dificultades de aprendizaje y el apoyo al fortalecimiento del modelo de prevención contra el abuso y la violencia.

                En cuanto a la adolescencia, planteamos el apoyo al programa Acreditación Enseñanza Primaria -doscientos adolescentes en ocho espacios- aulas comunitarias y FPBC con 3.400 adolescentes por programa, y programa Compromiso Educativo.

                Es interesante destacar que la intención de este Ministerio es apoyar a la población infantil y adolescente que encuentra dificultades para insertarse en el sistema educativo. No solo los pobres desertan del sistema educativo, sino que a veces tenemos que buscar las causas en las relaciones que se dan entre los centros educativos, los hogares y la comunidad. Nos parece que esta última tiene que darse cuenta de los problemas que están ocurriendo a su alrededor y “hacerse cargo” de la parte que le corresponde, porque la responsabilidad no es privativa del Estado.

                ¿Qué sucede con lo que estamos aplicando y queremos profundizar? Para poder lograrlo debemos contar con un sistema de información que dé cuenta adecuadamente de los resultados que, entre otras cosas, es lo que pretendemos, lo que la población demanda y lo que el Parlamento exige. Desde hace un tiempo, estamos trabajando fuertemente en el Sistema Integrado de Información del Área Social (SIIAS) -del cual participan la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Banco de Previsión Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública- con la intención de vincular datos de los distintos organismos, tanto de sus beneficiarios como de sus respectivos programas sociales. Allí contribuiremos al diseño y la ejecución de la política social a través de la generación de una mayor sistematización y disponibilidad de información actualizada. Como recién plantearon algunos señores Senadores, la georreferenciación y otros factores que presenta la población, así como los servicios que se prestan, encuentran en esto un mecanismo hábil para poder dar cuenta de lo que está sucediendo.

                En cuanto a los indicadores, habrá más de quinientos para los diversos programas en ejecución. Si algún señor Senador desea formular preguntas con respecto al SIIAS, el Director de Evaluación y Monitoreo las responderá con mucho gusto.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Voy a solicitar a los integrantes del Ministerio que nos dejen una copia de la presentación que están realizando, ya que nos va a servir cuando consideremos el articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Todas las presentaciones efectuadas han sido incorporadas a la versión taquigráfica.

SEÑORA MAZZUCHI.- Voy a retomar los doce artículos del proyecto de ley de Presupuesto -que reordené de distinta manera a como están-, explicando sus fundamentos en base a las preguntas que se formularon.

                Básicamente, para nosotros hay un artículo muy importante -en términos monetarios, quizás el más importante- que establece un incremento de partidas presupuestales para algunos de los programas del Ministerio. Por ejemplo, Uruguay Trabaja tiene un refuerzo de partida de $ 160:000.000 para los cuatro años, y también tienen refuerzos los programas Apoyo Alimentario, Emprendimientos Productivos y Centros Educativos Abiertos. Como ya explicamos, Uruguay Trabaja va a mantener un entorno de 3.000 a 3.100 personas por año participando en el programa, y lo que se pide es un refuerzo de partida para mejorar los temas de salud bucal, capacitación y transporte.

En cuanto al programa Apoyo Alimentario, que otorga la tarjeta Uruguay Social, tiene un refuerzo de $ 1.324:000.000. Como podrán apreciar en el cuadro que figura en el artículo 604, hay un renglón que hace referencia a la leche fortificada, que es un debe que tenía el Ministerio. Me interesa explicarles cómo se van a usar esos $ 1.324:000.000. Una parte se destinará como refuerzo para comprar leche fortificada que, reitero, es un debe que el Ministerio de Desarrollo Social tenía cuando pasó a pagar por tarjeta alimentaria las canastas provenientes del Instituto Nacional de Alimentación. Pedimos un refuerzo exclusivamente para comprar leche fortificada en los hogares que tienen niños menores a 3 años. Por otro lado, hay un monto que es el refuerzo en alimentación para alrededor de 30.000 hogares que reciben la tarjeta alimentaria, que están por debajo de la indigencia y sabemos que estas son líneas muy sensibles. Se está proponiendo que los hogares que reciben esta tarjeta y tienen ingresos menores a 1,25 canastas básicas alimentarias per cápita, dupliquen el monto. Ya se explicó que ese rubro del apoyo alimentario es para duplicar los $ 536 o los $ 1400.

En cuanto a los Emprendimientos Productivos, hay un refuerzo de           $ 298:000.000 para todo el período. Ese programa ya existía en el Ministerio de Desarrollo Social, pero era financiado con dinero de Venezuela y ahora lo estamos incorporando en el Presupuesto porque el Ministerio considera que la mejor forma de incluir socialmente a las personas es a través de programas de trabajo. Por lo tanto, pedimos los $ 298:000.000 para reforzar ese rubro.

En relación a los Centros Educativos Abiertos, hay un refuerzo de          $ 40:000.000, que está pensado básicamente para abrir los centros educativos -en particular, liceos y UTU- los fines de semana y realizar actividades recreativas que integren a los estudiantes al barrio y reafirmen el sentido de pertenencia.

Hasta ahora hemos mencionado las partidas presupuestales para reforzar programas. Más adelante hay un par de artículos que refieren al presupuesto para políticas de infancia y adolescencia.

SEÑOR HEBER.-  Supongo que el artículo 604 actual es el 593 viejo.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Supone bien.

SEÑOR HEBER.-  Así como lo había adelantado el señor Senador Solari, estamos de acuerdo con todos los objetivos que se establecen -y no puede haber dos opiniones al respecto-, pero nos gustaría saber por qué se imputa a gastos de funcionamiento algo que se va a destinar a asistencia directa. Creo que en el Presupuesto deberíamos establecer un rubro que no imputara gastos de funcionamiento.

                Permanentemente cuestiono este tipo de gastos, porque gran parte del dinero que votamos para que se destinara a asistir situaciones que lo requieren, es consumido por la propia burocracia en consultorías y estudios. Es decir, coincido con todos los objetivos,  con los planteos de la señora Ministra y con el Gobierno, porque es necesario que exista este plan, pero pretendemos saber cuánto hay dentro de cada uno de estos rubros.

Queremos saber cuánto de cada uno de estos rubros se destinará a sueldos de funcionarios públicos y gastos administrativos. Quizás vaya todo directo para el rubro de alimentos -porque ya existe una infraestructura- pero como no figura en el cuadro planteado, tal vez haya que precisar un poco más esa información. Sin lugar a dudas, en alguno de estos nuevos programas hay algún gasto mínimo de infraestructura o de cuestiones burocráticas que nos gustaría conocer. Nuestro temor es votar partidas que son necesarias para solucionar situaciones sociales críticas y que el aparato burocrático del Estado nos lleve la mitad. Si esto ocurriera sentiríamos una gran frustración y, además, en la próxima Rendición de Cuentas habría problemas con esta situación. Hago este planteo, pero aclaro que no estamos en discrepancia con los objetivos que busca el Ministerio. Esto nos importa porque, al momento de levantar la mano, los Legisladores tenemos que ser plenamente conscientes de que la población que padece este problema va a tener la asistencia que tanto reclamamos en cada Presupuesto.

                Muchas gracias.

SEÑOR SOLARI.- Al igual que el señor Senador preopinante, compartimos totalmente los objetivos que persiguen estas transferencias -tal como lo manifestamos oportunamente, a la Ministra y a su delegación, en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión-  suponiendo que la gran mayoría de estos gastos tenga que ver con ellas. De todos modos, tengo dudas con respecto a la redacción y a los cuadros presentados.

                Cuando el señor Subsecretario hizo su presentación, los dos o tres primeros cuadros que presentó hacían referencia a gastos incluidos en el artículo 593 de la versión original del Poder Ejecutivo y que actualmente es el artículo 604. Hice rápidamente la suma de los montos que estaban al pie de cada uno de los cuadros y me dio un total de $ 3.700:000.000; 3.240 en el primer cuadro, 298 en el segundo y 160 en el tercero -esto equivale aproximadamente a US$ 185:000.000-  pero si sumo los totales que están presentados en el cuadro de este artículo, me da $1.822:000.000. La pregunta va  dirigida  a la redacción del artículo en el sentido de que no  podría suponer que la concordancia entre un monto y el otro -es decir, entre los                         $ 1.800:000.000 y los $ 3.600:000.000- se debe a que hay $ 1.800:000.000 adicionales a partir de los incrementos de rubros presupuestales en este artículo, pero igual quisiera entenderlo claramente porque si no, estaríamos hablando de dos situaciones distintas.

                Muchas gracias.

SEÑORA MAZZUCHI.- En relación con la primera pregunta, estamos totalmente de acuerdo con la preocupación planteada. Al MIDES le importa mucho cuál es el destino final de su presupuesto.

                Tenemos una gráfica que muestra el presupuesto total MIDES distribuido, tanto lo que tenemos como líneas de base como el refuerzo que está en el articulado. Como ustedes ven, el 70% de nuestro presupuesto son transferencias y van directamente a la población beneficiaria de los programas. Nuestro presupuesto total comprende:  22% de gastos de funcionamiento -nos referimos así a lo que los señores Senadores llaman suministros: luz, agua, transporte, hojas, etcétera-  7% de recursos humanos y 1% de inversión. La distribución es distinta según los programas. Con respecto al apoyo alimentario, la infraestructura ya está armada y el costo en recursos humanos no es del todo bajo.

Hay un apoyo dirigido a los hogares y es solamente para el rubro alimentación. Se organizó a través de una base de datos y del seguimiento a la familia para ir focalizando mejor su situación. Aclaro que este apoyo está presupuestado en otro artículo y no se pide refuerzo; es parte de nuestra línea de base. Reitero: el apoyo alimentario va directo a los hogares.

                Con respecto al programa “Uruguay Trabaja”, se refuerza el tema de la salud bucal y la partida va para los participantes, pero no a través de lo que cobran como prestación. Para este rubro de salud bucal -que, como los señores Senadores saben, es un componente muy importante cuando queremos insertar a alguien en el mundo laboral-  la partida era muy baja y nos complicaba bastante llevarlo adelante en el interior del país, por lo que pedimos un refuerzo para mejorar este rubro.

                Otro aspecto importante es la mejora de la participación que tiene algo del rubro sueldo para los beneficiarios, que son los que están mejorando su capacitación.

                En el tema de los emprendimientos productivos, casi todo va para los beneficiarios.

Con respecto al programa referido a los centros educativos abiertos, es diferente; estamos pidiendo presupuesto para profesores de educación física, maestros o coordinadores de talleres y, tal vez, para el audio, la amplificación y los materiales para las actividades de los jóvenes. Básicamente, nuestro presupuesto final es este.

                Con respecto a la pregunta formulada en segundo lugar, quiero aclarar que revisé las sumas y deberían dar. Simplemente, hicimos este planteo a los efectos de la presentación. Estoy presentando el articulado como me parece más lógico y no como nos quedó escrito. Este es el rubro de refuerzo para los programas, que en las transparencias estaban ordenados de manera distinta, pero deberían sumar igual. Repito: la suma es igual, simplemente es distinta la presentación.

                El primer artículo se refiere al incremento de las partidas presupuestales para los programas. Luego hay dos artículos, el 605 y el 606, que establecen el presupuesto para las políticas de la infancia y la adolescencia y que fueron presentados en transparencias anteriores. Quiero aclarar que en este Presupuesto no hay refuerzo. Infamilia es un programa que se sostiene con financiamiento externo, que ahora se renueva y queda incorporado en el articulado. La fuente de financiamiento es el endeudamiento externo y Rentas Generales, que es la contrapartida a este préstamo. En realidad, el Presupuesto del programa Infamilia para este quinquenio es exactamente igual al del quinquenio pasado. Por lo tanto, esto no es un refuerzo.

                El artículo 608 alude a la creación del SIIAS -que es la última transparencia que presentó el Subsecretario- referida al Sistema de Información Integrada del Área Social, y tampoco conlleva gasto presupuestal. Esto implica, en primer lugar, que los Ministerios de Salud Pública, de Desarrollo Social y ASSE integren su información sobre los programas sociales en una base de datos. De esta manera, tendríamos una base única para informarnos sobre las prestaciones y los beneficiados, lo que nos permitiría coordinar y hacer un mejor seguimiento de las políticas sociales. Está pensado que en una segunda etapa se integren otros organismos.

                El articulado, básicamente, plantea los objetivos de este sistema integrado del área social y un comité, que será el que gestione y marque las prioridades de este sistema de información que, por ahora, no implica presupuesto.

Los artículos 609, 610 y 612 están vinculados a la creación de cargos.

SEÑOR HEBER.- La Directora General de Secretaría, señora Mazzuchi, viene avanzando rápidamente en su análisis y quisiéramos hacer unas preguntas.

                 Me quedó clara la respuesta que se dio sobre el artículo 604 que antes figuraba como artículo 593; pero luego continuó con los artículos 605, 606 y 608. En lo personal, tengo dudas con respecto al artículo 605. En cuanto a la atención integral de la salud, todos sabemos bien qué es, pero no sucede lo mismo con las políticas transversales. Entiendo el concepto, pero no logro comprenderlo cuando se menciona en el artículo 606 como proyecto. En dicha disposición figura como Programa, Educación Primaria y como Proyecto, Promoción del desarrollo infantil integral, luego figura como Programa, Políticas transversales de desarrollo social y como Proyecto, Dispositivos institucionales transversales. Me gustaría que se me explicara qué significa esto. El siguiente proyecto, que es el Sistema de protección y atención al embarazo y primera  infancia es muy concreto y me queda claro de qué se trata; en cambio, el Proyecto Dispositivos institucionales transversales vuelve a aparecer como Endeudamiento Externo y no comprendo, concretamente, a qué se refiere.

                En cuanto al artículo 608, entiendo que la Información Integrada del Área Social es necesaria para que todos manejen una misma información, pero no para la gestión. Tal vez esta pregunta me la pueda responder la señora Ministra, ya que tiene carácter político. Me gustaría saber si luego de tener esta información -que es vital para saber  cuáles son las personas que se asisten en las distintas áreas y que va a tener el Ministerio de Desarrollo Social-, se la puede remitir a la Asamblea General o a las Comisiones del Parlamento especializadas en el tema, de modo que el Parlamento pueda contar con ella para hacer un seguimiento importante sobre el nivel de asistencia y su evaluación. Digo esto porque cuando en las Rendiciones de Cuentas se hable sobre el tema, sería útil que pudiéramos tener claro cuánto se avanzó, cuánto se rescató; en fin, tener metas y objetivos claros con respecto a la población que se asiste. En definitiva, mi idea apunta a agregar, quizás, como tarea al Sistema de Información Integrada del Área Social, que remita esa información al Parlamento a fin de que estemos informados sobre el tema. Esas eran las tres preguntas sobre los artículos.

SEÑORA MINISTRA.- Con respecto a esto último, siempre que cumplamos con la transparencia y la protección de los datos, evidentemente vamos a poder trasladar y proporcionar dicha información. En realidad, ese es el objetivo, porque justamente el Sistema de Información Integrada del Área Social tiene como meta sistematizar la información a nivel de todo el Estado; mantenerla centralizada, sistematizada y, a partir de ahí, contar con los análisis y estudios que todos necesitamos para mejorar la gestión, el impacto y la aplicación de las políticas. Reitero que los objetivos son la sistematización y el análisis de la información y, siempre que no haya ninguna transgresión, evidentemente estará a disposición.

SEÑOR CAMPANELLA.- Respecto de los Dispositivos institucionales transversales, en primer lugar, la mayoría de esos artículos corresponden al Programa Infamilia y la Directora General ya explicó el monto que se está pidiendo para este quinquenio. No obstante, resta aclarar que el Programa Infamilia es uno de los aportes que hace el Ministerio de Desarrollo Social a la implementación del  Plan de Acción, Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia -ENIA-  que fuera presentado en 2008. Con este Plan de Acción se pretende establecer la imagen objetivo y cuál es la infancia y la adolescencia que queremos construir como sociedad hacia el año 2030. Obviamente, esos lineamientos estratégicos requieren acciones concretas. Por eso, proponemos planes quinquenales, de modo que coincidan con los períodos de Gobierno. El acuerdo que logró establecer la ENIA cuenta con una plataforma bastante amplia y fue firmada por todos los Partidos políticos con representación parlamentaria, el Plenario Intersindical de Trabajadores, organizaciones sociales y religiosas, etcétera.

                Luego de estos antecedentes del Programa Infamilia para el presente quinquenio, importa destacar que el Plan mencionado implica la acción coordinada y articulada de distintas intervenciones. Una de ellas fue comentada hace un rato, me refiero, al Programa “Compromiso Educativo”, en el que participan el Ministerio de Educación y Cultura, el MIDES, el INAU, la Universidad de la República, etcétera.

Cada uno de los programas que se desarrollan con carácter interinstitucional tiene un fuerte componente de inversión directa; en otras palabras, es lo que efectivamente requiere cada una de esas líneas de acción. Luego, como plan que integra varias acciones, demanda el armado de algunos dispositivos que soportan varios programas a la vez. Como no es posible adjudicarlos a uno en particular -por ejemplo, los sistemas de información, los sistemas de evaluación y las evaluaciones externas de un conjunto de acciones que forman parte de un programa-  les dimos la denominación de dispositivos transversales institucionales porque no dependen de una acción política directa ni pueden ser adjudicados a políticas en particular, sino que soportan a todo un plan en general. Esa es la definición y el contenido de los dispositivos transversales interinstitucionales.

SEÑORA MAZZUCHI.- Continuamos con los artículos vinculados a la creación de cargos.

                En el artículo 609 se propone la creación de un cargo en el escalafón Q para la Dirección del Programa Infamilia. Como dijo la señora Ministra al comienzo, el MIDES está integrado por nueve Direcciones, ocho de las cuales son cargos de confianza y uno que no lo es. Seguramente, ese cargo no es de confianza debido al origen del Programa Infamilia, pues existía antes de la creación del Ministerio, o sea, pasó después a su órbita. En este proceso de profundización  institucional, este artículo  propone que el Director del Programa Infamilia reúna las mismas características de derechos y obligaciones que el resto de los Directores del MIDES.

SEÑOR SOLARI.- Me permito interrumpir a la señora Mazzuchi para puntualizar que la creación del cargo a que refiere no se establece en el artículo 609, sino en el 607. Lo aclaro a los efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica, de todas maneras más adelante me referiré a esta disposición en particular.

SEÑORA MAZZUCHI.-  Efectivamente, es el artículo 607. Pido disculpas por el error.

                En el artículo 610 se crean cargos técnicos para las Oficinas Territoriales del MIDES. La gestión a nivel del territorio es muy importante, pero lamentablemente sus recursos humanos son muy débiles. Incluso, en algunas no hay coordinación territorial y originalmente se manejó con el mecanismo de pases en comisión. En este caso, proponemos que nos otorgue la posibilidad de  fortalecer  las oficinas territoriales del MIDES a nivel nacional con veinte cargos técnicos, que es el mínimo imprescindible para funcionar mejor.

SEÑOR HEBER.- Creo que el artículo 610 merece algún comentario.

                Se puede entender que el Ministerio de Desarrollo Social, que fuera creado en la  Administración anterior, a medida que va ejerciendo sus distintas funciones -que, por suerte, van variando-  necesite adecuarse para poder establecerse. Ahora bien, al crearse un nuevo Ministerio -que se ha formado con cargos de pases en comisión- se da una ecuación de resultado. Tal como se puede observar en las planillas, un 22% para gastos de funcionamiento y un 7% para funcionarios refleja un buen logro para los dineros que maneja este Ministerio; por cierto, me gustaría que se mantuviera, ya que genera una situación de eficacia en la asistencia establecida para determinados rubros.

                En la primera parte se plantea la necesidad de veinte cargos de coordinadores. En el caso de otros Ministerios, hemos cuestionado la creación de esos cargos de coordinadores -a nuestro juicio, no son necesarios-  pero quizás aquí se puedan justificar, dado que se trata de un Ministerio nuevo en el que, después de cinco años, se ha entendido que se necesita más gente para cubrir las oficinas territoriales. Pero en la segunda parte del artículo se habla de los “imprescindibles”.

Hago un paréntesis para advertir a mis colegas de la Comisión que no me olvidé de los “imprescindibles” en el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que asistió anteriormente;  no me encontraba en Sala cuando se habló de ese tema, pero lo cierto es que tengo anotados los tres artículos que refieren a dichos cargos en ese Inciso. Se trata de una nueva figura que aparece en este Presupuesto y da la impresión  de que es el nombre de una película: “Los imprescindibles”. Ahora  bien, los “imprescindibles” que establece el Gobierno, se deben, supuestamente, a que se están implementando reestructuras, y para ello se necesita mantener algunos cargos que la Administración considera “imprescindibles”.

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya precisa una reestructura? ¿No lo hemos creado bien? Es verdad que lo hemos armado poco a poco y que en las Rendiciones de Cuentas siempre se introducen modificaciones que lo van adecuando. Se puede entender que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o el de Industria, Energía y Minería que hace años que están instalados, debido a la situación cambiante en su área de acción, precisan una reestructura y los cargos imprescindibles, pero, ¿esto también sucede en el MIDES?  Quisiera que se me hiciera algún comentario al respecto.

SEÑORA MOREIRA.- No quisiera contestar la pregunta al Senador Heber, pero teniendo en cuenta  que  el MIDES ha trabajado con cargos en comisión, lo que necesita es una estructura estable, como los demás Incisos. Por eso, quizás no se trate de una reestructura sino, como dije, de una estructura.

                Ahora bien, dado que estos cargos de coordinadores van a ser bastante centrales y no sé cuándo se aprobarán partidas para la reestructura o estructura organizativa, quisiera saber cuál va a ser la forma de proveerlos. En el caso de que se haga un concurso, quisiera saber si se le otorgará la posibilidad de que, luego de la reestructura, esos cargos pasen a ser presupuestados y pertenezcan a la estructura estable. En pocas palabras, mi pregunta apunta al modo de selección de ese personal.

SEÑORA MINISTRA.- Pedimos disculpas porque me parece que al comienzo de la exposición no fuimos lo suficientemente claros. Justamente, debido a que el Ministerio es nuevo, se creó, como dijimos al comienzo, con muchos pases en comisión y  contratos a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

En estos cinco años aspiramos a regularizar todas esas situaciones que tienen que ver con contratos; que no son las mejores ni las más cristalinas. Para ello pretendemos que, en el marco de la reforma del Estado, se pueda convocar a concursos abiertos e internos.  Pero por ser un Ministerio nuevo y haber tenido muy corto tiempo -ya que durante los dos primeros años de su creación se dedicó a paliar las emergencias y luego a lograr una estructura que hoy, realmente, no se ha culminado-  tenemos que redimensionar cada una de las divisiones, de los programas y establecer cuántos funcionarios se necesitan para cada uno de esos lugares.

Las oficinas territoriales siempre tuvieron un coordinador en régimen de pase en comisión, por lo tanto, lo que planteamos al Consejo de Ministros -que hoy plasmamos en el Presupuesto-  es la necesidad de dotar al Ministerio de recursos humanos, en este caso, técnicos y administrativos.

Creo que no nos supimos expresar correctamente al comienzo. Cuando  solicitamos convocar a concursos abiertos en todo el país para dotar de recursos a las oficinas, nos estamos refiriendo a cargos técnicos y administrativos. Estamos pensando en un piso mínimo, es decir, lo necesario para que la oficina pueda funcionar. En su mayoría, las oficinas tienen solo un coordinador en régimen de pase en comisión. Algunas oficinas tienen funcionarios, pero muy pocos y si nosotros queremos implementar esta propuesta a nivel territorial y dar prioridad a la desconcentración y descentralización, estando cerca de la gente, necesitamos más personal.            

Vuelvo a reiterar que se están solicitando cargos técnicos y administrativos.

SEÑORA MAZZUCHI.- En este caso, se trata de cargos técnicos. Cuando hablamos de los coordinadores territoriales hubo una confusión. Aquí lo que estamos solicitando son técnicos. Una oficina territorial es muy chiquita y hace absolutamente todo, ya que es la puerta de entrada del MIDES. Por ejemplo, todos los directores que estamos aquí, que queremos hacer algún trámite, armar cuadrillas de Uruguay Trabaja, sacar cédulas, etcétera, concurrimos allí. Hoy son oficinas, repito, muy chiquitas.

                Con este artículo se crearían veinte cargos técnicos. Obviamente, van a ser llamados por concurso y seguramente, si esto se aprueba, con las nuevas formas de contratación, llamados o vínculos, será algo más ágil.

                En origen, este artículo estaba compuesto por cargos técnicos y administrativos. Nos asignan los cargos técnicos y nos dan una bolsa de dinero para otros cargos, entre ellos, administrativos, a futuro. Realmente creemos que una oficina de estas características -en algunos casos es una por departamento-  debería tener, al menos, cuatro personas y un coordinador. Aquí se proponen solamente los veinte cargos técnicos.

SEÑOR SOLARI.- No quiero polemizar con la Directora General de Secretaría, pero el artículo 610 tiene dos incisos. El primero de ellos crea veinte cargos A 4, o sea, cargos profesionales técnicos, pero el segundo inciso crea una bolsa de $ 6:719.359 a efectos de realizar las contrataciones de personal que se consideren imprescindibles, y esos no son los cargos técnicos.

                Si bien es cierto lo que la Directora expresa, lo es parcialmente con respecto al primer inciso del artículo, pero no con relación al segundo.

SEÑORA MAZZUCHI.- Cuando dije que en el origen habíamos planteado la creación de cargos técnicos y administrativos, se crearon  veinte cargos técnicos e incrementaron el presupuesto para generar los otros cargos a partir del año 2012. Creemos que una oficina territorial debe tener, dadas las características que les expliqué recién, al menos dos técnicos y dos administrativos. Queríamos que todos los cargos se crearan ahora, pero eso no fue así.

SEÑOR HEBER.- Si los cargos son imprescindibles, lo son en el 2011.

SEÑORA MAZZUCHI.- Si quiere, cambiamos el artículo.

SEÑOR HEBER.- Si el concepto es que los cargos son imprescindibles, no puede ser que lo sean a partir del 2012 y ahora no, pero no quiero generar más gastos, y menos con los imprescindibles.

SEÑORA PRESIDENTA.- El MIDES caracteriza esos cargos como imprescindibles, pero parece que el Ministerio de Economía y Finanzas no.

SEÑORA MINISTRA.- A continuación la Directora Nacional de Descentralización y Participación, que tiene a su cargo las oficinas territoriales, va a referirse a este tema y dará una explicación al respecto.

SEÑORA CASTRO.- Tal vez dando un ejemplo se entienda mejor. Tenemos algunas oficinas territoriales atendidas solamente por un coordinador que se encarga de absolutamente todo, inscribe para la tarjeta “Uruguay Social”, informa sobre las inscripciones de “Uruguay Trabaja”, atiende las supervisiones de las cuadrillas de los trabajadores, da información para los emprendimientos productivos, etcétera. Es imposible atender una oficina pública cabalmente con una sola persona, más en zonas de concentración de pobreza donde hay mucha demanda.

                Tampoco pensamos que sea correcto que un Ministerio siga funcionando con personal en pase en comisión de otros organismos, porque si en esos organismos lo necesitan, seguramente están sintiendo su falta. Por lo tanto, necesitamos técnicos y administrativos para servir a cabalidad los objetivos de la institución.

Los funcionarios que están en pase en comisión, que en la reestructura puedan ser absorbidos por el MIDES, pasarán a ser funcionarios de esa Cartera. La población debe saber que cuando se asignan recursos a una institución es para su funcionamiento y no para que los funcionarios presten servicios en otra. Pensamos que es lo correcto y, por eso, solicitamos técnicos y administrativos.

El tema de que los funcionarios sean imprescindibles hoy o mañana depende del despliegue de la actividad, de los programas y de cómo se vayan ubicando geográficamente. Tenemos esa austeridad de funcionamiento, muy bien graficada por la Directora General de Secretaría, en cuanto a recursos humanos porque no ponemos gente mientras no sea necesario. Sin embargo, tiene que haber un funcionamiento  mínimo en las oficinas y no puede ser que -como sucedió hasta ahora- el MIDES tenga que pedir un asistente social, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública para hacer una visita a una familia ante una situación desesperante, a fin de hacer un informe social. Si solo hay un coordinador en la oficina territorial -en algunos casos acompañado por un administrativo- y tiene que ir a pedir, por ejemplo, un asistente social al Juzgado, a la policlínica, al hospital o al INAU, lo hará en detrimento de los otros servicios.

En definitiva, no sobran funcionarios por ningún lado, sino que faltan desesperadamente y los vamos poniendo con cuenta gotas. Una vez que los concursos estén habilitados, podrán entrar por esa vía y por eso también es necesaria una reestructura.

Se hizo una estructura mínima para el primer ejercicio y ahora es necesario crecer y adecuar y, por lo tanto, necesitamos reestructurar.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero señalar que la gradualidad que plantea el artículo es razonable, porque estamos poniendo sobre el territorio y en la descentralización una nueva forma de políticas sociales. De algún modo, veo en el horizonte que va a tener bastante más crecimiento que el previsto hoy en estos artículos. No debemos olvidar que los departamentos no son solo las capitales departamentales -aunque la población uruguaya  es principalmente urbana-, también están las localidades -hay departamentos que tienen muchísimas- y, en algunos casos, están muy distantes entre sí. Creo que este es el primer escalón  para desarrollar el concepto de llevar las políticas directamente al beneficiario.

También debemos consolidar los recursos humanos porque, si bien el concepto de pase en comisión está autorizado por la legislación uruguaya, sería mucho mejor que el funcionario perteneciera al Inciso y comprendiera todo el programa, más aún tratándose del Ministerio de Desarrollo Social. Quizás en otra Cartera este aspecto no tenga la misma importancia que ciertamente tiene en la nuestra. Me parece que es con mucha prudencia que el Ministerio pide empezar a regularizar una situación, en forma gradual, porque estas cosas no se pueden llevar a cabo a tontas y a locas, por decirlo de alguna manera. Además, a veces es difícil encontrar funcionarios con las características que se precisan. En el país tenemos carencia de asistentes sociales, por ejemplo, y prueba de ello es que, en algunos departamentos, los llamados de organismos como el INAU y otros han quedado vacantes, porque no hay disponibilidad. Entonces, con más razón se hace el pedido, pues debemos contar con una plantilla muy calificada para estos programas.

SEÑOR SOLARI.- Creo que sobre el tema de la cantidad de funcionarios desplegados en el territorio hay que reflexionar en forma muy cuidadosa. En primer lugar, debido a lo que acaba de decir la señora Senadora Topolansky en cuanto a que hay poco personal capacitado para cumplir algunas de las funciones de asistencia social y, en segundo término, porque no ha sido buena tradición en la Administración Pública uruguaya tener asistentes sociales del Banco de Previsión Social,  del Ministerio de Salud Pública, de la ANEP y de otros organismos en distintas localidades, los que muchas veces producen informes contradictorios, aparejando dificultades en la implementación de las políticas.

                Si no entiendo mal, la misión fundamental del Ministerio de Desarrollo Social es la coordinación y el combate a la indigencia y la pobreza.  Entonces, no debería pensar fácilmente en crear su propia estructura, sino en cumplir con la misión que se le establece, que es coordinar la implementación de los programas, mediante otros organismos que ya tienen su estructura; en todo caso, si fuera necesario, habría que modificar aquellas estructuras que no funcionan, pero no crear otra paralela, que entraría en contradicción con la existente.

SEÑORA CASTRO.- La inquietud del señor Senador Solari respecto de lo que establece la Ley de creación del MIDES es correcta pues, efectivamente, esta Cartera es responsable de coordinar y articular en el territorio las políticas sociales. Sin embargo, ello resulta impracticable sin una estructura mínima porque, además de coordinar y articular -aquí se trata de algo más que solo coordinar-  el MIDES ejecuta sus programas y, para poder hacerlo, necesita contar con recursos técnicos. Se articula mejor desde la ejecución, y es justamente en la ejecución de nuestros propios programas donde tenemos la mayor fuente de conocimiento para poder articular con las demás instituciones involucradas. Prueba de esto son los programas que tienen que ver con la infancia, la adolescencia, la juventud y los temas de educación, acerca de los cuales ya se dio información al comienzo. Es imprescindible tener una estructura mínima para la ejecución de todos esos programas y, por supuesto, la articulación también requiere recursos.

                Con respecto a si la estructura pesa o no, basta con mirar la gráfica para comprobar que ella es absolutamente mínima y que el pedido es más que recatado. Si hay informes contradictorios, ello supondrá mejorar y adecuar el trabajo de los distintos técnicos, lo cual es parte de nuestra tarea. Hasta ahora no hemos tenido informes contradictorios, ya que debido a la escasez de técnicos estamos usando el mismo funcionario para distintos organismos; por lo tanto, si se trata de la misma persona con una mayor carga de trabajo, no puede haber contradicción.

                Se da el caso, por ejemplo, de que estamos negociando en el territorio, incluso, con el Poder Judicial, que no tiene recursos o vehículos y se ocupa de temas de minoridad, de tenencia y también de cuestiones legales que impiden que la población acceda a la tarjeta Uruguay Social; esto último se ve dificultado, por ejemplo, porque no se logra que el niño obtenga su cédula y que se complete el trámite de la tenencia. En ese caso, pues, estamos negociando y haciendo componendas; el MIDES pone el vehículo y el combustible, y el Juzgado dispone el servicio de un asistente social. Se hace la visita, se  produce el informe y se termina el trámite de tenencia; de esta manera, la madre a cargo del menor puede disponer de la tarjeta de alimentación de los chiquilines.  La coordinación y articulación tienen, necesariamente, un componente de ejecución que requiere recursos; por ende, no hacemos un pedido desmedido; me parece que las gráficas lo han puesto de manifiesto claramente.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Con respecto a lo que planteaba el señor Senador Solari, cabe señalar que hay algo importante en lo que estamos trabajando, a fin de superar el carácter ético -esto lo mencionaba el señor Senador Heber- que tuvo la creación del Ministerio de Desarrollo Social por el PANES y su intervención en aportar y ampliar las cantidades de pases en comisión que había. Esto es algo que reconocemos siempre, porque a ese respecto hubo una discusión en esta Casa. Se aprobó la intencionalidad política de la creación del MIDES y la importancia de su desarrollo como estrategia de articulación en el territorio y como agente de implementación de políticas en ese sentido. Tan es así, que en el Período pasado llegamos a llamarlo, en conversaciones informales, el Ministerio de ramos generales, porque era la ventanilla que se golpeaba para solucionar un montón de problemáticas sociales. ¿Qué implica eso en este segundo período de Gobierno? Por nuestra parte, desde el Consejo Nacional de Políticas Sociales -que me toca presidir, como Subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social- estamos intentando el fortalecimiento de las Mesas interinstitucionales a nivel de los territorios, que es el espacio donde cada uno de los organismos encargados de las políticas públicas se reúne, justamente, para articular las políticas de desarrollo. En concreto, ha habido dos encuentros de Mesas interinstitucionales, que tienen su correlato a nivel social con los Consejos sociales. Esto ha dado muy buenos resultados; se trata de elementos importantes que debemos dinamizar. A su vez, tal como decía Margarita Castro, debemos tener una estructura mínima de funcionamiento que dé soporte a esa intervención, porque la articulación y lo que tiene que ver con la estructura, cuando es en el territorio, es compartida por los técnicos. Los informes no son necesariamente contradictorios; en todo caso, tal vez el enfoque o la mirada desde donde se realizan pueden hacer que lo parezcan. Pero, ciertamente, el trabajo de la Mesa y el debate sobre su aplicación e implementación, enriquece el carácter de los delegados y técnicos que participan  en ella. Es allí donde se van dando la sinergia y la mejor puntería, que permiten realizar un abordaje integral e integrado de la política social. 

Entonces -ya que absorbimos muchos de los pases en comisión, que hoy son funcionarios del MIDES-  para nosotros es importantísimo generar las condiciones para poder llevar a cabo un proceso de reestructura que se adecue a las necesidades crecientes a nivel del espacio territorial; es por eso que solicitamos la generación de estos cargos.

                El término “imprescindibles” quizás no tenga la misma acepción que en otros Incisos, justamente, porque todo lo acumulado puede empezar a desgranarse si no tenemos ese aporte mínimo de las Oficinas territoriales, como para poder cumplir con las funciones que fueron encomendadas por ley.

SEÑORA MAZZUCHI.- El artículo 612 propone crear catorce cargos para Informática, diez técnicos en Informática, dos en Ciencias Sociales y un Administrativo para el SIIAS, a partir del año 2012.

                Anteriormente presentamos el Sistema de Información Integrado del Área Social. Al respecto, comento que en el MIDES se va a alojar algo así como la base de datos de todos los beneficiarios de los programas sociales. Aquí planteamos reforzar nuestra área informática para recibir la base que va a llegar. A partir del 2012 -aclaro que el SIIAS está trabajando, pero con financiamiento externo- se crearía una estructura de cargos técnicos y un cargo administrativo para atender esta enorme base de datos.

SEÑOR HEBER.- No cuestiono la creación de cargos en este caso y, además, se han comprometido a enviarnos esta información. 

                La pregunta es ¿por qué sacan el tope del 90% de la remuneración? ¿Van a ganar más que el jerarca de la unidad ejecutora?

SEÑORA MAZZUCHI.- Aquí tengo un cuadro -si lo desean los señores  Senadores, se los puedo dejar- con los sueldos base que se usaron para el cálculo de estas cifras. El sueldo máximo de un profesional, en la Administración Central, es de $ 34.000 nominales. Si hacemos un llamado para informáticos con ese tope, seguramente -como ya nos pasó- quede desierto. Simplemente, acá se están tomando en cuenta las características especiales para los informáticos, que tienen un mercado especial en el sector privado. Acá se está pensando, para el cargo de Director, en una retribución de $ 52.000 líquidos y para el resto de los técnicos, un salario de $ 35.000 líquidos. Con esto se pretende tener técnicos adecuados para la tarea que tendremos que llevar adelante por este sistema. Este es el único artículo donde se plantea esto.

                Por último, tenemos artículos varios.

El artículo 609 plantea una contrapartida local. Tenemos una donación del BID para la mejora de la gestión institucional que, como se sabe, requiere una contrapartida local.  En este artículo estamos  solicitando  un  crédito de    $ 1.500:000.000 para invertir en informática, que sería la contrapartida local de la donación.

                El artículo 611 propone el incremento del Presupuesto en suministros. Como se señalaba antes, en el Presupuesto anterior el MIDES estaba en un pequeño local y hoy estamos en un edificio completo y contamos con una flota mayor de autos. Acá se propone acompasar el gasto de luz, agua, teléfono y seguros a nuestro actual funcionamiento.

SEÑOR HEBER.- Aquí aparece el término “telégrafos”. Me parece un poco viejo el término.

SEÑORA MAZZUCHI.- Eso no lo inventamos nosotros, sino que ya vino con esa denominación.

                El artículo 613 establece una reasignación de créditos que el MIDES ya tiene pero que no usa -se trata de unas compensaciones que no pagamos y algunas transferencias-  para hacer contratos laborales flexibles. Este artículo está pensado, básicamente, para aquellos centros educativos abiertos que hoy planteaba, que realizan actividades recreativas de fin de semana en las que participan un profesor de educación física, un maestro, un músico o un artista que, de pronto, hacen un taller una vez al mes. Como dije, ya teníamos los créditos; simplemente, estamos reasignándolos para hacer contratos de naturaleza más flexible.

SEÑORA MOREIRA.- Hay dos tipos de contratos: por un lado, con personas y, por otro, con instituciones sin fines de lucro. ¿Con las instituciones sin fines de lucro se harían contratos de arrendamiento de servicio? Me refiero al literal B), que asigna una partida de $ 3:000.000 para transferencias corrientes a otras instituciones sin fines de lucro.

SEÑORA MAZZUCHI.- No, lo que quiero decir es que esos créditos que tenía y no utilizaba son solo para contratos laborales flexibles. Quiero que quede claro que no se está solicitando dinero para esto, sino que se obtiene a partir de los literales A) y B), de las transferencias que no se dieron y de compensaciones que no se pagaron; la bolsa es la misma.

                Por medio del artículo 614, se autoriza el pago de gastos de promoción y bienestar social. Básicamente, está pensado para la guardería de los hijos de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente tenemos un contrato con una guardería de Montevideo, pero tiene un cupo limitado. En este artículo proponemos que, con créditos que ya tenemos, se nos permita diseñar un reglamento interno y pagar una guardería para hijos de funcionarios de Montevideo -de diversos barrios; por eso vamos a diseñar un reglamento- y del interior.

                Por último, el artículo 615 asigna una partida para el arreglo de la fachada del edificio del Ministerio que, como sabrán, desde hace un tiempo está teniendo problemas de desprendimiento de vidrios por la edad de la construcción y la falta de mantenimiento. Concretamente, se plantean dos partidas de $ 20:000.000 cada una, a asignar en 2011 y en 2012, para la refacción de la fachada.

SEÑORA MOREIRA.- Si los señores Senadores me disculpan, me gustaría que el Ministerio hiciera una reflexión acerca del Instituto Nacional de las Mujeres, que no figura en el articulado.

SEÑOR SOLARI.- Siguiendo la metodología habitual de la Comisión, me voy a referir al articulado.

                En primer lugar, creo que es importante conciliar las cifras presentadas en el cuadro que exhibió el señor Subsecretario con las de los cuadros que figuran en los artículos, porque existe alguna diferencia. Concretamente, en el artículo 604 se incrementan las partidas, lo que hace suponer que ya hay financiación. De cualquier manera, la diferencia es importante, por lo que sería bueno que se aclarara.

                En segundo término, quiero expresar mi opinión en cuanto al artículo 607. Creo que los Directores de los programas que llevan adelante los Ministerios, así como los propios Ministerios, se fortalecen en la medida en que esas Direcciones sean ejercidas por técnicos capacitados que no solamente tienen la formación sino la experiencia necesaria. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es un grave error asignar a los cargos de Dirección de los Programas el carácter de particular confianza, en cuyo caso serían de naturaleza política. Me refiero a este caso particular porque aquí se crea, pero lo hago extensivo al resto del Ministerio, así como a muchos otros Incisos.

En tercer lugar, quiero referirme al artículo 612. Al comienzo de la disposición se presenta un cuadro y su Inciso A) refiere a una determinada partida de $ 10:151.634, que en una parte  expresa: “a los efectos de financiar las retribuciones y compensaciones a los cargos creados de acuerdo con la reglamentación que al respecto dicte el jerarca del Inciso a propuesta del Director Ejecutivo del Sistema de Información Integrada del Área Social”. Quiero señalar que esta no es la tradición dentro de la Administración pública, pues las distribuciones de las partidas no las hace el jerarca del Inciso, sino el Poder Legislativo. Por lo tanto, creo que acá, en todo caso, hay una delegación que  habría que expresar como tal diciendo, por ejemplo, “Autorízase al Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministro del ramo, a asignar esa partida”. Reitero que nunca he visto que la apertura de una partida global tal como está se haga de acuerdo con la reglamentación que dicte el jerarca del Inciso.

                En cuarto término, quiero hacer mención al artículo 614, cuya finalidad fue bien explicada por la Directora General de Secretaría, pero sería bueno ponerle un tope a ese gasto. Creo que sería una buena técnica presupuestal expresar cuánto dinero se va a gastar; no lo digo porque sospeche que se va a gastar una cantidad importante de dinero, sino porque me parece correcto.

                Con respecto al artículo 615, simplemente quiero dejar constancia de que con $ 40:000.000 se construyen unos cuantos CAIF. El objetivo central del MIDES, a través del Programa Infamilia, es coordinar  la implementación de la estrategia de la infancia y la adolescencia. Considero que si empezamos a gastar dinero en la recomposición de la fachada del Ministerio y después en cada uno de los locales que va a haber para la integración territorial, llegaremos, por la vía del crecimiento natural que tienen los aparatos estatales, a desvirtuar la finalidad original que tiene esta Cartera.

SEÑORA MAZZUCHI.- Efectivamente, tengo el cuadro original y nos hemos dado cuenta de que lo increíble es que en la presentación que hicimos hay un error en la transparencia, pero el artículo está bien. El señor Senador señaló que hay discrepancias en la línea de base de la transparencia que presentó el Subsecretario. En realidad, se trata de que en una transparencia quedó escrita la línea de base de las transferencias monetarias y en la otra, el refuerzo que se pide en el articulado. Es cierto que hubo un error y aclaro que lo que debía decir la transparencia anterior es lo que está escrito en el artículo, que es lo correcto.

                En cuanto al tema de la partida para la recomposición de la fachada, quiero señalar que, en general, tomamos medidas como las que planteó el señor Senador Solari, en el sentido de que cuando vamos a gastar dinero, sea para lo que sea, siempre pensamos en su equivalente con la tarjeta alimentaria mensual. De esta manera, tratamos de controlar los gastos. Este tema es correcto pero sucede que la fachada del Ministerio ni siquiera podemos mantenerla con la estructura de madera que pusimos para que no se desprendan los vidrios. Hemos tenido accidentes, se han desprendido vidrios y  también puede suceder que una  persona que vaya caminando por la vereda resulte  lesionada. Quiero aclarar que hemos puesto una estructura de madera -que no es la adecuada- para sostener la caída de los vidrios. Otra posibilidad podría ser cerrar la vereda y que nadie camine por ella. Creemos que es importante mantener en buenas condiciones un edificio que es un bien público, más allá de lo que señaló el señor Senador. El arreglo de la fachada no es un tema estético, sino que está ligado a la posibilidad  de accidentes.

                En cuanto al otro tema en cuestión, no recuerdo bien cuál fue la pregunta realizada por el  señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI.- Pregunté con respecto a la discrecionalidad que el Poder Legislativo está otorgando al jerarca del Inciso para asignar una partida global, de acuerdo con lo establecido por el literal A) del artículo 612.

SEÑORA MAZZUCHI.- En realidad, lo que se está planteando y ya fue presentado es una escala de sueldos para Directores Informáticos, pero como en la estructura de la  Administración Central el Grado 16 es el máximo -y lo ejemplificaba hoy-  la diferencia de sueldos va a ser por compensaciones definidas por el jerarca del Inciso. No estamos pensando en compensar, sino que simplemente es el mecanismo que vamos a usar para pagar los sueldos. Si ustedes lo desean, les puedo mostrar el cuadro exacto de los sueldos de los informáticos. Más allá de que el señalamiento puede ser correcto debido a la redacción, no hay ninguna discrecionalidad; simplemente se trata de una tabla de sueldos prefijada.

SEÑOR SOLARI.- El segundo inciso de este artículo comienza diciendo: “Asígnanse las siguientes partidas anuales en los objetos del gasto correspondientes del grupo 0 ‘Servicios Personales”.  Es decir, estamos hablando del Rubro 0, que corresponde a  la retribución de los servicios personales. Y su literal A) establece: “$ 10.151.634 (diez millones ciento cincuenta y un mil seiscientos treinta y cuatro pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales, a partir del 1° de enero de 2012, a los efectos de financiar las retribuciones y compensaciones a los cargos creados de acuerdo con la reglamentación que al respecto dicte el jerarca del Inciso a propuesta del Director Ejecutivo del Sistema de Información Integrada del Área Social”.

                Esa discrecionalidad que se da al jerarca del Inciso de acuerdo con esta redacción, puede ocasionar que él establezca que de los cargos creados en el cuadro anterior, dos de ellos, correspondientes a los Asesores en Ciencias Sociales, van a ganar equis y los demás van a ganar un décimo de equis. Esa discrecionalidad no es común y tampoco creo que sea una buena práctica presupuestal para la Administración pública uruguaya.

SEÑORA MAZZUCHI.-  El cuadro que presentamos está hecho sin intención alguna de que haya discrecionalidad porque apunta a las compensaciones y no a las retribuciones.   Quedó escrito de esa manera, pero si se sugiere una redacción más feliz y que contemple eso, no tenemos ningún inconveniente en cambiarla. Les puedo hacer llegar el cuadro de los sueldos y desde ya les adelanto que los cargos están prefijados y van a ser llamados por concurso, con sus respectivos tribunales, etcétera.

SEÑORA TOPOLANSKY.- El señor Senador Solari no se encontraba presente en el día de ayer cuando conversamos con el Tribunal de Cuentas sobre un artículo para compensaciones especiales, que es una partida global. En este caso se trata de que luego el Tribunal las redistribuirá, pero en otros artículos de otros Incisos también aparece algo similar. Esa parte de las compensaciones a veces está atada a compromisos de gestión o de otra índole, tienen ese carácter, pero las retribuciones son otra cosa.

                Perfectamente podemos buscar una nueva  redacción y, si al señor Senador Solari se le ocurre otra, sería bueno que nos comunicáramos de modo de separar los conceptos de retribución y compensación. No se trata de discrecionalidad; las compensaciones tienen características variables y no podemos atar el concepto porque lo tornamos rígido.

SEÑORA PRESIDENTA.- Me permito acordar en el sentido de que la discrecionalidad de una reglamentación -si se la puede llamar así- se refiere a las compensaciones y no a las retribuciones. De cualquier manera, si no quedara claro, podríamos considerar otra redacción.

SEÑORA MINISTRA.- Quiero recordar algo que dijimos al pasar al comienzo en cuanto a que cuando hablamos de los institutos que están dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, estamos pensando, entre otros, en el Instituto de las Mujeres. En este caso, no hubo aumento en la partida presupuestal del Instituto; todavía mantiene los mismos programas que en el Período anterior.

Estuvimos manejando el término transversalidad y este es uno de los espacios donde se aplica.  El Instituto tiene como objetivo fundamental lograr la sensibilización y, en función de ella, mayor trabajo a nivel del Estado, de la actividad privada y de la sociedad en su conjunto sobre la política de género. En el Ministerio hemos trabajado mucho en ese sentido y, a través del Instituto de las Mujeres, se ha avanzado en lograr convenios con instituciones del Estado que capacitan a sus funcionarios en el tema de género, además de conformar espacios de discusión e interacción en todo lo que tenga que ver con la  discriminación. Por ejemplo, en la última semana firmamos un convenio con una institución privada. Por lo tanto, estamos cumpliendo a cabalidad con todos los objetivos, manteniendo todos los programas que tienen que ver con la promoción de la igualdad, con la no discriminación por motivos de sexo, género, etnia, raza y orientación sexual. Además, debemos cumplir los compromisos asumidos a nivel internacional. Quiere decir que, si bien el Instituto de las Mujeres no ha conseguido un aumento presupuestal, mantiene su trabajo y todos sus programas en actividad. Nuestra meta es seguir promoviendo este tema de manera de abarcar cada vez más instituciones del Estado y del sector privado. Aspiramos a lograr una mayor transversalización en las distintas estructuras e instituciones y la erradicación de la violencia basada en el género, que es algo en lo que tenemos mucho camino por andar, porque hay que avanzar a nivel cultural, de la legislación y en todo lo que tiene que ver con la protección de las mujeres cuando se ven sometidas a este tipo de violencia.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Simplemente quiero hacer una consideración final. Tan es así la transversalidad, que se ha definido que el 8 de marzo sea el espacio de rendición de cuentas de las políticas de género que se aplican en distintos Ministerios y lo mismo hemos establecido para los temas de juventud, fijando el 12 de agosto como el día en que las Secretarías de Estado tienen que rendir cuentas sobre las políticas de juventud que se llevan adelante.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la información brindada por la señora Ministra de Desarrollo Social y su equipo.

                Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 12 y 48 minutos.)